La responsabilidad penal de los menores en el nuevo modelo español(*)

Revista Nº 4 Jul.-Ago. 2003

Juan Mª Terradillos Basoco 

Catedrático de Derecho Penal 

Universidad de Cádiz (España) 

Sumario

Si históricamente se presumía la inimputabilidad del menor —objeto de tutela paternalista y no sujeto de derechos— hoy la LRPM le considera penalmente responsable, en términos similares al adulto. Las medidas aplicables, de acuerdo con las exigencias de intervención preventiva, tienden a rehuir lo sancionatorio-retributivo y a potenciar lo educativo, respetando el superior interés del menor. Sin embargo, la penetración de objetivos preventivo-generales e, incluso, retributivos, entra en contradicción con los principios que deberían haber dado coherencia al sistema. 

Temas relacionados

Desjudicialización; inhabilitaciones; internamientos; modelo de necesidad preventiva; modelo educativo-protector; motivabilidad anormal; proceso acusatorio; responsabilidad superior; interés del menor. 

I. Marco legal

El marco normativo de la responsabilidad penal del menor viene presidido, en el sistema español, por el artículo 19 del C.P., que dispone que “los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor”. Se dota así a la minoría de edad de perfiles propios distintos a los de las genuinas causas de exclusión de la imputabilidad(1).

La vigencia de este precepto quedaba, no obstante, condicionada a la entrada en vigor de la futura ley reguladora de la responsabilidad penal del menor (disposición final séptima).

Hubo que esperar al año 2000 para asistir al nacimiento de esa ley —la Ley Orgánica 5 de 2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores— cuyo contenido sufrió una pronta y radical modificación por parte de la Ley Orgánica 7 de 2000(2), que entró en vigor en la misma fecha que la ley reformada, con la pretensión de “reforzar la aplicación de los principios inspiradores de la citada ley a los menores implicados en delitos de terrorismo, así como conciliar tales principios con otros bienes constitucionalmente protegidos… que aquí se ven particularmente afectados por la creciente participación de menores, no sólo en las acciones de terrorismo urbano, sino en el resto de las actividades terroristas” (EM, V).

Una vez más, y antes siquiera de que la normativa anterior hubiera podido ser aplicada, la Ley Orgánica 7 de 2000 revela la carencia de una política criminal que cede ante “la tentación demasiado fuerte” de modificar las leyes cuando hay que hacer frente a demandas sociales de eficacia frente al delito, olvidando que “no se puede legislar a golpe de acontecimiento y que precisamente cuanto más grave es la situación, con mayor serenidad hay que afrontarla(3).

Basta observar la lenta cadencia de cada uno de los pasos que, desde 1948, han llevado a la situación actual —con excepción de la rapidísima reforma de diciembre de 2000, que responde a finalidades distintas a las generales de la LRPM— para constatar la indolencia con que el legislador español ha afrontado la problemática del menor autor de hechos delictivos. El dato de que pasaran cinco años entre la entrada en vigor del C.P. y la promulgación de la nueva ley, con la consiguiente vigencia transitoria del C.P. derogado, es sumamente ilustrativa al efecto. Y lo es más aún si se compara con la precipitación con que se acometió la reforma de la Ley Orgánica 5 de 2000 sin haber tenido tiempo de examinar críticamente sus efectos, o con la improvisación con que hubo que afrontar su puesta en vigor careciendo de los medios materiales y humanos imprescindibles(4).

II. Tratamiento específico del menor delincuente. Fundamentación

1. Inimputabilidad y modelo educativo-protector.

Las razones de la tradicional exclusión de la responsabilidad penal del menor se han venido identificando —con argumentos ya presentes en el derecho romano o en Las Partidas(5) y que en la moderna ciencia penal arrancan del causalismo— con la aceptación de su inimputabilidad(6).

En efecto, si se vincula la responsabilidad criminal al reproche subsiguiente a la valoración negativa de quien, pudiendo actuar libremente de acuerdo con el derecho, actuó en sentido contrario, procede negar esa responsabilidad en caso de menores que, en su condición de tales, carecen de aquella libertad y de la capacidad de distinguir entre el bien y el mal.

Con ese punto de partida, la afirmación de la inimputabilidad del menor ha seguido históricamente dos modelos distintos: el del discernimiento y el de presunción iuris et de iure de inimputabilidad. Aquel se corresponde con la fórmula psicológica, éste con la biológica, que es la que se ha impuesto mayoritariamente en Europa; con excepciones, como la de los países del Common Law, en los que se tiende a potenciar el criterio del discernimiento, lo que ha permitido, en el derecho inglés, p. ej., el reconocimiento de la responsabilidad penal del menor entre diez y catorce años(7). También en los códigos penales españoles del XIX se recurrió preferentemente al discernimiento —con exclusión de la minoría por debajo de los nueve años—, pero desde el C.P. de 1928 hasta 1995 se optó por la presunción de inimputabilidad del menor.

En realidad, ambos modelos comparten la convicción de que sólo debe responder el sujeto que libérrimamente decidió orientarse hacia el mal pudiendo haber optado por el bien. Lo que los diferencia es que en un caso se fija con carácter general la frontera por debajo de la cual se presume que ese libre albedrío no existe. Y en el otro se permite un examen más concreto. Pero, en los dos casos, lo precedente con quien, presunta o probadamente, no ha llegado a ese límite, es el recurso a medidas educativas, asistenciales, tuitivas, que, en definitiva, no tienen por qué ser aplicadas por un juez y que se pueden imponer al margen del sistema procesal, puesto que más que sanciones son instrumentos de resocialización. Por eso puede decirse que discernimiento y presunción dan lugar a submodelos que confluyen en un modelo integrador único: el educativo-protector, que considera al menor como objeto de protección, no como sujeto de derechos(8).

Esa caracterización del menor —no definitivamente superada(9)— sirvió, en la primera mitad del Siglo XX, para articular un sistema autoritario y paternalista, auspiciado por el conservadurismo evidente del movimiento de los “child savers”, que legitimaba la intervención del poder punitivo no sólo frente al delito del menor, sino también frente a su indisciplina o, incluso, su situación objetiva de peligro moral. Lo que, por otra parte, era perfectamente coherente con un marco penal general que, inspirado en el positivismo criminológico, encontró en la utilidad pedagógica de las sanciones penales la fundamentación de las necesidades represivas propias de la revolución industrial(10).

Estas características son perfectamente visibles en la española Ley de tribunales tutelares de menores, de 1948(11). Sobre una realidad cultural que, en lo penal, se había fundado en el correccionalismo de Dorado y C. Arenal, con lejanos antecedentes en Séneca y en el pensamiento católico, la Ley de 1948 es, además, tributaria del régimen político nacido del golpe de Estado de 1936, que impuso una visión moralista de la realidad y, con ello, propició la vigencia en el sistema penal de las ideas de pecado y de penitencia, como mecanismo de redención(12). Hay que recordar que en la EM del C.P. de 1944, se considera a las nuevas leyes penales garantía “para el vivir pacífico de los españoles y la eficaz sanción de la Ley para los que se aparten de las reglas de moralidad y rectitud que son norma de toda sociedad iluminada en su marcha a través de los caminos de la historia por los reparadores principios del cristianismo y el sentido católico de la vida”.

La realidad fue que los menores salieron del ámbito del derecho penal en lo relativo a garantías —materiales y procedimentales—, pero no se libraron de sus consecuencias aflictivas(13).

2. Responsabilidad y necesidad preventiva.

Frente a la aceptación de la inimputabilidad del menor, con su secuela penal —consecuencias falsamente tuitivas— y procesal —ausencia de garantías—(14), el modelo de responsabilidad se caracteriza por considerar al menor —a partir de cierta edad que suele situarse en torno a los catorce años— como sujeto responsable, en términos similares al adulto(15), y como titular de derechos que se proyectan sobre todo el sistema penal y procesal.

La afirmación de la responsabilidad del menor sólo es posible en un contexto doctrinal que, mayoritariamente, maneja un concepto de culpabilidad construido al margen del controvertido libre albedrío y que pretende integrar los objetivos preventivos propios de todo el sistema penal(16).

Una vez que el artículo 20.1, 2 y 3 del C.P. obliga a entender la imputabilidad como capacidad de comprensión de la ilicitud de los propios comportamientos y de actuación de acuerdo con esa comprensión(17) —lo que equivale a identificar imputabilidad con capacidad general de motivación(18)—, la minoría de edad no puede ya ser considerada una causa genérica de inimputabilidad.

El mandato contenido en la norma penal es asequible también a los menores, aunque su motivabilidad es, transitoriamente, distinta de la propia de los adultos y, en este sentido, anormal. El debate cambia de escenario: existe cierta capacidad de motivabilidad y, por tanto, de responsabilidad por parte del menor. Pero, al igual que con el adulto, la imposición de sanciones sólo queda legitimada por las necesidades preventivas. Que no son iguales en el caso de los menores que en el de adultos.

La razón de la exclusión general de la pena convencional para los menores es la falta de necesidad preventiva de pena y su consiguiente ausencia de legitimación(19). Este modelo exige hacer frente a la responsabilidad penal de los menores no con penas, sino con las medidas específicamente previstas para ellos.

El derecho español ha hecho suyas estas propuestas teóricas.

El artículo 19 del C.P., en efecto, afirma explícitamente la responsabilidad penal del menor. Incluso su imputabilidad puede deducirse del artículo 5.1 y 2 de la LRPM, al declarar responsables a los menores que hayan cometido un hecho delictivo, siempre que no concurran en ellos las eximentes previstas en el C.P., está reconociendo al menor, como regla general, la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y de actuar de acuerdo con esa comprensión; capacidad inexistente cuando, excepcionalmente, concurren las causas de inimputabilidad de los tres primeros números del artículo 20(20).

Pero, aun tratándose de sujetos responsables, los criterios de necesidad preventiva imponen una respuesta penal distinta a la de los mayores de edad. Mientras la responsabilidad penal de éstos se sustanciará con arreglo a lo previsto en el C.P. (art. 19), los criterios preventivos específicos sustituyen, en la LRPM, a los propios de los adultos.

III. Ámbito subjetivo

1. Menores de catorce años.

La LRPM, en su artículo 3º establece que “Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores, testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1 de 1996, de 15 de enero”.

Así pues, hasta los catorce años el derecho español prescinde totalmente de la intervención penal, el menor es puesto a disposición del sistema público asistencial.

Las razones de tal decisión no resultan claras. Ni en su fundamento ni en los criterios de cuantificación empleados.

En cuanto al fundamento de la exclusión del menor de catorce años, la LRPM simplemente establece que “no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente ley”.

Quizá porque quien no ha alcanzado esa edad no reúne los requisitos de formación y madurez como para ser considerado imputable. Pero la ley no lo declara así.

Por otra parte, en el C.P. vigente ha desaparecido la minoría de edad del catálogo de causas de exención de la responsabilidad criminal. Si se hubiera estimado que estos sujetos son inimputables, se podría haber mantenido la opción, históricamente consolidada, de declararlo así expresamente al enumerar las causas de inimputabilidad. Y el C.P. no lo hace. Lo que parece indicar que no es la presunta inimputabilidad el factor determinante en la decisión del legislador.

Es más, la LRPM declara expresamente que la no exigencia de responsabilidad penal a los menores de catorce años se basa “en la convicción de que las infracciones cometidas por niños menores de esta edad son generalmente irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que aquellas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada a los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado” (EM, 4).

Así, lo relevante para excluir del ámbito de la LRPM a los menores de catorce años no son las características personales del sujeto sino puras consideraciones político-criminales(21): la intervención resulta vetada por el principio de necesidad de pena en el caso de las infracciones de bagatela, y, cuando la gravedad de éstas exija una respuesta, esta será preventivo-especial, pero extra penal.

No acepta, pues, la LRPM el modelo del discernimiento; tampoco, al menos coherentemente, el paradigma de la necesidad preventiva de pena, que habría aconsejado la inhibición penal frente a estos menores dada la inidoneidad de los recursos del sistema penal frente a ellos. Sin embargo, el legislador, revelando una indudable confusión, fundamenta su decisión no en las características de la sanción, sino en las de la infracción.

Por lo demás, la certeza del diagnóstico que sobre ésta maneja el legislador es discutible, por cuanto la “criminalidad” es tanto más alarmante cuanto menor es la edad de sus protagonistas. Y la utilidad del argumento es más discutible aún: la alarma social es criterio anclado en la vindicación colectiva, de dudosa utilidad y admisibilidad, por irracional y por manipulable, incluso para fundamentar decisiones preventivo-generales. Tanto más cuando éstas afectan a menores.

La opción por el límite de los catorce años no está, tampoco, al abrigo de críticas.

Si el fundamento de la respuesta penal específica frente al menor lo constituyera su capacidad (relativa) para responder y sus carencias o necesidades en materia de formación, no puede olvidarse que ésta depende esencialmente de los procesos de aprendizaje, y que la mayoría de los países establecen la enseñanza obligatoria hasta edades superiores. Igualmente se ha elevado la edad de incorporación al trabajo. Si se observa que la capacidad de adecuación del propio comportamiento a lo exigido por la norma no es algo innato, sino algo que se adquiere a través del aprendizaje, no cabe atribuir capacidad de orientación por las normas a quien no se le ha dado, aún, la oportunidad de prepararse para asumir derechos y deberes, o a quien no se le reconoce capacidad para trabajar y para regir, autónomamente, su persona y sus bienes(22).

Lo que debería conducir a la exclusión de la intervención penal por debajo de los dieciséis años.

Se ha criticado, sin embargo, esta propuesta, afirmando que aceptarla supondría difundir en la sociedad una grave sensación de impunidad, además de establecer parámetros de desresponsabilización perniciosos para los jóvenes.

Frente a la primera crítica puede redargüirse que la sensación social de impunidad no autoriza a prescindir de consideraciones de prevención especial, ni a abandonar el plano, propio de la intervención penal, de la atribución individual. Por otra parte, hay medios más idóneos de superar esa sensación social de inseguridad que castigar indiscriminadamente al menor, p. ej., políticas informativas y formativas de la opinión pública. Frente a la segunda crítica ha de resaltarse que la autoafirmación de la responsabilidad del joven, que puede ser el primer paso para su reinserción, no se identifica con la exigencia de responsabilidad penal. Despenalizar un comportamiento no significa negar la responsabilidad de su autor, sino sólo negar la forma más extrema de responsabilidad, la penal(23).

2. Entre catorce y dieciocho años.

La LRPM distingue, en el período que va desde los catorce a los dieciocho años, dos tramos: “de catorce a dieciséis y de diecisiete a dieciocho años, por presentar uno y otro grupo diferencias caracterís-ticas que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado” (EM ,10).

Esta distinción se refleja ante todo en la gravedad de las medidas aplicables. Lo que significa tanto como dejar en manos del juez una amplia gama de supuestos (sujetos) sin mayores criterios que le ayuden en la selección de la respuesta a cada caso; con la consiguiente mengua de garantías(24).

3. Mayores de dieciocho años.

En el sistema español, “la aplicación … a los mayores de dieciocho años y menores veintiuno, prevista en el artículo 69 del Código Penal vigente podrá ser acordada por el Juez, atendiendo a las circunstancias personales y al grado de madurez del autor, y a la naturaleza y gravedad de los hechos. Estas personas reciben, a los efectos de esta ley, la denominación genérica de “jóvenes” (LRPM, EM, 10 y art. 1.4).

El artículo 4º fija las condiciones en que procederá tal decisión. Pero, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º, tercero de la Ley Orgánica 7 de 2000, se introduce en la LRPM una disposición adicional cuarta, que exceptúa de lo dispuesto en este precepto a los mayores de dieciocho años imputados por la comisión de los delitos previstos en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580(25), y aquellos otros sancionados en el C.P. con pena de prisión igual o superior a quince años.

Para los demás casos, la previsión del artículo 4º aporta una discutible solución, que, por otra parte, no deja de ser un “futurible(26), ya que la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 7 de 2000 suspendió por dos años su entrada en vigor, y, a su vez, la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 9 de 2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10 de 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores, amplía la suspensión hasta el 1º de enero de 2007.

Si el menor alcanzare los veintitrés años al momento de imposición o de ejecución de las medidas de internamiento, el juez de menores, oído el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las posibilidades de modificación o sustitución de la medida impuesta, ordenará su cumplimiento en centro penitenciario, conforme al régimen ordinario previsto en la LOGP (LRPM, art. 15).

IV.Medidas aplicables

En la legislación española, el catálogo de medidas que recoge el artículo 7.1 es amplio y heterogéneo.

La elección entre ellas ha de responder “de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor” (art. 7.3), y su duración no excederá, en términos generales, de dos años (art. 9.3ª LRPM).

Atendiendo a su contenido, las medidas pueden clasificarse según supongan internamiento o no.

Las primeras, en las que materialmente prima la privación o restricción de libertad, responden “a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos” (EM, LRPM, 16), y en consecuencia se excluyen en los casos de faltas (art. 9.1ª).

Pueden ejecutarse tanto en régimen cerrado —residencia y actividad en el centro (art. 7.1.a)—, como semiabierto —residencia en el centro y realización de actividades fuera (art. 7.1.b)—, o abierto —residencia habitual en el centro y realización externa de todas las actividades (art. 7.1.c)—; o pueden revestir la modalidad de internamiento terapéutico, a caballo entre lo privativo de libertad y lo curativo, aplicable en supuestos paralelos a los de los tres primeros números del artículo 20 del C.P.(27), ya como medida única, ya como complemento de otra, pero siempre contando con la anuencia del sujeto (art. 7.1.d).

El internamiento en régimen cerrado se reserva a los hechos en que se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya actuado con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas (art. 9.2ª).

En cualquier caso, las medidas de internamiento constarán de dos períodos, el primero en el centro correspondiente, el segundo en régimen de libertad vigilada “en la modalidad elegida por el juez”. La duración de ambos períodos se fijará en sentencia (art. 7.2).

Si el sujeto tuviere más de dieciséis años, y el hecho fuere realizado con violencia o intimidación, o comportare peligro grave para la vida o la integridad física de las personas, el internamiento puede alcanzar los cinco años (art. 9.4ª). Excepcionalmente, cuando estos supuestos revistieran extrema gravedad, “el Juez habrá de imponer una medida de internamiento de régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada sucesivamente por otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de otros cinco años”, sin que proceda modificar o sustituir la medida de internamiento hasta después de un año de cumplimiento efectivo de la misma (art. 9.5ª).

El régimen especial previsto por la Ley Orgánica 7 de 2000 para los imputados por delitos de los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580(28), y aquellos otros sancionados en el C.P. con pena de prisión igual o superior a quince años, también conoce dos modalidades, según la edad de los sujetos vaya de catorce a dieciséis años, o de dieciséis a dieciocho. Para éstos, la medida de internamiento en régimen cerrado puede llegar de uno a ocho años, complementados con hasta un máximo de cinco de libertad vigilada, mientras que para los primeros, el internamiento oscilará entre uno y cuatro años, y la libertad vigilada no excederá de tres. Estos límites ascienden a diez y cinco años de internamiento, respectivamente, cuando “fueren responsables de más de un delito, alguno de los cuales está calificado como grave y sancionado con pena de prisión igual o superior a quince años de los delitos de terrorismo comprendidos entre los artículos 571 a 580 del Código Penal” (Disposición Adicional Cuarta, 2. c).

En estos mismos casos, el juez, “sin perjuicio de otras medidas que correspondan con arreglo a esta ley orgánica, también impondrán la medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince años al de la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor” (Disposición Adicional Cuarta, 2. c).

Tienen naturaleza específicamente educativa la amonestación, llevada a cabo por el juez de menores (art. 7.1.l); la realización voluntaria y no retribuida de actividades —preferentemente relacionadas con el bien jurídico afectado por el menor— en beneficio de la comunidad o de personas en situación precaria (art. 7.1.j), por un máximo de cien horas (art. 9.3ª); la asistencia a un centro de día (art. 7.1.f); la realización de tareas socio-educativas, sin internamiento ni libertad vigilada (art. 7.1.k); o la convivencia con una persona, familia o grupo educativo, que orientarán al sujeto en su proceso de socialización (art. 7.1.i). El sometimiento a libertad vigilada se orienta también a garantizar el proceso formativo del sujeto mediante no sólo tareas de vigilancia, sino también de ayuda y de colaboración con los responsables de la entidad pública, de acuerdo con el programa de intervención aprobado por el juez de menores. Puede ir acompañada de las reglas de conducta que recoge el artículo 7.1.h.

Son fundamentalmente inocuizadoras las medidas de permanencia en el hogar durante un máximo de ocho fines de semana (art. 9.3ª), con el tope de treinta y seis horas cada uno, con excepción del tiempo en que realice tareas socio-educativas asignadas por el juez (art. 7.1.g); y la privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos de motor, o del derecho a obtenerlo, o de licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas, estas últimas como medidas accesorias en los casos en que el delito o falta se hubieren realizado utilizando un ciclomotor, un vehículo de motor o un arma (art. 7.1.m).

Específicamente terapéutica es la medida de tratamiento ambulatorio, dirigida a “superar procesos adictivos o disfunciones significativas de su psiquismo”. Está previsto “para los menores que presenten una dependencia al alcohol o a las drogas”, aunque también resulta “muy apropiado para casos de desequilibrio psicológico o perturbaciones del psiquismo que puedan ser atendidos sin necesidad de internamiento”. Aunque consiste en un programa terapéutico, la finalidad educativo-socializadora está presente, hasta el punto de que el tratamiento ambulatorio puede entenderse “como una tarea socio-educativa muy específica para un problema bien definido” (EM, LRPM, 20). Puede aplicarse sola o como complementaria de otra medida, siempre que cuente con la anuencia del interesado (art. 7.1.e).

V. Presupuestos de la imposición de medidas

En el modelo español, el delito es no solo una condición, sino el fundamento de la afirmación de responsabilidad penal. Las formas en que ésta se exige van orientadas, preferentemente, a superar las carencias de socialización.

1. Delito previo.

El presupuesto de aplicación de la LRPM viene fijado en su artículo 1º: se aplica “para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales”.

Se reserva, pues, la LRPM la regulación del proceso y del sistema de medidas (modelo de autonomía), pero confía al derecho penal común la definición de las infracciones que condicionan su aplicación (modelo de accesoriedad)(29).

Frente al modelo de las Reglas de Beijing (1985), que permitían considerar penalmente relevantes ciertas infracciones protagonizadas por menores que, si realizadas por adultos, no fueran delictivas, se opta por el enfoque de las Directrices de Riad, aprobadas por la Asamblea General de NU cinco años más tarde, que vetan a los países firmantes considerar como delictivos hechos realizados por los jóvenes si éstos, a su vez, no son constitutivos de delitos cuando sus autores fuesen adultos.

La limitadísima despenalización que, frente a las Reglas de Beijing, proponen a los respectivos ordenamientos nacionales las Directrices de Riad y acoge la LRPM, no puede estimarse suficiente: las diferencias entre delincuencia juvenil y delincuencia de adultos aconsejan optar por modelos menos intervencionistas.

Por ejemplo, excluyendo los comportamientos imprudentes. No lo hace la LRPM, si bien veta, en estos casos, el recurso a medidas de internamiento en régimen cerrado (art. 9.6ª). También se podrían haber eliminado de las leyes de menores aquellos delitos cuyo verdadero alcance no es captado por el menor, en una falsificación documental para ocultar la inasistencia a clase, p. ej., el menor es consciente de que falsea un dato con trascendencia en el ámbito escolar, pero no de que esté atentando a la fe pública. Igualmente, se debería haber prescindido de figuras penales inadecuadas, como puede ser la agravación por actuar en grupo, que no sólo es una forma normal del comportamiento de los menores, sino que es requisito de socialización e integración social. Parece también poco conveniente la inclusión en estas leyes de delitos de bagatela, en los que precisamente se concentra la delincuencia juvenil.

2. Carencias de socialización y prevención especial.

La orientación preventivo-especial preside toda la normativa sobre responsabilidad penal del menor. Lo que resultaba coherente con el ya superado modelo tuitivo, vinculado a la aceptación de su inimputabilidad; pero también lo es en el modelo de responsabilidad, en el que se trata de articular sistemas asistenciales que coadyuven a que el menor logre el grado de motivabilidad “normal” propio de los adultos.

Así pues, la perspectiva teleológica político-criminal que se reivindica en la construcción de la teoría del delito, y, por tanto, también en la de la imputabilidad, se proyecta sobre la realidad del menor de edad autor de comportamientos delictivos. E impone, como principio rector, la prevención especial.

En ese marco, se acoge la regla general “de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa”. Por ello, “al pretender ser la reacción jurídica dirigida al menor infractor una intervención de naturaleza educativa..., [se rechazan] expresamente otras finalidades esenciales del derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho y la sanción o la intimidación de los destinatarios de la norma” (LRPM, EM, 7).

La convivencia de pretensiones educativas con la responsabilidad del menor permite superar en cierta medida las críticas dirigidas a los sistemas exclusiva mente educativos.

Estas críticas se alejan del modelo tradicional que consideraba la comisión de un delito por parte de un menor como síntoma de un déficit educativo que necesita ser reparado. Y se alejan porque las investigaciones criminológicas demuestran que la delincuencia de menores constituye un fenómeno normal y ubicuo. Y que, además, la mayor parte de los hechos delictivos cometidos por menores tiene un carácter episódico, pues desaparecen de forma espontánea cuando llegan a la edad adulta(30).

Por eso, no se trata sólo de optar por sanciones de naturaleza educativa para los menores autores de hechos delictivos. Es que, si los datos criminológicos son ciertos, se podría prescindir en buena parte de los casos de la intervención penal educadora, innecesaria cuando no es preciso educar, y habría que acotar el ámbito objetivo de actuación, seleccionando los supuestos de auténtica necesidad de intervención.

En cualquier caso, la absoluta primacía de la orientación preventivo-educativa en la LRPM no debería resultar carente de efectos: el delito previo autoriza la intervención penal, pero las características de ésta, incluso su presencia, deben valorarse desde el prisma de la prevención especial, a la que dotan de contenido el superior interés del menor (LRPM, EM 5)(31) y los objetivos educativos (LRPM, EM 7).

En ese sistema, el delito previo no obliga —o, al menos, no debería obligar— a recurrir a medidas aflictivas que no vengan avaladas por necesidades preventivas.

Cuando el artículo 7.1 de la LRPM, relaciona las medidas que “pueden imponer los jueces de menores”, sugiere que pueden decidirse por no imponer ninguna. La necesidad de motivación, el principio de intervención mínima, y el interés del menor obligan al juez a abstenerse de imponer medida alguna cuando ésta no venga exigida por probadas razones de prevención especial. Así se deduce, además, del artículo 14.1 que autoriza al juez “en cualquier momento [a] dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde en interés del menor”. Si ese interés lo aconseja podrá no imponerse medida alguna, pues sería absurdo imponerla y dejarla sin efecto inmediatamente.

Así pues, cada decisión aflictiva del juez de menores ha de tener una motivación. Que en el caso de las medidas de internamiento y de las inocuizadoras ha de ser la peligrosidad del sujeto. En efecto, la privación de libertad —siempre excepcional y limitada al mínimo imprescindible(32)— no puede tener otra legitimación que la de neutralizar la peligrosidad del menor. En ausencia de ésta, ha de acudirse a medidas de otra naturaleza. Así se deduce, implícitamente, de la necesidad de motivación de la sentencia, expresando “con detalle las razones por las que se aplica una determinada medida… a los efectos de valoración del mencionado interés del menor” (art. 7.3).

Sin embargo, la orientación preventivo-especial —vinculada al superior interés del menor—, tan reiteradamente proclamada, queda postergada en numerosos preceptos que ponen en entredicho la coherencia del texto legal y la solidez de sus paredes maestras.

No es regla inspirada en el superior interés del menor o en objetivos preventivo-especiales la del artículo 4.2.2ª en el caso de los mayores de 18 años y menores de 21, se toman como criterios para decidirse por el recurso al C.P. o la LRPM, junto a los personales, la naturaleza y gravedad de los hechos (art. 4.2.1º), criterios que apuntan más bien a la prevención general(33) o que se asientan en la idea de proporcionalidad, rechazada expresamente en la EM 7.

Con carácter cautelar, el juez de menores puede acordar, a instancia del Ministerio Fiscal, y por un plazo de tres meses prorrogable por otros tres (art. 28.3), la “adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado. Dichas medidas podrán consistir en internamiento en centro, en el régimen adecuado, libertad vigilada o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo” (art. 28.1). “Para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de los hechos, su repercusión y la alarma social producida, valorando siempre las circunstancias personales y sociales del menor” (art. 28.2). Lo que significa una nueva superposición de criterios preventivo-generales y especiales. Acudir a la alarma social como fundamento de las medidas cautelares, sigue siendo acudir a un criterio carente de racionalidad, y la gravedad de los hechos tampoco puede fundamentarlas.

También son detectables razones ajenas a la prevención especial en los casos en que se ordena de modo imperativo la imposición de ciertas medidas con una duración mínima, tomando como fundamento la gravedad de los hechos. Así ocurre en el artículo 9.5ª.

Por otra parte, la identificación mecánica de la reincidencia con la “extrema gravedad” (impuesta por el art. 9.5ª in fine) ni tiene base criminológica, ni permite acometer una mínima individualización judicial. Aquí el legislador, más que optar por soluciones eclécticas, lo que hace es caer en una lamentable confusión de principios. Las necesidades formativas del menor quedan preteridas cuando se acude a criterios de selección y cuantificación de la medida basados, simplemente, en las características objetivas del hecho.

Tampoco las medidas de la disposición adicional cuarta, introducida por la Ley Orgánica 7 de 2000, permiten apreciar de manera relevante las necesidades de prevención especial, rompiendo una vez más la coherencia del sistema(34). Los internamientos de hasta 10 años previstos en su letra c) parecen vincularse exclusivamente a la gravedad de los delitos; y la imposición imperativa de inhabilitación absoluta, subsiguiente al internamiento (letra c) in fine) supone optar por una consecuencia aflictiva(35) de manera mecánica, sin dar relevancia al examen del sujeto ni a la influencia que sobre él hubieren podido tener los años de internamiento. Por otra parte, nada hay menos reeducativo o reinsertador que inhabilitar al sujeto(36), máxime si se hace en todo caso y sin examen de su personalidad(37).

Sobre la disposición adicional cuarta ha de observarse, además, que algunos de los delitos de terrorismo comprendidos en los artículos 571 a 580 del C.P. pueden castigarse, si cometidos por adultos, con penas de prisión de un año, que pueden rebajarse hasta en dos grados en caso de colaboración con la justicia, en los términos del artículo 579.3(38). Por lo que habrá que entender que en los mismos casos, por imperativo del artículo 8º de la LRPM(39), se podrá rebajar el límite máximo de duración de la medida de internamiento. Lo dispuesto en la LRPM sobre modificación o sustitución de la medida impuesta (arts. 14 y 51.1) queda excepcionado en estos casos, pero no afecta a la aplicabilidad del artículo 8º, que actúa al momento de dictarse sentencia, y no con posterioridad a la misma.

VI. Procedimiento

A tenor del artículo 2º de la LRPM, los jueces de menores —con categoría de magistrado y preferentemente especialistas— serán competentes para conocer los hechos a que se refiere el artículo 1º, así como para ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las facultades administrativas atribuidas a las comunidades autónomas en materia de protección y reforma de menores. También serán competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles.

La reforma operada por la Ley 7 de 2000, introdujo ciertas modificaciones procesales. Su disposición adicional cuarta, en efecto, dispone que “a) La competencia para conocer de estos delitos corresponderá al juez central de menores de la Audiencia Nacional, cuyos autos y sentencias podrán ser objeto de recurso de apelación ante la Sala correspondiente de la propia Audiencia... El gobierno promoverá la necesaria adecuación de la estructura de la Audiencia Nacional.... Además todas las referencias que en la ley se hacen al juez de menores, se entenderán, en estos casos, hechas al juez central de menores (disposición adicional cuarta, g)).

Por otra parte, la ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia se llevará a cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado que el gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional, en su caso mediante convenio con las comunidades autónomas (disposición adicional cuarta, e)).

Precisamente el grueso de las críticas vertidas desde sectores especializados apunta hacia el protagonismo que se atribuye a la Audiencia Nacional, en detrimento de la inmediatez que asegura la Ley 5ª de 2000 y que tan necesaria parece en el caso de enjuiciamiento de jóvenes y menores. En este sentido se pronunció una parte, minoritaria, de la Junta de Fiscales de Sala, reunida el 25 de septiembre de 2002. Por su parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 27 de septiembre, incluyó en el informe elaborado sobre la reforma, que en ningún caso los menores de dieciséis años fuesen enjuiciados por el juzgado central de menores de la Audiencia Nacional. Subrayó, además, la conveniencia de que en los casos de enjuiciamiento de menores por ese juzgado, sea el propio juzgado el que se traslade al lugar de residencia del menor, para lo que deberán habilitarse los medios necesarios.

El procedimiento general, que recoge el régimen de garantías establecido en las sentencias 36 de 1991 y 60 de 1965 del TC, pretende incorporar los elementos específicos idóneos para poder alcanzar la finalidad perseguida, que es, ante todo, la adopción de medidas no represivas, sino preventivo-especiales, “orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas” (LRPM, EM, 5).

De acuerdo con esa doctrina del TC, se conforma un proceso presidido por los principios acusatorio(40), de defensa y de presunción de inocencia (LRPM, EM, 7).

En coherencia con la orientación primordial del proceso, se excluye, por los efectos contraproducentes que pudiera tener para el menor, la acción por parte de la víctima o de otros particulares (LRPM, EM, 7).

En los casos de delitos graves cometidos por mayores de dieciséis años, se articula un sistema de intervención del perjudicado “en orden a salvaguardar el interés de la víctima en el esclarecimiento de los hechos … sin contaminar el procedimiento propiamente educativo y sancionador del menor” (LRPM, EM, 8). La víctima puede intervenir proponiendo y practicando pruebas, formulando conclusiones e interponiendo recursos, pero sin que se le reconozca la condición de parte: “porque en estos casos el interés prioritario para la sociedad y para el Estado coincide con el interés del menor” (LRPM, EM, 8).

El letrado del menor tiene intervención en todas las fases del proceso, si bien, la doctrina ha detectado limitaciones al derecho de defensa dudosamente constitucionales(41).

El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia, defiende la legalidad y asume la tutela de los derechos del menor (art. 6º).

El principio acusatorio impone que el juez no pueda imponer medida alguna más restrictiva o de mayor duración que las solicitadas por el Ministerio Fiscal (art. 8º).

Como manifestaciones específicas de la desjuridización (diversion), la LRPM dota de especial trascendencia a las posibilidades de desistimiento de la incoación del expediente y al sobreseimiento. Aunque sin llegar a permitir la no iniciación del procedimiento —al no comunicar la policía la notitia criminis a los órganos de administración de justicia—, forma extrema de desjuridización, y, con ello, de despenalización, ya que no en el plano normativo, sí en el práctico(42).

Pero sí puede el Ministerio Fiscal desistir de la incoación de expediente, en los casos de faltas o de delitos menos graves sin violencia o intimidación, dando traslado a la entidad pública de protección de menores a fin de que promuevan, como en el caso de los menores de catorce años, la adopción de las medidas de protección adecuadas conforme a la Ley Orgánica 1 de 1996. Ahora bien, si el menor hubiere cometido con anterioridad hechos de la misma naturaleza, el Ministerio Fiscal “deberá incoar el expediente” (art. 18), sin perjuicio de que, a la vista del informe del equipo técnico, pueda remitir el expediente al juez de menores con propuesta de sobreseimiento (art. 27).

También podrá el Ministerio Fiscal desistir, en fase de instrucción, con el concurso mediador del equipo técnico, en los casos de reparación y de conciliación.

Mediante la conciliación, la víctima otorga su perdón al menor que se arrepiente y que, con sus disculpas, le ofrece una satisfacción psicológica.

En la reparación, no basta con la satisfacción psicológica a la víctima: el menor ha de ejecutar el compromiso de reparar el daño causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante otras acciones cuyo beneficiario sea la propia víctima o perjudicado.

Lo que se pretende con la reparación no es sólo restablecer la situación al momento anterior a la comisión del delito, sino también superar las estrategias de neutralización que están en la base de buena parte de la delincuencia de menores y jóvenes. En efecto, éstos, a pesar de haber aprendido e internalizado el contenido de las normas penales, suelen rechazar su responsabilidad, proyectándola sobre la víctima, a cuyos intereses niegan validez, legitimidad o relevancia. Pues bien, la reparación obliga al infractor a una confrontación directa con la víctima, con sus sufrimientos y perjuicios, lo que hará más difícil negar o minimizar su propia responsabilidad(43).

Lograda la conciliación, o cumplida la reparación —si es que causas ajenas a la voluntad del menor no la han impedido— el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará del juez el sobreseimiento de la causa, con el consiguiente archivo de las actuaciones (art. 19.4).

Nótese que si reparación o conciliación son imposibles (supuesto en el que cabe encuadrar las manifestaciones de arrepentimiento y voluntad conciliadora del menor, no aceptadas por la víctima voluntariamente o por ser imposible, p. ej., en casos de fallecimiento), procede igualmente el sobreseimiento.

“Si el menor no cumpliere la reparación o la actividad educativa acordada, el Ministerio Fiscal continuará la instrucción del expediente” (art. 19.5). Lo que supone que el acusador contará con elementos de juicio procedentes de la aceptación de los hechos por parte del inculpado, cuyo derecho a la no autoacusación, a la defensa y a la presunción de inocencia quedan en entredicho.

La conciliación puede también facultar al juez, siempre que así lo insten cualquiera de las partes, y una vez oído el equipo técnico, para dejar sin efecto la medida impuesta cuando “juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplido expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por el menor” (art. 51.2).

La desjudicialización, ha sido objeto de ciertas críticas doctrinales, en la medida en que puede ocultar simplemente la transferencia del menor de unas instituciones a otras, negando, además, el efecto positivo que puede derivarse de su consideración por parte de la justicia como persona responsable de sus actos, por los que, en consecuencia, debe responder. Por otra parte comporta un alto índice de discrecionalidad, que puede redundar en una respuesta desigual frente a situaciones equivalentes(44). Además, al no ocuparse de la constatación de culpabilidad, veta la prueba definitiva sobre los hechos y prescinde de la presunción de inocencia. Supone, en definitiva, el riesgo de provocar una importante disminución de garantías, además de una significativa pérdida de los efectos de prevención general negativa y positiva(45).

Frente a estas razonables críticas, hay que tener, sin embargo, presente, que si los excesos desjudicializadores pueden, efectivamente, redundar en una merma de garantías, no es ésta la consecuencia inevitable de toda opción desjudicializadora. De otra parte, la apelación a la prevención general, negativa o positiva, es de importancia relativa cuando la sociedad no espera que la norma sea efectivamente motivadora del comportamiento del menor, no se puede dejar de lado que el tratamiento específico de los menores por el Derecho penal responde a consideraciones de prevención especial, cuyos objetivos son incompatibles con la estigmatización derivada del sometimiento al proceso penal o a la condena.

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(*) Abreviaturas empleadas: BOE: Boletín Oficial del Estado. AA.VV: Autores varios. Art.: artículo. CE: Constitución española. CP: Código Penal. Ed.:Editorial. Edit. Editor o Editores. EM: Exposición de Motivos. LO: Ley Orgánica. LOGP: Ley Orgánica General Penitenciaria. LRPM: LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. UN: Naciones Unidas. P. ej.: Por ejemplo. TC: Tribunal Constitucional. TS: Tribunal Supremo.

(1) Ver Terradillos Basoco, J.M. La culpabilidad. México D.F.: ed. Indepac, 2002, pp. 89 a 91.

(2) La reforma de una ley durante su período de vacatio, ha sido calificada como “insólita práctica legislativa”: Abel Souto, M. Las medidas del nuevo derecho penal juvenil (consideraciones en torno al artículo 7º de la ley penal del menor). En: Actualidad penal. Nº 6 (2002), p. 107.

(3) Giménez-Salinas I Colomer, E. Comentarios a la Ley Orgánica 7 de 2000 y a la Ley Orgánica 9 de 2000 de 22 de diciembre. En: Giménez-Salinas I Colomer, E. (coord.). Justicia de menores: una justicia mayor. Madrid: ed. Consejo General del Poder Judicial, 2000, p. 540.

(4) Aunque en su momento se consideró que cualquier retraso de la entrada en vigor habría de resultar “catastrófico” (Cuello Contreras, J. El nuevo Derecho penal de menores. Madrid: ed. Civitas, 2000, p. 12), y sin cuestionar ahora la decisión tomada, los problemas planteados en la ejecución de las medidas han sido evidentes, y no carentes de relevancia.

(5) Ver Machado Ruiz, M.D. Minoría de edad e imputabilidad penal. En: Actualidad Penal. Nº 3 (2003), pp. 94-95.

(6) Daza Gómez, C.J. Teoría general del delito. México D.F.: ed. Cárdenas, 1997, p. 210; critica esta opción Velásquez Velásquez, F., Derecho Penal. Parte General, 3ª edición. Santa Fe de Bogotá: Nº 196, 1997, pp. 575-576.

(7) Tamarit Sumalla, J.M., El nuevo derecho penal de menores. ¿creación de un sistema penal menor? En: Doctrina Penal. Nº 8 (2001), p. 73, Nº 9.

(8) Tamarit Sumalla, J.M. El nuevo derecho penal de menores. ¿creación de un sistema penal menor?, cit., p. 73. En realidad, aunque doctrinalmente se hayan querido encontrar diferencias entre los modelos de la inimputabilidad y los de tutela y educación (p. ej., Machado Ruiz, M.D., Minoría de edad e imputabilidad penal, cit., pp. 104 a 113), lo cierto es que éstos se insertan en aquél, al que, además, complementan. La distinción básica es la que existe entre la afirmación de inimputabilidad o de responsabilidad.

(9) “En la actualidad existe consenso unánime respecto a la idea de que los menores son ajenos a la responsabilidad estrictamente penal y se les reputa inimputables”, en opinión de Pavón Vasconcelos, F., Imputabilidad e inimputabilidad. 4ª edición. México D.F.: ed. Porrúa, 2000, pp. 130-131.

(10) Niño, L.F. El derecho de los niños y los adolescentes en una sociedad en permanente crisis. En: Arroyo Zapatero, L., y Berdugo Gómez De La Torre, I. (dir.), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam. I. Cuenca: ed. Universidad de Castilla-La Mancha/Universidad de Salamanca, 2001, pp. 419 a 422.

(11) Ver Terradillos Basoco, J.M. Peligrosidad social y Estado de Derecho. Madrid: ed Akal, 1981, pp. 109 a 116.

(12) Hay que recordar, p. ej., que la ley de tribunales tutelares de menores consideraba como supuesto justificante de su acción reformadora, la vagancia del menor de dieciséis años, mientras que la ley de relaciones laborales fijaba esa misma cifra como límite mínimo de edad laboral: cfr. Terradillos Basoco, J.M. Peligrosidad social y Estado de Derecho, cit., p. 114.

(13) Giménez-Salinas I Colomer, E. La justicia juvenil en España: un modelo diferente. En: Martín López, M.T. (coord..). La responsabilidad penal de los menores. Cuenca: ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 30.

(14) Muñoz Conde, F., y Garcia Arán, M. Derecho Penal. Parte General, 5ª edición. Valencia: ed., Tirant lo Blanch, 2002, p. 605.

(15) “Las bases para exigir responsabilidad penal a un menor son las mismas que para los adultos: no sólo les afectan el mismo catálogo de normas de determinación (prohibiciones y mandatos), sino también el mismo catálogo de eximentes (las mismas autorizaciones y permisiones, las mismas causas de inimputabilidad e inculpabilidad y las mismas excusas absolutorias) y de causas de extinción de la responsabilidad criminal”, Boldova Pasamar, M.A. Principales aspectos sustantivos del nuevo derecho penal juvenil español. En: Boldova Pasamar, M.A. (edit.), El nuevo Derecho penal juvenil español. Zaragoza: ed. Revista Aragonesa de Administración Pública, 2002, p. 44.

(16) Ver Terradillos Basoco, J.M. Culpabilidad y prevención: anotaciones desde el Derecho penal español. En: Lascano, C.J., (edit.), Nuevas formulaciones en las Ciencias Penales. Córdoba (Argentina): ed. Lerner, 2001, pp. 227 a 236.

(17) Artículo 20: “Están exentos de responsabilidad criminal: 1. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.... 2. El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos... 3. El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad”.

(18) Terradillos Basoco, J.M. Culpabilidad y prevención: anotaciones desde el Derecho penal español, cit., pp. 240 a 242.

(19) Silva Sánchez, J.M. El régimen de la minoría de edad penal (art. 19). En: Silva Sánchez, J.M., El nuevo Código Penal: cinco cuestiones fundamentales. Barcelona: ed. Bosch, 1997, p. 174.

(20) Landrove Díaz, G. Derecho penal de menores. Valencia: ed. Tirant lo Blanch, 2001, p. 212.

(21) En el mismo sentido, Machado Ruiz, M.D. Minoría de edad e imputabilidad penal, cit., pp. 126-127.

(22) García Pérez, O. Los actuales principios rectores del derecho penal juvenil: un análisis crítico. En: Revista de Derecho Penal y Criminología. Nº 3 (1999), pp. 67 a 69.

(23) García Pérez, O. Los actuales principios rectores del derecho penal juvenil: un análisis crítico, cit., pp. 71-72.

(24) Ver González Cussac, J.L., y Cuerda Arnau, M.L. Derecho penal de menores: criterios generales de aplicación de las medidas. En: González Cussac, J.L., Tamarit Sumalla, J.M., y Gómez Colomer, J.L., (edit.), Justicia penal de menores y jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación). Valencia: ed. Tirant lo Blanch, 2002, p. 90.

(25) Homicidio, asesinato, violación, y delitos de terrorismo.

(26) Así lo califica Landrove Díaz, G. (Derecho penal de menores, cit., p. 210), que apunta otras posibles respuestas frente a los delincuentes “jóvenes”.

(27) Ver nota 17.

(28) Ver nota 25.

(29) Ver González Cussac, J.L., y Cuerda Arnau, M.L. Derecho penal de menores: criterios generales de aplicación de las medidas, cit., pp. 82 a 84.

(30) García Pérez, O. Los actuales principios rectores del derecho penal juvenil: un análisis crítico, cit., pp. 35 a 37.

(31) Ver Altava Lavall, M.G. El interés del menor en el proceso penal de menores y jóvenes. En: González Cussac, J.L., Tamarit Sumalla, J.M., y Gómez Colomer, J.L., (edit.), Justicia penal de menores y jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación). Valencia: ed. Tirant lo Blanch, 2002, p. 354.

(32) Así lo imponen todos los tratados internacionales en la materia, suscritos por España; ver Abel Souto, M. Las medidas del nuevo Derecho penal juvenil (Consideraciones en torno al artículo 7º de la ley penal del menor), cit., pp. 113-114.

(33) En el mismo sentido, Machado Ruiz, M.D. Minoría de edad e imputabilidad penal, cit., pp. 133-134.

(34) Boldova Pasamar, M.A. Principales aspectos sustantivos del nuevo derecho penal juvenil español, cit., p. 56.

(35) Ornosa Fernández, M.R. Derecho penal de menores. Comentarios a la Ley Orgánica 5 de 2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Barcelona: ed. Bosch, 2001, p. 188.

(36) En este sentido, Abel Souto, M., las medidas del nuevo derecho penal juvenil (consideraciones en torno al artículo 7º de la ley penal del menor) cit., 107.

(37) El examen de las circunstancias que concurran en el menor se realiza a los solos efectos de fijar la duración de la medida. No condiciona su imposición.

(38) Artículo 579.3. “En los delitos previstos en esta sección, los jueces y tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se trate, cuando el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a las autoridades confesando los hechos en que haya participado y además colabore activamente con éstas para impedir la producción del delito o coadyuve eficazmente a la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas a los que haya pertenecido o con los que haya colaborado”. Sin embargo, la colaboración activa del menor con la justicia, por no coincidir con la conciliación o con la reparación del artículo 19 LRPM, no puede determinar el sobreseimiento del expediente.

(39) Artículo 8º “... Tampoco podrá exceder la duración de las medidas privativas de libertad... en ningún caso, del tiempo que hubiere durado la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de haber sido mayor de edad, hubiera sido declarado responsable, de acuerdo con el Código Penal”.

(40) Principio acusatorio que, vigente en lo relativo a la naturaleza de la medida aplicable, no rige siempre respecto a su duración: González Cussac, J.L., y Cuerda Arnau, M.L. Derecho penal de menores: criterios generales de aplicación de las medidas, cit., pp. 110-111.

(41) Ver Gómez Colomer, J.L. Tuición procesal penal de menores y jóvenes. En: González Cussac, J.L., Tamarit Sumalla, J.M., y Gómez Colomer, J.L., (edit.). Justicia penal de menores y jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación). Valencia: ed. Tirant lo Blanch, 2002, pp. 82 a 84.

(42) García Pérez, O. Los actuales principios rectores del derecho penal juvenil: un análisis crítico, cit., pp. 40-41.

(43) García Pérez, O. Los actuales principios rectores del derecho penal juvenil: un análisis crítico, cit., pp. 56-57.

(44) García Pérez, O. Los actuales principios rectores del derecho penal juvenil: un análisis crítico, cit., pp. 51-53.

(45) Silva Sánchez, J.M. El régimen de la minoría de edad penal (art. 19), cit., p. 181.