Alcides Francisco Antúnez Sánchez Biografía

Licenciado en Derecho. Máster en Asesoría Jurídica. Profesor Auxiliar. Imparte las materias de Derecho Ambiental y Mercantil. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Artículo de investigación vinculado a la dimensión ambiental que posee la RSE aplicada en las formas de gestión en Cuba para alcanzar el desarrollo sostenible y su integración con otras ramas de las ciencias y saberes. Universidad de Granma. República de Cuba.

Sumario La Responsabilidad Social Empresarial. Actualización del modelo económico Cubano

El objetivo del artículo tiene como fin demostrar la relevancia que posee la dimensión ambiental al aplicarse por los empresarios en las formas de gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, en la nación cubana, ante la ausencia de su regulación en el ordenamiento jurídico a partir de la actualización del modelo económico, en el siglo XXI.

Abstract Corporate Social Responsability. Updating of the Cuban economic model

The objective of this article is intended to show the relevance that has the environmental dimension when applied by employers in the forms of management of Corporate Social Responsibility in the Cuban nation, in the absence of regulation in the legal system from updating the economic model in the XXI century.

Empresa responsable con el ambiente

Auditoría ambiental

Etiqueta-certificación ambiental

Responsabilidad social empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial. Actualización del modelo económico Cubano

Revista Nº 51 Abr.-Jun. 2016

por Alcides Francisco Antúnez Sánchez 

Prólogo

Ante la insostenibilidad económica, social y ambiental a nivel global generada por la contaminación industrial, surge la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); ello conllevó la emergencia de nuevas dimensiones, ampliaciones e introducción de las típicas nociones del Derecho Administrativo, de la función administrativa, y del interés público que contribuyen a que las empresas aporten al desarrollo sostenible como paradigma, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales. Equilibrio este muy valioso para la operación de los negocios y la competencia empresarial en el siglo XXI.

La RSE es un término considerado desde mediados del siglo XX, impulsado, según la lectura de Carroll (1999), desde la publicación del libro “Social Responsibilities of The Businessman” de Howard Bowen, en 1953. También de la lectura de Alonso-Almeida (2012), quien consideró que la Responsabilidad Social Corporativa cobró notabilidad en las últimas décadas del pasado siglo al configurarse como una estrategia que puede contribuir al desempeño financiero de la empresa y a construir un futuro equitativo y sostenible.

Moneva (2005), Konrad (2006), Frynas (2010) y Marimon (2012) sostuvieron que las primeras empresas que adoptaron el compromiso activo en implementar la Responsabilidad Social en la doctrina como Responsabilidad Social Empresarial fueron las formas de gestión de los sectores altamente contaminantes con alta visibilidad en la actividad de la minería, la química, el petrolero, y aquellas cuyas actividades tienen un fuerte impacto social en el sistema capitalista.

1. La Responsabilidad Social Empresarial. Su dimensión integradora dentro del desarrollo sostenible en la protección ambiental

La RSE es considerada por los empresarios a comienzos del siglo XXI, la misma ya se encontraba presente desde hace tres décadas —al menos sus principios—, en las organizaciones que contribuían mediante sus iniciativas al bienestar de sus trabajadores, de la comunidad en general y del medio ambiente más allá de lo contemplado en la legislación. Este enfoque avanzó desde la filantropía hacia un enfoque estratégico integrado en toda la organización y enfocado hacia sus grupos de interés mediante el compromiso en aspectos económicos, ambientales y sociales, los cuales contribuyen al desarrollo sostenible de la empresa, con un adecuado equilibrio entre la implementación de adelantos científicos y la protección de la naturaleza.

Es en el siglo XXI, donde se avanza en la idea de que la RSE podría convertirse en un elemento central de la estrategia competitiva de las empresas, al retribuir ampliamente en mejoras en la reputación e imagen corporativas (Porter y Kramer, 2002). En la actualidad se aprecia cómo la RSE hace parte de la estrategia empresarial y está integrada a través de toda la organización, enfocándose en sus grupos de interés, término utilizado, según Piqué (2008), por primera vez en 1984 por Edward Freeman, en su obra “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, definidos, según Ibisate (2008), como aquellas personas, colectivos o entidades que están o pueden verse afectadas por los servicios o actividades de una empresa y aquellas otras cuyas opiniones o decisiones afectan o pueden afectar a los resultados económicos o la reputación de la misma.

Alzaga (2009), define la Responsabilidad Social Corporativa como el compromiso que asume una empresa de actuar de forma positiva y comprometida en la consecución de sus objetivos económicos y financieros, creando valor para sus accionistas, y teniendo en cuenta el efecto que estas acciones tienen en los grupos de interés que conforman y dan sentido a la propia realidad empresarial. En sí, es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes se interactúa.

La ISO 26 000 la define como “[...] las acciones de una organización para responsabilizarse de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético que sea: consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar general de la sociedad; considere las expectativas de sus partes interesadas —stakeholders—; esté en cumplimiento con legislación aplicable y sea consistente con normas internacionales de comportamiento; y esté integrada en toda la organización y practicada en sus relaciones” […].

Este autor aprecia que la RSE es el compromiso consciente y congruente de cumplir en forma integral con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus participantes en lo económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las comunidades y el medio ambiente, de manera que sea viable la construcción del bien común, de aquí que se reconozca por su multidimensionalidad y su dimensión integradora. Como contribución voluntaria tributa a la mejora del medio ambiente, a la sociedad y a la economía por parte de las empresas (Blowfield y Murray, 2008); más allá de estos elementos, en la literatura científica se ha enfatizado su posible relación con la mejora de los resultados como una de las principales motivaciones para su implementación, más allá de otros elementos no económicos. La Responsabilidad Social Corporativa se ha sesgado hacia una visión excesivamente centrada en la consecución de mejoras en el negocio —business case—, paradigma que ha dominado gran parte de la literatura sobre las motivaciones para introducirla por los empresarios dentro de sus formas de gestión (Salzmann, Ionescu-Somers, 2005; Carroll y Shabana, 2010).

En la doctrina consultada se le reconoce indistintamente como Responsabilidad Social Empresarial o Responsabilidad Social Corporativa. Esta genera en su aplicación empresas ambientalmente responsables, empresas amigables con el ambiente o empresas sostenibles como también se les reconoce. Por ello, la exitosa formulación del paradigma de la sostenibilidad en sus diversas facetas: ambiental, social y económica, recogida en muchos textos de organizaciones internacionales y de los gobiernos plantean importantes problemas de interpretación jurídica cuando se pretende introducirlos en los textos normativos. El desarrollo sostenible no es un mero recurso conceptual fruto de las nuevas corrientes de la economía ambiental, sino que constituye un verdadero principio jurídico que se traduce en importantes prescripciones y mandatos ordenados a la utilización racional de los recursos naturales y su proyección sobre las generaciones futuras.

Como paradigma para los Estados y los empresarios, las formas de gestión ha sido un tema relevante para el caso de las grandes corporaciones y el sector industrial, en gran medida, como objetivo para ofrecer una respuesta racional desde el punto de vista económico a las acusaciones que se habían hecho al concepto de Responsabilidad Social Corporativa por parte del pensamiento neoliberal, que tradicionalmente ha considerado que la única responsabilidad asumible por las empresas es aquella que se deriva del retorno a los accionistas. En consecuencia, la Responsabilidad Social Corporativa debe estar presente en la definición de la misión y los objetivos de la empresa, representando una oportunidad estratégica para que la misma desarrolle una gestión que considere las necesidades demandadas por los grupos de interés. Sin embargo, las empresas, para actuar de forma socialmente responsable, deben basarse, en gran medida, en comportamientos éticos que se encuentran vinculados a la moral de los individuos.

La RSE ha sido objeto de estudio desde diversas disciplinas y enfoques, con la dificultad de usar los mismos términos para referirse a cosas distintas. Así, “responsabilidad social” ha significado la respuesta que la gerencia debe dar a los accionistas en términos de rentabilidad financiera (Friedman, 1970); o la respuesta que los accionistas y la gerencia deben dar a las demandas sociales de los “grupos de interés” de la empresa —empleados, proveedores, clientes, comunidades, Estado— (Freeman, 1994); o el compromiso ciudadano que toda empresa debe asumir ante la necesidad de un mundo ambiental y económicamente sostenible (Fairbras & Zueva-Owens, 2012).

Si bien tiempo atrás ha habido intentos de clasificar las distintas concepciones de la RSE (Heald, 1988; Carroll, 1999, Frederick, 1987, 1998), el análisis ha carecido de una discusión vertebral respecto a cómo las distintas teorías abordan el fenómeno de interacción entre los negocios, el Estado y la sociedad (Garriga & Melé, 2004).

Las teorías instrumentales —económicas— señala que: la empresa es concebida como un instrumento para la generación de riqueza, y esa es su única responsabilidad social. Cualquier actividad social es aceptada solo como medio para el fin de generar riqueza. En el caso de la responsabilidad social de empresas estatales, ven este fenómeno como una estrategia de los gobiernos en proceso de transición hacia el libre mercado —como suponen que lo es China—, como una estrategia para cubrir las demandas sociales y así propender por la estabilidad social mientras concluye dicho proceso. Las teorías políticas: enfatizan las relaciones de poder y la responsabilidad social de la empresa en la arena política, en términos de derechos y deberes. En cuanto a la responsabilidad social de empresas estatales, Ho (2013) establece una tipología del rol que asume el Estado frente a este fenómeno, a partir de la comparación de los casos de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Las teorías integrativas —culturales—: en esta dimensión se incluyen las investigaciones sobre la legitimidad que la sociedad brinda a los negocios según estos se comporten o no de acuerdo con las expectativas propias de cada contexto cultural. Se destaca la teoría de los grupos de interés y en particular los estudios recientes que contrastan la prescripción utilitarista según la cual las ganancias de los accionistas contribuyen a la “felicidad” de las naciones “prósperas”, con las descripciones empíricas del impacto marginal de las utilidades en el bienestar colectivo de los países —supuestamente— desarrollados (Jones y Phelps, 2013a; 2013b). Las Teorías éticas: se destacan reflexiones de corte prescriptivo respecto a la responsabilidad social. Las principales teorías éticas —utilitarismo, deontología y ética de la virtud— indican cursos de acción diferentes —y con frecuencia opuestos— respecto a un mismo asunto como el deber ser de la responsabilidad social. Así, mientras que el utilitarismo considera correcta la responsabilidad social que genere utilidades para el mayor número de personas implicadas, la deontología plantearía que aquella es correcta solo cuando parte de la “buena voluntad”, de modo que se considera a todo grupo de interés de la organización, así como al medio ambiente, como fines en sí mismos, evitando la instrumentalización de las relaciones entre seres humanos y entre estos y su ecosistema (Freeman, 1994; ONU, 1999; Gladwin & Kennelly, 1995; Melé, 2002).

En su dimensión ambiental como compromiso de los empresarios con el consumo responsable y respeto al medio ambiente se materializan acciones como la prevención y control integrados de la contaminación, el cambio climático y las inversiones en medio ambiente. La formalización de políticas en el ámbito del medio ambiente ha de seguir los mismos criterios: existencia de una política medio ambiental formal, que ha de ser aplicable al conjunto de las actividades de la organización, y sistemas de gestión que apoyen dicha política formal. Estos sistemas de gestión han de estar basados en mejores prácticas sectoriales internacionales y se refieren al establecimiento de objetivos específicos, cuantitativos y cualitativos, la realización de auditorías internas y externas, establecimiento de criterios medio ambientales en la relación con proveedores y programas destinados a la minimización de impactos en áreas consideradas clave dentro de las formas de gestión.

2. La Empresa Responsable con el Ambiente como Paradigma económico ambiental de la Administración Pública para alcanzar el desarrollo sostenible

La actual tendencia en el mundo empresarial se direcciona hacia la adaptación del modelo de negocio a las nuevas realidades del siglo XXI. Entre estas, se concibe que la viabilidad económica de las empresas en el tiempo, dados los desafíos en el mundo actual, no solo depende de su gestión económica, sino también de su gestión responsable en aspectos ambientales y sociales, dimensionando la satisfacción de sus necesidades presentes sin comprometer inequívocamente las ventajas y oportunidades potenciales del futuro.

Este auge entendido como desarrollo sostenible, configurado por los aportes de un enfoque socialmente responsable, aparece para que las empresas que aún no han comprendido las dimensiones de un tema fundamental del que depende el futuro del negocio, otras albergan el enfoque en sus estrategias empresariales obteniendo beneficios importantes. La Responsabilidad Social de la Empresa, desde el punto de vista de la competitividad generada por la aplicación de los estándares establecidos, permite la obtención por parte de los empresarios que la implementan en su estrategia el sello de empresa socialmente responsable, implementado en algunas naciones.

Hay que tener en cuenta que las empresas se encuentran actualmente en un medio cambiante, globalizado, con oportunidades y en constante competencia por la máxima ganancia. Esta situación ha generado en muchos casos la destrucción del medio ambiente y la disminución de los salarios de los trabajadores, externalizando así los costos de las compañías a la sociedad. Algunos sectores de la sociedad han respondido a través del consumo, pidiendo un cambio de actitud de las empresas. Ahora los consumidores están adquiriendo los productos de aquellas empresas clasificadas como responsables; esto es, de aquellas empresas que tienen procesos de producción amigables con el medio ambiente, que pagan salarios justos o que apoyan causas sociales.

Fernández de Gatta Sánchez (2004) afirma que la creciente degradación del medio ambiente ha traído consigo que las empresas e industrias comiencen a utilizar nuevos instrumentos de protección ambiental, aunque sean de carácter voluntario, en el contexto de una nueva ética empresarial. Desde hace algunos años surge el concepto de Responsabilidad Social Corporativa para referirse al proceso mediante el cual dichas empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y de un medio ambiente más limpio. Junto a esta línea de actuación han surgido otros instrumentos que, asimismo, deben integrarse en esta nueva ética empresarial.

De la lectura de los criterios de Parejo Alfonso (2004, 2014), quien refería que actualmente vivimos en una época de cierta preocupación política, institucional y privada por la situación del medio ambiente. La valoración social de las cuestiones ambientales ha cambiado profundamente en las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, en general hacia posiciones con una mayor concienciación por la calidad del medio ambiente. De una primera época en que las empresas reaccionan de manera negativa entre los requerimientos ambientales exigidos por normas jurídicas, se ha pasado a la época actual, en la que se considera que ya no se trata de imposiciones más o menos aceptadas, sino del convencimiento de que la sensibilidad empresarial hacia el medio ambiente supone unos beneficios muy claros para las empresas, en general aumentando claramente su competitividad.

Como paradigma, en su implementación se reportan beneficios en las formas de gestión que se implementan, reconocidos en la reducción de los costes ambientales y, por tanto, de los costes generales de las empresas: la gestión y la optimización adecuada de los recursos naturales, y de otros, reduce los consumos de energía, agua, materias primas, la generación de residuos, etcétera; asimismo, este objetivo se ve facilitado por la búsqueda e implantación de las mejores tecnologías disponibles y de tecnologías limpias. En relación con el medio ambiente, y teniendo en cuenta la situación y preocupación generalizada señalada, la empresa no puede desdeñar por más tiempo su responsabilidad en la nueva dirección que supone un desarrollo económico y social sostenible. Las empresas deben saber responder a esta conciencia ambiental que se ha convertido en uno de los elementos esenciales de su legitimidad o credibilidad social.

Su implementación por las empresas que quieran mantenerse y prosperar en la economía globalizada deben tener en cuenta las principales tendencias sociales y ambientales que están redefiniendo los mercados mundiales, toda vez que: favorece nuevas oportunidades y actividades empresariales, mejorando ambientalmente los productos propios o acudiendo a la producción o reutilización de otros, o accediendo al mercado bursátil y a líneas de crédito específicas. Mejora la imagen general de la empresa y su credibilidad frente a clientes, consumidores, competidores, Administraciones Públicas y opinión pública. Ayuda y favorece a las empresas en el cumplimiento de la legislación ambiental y la adopción de medidas adecuadas a las políticas ambientales correspondientes, reduciendo las reclamaciones y denuncias, con el ahorro de costes derivados correspondientes. Reduce los riesgos ambientales, más allá del cumplimiento legal, contribuyendo, así, a la reducción de costes de la empresa al contratar pólizas que implementen el seguro ambiental. Permite introducir mejoras técnicas y de funcionamiento en la propia empresa, facilitando la actividad empresarial y el acceso a ciertos contratos y actividades —contratos públicos, al ser creciente la introducción de exigencias ambientales en los pliegos de condiciones correspondientes.

Al establecerse en las Incoterms los requerimientos sanitarios y fitosanitarios de los productos o servicios que se comercialicen, mejora las relaciones de las empresas con las Administraciones Públicas, en particular con las competentes en materia ambiental. Permite acceder a mercados más exigentes y restringidos por razones ambientales, diferenciándose, de este modo, activamente con respecto a sus competidores; aumentando la actividad de la propia empresa. Para ello se requiere de la implementación de la etiqueta-certificación ambiental en sus productos o servicios. Y finalmente, se demanda haberse ejecutado una auditoría ambiental por parte de la Entidad Fiscalizadora Superior.

Estos elementos abordados son una respuesta a lo aprobado en la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible en el 2002, se señala que el sector privado —incluidas las grandes empresas y las pequeñas— tiene el deber de contribuir a la evolución de comunidades y sociedades equitativas y sostenibles (Principio 24), y que las empresas del sector privado deben cumplir la obligación de rendir cuentas, en un entorno reglamentario, transparente y estable (Principio 26). El Plan de Acción aprobado en la Cumbre Mundial hace un llamamiento al mundo empresarial a tomar medidas voluntarias que mejoren su impacto social y medio ambiental, mediante sistemas de gestión ambiental, códigos de conducta, certificaciones y comunicación pública de los aspectos sociales y ambientales, como lo acordado en Francia 2015, en relación con el cambio climático.

Este autor aprecia cómo en algunos Estados hay que implementar en sus ordenamientos jurídicos ciertas propuestas normativas —en 1995, Dinamarca legisló sobre la información ambiental de las empresas; con iniciativas parecidas, en 1998 y 1999, en Noruega, Países Bajos y Suecia; exigencias normativas de publicar memorias de sostenibilidad respecto a empresas cotizadas, en Francia mediante Ley Nº 116-20 del 2002, a empresas de sustancias tóxicas, en Estados Unidos, para las grandes empresas o todas, según los casos, en Japón, Alemania, Australia o Sudáfrica, entre otros ejemplos—; resaltando las iniciativas llevadas a cabo por el Reino Unido —destacando, entre las más importantes, la elaboración de un informe oficial sobre Responsabilidad Social Corporativa, en 2001, la creación del Ministerio sobre Responsabilidad Social Corporativa, en marzo del 2002, la elaboración de un programa interministerial en esta materia, la aprobación de la Ley de Responsabilidad Corporativa del 2002, que obliga a las empresas a publicar memorias del triple resultado, o la reforma de la Ley de Pensiones de 1995, llevada a cabo entre 1999-2000, obligando a realizar inversiones teniendo en cuenta los aspectos ambientales y sociales de los mismos—. También se valora, en relación con la integración, los aspectos ambientales en la contabilidad de las empresas, como cuestión relacionada con la Responsabilidad Social Corporativa. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el 2002, en la Unión Europea, aprobó las Normas para el reconocimiento, valoración e información de los aspectos medioambientales en las cuentas anuales. También, con la aprobación en el Libro Verde, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas, refiere que la responsabilidad social se basa en asociaciones en las que todos los agentes sociales —entre los que el empresariado tiene un papel preponderante— desempeñan un rol activo y de alto nivel de involucramiento en la resolución de las cuestiones que hacen a la problemática de la comunidad.

Se pondera entonces, que el nuevo paradigma implica a la empresa no solo como actor comercial sino también como actor social, en tal sentido ello impulsa a modificar la actitud seguida por el capitalismo en esa cara de reducción de la vida a las actividades económicas y de reemplazo del lugar del ciudadano por el del consumidor o un simple componente de la producción. Por el contrario, las nuevas tendencias abordan la problemática actual de las incidencias en la sociedad por las actividades empresariales que afectan tanto al medio ambiente como a los trabajadores de las mismas, creando una conciencia universal que va más allá de intereses particulares o sectoriales (Bellorio Clabot, 2013; Lorenzetti, 2011).

Empero, se aprecia de la lectura de autores como Pulgar-Vidal (2009); Basurto González (2010); Wanderley Lima (2010) que las tendencias internacionales dan la pauta para incorporar mecanismos que se utilizan como herramientas para la conformación de empresas sustentables, las cuales generarán mayor valor a largo plazo y podrán lidiar con retos tanto económicos, sociales y ambientales. Estas tendencias se encuentran direccionadas específicamente hacia la Responsabilidad Social de las Empresas y la Responsabilidad Ambiental, que a su vez, engloban una serie de aspectos fundamentales que deben tomarse en cuenta al interior de las empresas, como: gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Es fundamental que ambas se comprendan como una inversión y no un costo, las tendencias internacionales nos enseñan que los inversionistas se enfocan más en establecer vínculos y negocios con inversionistas honestos y educados, que respetan los derechos humanos y que tienen prácticas que no se encuentran relacionadas con la corrupción. De esta manera, el que las empresas lleven a cabo prácticas relacionadas con la RSE, la Responsabilidad Ambiental y los derechos humanos deben ser legítimas y fidedignas “porque la responsabilidad social empresarial sin respeto a los derechos humanos solo es mercadotecnia”.

Otro elemento a observarse por los Estados está ligado al desarrollo de la inversión extranjera y a la RSE, de manera que permita la sostenibilidad de la inversión al configurarse como un proceso bilateral con responsabilidades compartidas entre el Estado receptor y los empresarios. El Estado puede tener un rol activo para promover explícitamente una mejor conducta de los inversores mediante los acuerdos de inversión, con altos niveles de seguridad jurídica y de propiedad. A la vez, es necesario lograr que la protección de los derechos de los inversionistas extranjeros no se logre a expensas de objetivos sociales como la protección de los derechos de los trabajadores o el cuidado del medio ambiente. Este complejo equilibrio debe ser el objetivo de una política pública que promueva las inversiones socialmente cada vez más responsables. Siempre requiere este autor haber observado los principios del Derecho Ambiental como son el Precautorio, el de Prevención y el de Responsabilidad de manera prioritario sin restarle valor al resto del haz de estos principios (Antúnez Sánchez, 2015a).

3. La competitividad empresarial en las formas de gestión en Cuba. Necesidad de un cambio en la actualización del modelo económico

A partir de los años 60 del pasado siglo XX, los empresarios en las formas de gestión comienzan a sentir la necesidad de enfrentar un segmento de mercado que reclamó una tipología de productos y servicios más respetuosos con la naturaleza, ante una legislación más estricta en materia ambiental a la que estaban obligados a cumplir. En la actualidad, la evolución de los valores de la sociedad, reconocida en el comportamiento de compra de numerosos individuos interesados por el impacto derivado de sus actos de consumo ha impulsado la llamada transformación “verde” del ámbito empresarial en el mundo, con mayor relevancia en los países desarrollados por su poderío económico.

Por ello, se valora que la preocupación ante la degradación ecológica a nivel mundial, la tendencia creciente entre los consumidores en la búsqueda de información de los productos, es decir, los servicios ante la estrecha relación entre la compra de un producto ecológico y la posibilidad de pagar un precio más elevado por un producto no tradicional son elementos que demuestran que los consumidores poseen cada vez más una mayor conciencia ambiental y por tanto, están dispuestos a adquirir productos y servicios amigables con la naturaleza en pro de su beneficio personal.

La primera responsabilidad de la empresa es ser eficiente y rentable para ejercer su función natural y contribuir al crecimiento de la riqueza del país, la RSE debe ser vista como un amplio grupo de políticas, prácticas y programas integrados en la operación empresarial, que soportan el proceso de toma de decisiones dentro de un marco de valores éticos.

Dicho esto, en las formas de gestión, los empresarios deberán ponderar las etiquetas ecológicas, los programas ambientales. Además, los programas de certificación y de adquisición de productos ecológicos tienen como objetivo fortalecer los mercados con orientación ecológica. Otros ejemplos de instrumentos basados en el mercado incluyen a las tarifas ambientales, a las cuotas de usuario, los subsidios, los sistemas de reembolso de depósitos y otros mecanismos, todos orientados a alentar o desalentar a los responsables de tomar decisiones con respecto a las características ecológicas de los bienes y de los servicios. En la norma ISO 14 020 se señala que la etiqueta ambiental o declaración es una exigencia que indica los aspectos ambientales de un producto o servicio. Por ello, los autores justiprecian como la etiqueta es en sí un instrumento de mercadeo, que puede dirigir el comportamiento de compra de un consumidor en una dirección determinada. Influye en el medio ambiente, en la economía y en los aspectos sociales, toda vez que afecta a Ministerios del Medio Ambiente, de Economía, de Energía, y de Política Social. Su promoción e implementación aportan la búsqueda del mejoramiento ambiental de un país, en pro del desarrollo sostenible.

En el mundo de hoy el ciudadano confía en la capacidad de los gobiernos para formular y poner en práctica reglamentos ambientales y, por lo tanto, no relacionan sus hábitos de compra personales con la protección ambiental. En pocas palabras, la gente confía en que su gobierno está haciendo lo necesario para proteger el medio ambiente. El segundo aspecto se refiere a la preocupación en torno al cumplimiento de la normatividad. La mayoría de los programas de etiquetado y certificación tienden a excluir los riesgos tóxicos o los relacionados con la salud humana. Para ello, la concesión de la etiqueta ecológica tiene como fin reducir el impacto negativo de la producción y el consumo sobre el medio ambiente, a la salud, al clima y a los recursos naturales, promoviendo productos que tengan un nivel elevado de comportamiento ambiental mediante la utilización de la etiqueta que así lo identifique en el mercado interno y el foráneo.

Ponderan que el ecoetiquetado es concebido como la tarjeta de presentación del producto y su garantía de calidad. Por ello, en la Unión Europea, la doctrina jurídica considera que el ecoetiquetado debe ser entendido desde una doble perspectiva, de un lado, como consecución del mercado interior y, de otro, como mejora de la información para los consumidores. El etiquetado ecológico consiste en etiquetas que informan al consumidor que los productos que las ostentan poseen ventajas ambientales en comparación con otros productos de la misma categoría dentro del mercado.

Autores como Martín Mateo (1994), Ortega Álvarez (2013), Fernández Ramos (2014), Sanz Rubials (2014) Betancor Rodríguez (2014) y Lozano Cutanda (2014) han abordado este tema en la Unión Europea, desde la doctrina ambientalista, de esta manera, desde el pasado siglo son del criterio desde el cual se muestra que la etiqueta ambiental está vinculada al derecho del consumidor. En efecto, para ello fue creado un programa para una política de protección e información de los consumidores, a partir de la premisa de que el consumidor ya no podía ser considerado únicamente como un comprador y usuario de bienes y servicios, para uso personal, familiar o colectivo, sino como una persona interesada en los diferentes aspectos de la vida social, que como consumidor es susceptible de ser afectado directa o indirectamente. Coinciden en que se ha operado desde una cierta universalización de los intereses del consumidor que escapan a los meros elementos contractuales que regulan la adquisición final de bienes y servicios.

Sobre el surgimiento de la ecoetiqueta, coligen que se trata de un instrumento para poder integrar productos beneficiosos para el medio ambiente dentro del circuito del mercado. Su objetivo es doble, de una parte propicia el diseño, la producción y comercialización de productos con repercusiones negativas reducidas para el medio ambiente, durante todo su ciclo de vida. De otra, proporciona al consumidor la posibilidad de identificar determinados productos, que comúnmente tienen un precio más elevado que los integrantes de su gama, añadida la garantía específica acreditadora de las cualidades del beneficio ecológico del producto, constitutiva de un valor agregado excepcional. Además, es significativo que en muchas ocasiones se le dé un tratamiento fiscal preferencial. Consideran que constituye una declaración técnica según la cual un producto reúne determinadas cualidades ambientales y una autorización para poder ostentar en su comercialización un determinado distintivo. Esta vía se inscribe dentro de las medidas de integración del medio ambiente en el mercado, que no son las tradicionales medidas administrativas de reglamentación, inspección, autorización y sanción. Constituyen una garantía tanto para el fabricante como para el consumidor, ya que, con relación al primero impide la defraudación de la libre competencia que estaba dañando la rentabilidad de las inversiones en procesos productivos ecológicos por culpa de la publicidad engañosa, igualmente, con relación al consumidor, soluciona su incapacidad para comprobar por sí mismo las virtudes ecológicas del producto y le garantiza unas determinadas cualidades del mismo. Pueden generarse, al mismo tiempo, derechos intangibles de propiedad industrial si su singularidad ameritara el reconocimiento a través de un signo distintivo.

Cabría entonces preguntarse si en Cuba es necesario el empleo del constructo RSE y hasta qué punto se deben aceptar los planteamientos que en esta se coligen. La idea que subyace en el constructo es válida: la empresa comprometida con la sociedad. En Cuba el desarrollo empresarial se concreta a partir de decisiones estatales que fijan un objeto social a cada forma de gestión que se crea y que de alguna forma condiciona la actitud de sus directivos y trabajadores en función de aportar a la sociedad lo que de la empresa del sector estatal espera a través de un plan. Además, en Cuba la ley garantiza los derechos de los trabajadores; la protección del medio ambiente también se le ha otorgado carácter legal y muchas empresas aportan al desarrollo de su comunidad a través de la política impositiva. Así pues, están creadas las bases para una adecuada RSE, a partir de un compromiso con la sociedad que trascienda el mero apoyo formal o el carácter lucrativo que lastra su validez en la sociedad capitalista, de modo que no sea medio y sí un fin prioritario de la empresa estatal en un sistema social.

En el siglo XXI se valora por este autor que la demanda de productos y servicios ecológicos parece haber establecido un nicho o segmento de mercado especializado. Si bien los mercados con etiquetado ecológico parecen haberse estabilizado o nivelado, tanto la etiqueta-certificación ambiental como la adquisición de productos ecológicos están en plena expansión. Con ello se permite proteger la salud humana y a la naturaleza. Las etiquetas, las certificaciones y las adquisiciones son catalogadas como categorías únicas, vinculadas entre sí, necesitadas de una mirada con una dimensión ambiental con la aplicación de la RSE. En fin, este autor estima que en Cuba están creadas las condiciones para que las empresas sean socialmente responsables —bases culturales y legales para la potenciación de la responsabilidad social empresarial—, se han generado las actitudes y la cultura propicia para la asimilación creativa, falta solamente su concreción práctica. De hecho, la Responsabilidad Social Empresarial desde su perspectiva medio ambiental puede ser la “actitud” que se espera de la empresa en la actualización del modelo económico, en el siglo XXI. No puede darse por sentado únicamente producciones y servicios sostenibles permitirán que las empresas continúen existiendo en el tiempo. Con respecto al tema medio ambiental, consideramos que en nuestro país la RSE se condiciona por factores legales y culturales, pero debe manifestarse como una concepción propia.

Por ello, se afirma que la ecoetiqueta puede cumplir la función de garantía a un menor coste y con mayores ventajas que una garantía que se apoyará en un precio más elevado. De esta forma, la ecoetiqueta actúa como medio de información para los consumidores sobre el grado de respeto ambiental de un determinado producto, y como incentivo para que las empresas introduzcan mejoras en el proceso de fabricación de los bienes y en el tratamiento de los residuos que genera su consumo. La certificación ambiental toma en consideración los sistemas de manejo ambiental subyacentes, en lugar de criterios específicos y técnicos para productos desde una perspectiva para toda la vida. Por ello, el paso de muchas empresas del control de la contaminación industrial a la prevención de la misma podrá ayudar a explicar el acento creciente en la certificación y la adquisición institucional como instrumento económico que permita cumplir las metas ambientales para conformar la empresa amigable con el ambiente.

No queda atrás el problema del cambio climático, por sus resultados adversos en el siglo XXI no ha afectado aún los hábitos de compra del público en general, es factible que el Protocolo de Kioto considerara en primer plano el uso eficiente y la conservación de la energía en los próximos años. El mismo generó la creación de una serie de programas e iniciativas auspiciados por la Administración Pública para promover la conservación y el uso eficiente de la energía, así como proyectos de construcción más ecológicos vinculados al medio ambiente construido, tal y como se reseñara desde el Derecho Administrativo Ambiental por autores como Lozano Cutanda, Sanz Rubials, y Parejo Alfonso (2014).

Sus finalidades, sostiene este autor, al obtenerse la etiqueta-certificación ambiental, estarían en el estímulo de los consumidores a realizar compras ambientales responsables. El incremento de las ventas y de los servicios, la mejora de la imagen de las formas de gestión, la mejora de la competitividad, aporta información detalla y veraz, así mismo, existe una adecuada responsabilidad ambiental de los productos y servicios para un desarrollo sostenible y se incentiva la protección ambiental, tal y como se sostiene en la RSE.

En materia de investigación y desarrollo desde el Derecho de la Empresa, este autor pondera que se podrían incorporar en las formas de gestión la fórmula de Investigación + Desarrollo + Comercio + Etiqueta Ambiental (EA) como garantía del desarrollo sostenible resultaría entonces: I + D + C + EA. Empero, todo esto redundaría que la forma de gestión sería entonces una empresa responsable con el ambiente: I + D + C + EA = ERA —Empresa Responsable con el Ambiente—, en la nación cubana al implementarse la Responsabilidad Social Empresarial en el ordenamiento jurídico interno como parte de la política pública patria, hoy no reconocida de forma tácita.

Se aprecia también, cómo la etiqueta ambiental como instrumento de fomento es utilizada por la Administración Pública es el resultado de la política pública para proteger el medio ambiente en una nación dentro de su Derecho Administrativo Ambiental, tal y como fuera señalado por autores de la talla de Martin Mateo (1994) Audivert Arau (1996), Valls (2002), Mora Ruiz (2013 ), y Sanz Rubials (2013); por ello, los empresarios dentro de las formas de gestión hacen estudios de mercado para conocer sí sus productos tendrán la aceptación esperada por parte de los consumidores, dicha aceptación está vinculada con la certificación de la empresa amigable con el ambiente dentro de la RSE, tal y como se colige por autores como Galindo Martín, Duran Herrara, De la Torre, Weber, Bigné Alcañiz y Baughn (2009).

Ya se reseñaba por este autor que la implementación de la ecoetiqueta tiene dos objetivos, por una parte proteger el medio ambiente, y por otro, orientar a las formas de gestión a ser menos agresivas con el entorno, tal y como se predica en la RSE, que en sí no debe ser utilizado, no solo en su aplicación, pues posee vínculo con la ejecución de la auditoría ambiental para tras la evaluación concederla o no.

En materia ambiental, en América Latina, autores como Gordillo (2006), Caferrata (2008), Leff (2010) De Besa Antunes (2010), Bellorio Clabot (2013), Lorenzetti (2014), Peña Chacón (2014), señalan, desde las ciencias jurídicas, que la etiqueta-certificación ambiental como parte de los instrumentos de tutela ambiental de la Administración Pública aún no está presente en la mayoría de los países de la región, hay retos pendientes por materializar cómo continuar el desarrollo de la sostenibilidad de los productos que permitan desde el Derecho Administrativo Ambiental armonizar los criterios de certificación y la participación de los agentes interesados; no obstante se aprecia la experiencia obtenida en países como Brasil, México, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Panamá y Cuba, quienes dan respuesta a lo acordado en Río+20 en cuanto a la implementación, en la región, del etiquetado ambiental tipo I en cuanto herramienta clave de información sobre la sostenibilidad del producto. Esto permitiría la definición de un marco de acción y el apoyo en la implementación y en la capacitación técnica.

En las diferentes formas de gestión económica este autor valora que la toma de decisiones debe considerar y valorar de manera adecuada los recursos naturales que utilizan y las implicaciones para el medio natural. Entre los factores que van a influir en esta toma de decisiones estarán: los precios de las materias primas y energía, las tecnologías existentes y el coste de las mismas, la legislación ambiental existente, las restricciones, los tributos y las sanciones que van a afectar a los costes de los productos a ofertar. Con ello, se tratará de internalizar los costes medio ambientales dentro de la cuenta de resultados, aunque esto va a tener sin duda una repercusión negativa a corto plazo en los beneficios generados. Desventaja que se puede eliminar, bien mediante una mejora de la productividad total, aplicando o desarrollando tecnologías limpias o bien, mediante una diferenciación y cualificación de sus productos al participar en la oferta con nuevos productos o servicios que minimicen su impacto ambiental.

Antúnez Sánchez (2015b) señaló que en la relación jurídica que aparece entre el sujeto auditor y el auditado tras la sistematización realizada a la auditoría ambiental como institución jurídica, entre sus elementos objetivos se reconoce a la certificación ambiental con la ecoetiqueta a los bienes y servicios producidos por las formas de gestión. En la manifestación trifuncional de la actividad administrativa, la ecoetiqueta refleja sobre todo la de fomento ambiental porque hace un producto o servicio competitivo a partir de su calidad ambiental, finalidad eminentemente pública en pro de alcanzar el desarrollo sostenible y que están vinculados con la RSE.

Autores de la talla de Caferrata, Leef, Peña Chacón, Martín Mateo, Jaquenod de Zogon, dedicados al estudio del Derecho Ambiental desde la década de los 90 del pasado siglo hasta el siglo XXI, en Hispanoamérica, valoran los principios aplicables a la certificación-etiquetado ambiental, estos incluyen el principio de sostenibilidad, de empoderamiento del consumidor, de prevención, de soberanía, de apertura de mercado, de internalización de costos, de voluntariedad, de viabilidad, de transparencia, de participación ciudadana informada, de objetividad, de incentivo a la innovación científica, de manejo social integral y de temporalidad técnica. Todos estos vinculados desde el Derecho Administrativo Ambiental al principio de “quien contamina pague”, también, este último, observado desde de la implementación de la RSE.

Así las cosas, apreciamos cómo varios ordenamientos jurídicos han reconocido que la competitividad en las exportaciones puede asociarse a factores de protección del medio ambiente, a la conservación de los recursos naturales y a la protección de las personas. Será posible agregar con ello valor a los productos o servicios a través de la gestión ambiental, la gestión en salud y en seguridad ocupacional, como la responsabilidad social empresarial. Estos anteriores, vinculados con la RSE —componente ambiental— y la materialización del binomio deber-derecho ambiental, al no ser solo una función estatal, sino como deber ciudadano y de los entes socioeconómicos, esto es, como un derecho del consumidor, que no es más que el mismo ciudadano o ente socioeconómico. También se analizan las ventajas de los bienes y servicios certificados, toda vez que su adquisición de productos con ventaja ambiental ha observado un aumento constante durante los últimos años. Las empresas públicas empiezan a tomar en cuenta los atributos ecológicos de los productos en sus procedimientos de compra, debido a que se apegan a una disposición o consigna específica sobre las adquisiciones verdes. En el caso de las formas de gestión privadas, las empresas incorporan atributos ecológicos, esto las beneficia de manera directa —mediante costos más bajos durante la vida de los bienes adquiridos—, indirectamente —al hacerse de un prestigio ante sus accionistas o clientes— o, con mayor frecuencia, al generarles ahorros en costos de largo plazo.

Este autor considera cómo la etiqueta-certificación ambiental ha tenido tradicionalmente su función de publicidad, perfeccionada con la evolución comercial; actualmente la certificación ambiental se materializa mayormente en ella con su aplicación por las formas de gestión. Se reconoce entonces como ecoetiqueta, esto significa un salto cualitativo de los productos y servicios e identifica un valor agregado con repercusiones privadas y públicas. Representa ganarse un sector de consumidores, garantiza una connotación de calidad y protección ambiental en general. Tal representación de desarrollo sostenible en la actividad económica, requiere de protección armónica en el ordenamiento jurídico, ya sea público, privado o ambos cuyo destinatario final es el consumidor ecológico.

Ahora bien sí las partes solicitan el certificado de origen ambiental a los productos que así lo requieren, los autores analizan que será emitido el certificado —fitosanitario y el sanitario— para un comercio sostenible realizado por las instituciones autorizadas para ello como el Ministerio de Salud y el de la Agricultura, son aplicables las normas ISO 14 000, 19 000 y la 26 000 —certifica el justo comercio— por la RSE como medidas proteccionistas para la salud humana o animal o para proteger al medio ambiente. En el mundo empresarial se habla de un mercado verde, donde se potencian productos que cumplen con las exigencias de ser productos o servicios respetuosos con el medio ambiente, vinculadas a la empresa amigable con el ambiente.

También en los últimos años se le ha prestado especial atención, tanto en el ámbito académico como empresarial, a la concepción y práctica de la RSE, esto ha significado un sistemático proceso de conceptualización que ha conducido a que hoy se cuente con un numeroso grupo de definiciones, algunas más acertadas que otras, pero la mayoría de las más recientes, suponen en el plano teórico una concepción abarcadora de los aspectos económicos, ambientales y sociales. En estas sin embargo, en su materialización práctica, se evidencian una inadecuada orientación del concepto.

Sanz Larruga (2011) afirmó que […] “paralelamente al extraordinario progreso científico y tecnológico que ha permitido un alto nivel de vida en las sociedades desarrolladas, hoy más que nunca, se advierten los innumerables riesgos originados por el propio desarrollo tecnológico sobre los que, pese a dicho progreso, sigue existiendo una considerable incertidumbre científica sobre sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana” [...].

Armstrong (2012) sostiene la necesidad de una alianza global entre las empresas, sociedad y el ambiente en el Siglo XXI, el mundo no tolerará a empresas que no tomen esta alianza en serio, pero eventualmente premiará a aquellas que sí lo hagan. Es una prioridad en el mundo empresarial moderno.

Autores desde las ciencias económicas en la nación cubana como Cruz Bravo (2011), Lezcano Gil (2011), Araña Rodríguez (2015) han referido la necesidad de proponer un conjunto de principios que permita la creación de políticas públicas que posibiliten a las formas de gestión asumir la responsabilidad por los daños provocados al medio ambiente, así como la importancia de observar y aplicar una adecuada gestión ambiental dada la relevancia que adquiere la transversalidad del componente de la RSE en el área de la Contabilidad y las Finanzas dentro del proceso de formación de profesionales, en la Universidad Cubana.

Desde la ingeniería industrial, por la muldimensionalidad de la temática tratada, autores como Miranda Hernández, Santana Pascual, Rojas Casas y Velázquez Zaldívar (2014) aluden a un modelo de mejora continua para la gestión de la seguridad e higiene ocupacional en pro de una salud adecuada, con base en el desarrollo fundamental de la industria alimenticia nacional.

Desde la arista jurídica, autores como Cruz Romera (2009), Labrada Marro (2009), Céspedes Socarras (2015), y Martínez Cumbrera (2015) definen los criterios que se debe observar en la RSE, dentro de las formas de gestión patria, desde el sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Esto, a propósito del vínculo que existe con el Derecho Laboral. Además, refieren su regulación a partir del texto constitucional, en la Ley Nº 116 del 2014, Código de Trabajo; en el Decreto Ley Nº 252 del 2013, del Perfeccionamiento Empresarial; y en el Decreto Nº 326 del 2014, Reglamento del Código de Trabajo, entre otras normativas vinculadas a esta temática.

Desde la dimensión ambiental, aparece su relación en la Ley Nº 81 de 1997, Ley del Medio Ambiente, dirigida a la protección del medio ambiente en las actividades laborales y obliga a los empleadores a asegurar condiciones ambientales adecuadas que no afecten o pongan en riesgo la salud o la vida de los trabajadores, y a desarrollar las actividades en armonía con el medio ambiente sin dejar de garantizar los medios de protección necesarios para laborar.

En una mirada al comportamiento de las formas de gestión en Cuba, este autor tiene en cuenta varios elementos a partir de la política ambiental trazada por la Administración Pública a través del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente en atención al artículo 27 constitucional, para dar una respuesta a lo regulado a través de: la Ley Nº 81 de 1997, la prevención a través del cumplimiento de los principios del Derecho Ambiental reconocidos en la doctrina ambiental, la introducción de las tecnologías limpias en las formas de gestión en el sector estatal, del tratamiento a los desechos industriales, el uso eficiente de los recursos, la educación y su promoción, la protección de la propiedad intelectual en las formas de gestión del sector estatal, la ética empresarial que debe observarse, la inversión social, el uso y la masificación de las TIC, y la observancia de la normativa jurídica, En tanto son elementos que tributarán para lograr en el país una adecuada y necesaria implementación de la RSE, aunque aún no esté reconocida dentro de la normativa jurídica.

Se estima entonces que en la actualización del modelo económico cubano en el siglo XXI, se demanda un éxito empresarial que permita la sustitución de importaciones, lo que significa crear riquezas y con ello el incremento del Producto Interno Bruto, metas que no podrán ser alcanzadas sin que todas las esferas marchen de forma coordinada y dejen de avanzar unas en detrimento de otras. La década del 80, del siglo pasado, señaló que el éxito de la empresa estatal se alcanzaba con el logro de la marca estatal de calidad de sus productos, el actual siglo XXI mide no solo volúmenes productivos, sino la eficiencia y eficacia de la gestión, lo que implica que ningún subsistema sea afectado. Dicha eficacia no podrá ser evaluada sí no se aplican las formas de gestión del sector estatal por ser estas las mayoritarias a la auditoría ambiental por parte de la Entidad Fiscalizadora Superior. Ante esta realidad, en el siglo XXI, la política del Estado y del Gobierno entroniza la esfera ambiental no solo como escenario de todas las actividades del país, sino como el preciado objeto de protección y conservación para lograr la sostenibilidad en la actualización del modelo económico. Por ello, este autor destaca que el logro empresarial en estos momentos se alcanzará con el reconocimiento dentro de las formas de gestión estatal en el sector estatal cubano de su condición ambiental y no solo por el respeto y el cumplimiento de los planes técnico-económicos, como fueron considerados en el pasado siglo XX a través de la RSE.

Igualmente, se analiza cómo el bloque económico socialista del pasado siglo destacaba el éxito de la empresa cubana cuando evaluaba el resultado final de un producto de calidad, en estos momentos urge que ese mismo éxito se identifique en una labor integradora de la observancia de los planes con el respeto a valores supremos que, como el ambiental, puedan resultar seriamente comprometidos en la batalla económica que afronta la nación en este siglo XXI. Desde estos enfoques, se justiprecia que el éxito empresarial de las formas de gestión del sector estatal no se deberá tener en cuenta solo las cifras de los productos finales y la satisfacción de las necesidades del país, sino también la calidad del proceso productivo en el que la dimensión ambiental esté presente y deba ser altamente considerada al momento de entregar la certificación ambiental y al concluir la auditoría. De ahí que sea necesario el rol que desempeñe la auditoría ambiental como el eje esencial y el reconocimiento de todas sus aristas, en especial la jurídica, para que sean reconocidos los procesos productivos amigables con el ambiente, a través de la certificación ambiental en correspondencia con la aplicación de la RSE, certificación que es inexistente en la norma reguladora para este tipo de auditoría en el ordenamiento jurídico cubano. Esto le permitirá a las formas de gestión ser más competitivas y avanzar en el modelo económico que hoy se implementa en la nación en pro de alcanzar el desarrollo sostenible.

4. Conclusiones

Las acciones y estrategias en las formas de gestión en Cuba han evolucionado, están dirigidas a la obtención de la sostenibilidad ambiental, pero aún adolecen de un balance integrador de los resultados económicos, ambientales y sociales. Por ello, es necesario incentivar su desarrollo y análisis considerando sus beneficios, ya que al ser una herramienta que permite brindar una comunicación clara y abierta, permitirá identificar anticipadamente los posibles riesgos a los que se puedan exponer la formas de gestión e identificar las brechas que les permita diseñar la estrategia de gestión en materia de RSE.

La RSE es una de las principales herramientas para la estrategia de los negocios y el desarrollo sostenible como propósito empresarial, por lo cual requiere de la activa participación de todos sus grupos de interés. La adopción de un sistema de gestión socialmente responsable implica un compromiso con el desarrollo sostenible, que concluye con la obtención de la empresa responsable con el ambiente. En este sentido, debe ser vista como un amplio grupo de políticas, prácticas y programas integrados en la operación empresarial, que soportan el proceso de toma de decisiones dentro de un marco de valores éticos.

En Cuba, el constructo de la RSE aún no es adecuado, el desarrollo empresarial se concreta a partir de decisiones estatales que fijan un objeto social a cada forma de gestión que se crea y condiciona la actitud de sus directivos y trabajadores en función del aporte a la sociedad lo que de la empresa del sector estatal a través de un plan. La ley garantiza los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente para el desarrollo de su comunidad a través de la política impositiva, creando las bases para su adecuada ordenación legal.

La empresa estatal cubana dentro de las formas de gestión del escenario mercantil necesita transitar desde la certificación de la calidad que desde el siglo XX se viene ponderando hacia la certificación ambiental en la actualización del modelo económico, para ello la RSE juega un rol elemental. Es necesario modificar las formas organizativas que permitan incidir en el logro de una cultura ambiental y con ello en el equilibrio adecuado entre el progreso y la protección ambiental, de manera que se alcance el desarrollo sostenible.

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