La situación del menor de edad que ha infringido la ley penal en América Latina(*)

Revista N° 29. Oct.-Dic. 2009

Elías Carranza 

Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) 

(Argentina) 

Sumario

La situación de los menores infractores de la ley penal y las garantías otorgadas por instrumentos internacionales en ese sentido, son aspectos que deben ser analizados por los esquemas penales internos referidos a los procedimientos para el juzgamiento de tales sujetos activos del ilícito. El presente escrito estudia tal temática desde un punto de vista criminológico, abordando las principales causas y problemáticas sociales en América que generan delincuencia en menores, partiendo de la comparación de instrumentos internacionales sobre la materia.

Temas relacionados

Derecho Procesal Penal; delincuencia juvenil; responsabilidad penal del menor.

Refiriéndose a los informes que los Estados Parte presentan regularmente al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el comité emitió en Ginebra la Observación General 10, en febrero 2007, deseando, dice el texto: "proporcionar a los Estados Partes orientación y recomendaciones más precisas para el establecimiento de una administración de justicia de menores conforme a la convención".

Comienza el texto de la Observación 10 diciendo que los Estados deben establecer una política general respecto de la justicia de menores. No limitándose a los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino teniendo también en cuenta por ejemplo los artículos 2.º sobre no discriminación, 3.º sobre el interés superior del niño, 6.º sobre el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y 12 sobre el respeto a la opinión del niño.

Luego, a partir del párrafo 15, la Observación General 10 establece los elementos básicos de una política general para la justicia de menores. Dice la Observación 10 en su párrafo 15 que:

Una política general de justicia de menores debe abarcar las siguientes cuestiones básicas: 

a) prevención de la delincuencia juvenil; 

b) intervenciones que no supongan el recurso a procedimientos judiciales, e intervenciones en el contexto de las actuaciones judiciales; 

c) edad mínima a efectos de responsabilidad penal y límites de edad superiores para la justicia de menores; 

d) garantías de un juicio imparcial; y 

e) privación de libertad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la condena. 

En lo que sigue nos referiremos rápidamente a cada uno de los cinco puntos mencionados, y con mayor profundidad al punto a) sobre prevención, que lo dejaremos para verlo al final.

Comenzando entonces por el punto b) sobre intervenciones que no supongan el recurso a procedimientos judiciales, e intervenciones en el contexto de las actuaciones judiciales, lo que con un vocablo renovado nos está diciendo el comité es que debemos cumplir con lo que ya las reglas de Beijing establecieron hace muchos años en su artículo 11 sobre remisión de casos. La primera edición de las reglas, que fue publicada con comentarios explicativos a cada artículo, lo expresaba con palabras muy sencillas, diciendo que "en muchos casos la no intervención sería la mejor respuesta… así sucede especialmente cuando el delito no tiene un carácter grave y cuando la familia, la escuela u otras instituciones de control social no institucional han reaccionado ya de forma adecuada y constructiva o es probable que reaccionen de ese modo"(1).

Vivimos una especie de panpenalismo en este momento de la humanidad, que pretende regular todas las conductas humanas y sancionar penalmente de manera excesiva también muchísimas conductas, a veces nimias. El ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, con su doctrina de la tolerancia cero, es el mayor exponente de esta filosofía panpenalista.

El punto también significa que en los casos en los que corresponda iniciar actuaciones judiciales, la actuación de la justicia penal debe ser en todo de acuerdo al debido proceso establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, y respetando siempre el criterio de la privación de la libertad como último recurso. Esto significadice la Observación General 10que los Estados Partes deben tener un servicio competente de libertad vigilada que permita recurrir en la mayor medida y con la mayor eficacia posibles a medidas como las órdenes de orientación y supervisión, la libertad vigilada, el seguimiento comunitario o los centros de presentación diaria obligatoria, y la posibilidad de una puesta anticipada en libertad.

Sin embargo agregaríamos nosotros la carencia de tales servicios no debe ser un pretexto para encerrar a los menores de edad negándoles otras formas de sanción no privativas de libertad. Es contrario al principio de proporcionalidad de las sanciones que un tribunal diga a un adolescente "a usted le correspondería libertad vigilada, pero como tenemos pocos funcionarios vigilantes le vamos a imponer pena de prisión".

En cuanto al punto c) sobre la edad de los niños que tienen conflictos con la justicia, desde su reciente reforma constitucional, México resolvió el tema de la edad en un todo de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

La Observación 10 del Comité dice que respecto de la edad mínima que marca el ingreso a la responsabilidad penal, los informes presentados por los Estados Partes ponen de manifiesto la existencia de un amplio margen de edades mínimas, que varían desde un nivel muy bajo de 7 u 8 años hasta un encomiable máximo de 14 ó 16 años. A su vez, en un número bastante considerable de Estados Partes hay dos edades mínimas a efectos de la responsabilidad penal, que se utilizan en relación con el concepto de madurez del menor o la menor. Este sistema induce a confusión señala el comité, y puede ocasionar arbitrariedades.

El comité sugiere recomendaciones a los países partiendo de lo establecido por el párrafo 3.a. del artículo 40 de la convención que dice que los niños que cometen un delito cuando todavía no han cumplido esa edad mínima no podrán considerarse responsables en un procedimiento penal.

Por su parte, los niños que sí tengan la edad mínima de responsabilidad penal al momento de la comisión de un delito, pero tengan menos de 18 años, podrán ser objeto de una acusación formal y ser sometidos a un procedimiento penal acorde con la Convención.

Respecto de la edad mínima, una edad de responsabilidad penal inferior a los 12 años no es internacionalmente aceptable para el comité, y aconseja a los Estados Partes que establecieron una edad penal inferior a doce a elevarla hasta 12 como edad mínima absoluta, y que ojalá sigan elevándola aún más en el futuro. Vale notar aquí que en Europa la mayoría de los países ha venido fijando la edad mínima en los 14 años. En los cuadros siguientes podemos ver las edades mínimas y máximas que han venido fijando los países de América Latina que adecuaron sus legislaciones a la Convención de los Derechos del Niño y, de igual manera, las edades que han venido fijando los países de Europa.

 

Edades de ingreso a la justicia penal en países de Iberaomérica
PaísNombre ley vigente o proyecto en trámiteEdad de entrada al sistema de justicia penal juvenilEdad de entrada al sistema de adultos
BoliviaCódigo del Niño, Niña y Adolescente12 años16 años
BrasilEstatuto de la niñez y la adolescencia12 años18 años
Costa RicaLey de Justicia Penal Juvenil12 años18 años
EcuadorCódigo de la Niñez y Adolescencia12 años18 años
El SalvadorCódigo del Menor12 años18 años(1)
EspañaLey Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores14 años18 años(2)
HondurasCódigo de la Niñez12 años18 años
GuatemalaCódigo de la Niñez y la Juventud12 años18 años
NicaraguaCódigo de la Niñez y la Adolescencia13 años18 años
PanamáLey del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia14 años18 años
ParaguayCódigo de la Niñez y Adolescencia14 años17 años(3)
PerúCódigo del Niño y del Adolescente12 años18 años
Rep. DominicanaCódigo para el sistema de protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes13 años18 años
UruguayCódigo de la Niñez y la Adolescencia13 años18 años
VenezuelaLey Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente12 años18 años

Fuente: Rita Maxera y Elías Carranza, Ilanud.

 

(1) El Salvador: la Ley Antimaras vigente denominada Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales de Grupos o Asociaciones Ilícitas Delincuenciales del 1.º de abril del 2004, modifica la Ley del Menor Infractor en lo referente a la edad, ya que incorpora el criterio de discernimiento al que llama "habilitación de edad" lo que significa que el menor de 18 años que posea "discernimiento de adulto" es juzgado como tal.

(2) España: excepcionalmente puede aplicarse a los mayores de 18 y menores de 21 según lo previsto en dicha ley, artículo 4º. Régimen de los mayores de dieciocho años.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica 10 de 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la presente ley se aplicará a las personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno imputadas en la comisión de hechos delictivos, cuando el juez de instrucción competente, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del imputado y el equipo técnico a que se refiere el artículo 27 de esta ley, así lo declare expresamente mediante auto. 

2. Serán condiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior las siguientes: 

2.1. Que el imputado hubiere cometido una falta, o un delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas ni grave peligro para la vida o la integridad física de las mismas, tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales. 

2.2. Que no haya sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos los dieciocho años. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos o faltas imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o que debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Penal. 

2.3. Que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejen la aplicación de la presente ley, especialmente cuando así lo haya recomendado el equipo técnico en su informe. 

(3) Paraguay: el Código de la Niñez establece una edad mínima para la responsabilidad penal "a partir de la adolescencia". Esto remite a la Ley 2179 año 2003 que determina que adolescente es toda persona humana desde los 14 hasta los 17 años.

Edades de ingreso a la responsabilidad penal en países europeos
PaísesResponsabilidad penal atenuada (derecho penal de menores)Responsabilidad penal (derecho penal de adultos)Mayoridad civil
Alemania1418/2118
Inglaterra y Gales10/15*18/2118
Austria141919
Bulgaria141818
España1418/2118
Francia131818
Grecia1318/2118
Holanda141818
Irlanda7/15*1818
Italia1418/2118
Noruega151818
Países Bajos1218/2118
Ex Checoslovaquia151818
Ex Yugoslavia14/16*18/2118
* Mayoridad penal concerniente a la prisión de los menores

Fuente: Frieder Dünkel, "Orientaciones de la política criminal en la justicia juvenil", en el libro Derecho Penal Juvenil, de Carlos Tiffer Sotomayor et ál., Ilanud/DAAD 2002:502.

 

El comité expresa también su preocupación por la práctica de prever excepciones a la edad mínima de responsabilidad penal, que permiten la aplicación de una edad mínima aún menor en los casos en que, por ejemplo, se acusa al niño de haber cometido un delito grave, o se considera que está suficientemente maduro para considerársele penalmente responsable. El comité recomienda firmemente que se fije una edad y se la respete, y no se permitan luego excepciones para utilizar una edad aún más baja.

En cuanto al límite de edad superior de la justicia de menores, que marca el pasaje a la justicia penal de adultos, el comité adopta el criterio que establece el artículo 1.º de la Convención de los Derechos del Niño y propone que los Estados lo fijen por lo menos en 18 años, es decir, que los y las menores de edad permanezcan en la justicia penal juvenil hasta los 17 años inclusive. El comité observa así mismo con preocupación que aún hay Estados que establecen edades de 16 y de 17 años para el ingreso a la justicia penal de adultos, aplicables a los adolescentes que cometen determinados delitos que se consideran graves. Por otra parte, expresa reconocimiento hacia algunos Estados Partes que permiten la aplicación de las normas de la justicia de menores a personas que tienen 18 años o más, por lo general hasta los 21, bien sea como norma general o como excepción.

En cuanto al punto d) que se refiere a las garantías de un juicio imparcial, la Observación General 10 del comité reitera la necesidad del debido proceso y de que se respeten en el caso de los menores de edad las mismas garantías penales, procesales y de ejecución que amparan a las personas adultas, además de las garantías específicas que les corresponden por su condición de menores de edad. Este punto fue también resuelto adecuadamente por México a partir de la reciente reforma constitucional.

El documento del comité destina párrafos a los temas de la garantía de irretroactividad de la ley penal (art. 40, 2.º, a), al principio de presunción de inocencia (art. 40, 2.º, b, i), al derecho a ser escuchado (art. 12), al derecho a una participación efectiva en los procedimientos (art. 40, 2.º, b, iv), a la información directa y sin demora de los cargos (40, 2.º, b, ii), al derecho a la asistencia jurídica u otra asistencia apropiada (40, 2.º, b, ii), al derecho a las decisiones sin demora y con la participación de los padres (40, 2.º, b, iii), al principio de igualdad entre las partes (40, 2.º, b, iv), al derecho de apelación (40, 2.º, b, v), al derecho a la asistencia gratuita de un intérprete (40, 2.º, vi) y al derecho al respeto a la vida privada (arts. 16 y 40, 2.º, b, vii).

En cuanto al punto e) referido a las medidas o sanciones aplicables a los menores de edad, el comité subraya que la decisión de iniciar un procedimiento penal contra un menor no implica necesariamente que el proceso deba concluir con el pronunciamiento de una sentencia formal. El fiscal y el tribunal deben considerar continuamente las alternativas posibles a una sentencia condenatoria y considerar, en igual forma, una amplia variedad de alternativas posibles a la privación de libertad e internación en instituciones.

Respecto de la sanción privativa de libertad y la internación en instituciones, en la década de los 90, el Ilanud llevó a cabo un proyecto de investigación y acción con la Cooperación de la Comisión Europea, en el que participaron todos los países de América Latina más España e Italia, titulado "Derechos Humanos: niños, niñas y adolescentes privados de libertad en América Latina". En el caso de México, por su gran extensión, el proyecto se realizó solo en el Estado de México(2) y en el caso de Argentina, en la Provincia de Santa Fe. En el Estado de México recorrimos, en aquella oportunidad, la institución Quinta del Bosque y un gran número de los entonces existentes consejos tutelares de menores.

Es importante recordar que en aquel entonces, en 1994, con el derecho tradicional tutelar, el Estado de México exhibía un número muy reducido de menores de edad privados de libertad, con una tasa de 3 por cien mil obtenida sobre la población de 5 a 17 años ambos extremos incluidos, que era más baja que la de todos los otros países de América Latina, como así mismo más baja que la que había en España e Italia (ver el cuadro). Luego de aquella medición la tasa fue subiendo. Habría que medirla en la actualidad, ahora, y también cierto tiempo después de que entre en funcionamiento la futura justicia penal juvenil adecuada a la convención, para medir el efecto del nuevo sistema.

Por muy bien que funcionara en el futuro, creo que difícilmente se alcanzaría el tan bajo número de encierros que se alcanzara en los años 90. Creo que tal ejercicio comparativo sería interesante, porque seguramente pondrá de manifiesto que la ley no lo es todo, y que es muy importante también la actitud y la forma de trabajar de los operadores de la justicia.

Menores de edad privados de libertad por delito
Tasas por cien mil 1994-1997
 1994199519961997
Honduras10174100(3)80
Panamá36596259
Uruguay59736557
Ecuador24334457
Colombia70636054
El Salvador1415(4)2127
Nicaragua23192324
Chile851818
Guatemala16121312
España13101111
México (edo.)37(5)810
Bolivia12--8
Brasil 55,48
Perú 997
Italia 444
Costa Rica11122(6)3

Fuente: Elías Carranza, Ilanud. Las cifras absolutas de privados de libertad fueron proporcionadas por los Gobiernos de cada país. Las tasas se obtuvieron sobre la base de la población de personas entre 5 y 17 años, ambas edades inclusive, utilizando como fuente el Boletín del Centro Lationamericano de Demografía (Celade), n.° 55, año 1995. Las tasas de Guatemala incluyen también casos de privados de libertad "por protección".

 

Luego de este breve repaso por los otros componentes de la política pública, regresemos al punto a) sobre prevención del delito:

Algunas de las categorizaciones que pueden hacerse de las diversas formas de prevención del delito son las siguientes:

i) prevención policial;

ii) prevención por medio de la justicia penal;

iii) prevención situacional;

iv) prevención por medio de la tenencia y portación de armas;

v) prevención por medio de la comunidad o municipales;

vi) prevención primaria o social.

Las diversas categorías no son excluyentes ni tampoco exhaustivas. Por la naturaleza de esta presentación, en lo que sigue nos detendremos en la llamada prevención primaria o social, porque no se trata o no se trata solamente de poner más rejas, alarmas y otras tecnologías para defendernos de los adolescentes, sino de que nuestros adolescentes vivan en una sociedad que no los induzca a cometer delitos, y que cometan pocos delitos.

Hay algunos hallazgos de la criminología que son tan antiguos casi como la criminología misma y que han sido constantemente verificados a lo largo del tiempo de diversas maneras y con distintos marcos teóricos. Son como el tejido de Penélope, se tejen, destejen y tejen nuevamente con distintas palabras, en distintas sociedades y en diversos momentos históricos, y siguen siendo válidos, porque, lamentablemente, las sociedades avanzan científica y tecnológicamente pero son pocos los casos en que avanzan reduciendo los factores asociados al delito. Uno de tales hallazgos es el de que la criminalidad ordinaria o común, oficialmente registrada, es cometida en muy alta proporción por personas pertenecientes a los sectores de menores recursos y menor poder. Es importante notar que hemos dicho "criminalidad ordinaria oficialmente registrada", con lo cual estamos advirtiendo que existen otros casos de criminalidad ordinaria no oficialmente registrada, y también formas de criminalidad no ordinaria de delitos cometidos por personas de mayores recursos y mayor poder.

Este antiguo hallazgo de la criminología lo corroboramos también nosotros en el Ilanud durante la investigación citada, encontrando que en todos los países la casi totalidad de los y las menores de edad privados de libertad por delitos pertenecían a los sectores socioeconómicos medio bajo, bajo, y de excluidos, y que, entre otras características tenían entre 3 y 5 años de retraso escolar, tanto en los países de América Latina como en España e Italia.

La relación entre clase social y delito se "redescubre" una vez más a partir de la década de los 90, pero ahora afinando el conocimiento que se tenía del fenómeno. Varios investigadores correlacionan indicadores de distribución del ingreso con tasas de delitos contra la propiedad y contra las personas y verifican que los países que tienen una distribución del ingreso más inequitativa tienen también una mayor frecuencia delictiva, y viceversa; y que en un mismo país, si a lo largo del tiempo aumenta la inequidad de la distribución del ingreso, aumenta el delito y decrece si sucede lo contrario. Las correlaciones se obtuvieron sobre todo a partir del índice de Gini y fueron verificadas ya por lo menos en 39 países, en el caso de América Latina y el Caribe: en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Como era de prever, la inequidad de la distribución del ingreso no incide solamente en las tasas de delitos, sino también en la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y en todos los órdenes sociales, encontrándose siempre que las peores mediciones de los diversos indicadores se observan en las clases sociales de menores recursos, a las que más negativamente afecta la inequidad de la distribución. Cada una de estas variables se retroalimenta a su vez con las otras, o sea que si bien la variable socioeconómica tiene mucho que ver, no estamos en presencia de un determinismo exclusivamente economicista, sino de una realidad de sociedades con gran inequidad en la distribución del ingreso, del bienestar social y de la criminalización, realidad que debemos reconocer y, sobre todo, debemos tratar de corregir.

La correlación "inequidad de la distribución del ingreso-delito" es coincidente con el panorama que se desprende del cuadro del ranking mundial de desarrollo humano de los países que elabora y distribuye anualmente el PNUD. Al observar dichos cuadros puede apreciarse que los países que tienen más alta puntuación en desarrollo humano son también los que tienen menos delito oficialmente registrado y viceversa.

En cuanto al retraso escolar, nuevamente tenemos que la criminología ha medido en numerosos países sobre todo en materia de delincuencia juvenil la correlación que existe entre este y el delito oficialmente registrado, o la "criminalización". Una vez más encontramos que hay delito en todas las franjas de población con diversos niveles de escolaridad o académicos, pero los que tienen grados más bajos de escolaridad si delinquen, tienen mayores posibilidades de ser captados por la justicia penal. Por lo anterior, debe procurarse promover que los niños, niñas y adolescentes completen sus estudios, pues de esta manera se reduciría un factor de riesgo respecto de su posible criminalización.

De manera que la prevención primaria o social es la principal forma de prevención para abordar el tema del delito juvenil.

Al respecto, el texto de la Observación General 10 del Comité de los Derechos del Niño nos recuerda que la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño establece que uno de sus objetivos más importantes es promover el desarrollo pleno y armonioso de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño (preámbulo y arts. 6.º y 29), y que deben adoptarse … medidas para el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de los derechos a un nivel de vida adecuado (art. 27), al disfrute del más alto nivel posible de salud y de atención sanitaria (art. 24), a la educación (arts. 28 y 29), a la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental (art. 19) y explotación económica o sexual (arts. 32 y 34), así como a otros servicios apropiados de atención o protección de la infancia.

Dicho en pocas palabras, la Observación General 10 insiste en la imperiosa necesidad de la prevención primaria al máximo nivel (bienestar social) y ello es cada vez más urgente en una región de países como la nuestra. Algunas características de esta:

i. Exhibe niveles de pobreza altísimos, (ver cuadro sobre pobreza al final de este trabajo), que van acompañados de altas cifras de inequidad de la distribución del ingreso que se mantienen en el tiempo. A partir del coeficiente de Gini, el indicador más utilizado para medir la desigualdad Cepal clasifica a los países en cuatro categorías según que su concentración del ingreso sea baja, media, alta o muy alta. Uruguay es el único país con concentración baja del ingreso; el estrato medio está integrado por Costa Rica, Ecuador (área urbana), El Salvador, Panamá (área urbana), Perú y República Bolivariana de Venezuela. En el estrato de alta concentración del ingreso se ubican Argentina (área urbana), Chile, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. Por último, Bolivia, Brasil, Honduras y Colombia, en ese orden, figuran en el estrato de muy alta concentración del ingreso o inequidad(7).

ii. La FAO y otros organismos especializados de las Naciones Unidas han advertido que como consecuencia de la crisis alimentaria mundial, la pobreza y la pobreza crítica aumentarán gravemente en los países y que se espera que la situación se prolongue durante por lo menos quince años;

iii. Tiene altísimos porcentajes de menores de edad que se encuentran fuera de la escuela, y Unicef, Unesco y otros organismos especializados han anunciado que según las tendencias actuales en materia de educación ningún país logrará cumplir con el objetivo del milenio de universalizar la escuela primaria para el año 2015.

iv. Los países han delegado a los ejércitos la represión de las "maras", y con ello la represión de la delincuencia juvenil. Las maras son sin duda un grave fenómeno, resultado de sociedades con gran injusticia social que marginaron a su niñez y adolescencia en la indigencia y la violencia durante muchísimos años. Y resolver el problema de las maras no se logrará con la violencia de los ejércitos ni con ejecuciones paramilitares y parapoliciales. Se logrará con justicia penal transparente, eficaz y sin impunidad, acompañada de mucha justicia social. En cuanto a las y los menores de edad que integran maras, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los menores de edad que delincan deben ser sometidos a la justicia penal juvenil especializada, no a los ejércitos.

Por todo lo anterior, reafirmamos que los componentes estratégicos de una política pública para la prevención del delito en materia penal juvenil deberían ser los establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño(8) y en las "Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)" que con el consenso de todos los países fueran sancionadas por la Asamblea General en diciembre de 1990(9), instrumentos ambos que cada vez tienen más actualidad y vigencia.

Una estrategia para establecer sociedades más equitativas, con más justicia social en materias de salud, vivienda, trabajo, educación, acceso a la cultura y también con menos delito, podría iniciarse con una intensa labor por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos, y de los funcionarios y funcionarias sensibles de todas las áreas de gobierno, tendiente a comenzar por redistribuir los presupuestos nacionales y los dineros que ingresan por medio de la cooperación internacional, elevando significativamente los porcentajes de las áreas de bienestar social reduciendo proporcionalmente otros renglones que, aunque importantes, no tienen la misma urgencia.

Es prioritario y urgente destinar mayores recursos a las áreas de bienestar social, por cuanto porcentajes altísimos de población de los países de la región viven en situación de estado de necesidad. En promedio el 37% de los habitantes de América Latina en números absolutos casi 200 millones de personas es pobre, es decir, sus ingresos no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas, y en numerosos países la indigencia, es decir, la situación de las personas a quienes lo que ganan no les alcanza ni siquiera para comer lo necesario, supera el 20%(10).

La situación ha sido así desde tiempo inmemorial, y Cepal ha venido señalándolo con alarma desde 1980(11). Nos hemos acostumbrado a observar esta realidad como algo inmutable, que sencillamente es así, y raramente quienes tienen funciones de gobierno y el control de las economías hacen verdaderos esfuerzos para corregirla.

Los países requieren con verdadera urgencia una distribución del ingreso más equitativa, y un paso hacia ello sería comenzar con la redistribución presupuestaria. Hay que realizar trabajo político para lograr ese objetivo y establecer políticas universales en materia de salud, vivienda, educación y otras áreas sociales. No centrarnos en programas focalizados "de emergencia", de corto plazo, caros, destinados a consultorías y diagnósticos de situación que se repiten año tras año y década tras década sin corregir nuestras estructuras sociales injustas.

Deberíamos comenzar esta tarea política con urgencia.

América Latina: pobreza e indigencia
 Población bajo la línea de pobrezaPoblación bajo la línea de indigencia
Chile13,73,2
Uruguay18,53,2
Costa Rica19,07,2
Argentina c/21,07,2
R. B. Venezuela30,29,9
Panamá30,815,2
México31,78,7
Brasil33,39,0
Ecuador43,016,1
Perú44,516,1
R. Dominicana44,522,0
Colombia46,820,2
El Salvador47,519,0
Guatemala60,230,9
Paraguay60,532,1
Bolivia63,934,7
Nicaragua69,442,4
Honduras71,549,3

Fuente: E. Carranza, Ilanud, adaptado de "Panorama Social de América Latina 2007", Cepal, noviembre 2007:9.

c/ Área urbana.

 

(*) La Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León A.C., propietaria de los derechos, autorizó la publicación de este documento cuyo texto original fue publicado en www.somecrimnl.es.tl

(1) Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores ("Reglas de Beijing"). En: Revista Ilanud, año 7 n.º 19, San José: junio 1986, pp. 50 y ss.

(2) Los resultados del estudio fueron publicados en un libro titulado "Justicia Juvenil en el Estado de México y análisis comparativo con los sistemas de tratamiento de menores de la República Mexicana", autoras Mireille Rocatti y Evangelina Lara, Toluca: 1996.

(3) El 5 de septiembre de 1996 entró en vigencia el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia de Honduras.

(4) El 1.º de mayo de 1995 entró en vigencia la nueva Ley del Menor Infractor de El Salvador.

(5) El 20 de enero de 1995 entró en vigor la nueva Ley de Prevención Social y Tratamiento de Menores del Estado de México.

(6) El 1.º de mayo de 1996 entró en vigencia la nueva Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica.

(7) Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, Panorama social de América Latina 2006. p. 90. ("Social Panoram of Latin America 2006"). United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean.

(8) Resolución 44/25 de la Asamblea General, del 20 de noviembre de 1989.

(9) Resolución 45/112 de la Asamblea General, del 14 de diciembre de 1990.

(10) Cepal "Panorama social de América Latina 2007". 194.400.000 personas la cifra absoluta de pobres a la fecha del informe.

(11) Ver los informes anuales sociales de Cepal desde 1980 en adelante.