>>La ‘societas unius personae’. Ambicioso proyecto de la Unión Europea en ‘stand by’<<

Revista Nº 57 Oct. - Dic. 2017

por Linda Navarro Matamoros

I. Introducción

Aproximación al panorama existente 

El progresivo interés por el cambio y la renovación del Derecho societario con el fin de adaptarlo a la efectiva práctica societaria ha sido y sigue siendo mucho más evidente. También es una las preocupaciones de los ordenamientos, no solo en la Unión Europea, sino también a nivel mundial. En este sentido, se han movilizado países de la Unión Europea, de América del Norte y Suramérica. Entre estos cabe destacar especialmente la experiencia de Colombia.

Ahora bien, dicha renovación caracterizada por una pretensión de flexibilización, simplificación y modernización, no siempre lograda, se traduce en la publicación de diversos informes y comunicaciones oficiales sobre la materia, sin perjuicio de una casi inabarcable contribución doctrinal. A la espera de reformas más globales del Derecho de sociedades en los últimos tiempos, es constatable el creciente interés de diversos ordenamientos por flexibilizar sus respectivos marcos societarios mediante la creación de nuevas figuras que permitan simplificar las reglas que rigen la vida social y el recurso a la autonomía de la voluntad de sus socios fundadores. Buena prueba de ello es la Sociedad por acciones simplificada (SAS), aplicada con gran efectividad en países como Francia y Colombia, tal como lo demuestra la práctica societaria(1). También son un claro ejemplo de este intento de flexibilización la pequeña sociedad por acciones alemana, la limited company inglesa, la sociedad de responsabilidad limitada simplificada italiana y la sociedad limitada nueva empresa española.

Lo mismo sucede en el ámbito de la Unión Europea: el “espíritu europeo” envuelve a todos los países que la conforman y deja su impronta no solo en la ya antigua creación de un mercado único; una no tan lejana adaptación de una moneda única, sino también en un sinfín de Reglamentos y Directivas que buscan armonizar los distintos ordenamientos y que encuentra su reflejo en el Derecho societario. Lo anterior, es pretendido a través de la creación de figuras como la Sociedad Anónima Europea, la Sociedad Privada Europea, la Cooperativa Europea(2), y la reciente Societas Unius Personae, que será objeto de estudio en el presente artículo. Al respecto, se hace eco de esa necesaria idea de unidad y proyecto en común iniciado ya hace más de medio siglo.

Este proceso de integración se ve condicionado a nivel mundial por la llamada globalización. Fenómeno al que viene asistiendo de un tiempo para acá la economía mundial y que se define como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales(3). Dicho proceso, que también tiene su reflejo en el ámbito societario(4), reclama el establecimiento de nuevas estructuras que permitan a las sociedades disfrutar de formas más flexibles y seguras de implantación en mercados exteriores, de acuerdo con sus intereses estratégicos y comerciales.

No obstante, a pesar de la escasa repercusión práctica de algunas de ellas, de sus dificultades y de que por sus características no puedan ser consideradas propiamente un ejemplo estricto de flexibilidad tipológica, es indudable que han supuesto un gran logro para el Derecho societario a nivel internacional, que esperamos se siga enriqueciendo con la aparición de nuevas figuras societarias como las que ahora nos ocupan.

II. Antecedentes a la ‘societas unius personae’ en el marco de la Unión Europea

La Societas Unius Personae (en adelante SUP) no es más que otro de los ejemplos claros de los incesantes intentos de unificación y flexibilización del Derecho societario en el ámbito de la Unión Europea, que se materializaron con la creación de la Sociedad Anónima Europea, la Cooperativa Europea y en el proyecto fallido de la Sociedad Privada Europea. Todos estos han venido a colmar el actual proyecto de SUP que nos ocupa en el presente estudio.

Como apuntábamos al inicio de nuestra exposición, la necesidad de adaptarse a los continuos cambios del escenario económico internacional se encuentra en la base de buena parte de las normas emanadas por la Unión Europea, casi siempre necesitadas de la colaboración de los Estados miembros para su implantación efectiva y para la integración de las empresas tanto en Europa como en el resto del mundo.

Entre las figuras de nueva implantación a las que aludíamos someramente dentro del ámbito comunitario, la Sociedad Anónima Europea goza de una larga tradición.

La Sociedad Anónima Europea, también llamada Societas Europaea o con las siglas latinas SE o SAE vio la luz(5) en el Consejo europeo de Niza celebrado los días 7 y 8 de diciembre de 2000, tras casi cincuenta años después de estudios y negociaciones. Como es bien sabido, en el transcurso del mismo, los Estados miembros de la Unión Europea acordaron la creación de un estatuto de SE que reforzara la eficacia del mercado interior, con el objetivo de armonizar el Derecho de sociedades y de ofrecer a estas nuevas posibilidades de realizar operaciones transfronterizas(6) con mayor simplicidad, eficacia y seguridad jurídica. La SE permitiría a las sociedades que operasen desde diversos Estados miembros de la Unión Europea crear una sola entidad jurídica y evitar, de este modo, la multiplicidad de filiales sometidas a la legislación de cada Estado miembro.

No obstante y a pesar de que la SE fue inmediatamente consagrada por un reglamento y una directiva comunitarias, para su válida constitución estos debían ser traspuestos y completados por medios técnicos propios de cada Estado miembro. De este modo, en junio del año 2004, apenas una decena de los veinticinco países que conformaban la Unión Europea(7) habían adaptado su legislación a los textos relativos a la SE cuya entrada en vigor estaba fijada para el 8 de octubre de ese mismo año. En concreto, en España se llevó a cabo mediante la Ley 19 de 2005 de 14 de noviembre(8) sobre SE domiciliada en España y, posteriormente mediante RD 659 de 2007 del 25 de mayo, por el que se modificó el RRM, cuyo objeto a este respecto no fue otro que la adaptación de este registro a la ley previamente citada. Además, su incorporación dentro del título XIII de la Ley de Sociedades de Capital en el año 2010 supuso, sin duda, un gran avance para el Derecho societario español.

En la situación actual del Derecho societario europeo, en el que las fusiones transfronterizas de sociedades mercantiles y los traslados transfronterizos del domicilio social están a la orden del día, pero se topan con dificultades considerables, que en ocasiones les impiden materializarse, la aparición y regulación de la SAE resulta una fórmula muy atractiva para empresas que decidan llevar a cabo su actividad en más de un Estado miembro.

La SAE facilita el ejercicio del derecho de establecimiento y la movilidad de las actividades económicas en el marco del mercado europeo, favorece las reestructuraciones societarias transfronterizas, reduce los costes de administración en los grupos de sociedades transnacionales e incrementa la seguridad jurídica gracias al sometimiento de todas las SAE a un conjunto de reglas societarias uniforme.

No obstante, el primer obstáculo con el que se encuentra esta figura es su propia regulación, sujeta tanto a las reglas comunitarias como a las propias de cada Estado miembro, esto merma el juego efectivo de la flexibilización.

Esta situación, dada la disparidad y divergencia de normas aplicables en cada Estado, puede frenar la voluntad de las sociedades de transferir su domicilio social, lo que implicaría a priori llevar a cabo un profundo estudio del Derecho de sociedades del Estado en cuestión.

A pesar de que sus comienzos no resultaron fáciles, debemos esperar que las ventajas ofrecidas por la SAE motiven a los Estados miembros a organizar y coordinar e incluso modificar sus legislaciones de acuerdo a los parámetros establecidos por el Derecho comunitario, de modo que en breve podamos asistir a un incipiente desarrollo de esta figura. Esto supone, sin duda, subir un peldaño más en este largo camino que queda por recorrer. Quizás, de este modo, la SAE pueda llegar a integrarse plenamente en la corriente de flexibilización societaria característica de nuestro tiempo. De hecho, su incorporación dentro de la Ley de Sociedades de Capital como texto legal que regula y agrupa toda la legislación vigente en materia de sociedades en Derecho español ha supuesto un gran avance al respecto.

Junto con la SAE, otras figuras como la Sociedad Cooperativa Europea(9) (SCE), o la Sociedad Privada Europea (SPE), con menor trayectoria, también se han convertido en figuras de especial consideración.

En este sentido, ya en el año 1992, la Comisión de la Unión Europea presentó una propuesta original de creación de Estatuto para la Sociedad Cooperativa Europea (ESCE), que fue modificada en 1993 a la vista de los dictámenes emitidos por el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social.

Con carácter general, las cooperativas que se identifican como agrupaciones de personas o entidades jurídicas que se agrupan voluntariamente para satisfacer sus aspiraciones y necesidades económicas, sociales y culturales comunes mediante una sociedad de propiedad colectiva y donde el poder se ejerce democráticamente, se rigen por principios de funcionamiento específicos, distintos de otros agentes económicos. Entre esos principios encontramos el de su estructura y gestión democrática y el de la distribución equitativa del beneficio neto del ejercicio financiero. Por otra parte, sus principios particulares se refieren al principio de primacía de la persona, el cual se refleja en disposiciones específicas relativas a las condiciones de adhesión, renuncia y exclusión de los socios.

Tomando como base los textos citados previamente, el 22 de julio del 2003 el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento 1435 de 2003 relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea. La SCE se rige, según el artículo 8º del ESCE, en primer lugar, por lo dispuesto en el Reglamento 1435 de 2003 relativo al ESCE; y, en segundo lugar, cuando el ESCE lo autorice expresamente por los estatutos de la SCE.

Ahora bien, respecto de las materias no reguladas por el Reglamento 1435 de 2003, o si este solo las regula en parte, en relación con los aspectos no cubiertos por este Reglamento, en primer lugar, se aplicará la legislación que adopten los Estados miembros en aplicación de medidas comunitarias que se refieran específicamente a las SCE; en segundo lugar, se aplicará la legislación de los estados miembros que fuese de aplicación a una sociedad cooperativa constituida con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social. Por último, se aplicarían las disposiciones de los estatutos en las mismas condiciones que rigen para las sociedades cooperativas constituidas con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio social.

Ahora bien, en todo caso, si las leyes nacionales dispusieran reglas o restricciones específicas relacionadas con el carácter de la actividad que realice una SCE, o mecanismos de control a cargo de una autoridad supervisora, dichas leyes serán plenamente aplicables a la SCE.

De la misma manera como tras largos años de estudios y propuestas por fin se llegó a adoptar un estatuto sobre la SAE y la SCE, con independencia del éxito alcanzado en la práctica, se debatió durante un tiempo la posibilidad de establecer un tipo societario de Derecho europeo especialmente concebido para las pequeñas y medianas empresas (las llamadas pyme)(10). Esta figura permitiría completar el repertorio de figuras societarias reguladas con carácter uniforme por el Derecho de la Unión Europea, en beneficio de las empresas de menor dimensión.

Si la SAE se configuraba como una forma jurídica idónea para las grandes empresas, facilitando su integración transfronteriza, y la sociedad cooperativa europea pretendía idéntico fin con las empresas de naturaleza mutualista, la nueva figura vendría a ser un remedio, a escala europea, de la clásica sociedad de responsabilidad limitada. Su finalidad consistiría en hacer posible la integración de las pequeñas y medianas empresas en el marco europeo con un régimen jurídico uniforme, tanto desde una perspectiva transfronteriza como en el marco particular de los Estados miembros (el conocido fenómeno de las start ups).

A pesar de que el interés tanto de juristas y estudiosos como de las autoridades europeas se ha centrado durante décadas en la figura de las grandes empresas, no hay que olvidar que las pyme son creadoras importantes de empleo y constituyen el motor de una gran parte de la economía(11).

A este respecto y tras la adopción de la llamada “Carta Europea de la pequeña empresa”(12) por parte del Consejo Europeo, celebrado en Santa María de Feira (Portugal) los días 19 y 20 de mayo de 2000, son numerosas las iniciativas que se pronunciaban a favor de la creación formal de la llamada Sociedad Privada Europea (en adelante SPE). En este sentido, en el año 2001, la Comisión Europea encargó un informe a un grupo de expertos en Derecho de sociedades sobre las prioridades clave para la modernización del Derecho de sociedades, entre las que se incluía la posible necesidad de adopción de nuevas formas jurídicas, como la figura de la SPE. No obstante, uno de los documentos fundamentales y de mayor utilidad adoptados al respecto fue el Dictamen del Comité Económico y Social sobre “El acceso de las pyme a un estatuto de Derecho europeo” de 26 de abril de 2001(13). El citado informe sin duda resultó de un gran valor y fue tomado como base para numerosas iniciativas, debates y recomendaciones que se manifestaban a favor de la adopción de dicha figura cuyo objetivo primordial sería facilitar a las pymes europeas el ejercicio de actividades transnacionales a través de una forma jurídica comunitaria idéntica en todos los Estados miembros.

El Parlamento Europeo dictó a este respecto una resolución en cuyo anexo se establecieron una serie de recomendaciones detalladas sobre el posible contenido del Estatuto de la SPE(14). En concreto, fueron once las recomendaciones dictadas, la primera de las cuales aludía con carácter general al Derecho comunitario como base para la forma de la empresa, esta, a su vez, consideró que el Estatuto de la SPE debería contener, en la medida de lo posible, un mayor número de disposiciones de Derecho comunitario que de Derecho nacional, pudiendo incluso llegar a prescindir, si era posible, de estas últimas. Frente a esa primera recomendación las siguientes se referían a aspectos más concretos de la SPE.

Aunque la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprobaba el Estatuto de la SPE suscitó un gran interés tanto entre el sector doctrinal como en el empresarial, no se consiguió el acuerdo necesario para seguir adelante con su tramitación en las instituciones europeas, en particular, sobre las dudas que suscitaba la escasez de la regulación, de un lado, y ciertas soluciones establecidas en el proyecto, de otro.

No obstante, y aunque no han faltado en los años siguientes varios intentos de seguir adelante con el proyecto, no se ha logrado una mínima posición común alrededor de lo que podría ser la regulación básica de esta figura.

De hecho, un nutrido grupo de juristas europeos(15) decidieron no abandonar el tema y se encargaron de repasar los diferentes aspectos de la propuesta del 2008, para ello completaron su análisis con los datos y las novedades legislativas propias del transcurso del tiempo que pudieran afectar a la SPE. Nos encontramos, por lo tanto, en un escenario incierto que la persistencia de la crisis no ha hecho sino agudizar.

Ante este panorama y ante la falta de acuerdo sobre algunos de los difíciles problemas a que se enfrentó la figura en su diseño por la Comisión, como por ejemplo: la exigencia o no de dimensión transfronteriza, el criterio de elección del domicilio social, el capital social mínimo y los derechos de participación de los trabajadores propiciaron que se llevara a cabo la retirada de la Propuesta en octubre del 2013. En su lugar, la Comisión presentó un año después una nueva iniciativa cuya principal propuesta fue la adopción de la figura de la Societas Unius Personae.

III. La propuesta de ‘societas unius personae

1. Antecedentes históricos y repercusión de la unipersonalidad en el ámbito de la Unión Europea

La primera vez que se planteó la idea de limitar la responsabilidad del empresario individual, buscando una solución legislativa a dicho problema, fue en la Universidad de Ginebra. Dicha iniciativa fue encabezada por el jurista Paul Carry.

Siguiendo sus pesquisas, otro jurista, Pisko, intentó delimitar un modelo legislativo que permitiera la responsabilidad limitada de un solo socio. El autor consideraba que “el derecho debería ponerse de acuerdo con la realidad, único remedio para la seriedad de su función”(16). Pisko mostró especial interés en aquellas normas dirigidas a asegurar el patrimonio de la empresa individual(17).

No obstante, su reconocimiento legal fue fruto de un largo proceso. Sus orígenes se sitúan en el ordenamiento jurídico alemán donde se produjeron las primeras iniciativas para dar cobertura legal a la empresa individual con responsabilidad limitada, siendo finalmente Liechtenstein, el primer país que introdujo a través de la reforma de su Código Civil en 1926 la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada. Pero el verdadero arranque de este proceso debe ser situado en la segunda mitad del siglo XX cuando empieza a admitirse la personalidad originaria en el supuesto de que el fundador fuera un ente público, adoptando, generalmente, la forma de sociedad anónima. También se reconoce paulatinamente la unipersonalidad sobrevenida donde los ordenamientos de influencia germana la admitieron sin restricciones(18).

Si nos trasladamos al panorama actual y en concreto a nuestro ámbito nacional, la repercusión de la figura del emprendedor y la regulación llevada a cabo por nuestro legislador con la Ley 14 de 2013, de apoyo a los emprendedores y su internalización, parece una verdadera innovación en Derecho mercantil(19), sin embargo esta figura y su similar regulación ya existe desde hace años en algunos de nuestros países vecinos.

En este sentido y como muchas otras veces, vuelven a ser pioneros en esta cuestión, Alemania, Francia, Bélgica y también Portugal(20).

Pero también fuera de las fronteras de Europa, muchos otros países han legislado sobre esta cuestión, buena prueba de ello son Colombia, Chile(21), Paraguay(22), Perú(23) y como no, Estados Unidos, exponente, como es bien sabido, en lo que a flexibilización societaria se refiere.

2. Aproximación a la figura de la ‘Societas Unius Personae

El 9 de abril de 2014 la Comisión Europea presentó una Propuesta de Directiva sobre la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, cuya figura más destacada es la llamada Societas Unius Personae (en adelante SUP).

Hace aproximadamente diez años se intentó avanzar en este terreno con la “Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Privada Europea” (SPE) —al que hacíamos alusión en el epígrafe III—. Dicho modelo se presentaba como un nuevo “tipo comunitario” de sociedad, pero en el fondo la SPE era una alternativa a la armonización tradicional. La falta de acuerdo sobre alguno de los difíciles problemas a que se enfrentó la figura en su diseño por la Comisión la llevó a retirar su Propuesta en octubre de 2013 y, en su lugar, la Comisión presentó la nueva iniciativa SUP que, como la de la SPE, responde a la tendencia de implantación del nuevo paradigma para el derecho de sociedades de capital de configuración personalista, tomando ahora como referencia el supuesto de hecho de la sociedad unipersonal.

Los principales fines perseguidos por dicha figura son: la simplificación administrativa en la creación de empresas, la apertura a la electronificación del proceso de fundación de la sociedad, la revisión de la función del capital social, la libre elección del domicilio social registral, la flexibilización del funcionamiento y las nuevas vías para la tutela de los acreedores reforzando la responsabilidad de los administradores(24).

La SUP pretende, principalmente, facilitar a las pyme el ejercicio de actividades transfronterizas; pero no se limita el ámbito de aplicación a las sociedades unipersonales que tengan dimensión transfronteriza, sino que se aplicará también a las que desarrollen su actividad en un ámbito nacional.

Además, no se limita a modernizar la vigente duodécima directiva sobre sociedades unipersonales (Directiva 2009/102/CE), sino que implanta un nuevo subtipo de sociedad unipersonal con normas comunes en la constitución y en los principales rasgos de su estructura financiera y orgánica.

Aunque comparte la misma finalidad que la SPE analizada en el epígrafe III del presente capítulo, la propuesta de SUP se aleja de la ambición de crear una sociedad europea transnacional a través de un reglamento.

Con esta figura que proyecta una nueva sociedad unipersonal coexistirán las sociedades unipersonales nacionales con un régimen especial armonizado a nivel comunitario en materia de régimen de constitución, domicilio social, capital mínimo.

A diferencia de la fallida propuesta de SPE, la propuesta de SUP no pretende crear un tipo de sociedad europea, sino que tiene por objeto un nuevo tipo armonizado de sociedades nacionales unipersonales de responsabilidad limitada. Cuando se adopte la propuesta de referencia, quedará derogada la Directiva 2009/102/CE y se modificará el Reglamento 1024 de 2012 para permitir la utilización del sistema de información del mercado.

La SUP cumple con una importante función para los pequeños empresarios (pyme y autónomos) que quieren limitar su responsabilidad y liberarse de costosas cargas administrativas, sin desconocer que se pretende, principalmente, facilitar a las pyme el ejercicio de actividades transfronterizas.

Se trata de un tipo de sociedad “sencilla y barata” que facilitará que sean los propios empresarios los que puedan darse a sí mismos “la segunda oportunidad”, permitiendo la rápida constitución de sociedades tras un fracaso(25).

3. Principales aspectos de funcionamiento y organizativos de la ‘Societas Unius Personae

El artículo 13 de la Propuesta limita los documentos o la información que pueden exigirse para registrar una SUP. Dichos documentos son los siguientes:

• Denominación;

• Dirección de la sede social, de la administración central o del centro de actividad principal de la SUP;

• Objeto;

• Nombre, dirección y cualesquiera otros datos necesarios para identificar al miembro fundador y, en su caso, al beneficiario efectivo y al representante que registre la SUP en nombre del socio;

• Nombre, dirección y cualesquiera otros datos necesarios para identificar a las personas autorizadas a representar a las SUP en relaciones con terceros;

• Capital social;

• Valor nominal de la participación única, cuando proceda;

• Escritura de constitución;

• En su caso, la decisión por la que se autoriza la transformación de la sociedad en SUP;

Además, aclara que la “escritura” a la que se refiere es “un modelo que deberá utilizarse para la inscripción de la SUP en los registros mercantiles de los Estados miembros” y que será “editado” por la Comisión Europea. El proceso de inscripción debe poder realizarse íntegramente de modo electrónico y en tres días.

En este sentido:

• Los Estados miembros velarán por que el procedimiento de registro para las SUP recién constituidas pueda ser cumplimentado por vía electrónica, sin que sea necesario que el socio fundador comparezca ante una autoridad del Estado miembro de registro (registro en línea).

• Los sitios web de registro nacional en línea deberán incluir enlaces a los sitios web de registro de otros Estados miembros.

• Los Estados miembros velarán por que los siguientes modelos se utilicen para el registro en línea: el modelo uniforme de escritura de constitución mencionado en el artículo 11 y el modelo de registro a que se refiere el artículo 13.

• Los Estados miembros podrán establecer normas para verificar la identidad del socio fundador y de cualquier otra persona que realice el registro en su nombre, y la admisibilidad de los documentos y demás información presentados al órgano de registro.

• Cualquier identificación expedida en otro Estado miembro por las autoridades de dicho Estado o en su nombre, incluida la identificación expedida por vía electrónica será reconocida y aceptada a efectos de verificación por el Estado miembro de registro.

En cuanto al régimen jurídico, señalando como premisa que tanto una SUP, como una SAU o una SLU pueden ser socios únicos de una SUP, y que el socio único no responde de las deudas sociales, el otro gran contenido de la Propuesta se refiere al capital social. Se elimina prácticamente el capital social tanto en términos de aportación, como en términos de retención, sustituyéndose la protección de los acreedores por un test de solvencia (y un test de balance), previo al reparto de beneficios.

En este sentido se establece que:

• El capital social sea de al menos 1 EUR.

• Los Estados miembros no deben imponer ningún límite máximo sobre el valor de la acción única o el capital desembolsado, y no deben exigir a las SUP que creen reservas legales. No obstante, la Directiva permite a las SUP crear reservas voluntarias (art. 16).

• Las distribuciones encubiertas son lícitas: “las distribuciones podrán adoptar la forma de dividendos y llevarse a cabo a través de la adquisición o venta de bienes o por cualquier otro medio”.

• El reparto de beneficios es posible si la SUP supera la prueba del balance y se demuestra que, tras el reparto, los activos que quedan en la SUP serán suficientes para que la sociedad cubra totalmente su pasivo.

• Además, antes de llevar a cabo cualquier distribución de beneficios el órgano de administración ha de facilitar al socio único una declaración de solvencia.

En cuanto a su organización interna, el socio único actúa mediante la redacción de un “acta de socio único” y “la Directiva autoriza al socio único a dar instrucciones al órgano de administración”(26).

4. Perspectivas de futuro de la ‘Societas Unius Personae

Desde la publicación de la propuesta de directiva no han dejado de sucederse numerosas críticas provenientes desde distintos sectores que, quizás, hayan sido el origen de que su tramitación en estos momentos se encuentre paralizada.

Dichas críticas se centran en argüir como argumento principal que esta iniciativa legislativa no responde a una demanda del mundo empresarial. En este sentido se alega que ninguna de las asociaciones que representan los intereses de las pequeñas y medianas empresas en la Unión Europea, que serían en todo caso las beneficiarias directas de la propuesta, reclamaron en su momento, ni mostraron su satisfacción al publicarse. Al contrario, el Comité Económico y Social Europeo emitió un informe sumamente crítico.

El Proyecto también fue rechazado por la segunda de las Asociaciones patronales de Alemania, la de la construcción. Los empresarios alemanes de este sector temen que el nuevo instrumento europeo facilite la competencia desleal por la vía de la sustitución de los contratos de trabajo por arrendamientos de obra o de servicios con sociedades unipersonales, en fraude de las normas del Derecho laboral. Además, Asociaciones de abogados como la CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) criticaban en su momento que en realidad esta Directiva beneficiaría principalmente a grandes grupos multinacionales que, constituyendo por esta vía filiales en los diversos países de la Unión Europea, les permitiría mantener una estructura sencilla, con una pequeña inversión, y con la facilidad de separar los lugares de toma de decisiones con las sedes de las diversas filiales.

Incluso, algún colectivo de Notarios como CNUE Notaries of Europe, pedían que se revisase el texto de la directiva y aducían al respecto que la adopción de estas medidas podía suponer una brecha en detrimento de la protección jurídica y financiera de los acreedores, consumidores y en general de la economía europea. Criticaban al respecto, que con la creación on-line de una SUP la misma pudiera empezar a operar en todos los países de la Unión Europea con un simple correo electrónico que permitiría que la entidad fuese inscribible en todos los Registros Mercantiles de los países en los que quisiera actuar, sin más requisitos. Esto fomentaría, según sus alegatos, el anonimato en las estructuras de las sociedades nacionales o trasnacionales e incluso dificultaría la posibilidad de control de legalidad de los registros mercantiles(27).

El origen de esta propuesta de directiva se sitúa en el precedente fracaso experimentado por el Proyecto de Reglamento de la Sociedad Privada Europea al que hacíamos alusión en el epígrafe anterior. Este, claro sucesor del anterior, puede considerarse como una opción de política legislativa de la Comisión, tendente a implantar un nuevo paradigma para el Derecho de sociedades de capital, más próximo a la concepción jurídica anglosajona que a la germánica hasta ahora predominante(28).

Además, el proyecto presenta un carácter marcadamente “experimental” para buena parte de los Estados miembros, al prever normas enteramente ajenas a sus ordenamientos jurídicos(29).

En este sentido y de acuerdo con los argumentos expuestos, algunos países entre los que se encuentra España, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría y Suecia, rechazaron en su día el Proyecto en el Consejo de la UE. Este rechazo pudo, en su momento, formar una minoría de bloqueo que fuera el origen de la paralización del mismo hasta que se valorara la introducción de modificaciones sustanciales e importantes.

Por todo ello, para que dicho proyecto pueda ver la luz, será necesario que se avance en la tramitación de la propuesta. Aunque la Comisión esperaba que la directiva entrase en vigor en 2015, queda un largo camino por recorrer para que la propuesta (con o sin variaciones sustanciales) sea una realidad.

En alguna de las reuniones del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo se retomó el asunto, pero tras ser alabada por parte de los consejeros y criticada por otros tantos, se hizo un llamamiento a evitar aproximarse a la propuesta de forma negativa y para ello se proponía “discutirla con calma y sin excesiva prisa” (según consta en el acta de la citada reunión)(30).

VI. Conclusión

A la luz del análisis llevado a cabo en el presente estudio, podemos afirmar que el proceso de reforma en que se ha visto inmerso no solo el Derecho de la Unión Europea, sino también a nivel mundial, está dando sus frutos en el ámbito societario.

Sin entrar a valorar la escasa repercusión práctica experimentada hasta la fecha por la figura analizada, que se plantea como un simple Proyecto, lo que resulta indudable es el gran acierto que ha supuesto su aparición, a pesar de las múltiples críticas suscitadas de las que nos hemos hecho eco.

Nos encontramos en un momento donde el Derecho europeo de sociedades y más concretamente los Derechos nacionales (buena prueba de ello la encontramos en el Derecho español y ni qué decir del Derecho societario colombiano, que ha logrado ponerse a la cabeza en lo que a flexibilización societaria se refiere, con la acertada adopción de la SAS), están experimentando un impulso importante en ese necesario proceso de reforma y adecuación del Derecho societario a la práctica efectiva.

La promulgación de diversas normas han buscado con mayor o menor acierto, y sobre la base del difícil periodo de crisis económica en el que nos hemos visto inmersos, acercar el Derecho mercantil a la realidad práctica de nuestros días, buena prueba de ello es la propuesta de directiva sobre la SUP objeto de estudio. Dicha propuesta, como ya apuntábamos, parece resultar una alternativa a la aparcada propuesta de SPE, partiendo de la base del importante papel que desempeñan las pymes europeas en el fortalecimiento de la economía de la Unión Europea.

Infortunadamente, las figuras societarias analizadas a lo largo del presente capítulo, y especialmente la SUP siguen enfrentándose a una serie de barreras que obstaculizan su pleno desarrollo en el mercado interior y que, en consecuencia, les impide aportar todo su potencial a la economía de la Unión Europea.

No obstante, en este incipiente camino queda todavía mucho trayecto por recorrer, sería quizás la ocasión perfecta para plantearse una reforma más a fondo que permitiera culminar esta ardua tarea tan acertadamente iniciada, dando lugar a la codificación de un “moderno Derecho de sociedades”.

A este respecto habría que retomar iniciativas o plantear otras nuevas que permitieran sustituir o cuanto menos modificar determinados textos normativos cuya aplicación resulta en ocasiones obsoleta o inadecuada con la realidad empresarial de nuestros días.

Nuestro Derecho necesita de una profunda revisión. Aboguemos, pues, por esa necesaria reforma que esperamos no se haga esperar y que nos permita disfrutar de un Derecho societario más acorde a la realidad social y a la práctica empresarial actual.

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1 Véase al respecto Esteban Velasco, G. (1994) “La nueva sociedad por acciones simplificada del Derecho francés: un instrumento de cooperación interempresarial y una manifestación a la desregulación y contractualización del Derecho de sociedades de capital”, Revista de Derecho de Sociedades, n.º 2, pp. 431 y ss.; Navarro Matamoros, L. (2009) La libertad contractual y flexibilidad tipológica en el moderno Derecho europeo de sociedades: la SAS francesa y su incidencia en el Derecho español, Comares, Granada, pp. 129 y ss.; del mismo autor, (2011) “Tendencias del Derecho societario actual”. En: AA. VV., Derecho de sociedades y concurso. Cuestiones de actualidad en un entorno de crisis, (dir. Vítolo, D., Embid Irujo, J. M., y León Sanz, F. J.), Granada: Comares, pp. 25, 30 y 31. Véase también, Salgado Salgado, M. B. (2001) “La société par actions simplifiée: la estructura más flexible del Derecho de sociedades francés”, RDM, n.º 241, Madrid: pp. 1515 y ss.

2 Véase al respecto, Alfonso Sánchez, R. (2008) La sociedad cooperativa europea, Cizur Menor: Thomson- Aranzadi.

3 Definición extraída del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésimo segunda edición, Madrid, 2001. No obstante son muchas las definiciones atribuidas a este término criticado por algunos autores y tachado por otros de exclusivamente economicista. En este sentido, el profesor Beck al hablar de globalización dice que “es la palabra, es el eslogan, la consigna peor empleada, menos definida, más nebulosa…”, véase al respecto, Beck, U. (1998) ¿Qué es la globalización?: falacias del globalismo, respuestas a la globalización, Barcelona: Paidós, p. 40. Otros autores como Giddens, que divulgó el empleo de dicho término, se refiere a este fenómeno como un proceso de interdependencia en términos más generales que los estrictamente económicos, a este respecto establece que “la globalización está reestructurando nuestros modos de vivir, y de forma muy profunda”, en este sentido, Giddens, A. (2000) Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, Madrid: Taurus, p. 15, traducción española del original Runaway World, Profile books, Londres, 1999, llevada a cabo por Cifuentes, P.

4 Podemos afirmar esta idea con base en las precisiones que al respecto de la globalización lleva a cabo Mercado Pacheco, P., “El Estado comercial abierto. La forma de gobierno de una economía desterritorializada”. En: AA. VV. (1999) Transformaciones del Derecho en la mundialización (coord. Capella Hernández, J. R.), Madrid: CGPJ, p. 152, al establecer que “la mundialización de la economía es, al mismo tiempo, la mercantilización del mundo”. A este respecto también nos sirven las consideraciones de la doctrina mercantilista pendiente desde los inicios de esta realidad, sobre la base de la cual se sustentan antiguas disputas privatistas, en especial en torno a la recurrente cuestión de unificación del Derecho privado. En este sentido, Bercovitz-Cano, A. (1976) En torno a la unificación del Derecho privado, Estudios jurídicos en homenaje al profesor Federico de Castro, Madrid: I, pp. 151 y ss.; también en este sentido aunque con distintos argumentos Vicent Chuliá, F. (1999) “La unificación del Derecho de obligaciones”, R.D.Patr., n.º 2, pp. 21 y ss.; así como, Beltrán Sánchez, E. (1995) La unificación del Derecho privado, Madrid: Colegios Notariales de España, pp. 53 y ss. Del mismo modo, resultan de interés las consideraciones de Kübler, F. (2001) Derecho de sociedades, Madrid: Fundación cultural del notariado, 5ª ed., pp. 54 y ss.

5 Recordemos que ya en el año 1959 el profesor Pieter Sanders en un discurso pronunciado el 22 de octubre en el Instituto Superior de Ciencias Económicas de la Universidad de Rótterdam (“Vers une société anonyme européenne?”, RS, 1959, pp. 1163 y ss.) propuso elaborar un régimen jurídico propio para la SE. Esta propuesta de Sanders (sobre la que ya se había apuntado algo en el Consejo de Europa en el año 1957), fue destacada nuevamente en el 57º Congreso de Notarios de Francia celebrado en Tours ese mismo año y fue acogida en la propuesta inicial de estatuto de la sociedad anónima europea formulada por la Comisión de las Comunidades Europeas (CEE) en 1970. Esta propuesta del profesor Sanders era una propuesta muy ambiciosa. Se trataba de configurar un nuevo tipo societario de carácter europeo, con un régimen jurídico propio, completo y unificado. Véase al respecto, Velasco San Pedro, L. A. (2004) “Características generales de la sociedad europea. Fuentes de regulación. Capital y denominación”. En: AA. VV. La sociedad anónima europea. Régimen jurídico societario, laboral y fiscal, (dir. Esteban Velasco, G. y Fernández del Pozo, L.), Madrid: Marcial Pons, cit., pp. 58-59; así como, Mertens de Wilmars, F. (2005) “La sociedad anónima europea”. En: El papel de la jurisprudencia del TJCE en la armonización del Derecho europeo. Situación y perspectiva tras cincuenta años, Valencia: Universitat de Valencia, pp. 334. No obstante, ni esa, ni posteriores versiones del estatuto llegaron a prosperar, hasta el año 2001, tal como analizaremos seguidamente. En este sentido resulta de gran interés el trabajo del profesor Martínez-Echevarría y García de Dueñas, A. (2004) La sociedad europea: un régimen fragmentario con intención armonizadora, Madrid: Serie de documentos de trabajo del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, n.º 2, del que se han extraído los datos previamente citados. Del mismo modo véase, Quijano González, J. (2002) “La sociedad anónima europea”. En: Derecho de sociedades: libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero, vol. IV, Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España, pp. 4287; así como, Fernández de la Gándara, L., “El reglamento de la sociedad europea en el marco del Derecho comunitario de sociedades: consideraciones de política y técnica jurídica”. En: AA. VV. La sociedad anónima europea…, cit., pp. 19 y ss.; García Riestra, M. (2002) “La sociedad anónima europea”, Madrid: Serie de documentos de trabajo del Instituto de estudios europeos, n.º 4, pp. 7-16; Teichman, C., “La Societas Europaea (SE) entre el Derecho nacional…”, cit., pp. 111.

6 La grandes operaciones iniciadas por ejemplo entre Rhône Poulenc y Hoechst para la creación del grupo Aventis, entre Air- France y KLM, entre Vodafone y Mannesmann y el nacimiento de Euronext, o del grupo EADS que es el resultado del acercamiento entre sociedades francesa, alemana y española, pusieron de manifiesto las dificultades existentes al respecto y la necesidad de disponer de una figura como la SE.

7 En concreto solo once: Alemania que fue en origen uno de los más reticentes, Austria, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Hungría, Eslovaquia, Malta, Islandia y Suecia.

8 Publicada en el BOE el 15 de noviembre de 2005.

9 Véase al respecto, Alfonso Sánchez, R., La sociedad cooperativa…, cit.

10 Véase al respecto Hommelhoff, P. (2008) “Die Europäische Privatgesellschaft am beginn ihrer normierung”, Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Zentrum für europäisches wirtschaftsrecht, n.º 163.

11 En este sentido, véase el llamado Informe Mayer, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior por Hans-Peter Mayer, sobre el proyecto de reglamento del Consejo por el que se aprueba el estatuto de la SE (14886/2000- C5-0092/2001- 1989/0218 (CNS)), nueva consulta (A5-0243/2001), con fecha 26 de junio de 2001.

12 Esta Carta es un instrumento de carácter no vinculante por el que los Estados miembros se comprometen a emprender acciones de apoyo a favor de las pequeñas empresas. En este sentido, cada año los Estados miembros elaboran a partir de un cuestionario que remite la Comisión Europea, su propio informe de ejecución de la Carta. La Comisión, realiza un informe-síntesis, en el que se recogen los avances más positivos que se vienen desarrollando y las líneas de futuro.

13 (2002/C 125/19). D.O. n.º C125 de 27 de mayo de 2002, págs. 100 a 104.

14 Véase en este sentido, anexo de la Resolución del Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el Estatuto de la Sociedad Privada Europea (2006/2013 (INI)).

15 Heribert, H. y Teichmann, C. (2013) The European Private Company - Societas Privata Europaea (SPE), Berlín: De Gruyter.

16 Grisoli, A. (1976) “Las sociedades con un solo socio”, Madrid: Revista de Derecho Privado, p. 63.

17 Véase en este sentido, López y Porras, J. G. (2010) “Sociedades unipersonales”, México: Publicaciones DeForest, p. 2.

18 Carbajo Cascón. F. (2002) La sociedad de capital unipersonal, Pamplona: Ed. Aranzadi, pp. 50 y ss.

19 Véase, González Fernández, M. B. (2004) La sociedad unipersonal en el Derecho español (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad limitada nueva empresa), Madrid: La Ley, p. 72.

20 Véase en este sentido, Pastor Sempere, C., “¿Hacia un nuevo paradigma en la limitación de la responsabilidad del empresario individual?”, Liber Amicorum prof. Luis Fernández de la Gándara (próxima publicación). Sobre el estado de armonización al respecto del Derecho europeo, Alonso Ureba, A., “La 12ª directiva comunitaria en materia de sociedades relativa a la sociedad de capital unipersonal y su incidencia en el Derecho, doctrina y jurisprudencia española, con particular consideración en la RDGRN de 21 de junio de 1990”. En: AA. VV. (1991) Derecho mercantil de la CEE (estudios en homenaje a José Girón Tena), Madrid: Civitas, pp. 66 y ss. Dicho estudio recoge un interesante análisis del contenido de la Ley danesa 371, de 13 de junio de 1973; sobre la GMBH-Nouvelle alemana, de 4 de julio de 1980; la Ley francesa 85-697, de 11 de julio de 1985 sobre Enterprise unipersonelle à responsabilicé limitée; el Decreto-Ley portugués 248, de 25 de agosto de 1986 sobre establecimiento individual de responsabilidad limitada; y, la Ley belga, de 14 de julio de 1987, que introduce la societée privée à responsabilicé limitée d’une personne.

21 Ley 19.857 de 11 de febrero de 2003, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada.

22 Ley del Comerciante n.º 1034 de 1983, artículos 16 y siguientes.

23 Decreto-Ley 21.621, de 14 de septiembre de 1976, artículos 3º y 32. Incorporó originariamente dicho concepto a la legislación peruana.

24 Véase en este sentido, Esteban Velasco, G. (2015) “La propuesta de directiva sobre la “Societas Unius Personae” (SUP): las cuestiones más polémicas”, Revista El Notario del siglo XXI, Colegio Notarial de Madrid, 27 de marzo.

25 Véase en este sentido, Pastor Sempere, C., “¿Hacia un nuevo paradigma en la limitación de la responsabilidad del empresario, cit.

26 Véase en este sentido de forma íntegra las interesantes consideraciones de Alfaro Águila-Real, J. (2014) “Societas Unius Personae”, Blog Derecho Mercantil, 27 de mayo.

27 Véase en este sentido, Alonso Ortiz, Y. (2015) “Societas Unius Personae… ¿para cuándo?”, Murcia: Economía. Nacional, 18 de marzo.

28 En este sentido se pronuncia de forma muy acertada, Esteban Velasco, G. “La propuesta de directiva…, cit.

29 Véase en este sentido, Lucini Mateo, A. (2015) “El proyecto de directiva europea acerca de la sociedad limitada unipersonal: un proyecto polémico y un futuro incierto”, Revista El Notario del siglo XXI, Colegio Notarial de Madrid, 25 de mayo.

30 Véase en este sentido, Alonso Ortiz, Y. (2015) “Societas Unius…, cit.