La suspensión de la inscripción en el RUT

Revista Nº 167 Sep.-Oct. 2011

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista 

El promocionado mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN —previsto por el artículo 555-2 del estatuto tributario—, parece no haber cumplido su cometido, a juzgar por el contenido de una nueva reglamentación emanada del Gobierno Nacional, que justifica su expedición por considerar imprescindible contar con información actualizada, veraz, clasificada y confiable en el registro único tributario, RUT.

Se trata del Decreto 2645 del 27 de julio del 2011, que incluso ya fue objeto de modificación por parte del Decreto 2820 del 2011, mediante el cual se detallan los procedimientos relacionados con la formalización de la inscripción en el RUT, su actualización tanto de oficio como a petición de parte, así como la suspensión y la cancelación del mismo, entre otras disposiciones.

Con relación al procedimiento de formalización de la inscripción que en esta oportunidad se detalla con precisión, basta con señalar que aunque el propio reglamento insiste en la utilización por parte de la DIAN de la tecnología necesaria que permita garantizar la confiabilidad y seguridad en el trámite de inscripción en el RUT, pese a ello, se recurre a la exigencia de copia de un recibo de servicio público domiciliario (agua, luz, teléfono, gas, etc.) con exhibición del original, o del boletín de nomenclatura catastral del predio, o de la última declaración o recibo del impuesto predial pagado, como requisito tendiente a garantizar la veracidad de la información suministrada –sic–, aunque en honor a la verdad, el establecimiento de estos requisitos responde a la precisa autorización de reglamentación otorgada por el legislador para el efecto (E.T., art. 555-2).

Sin embargo, lo que llama la atención es la manera como se aborda el tema de la suspensión de la inscripción en el RUT, que se define como una medida cautelar mediante la cual la DIAN “… suprime temporalmente del Registro Único Tributario la inscripción de los obligados, cuando la información sobre identificación, ubicación o clasificación no sea confiable o por configurarse alguna de las causales previstas en el presente Decreto” (D.R. 2788/2004, art. 10-2). Los eventos previstos para este efecto tienen que ver con: i) la falta de presentación de las declaraciones por parte de los responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas, IVA, o de los agentes de retención, estando obligados a ello, durante un periodo superior a un año, o, en caso de contribuyentes del impuesto sobre la renta si no han cumplido su obligación formal durante los dos últimos años; ii) la devolución de comunicaciones, citaciones o notificaciones de actos administrativos enviados a la dirección informada en el RUT, por causales que no permitan la ubicación del inscrito, tales como dirección inexistente, incompleta, incorrecta o por desconocimiento o traslado del destinatario, o también que tales circunstancias hayan sido constatadas mediante visita por parte de la autoridad tributaria; iii) la constatación, mediante visitas o requerimientos por parte de la DIAN, de la falta de capacidad locativa o de infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad inscrita; iv) la cancelación de la personería jurídica por parte de autoridad competente; v) la declaratoria de proveedor o exportador ficticio, o que el exportador o su representante legal hayan sido sancionados judicialmente por exportaciones ficticias o de contrabando, y vi) la orden de autoridad competente.

Aunque a la decisión que se adopte en tal sentido se le denomine “medida cautelar” —cuya facultad de consagración solo incumbe al legislador—, no hay duda que es una actuación administrativa, cuya simple comunicación por cualquier medio al inscrito con el fin de que normalice su situación, tal como se anuncia, no parece tener la eficacia que pretende.

Esto es así, si se tiene en cuenta que ante la ausencia de regulación especial, deberá acudirse al procedimiento general señalado en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, para cuando se quiera iniciar una actuación administrativa de oficio, según el cual, es deber de la autoridad —previamente a adoptar la decisión— comunicarle al afectado sobre la existencia de la actuación y el objeto de esta, que, una vez culminada, a no dudarlo puede ser objeto de control en sede administrativa, mediante la interposición de los recursos de ley.

Así las cosas, la vía para implementar este mecanismo de control adicional no es el reglamento, sino que es necesario el ejercicio de la facultad de libre configuración normativa a cargo del legislador, máxime si se tiene en cuenta las graves consecuencias que ocasiona su declaratoria.

De manera que, más imaginación por parte de la autoridad tributaria al momento de ejercer las facultades de control señaladas en la ley, y menos improvisación del Gobierno Nacional cuando quiera que se traten de introducir mecanismos de control adicionales en el ordenamiento jurídico, que dependan para su implementación del cumplimiento del principio de legalidad.