La vigencia de la dirección procesal

Revista Nº 141 Mayo-Jun. 2007

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista 

Desde la implementación del Registro Único Tributario, RUT, como mecanismo único para la ubicación, en general, de todos los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN (E.T., art. 555-2), efectuada mediante la Ley 863 del 2003 y, más recientemente Ley 1111 de 2006, con la regulación tanto de la notificación por correo en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como de la notificación a los apoderados especiales, que limita su práctica, en ambos casos, a la última dirección informada en el RUT (E.T., art. 565), se ha suscitado la inquietud acerca de si se encuentra vigente o no la figura procedimental conocida como “dirección procesal”, que consiste en la posibilidad que tiene el administrado de informar la dirección a donde se le deben notificar las actuaciones oficiales que se profieran dentro del procedimiento administrativo en el cual se haya elegido esta opción.

Comoquiera que dicho mecanismo está consagrado en la legislación tributaria, aduanera y en la de cambios internacionales, debemos analizar cada caso, así:

a) En materia tributaria es preciso tener en cuenta que, si bien es cierto, la norma general contempla el RUT como mecanismo único de ubicación de los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, también lo es, que la posibilidad de informar dirección procesal está expresamente consagrada en una disposición de carácter legal (E.T., art. 564) que no ha sido derogada expresamente y que tampoco puede ser considerada insubsistente (derogación tácita) en virtud de que se trata de una disposición relativa a un asunto especial consignada en un artículo posterior del Estatuto Tributario, lo que la hace prevalecer sobre la previsión general, si nos atenemos a las reglas de aplicación previstas en el artículo 5º de la Ley 57 de 1887. Ahora bien, la restricción legal de exigir la notificación de las actuaciones tributarias a la dirección registrada en el RUT del apoderado, cuando quiera que se actué a través de mandatario, se refiere a la limitación en cuanto a la persona a la que se debe realizar la notificación (siempre al apoderado y en ningún caso al mandante) pero no a la manera de realizarla, que mantiene la regla general de acudir a la dirección registrada en el RUT como mecanismo de efectuar la notificación por correo de actos definitivos, e incluso de las citaciones. En consecuencia, la posibilidad de informar dirección procesal dentro de un procedimiento de determinación y discusión del tributo se encuentra vigente, así se actué a través de apoderado.

b) Otra cosa sucede frente a la notificación de las actuaciones aduaneras prevista en el Decreto 2685 de 1999, disposición expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades de regulación que le atribuye el numeral 25 del artículo 189 de la Carta. Con la consagración legal del RUT como mecanismo único de ubicación de los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, se beben entender derogadas tácitamente todas las disposiciones de menor jerarquía contenidas en este decreto referidas a la manera de ubicar estos sujetos, vale decir, el artículo 562 sobre dirección para notificaciones (que incluye la referencia a la dirección procesal) y la parte correspondiente del artículo 564 relacionado con la notificación personal; así como la regulación legal de la notificación por correo deroga tácitamente el artículo 567 de dicho régimen aduanero. En este caso no es posible acudir a las reglas de aplicación señaladas, por cuanto la eventual disposición especial que consagra la dirección procesal no está inmersa en una norma de igual categoría a la que contiene la previsión general, por lo que prevalece la jerarquía de la disposición de carácter legal y en consecuencia no está vigente la posibilidad de informar dirección procesal.

c) Tratándose de actuaciones cambiarias, la regulación de las notificaciones está prevista en el Decreto 1092 de 1996, disposición con fuerza de ley, producto del ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 223 de 1995. Así las cosas, la situación resulta muy similar a lo descrito en materia tributaria, sobre la base de que existe una norma especial de igual categoría que consagra la dirección procesal no solo para el investigado sino para su apoderado (D.L. 1092/96, art. 13), la cual se mantiene vigente, amén de que con la consagración del RUT y la regulación legal de la notificación por correo, resultan derogados tácitamente los artículos 12, 18 parcial y 15 ibídem.

Mientras la jurisprudencia constitucional siga permitiendo que coexistan las facultades de regulación en materia aduanera, cambiaria y de comercio exterior, entre el Gobierno Nacional y el legislador ordinario, nos veremos avocados a esta clase de contradicciones entre una y otra regulación.