Las causales de anulación en el arbitraje internacional no son las de la ley local. Tribunal uruguayo ratifica jurisprudencia

Revista Nº 7 Jul.-Dic. 2007

Héctor B. Viana 

1. Introducción.

El pasado 16 de mayo del 2007, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Séptimo Turno —con sede en Montevideo (Uruguay)— confirmó que al arbitraje internacional no se le aplican las causales de anulación previstas para el arbitraje interno de ese país. Esta sentencia, que siguió y confirmó el precedente judicial del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno(1) del año 2003, desestimó un recurso de nulidad interpuesto contra un laudo dictado en un arbitraje internacional con sede en Montevideo, administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional —en adelante, CCI—.

2. Los hechos.

SV Engenharia S/A —en adelante, SVE— promovió un recurso de nulidad contra un laudo dictado en un arbitraje internacional administrado por la CCI en Uruguay. El asunto que dio origen al laudo era de carácter internacional, pues las partes involucradas —dos brasileñas y una argentina— no se encontraban domiciliadas en Uruguay ni tenían bienes ni actuación en ese país. Además, el objeto del laudo que se impugnaba versaba sobre derechos recíprocos de las partes y la decisión se dictó mediante aplicación del derecho extranjero —en este caso, el argentino—.

En lo medular, SVE, la promotora del recurso, manifestó que el laudo debía anularse por haber incurrido en varias de las causales de nulidad previstas en el artículo 499 del Código General del Proceso uruguayo —en adelante, CGP—(2). Según su criterio, el laudo se trató sobre cuestiones que no integraban los puntos comprometidos, no se expidió sobre cuestiones que sí estaban involucradas y, además, el tribunal arbitral se rehusó a admitir la prueba solicitada.

Conferido el traslado de la demanda recursiva, Líneas de Transmisión del Litoral S.A. —en adelante, Litsa—, empresa argentina a cuyo favor se dictó el laudo impugnado, argumentó que el control judicial de la decisión recurrida era en todo un caso excepcional, que debía ser fallado conforme a las convenciones de Nueva York, Panamá, Montevideo y el Protocolo de Las Leñas, es decir, la normativa internacional aplicable al caso. En cuanto a las causales de nulidad invocadas por SVE, sustentadas en el artículo 499 del CGP, Litsa sostuvo que estas carecían de fundamento por cuanto en este asunto se discutía un laudo arbitral internacional, regido por las prealudidas convenciones internacionales vigentes en materia de arbitraje comercial internacional.

Por lo tanto, las causales que se debieron invocar tenían que ser aquellas que resultaban de las referidas convenciones y no las previstas por la normativa interna uruguaya para los laudos domésticos. Consecuentemente, la anulación procedería solo para el caso de que se hubiera violado en forma grave y manifiesta el orden público internacional, lo que equivaldría exclusivamente a las garantías del debido proceso y del ejercicio del derecho de defensa de las partes.

3. El fallo judicial y sus argumentos.

Con el voto coincidente de sus tres integrantes, el tribunal desestimó el recurso de nulidad interpuesto por SVE, con costas y costos —honorarios y gastos judiciales— a su cargo, y fundó su fallo con base en los siguientes argumentos. Por tratarse de la impugnación de un laudo internacional, el derecho aplicable era el positivo de las convenciones ratificadas por los países involucrados —Argentina, Brasil y Uruguay—. Esto es, la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York de 1958, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales de Montevideo de 1979 y el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en material Civil, Comercial, Laboral y Administrativa —Protocolo de Las Leñas— de 1992.

Al compartir lo sostenido por su homólogo de Segundo Turno, en la Sentencia 161 del 2003, el tribunal sostuvo que, al ser elegida la República Oriental del Uruguay como la sede del arbitraje, los tribunales uruguayos resultaban competentes exclusivamente para examinar las formas observadas, conforme a la normativa internacional aplicable. Por lo tanto, en aplicación de las mencionadas convenciones, los laudos arbitrales internacionales solo podían ser anulados en situaciones de violación manifiesta, grave, concreta y específica del orden público internacional. Este último concepto comprende el respeto del debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa de las partes. De este modo, el tribunal judicial actuante quedaba inhibido de ingresar a conocer el mérito de la cuestión laudada, lo que debía regularse por el derecho de fondo que eligieran las partes en el ámbito de sus facultades (Convención de Nueva York, arts. 1º y 3º).

En concreto, el Tribunal de Séptimo Turno desestimó la pretensa nulidad, conforme a la normativa internacional que regía en la especie, y desechó la aplicación de las normas internas nacionales —uruguayas— previstas para los laudos internos (CGP, art. 499). Al coincidir con lo dispuesto por el caso precedente en la Sentencia 161 del 2003, el tribunal actuante sostuvo que los aspectos formales que consagran un principio de orden público internacional —como lo es el principio de respeto al debido proceso y del derecho de defensa de las partes—tenían su fundamento en el artículo V de la Convención de Nueva York y que para apreciar su observancia no era necesario recurrir a la legislación nacional del país de la sede del tribunal donde se presentaba el recurso de nulidad.

En lo referente a la violación del orden público internacional, el tribunal recogió amplia doctrina internacional que sostiene que el debido proceso y el derecho de defensa implican que la presentación de cada parte deba ser expuesta al juez-árbitro y que la actuación de este último sea efectiva y legal. Así, el fallador debe respetar los principios audiatur et altera pars —los árbitros no pueden resolver la litis sin dar previamente a los litigantes la posibilidad de articular sus argumentos— y del contradictorio —las pruebas y argumentos presentados por cada una de las partes deben ser comunicados a la contraria con el fin de habilitar la posibilidad de impugnar los argumentos o pruebas obrantes—, debiendo los árbitros ajustar su actuación a los límites del acuerdo arbitral.

Igualmente, y sin perjuicio del correcto enfoque privatista, el Tribunal de Séptimo Turno se explayó sobre las causales invocadas y —en cumplimiento del artículo 18 del Reglamento de Arbitraje de la CCI— entendió que los puntos litigiosos a resolver en este caso se compadecían con el resumen de las pretensiones y petitorios definidos en el acta de misión suscrita ante la Corte de Arbitraje de la CCI. Por esta razón, la Sala no “advirtió apartamiento alguno de los mismos”. En suma, el fallador en este caso sostuvo que no se había acreditado la pretensa violación del debido proceso y del derecho de defensa y que lo actuado por los árbitros se ciñó estrictamente a lo estipulado en el acta de misión que fue suscrita también por SVE, prestando su expresa conformidad a las facultades conferidas al tribunal arbitral.

4. Conclusiones.

Del asunto mencionado pueden extraerse las siguientes conclusiones:

a) La ley uruguaya de procedimientos judiciales —el CGP— se refiere solo a la nulidad del laudo arbitral doméstico —uruguayo— y no contiene regulación alguna para la impugnación de laudos arbitrales internacionales. Al igual que en su caso precedente, el Tribunal de Séptimo Turno buscó los fundamentos para fallar en las normas internacionales aplicables, como lo son las Convenciones de Nueva York, de Panamá, de Montevideo y el Protocolo de Las Leñas. Estos instrumentos consagran el principio de la libre circulación del laudo internacional, con la sola limitación del orden público internacional. Por lo tanto, el tribunal quedó inhibido de ingresar al fondo de la cuestión resuelta por el laudo y solo pudo controlar la afectación del orden público internacional.

b) En materia de procedimiento arbitral, los aspectos formales, que constituyen la noción de orden público internacional, tienen que ver con el respeto al principio del debido proceso y al derecho de defensa.

c) Si bien queda claro que el tribunal puso énfasis en darle solución al caso acudiendo a las normas internacionales aplicables —básicamente lo previsto en la Convención de Nueva York—, este también examinó y concluyó respecto de las causales previstas en las normas procedimentales uruguayas invocadas, por la sencilla razón de que estas, si bien son aplicables a laudos domésticos, recogen, en línea con las modernas leyes sobre arbitraje, los preceptos propios del debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Al encontrar que el orden público internacional no fue violado —ni el nacional que, como se indicó, recoge sustancialmente las mismas razones de impugnación—, menos aun en forma grave y manifiesta, como lo exige la normativa internacional aplicable, el Tribunal de Séptimo Turno, por la vía correcta, desestimó el recurso de nulidad, con costos y costas a cargo del recurrente.

De esta forma, la jurisprudencia uruguaya ratificó la vigencia de las normas internacionales aplicables a los arbitrajes comerciales internacionales y, con ello, preservó el principio de su libre circulación por fuera de la influencia del derecho del lugar de la sede del arbitraje.

(1) Sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno, Nº 161 del 2003.

(2) “Art. 499.—Recursos contra el laudo. Contra el laudo arbitral no habrá más recurso que el de nulidad, que corresponde en los casos siguientes: 1. Por haberse expedido fuera de término; 2. Por haberse expedido sobre puntos no comprometidos; 3. Por no haberse expedidos sobre puntos comprometidos; 4. Por haberse negado los árbitros a recibir alguna prueba esencial y determinante”.