Las cooperativas de trabajo asociado no pueden actuar como empresas de servicios temporales y la utilización de dichas organizaciones para tales fines constituye mala fe de la empresa usuaria

Revista Nº 141 Mayo-Jun. 2007

Diego Felipe Valdivieso Rueda 

Godoy Córdoba Abogados Ltda. 

El pasado 6 de diciembre, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia de casación dentro de la cual se reiteraron los criterios jurisprudenciales que la Corte ha venido siguiendo respecto del alcance de la tercerización a través de las cooperativas de trabajo asociado, así como las prohibiciones para las empresas usuarias, criterios estos que siguen siendo omitidos por muchas compañías que bajo una motivación económica o de limitación del derecho de asociación sindical, han optado por una utilización irregular de las cooperativas de trabajo asociado.

Situaciones como las analizadas en el fallo, a pesar de contar con un creciente rechazo en el Gobierno y en la opinión pública nacional, siguen siendo reiterativas y motivan la expedición de normas reguladoras especiales, tales como el Decreto 4588 de 27 de diciembre de 2006, que buscan combatir frontalmente las figuras de intermediación laboral sin atender a los principios propios del cooperativismo.

El fenómeno de desnaturalización de las cooperativas de trabajo incluso ha afectado el desarrollo de aquellas organizaciones que realmente atienden a los valores institucionales del cooperativismo y que poseen un verdadero ánimo asociativo, las cuales han visto cómo sus prerrogativas primigenias se han recortado fruto del control que el Estado ha determinado establecer para evitar la proliferación de organizaciones con fines ilegítimos.

Por lo anterior, hoy más que nunca, es necesario regresar a los principios básicos de la tercerización de servicios o de la producción de bienes a través de cooperativas de trabajo asociado, es pertinente resaltar y analizar el alcance de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 6 de diciembre de 2006, en el expediente Nº 25713, con ponencia del doctor Gustavo José Gnecco Mendoza, resaltando los aprendizajes que la decisión de la Corte genera frente al uso ilegítimo de las cooperativas de trabajo asociado.

1. Circunstancias de hecho.

Durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 1991 y el 6 de febrero de 2001, una caja de compensación familiar fue beneficiaria de los servicios prestados por un médico general, para lo cual se promovieron las siguientes vinculaciones contractuales:

— De 6 de diciembre de 1991 hasta septiembre de 1992: contrato civil de prestación de servicios.

— De septiembre de 1992 hasta marzo de 1996: los servicios fueron prestados a través de una cooperativa de trabajo asociado.

— De marzo de 1996 hasta abril de 1999: contrato civil de prestación de servicios.

— De abril de 1999 hasta febrero de 2001: los servicios fueron prestados a través de una cooperativa de trabajo asociado.

En opinión del demandante, durante todo el periodo de prestación de servicios, en realidad existió un contrato de trabajo directo con la caja de compensación familiar y no las múltiples y variadas relaciones que pretendieron ocultarlo, toda vez que la labor ejecutada siempre fue la misma, utilizaba los equipos y elementos de la institución y bajo una continuada subordinación manifestada en la dirección constante que sobre su actividad realizaban trabajadores directos de la caja.

Por su parte, la demandada aseguró que los servicios prestados por el demandante fueron, en su mayoría, a título de contratista independiente y que en la época en que actuó como trabajador asociado, lo hizo porque así lo determinó la cooperativa al destinarlo como parte del equipo de ejecución del contrato de prestación de servicios que existió entre esta organización y la caja. Afirmó la defensa que tanto en la época en que el contratista tenía la condición de contratista, como en desarrollo de su relación como presunto trabajador asociado, siempre se garantizó la autonomía e independencia y nunca se presentaron los elementos esenciales de un contrato de trabajo.

2. Las decisiones de instancia.

El juzgador de primera instancia determinó la existencia de un contrato de trabajo entre la caja de compensación y el demandante, cuya vigencia se extendió durante todo el tiempo en que la caja fue beneficiaria de los servicios por él prestados. Fruto de dicha declaración, la caja fue condenada al pago de prestaciones sociales, vacaciones e indemnización por despido injusto.

Por su parte, el Tribunal de Medellín confirmó la sentencia, y adicionalmente ordenó la devolución de los dineros deducidos por concepto de retención en la fuente. Igualmente le impuso a la caja la obligación de vincular al demandante al sistema general de seguridad social, para sufragar los aportes correspondientes a la ejecución de toda la relación.

Ante las contundentes pruebas, el tribunal fue enfático en señalar que la cooperativa solo había sido una persona moral de fachada, que tenía la finalidad de evitar el pago de prestaciones sociales de sus aparentes afiliados, situación que le mereció la calificación del tribunal de simple intermediaria, que facilitó la violación de las normas laborales propias de la relación que sostuvieron con el demandante.

De otro lado, en cuanto a la condena al pago de una indemnización moratoria, punto que concentró la atención de debate en casación, el tribunal estableció que la caja celebró un contrato con la cooperativa con el fin de que esta le suministrara servicios médicos, creyendo siempre en la legalidad y justicia de la vinculación, lo cual permitiría concluir un comportamiento de buena fe, haciendo improcedente una la indemnización pretendida.

3. Consideraciones de la Corte.

3.1. Existencia de relación laboral directa con la empresa usuaria.

En el curso del proceso no se logró demostrar que la cooperativa actuara de manera activa en la ejecución de los procesos supuestamente a ella contratados. De hecho, se pudo establecer que la intervención de la cooperativa se limitaba únicamente al pago de la retribución del servicio. Por lo demás, correspondía a la caja dirigir la actividad del demandante, determinado la cantidad y calidad del servicio, reglamentando horarios y proveyendo los equipos y suministros necesarios para la prestación del servicio de aquel.

Esta situación lleva a concluir inexorablemente que entre la cooperativa y la caja existía una relación de simple intermediación, porque el demandante estaba regido para todos los efectos por un contrato de trabajo en el cual la caja siempre fungió como empleador, y no como un contratante de los servicios de la cooperativa.

3.2. Prosperidad de la indemnización moratoria.

En este sentido, en una conclusión apenas lógica, la Corte determinó que resultaba contradictorio establecer, como lo había hecho el tribunal de instancia, que ante la evidencia de una conducta de simulación con el claro propósito de defraudar los derechos del demandante, pudiera igualmente predicarse una actuación de buena fe.

Por lo anterior la Corte casó la sentencia, para determinar la prosperidad de la condena a una indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales al momento de la terminación del contrato y por la consignación inoportuna de cesantías, sin perjuicio de que el demandante se hubiese vinculado voluntariamente a la cooperativa de trabajo asociado, en la medida en que comprendió que el accionar del demandante fue motivado principalmente por una política institucional de la caja y no por una verdadera voluntad de asociarse cooperativamente para prestar servicios al que había sido su contratante inicial en múltiples contratos civiles.

En palabras de la Corte, es evidente que “(...) no podrá considerarse que quien ha acudido a la fraudulenta utilización de la contratación con una cooperativa de trabajo asociado exista(sic) algún elemento que razonablemente pueda ser demostrativo de buena fe de esa persona, porque si realmente ostenta la calidad de empleadora, se estará en presencia de una conducta tendiente a evadir el cumplimiento de la ley laboral, lo que, en consecuencia, amerita la imposición de sanciones como la moratoria debatida en el presente proceso”.

3.3. Limitaciones en el uso de las cooperativas de trabajo asociado.

La Corte aprovecha la oportunidad para recordar y resaltar que la contratación con cooperativas de trabajo asociado para la producción de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios es permitida legalmente y responde a un deseo gubernamental por promover empleo acudiendo a figuras de asociación de personas aportando su mano de obra, laborando solidariamente y definiendo sus propias reglas. Sin embargo, es lógico entender que la figura posee límites tendientes a evitar la utilización fraudulenta para reducir costos y flexibilizar, amparados en un escudo de aparente legalidad, pero que en realidad oculta verdaderas relaciones de trabajo.

De esta manera, es enfática la Corte al señalar que “Esa conducta no cuenta con respaldo jurídico y constituye una reprochable tergiversación del objetivo que persiguió la ley al permitir el funcionamiento de esos entes cooperativos, en los que debe prevalecer real y efectivamente, mas no solo en apariencia, el trabajo cooperado y mancomunado de los trabajadores que de manera libre hayan tomado la decisión de organizarse para desarrollar su capacidad laboral”.

3.4. Las cooperativas de trabajo asociado no pueden actuar como empresas de servicios temporales.

La legislación laboral, en casos muy excepcionales, permite la delegación de la subordinación en terceras personas, para que estas de forma eminentemente temporal accedan a servicios de trabajadores que están contratados por un empleador distinto.

Este tipo de delegación no es apropiada ni compatible con un esquema de tercerización a través de cooperativas de trabajo asociado, por cuanto las relaciones entre el asociado y la cooperativa no están regidas por una relación laboral que implica subordinación, y porque la posibilidad de delegar la subordinación laboral en un tercero está restringida a empresas especializadas y legalmente autorizadas, calidad esta, que “no puede asumir una cooperativa de trabajo asociado por ser sus funciones legales diferentes a las del envío de trabajadores en misión”.