Las implicaciones laborales del secuestro

Revista Nº 110 Mar.-Abr. 2002

En octubre de 1996, el gobierno ordenó la contratación de un seguro colectivo para garantizar el pago de las prestaciones y salarios a los familiares de los secuestrados, sin embargo hasta la fecha aún no ha sido contratado 

Pedro Antonio Molina Sierra 

Especial para la revista Actualidad Laboral y Seguridad Social 

Desde los primeros asomos del secuestro como forma de extorsión en Colombia, cuando las cifras de las autoridades en 1985 aún no sobrepasaban los 500 casos al año, los familiares de las víctimas ya sufrían por la desprotección económica que conllevaba la ausencia de sus parientes.

Como respuesta a esa problemática fue impulsada en el Congreso de la República, por iniciativa popular, la Ley 40 de 1993 que creó el Estatuto nacional contra el secuestro. En esta ley se endurecieron las penas para este delito, se establecieron términos para el desarrollo de este tipo de procesos y se crearon grupos especiales para combatir el secuestro. El Legislativo, sin embargo, se olvidó de proteger económicamente a las familias de los secuestrados.

Seguro colectivo de los salarios

Fue la Ley 282 de 1996 la que subsanó, en parte, esta falencia. En ella se dictaron medidas más explícitas para beneficiar a los secuestrados en Colombia como la creación del fondo nacional para la defensa de la libertad personal (Fondelibertad), cuyas funciones quedaron consignadas en el Decreto 1548 de 1999.

Entre estas funciones se encontraba la de contribuir con los recursos necesarios para el pago de recompensas y para los gastos de dotación y funcionamiento de cada grupo de acción unificada por la libertad personal (Gaula), así como la de administrar los bienes en custodia, incautados por ser objeto de estos hechos ilícitos, y contratar la asesoría necesaria para orientar a los familiares víctimas del secuestro.

Además, se le otorgaba a Fondelibertad la tarea de poner en marcha el artículo 22 de la Ley 282 de 1996, desarrollado por el Decreto 1923 del mismo año, el cual señaló como prioridad la adopción de un seguro colectivo para que los familiares del secuestrado tuvieran garantizado el pago de su salario y de las prestaciones sociales cuando los patronos se negaran a cancelarlos.

Manuel Rueda, vicepresidente jurídico de la federación de aseguradores de Colombia (Fasecolda), explicó al respecto: “Es un seguro que tomaría el gobierno en cabeza de Fondelibertad. La compañía entraría a pagar los salarios sólo si los patronos no lo hacían. En ese caso, los beneficiarios se acercarían a los aseguradores y reclamarían esos derechos. Luego, la compañía entraría a cobrar directamente al empleador incumplido”.

La norma fijó también una serie de condiciones para la contratación del seguro como el límite de responsabilidad por evento, la forma de pago de la indemnización, el término de los eventos asegurados, las condiciones de responsabilidad de la aseguradora, el monto de la indemnización y los beneficiarios del seguro.

Sin embargo, pese a existir esta reglamentación del seguro colectivo para el pago de salarios a los secuestrados, éste, en la práctica, no funciona.

No hay presupuesto

Sobre esta situación, la jefe jurídica del fondo, Constanza Mantilla, dijo: “Fondelibertad debía suscribir una póliza colectiva de cumplimiento que avalara la falta del pago de salarios en cabeza del patrono. Esa póliza de seguro colectivo aún no la ha contratado el Estado, en cabeza de Fondelibertad, porque nunca hemos tenido dentro del presupuesto el rubro correspondiente para hacer esa erogación”.

Un sondeo que realizó Fondelibertad con las pocas empresas aseguradoras que estarían dispuestas a asumir el riesgo, hizo evidente que el costo de este seguro desborda todo el presupuesto que anualmente la Nación le asigna al Fondo.

“Hay demasiadas complicaciones en el mundo con el aseguramiento contra actos terroristas a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Las reaseguradoras internacionales no quieren tomar ningún riesgo”, señaló William Fadul, presidente ejecutivo de Fasecolda.

Las declaraciones del dirigente gremial son el reflejo de la grave situación del país, pues no sólo el seguro para el pago de salarios y prestaciones salariales de secuestrados está en aprietos por culpa del clima de violencia, sino también la suerte de algunos profesionales como los ingenieros de petróleos, topógrafos, ganaderos o comerciantes, que difícilmente son asegurables bajo ningún tipo de póliza.

Las cifras del secuestro

Entre los años 1996 y 2000, 12.834 personas fueron víctimas del secuestro en Colombia*. El año pasado 3.041 personas fueron plagiadas. Colombia, por supuesto, ocupa el primer lugar de secuestro en el mundo y aporta el 47% del total de secuestros de Latinoamérica (6.254) y cerca del 10% del total de secuestrados en todo el mundo (aproximadamente 31.000 al año, según la firma Hiscox, compañía de seguros inglesa).

Ante estas cifras las razones para poner en marcha un seguro que minimice en parte la tragedia económica de los familiares de los secuestrados, saltan a la vista.

En el año 2000 fueron 279 los funcionarios públicos privados de la libertad ilegalmente, mientras que 97 militares fueron retenidos, principalmente por grupos guerrilleros. Para el gobierno, el pago de los salarios de sus servidores retenidos le representó, mensualmente, cerca de 188 millones de pesos. Sumados, en el año 2000 se pagaron alrededor de 2.256 millones. Esto quiere decir que, en los últimos diez años, el gobierno ha pagado en salarios y prestaciones sociales de secuestrados el equivalente a una adición presupuestal.

Durante la discusión de constitucionalidad de varios artículos de la Ley 40 de 1993, se ventiló la posibilidad de crear un seguro antisecuestro para que fueran las aseguradoras las encargadas de negociar los rescates y pagar las sumas acordadas con los plagiarios, así como los salarios de los secuestrados durante su cautiverio.

“El hecho de que los secuestrados no paguen por sus vidas y que el Estado evite que se realicen estos pagos en aras de la protección del interés general, cae dentro del heroísmo, ‘disposición individual para sacrificar la propia vida en nombre de la dignidad’, que en ningún caso es jurídicamente exigible”, conceptuó en esa oportunidad la Procuraduría General de la Nación, entidad que apoyaba la creación del seguro.

Descartada la posibilidad de contar con un seguro antisecuestro, fue la Corte Constitucional la encargada de fijar su posición sobre la situación laboral de los plagiados. A través de la Sentencia T-292 de 1994, la Sala Plena señaló que, para el pago de las prestaciones laborales del secuestrado, es necesario que esté plenamente comprobado su secuestro, pues el simple hecho de desaparecimiento no es motivo para calificarlo como secuestro.

Siete meses después, el mismo tribunal fijó jurisprudencia sobre el tema con la Sentencia T-015 de 1995. Dijo la corporación: “No puede olvidarse que el secuestro de una persona no está contemplado como causal legal de terminación o suspensión de la relación laboral y más bien, los principios enunciados que se fundan en la equidad y en los criterios de equilibrio social imponen la obligación de pagar el salario a quien, víctima de una desaparición forzada que por obra de terceras personas, se ve imposibilitado para prestar sus servicios, queda en estado de indefensión”.

La doble remuneración

Aunque la posición de la Corte Constitucional no es nueva en las esferas de la justicia, su calidad de jurisprudencia constitucional le da una nueva dimensión al problema. Desde 1987 el Consejo de Estado ya había ordenado el pago de salarios a personas secuestradas. A través de la Consulta 156 del 24 de septiembre del mismo año, el contencioso ordenó el pago de todas las prestaciones percibidas por tres detectives del DAS que habían sido plagiados presuntamente por narcotraficantes.

La Sala ordenó el pago del 75% del salario a los familiares de la víctima y el 25% “al prisionero” cuando apareciera. El concepto del Consejo se basó en el Decreto-Ley 89 de 1984 que preveía esta situación. Otros conceptos posteriores de la Sala, el 253 de 1988 y el 454 de 1994, ratificaron la jurisprudencia inicial.

Sin embargo, la creación de un seguro de cumplimiento que garantizara el pago de las remuneraciones a los familiares de los plagiados, ordenado por el Decreto 1923 de 1996, le dio otro sentido a la discusión.

Con la adopción del seguro, el gobierno se quitaría de encima los reclamos de los familiares de los secuestrados cuando alguna de sus entidades no los cancelara. A pesar de ello, el tiempo ha pasado y el seguro aún no se contrata.

Así lo dejó al descubierto la Corte Constitucional con la Sentencia T-1337 de 2001, en donde se decidió una tutela a favor del congresista Óscar Tulio Lizcano, quien se encuentra secuestrado desde hace 18 meses. “En la decisión, la Corte protegió el derecho a la representación política de la tutelante y ordenó la cancelación de los salarios del congresista y la adopción inmediata del seguro”, señaló Rodrigo Uprimny Yepes, magistrado ponente de la tutela.

El fallo de la alta corporación sirvió de nuevo para analizar el tema. Hasta la fecha, el seguro no ha sido adquirido y, por lo pronto, parece que eso no va a suceder a pesar de que Fondelibertad ya pidió la adición presupuestal para cumplir la sentencia de la Corte.

La única posibilidad sería una acción de cumplimiento que obligara adoptar la póliza antisecuestro.

David Buitrago, abogado asesor de País Libre, ONG que apoya a las víctimas del secuestro y trabaja por que la política antisecuestro sea una prioridad de las autoridades, no se muestra muy convencido con este método: “El problema es que si la ley ordena el pago de salarios de secuestrados podría empezar a operar también la mala fe de muchas personas interesadas en las remuneraciones. De la noche a la mañana aparecerían hijos extra matrimoniales o compañeras permanentes exigiendo el pago”.

Y agrega: “Lo que se debe bus-car es un interés general y un interés particular. El interés general es acabar con el secuestro y no colocarle todos los medios para que siga existiendo. En la medida en que pongamos todas las medidas como pólizas de secuestrados, reformas tributarias, seguros antisecuestro o pagos de salarios, estamos motivando el secuestro. El interés particular debe versar sobre el principio de solidaridad que debe obligar a los empleadores a pagar los salarios”.

El caso del trabajador privado

En los primeros nueve meses del año pasado, Fondelibertad asesoró a 980 familiares de secuestrados en 414 casos. Un buen porcentaje de esas personas pedía el pago de salarios de los secuestrados. “La dificultad se presenta con el empresario privado que no entiende que tiene que pagar las remuneraciones a una persona que no le está prestando el servicio. En cambio, las entidades públicas ya entendieron ese deber”, señala la asesora jurídica de Fondelibertad.

Aunque no existe una ley que obligue a los empleadores a pagar los salarios de los trabajadores particulares, víctimas del secuestro, la sentencia de la Corte dejó un gran precedente. “El rango de jurisprudencia constitucional de la sentencia fija un antecedente importante en este sentido”, explicó la ex magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Luz Emilia de Molina.

“Tarde o temprano tenemos que llegar a un pronunciamiento que obligue, bien sea a los empleadores particulares o al mismo gobierno, a cancelar esos emolumentos a través de una figura como fallas en la prestación del servicio”, anota por su parte el especialista laboral Marcel Silva.

En la actualidad, cada empleador, independientemente, es el encargado de decidir si paga o no los salarios. En este sentido, la fundación País Libre se encarga de auxiliar a los familiares y de enviarlos a la jurisdicción laboral para que inicien los procesos a que haya lugar. Por lo general, las acciones judiciales, bien sea las tutelas o los procesos ordinarios, sólo llegan a primera instancia antes del reinicio del pago por parte de los empleadores.

El problema, dice País Libre, es la ignorancia de derechos por parte de los familiares, pues al no conocerlos no piden el pago de los salarios.

El artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo señala como una causal de suspensión del contrato de trabajo la fuerza mayor o el caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. En virtud de esta causal desaparecen las obligaciones de prestar el servicio, para el trabajador, y de pagar el salario, para el empleador, conforme lo establece el artículo 53 del mismo código.

En esa norma se apoyan las empresas que se niegan a pagar las prestaciones salariales. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional que señaló que el secuestro no podía ser causal de suspensión del contrato desvirtúa esa hipótesis.

¿Accidente de trabajo?

Otro problema del pago de beneficios económicos a los secuestrados es que no todos tienen vínculos laborales con empresas particulares o públicas. Las estadísticas del año 2000 señalan que de los 3.706 secuestrados, 376 personas trabajaban para el Estado, mientras que 393 lo hacen para empresas privadas.

Uno de los sectores más golpeado es el de los comerciantes, pues 526 personas pertenecientes a ese gremio fueron plagiadas en ese año. Cerca de 814 personas son independientes mientras que el número restante se reparte entre amas de casa, extranjeros, indígenas, menores de edad, industriales, comunicadores sociales y deportistas.

Asumir el costo laboral de todos los secuestrados del país le significaría al Ejecutivo una carga similar a la que representa la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), con 2.109 empleados, o la del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con 2.240 trabajadores. Anualmente se asignan partidas cercanas a los 47 mil millones de pesos para cada una de estas instituciones.

Por esa razón, la solución planteada por los expertos no cobija el pago de sueldos o incentivos económicos por parte del gobierno a todos los secuestrados.

Alberto Villamizar conoce muy de cerca el secuestro en Colombia. En efecto, Villamizar fue zar antisecuestro en 1996 e impulsó la Ley 40 de 1993. Además, sufrió el secuestro de su esposa y de su hermana. Para Villamizar, el problema debe ser global. “El tema de los seguros en el secuestro es un tema complicado porque facilita el trabajo a los secuestradores que ya tienen asegurado el pago de un dinero. Obligar a los familiares a no pagar, tampoco sería una solución porque constitucionalmente es imposible y porque de por medio está la vida de un hombre”.

Es así como Villamizar plantea: “Lo que hay que adoptar es un plan integral antisecuestro en donde participen todos los organismos estatales, los empresarios y los medios de comunicación. Hay que combatir primero que todo el secuestro como negocio, hacer un esfuerzo económico grande para ayudar a los familiares psicológica y económicamente, endurecer penas y ligar todo ese entorno a un proceso de paz en donde sea requisito primordial terminar con el secuestro”.

Otra propuesta que podría tomar fuerza es la que ya empezó a estudiar la fundación País Libre. Se trata de un proyecto de ley en donde el secuestro se cataloga como un accidente de trabajo y tiene las mismas implicaciones que la ley fija para estas eventualidades. En ese sentido, sería una administradora de riesgos profesionales (ARP) la encargada de asumir esos costos.

“Además de incluir el secuestro como un accidente de trabajo, la nueva ley que proponemos le daría garantías patrimoniales, civiles y laborales a las víctimas de la violencia. Con ella lograríamos el punto de equilibrio que necesitamos para aliviar en parte la tragedia de los familiares”, puntualiza David Buitrago de País Libre.

Otro problema con el que se enfrentan los secuestrados es la inestabilidad laboral una vez regresan a la libertad. Muchos de ellos son despedidos poco tiempo después de haber retomado sus actividades laborales, pues los efectos psicológicos, las reestructuraciones de las empresas, los avances tecnológicos o académicos, siempre juegan en su contra. A esto se suma que durante el plagio, las personas generalmente se reemplazan con otro empleado.

“La inestabilidad laboral es un problema muy grave para los secuestrados. Es difícil establecer cuántas personas son despedidas después de retomar sus trabajos porque el Código Laboral da muchas facilidades para que se terminen las relaciones laborales”, puntualiza Buitrago.

En cuanto a los efectos psicológicos, Carmen Elvira Navia, sicóloga clínica, opina que es lógico que durante el primer mes después de la liberación se presenten situaciones de estrés postraumático por la acomodación sicológica de las personas y la familia. Ese tipo de manifestaciones, dice la sicóloga, son normales y deberían ser conocidas y comprendidas por todas las personas que rodean al recién liberado.

“Hay que resaltar que se trata de un medio intelectual y cultural muy inferior al que está acostumbrado la persona. Por eso, cada día que pasa el secuestrado va perdiendo la pericia, las habilidades y la rutina laboral. Una vez liberado, existe un período de desadaptación en los horarios de trabajo, un estado de desconcentración largo, de tensión y de angustia que se tiene que recuperar en máximo dos meses”, explica Navia.

A esto se suma la fragilidad en la que quedan los organismos de los secuestrados y que provocan, en no pocas ocasiones, enfermedades con implicaciones laborales.

Para minimizar las consecuencias de los secuestros, los especialistas también proponen incentivos económicos o tributarios para que las empresas que tengan que pagar los salarios de los secuestrados reciban descuentos cuando paguen sus impuestos.

El secuestro de militares

Entre 1997 y 1999, 535 miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia fueron secuestrados por las autodeno-minadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en varios enfrentamientos militares en Mitú, Miraflores y Patascoy, entre otros.

El año pasado fueron liberados alrededor de 450 y aún quedan en su poder cerca de 100. Durante ese tiempo, el Ministerio de Defensa Nacional ha pagado cumplidamente todas las prestaciones salariales a sus familiares.

El presupuesto que le asigna el Ejecutivo a sus Fuerzas Militares es cercano a los tres billones de pesos. Por esa razón, el pago de los salarios de los militares secuestrados no representa, en el papel, un gasto elevado para su presupuesto. Esos recursos son girados del presupuesto general de esa entidad como si los militares se encontraran trabajando.

El tratamiento laboral de los militares secuestrados fue fijado a través de los Decretos 89, 2062 y 2063 de 1984. En estas normas se ordenó el pago de hasta el 75% del salario devengado por los militares a sus familiares y el 25% para éstos cuando recuperen la libertad. Cuando los militares son declarados desaparecidos, el gobierno le paga la totalidad de los salarios hasta por dos años cuando se declara la muerte por presunción. Pasado ese tiempo, se reconoce el beneficio de las prestaciones salariales contempladas por la ley.

*Datos basados únicamente en los secuestros que se denuncian.

Ver cuadros.

Total secuestros en Colombia
AñoNúmero
19971675
19983014
19993334
20003706
20013041
2002*183
*Enero de 2002

Fuente: País Libre

*Sólo los casos denunciados

*Secuestro por actividad económica
Sector socioeconómico19992000
Comerciantes457540
Empleados y pensionados204393
Funcionarios públicos156279
Transportadores de carga109162
Ganaderos y agricultores243312
Profesionales independientes322213
Estudiantes y amas de casa133163
Industriales y empresarios1115
Militares15897
Extranjeros e indígenas5782
Profesores2643
Técnicos y tecnólogos independientes3738
Menores de edad232335
Otros11891034
Total33343706

Fuente: País Libre *Sólo los casos denunciados