“Las naciones perdieron autonomía sobre su derecho laboral interno”

Revista Nº 165 Ene.-Feb. 2013

Entrevista realizada por Javier N. Rojas a Giancarlo Perone 

Profesor visitante de la Universidad Externado de Colombia 

En entrevista con ACTUALIDAD LABORAL, Perone habló de los desafíos que tendrá el mundo para proteger, con eficacia, los derechos de los trabajadores en todos los rincones del planeta.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Considera que el derecho internacional del trabajo sigue ganando importancia en el mundo?

Giancarlo Perone: El derecho del trabajo nació como derecho nacional, pero ahora enfrenta una disminuida capacidad del Estado nacional para administrar todo el fenómeno del trabajo al interior de sus fronteras, porque existen factores internacionales que influyen intensamente en el desenvolvimiento de la vida social y, en consecuencia, en el derecho del trabajo.

A. L.: ¿Eso puede llevar a que las naciones pierdan autonomía en el ejercicio del derecho laboral interno?

G. P.: Ya la perdieron. No es un riesgo. Infortunadamente, es una realidad muy difícil. Formalmente los Estados nacionales se dicen dueños de la política del trabajo, pero el condicionamiento internacional es enorme.

A. L.: ¿Para quién resulta negativa esa situación?

G. P.: Creo que afecta a los trabajadores y al Estado, porque el Estado está en una situación difícil: no hay un sustituto. Claro que las instituciones, en la historia del mundo, no han sido eternas. Se dice que solo es eterna la iglesia católica, pero todas las otras instituciones políticas, sociales y económicas tienen un nacimiento, una vida y una muerte. El problema es que no existe sucesor del Estado nacional. Esto resulta muy claro ahora en Europa. No hay instituciones que puedan representar los intereses del trabajo. Se evidencia la influencia de fuerzas que no son democráticas, tienen un poder sin límites y son fundamentalmente económicas.

A. L.: ¿Cuál es la situación de los países europeos?

G. P.: Hay dos factores de intervención internacional sobre la evolución de la legislación laboral nacional. Un factor general de influencia, conformado por los sujetos de la globalización, como las firmas multinacionales, y también el abandono de una parte de la soberanía nacional a favor de las instituciones supranacionales comunitarias. La idea era que estas instituciones en la Unión Europea fueran gobernadas por una lógica democrática. Pero no ocurre así. El gran problema es la pérdida de democracia en la determinación de las orientaciones de la política del trabajo. En Italia, España, Grecia, en toda Europa, se afirma: hay que tomar determinada decisión, porque Europa lo quiere. Pero, ¿qué es Europa? No es una institución supranacional gobernada por la voluntad comunitaria, ni de los Estados, ni de los ciudadanos. Son grupos de poder económico los que gobiernan la realidad social. Esto constituye un retroceso político y social, es una pérdida de garantías para los trabajadores y para la democracia.

A. L.: ¿Y qué postura han asumido las organizaciones de trabajadores?

G. P.: Los sindicatos pueden organizar huelgas generales y todas las manifestaciones que quieran, pero sin efectos prácticos. Cuando los sindicatos eran sujetos de la realidad en una ubicación geográfica exacta, eran mucho más fuertes; amenazaban con una huelga en las empresas y había que negociar con ellos. Ahora los sindicatos hacen una petición, la empresa contesta, los sindicatos amenazan con la huelga y la empresa dice que se va a otro país, no hay problema. ¿Cómo se dio antes la lucha social? En una mesa donde los actores necesitaba jugar de la mejor manera. Las empresas y los sindicatos jugaban con fuerza e inteligencia. Actualmente, cuando a las empresas no les gusta la situación, se cambia la mesa, no el juego. Se transfiere la industria a otro país donde no hay dificultades de fuerza semejante. Esto representa una enorme transformación de las coordenadas de la lucha social.

A. L.: ¿Eso ocurre en desmedro de los derechos del trabajador?

G. P.: Sí. Claro que las empresas están orientadas a buscar lugares donde pueden producir con costos menores, y esto significa menores garantías de los derechos fundamentales de los trabajadores.

A .L.: ¿Todos los países europeos perdieron el alto estándar de derecho laboral que tenían?

G. P.: Creo que sí. Algunos países parecen mejor organizados. Por ejemplo, Alemania, donde hay una tradición de defensa de los intereses colectivos particulares de los trabajadores y de las empresas. Pero al mismo tiempo hay un principio: hablan del partnership o colaboración, una idea según la cual el contraste de los intereses no es obstáculo para la cooperación en torno a los propósitos que son positivos para ambos sujetos del conflicto colectivo. Se trata de una mezcla de cooperación y conflicto. Los sindicatos son al mismo tiempo sujetos de conflictos y de colaboración. Esta me parece la fórmula que permite una respuesta más eficaz.

A. L.: ¿La considera una actitud excepcional del entorno laboral alemán?

G. P.: Es una tradición histórica, una solución institucional, porque en Alemania, desde el periodo de la República de Weimar, es decir, los años sucesivos a la Primera Guerra Mundial, se desarrolló el llamado segundo canal de representación de los trabajadores, o sea, instituciones de representación de los intereses colectivos distintas a los sindicatos. No son una asociación; constituyen una representación unitaria electiva. La función es diferente, no es reivindicativa. Consiste en una instancia de cooperación que tal vez llegue a la cogestión de las empresas. Pero no es únicamente una fórmula institucional, representa un espíritu de la tradición del país que no excluye el conflicto, pero este no excluye la cooperación.

A. L.: ¿Se puede considerar una institución laboral intangible?

G. P.: Sí, porque las instituciones más fuertes son los sindicatos. El sindicalismo alemán, junto con el sueco, son los más fuertes del continente europeo. El alemán, porque tiene una elevadísima tasa de sindicalización. La gran mayoría de los trabajadores alemanes están asociados a los sindicatos, pagan una contribución sindical elevada y cuando se paga, se espera que el servicio corresponda a ese valor. El sindicalismo tiene una fuerza política directa, no se deriva de algún partido político. La confederación general del trabajo alemán no está afiliada a ningún partido, es políticamente autónoma. La mayoría de los afiliados son simpatizantes del partido socialdemócrata, pero no están necesariamente integrados a este, tal como ocurre con los sindicatos en otros países europeos. Es significativo que el sindicato sea fuerte por una determinación libre de los asociados y no por imposición del Estado, con una elevada participación de afiliados y con capacidad de generar la confianza de los trabajadores. En la gran mayoría de los países europeos, los sindicatos pierden asociados y la confianza de los trabajadores.

A. L.: ¿Qué otros ejemplos, cercanos a la visión alemana de las relaciones laborales, se ven en Europa?

G. P.: Hay otra tradición bastante parecida en los países escandinavos de Suecia y Dinamarca. Se evidencian algunas similitudes con el modelo alemán. En aquellos existe una fuerte confederación sindical unitaria y una elevada tasa de afiliación, más alta que en Alemania. La idea en el sistema escandinavo se funda en que el conflicto no es incompatible con la cooperación entre empleadores y trabajadores, pero falta una estructura institucionalizada como la de Alemania.

A. L.: ¿Por qué no ha tenido acogida el modelo alemán en otros países europeos?

G. P.: La fragmentación de los sindicatos, en Europa, está siempre conectada con las filiaciones políticas. Existe una regla casi matemática: cuando hay fragmentación y afiliación política de los sindicatos, se presenta debilidad sindical. El sindicato más débil es el francés: está politizado. La tasa de sindicalización en Alemania es más del 50% y en Suecia del 75%, mientras que en Francia es menos del 10%. En este país la veneración por la ley es mucho más elevada que en otros países europeos. Otro factor de diferencia es su derecho del trabajo fundado en leyes y no en un marco volitivo, más pragmático como instrumento y que como fuente prefiera la convención colectiva a la ley, donde se privilegie la autonomía colectiva a la legislación laboral. En Francia, el sindicalismo es flaco; reclama el apoyo de la ley y al hacerlo, continúa debilitándose.

A. L.: ¿Cómo analiza el modelo de sindicalismo en Italia?

G. P.: Está más cerca de la solución escandinava. En Italia falta una ley sobre convención colectiva. La Constitución la prevé y en más de 60 años no se ha aprobado una ley en tal sentido. Y los sindicatos no quieren mucho la intervención legislativa, prefieren una solución autónoma de los problemas sociales y no una legislativa. Menos ley significa más convenios colectivos.

A. L.: ¿Cree conveniente seguir ese camino?

G. P.: Este es un momento de transición. Me parecía muy positivo ese derrotero, pero en los últimos años, con las dificultades económicas, con las debilidades que las transformaciones económicas provocan, los sindicatos tienen la tentación de compensar la situación con el apoyo legislativo. Pero este es un recurso peligroso. Los jóvenes no lo aceptan. A los sindicatos les falta autoridad y prestigio social. Muchos resultados se consiguen con el prestigio, con la autoridad. Este es el problema del sindicalismo italiano hoy.

A. L.: ¿Cuál debe ser el papel del derecho del trabajo nacional frente a la pérdida de autonomía ante instituciones supranacionales?

G. P.: Pensar los mismos valores en contextos nuevos y alcanzar las metas con procesos innovadores. No abandonar los ideales, los objetivos finales, pero tener la conciencia de que no es posible parar la historia del mundo. Hay que aceptar la transformación, el cambio de contexto y, a través de la elaboración cultural, absolutamente laica, sin condicionamientos ideológicos, adecuar a la nueva realidad lo esencial de los valores antiguos: la dignidad de la persona que trabaja, los derechos fundamentales de los trabajadores, la autonomía de los sindicatos y la participación de los trabajadores en la elaboración, no solo de las políticas sociales, sino de la política económica general.

A. L.: ¿Estos derechos están incorporados en la Constitución Política italiana?

G. P.: En ese sentido, la Constitución es moderna y adecuada. Las indicaciones generales todavía son vitales. El problema consiste en aplicar los estímulos que provienen de los principios constitucionales a la realidad cambiante. Lo difícil es cristalizar los logros históricos como valores. Cada valor actúa en un proceso que está siempre en desarrollo. La dignidad del trabajador no significa que las leyes, que en el pasado permitieron materializar este objetivo, no necesiten adecuación a la realidad que varió. El problema consiste en cambiar al transeúnte, conservando lo esencial. Esto no es fácil de realizar y tampoco de articular. El desafío de los abogados laboralistas es diseñar estrategias científicas y, en el sentido político más amplio, ofrecer a los actores sindicales y políticos sugerencias a través de las cuales se pueda construir un nuevo derecho del trabajo que no rechace el pasado, pero que se adecúe al futuro.

A. L.: ¿Es un momento importante para que los abogados tiendan puentes entre empleadores, trabajadores y Estado?

G. P.: La Organización Internacional del Trabajo tiene como principio que el trabajo no es una mercancía. Ahora se puede desarrollar esa afirmación, al decir que el trabajador no es un número, porque, al parecer, en toda esta alquimia de medidas de intervención, en la crisis económica, los trabajadores son números. Esto es inaceptable. Pero, cuál es la solución: responder a la exigencia de incrementar la productividad y de adecuar la realidad de las tutelas laborales a la evolución de las tecnologías, sin olvidar el valor fundamental de la persona que trabaja.