Las restricciones tributarias obstaculizan las nuevas medidas cambiarias frente al endeudamiento externo

Revista Nº 169 Ene.-Feb. 2012

Alba Lucía Orozco 

Presidenta de Orozco & Asociados Consultores Exdirectora de Impuestos Nacionales 

Recientemente, el Banco de la República expidió la Resolución Externa 5 de octubre 28 del 2011, mediante la cual se autoriza a los residentes en el país para obtener créditos en moneda extranjera o para conceder créditos en moneda extranjera a residentes en el exterior, sin consideración al plazo y destino de las divisas.

Con esta regulación se amplía la posibilidad de obtener endeudamiento externo, no solamente de las entidades financieras del exterior autorizadas por el Banco de la República, sino también de compañías privadas no financieras del exterior.

Si se tiene en cuenta que el depósito previo fue eliminado por la Resolución 10 del 2008, el panorama cambiario trata de adecuarse al nuevo entorno internacional que impone la globalización de la economía y a la cada vez más creciente apertura económica de nuestro país, con la suscripción de una serie de tratados de libre comercio.

Este panorama contrasta con la política tributaria, frente a la cual Colombia no solamente mantiene una de las más altas tasas de tributación de América Latina, sino que además, las regulaciones existentes en materia de endeudamiento externo encarecen el acceso al crédito.

Es así como la Ley 1430 del 2010 eliminó la disposición que catalogaba a los créditos obtenidos en el exterior por las empresas del sector real como no poseídos en Colombia y por ende no generadores de renta colombiana.

Las nuevas disposiciones establecieron que los créditos obtenidos en el exterior por empresas no financieras se consideran como obtenidos en Colom­bia, lo cual significa que los intereses que se paguen a la compañía del exterior se gravan en Colombia con el impuesto sobre la renta, a pesar de que el beneficiario esté ubicado en el exterior y no realice en el país actividad alguna.

Si el crédito tiene un plazo igual o superior a un año, los intereses que genere se sujetan a una retención del 14%, que en la práctica es asumida por la empresa nacional que obtuvo el préstamo. Si el crédito tiene un plazo inferior a un año, la retención es del 33%, lo que conlleva un altísimo costo para el endeudamiento externo por parte de las compañías del sector real.

A lo anterior cabe agregar, que para efectos del impuesto sobre la renta, las deudas que tengan las sucursales, las filiales o cualquier otra compañía en el país para con sus casas matrices del exterior, así como las deudas que tengan las empresas en Colombia con sus vinculados del exterior, constituyen para fines tributarios patrimonio propio de la empresa beneficiaria del crédito.

No existe, en consecuencia, posibilidad alguna de que el endeudamiento con vinculados económicos sea reconocido tributariamente. De otra parte, el endeudamiento entre no vinculados trae aparejado un costo de tal magnitud que obstaculiza la aplicación de la nueva regulación cambiaria.

Para propósitos fiscales, las restricciones tributarias conducen a triangulaciones con empresas no vinculadas, con el fin de obtener el reconocimiento del pasivo; o con empresas ubicadas en países con los cuales Colombia tiene suscritos convenios para evitar la doble imposición, cuyas tarifas de retención en la fuente son inferiores a las vigentes en la legislación tributaria.

En el caso de la CAN, los intereses y demás rendimientos financieros solamente se gravan en el país miembro en cuyo territorio se impute y registre su pago, con lo cual el convenio define la fuente productora, pero se abstiene de regular la tarifa aplicable.

Si la negociación se hace con España, el convenio para evitar la doble imposición prevé una tarifa del 10%.

Igual tarifa aplica en el convenio suscrito con Canadá, cuyo artículo 11 dispone que si el beneficiario efectivo de los intereses es residente en Canadá, el impuesto no puede exceder del 10% del importe bruto de los intereses.

En iguales términos opera el convenio con la Confederación Suiza, el cual reitera que el gravamen sobre los intereses pagados a un residente de ese Estado no puede exceder del 10% de su importe bruto.

El convenio con Chile establece una tarifa del 5% si el beneficiario es un banco o una compañía de seguros, o del 15% en los demás casos.

El acuerdo con México adopta una regla similar a la de Chile.

En todos los convenios se advierte el interés de los gobiernos por impedir que el Estado que obtiene el crédito grave los intereses cuando el beneficiario es un Estado contratante, o corresponden a la venta a crédito de mercancías o equipos, o se originan en créditos concedidos por un banco o por otra institución de crédito.

Esta previsión es acorde con el artículo 25 del estatuto tributario colombiano que contiene regulaciones similares.

Dada la creciente inserción de nuestro país en el comercio internacional, es conveniente que las tarifas de tributación sobre los intereses que se giran al exterior, se ajusten a las que ya existen en el caso de los países con los cuales Colombia ha suscrito convenios para evitar la doble imposición.

 

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