Las tarjetas de crédito y los derechos de los usuarios: perspectiva jurisprudencial

Revista Nº 3 Abr.-Jun. 2004

Por José Luis Monti 

Biografía

Abogado y doctor en filosofía del derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Es profesor de pregrado y posgrado en esa misma universidad, así como en centros de formación, tales como la Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados. Hizo parte del Poder Judicial de la Nación como secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, desempeñándose primero en la Procuración General de la Nación y luego en el propio tribunal. Actualmente se desempeña como Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de Argentina. Es autor de varios libros y numerosos trabajos doctrinales.

Sumario

El derecho comercial implica extender vínculos entre las sociedades y los consumidores. En este contexto el sistema de tarjetas de crédito tiene una importancia indiscutible en la medida en que la “sociedad en efectivo” se volvió una “sociedad de crédito”. Por ello, resulta importante analizar las decisiones judiciales proferidas en Argentina en contra de las entidades emisoras, por los perjuicios que han sufrido los consumidores con ocasión del contrato de tarjeta de crédito.

Abstract Credit cards and consumer rights

Commercial law implies links and businesses between corporations and consumers. In this context, we have to focus our study on the system of credit cards, which are indispensable for many nowadays. The “cash society” has become a “credit society”. We will see in this article the reflection of that peculiarity of our times in the most relevant cases brought to trial in Argentina, which are referred to the notes of the contract of credit card.

Tarjetas de crédito

Consumidor

Entidad emisora

Títulos valores impropios

Documento nominativo de legitimación

Deber de colaboración

Acción ejecutiva

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

En recuerdo de dos eminentes comercialistas argentinos: Isaac Halperín y Juan Carlos Zavala Rodríguez. 

El estudio del derecho mercantil en Hispanoamérica recibió un significativo aporte de estos dos juristas de vida ejemplar, cuyo recuerdo parece pertinente en esta revista y necesario en este tiempo en que la información satura nuestra vida con el presente inmediato. Sus obras, pese a muchos cambios legislativos, conservan lozanía y son parte sustancial de una doctrina clásica en el derecho comercial. Los fallos que contribuyeron a forjar desde la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de Argentina inspiraron criterios jurisprudenciales aun vigentes. Su proceder intachable, su hombría de bien y su modestia marcan un perfil común a ambos.

1. Introducción

Hace ya algunos años, hablando de los nuevos horizontes del derecho comercial en nuestro tiempo(1), describía a esta disciplina como una ciencia destinada esencialmente al estudio de las reglas relativas a la actividad económica de las empresas entre sí. Así mismo, las correspondientes a las relaciones contractuales que tienen con los consumidores o usuarios de bienes y servicios, las cuales se hacen con frecuencia mediante la adhesión a condiciones generales predispuestas.

En ese contexto cabe enmarcar las vinculaciones jurídicas a que da lugar el sistema de tarjetas de crédito. Se trata de un instrumento útil, cuya función no se agota en sustituir simplemente el uso de dinero en efectivo —cash— en el pago de bienes o servicios, sino que permite a la vez un margen de acceso al crédito de consumo por el período previsto para la liquidación de los débitos generados en el uso de la tarjeta —habitualmente mensual—. Esto sin dejar de lado la posibilidad, bastante frecuente, de financiar las compras en períodos más largos o de obtener préstamos o anticipos de dinero.

En realidad, esto, que comenzó como un elemento de distinción destinado a grupos selectos de personas especialmente calificadas, se expandió prontamente y su uso generalizado condujo, como era previsible, a la modalidad de contratación en masa sobre la base de contratos tipo o de fórmulas predispuestas por las entidades emisoras de las tarjetas. Esta masificación, a su vez, ha hecho necesario desplegar controles tendientes a evitar abusos y preservar los derechos de los usuarios adherentes al sistema.

En alusión a este proceso señala Guido Alpa, con cita de un autor estadounidense, que la denominada cash society ha sido sustituida por la credit society, en la cual, técnicas cada vez más refinadas han transformado al “consumidor-pagador” en un “consumidor-adquirente a crédito”, esto es, en “deudor”(2). Observa el autor que son ahora las operaciones de crédito las que concitan las técnicas de marketing y las estrategias de publicidad comercial. Los propios medios ordinarios con que se efectuaban las transacciones se han alterado y el binomio “mercancía contra precio” ha sido sustituido por el más realista: “mercancía contra crédito”.

Esta situación cambió inclusive a los sujetos del intercambio: al binomio “vendedor-adquirente” lo sustituyó el triángulo “vendedor-adquirente-instituto bancario”. De esta manera, el vendedor tiende a transferir a la entidad financiera el riesgo de la insolvencia del adquirente(3), con la consecuencia adicional de que este deberá abonar los débitos a aquella, aunque la mercadería estuviese averiada o el servicio no fuese adecuado(4).

Estas cuestiones han suscitado atención en el marco de la Comunidad Europea, donde se ha definido la noción de “consumidor” de las operaciones de crédito como “el particular que recurre al crédito con propósitos no comerciales ni profesionales”, centrándose la exigencia de tutela preferentemente en dos tópicos: la necesidad de adecuada información al consumidor y su vulnerabilidad ante las prácticas lesivas(5).

En Argentina, los aspectos técnico-jurídicos inherentes al funcionamiento de las tarjetas de crédito se delinearon a través de una larga elaboración jurisprudencial. En la actualidad se encuentran regulados por la Ley 25065, que entró en vigor en enero de 1999. Esta normativa ha recogido en gran medida la experiencia forense anterior, convalidando o modificando algunos criterios preestablecidos, por lo que resulta de interés examinar el tema desde una perspectiva jurisprudencial. Con esa óptica, tras una breve noticia sobre el mencionado estatuto legal, centraremos la atención en algunas situaciones problemáticas que se han presentado ante los tribunales, en particular en cuanto atañen a los derechos de los usuarios de las tarjetas.

2. El marco de referencia normativo. Características generales

Con acierto, la Ley 25065 evita una fragmentación del régimen aplicable a este instituto y alude al “sistema de tarjeta de crédito”. Este se define como un “conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales”, que tiene por finalidad posibilitar al usuario realizar variadas operaciones —compra o locación de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero, financiación de débitos, etc.—. A la vez, permite abonar los consumos a los respectivos proveedores en los términos pactados (art. 1º).

Es dable recordar que, anteriormente, la relación entre el emisor de la tarjeta, el usuario de esta y los proveedores se había tratado de explicar recurriendo a la delegatio solvendi. En este sentido, Jorge N. Williams(6) encontró analogía entre ese mecanismo y el que prevé el Código de Comercio argentino al tratar la carta de crédito (arts. 484 a 491)(7). Sin embargo, más allá de cierta similitud en cuanto a la intervención de tres sujetos, el carácter nominativo y la función genérica de conferir un crédito, la trama compleja de la tarjeta de crédito no parece subsumible en el tipo legal de la carta de crédito.

La cuestión ha sido ahora superada con el enfoque sistémico de la ley, comprensivo del conjunto de relaciones que, mediante contratos conexos, integran aquella trama. La jurisprudencia reciente ha ratificado esta característica al señalar que el sistema de tarjeta de crédito está integrado por “distintos contratos bilaterales, individuales y autónomos jurídicamente entre sí, celebrados por partes diversas”, que aparecen como operaciones independientes “pero que se conectan por su finalidad”, siendo su complementación y coordinación necesarias para el funcionamiento de la operación(8).

La ley define la tarjeta de crédito como el “instrumento material de identificación del usuario” (art. 4º). Esta noción coincide en lo sustancial con la idea expuesta por Broseta Pont(9), quien la encuadra entre lo que denomina “títulos valores impropios”, que no son creados para circular, sino que constituyen un título de legitimación y, como tal, están destinados a la individualización del titular o usuario. La jurisprudencia anterior también la había calificado como un “documento nominativo de legitimación”(10).

La Ley 25065 trata luego, en sucesivos capítulos, las relaciones entre el emisor de la tarjeta y el titular o usuario(11). Regula en particular el contenido del contrato de emisión (arts. 6º a 12), los supuestos de invalidez de las cláusulas (arts. 13 y 14) y algunos tópicos específicos, tales como las comisiones (art. 15) e intereses (arts. 16 al 21). También se contempla lo atinente a los resúmenes que el emisor debe remitir al titular con el detalle de las operaciones realizadas por este o sus autorizados (arts. 22 a 25), así como las objeciones que pueden plantearse a esas liquidaciones (arts. 26 a 30).

En otro título se regulan las relaciones entre el emisor y los proveedores (arts. 32 a 38) y luego diversos aspectos vinculados con las vías judiciales para el cobro de los débitos generados en el uso de la tarjeta (arts. 39 a 42). Igualmente, reglamenta la invalidez de las cláusulas de exoneración de responsabilidad (art. 46), la prescripción de las acciones (art. 47) y el juez competente (art. 52), entre otros asuntos.

Es preciso advertir que esta materia presenta también un perfil constitucional porque en cuanto atañe a los usuarios de las tarjetas, el sistema se inserta dentro de la llamada “relación de consumo” a que alude el artículo 42 de la Constitución Nacional argentina(12). En consecuencia, también le son aplicables las normas de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, la que se puede considerar reglamentaria de la citada disposición constitucional. Por eso, la Ley de Tarjeta de Crédito remite expresamente a esta preceptiva como de aplicación supletoria (art. 3º).

3. Perfeccionamiento del contrato y entrega de las tarjetas. Deber de colaboración

Con anterioridad a la sanción de la Ley 25065 se había planteado en Argentina la cuestión atinente al momento de conclusión del contrato entre el emisor de la tarjeta y el usuario. Un fallo que tiene más de una década estableció: “No demuestra la existencia de un contrato ya concluido el instrumento titulado ‘solicitud de tarjeta’, el que predica sobre una propuesta que debe contar con la ulterior conformidad de la destinataria, por la operatoria o íter que la propia concedente ha concebido para la concreción del sistema que ofrece y promueve”. Sobre esa base concluyó: “Hasta que no se haya hecho entrega de la tarjeta de plástico al titular, no pueden generarse créditos y deudas a favor de la emitente”(13).

Ese criterio se mantuvo en lo sustancial en otros fallos, aunque con alguna variante. Se dijo que si el usuario “reconoció haber suscrito la solicitud que implicaba adherirse a un régimen contractual cuyas estipulaciones constaban impresas en ese instrumento, el cual fue entregado a la firma emisora y recibido por ella sin que hubiese mediado, ni antes ni después, retractación de las partes, tal recepción importó una tácita aceptación de la propuesta u oferta que cerró el ciclo de perfeccionamiento del contrato (cfr. C.C., arts. 1145 y 1146)”. Empero, “la entrega de la tarjeta —al suscriptor— hacía a la ejecución del convenio y, ciertamente, era un paso previo necesario para que cobraran virtualidad las obligaciones correspectivas de las partes en función del empleo de aquella”(14).

La conclusión en ambos precedentes es la misma, aunque se halla precedida de un enfoque conceptual diverso. En el primer caso, la entrega de la tarjeta implica la existencia del contrato, mientras que en el segundo se visualiza como una especie de “condición suspensiva” a la que quedaría sujeta la existencia de las obligaciones del titular(15).

Este segundo enfoque resultaba más acorde con el sistema del Código Civil, a pesar de que la ley vigente ha optado por la primera alternativa, probablemente para evitar dudas y resguardar los derechos del usuario. Así, el artículo 8º de la Ley 25065 expresa que el contrato entre el emisor y el titular “queda perfeccionado solo cuando se firma el mismo, se emitan las respectivas tarjetas y el titular las reciba de conformidad”. El artículo 9º, por su parte, reafirma la idea al decir que la “solicitud” de emisión o la firma del codeudor o fiador “no generan responsabilidad alguna para el solicitante, ni perfeccionan la relación contractual”.

La prueba de la entrega de las tarjetas concierne al emisor y normalmente consiste en una constancia escrita. Pero tal medio probatorio no es excluyente, al admitirse el uso de la tarjeta si había en la causa “indicios suficientes para presumir que la entrega se materializó y que el documento plástico fue utilizado” por el solicitante, generando los débitos cuyo pago se le reclamaba(16).

Por lo demás, si hubiese una falla en la entrega —v. gr. si la constancia de recepción fuese adulterada— y ello causa perjuicio al usuario, la entidad emisora y, en su caso, el banco que intervino en la comercialización de la tarjeta son responsables por tales perjuicios(17), como luego se verá.

Concluido el contrato, ya en la etapa de ejecución de las obligaciones recíprocas o del “sinalagma funcional”, relevante en esta relación de tracto sucesivo, recae sobre las partes un “deber de colaboración” para el normal cumplimiento de aquellas obligaciones. Respecto del usuario, ya de antaño, la jurisprudencia había señalado algunas recomendaciones; por ejemplo, si este no ha recibido el resumen de cuenta, no puede liberarse de la carga —establecida en el contrato— de concurrir a retirarlo en la sede de la entidad emisora(18); esto sin que pueda esgrimir la falta de recepción para justificar la omisión de pago(19).

Este aspecto fue reglamentado por la Ley 25065, cuyo artículo 25 establece que el resumen debe ser recibido por el usuario con una anticipación mínima de cinco días anteriores al vencimiento. En caso de falta de recepción, aquel dispondrá de un canal de comunicación telefónico permanente para conocer el saldo de su cuenta. Así mismo, la norma añade que la copia del resumen estará a disposición del titular en la sede de la entidad emisora.

Los pronunciamientos posteriores ensamblaron esa directiva con los precedentes e hicieron hincapié en el deber de colaboración del usuario para decidir que este no podía justificar la falta de impugnación y de pago de los débitos. Esto por cuanto pesaba sobre él un deber contractual consistente en que “si no se recibiese el resumen en fecha habitual” debía pedirse su copia a la emisora. Junto con la cita de un precedente, se hizo expresa mención del artículo 25 de la Ley 25065(20).

Otra derivación de los deberes recíprocos es el respeto al límite de compra o de financiamiento impuesto al usuario, que opera en beneficio del emisor de la tarjeta en cuanto es responsable por el importe de la compra frente al comerciante vendedor(21). Pero el usuario no podría ampararse en el exceso del tope para liberarse de la deuda(22), aunque bien puede implicar un resguardo indirecto para él en caso de extravío o sustracción de la tarjeta.

4. La acción por cobro de los débitos generados en el uso de la tarjeta. El acceso a la vía ejecutiva

4.1. Reclamo mediante proceso ordinario

En términos generales, la acción del emisor tendiente al cobro de los débitos por los consumos del usuario no ofrece rasgos destacables cuando se instrumenta por la vía ordinaria; es decir, en un proceso de conocimiento con amplitud de debate y prueba. De todos modos, interesa mencionar algunos criterios jurisprudenciales, vinculados en especial con la prueba de los cargos reclamados.

En ese sentido, se resolvió que la ausencia de algunos cupones demostrativos del uso de la tarjeta de crédito(23) no obstaba para que procediera el reclamo cuando el contrato autorizaba a la entidad emisora a destruirlos, luego de transcurrido un año desde la aceptación de la liquidación. Esto teniendo en cuenta que el usuario no hubiera impugnado las liquidaciones donde constaban los gastos cuya exclusión pretendía, pese a haber reconocido su recepción, lo que fue interpretado como una conformidad con el importe reclamado en defecto de prueba en contrario(24).

El criterio que admite la viabilidad del reclamo con prescindencia de los cupones, en la medida que pueda alcanzarse certidumbre acerca de las operaciones aducidas merced a otras pruebas o mediante indicios o presunciones conducentes, fue reiterado en casos posteriores, algunos resueltos durante la vigencia de la Ley 25065(25).

Tal criterio, empero, no podría aplicarse con prescindencia de las circunstancias del caso. Así, en procesos tramitados en ausencia del demandado, con presencia de la defensora oficial, se desechó la operatividad de la cláusula que facultaba destruir los comprobantes al no haber certidumbre sobre la firma del contrato. Pero esto únicamente cuando la parte actora se basaba solo en sus registros y negaba la firma atribuida al demandante en la solicitud sin que se hubiese producido un peritaje caligráfico al respecto(26). Sin embargo, en otro caso —también tramitado con la defensora oficial—, se efectuó un peritaje caligráfico que comprobó la autenticidad de la firma y se admitió el reclamo(27).

Otro punto de interés tiene que ver con la eficacia probatoria de los registros contables de la entidad emisora de la tarjeta, en los que se basa habitualmente la prueba pericial relativa a los débitos. Al respecto, los precedentes coinciden en que la circunstancia de que una de las partes —el usuario— no revista la calidad de comerciante no impide que dichos registros mantengan su fuerza probatoria con el alcance que les atribuye el artículo 64 del Código de Comercio, esto es, como principio de prueba por escrito(28). No obstante, se advirtió que, si un débito surge únicamente de los registros contables de la emisora pero no figura en ningún resumen de gastos, su reconocimiento se torna infundado. Esto porque si bien los asientos gozan de la virtualidad que confiere la norma señalada, son insuficientes por sí solos para demostrar la acreencia(29).

4.2. Reclamo mediante proceso ejecutivo

Un tema que suscitó polémicas fue el relativo a la posibilidad de acceder directamente a la vía ejecutiva para el cobro de los saldos de los deudores originados por el uso de las tarjetas, lo que, en términos generales, no era admitido(30). Al respecto se plantearon algunos interrogantes, tales como: ¿podía pactarse válidamente la vía ejecutiva en estos casos?; ¿era viable la ejecución como saldo de cuenta corriente bancaria?; ¿podía prepararse la vía ejecutiva? y, en caso afirmativo, ¿sobre qué bases?

Como punto de partida, el criterio jurisprudencial puede considerarse pacífico en el sentido de que la atribución convencional de fuerza ejecutiva depende de que la obligación reúna, en sí misma, los caracteres y recaudos que la ley exige como presupuesto para tal fin. Esto sin que las partes se encuentren habilitadas para atribuir virtualidad ejecutiva a débitos que por su naturaleza no pueden tener ese carácter, en cuyo caso es insuficiente el solo pacto o estipulación para determinar la existencia de título ejecutivo, criterio que fue aplicado en relación con los débitos de tarjetas de crédito(31). En igual sentido, se resolvió que la cláusula convencional, inserta en las condiciones generales y particulares de una solicitud de tarjeta de crédito, no tenía fuerza ejecutiva(32).

Así mismo, en un fallo plenario de las cámaras en lo Civil y Comercial de La Plata se decidió que no podía prepararse la vía ejecutiva sobre la base del reconocimiento inserto en la solicitud de afiliación al sistema de tarjeta de crédito, al que se adjuntó el saldo deudor emitido por el actor(33). Sin embargo, varias salas de la Cámara Nacional en lo Comercial de Argentina habían admitido la preparación de esa vía sobre la base de la citación para “reconocer las cuentas” presentadas por la emisora de la tarjeta (Código Procesal de la Nación, art. 525)(34).

Para superar los óbices formales, sobre todo cuando en la emisión de las tarjetas intervenían entidades bancarias, se ensayó el recurso de abrir cuentas corrientes con el único fin de cargar allí los débitos por el uso de la tarjeta. De esa manera el emisor accedía a la vía ejecutiva que prevé el artículo 793 del Código de Comercio(35), pero la reacción de los tribunales fue, en general, adversa a esta práctica. En efecto, se consideró que se trataba de cuentas corrientes “no operativas”, ya que no contemplaban el servicio de cheque, por lo que el certificado de saldo deudor emitido en esas condiciones carecía de aptitud para ser reclamado por la vía ejecutiva(36).

Estas cuestiones fueron abordadas por la Ley 25065, cuyo artículo 39 contempla ahora la preparación de la vía ejecutiva sobre la base del reconocimiento judicial del contrato y el resumen de cuenta —con lo cual acogió el criterio adoptado por algunos fallos anteriores—. Para ello el emisor debe adjuntar, además, una declaración jurada sobre la inexistencia de denuncias de extravío o sustracción y de cuestionamiento fundado, anterior a la mora.

Así se desechó la ejecución directa per se de los débitos. Respecto de la cuenta corriente bancaria, el artículo 42 acogió la jurisprudencia mayoritaria anterior al disponer: “Los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo”, para lo que se debe recurrir a la preparación de la vía ejecutiva.

La aplicación temporal de esta directiva dio lugar a un fallo plenario de la Cámara Comercial que estableció: “el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria emitido con relación a un contrato de emisión de tarjeta de crédito, cuando dicho saldo hubiese sido conformado con anterioridad a la vigencia de la Ley 25065, no posee fuerza ejecutiva en los términos prescriptos por el artículo 793 del Código de Comercio”(37).

Un sesgo interesante en este asunto surge del criterio adoptado por un juzgado de primera instancia, al requerir del banco que promovió la ejecución de un certificado de saldo deudor: (a) declarar que la cuenta bancaria no fue abierta con el único fin de debitar saldos de una tarjeta de crédito y (b) agregar el contrato firmado por las partes. Entre otros fundamentos, el juez consideró que los artículos 14, literal h), y 42 de la Ley 25065, en cuanto privan de fuerza ejecutiva a los saldos de tales cuentas, modificaron el artículo 793 del Código de Comercio(38). En un caso idéntico se desestimó la apelación del banco que cuestionaba ese requerimiento, en razón de que no podía causarle gravamen, en tanto la exigencia señalada solo tiene por finalidad prevenir un ejercicio ilegítimo o abusivo de un derecho (C.C., art. 1071)(39).

5. Límites a la autonomía de la voluntad. Protección frente a cláusulas abusivas. Exclusión de intereses o cargos excesivos

Como se ha dicho, la relación entre el emisor y el usuario de tarjeta de crédito se origina en un contrato de adhesión, a cuyo respecto rige la pauta de interpretación favorable a la parte no predisponente(40). Sobre esa base se han resuelto diversas situaciones, como la que juzgó ineficaz una cláusula de prórroga de competencia territorial que, por la manera como se hallaba inserta, se consideró que no formaba parte del contenido preimpreso, teniendo en cuenta que tal pacto exigía una intención inequívoca(41).

Así mismo, se consideró ineficaz la cláusula que facultaba al banco emisor a cancelar ad nutum el uso de la tarjeta, porque si el ejercicio de tal potestad se entendiese con el alcance que aquel pretendía, esto es, sin causa que lo justifique, sin un razonable preaviso al usuario o sin responsabilidad por las consecuencias de tal proceder, se lesionaría la buena fe en la ejecución e inteligencia del contrato (C.C., art. 1198). Ello desnaturalizaría las obligaciones propias del banco y transgrediría a la vez las directivas de la Ley de Defensa del Consumidor (L. 24240, art. 37, inc. a) y b))(42).

En otro orden, la interpretación de los términos empleados en un contrato de emisión de tarjetas de crédito, comprensivo de una titular y otra adicional, fue debatida en un pleito en el que el emisor perseguía el cobro de las deudas de ambas. En primera instancia, se condenó conjuntamente al titular y a la usuaria de la adicional, por el total; sin embargo, la Cámara limitó la responsabilidad de la adicional solo a los gastos por ella efectuados, por entender que la cláusula respectiva, si bien imputaba al titular la deuda íntegra, limitaba la responsabilidad del socio adicional al atribuirle solo “los gastos, cargos y operaciones de toda índole que se efectúen ‘mediante la tarjeta emitida a su nombre”(43).

Desde luego, es común en el juzgamiento de estos contratos limitar los intereses excesivos, la revisión o exclusión de cargos administrativos u otros accesorios no debidamente justificados(44). En períodos inflacionarios se consideró que el banco emisor no podía incrementar su crédito de modo exorbitante, aplicando intereses que excedieran “la razonable necesidad de proteger la entidad del crédito frente a los embates inflacionarios”(45). Aunque la cláusula relativa a intereses y cargos no ofreciera reparos, por cuanto remitía a una “tasa libre vigente para descubiertos no autorizados” de un banco oficial, se admitió el pedido de reducción por resultar excesivos los que se intentaba cobrar, bajo pretexto de la aplicación de dicha estipulación, sin que para ello obstara que en períodos anteriores el titular abonó accesorios calculados —también por la entidad emisora—(46).

Así mismo, se consideró que la cláusula que preveía un interés moratorio más un interés punitorio de hasta el 60% de aquel, implicaba una superposición conceptual de ambas alícuotas, pues respondían a un mismo supuesto de hecho, la mora del deudor. Además, en tanto conducían a un resultado excesivo, se admitió su reducción requerida mediante “reconvención por arreglo de cuentas”, en los términos del artículo 790 del Código de Comercio argentino(47).

La Ley 25065 siguió la misma línea respecto de los intereses cuya magnitud se consideró inaceptable, siempre con el propósito de “hacer efectivos los límites impuestos por la moral, las buenas costumbres y el orden público, evitando la consagración de un abuso y de un proceder que contraría la buena fe como estándar jurídico esencial en la vida de los contratos (cfr. C.C., arts. 21, 953, 1071, 1198 y concordantes)”(48). En los mismos casos se consideró inadmisible la capitalización sin convención expresa que la autorizara, de manera que no sería admisible convención en contrario al respecto. Lo anterior con base en lo establecido en los artículos 623 del Código Civil y 18 in fine de la Ley 25065, que veda la capitalización de los intereses punitorios “independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo”.

6. La responsabilidad por daños al usuario. Diversos supuestos. Sujetos alcanzados

Otro aspecto crucial en la tutela de los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito concierne al resarcimiento de los perjuicios que puedan afectarlos injustamente durante el transcurso de la relación jurídica. Un breve recuento de la casuística planteada ante los estrados judiciales permite apreciar los lineamientos trazados por la jurisprudencia al respecto.

Así, se admitió la reparación del daño moral reclamado por una titular a raíz de la sorpresiva retención de la tarjeta y su destrucción en un local comercial, ante la vista del público allí reunido, debido a un erróneo registro contable del banco emisor(49). También hubo lugar a una indemnización por daños —materiales y morales—, causados por la imposibilidad de un usuario para utilizar su tarjeta durante toda una estadía en el exterior —viaje para el cual había sido gestionada—, con los consiguientes trastornos y mayores erogaciones para el titular, puesto que le había sido retenida el mismo día del arribo, a raíz de una información incorrecta que fue subsanada mucho después, cuando ya estaba de regreso en el país(50).

Así mismo, se admitió el pago de perjuicios cuando, al encontrarse un titular de vacaciones con su familia, debió interrumpirlas por cuanto le fue retenida su tarjeta en un supermercado, en medio de un deplorable episodio originado en la errónea información de que aquella había sido robada(51).

Otro caso emblemático, resuelto después de que la ley entró en vigencia, se refiere a la situación del usuario que, al tener que efectuar un pago con una tarjeta de crédito otorgada por el banco demandado, no pudo hacerlo porque el personal del establecimiento comercial donde se produjo el hecho —un restaurante— le informó que esta se hallaba “no vigente” y que pesaba sobre ella una “orden de captura”. Días después, la situación fue aclarada y el banco admitió que todo se había debido a un error; no obstante, al responder la acción judicial entablada por el damnificado, el demandado minimizó el hecho y lo atribuyó en parte al carácter del actor.

En ese caso el tribunal observó: “la secuencia de hechos desencadenada tras la comunicación sobre el estado de la tarjeta, la orden de retenerla y la consiguiente imposibilidad de su uso, no puede ser escindida fácticamente en tramos separados unos de otros (...) producida esa comunicación al actor, su reacción —aparentemente configurada por su permanencia en el local aduciendo la sinrazón de aquella imposibilidad de uso— aparece como un episodio más dentro del contexto, que reconoce su causa en la ingrata información transmitida. De modo que lejos de haber sido una ‘concausa’ del daño padecido, fue más bien la ‘exteriorización misma de ese daño’, vale decir, parte de las ‘consecuencias’ del hecho imputable a la negligencia del banco demandado”. Así mismo, concluyó que el episodio excedía una “mera molestia o incomodidad, para tornarse una situación en que, sorpresivamente, el usuario de la tarjeta se vio frente a una virtual imputación referida a sus antecedentes crediticios”, lo que hacía procedente el daño moral reclamado(52).

Interesa destacar que en uno de los casos citados se descalificó el argumento del banco demandado, referido a la “masividad” del sistema como excusa de su error, porque, dijo el tribunal, “cabe suponer que al emprender esa actividad que le reporta un beneficio económico, debió cumplir los deberes a su cargo con una suficiente organización administrativa como para evitarles problemas a los usuarios del sistema. La circunstancia de haber encarado en forma profesional la prestación de este tipo de servicio oneroso —de alcance típicamente ‘masivo’— corrobora su responsabilidad (C.C., art. 902)”(53).

Ahora bien, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad que, en los supuestos referidos, cabe atribuir a cada uno de los sujetos que intervienen en ese ‘complejo y sistematizado conjunto de contratos’ —como lo denomina el artículo 1º de la Ley 25065—, en relación con el usuario? Este tema suscitó controversia y encontró respuesta en la jurisprudencia que, ya con anterioridad a la sanción de la ley actual, examinó las relaciones entre dichos sujetos, afirmando la “concurrencia de responsabilidades frente al usuario”, resistida a veces con base en la invocación de cláusulas predispuestas —que fueron consideradas inoponibles por abusivas— o mediante la disimulación del verdadero rol dentro de la operación.

Estas consideraciones resumen el papel que asumen la entidad organizadora y el banco que comercializa la tarjeta(54). Encarada la cuestión con el enfoque sistémico que los tribunales habían esbozado —y hoy admite la ley— no se puede soslayar la intervención de ninguno de los diversos sujetos en el funcionamiento de la operación. Al respecto se decidió que resulta indiferente que la entidad emisora no contrate directamente con el usuario, pues dicha empresa es parte necesaria en la prestación del servicio de tarjeta de crédito que se ofrece, y se hace responsable respecto de aquel.

Para esta decisión se consideró que, de hecho, en las condiciones generales predispuestas en el contrato de adhesión, se definía al emisor como “la entidad organizadora del sistema”. Esas mismas condiciones generales establecían que la pérdida o sustracción de la tarjeta debía ser comunicada por el usuario indistintamente al banco o a la entidad emisora, siendo esta la que debía disponer la inhabilitación de la tarjeta. Mal podía entonces disimular su intervención directa en las relaciones jurídicas generadas en torno de la emisión y uso de la tarjeta.

Ese rol de administradora del sistema implica, además, arbitrar una estrategia común o uniforme para la distribución de la tarjeta y prestación del servicio, unificando modelos de contratación, regulando la publicidad y el uso de la marca y emblemas e instituyendo un mecanismo interrelacionado de liquidación de débitos y créditos entre los diversos operadores. Esta promiscua gestión pone en evidencia un predominante papel de supervisión y control constante del funcionamiento del sistema.

Desde esta perspectiva, la entidad emisora no podía equipararse a un mero fabricante o distribuidor de los plásticos, como ella había pretendido, es decir, que actuara como una espectadora ajena a los hechos vinculados con el uso de la tarjeta y a los eventuales daños que se pudieran ocasionar al usuario. Por el contrario —concluyó el tribunal— en su carácter de organizadora de este sistema, podía y debía prever las contingencias que se suscitaran en su funcionamiento y adoptar las prevenciones pertinentes, “obrando con lealtad y con la diligencia de “un buen hombre de negocios” —para decirlo con la feliz expresión del artículo 59 de la Ley de Sociedades—, conforme lo exige el artículo 902 del Código Civil, puesto que se trata de la prestación de un servicio en forma profesional (L. 24240, art. 2º)”(55).

En síntesis, la entidad emisora y el banco que intermedia en la colocación de las tarjetas están llamados a responder conjuntamente por las fallas del sistema, no solamente en cuanto lo publicitan y ofrecen al usuario (L. 24240, arts. 7º y 8º), sino en tanto que participan concretamente en su funcionamiento, con las modalidades señaladas, obteniendo una ventaja o utilidad. De esta manera, ambos deben asumir el riesgo empresario ínsito en tal actividad y responder conjuntamente ante el destinatario del servicio, cumpliendo así con el designio plasmado en el artículo 42 de la Constitución de la Nación Argentina(56).

Tal responsabilidad aparece hoy corroborada en la Ley 25065, cuyo artículo 46 priva de efectos a “las cláusulas que impliquen exoneración de responsabilidad de cualquiera de las partes que intervengan directa o indirectamente en la relación contractual”. Además —como se expresa en los precedentes citados—, podría fundarse también en el artículo 40 de la Ley 24240, que establece un régimen de solidaridad respecto del usuario por los daños resultantes de deficiencias en la prestación del servicio, a menos que se demuestre la eximente allí prevista —causa ajena—. También podría hallar sustento en otras normas del derecho común(57).

Por último, cabe señalar que el criterio de responsabilidad concurrente del banco y la llamada “administradora del sistema”, fue también aplicado en relación con otro sujeto que interviene en la operación, en este caso, el comerciante-vendedor. En varios casos se admitió la acción deducida: (i) por reclamo de reembolso del importe de una factura impaga(58); (ii) por repetición de descuentos indebidos(59) y (iii) por retenciones sobre ventas aprobadas, débitos incorrectos y daño moral(60).

Se dijo en tales casos que la entidad no podía, bajo la mera invocación de ese rol, acotar su responsabilidad como parte fundamental en el complejo negocio vinculado con las tarjetas de crédito; sin perjuicio, claro está, de las acciones recursorias que pudieran creerse con derecho a ejercer entre sí ambas codemandadas.

7. La acción de amparo y el ‘habeas data’ como instrumentos de tutela de los derechos del usuario

Tras la ampliación del horizonte de la “acción de amparo”, con la reforma al artículo 43 de la Constitución argentina en 1994, con frecuencia llegan a los tribunales comerciales los procesos de esa índole, en especial como habeas data. Se trata de un instrumento procesal idóneo para requerir informes de registros concernientes a la situación patrimonial del afectado y en su caso rectificarlos o eliminarlos, lo que permite muchas veces conjurar o atenuar el perjuicio proveniente de una información errónea o desactualizada.

En algunos casos la pretensión fue desestimada: cuando se procuraba, por ejemplo, que una empresa dedicada a brindar informes sobre antecedentes comerciales se abstuviera de hacerlo, sin que el actor hubiese indicado las consecuencias dañosas que pretendía evitar, ni la realización de gestiones previas(61). En otros, la cuestión pudo ser resuelta en el curso de una audiencia ante el tribunal, mediante el reconocimiento por el banco demandado de la inexistencia de saldo deudor a cargo de la actora y su compromiso de comunicarlo a las firmas informadoras de datos para que eliminaran de sus registros la información errónea(62).

Un precedente interesante se originó en la acción del titular de una tarjeta contra el banco emisor, para que este diera de baja una información de sus registros donde se lo consideraba deudor por dos conceptos incluidos en un resumen de cuenta que había impugnado oportunamente. Esa información —calificada de inexacta— fue transmitida a dos bancos de datos con evidente perjuicio. El importe de los conceptos impugnados era exiguo en relación con el resto de los débitos, los cuales habían sido abonados totalmente por el actor, al igual que los resúmenes sucesivos. El tribunal admitió la acción y ordenó la supresión de las constancias de los débitos en los archivos del banco, con el deber de este de comunicar dicha supresión a los bancos de datos a los que la había transmitido (L. 25326, art. 16).

Al respecto consideró que, ante los reclamos que formulara el usuario mediante cartas, el banco debía aportar los comprobantes de los gastos desconocidos por aquel (cfr. L. 25065, art. 27), lo que no había hecho ni siquiera durante la secuela de la causa. De este modo, no resultaban justificados los débitos en cuestión, y la información que se suministró al Banco Central y a una entidad dedicada a suministrar antecedentes comerciales era ajena al verdadero estado de las cosas. En ese contexto se juzgó configurada “una hipótesis de ‘discriminación’ y, hasta cierto punto, también de ‘falsedad’ de los ‘datos’ concernientes al actor, en los términos del artículo 43, tercer párrafo, de la Constitución de la Nación”.

Añadió el tribunal que esa conclusión aparecía corroborada por una carta posterior que el banco remitiera al actor, donde “lamentaba sinceramente” los motivos que habían originado la baja de su tarjeta y ofrecía “restablecer el servicio”, de modo que cabía “razonablemente inferir que, para el propio banco, el actor no se hallaba en una situación de riesgo crediticio, ni mucho menos susceptible de impedirle acceder a una cuenta de tarjeta de crédito”(63).

El fallo trató otros aspectos de interés. Se consideró que si bien al tramitarse la acción todavía no regía la Ley 25326 de Habeas Data, la pretensión encontraba sustento en las normas constitucionales inherentes a la tutela de los datos personales (C.N., art. 43, (párr. 3º) y había sido adecuada la vía elegida(64). En todo caso, resta siempre la protección genérica del amparo, basada en el primer párrafo del artículo 43, cuando está en juego la garantía contemplada en el artículo 42 de la misma normativa, inherente al derecho de los consumidores a una “información adecuada y veraz”.

Por la misma razón se dejó de lado el argumento del banco en el sentido de que no era una entidad destinada a dar informes a terceros y se expresó que la garantía del habeas data alcanza incluso aquellos supuestos en los que no interviene una entidad destinada estrictamente a proveer informes (L. 25326, arts. 2º y 33, inc. 1-b).

8. Colofón

Los precedentes reseñados datan, casi todos, de las últimas dos décadas. Ese período refleja la evolución de la jurisprudencia en esta materia, particularmente de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de Argentina, y muestra la trayectoria recorrida en procura de una más eficaz tutela de los derechos de los usuarios dentro del complejo “sistema de tarjetas de crédito”.

Como señalamos en uno de los fallos citados, sin dejar de lado los cauces procesales —en ese caso se trataba de un amparo— en la medida en que se encuentren comprometidos derechos de raigambre constitucional —los que actualmente atañen a los consumidores y usuarios en la relación de consumo—, el criterio de apreciación ha de ser amplio y flexible para dar un oportuno y eficaz resguardo a tales derechos, sin ceder a reparos formalistas, que podrían conducir a una virtual frustración del acceso a la justicia.

(1) Disertación en el Instituto Argentino de Derecho Comercial el 25 de octubre de 1994, bajo el título Los horizontes del derecho comercial en los umbrales del siglo XXI. En: La Ley (Actualidad), ejemplar del 2 de marzo de 1995.

(2) Alpa, G. I contratti in generale — Introduzione alla nuova giurisprudenza. Utet, Torino: 1990, p. 172. El autor citado es Caplovitz, D. Consumer credit in the United States: the situation of consumer debitors, 1985, y también Consumers in trouble: a study of debtors, 1974.

(3) Pero cabe acotar que en el régimen legal vigente en la Argentina, el titular de la tarjeta que hubiera abonado sus cargos al emisor queda liberado frente al proveedor por el pago de la mercadería o servicio “aun cuando el emisor no abonara al proveedor” (L. 25065, art. 45).

(4) La ley argentina establece que el emisor es ajeno a las controversias entre el usuario y el proveedor derivadas de la ejecución de las prestaciones convenidas, pero deja a salvo el supuesto en que el emisor haya promovido los productos o al propio proveedor, pues en tal caso “garantiza con ello la calidad del producto o del servicio” (L. 25065, art. 43). A la vez, el incumplimiento del proveedor en su relación con el usuario da derecho al emisor a resolver su vinculación contractual con dicho proveedor (ídem, art. 44).

(5) Alpa, G., op. cit., pp. 173 y 174. Ver también del mismo autor: L’applicazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori: primo bilancio. En: Revta. Economia e Diritto del Terciario, Nº 3, 2000, p. 773.

(6) Williams, J. Contratos de crédito: contratos bancarios. T. 2, Vol. B, Abaco, pp. 649 y ss.

(7) La “carta de crédito” constituye un documento nominativo mediante el cual una persona —dador— confiere a otro —portador— la posibilidad de recibir de un tercero —librado—, cierta suma de dinero ya determinada o hasta el importe que fije en la carta. No es documento a la orden, por eso el portador debe acreditar su identidad ante el tercero y, en caso de incumplimiento, no tiene acción contra el que dio la carta, salvo por el reembolso de lo que le hubiese entregado antes.

(8) Caso Gómez, Carlos A. v. Argencard S.A. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, fallo 42524, dic. 6/02, E.D. feb.13/04, p. 14.

(9) Broseta Pont, M. Manual de derecho mercantil. Tecnos, Madrid: 1991, pp. 594 y 595.

(10) Caso Banco de Crédito Liniers v. González, Osvaldo. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, sep. 17/86, L.L. 1987-C, p. 129.

(11) Cabe aclarar que la ley define estos términos en el artículo 2º, reservando la designación de “titular” a quien está habilitado para el uso de la tarjeta y se hace responsable de los cargos y consumos realizados por él o por las personas que él haya autorizado, mientras que la expresión “usuario” designa a estos autorizados, aunque la ley es un tanto ambigua porque menciona como usuario al “titular nacional”. Aquí, salvo cuando se requiera una aclaración o indicación especial, empleamos indistintamente esos términos, aludiendo en sentido amplio al portador legitimado para utilizar la tarjeta.

(12) En cuanto interesa, el artículo 42 dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

(13) Caso Banco de Crédito Liniers S.A. v. Iglesias, Jesús. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, abr. 8/87.

(14) Caso Diners v. Wiszniewski, Alberto. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, dic. 4/98. En: Doctrina Judicial, 1999-3, p. 67.

(15) Artículos 545 y siguientes del Código Civil. El artículo 548 dice: “si la condición no se cumple, la obligación es considerada como si nunca se hubiera formado”.

(16) Caso Diners v. Wiszniewski, Alberto. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, dic. 4/98, ya citado. Se valoró, en especial, los resúmenes de cuenta emitidos por la entidad, su correlación con los registros contables resultante de un informe pericial y la conducta remisa del demandado a lo largo del proceso.

(17) Caso Cannizzaro, Juan Carlos v. Banco Mercantil Argentino. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, sep. 30/97, E.D. 176-458.

(18) Caso Banco Liniers v. Chirón, Julio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, oct. 9/87, L.L. 1988-D, p. 171. Los vocales discreparon en punto a la consecuencia de la falta de objeción de los resúmenes.

(19) Banco de la Ciudad de Buenos Aires v. Cerutti, Karina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, jun. 10/97, L.L. 1997-F, p. 499.

(20) Caso Diners v. Pérez Lucero, Mario Eduardo. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, jun. 27/00. El precedente citado es de la misma Sala: caso Banco Río de la Plata v. Harf de Cukier, Noemí, sep. 28/98.

(21) Ver Banco de la Ciudad de Buenos Aires v. Cerutti, Karina, ya citado.

(22) Caso Banco Mercantil Argentino v. Larrosa, Marcela. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, ago. 26/96, L.L. 1997-B, 502.

(23) Estos cupones, en cuanto constancias que habilitan un débito en la cuenta del titular de la tarjeta, pueden ser considerados propiamente como “notas de débito”.

(24) Caso Diners v. Menéndez de Yantorno, María. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, fallo 92747, mar. 16/93, L.L. dic. 20/94, p. 4. Sobre la relevancia de la ausencia de impugnación a las liquidaciones: Caso Banco Mercantil v. Pacífico, Roberto. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, mar. 9/98 y Caso Banco Shaw v. Dasso, Héctor. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, jul. 16/98.

(25) Caso Diners v. Pérez Lucero, Mario E. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, jun. 27/00; caso Banco Río de la Plata v. Harf de Cukier, Noemí. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, sep. 28/98 y caso Finvercom v. Chaves, Miguel. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, ago. 13/99.

(26) Caso Banco Liniers Sudamericano v. Stanic, Alberto. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, jun. 22/01 y caso American Express Argentina v. Pérez González, José Mario y otro. Ago. 8/01.

(27) Caso American Express v. Zárate de Bazante, Teresa. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, jun. 22/93, L.L. 1994-C, p. 187.

(28) Caso Diners v. Antonini Modet, Martiniano. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, fallo 47988, dic. 23/96, E.D. jun. 26/97; caso Banco Mercantil v. Molaro, Rubén. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, mar. 9/98. En: Doctrina Judicial, 1998-3, p. 427; Caso American Express v. Brambati. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, feb. 28/96 y caso Finvercom v. Chaves, Miguel. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, ago. 13/99.

(29) Caso Finvercom v. Chaves, Miguel. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, ago. 13/99.

(30) Aunque sí se había admitido la preparación de la vía ejecutiva en ciertos supuestos —caso Finvercom v. Chaves, Miguel. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, ago. 31/94 y otros—.

(31) Caso Diners v. Lentino, Ricardo. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, fallo 45127, jun. 26/92, E.D. jul. 12/93, p. 7, entre otros.

(32) Caso Deutsche Bank v. Mosquera, Alejandro. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, fallo 90266, abr. 11/90, L.L., mar. 31/92, p. 3.

(33) En el caso Banco Mayo v. Olivares, Hugo. Sep. 16/97, J.A. abr. 8/98, p. 13, con nota de Augusto M. Morello y Mario Kaminker. El voto del magistrado Gualberto Lucas Sosa lideró la postura mayoritaria.

(34) Caso Banco Río v. Riemersma, Jorge E. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, fallo 48614, dic. 17/97, E.D. mayo 20/98, p. 6 y caso Finvercon v. Díaz, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, ago. 31/94.

(35) El párrafo tercero de este artículo dice: “las constancias de los saldos deudores en cuenta corriente bancaria, otorgados con las firmas conjuntas del gerente y contador del banco‘ serán considerados títulos que traen aparejada ejecución”.

(36) Caso Banco Cooperativo de Caseros v. Arangio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, ago. 24/87; caso Banco Mayo Coop. Ltdo. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, sep. 19/87; caso Banco Cooperativo de Caseros v. Caso, Roberto. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, mayo 19/88, E.D. 129-417; caso Banco Cooperativo de Caseros v. González Saborido Juan. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, jun. 10/97, En: Revista de Derecho Comercial y Obligaciones 175/180, p. 923; caso Banco de la Provincia de Buenos Aires v. Alives, Nicolás. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, fallo 48613, jun. 27/97, E.D. mayo 20/98, p. 4. En algún caso se distinguió la cuenta “no operativa” de la que se calificó como “operable no operada”, en la cual se admitió la ejecución de saldo deudor —Caso Banco Mayo v. Bruchmann, Lucía. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, mar. 17/93, L.L. 1994-C, p. 350—. Una postura solitaria, favorable a la ejecutividad del saldo en estos supuestos, fue la sostenida por la Sala E en el caso Lloyds Bank v. Sider, Sergio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, mar. 21/96.

(37) Caso Compañía Financiera Argentina S.A. v. Ravazza, Jorge. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en pleno, jun. 17/03. En: Revista de Derecho Comercial y Obligaciones, 2003, p. 821.

(38) Caso BBVA Banco Francés v. Monachesi, Jorge. Juzgado Comercial 10, mayo 2/02, Dr. Osvaldo Comer, Lexis Nexos, feb. 18/2004, p. 84, con nota de Roberto Muguillo.

(39) Caso BBVA Banco Francés v. Amuh, Héctor. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, nov. 19/02.

(40) Ver entre muchos: Farina, J.M. Contratos comerciales modernos. Astrea, Buenos Aires: 1999, Nº 443, p. 604; Amadeo, J.L. Síntesis de jurisprudencia. J.A. 1987-IV, pp. 1059 y ss., y los fallos allí citados.

(41) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, mayo 20/86, citado por Amadeo en su reseña ya mencionada.

(42) Caso Cannizzaro, Juan Carlos v. Banco Mercantil Argentino. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, sep. 30/97, E.D. 176-458, con nota de Martín Esteban Paolantonio: “El control judicial de las cláusulas predispuestas y un fallo ejemplar”. La doctrina relativa a la ineficacia de las cláusulas rescisorias ad nutum fue reiterada en el caso Baca Castex v. Diners Club. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, fallo 102182, mar. 16/01, L.L. jun. 20/01, p. 13, bien que mediaron conclusiones discrepantes en cuanto a la justificación de la resolución en el caso.

(43) Caso Citibank NA v. Fernández, Juan Carlos y otra. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, ago. 8/2000.

(44) Caso Créditos Luro v. Nassif. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, fallo 50386, sep. 3/99, E.D. oct. 18/2000.

(45) Caso Deutsche Bank v. Provera, Héctor y otra. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, oct. 28/93. Se dispuso actualizar el capital y fijar sobre esa base una tasa del 15% anual de interés —según los usos del fuero comercial en ese momento—.

(46) Caso Rodríguez, Carlos v. Diners. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, feb. 12/93, E.D. 157-320. El tribunal tuvo en cuenta el dictamen pericial y un informe del banco oficial.

(47) Caso Diners v. Carpio, Fermín. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, nov. 30/94, L.L. 1995-C, p. 8, con nota de Juan C. Poclava Lafuente: “tarjetas de crédito y ajuste de cuentas”.

(48) Caso Citibank NA v. Fernández, Juan Carlos y otro. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, ago. 8/00. Se trataba de tasas de 3.8% mensual en época de estabilidad. En igual sentido: caso Banco Francés v. Hulton, Jorge Eduardo. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, jun. 14/2002 y caso Créditos Luro SA v. Nassif, Darío René. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, sep. 3/99.

(49) Caso Rodríguez, Alicia v. Banco Río. C, mayo 26/95, E.D. 169, p. 142.

(50) Caso Cannizzaro, Juan C. v. Banco Mercantil Argentino. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, sep. 30/97, L.L. 1998-B, p. 656 y en E.D. 176-458, con nota de Paolantonio.

(51) Caso Jaraguionis, Nefi v. Banco de Boston. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, mayo 21/98, LL 1998-F, p. 168, con nota de Roque J. Caivano: “El negocio jurídico de tarjeta de crédito, una expresión de las modernas formas de contratación”.

(52) Caso Polito, Francisco Antonio v. Banco Bansud. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, ago. 8/03 —la condena por daño moral se fijó en 13.000 dólares—.

(53) En el caso Cannizzaro, Juan C. v. Banco Mercantil Argentino. L.L. 1998-B, p. 656, ya citada.

(54) La relación entre ambos había sido calificada como una forma de agencia con representación limitada —Muguillo, R.A. Tarjeta de crédito. Astrea, Buenos Aires: 1985, parágrafo 28-d, pp. 107 y 108— y también como franquicia (franchising).

(55) Causa Jaraguionis, antes citada.

(56) Ver también: Monti, J.L. Esbozo sobre el daño resarcible en el derecho comercial —presupuestos y aplicaciones—. En: Derecho de daños. Ed. La Rocca, Buenos Aires: 2002, Capítulo IX, pp. 187 a 238.

(57) En efecto, el artículo 1623 del Código Civil remite a las “obligaciones de hacer” en punto a los efectos de la locación de servicios, esto es, en cuanto al modo de prestación de los servicios y a las responsabilidades derivadas de su inejecución —cfr. Salvat, R. Tratado de derecho civil argentino, fuentes de las obligaciones – contratos II. Nº 1141, Tea, Buenos Aires: 1957, p. 301—; y en lo pertinente, el artículo 626 del mismo Código, admite la ejecución “por otro que el obligado”, lo que naturalmente no excluye, sino que presupone, la posibilidad de ejecución conjunta, con las responsabilidades consiguientes de quienes intervienen en la prestación del servicio. Al mismo resultado se llega si se parte del conjunto de relaciones involucradas en el contrato entre el usuario y el banco, el cual contiene cláusulas que vinculan a la entidad administradora del sistema, aceptadas por esta al intervenir en esa relación y poner en ejercicio las prerrogativas inherentes a su condición de tal (C.C., arts. 504, 1199, 1161/2, 918 y concordantes). La responsabilidad de la emisora tiene base contractual y debe ser considerada así en punto a sus alcances y efectos (C.C., arts. 505, 508, 511, 512, 519 y ss. y 1198 in límine).

(58) Caso Greco S.C.A. v. Argencard S.A. Mastercard. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, feb. 22/02, donde invoca lo resuelto por la misma Sala respecto del usuario en el caso Jaraguionis, Nefi v. Banco de Boston y otro, mayo 21/98, ya citado (L.L. 1998-F, p. 168 y J.A. 1999-I, p. 748).

(59) Caso Importoys S.A. v. Argencard S.A. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, fallo 106915, sep. 12/02, L.L. feb. 20/04, p. 6.

(60) Caso Gómez, Carlos v. Argencard S.A. y Citibank. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, fallo 42524, dic. 6/02. E.D. feb. 13/04.

(61) Caso Tassotti, Luis v. Organización Veraz. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, fallo 96500, jul. 4/97, L.L. dic. 17/97, p. 14.

(62) En el caso Iriarte, Patricia B. v. Banco del Buen Ayre – amparo. Tramitado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, audiencia del 27 de marzo de 1998. De ese modo se removió el obstáculo para que la actora accediera a una tarjeta de crédito en otra entidad bancaria.

(63) Caso Halabi, Ernesto v. Citibank NA. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, mar. 26/02, J.A. ago. 27/02, p. 28 (2002-3, fascículo 8), con nota de Pablo A. Palazzi: “Ámbito de aplicación de la ley de protección de datos personales”.

(64) El artículo 43, tercer párrafo, dice: “Toda persona podrá interponer ‘esta acción’ (amparo) para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos”.