Laudo Arbitral

Bloch Niño & Cía. S. en C.-Blomag S. en C.

v.

Fiduciaria Colmena S.A.

Octubre 26 de 1993

Tribunal de Arbitramento

Santafé de Bogotá, D.C., octubre catorce (14) de mil novecientos noventa y tres (1993).

Siendo las dos y treinta p.m. (2.30 p.m.), del día señalado en auto del catorce (14) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), se reunió el Tribunal de Arbitramento convocado por Bloch Niño & Cía. S. en C., Blomag S. en C., contra Fiduciaria Colmena S.A., integrado por los árbitros doctores Ramiro Bejarano Guzmán, quien lo preside, Ximena Tapias Delporte y Darío Laguado Monsalve, y por el secretario doctor Enrique Laverde Gutiérrez, en presencia de los apoderados Luis Fernando Salazar y Gilberto Peña Castrillón.

El presidente declaró abierta la audiencia, y al efecto la secretaría informó que oportunamente el apoderado de la sociedad demandante había presentado memorial de aclaración y adición del laudo proferido, del cual se ordenó dar lectura.

Concluida la lectura del anterior memorial, el tribunal profiere el auto apoyado en las consideraciones que a continuación se enuncian.

Auto

Para que proceda la aclaración de un fallo, es preciso que haya un verdadero motivo de duda sobre un concepto o frase, siempre que esté contenido en la parte resolutiva del mismo o influya en ella. A su turno, para que se abra camino la complementación, es necesario que el laudo hubiere omitido pronunciarse sobre las pretensiones o las excepciones (CPC., arts. 309, 311).

En el presente caso, el tribunal no accederá a aclarar ni a adicionar el laudo, porque ninguna de las cuatro solicitudes consignadas en el memorial reúne los requisitos antes expuestos, pues en verdad, unas consisten en reparos a las conclusiones adoptadas en el fallo, y otras pretenden que el tribunal modifique su propio laudo, temas completamente ajenos tanto a la complementación como a la aclaración.

1. En relación con el primer punto, el peticionario solicita se complemente el laudo para que haya un pronunciamiento expreso sobre los documentos que se incorporaron en el curso de la diligencia de inspección judicial celebrada en la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. el día 14 de julio de 1993, porque, a su juicio, de ellos se deduce que su poderdante sí estuvo presto a cumplir en el mes de marzo de 1990 la obligación de pagar el saldo de la suma a su cargo. Nada tiene que complementar el laudo sobre este aspecto, por varias razones:

a) En primer lugar, no es exacta la afirmación del memorialista según la (sic) se hubiere sostenido que el señor Alfred Bloch Dietzel hubiere estado en paz y a salvo con la sola aprobación del crédito por parte de Colpatria, pues, por el contrario, el tribunal exploró las razones por las cuales a pesar de que ello solo ocurrió el 7 de enero de 1992, Fiduciaria Colmena transfirió el 31 de octubre de 1991 las unidades inmobiliarias;

b) Aun cuando al señor Bloch Dietzel se le hubiere aprobado su solicitud de crédito en marzo o julio de 1990, lo cierto es que para esa época no estando todavía concluida la obra, Colmena no estaba obligada a transferir el dominio de las unidades correspondientes;

c) Independientemente de que a Bloch Dietzel se le hubiere aprobado el crédito por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. lo evidente es que ello resultó intrascendente, precisamente porque el propio beneficiario no instrumentó su utilización para los fines de atender el pasivo con Colmena, y por tanto ninguna relievancia podía tener en la argumentación sostenida en el laudo;

d) Es decir, si la inquietud ha sido planteada para alegar que hubo una voluntad de pago en marzo de 1990, lo evidente es que el actor jamás la concretó, pues no utilizó el crédito que le había sido aprobado por esa corporación sino por otra y en época bien distante. El cumplimiento de la obligación de Bloch Dietzel no se atendía con la sola voluntad de pago, pues era necesario que este se produjese, y

e) De otra parte, nada tiene que complementar el tribunal sobre el examen del cumplimiento de las obligaciones y la consiguiente responsabilidad del fiduciario, pues abundó en razones para precisar aquellas y denegar la declaratoria de esta. La lectura de la parte resolutiva del laudo, permite apreciar como no se dejó de resolver ninguno de los pedimentos planteados por las partes, y en esas condiciones resulta improcedente la complementación solicitada.

2. En segundo lugar, el peticionario pretende al mismo tiempo que se aclare y complemente el laudo, en relación con los alcances de la carta del 17 de julio de 1991, con base en la cual Colpatria comunicó a Bloch Dietzel la aprobación del crédito, pues a su entender debió haberse tenido en cuenta la del 5 de junio de 1991. Tampoco este pedimento puede ser acogido por las siguientes razones:

a) No es viable solicitar simultáneamente respecto de un mismo punto, su aclaración y complementación, pues ello riñe con la lógica. En efecto, mal puede resultar confuso un concepto si sobre el mismo no ha existido pronunciamiento;

b) De otra parte, para el tribunal es absolutamente claro que si bien es cierto hubo una primera carta de aprobación del crédito del 5 de junio de 1991, ante la solicitud de incremento del monto aprobado formulada por el mismo demandante, la aprobación solo vino a quedar en firme el 17 de julio de ese año, como se desprende de la comunicación a la que se hizo referencia en múltiples oportunidades, y

c) Dicho de otra manera, mal podía el tribunal tener como fecha de aprobación del crédito el 5 de junio de 1991, cuando el mismo Bloch Dietzel solicitó y obtuvo de la corporación una ampliación de su crédito el 17 de julio de 1991. De proceder bajo la premisa del actor, no podría superarse la contradicción de que el solicitante hubiere gozado de un crédito superior al que le había sido aprobado en la carta del 5 de junio de 1991.

3. En tercer lugar, el peticionario pretende que se aclare el laudo en el sentido de precisar si hubo o no retardo en el cumplimiento de la obligación a cargo de Colmena, y si tal retardo fue o no probado, porque, a su juicio, en este tema encuentra que el laudo “... es confuso y absolutamente contradictorio entre su parte motiva y su parte resolutiva” (Cfr. fl. 7 del escrito). Tampoco accederá el tribunal a esta solicitud por las siguientes razones:

a) No es cierto que el tribunal hubiere establecido que Fiduciaria Colmena cumpliera con retardo su obligación de transferir el dominio al actor, y mucho menos, que en la parte resolutiva haya adoptado una decisión encontrada con las apreciaciones consignadas en la parte motiva. La palabra o la connotación retardo no la utilizó jamás el tribunal, y por tanto se trata de una interpretación del actor que no consulta las consideraciones consignadas en el laudo;

b) El actor ha confundido el alcance de lo sostenido por el tribunal acerca del plazo de noventa días para suscribir la escritura pública de transferencia del dominio y de subrogación del crédito, porque no es exacta su conclusión de que implícitamente se hubiere establecido que el cumplimiento de la obligación de transferir el dominio de las unidades inmobiliarias, a cargo de Colmena, se hubiere realizado con dos semanas de retardo;

c) En efecto, el plazo de noventa días para que se suscribiera la escritura pública fue concedido por Colpatria a Bloch Dietzel, y no a Colmena. Para Colmena lo que surgió a partir del 17 de julio de 1991, cuando Colpatria le comunicó a Bloch Dietzel la aprobación de su solicitud de crédito, fue la obligación de transferir el dominio de las unidades inmobiliarias, la que, a juicio del tribunal, cumplió dentro de las condiciones normales, habida cuenta de que el acto notarial requería, además de la presencia de Colmena, la de Bloch Niño y la de Colpatria;

d) Si el plazo de noventa días lo impuso Colpatria a Bloch Dietzel, y si la corporación no le dio importancia al hecho de que se suscribiera la escritura pasadas dos semanas del referido lapso, ello lo que está indicando no es que Colmena hubiere cumplido con catorce días de retardo o que hubiere incumplido, sino lo que se sostuvo en el laudo, esto es, que el tiempo que transcurrió entre el 17 de julio y el 31 de octubre de 1991 “... fue el normal …” (Cfr. cdno. del laudo, fl. 27);

e) De no considerarse así el asunto, Bloch Niño, valido de una misma situación de hecho estaría, por una parte pretendiendo responsabilidad a cargo de Colmena, pero, por la otra, ignorando que Colpatria finalmente sí le otorgó el crédito concedido, a pesar de no haber suscrito la escritura dentro del plazo de los noventa días. Es decir, bajo esa óptica el actor únicamente tendría atención para la mora ajena y no para la propia, y

f) Ciertamente, contrario a lo que sostiene el actor, el tribunal en vez de encontrar tardío el cumplimiento de las obligaciones por parte de Fiduciaria Colmena, llegó a una conclusión diferente, y ello no solo se expresó con total claridad en la parte motiva sino también en la resolutiva. Obsérvense, a título de ejemplos, los siguientes apartes de los considerandos del laudo, cuya claridad es protuberante:

Se dijo en primer término:

“Así las cosas, si en los noventa días siguientes al 17 de julio de 1991 debía escriturarse la transferencia del beneficio y la constitución de la hipoteca, y ello se produjo el 31 de octubre de 1991, no se aprecia culpa, negligencia o descuido por parte de Fiduciaria Colmena, pues al contrario, las evidencias procesales, lo que permiten deducir es que el tiempo transcurrido fue el normal, como también que la entidad fiduciaria no dejó solo en ese trámite al fiduciante sino que le prestó valiosa ayuda”. (resalta el tribunal Cfr. cdno. del laudo, fl. 27).

Como para que no quede duda alguna adviértase cómo el tribunal volvió a insistir sobre su argumentación, así:

“Establecido que no hubo tardanza, igual suerte ha de correr el otro sustento del pedimento, esto es, que la transferencia se produjo en forma “... onerosa ...”. En efecto, como vino formulada la pretensión primera, para su prosperidad está supeditada a que se estableciera primero la tardanza, para enseguida determinar si la transferencia fue onerosa. Como no se probó la tardanza, menos podría abrirse camino el pedimento en cuanto a la alegada onerosidad” (destaca el tribunal Cfr. cdno. del laudo, fl. 28).

Sobre tales pilares logísticos, se sustentó la decisión contenida en el numeral 1º de la parte resolutiva, la que, contrario a lo afirmado por el actor, fue perfectamente coherente y consecuente con los considerandos del laudo, pues al declarar que Fiduciaria Colmena S.A. no había obrado en forma descuidada ni negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, ratificó que ello se debió a no haberse probado que ella ...

“... hubiere transferido en forma tardía ni onerosa a la Sociedad Bloch Niño y Cía. S. en C., Blomag S. en C., las unidades inmobiliarias objeto del referido contrato...” (destaca el tribunal Cfr. cdno. del laudo, fl. 30), y

g) Nada tiene que aclarar el tribunal sobre este tema, pues las premisas en que se apoya la solicitud del memorialista no coinciden con las que se tuvieron en cuenta en el laudo. En efecto, el tribunal dedicó el aparte 3.3 de los considerandos del laudo, para definir el cumplimiento por parte de Fiduciaria Colmena de la obligación de transferir el dominio de las unidades inmobiliarias, en términos absolutamente claros y consecuentes con la parte resolutiva. Si el actor no comparte las motivaciones y decisiones del laudo, otro será el camino para infirmar aquellas y revocar estas.

4. Finalmente, la solicitud de ser más explícito el laudo en relación con la condena en costas, por cuanto al no haberse acogido las excepciones del demandado no podía imponerse condena en la totalidad de las mismas al actor, también habrá de negarse por improcedente, atendidas las siguientes razones:

a) Habiéndose dicho en el laudo que por haber resultado vencida la parte actora se le impondría la condena al pago de la totalidad de las costas, con fundamento en lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y en el inciso 2º del artículo 33 del Decreto 2279 de 1989, sobra cualquier comentario o aclaración. En efecto, en esa redacción sencilla está no solo la explicación del por qué de tal determinación sino su sustento jurídico;

b) Por lo demás, no es exacta la apreciación del memorialista en cuanto supone que a pesar de no acogerse las pretensiones por motivos diferentes a los planteados como excepciones por el demandado, las costas deben ser compartidas, pues lo que la ley indica es diferente. Ciertamente, lo que el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil manda es condenar a quien haya perdido el proceso íntegramente, como ocurrió en este evento, no importa que la causa de tal fracaso haya sido la prosperidad de las excepciones o la falta de prueba de los hechos en que se apoyaban las pretensiones, y

c) De otra parte, el tribunal advierte notoria confusión en el pedimento del memorialista, pues aun cuando en principio solicitó la aclaración de este punto, finalmente demandó su adición, para que se impusiera condena en costas a la parte demandada, lo que no puede ser de recibo por ningún motivo, porque, como ya se dijo, no puede pedirse simultáneamente la aclaración y adición de un mismo punto, y además, porque lo que el peticionario pretende es que el tribunal cambie su decisión en materia de costas, lo que está expresamente prohibido por el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil.

Con base en lo anterior, el tribunal deniega la solicitud de aclaración y adición del laudo formulada por el apoderado de la parte actora.

La anterior providencia queda notificada en estrados.

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