Laudo Arbitral

Carbones y Petróleos Colombianos, Carbopetrol S.A.,

v.

American International Petroleum Corporation of Colombia

Acta 18

Noviembre 14 de 2000

En Santafé de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil (2000), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), fecha y hora fijadas en providencia anterior, se reunieron los doctores Roberto Valdés Sánchez quien preside, José Ignacio Narváez García y Hernando Galindo Cubides, en su calidad de árbitros: William Javier Araque Jaimes, identificado con la cédula de ciudadanía 19.268.414 de Bogotá y tarjeta profesional 71.464 en su calidad de apoderado de la parte demandante: Luis Carlos Gamboa Morales, identificado con la cédula de ciudadanía 3.228.859 de Usaquén y tarjeta profesional 26.141 en su calidad de apoderado de la parte demandada: y Roberto Aguilar Díaz, en su calidad de secretario de este tribunal de arbitramento.

Informe secretarial

Mediante escrito presentado el pasado 3 de noviembre el apoderado solicitó realizar algunas adiciones, aclaraciones y correcciones al laudo.

A continuación el tribunal profirió el siguiente

Auto 37

El señor apoderado de AIPC ha solicitado que se adicione el numeral undécimo del laudo “como resultado de la reducción de los gastos y honorarios del tribunal ya cancelados por AIPC”, y que teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral noveno del mismo laudo, se aclare “la forma de liquidar la condena proveniente de la restitución de las sumas entregadas, toda vez que allí se menciona que debe hacerse a la tasa representativa del mercado, lo cual resulta contradictorio con algunos apartes de la parte motiva.

Para resolver el tribunal,

CONSIDERA:

A. Respecto de la primera petición, que corresponde más a una solicitud de aclaración que a una de adición, es tan evidente la inadvertencia del tribunal en cuanto al cincuenta por ciento de honorarios y gastos pagados por AIPC. Que ahora no debe vacilar en corregir ese error. En efecto, si bien a AIPC se le condenó al pago del 100% de las costas es necesario tener en cuenta que la demandada canceló directamente el 50% de las sumas por concepto de honorarios y gastos. Por ello, la liquidación de costas debe tener en cuenta esa circunstancia y, en consecuencia, se aclara de la siguiente manera:

1. Honorarios y gastos del tribunal: $ 72.000.000

2. Agencias en derecho: $ 18.370.000

Total costas: $ 90.370.000

Menos valor pagado por AIPC: $ 36.000.000

Total a cargo de AIPC: $ 54.370.000

B. En cuanto atañe a la segunda solicitud, el tribunal no incurrió en contradicción alguna entre la parte motiva del laudo y la decisión adoptada en el numeral noveno del mismo. Esta última tiene respaldo en normas imperativas sobre la materia que vale la pena enunciar con miras a disipar cualquier duda que pueda suscitar la lectura de esa providencia.

En el contrato contenido en la escritura 2355 del 20 de agosto de 1996 otorgada en la Notaría Once de Bogotá los contratantes estipularon que por cada uno por ciento (1%) de regalía prevalente que Carbopetrol adquiriera en ejercicio del derecho de opción que se pactó, debía pagar a AIPC doscientos mil dólares (US$ 200.000). De manera que como adquirió el cinco por ciento (5%), el total de esa operación fue de un millón de dólares (US$ 1.000.000). Este precio fue cubierto por Carbopetrol en pesos colombianos equivalentes a la cifra en dólares a la tasa representativa del mercado en las demás en que hizo entrega a AIPC. Y tenía que ser así porque claramente en la citada escritura se lee: “Para adquirir cada uno por ciento (1%), máximo hasta un cinco por ciento (5%) de la regalía sobre el total de la producción sujeta a regalía perteneciente a AIPC según el numeral once (11) de los considerandos de este contrato. Carbopetrol deberá haber pagado a AIPC una cantidad en pesos equivalente a doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.000) ...” (cláusula sexta, se destaca), y más adelante las partes reiteraron lo siguiente: “La cantidad o cantidades que AIPC deba reembolsar a Carbopetrol deberán ser equivalentes a doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.000) por cada cantidad igualmente equivalente a doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.000) que Carbopetrol haya entregado a AIPC” (resalta el tribunal). Así las partes se ciñeron a las disposiciones que rigen las denominadas “operaciones internas” en el régimen cambiario.

Estos hechos no fueron discutidos ni puestos en duda a lo largo del proceso arbitral y, además, tienen asidero en varias disposiciones vigentes cuando se celebró el contrato de “constitución de regalía prevalente” y en la actualidad. En efecto:

a) El segundo inciso del artículo 874 del Código de Comercio dispone: “Las obligaciones que se contraigan en monedas o divisas extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente posible; en caso contrario, se cubrirán en moneda nacional colombiana, conforme a las prescripciones legales vigentes al momento de hacer el pago”. Y ocurre que por no tener la operación el carácter de cambiaria, debía cubrirse en moneda nacional. Así lo hizo Carbopetrol cuando le entregó a AIPC pesos colombianos en cantidad equivalente a los dólares a la tasa representativa del mercado en las fechas en que efectuó los pagos;

b) El artículo 28 de la Ley 9ª de 1991 facultó a la Junta Monetaria (hoy Junta Directiva del Banco de la República) para dictar normas de carácter general sobre el pago de obligaciones pactadas en moneda extranjera cuando solo es posible cubrirlas en moneda nacional;

c) El artículo 2º del Decreto 1735 de 1993 dispone: “Definición de residente. Sin perjuicio de lo establecido en tratados internacionales y leyes especiales para efectos del régimen cambiario se consideran residentes todas las personas naturales que habitan en el territorio nacional. Así mismo, se consideran residentes las entidades de derecho público, las personas jurídicas incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que tengan domicilio en Colombia, y las sucursales establecidas en el país de sociedades extranjeras”;

d) El artículo 3º del Decreto 1735 de 1993 dispuso que “salvo autorización expresa en contrario, ningún contrato, convenio u operación que se celebre entre residentes se considerará operación de cambio. En consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios y operaciones, deberán cumplirse en moneda legal colombiana”. Y sucede que tanto la sociedad demandante como la demandada tienen sus respectivos domicilios en el territorio nacional;

e) La Junta Directiva del Banco de la República desde hace varios años estableció como pauta general la que reproduce el artículo 79 de su Resolución 8ª de 2000: “Las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y no correspondan a operaciones de cambio serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de referencia distinta, y

f) Por otra parte, no sobra advertir la concordancia que existe entre el criterio con el cual el tribunal resolvió la condena del daño emergente con el acuerdo que las mismas partes hicieron respecto de los perjuicios morales, cuyo valor también estimaron en dólares de los Estados Unidos de América.

El precio de la regalía prevalente se estipuló en dólares así como los intereses que se causaran en ciertas circunstancias. Y si conforme a las disposiciones imperantes esa divisa tenía que ser convertida a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado en las tres ocasiones en que se ejerció el derecho de opción, resulta plenamente ajustado a la ley que el tribunal haya ordenado a AIPC restituir el millón de dólares que recibió en pesos. Y debe hacerse a la tasa representativa que tenga esa divisa cuando se efectúe la restitución consecuencial a la declaración resolutiva del contrato. Tal decisión corresponde a la indemnización del daño emergente, aspecto que no debe confundirse con la liquidación de intereses (liquidados también en moneda colombiana y no a la tasa en dólares que se estipuló en el contrato), lo cual corresponde al concepto de lucro cesante. Si el tribunal hubiese ordenado restituir los pesos recibidos por AIPC equivalentes al millón de dólares que costó el cinco por ciento de la regalía prevalente, sin tener en cuenta la tasa representativa en el mercado el día que se haga la restitución, sencillamente el daño emergente de que trata el artículo 1614 del Código Civil se vería notablemente disminuido, lo cual implicaría un desmedro patrimonial de la demandante que correlativamente beneficiaría a la demandada, es decir, se configuraría un enriquecimiento indebido de esta.

Cabe agregar que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema ha sido reiterada en el sentido de considerar que la indemnización del perjuicio exige plenitud, por daño emergente y lucro cesante; y que cuando las obligaciones dinerarias se pagan con moneda desvalorizada, se efectúa una restitución incompleta por no reajustarla para resarcir el daño emergente sufrido por el contratante cumplido. Ejemplos:

1. En sentencia de abril 24 de 1979 sostuvo que “si la resolución de un contrato originada en el incumplimiento de una de las partes fuera realizada en una simple forma mecánica, o sea devolviendo el vendedor incumplido la cantidad que años atrás recibió como parte del precio de manos del comprador que sí cumplió, se incurriría en grave injusticia pues en esta forma se le estaría ocasionando a este último un perjuicio adicional: recibir años más tarde un dinero que apenas en mínima parte vendría a reemplazarle el que cumplidamente entregó a su incumplido vendedor ... No quedaría, por tanto, ni siquiera observado el simple propósito de restablecer cabalmente dicho equilibrio inicial, ni menos aún resarcido el daño emergente sufrido por el comprador. Sea de observar que en este propósito de restablecer cabalmente dicho equilibrio la doctrina, los autores y la jurisprudencia han tomado indiscutible rumbo que apunta a tener en cuenta para casos tales y aun sin petición de parte “la corrección monetaria en las obligaciones de pagar perjuicios”; la “actualización de la suma indemnizatoria tomando en cuenta la desvalorización de la moneda”; “la actualización del valor de los daños al momento de la sentencia”; “la pérdida del poder adquisitivo de la moneda”; “el valor actual de los daños por la desvalorización monetaria progresiva” y otros rubros semejantes”.

2. En sentencia de julio 9 de 1979, reprodujo los apartes transcritos para concluir que en el caso a estudio debía reconocerse “como perjuicio por concepto de daño emergente la desvalorización monetaria experimentada por la suma que el comprador cumplido pagó al vendedor incumplido desde la fecha en que la entregó hasta cuando le sea devuelta” (1) .

Como el tribunal se ciñó a las normas y jurisprudencias precedentes, el laudo no contiene disposiciones contradictorias como equivocadamente supone el peticionario.

En consecuencia el tribunal,

RESUELVE:

1. Negar la solicitud de aclaración a que se refiere el numeral 2º del escrito presentado por el apoderado de la parte demandada.

2. Aclarar el numeral decimoprimero de la parte resolutiva del laudo, el cual quedará así:

“Decimoprimero. Condenar a American International Petroleum Corporation of Colombia a pagar a Carbones y Petróleos Colombianos, Carbopetrol S.A., dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este laudo la suma de cincuenta y cuatro millones trescientos setenta mil pesos ($ 54.370.000) moneda corriente, por concepto de costas”.

3. Ordenar que por secretaría se expida copia auténtica e íntegra de esta providencia con destino a cada una de las partes, a la Procuraduría General de la Nación, al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Superintendencia de Sociedades —procedimientos mercantiles—, delegada para los procedimientos mercantiles. La copia del laudo y de esta providencia que se entregue a la parte demandante deberá llevar la constancia de ser la primera y de prestar mérito ejecutivo.

La providencia anterior quedó notificada en estrados.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se suscribe la presente acta por sus intervinientes.

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