Tribunal de Arbitramento

Martha Córdoba Zuloaga Socia Gestora Suplente de H. Uribe y Cía. S. en C. S.

v.

Hernán Uribe Azcárate Socio Gestor Principal de H. Uribe y CÍA. S. en C. S.

1º de julio de 2010

Laudo Arbitral

Santiago de Cali, julio 1º de 2010

Agotadas las etapas procesales previstas en la legislación vigente, mediante el presente LAUDO se resuelve el conflicto jurídico planteado en la demanda arbitral instaurada por Martha Córdoba Zuloaga como socia gestora suplente de la Sociedad H. Uribe & Cía. S en C. S. contra Hernán Uribe Azcárate, socio gestor principal de la citada sociedad, previos los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. EL CONTRATO.

Mediante escritura pública Nº 3663 del 12 de septiembre de 2003, otorgada en la Notaría 6ª de Cali, se constituyó la sociedad H. Uribe & Cía. S. en C. S., sociedad de carácter civil, en cuya cláusula 23 se incorporó el pacto arbitral, para someter a decisión de árbitros las diferencias surgidas en virtud del contrato de sociedad.

2. EL PACTO ARBITRAL.

El pacto arbitral fue consignado en la cláusula veintitrés del estatuto social bajo el siguiente texto: “CLÁUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento, designado por la Cámara de Comercio de Cali, que se sujetará a lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Civil y de Comercio de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros que serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles de la Cámara de Comercio de Cali; b) La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN MERCANTILES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI.; c) El Tribunal decidirá en derecho; d) El Tribunal funcionará en Cali en el CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN MERCANTILES de la Cámara de Comercio de esta ciudad. E) La parte interesada comunicará al CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIONES MERCANTILES, las razones, motivos y pruebas de las diferencias, solicitándole su intervención inmediata para el efecto”.

3. ACTUACIONES PREVIAS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI Y AUDIENCIA DE DESIGNACIÓN DE ARBITROS.

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali recibió la demanda arbitral incoada por Martha Córdoba Z. a través de apoderado judicial, habiendo citado a audiencia para la designación de árbitros, la cual se llevó a cabo el 15 de mayo de 2009, recayendo la misma sobre tres (3) abogados inscritos, MARTHA LUCIA BECERRA SUÁREZ, ALBERTO JOSÉ LOAIZA LEMOS y CLAUDIA TERESA VANEGAS BECERRA. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998 que corresponde al artículo 111 de la Ley 446 de 1998, los árbitros aceptaron expresamente su designación para decidir en derecho las diferencias surgidas en virtud del contrato de sociedad contenido en la escritura pública Nº 3663 del 12 de septiembre de 2003, de la Notaría 6ª de Cali.

4. INSTALACIÓN.

El Tribunal se instaló el día 5 de junio de 2009 y fijó como sede las instalaciones del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, ubicado en la Calle 8ª Nº 3 – 14, piso 4º, de Cali, teléfonos 8861369, fax 8861332. Fue designada como Presidente la doctora MARTHA LUCÍA BECERRA SUÁREZ y, como secretario, LUIS MIGUEL MONTALVO

PONTÓN, quien aceptó el cargo y tomó posesión ante la Presidente.

En el mismo acto se recibió el expediente, y se reconoció la personería a los apoderados de las partes.

5. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITES POSTERIORES.

En audiencia del 29 de julio de 2009 y mediante el Auto Nº 04, el Tribunal admitió la solicitud de convocatoria y demanda arbitral que fuera reformada por el apoderado de la convocante, quien en escrito separado solicitó la denuncia del pleito a la sociedad “Uribe Azcárate Hermanos Ltda. en liquidación”, demanda que fuera notificada en igual forma a la sociedad denunciada, quien acreditó personería y procedió a contestar la demanda al igual que la parte convocada, proponiendo excepciones previas y de fondo, quedando así trabada la relación jurídico procesal.

Mediante Auto Nº 12 del 2 de diciembre de 2009, se citó a las partes y a sus apoderados para que asistieran el 18 de diciembre de 2009, a las 8:30 a.m., a la audiencia de conciliación.

6. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.

El 18 de diciembre de 2009 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, a la que asistieron las partes y sus apoderados, así como el representante legal de la sociedad denunciada y su apoderado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 1818 de 1998, artículo 141, numeral 2 y 121 de la Ley 446 de 1998; declarándose fracasada la audiencia por cuanto a las partes no les asistió animo conciliatorio (Auto Nº 13 del 18 de diciembre de 2009) FIJACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL

Mediante Auto Nº 11 del 30 de noviembre de 2009, se fijaron los honorarios de los Árbitros y del Secretario, así como los gastos de administración, funcionamiento, protocolización y otros gastos.

La parte convocante pagó oportunamente el ciento por ciento de la cantidad correspondiente a los honorarios y gastos del Tribunal.

II. TRÁMITE ARBITRA

1. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE.

La primera audiencia de trámite se inició el día 25 de enero de 2010 (Acta Nº 15); en ella, previa la lectura de la cláusula compromisoria, de las cuestiones sometidas a la decisión arbitral, de las pretensiones de la demanda. El Tribunal declaró mediante Auto Nº 15 de la misma fecha su competencia para conocer y decidir en derecho de las controversias o diferencias planteadas en la demanda arbitral por la sociedad convocante a través de su apoderado judicial, contra Hernán Uribe Azcárate en su condición de socio gestor de la sociedad “H. Uribe & Cía. S en C. S” y la sociedad “Uribe Azcárate Hermanos Ltda. en liquidación” como denunciada del pleito, la que al contestar la demanda arbitral adhirió al pacto contenido en la escritura de constitución de la sociedad “H. Uribe & Cía. S en C. S.”.

Mediante Auto Nº 18 del 25 de enero de 2010, que alcanzó firmeza el 15 de febrero del mismo año al no haber procedido la reposición interpuesta, se fijó fecha y hora para la práctica de las pruebas, contándose desde ese momento el término de seis meses que de manera supletiva contempla el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 para proferir el laudo arbitral.

2. LAS PARTES

Convocante:

La parte convocante integrada por Martha Córdoba Zuloaga, quien actúa en su condición de socia gestora suplente de la sociedad “H. Uribe & Cía. S en C. S.” y, además, como apoderada general de Liliana Uribe Córdoba, socia comanditaria de la sociedad “H. Uribe & Cía. S. en C. S.”, según poder especial a ella conferido, cuyo certificado de vigencia se acompañó con el escrito de demanda; ambas capaces, mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse.

Mediante escrito con nota de presentación personal ante el Cónsul de Colombia en Barcelona, y en fecha posterior al auto de competencia y durante el desarrollo del debate probatorio, la señora Liliana Uribe Córdoba revocó el poder que le había conferido a su madre Martha Córdoba Zuloaga y en su remplazó designó a su hermano Hernán Felipe Uribe Córdoba, según escrituras Nº 06 y 07 del 2010, otorgadas ante el Consulado General de Colombia en Barcelona (España). En igual forma, revocó el poder que le fuera otorgado al doctor Álvaro Córdoba Zuloaga, quien actuara en el trámite arbitral y en la solicitud de la demanda como su representante judicial. Adicionalmente presentó desistimiento de la demanda arbitral el cual fue coadyuvado por la parte convocada y por el apoderado de la sociedad denunciada.

El Tribunal aceptó dicho desistimiento continuando el desarrollo del proceso arbitral con Martha Córdoba Zuloaga, en la condición por ella acreditada inicialmente, es decir, en calidad de socia gestora suplente de la sociedad “H. Uribe & Cía. S en C.S”.; de lo anterior dan cuenta los autos Nº 29 y 30 del 12 de abril de 2010, respectivamente.

Convocada:

La parte convocada integrada por Hernán Uribe Azcarate, en su condición de socio gestor de la sociedad “H Uribe & Cía. S en C. S.” quien actuó en el proceso arbitral representado inicialmente por Guillermo Alberto Chaux Torres y, con posterioridad, y frente a la renuncia del primero, por la apoderada María Clemencia Álvarez; y, la sociedad denunciada: “Uribe Azcárate Hermanos Limitada en Liquidación”, representada en éste proceso por el Carlos Alberto Saavedra Vallejo.

3. PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

La parte convocante inicialmente integrada por Martha Córdoba Zuloaga y Liliana Uribe Córdoba, propuso las pretensiones que a continuación se transcriben: “PRIMERA: Conforme a lo dispuesto en el artículo 418 del Código de Procedimiento Civil, las cuentas comprobadas que deberá rendir el demandado HERNÁN URIBE AZCÁRATE, como socio gestor principal y Representante Legal de la sociedad ‘H URIBE & CIA. S EN C. S.’, será teniendo en cuenta los siguientes elementos:

a) El señor HERNÁN URIBE AZCÁRATE, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 6.078.554 de Cali, deberá rendir cuentas comprobadas de la suma de: NOVESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 989.746.636.70) m/cte., que recibió el día TREINTA (30) de Abril de 2008, en su calidad de socio gestor principal y Representante Legal de la sociedad H URIBE & CIA. S EN C. S., con Nit Nº 805028160-2 y Matrícula Mercantil Nº 618091-6 de la Cámara de Comercio de Cali y con domicilio en la Calle 2ª Oeste # 2-41, Oficina 201, Barrio El Peñón de Cali; dineros que no han sido reportados en la contabilidad de la citada sociedad, tal como se demostrara ante el Tribunal de Arbitramento.

b) El señor HERNÁN URIBE AZCÁRATE, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 6.078.554 de Cali, deberá rendir cuentas comprobadas de los intereses legales sobre dicha suma de dinero: NOVESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 989.746.636.70), a la tasa máxima legal autorizada por la Legislación Colombiana, desde el día 30 de Abril de 2008, hasta la fecha real de la liquidación y restitución.

c) El señor HERNÁN URIBE AZCÁRATE, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 6.078.554 de Cali, deberá rendir cuentas comprobadas de los rendimientos (financieros) económicos que haya producido la suma de: NOVESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 989.746.636.70) desde el día 30 de Abril de 2008, hasta la fecha real de la liquidación en este Tribunal de Arbitramento.

SEGUNDA: Con fundamento en el artículo 298 del Código de Comercio, en concordancia con los arts. 341, 294, 313 y ss. del citado C. Co., solicito en consecuencia de lo anterior, que el señor HERNÁN URIBE AZCÁRATE, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 6.078.554 de Cali, y ss., sea excluido como Representante Legal de la sociedad H URIBE & CIA. S. EN C. S., designándose en su lugar a la socia gestora suplente la señora MARTHA CÓRDOBA ZULOAGA, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 38.966.921 de Cali.

TERCERA: Que se condene al señor HERNÁN URIBE AZCÁRATE, al pago de todos los costos, gastos, agencias en derecho y perjuicios materiales y morales causados a la sociedad y a los socios de la misma por no haber cumplido con sus funciones como socio gestor Principal y Representante Legal. En cuanto a los perjuicios solicito se establezcan por medio de un peritazgo conforme a las voces de los artículos 304, 307 y 308 del C. de P. C

4. HECHOS DE LA DEMANDA.

La demanda se fundó en los hechos que en igual forma se transcriben: “PRIMERO: La sociedad ‘H URIBE & CIA S. EN C. S.’, es una sociedad inversionista, de carácter civil, con ánimo de lucro económico, derivado de un patrimonio familiar, constituida por medio de la escritura pública Nº 3663 del 12 de septiembre de 2003, otorgada en la Notaria Sexta de Cali e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, el día 22 de septiembre de 2003, bajo el Nº 208 del Libro XIII, Matrícula Mercantil Nº 618091-6, Nit Nº 805028160-2.

SEGUNDO: El socio gestor principal de la citada sociedad es el señor HERNÁN URIBE AZCÁRATE, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 6.078.554 de Cali, de estado civil casado, con la sociedad conyugal vigente, hábil para contratar y obligarse; conforme a la Cláusula segunda de los estatutos sociales de la citada sociedad, que dice textualmente: “…quien compromete su responsabilidad personal, bienes muebles e inmuebles, presentes o futuros, sin limitación de ninguna clase”.

TERCERO: Son socios comanditarios de la sociedad H URIBE & CIA S. EN C. S.: HERNÁN FELIPE URIBE CÓRDOBA y LILIANA URIBE CÓRDOBA, mayores de edad, cada uno con un aporte de capital de Un Millón Quinientos Mil Pesos ($ 1.500.000) m/cte., equivalentes a 1.500 Cuotas o derechos sociales de mil ($ 1.000) pesos cada una, para un total del Capital social de Tres Millones de Pesos ($ 3.000.000) m/cte., siendo su responsabilidad limitada a sus respectivos aportes.

CUARTO: En la Cláusula Cuarta de los Estatutos sociales de la sociedad se estableció que el Objeto Social de la mencionada sociedad es:… inversionista de capital, persigue ánimo de lucro económico, derivado de la administración de un PATRIMONIO FAMILIAR, ajeno a todo establecimiento comercial o empresa mercantil; las actividades ordinarias de la sociedad se dirigirán a la percepción de frutos civiles, tales como arrendamientos, intereses de mutuo y de inversiones, dividendos de acciones o cuotas sociales u otras formas rentables civiles; esta sociedad no se ocupará profesionalmente por sí misma de las actividades que la ley considera actos mercantiles, pero ocasionalmente con relación de medio a fin y sin ánimo de constituirse en comerciante, podrá verificar dichos actos; la sociedad tiene capacidad legal para hacer las inversiones que considere necesarias para acrecentar su patrimonio en sus bienes, para adquirir otros inmuebles o muebles, para gravarlos y limitarlo en su dominio y transformarlos por su naturaleza o su destino. Sus bienes inmuebles, como factor de producción de frutos civiles, serán sus activos fijos. No obstante el carácter de sociedad civil de esta compañía, acatando lo establecido en los artículos 100 y 121 del Código de Comercio, se regirá, en lo no previsto en sus estatutos, por el Código de Comercio, pero no es comerciante y no está sujeta por consiguiente ni a la naturaleza mercantil no a los impuestos o gravámenes de Industria y Comercio ni al control de Sociedades u otros que obliguen exclusivamente a los comerciantes, en todo caso la sociedad podrá celebrar o ejecutar todos los actos o contratos tendientes a ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de su objeto social.

QUINTO: Como órganos de dirección y administración de la comentada sociedad, se concretó: a) Una Junta de Socios y, b) Gerente o Representante Legal.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD H URIBE & CIA. S .EN S. EN LA SOCIEDAD URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA

SEXTO: La sociedad H URIBE & CIA S. EN C. S., es socia (nexo causal) con el derecho de dominio y posesión de 30.000 Cuotas de Interés Social a mil pesos ($ 1.000) cada una, para un total de aporte de $ 30.000.000.oo. m/cte., que corresponden al 25% de la participación de Capital en la sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA en Liquidación’, sociedad civil, inscrita en la Cámara de Comercio de Palmira (V), el día 4 de Diciembre de 1.964, bajo el Nº 03711 del Libro IX, Matrícula Mercantil Nº 000904-03 y NIT Nº 890.301.668-0 y, de este aporte de Capital, es de donde derivan en forma casi exclusiva los ingresos de la sociedad ‘H URIBE & CIA. S EN C. S.’.

SÉPTIMO: Es pertinente anotar que de esta participación de Capital en la sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA en Liquidación’, la sociedad ‘H URIBE & CIA. S. EN C. S.’ obtiene sus rendimientos participaciones, intereses, valores que, hasta a la fecha de la presentación de esta convocatoria, no han sido reportados a la contabilidad de la sociedad por el socio gestor principal y administrador HERNÁN URIBE AZCÁRATE.

OCTAVO: La sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA en Liquidación’, fue titular del derecho de Dominio hasta el día 28 de marzo de 2008, de los siguientes bienes inmuebles: Siete (7) inmuebles que conforman la Hacienda MALAGANA, ubicada en la vereda El Bolo, jurisdicción del Municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, conformada con un área total de Noventa (90) Hectáreas más dos mil catorce (2.014) metros cuadrados aproximadamente, que equivalen a ciento cuarenta punto noventa y cuatro (140.94) Plazas. Cinco (5) inmuebles que conforman la Hacienda SAN MARCOS, ubicada en el municipio de Candelaria, Departamento del Valle del Cauca, conformada por un área de ciento veinte (120) Hectáreas más ciento sesenta (160) metros cuadrados aproximadamente, equivalentes a ciento ochenta y siete punto noventa y seis (187.96) Plazas. Dos (2) inmuebles que conforman la Hacienda LA VENTURA, ubicada en la Vereda La Ventura, municipio de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca, sobre la carretera que de la ciudad de Cali conduce a Villa Paz y a la ciudad de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca, conformada por un área total de noventa y ocho (98) Hectáreas más tres mil ochocientos veintiocho (3.828) metros cuadrados aproximadamente, equivalentes a ciento cincuenta y tres punto setecientos veintitrés (153.723) Plazas. TOTAL DE HECTÁREAS (aprox.): 308 Hectáreas con 160 Metros Cuadrados. TOTAL EN PLAZAS (aprox.): 536 Plazas con 623 Metros Cuadrados.

NOVENO: La sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA en Liquidación’, traditó(sic), vendió los Derechos de Dominio a la sociedad extranjera ‘CORAK GLOBAL CORP.’, por medio de la escritura pública Nº 1361 del 28 de Marzo de 2008, otorgada en la Notaría Segunda de Cali y registrada bajo los Folios de Matrícula Inmobiliaria Números: 378- 25094; 378-25095; 378-25096; 378-25097; 378-64207; 378-42687; 378-48261; 378-113496; 378-49712; 378-123003; 378-123002; 378-123004; 370-713085 y 370-727271.

DÉCIMO: La sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA en liquidación’, se encuentra en estado de Liquidación, siendo su Liquidador Principal el doctor CARLOS URIBE AZCÁRATE y su Liquidador Suplente el doctor ALVARO JOSÉ SIERRA MADRIÑAN. Revisor Fiscal Principal el señor GUSTAVO ADOLFO OLIVEROS SERNA, tal como consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Palmira (V) que anexo.

RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE HERNÁN URIBE AZCÁRATE

DÉCIMO PRIMERO: En la Cláusula DÉCIMO QUINTA de los estatutos sociales se dice que son funciones del gerente y socio Gestor Principal todas las que correspondan a la naturaleza de su cargo y en especial las siguientes:… “a) Hacer uso de la razón social y representar ante entidades oficiales o privadas, ante toda clase de funcionarios, ante los socios y ante terceros de la sociedad; b) Celebrar todos los actos y ejecutar las operaciones comprendidas dentro del objeto social; c) Nombrar y remover todos los empleados y trabajadores; d) Elaborar y someter a la aprobación de la Junta de Socios los presupuestos y balances de la sociedad; e) Hacer llevar los libros de actas y velar por que estén al día y sean debidamente registrados en la Cámara de Comercio del domicilio social; f) Tomar las medidas conducentes a la conservación de los bienes sociales, vigilar las actividades de los empleados de la sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que exijan la buena marcha de ella; g) Cumplir con las disposiciones legales que le impone el Código Civil y el Código de Comercio sustitutivamente como representante legal de la sociedad”.

DÉCIMO SEGUNDO: El señor HERNÁN URIBE AZCÁRATE, como socio Gestor Principal y Representante Legal de la sociedad ‘H URIBE & CIA. S. EN C. S.’, no ha cumplido con el mandato estatutario soslayando entre otras cosas la realización de las Juntas Ordinarias (y extraordinarias) de socios, presentación de Los Estados Financieros, Balances, Libros de contabilidad al día, etc. En pocas palabras, cumplir con todo lo que es imperioso en un buen gestor.

DÉCIMO TERCERO: Ante la renuencia del socio gestor principal, HERNÁN URIBE AZCÁRATE, en el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, la señora MARTHA CÓRDOBA ZULOAGA como representante, mediante poder general de la socia comanditaria LILIANA URIBE CÓRDOBA y como socia gestora suplente, ha solicitado la realización de dos (2) Juntas de socios extraordinarias una el 03 de marzo de 2009 y otra el 30 de Marzo de 2009, las cuales no se pudieron realizar con el argumento de que no habían sido citadas bajo el protocolo de la Ley Comercial vigente en general y los estatutos de la sociedad en particular, argumentos que fueron esbozados por el socio gestor principal, señor HERNÁN URIBE AZCÁRATE.

DÉCIMO CUARTO: El Primero (01) de Abril de 2009, a las 10.a.m., de acuerdo al mandato general de la ley comercial en su artículo 422, los socios comanditarios acudieron a las oficinas de la sociedad ubicada en la Calle 2 Oeste # 2-41, Oficina 201, Barrio El Peñón de esta ciudad, para dar cumplimiento a la precitada norma y celebrar la Junta de Socios. Las oficinas de la sociedad no estaban disponibles. El portero del Edificio, señor JOSÉ RAÚL BETANCOURT, manifestó que se encontraban cerradas y que no había manera de ingresar porque en el lugar no había nadie. El socio gestor principal (Hernán Uribe Azcárate) hizo saber a través de su hijo Hernán Felipe Uribe que estaba en un centro de asistencia médica practicándose unos exámenes médicos. Los socios comanditarios levantaron un Acta puntualizando lo aquí descrito pero el objetivo de la misma quedo sin realizarse en razón de que el socio gestor principal es quien tiene la documentación indispensable (Léase Estados Financieros) para cumplir con el propósito de esta Junta de Socios y en las anteriores requeridas por la señora MARTHA CÓRDOBA ZULOAGA, cuyo Orden del día era:

“Verificación del quórum.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Junta extraordinaria.

2. Analizar la participación social, que tiene la sociedad H URIBE & CIA. S.C.S., con el derecho de dominio y posesión sobre 30.000 Cuotas de Interés Social, que corresponden al 25% de su participación en la sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA.’

3. Solicitar al Gerente y Representante Legal como socio gestor principal de la sociedad, ‘H URIBE & CIA. S EN C S.’, señor HERNÁN URIBE AZCÁRATE, informar a la Junta Extraordinaria de Socios, su gestión administrativa realizada ante la sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMAN OS LIMITADA’, con el fin de analizar el comportamiento de esta sociedad en el año 2008, con la sociedad ‘H URIBE & CIA. S. EN C. S.’, teniendo en cuenta su aporte de capital.

4. Lectura y aprobación del acta”.

DÉCIMO QUINTO: La sociedad ‘H URIBE & CIA S. EN C. S, en estos momentos se encuentra en cesación de pagos de algunas de sus obligaciones, todo por el abandono del señor HERNÁN URIBE AZCÁRATE, en sus funciones como administrador de la sociedad.

DÉCIMO SEXTO: Sin tener asentados los movimientos contables en los libros de contabilidad de la sociedad y sin estar aprobados los Estados Financieros, para el año gravable de 2008, por la Junta de socios de la sociedad en referencia, el Representante Legal (HERNÁN URIBE AZCÁRATE) arbitrariamente presentó la declaración de renta correspondiente a ese año Fiscal, en perjuicio comercial de los socios comanditarios. Además, pagó de su bolsillo, los impuestos correspondientes de la citada declaración, por valor de $ 863.000. Preguntamos: Cómo puede un representante Legal de una sociedad presentar una declaración de Renta ante la DIAN, sin tener el asiento legal en los libros de contabilidad de la sociedad durante el ejercicio Fiscal del año a que corresponde la declaración de renta presentada?

DÉCIMO SÉPTIMO: Los libros de contabilidad y los demás documentos de comercio constituyen plena prueba en todas las cuestiones mercantiles, judiciales o extrajudiciales, conforme a las voces de los artículos 48 (ss.) y 68 del C. de Co., especialmente frente a terceros, para los Representantes Legales, Socios, miembros de la Junta Directiva, contadores, Revisores Fiscales etc. (Cfr. Ley 222 de 1995, arts. 34 al 48).

DÉCIMO OCTAVO: En la Cláusula “VIGÉSIMO QUINTO” de los estatutos de la sociedad H URIBE & CIA S. EN C. S., se establecieron concretamente las siguientes prohibiciones: “VIGÉSIMO QUINTO: PROHIBICIONES. Está prohibido a los socios de la sociedad: Extraer del fondo social bienes de los cuales por razón del objeto social son del giro ordinario de la sociedad. La sociedad no podrá ser garante de obligaciones de los socios con terceros, ni tampoco garante de obligaciones a terceros, a menos que se trate de sociedades donde ésta sociedad tenga participaciones sociales y la operación este autorizada por el Socio Gestor”.

EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

DÉCIMO NOVENO: En la cláusula Vigésimo Tercero, de los estatutos sociales de la citada sociedad, se estableció la CLÁUSULA COMPROMISORIA del siguiente tenor:

“Toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento, designado por la Cámara de Comercio de Cali, que se sujetará a lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Civil y de Comercio de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros que serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles de la Cámara de Comercio de Cali; b) La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN MERCANTILES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI; c) El Tribunal decidirá en Derecho; d) El Tribunal funcionará en Cali en el CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIONES MERCANTILES, de la Cámara de Comercio de esta ciudad; e) La parte interesada comunicará al CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIONES MERCANTILES, las razones, motivos y pruebas de las diferencias, solicitándole su intervención inmediata para el efecto”. 

VIGÉSIMO: Para todos los efectos económicos solicito igualmente se aplique la tasa máxima del interés autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, ya que se trata de ingresos obtenidos en el mundo comercial (venta de activos) y no civil.

VIGÉSIMO PRIMERO: Desde ahora solicito al Tribunal de Arbitramento tenga en cuenta para todos los efectos legales la Cláusula Segunda de los estatutos sociales que dice textualmente: “Es socio gestor HERNÁN URIBE AZCÁRATE, quien compromete su responsabilidad personal, bienes muebles e inmuebles, presentes o futuros, sin limitación de ninguna clase, siendo por consiguiente el socio gestor o colectivo. …”, en concordancia con el artículo 825 y 835 del C. de Co.

VIGÉSIMO SEGUNDO: La señora MARTHA CÓRDOBA ZULOAGA, en su calidad de apoderada general de la socia comanditaria LILIANA URIBE CÓRDOBA y en su condición de socia Gestora Suplente y con fundamento en los artículos 314 y 328 del Código de Comercio, otorgaron poder amplio y suficiente al doctor Germán Alberto Quintero Rojas y al suscrito para solicitar la convocatoria de este Tribunal de Arbitramento ante la Cámara de Comercio de Cali, poder que aceptamos y que ahora actuando como apoderado sustituto procedo a integrar la demanda y su reforma en un solo escrito con base en el artículo 89 del C. de Prc. C.

VIGÉSIMO TERCERO: Con fundamento en los artículos 52, 54, 55 y en especial del 58 del C. de P. C. solicito se ordene la citación de la sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA en Liquidación’, con domicilio en la Calle 2ª Oeste # # 2-41, Oficina 201 y si el Tribunal lo considera pertinente se sirva citar también a la sociedad extranjera CORAK GLOBAL CORP., con domicilio en la ciudad de Panamá, REPÚBLICA DE PANAMÁ, cuya dirección desconocemos, manifestación que hacemos bajo juramento, pero que puede ser aportada por alguno de los Representantes Legales (Liquidadores) de la Sociedad URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA.

HECHOS DE LA REFORMA

Se presentó el día 19 de Octubre de 2009.

VIGÉSIMO CUARTO: La demanda o convocatoria del Tribunal de Arbitramento se encuentra debidamente notificada al convocado HERNÁN URIBE AZCÁRATE, al igual que la Denuncia del Pleito formulada a la sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA en Liquidación’ y a sus respectivos apoderados, se les ha reconocido personería para actuar ante este Tribunal de Arbitramento.

VIGÉSIMO QUINTO: Tanto en la demanda como en la Denuncia del Pleito se menciona a la sociedad extranjera: ‘CORAK GLOBAL CORP.’, en consecuencia, y para mayor claridad me permito informar lo siguiente: La sociedad ‘CORAK GLOBAL CORP.’, es una sociedad EXTRANJERA, constituida por medio de la escritura pública Nº 5.773 del 14 de Marzo de 2008, otorgada en la Notaria Décima del Circuito de Panamá, en la República de PANAMÁ, Inscrita en el Registro Público de Panamá el 18 de Marzo de 2008, bajo el Nº 608417, sociedad que COMPRÓ a la sociedad ‘H URIBE & CIA. S. EN C. S.’, a la sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA, en liquidación’, y otras sociedades, QUINIENTAS TREINTA Y SEIS (536) Plazas de tierra, cultivadas con caña de Azúcar, en el Municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, en la República de Colombia, negocio que consta en la escritura pública Nº 1361 del 28 de Marzo de 2008, otorgada en la Notaría Segunda del Circulo Notarial de Cali, Colombia, registrada bajo los Folios de Matrícula Inmobiliaria Números: 378-25094; 378-25095; 378-25096; 378-25097; 378-64207; 378-42687; 378-48261; 378-113496; 378-49712; 378-123003; 378-123002; 378-123004, 370-713085 y 370-727271.

VIGÉSIMO SEXTO: Esta negociación se realizó por la suma de TRES MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 3.958.986.547.oo) Moneda Corriente Colombiana, tal y como consta en la escritura pública Nº 1361 del 28 de Marzo de 2008, otorgada en la Notaria Segunda del Circulo de Cali, República de Colombia, cuya copia debidamente autentica por el Notario Segundo de Cali estoy anexando con el escrito de reforma.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Desde ahora manifiesto a los señores árbitros, que me acojo a las cuentas comprobadas reales o a la liquidación real que resulte debidamente probada en este Tribunal de Arbitramento, pues con la información – económica- real de lo que ha recibido la sociedad ‘H URIBE & CIA. S EN C. S.’, la darán la sociedad ‘URIBE AZCÁRATE HERMANOS LIMITADA, en Liquidación’, a quien se le Denunció el Pleito y la sociedad extranjera ‘CORAK GLOBAL CORP.’, de la ciudad de Panamá, República de PANAMÁ, tal como consta en el expediente, pues el precio que se hizo figurar en la citada escritura pública FUE POR DEBAJO del valor comercial de la plaza de tierra, que fluctúo, en esa época entre $ 20.000.000.oo y $ 25.000.000.oo. m/cte. Hoy el precio de la plaza de tierra sembrada con cultivos de caña de azúcar fluctúa entre $ 25.000.000.oo y $ 30.000.000.oo. m/cte. Colombiana”.

5. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Corrido el traslado de la demanda integrada, la CONVOCADA y la DENUNCIADA contestaron aceptando algunos hechos, negando otros. Proponiendo excepciones previas, las que no fueron tramitadas por el Tribunal por ser éstas improcedentes dentro del proceso. Igualmente propusieron excepciones de fondo denominándolas, la convocada: “ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD Y FALTA DE CAUSA” y, la sociedad denunciada del pleito: “CARENCIA DE INTERÉS PARA SER PARTE, AUSENCIA DE CAUSA. CARENCIA DE NEXO CAUSAL Y, AUSENCIA DE DECISIÓN DE LOS ÓRGANOS SOCIALES PARA ADELANTAR UNA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD”. De los escritos presentados por la convocada y la denunciada, se corrió traslado a la parte convocante quien procedió a descorrerlo.

6. PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS.

Por Auto Nº 18 proferido en la primera audiencia de trámite, iniciada el 25 de enero de 2010 y concluida el 15 de febrero del mismo año, el Tribunal decretó y ordenó fecha y hora para la práctica de las pruebas, las que se adelantaron en su totalidad y que se relacionan a continuación:

a) Documentales.

Se agregaron al expediente los documentos aportados por la parte convocante en su escrito de demanda.

c) Declaración de terceros.

A solicitud de las partes el Tribunal decretó y practicó la recepción de testimonios contenida tanto en la demanda como en la contestación, habiendo declarado las siguientes personas:

Gustavo Adolfo Oliveros Serna y Guillermo Rebolledo testigos solicitados por la parte convocante. Negó el Tribunal el decreto y práctica de la prueba testimonial del señor Carlos Uribe Azcárate por tener éste la calidad de representante legal de la sociedad denunciada, “Uribe Azcarate Hermanos Ltda. En Liquidación”.

Por la convocada se decretaron y practicaron la recepción de las declaraciones de los señores Hernán Felipe Uribe Córdoba y Jenny de Jesús Blackburn, habiendo desistido con posterioridad los peticionarios de la prueba a la recepción de la declaración del señor José Fernando Olano, desistimiento que fuera aceptado por el Tribunal.

La prueba testimonial se recibió mediante el sistema de grabación magnetofónica, habiéndose corrido traslado de la transcripción correspondiente a las partes, agregándose cada una de ellas al cuaderno de pruebas del expediente.

d) Oficios.

Se remitieron oficios dirigidos a la Cámara de Comercio de Cali y de Palmira. Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Palmira y Cali, Fiduciaria Alianza S.A., Notaría 2ª del Círculo de Cali, Banco de Bogotá, sucursal Santa Teresita y Principal, a los Juzgado 10 y 16 laborales del Circuito de Cali, Al Banco de la República, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y Carlos Uribe Azcárate en carácter de representante legal de la sociedad ‘Uribe Azcárate Hermanos Ltda. en liquidación’, habiendo dado respuesta la Cámara de Comercio de Cali, Palmira, Banco de Bogotá, Alianza Fiduciaria, Oficina de Registro de Cali y Palmira, Notaría 2ª de Cali y Carlos Uribe Azcárate como representante de la sociedad ‘Uribe Azcárate Hermanos Ltda. en Liquidación’, pruebas que fueran pedidas por el apoderado de la convocante.

La parte convocada solicitó se oficiara a la Cámara de Comercio de Cali y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), petición a la que se le dio trámite sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

e) Inspección judicial – inspección con intervención de perito.

Inspección judicial a la sociedad ‘H. Uribe & Cía S. en C.S.’ con intervención de perito contador, diligencia que se llevó a cabo con la participación del perito Eduardo Carvajal Cano. Prueba solicitada por la parte convocante. El dictamen no fue objetado por las partes.

Igualmente y a petición de la convocada se decretó y practicó la prueba de Inspección Judicial en el inmueble de propiedad de la señora Martha Córdoba Zuloaga, ubicado en la carrera 3 oeste Nº 7-43 de la ciudad de Cali.

f) Prueba Pericial.

Prueba Pericial con la intervención de perito avaluador, sobre los predios Hacienda Malagana, Hacienda La Ventura y Hacienda San Marcos, prueba que estuvo a cargo del perito Gabriel Reyes Otero, el dictamen no fue objetado por lo apoderados de las partes. Prueba solicitada por la parte convocante.

g) Interrogatorios de Parte.

Interrogatorios de Parte, se decretó y practicó el interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad ‘Uribe Azcarate Hermanos Ltda. En Liquidación’, que fue absuelto por Álvaro José Sierra Madriñán. Para el Interrogatorio de parte a Hernán Uribe Azcárate se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil por la renuencia del convocado a comparecer a la diligencia.

La parte convocada y la denunciada solicitaron el decreto y práctica de la diligencia de interrogatorio de parte de los señores Martha Córdoba Zuloaga y Liliana Uribe Córdoba, la práctica de esta última fue desistida por el peticionario de la prueba en razón al desistimiento de la demanda arbitral que fuera coadyuvado por los convocados.

De esta manera el Tribunal de Arbitramento cumplió con el debido proceso al decretar y practicar todas las pruebas solicitadas.

7. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Cada una de las partes por intermedio de su apoderado alegó de conclusión de conformidad con lo previsto en la Ley, allegando con destino al expediente copia escrita de los mismos, ordenándose su incorporación.

8. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO.

En la cláusula compromisoria las partes no definieron el término de duración del Tribunal, por lo tanto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, el término de duración del arbitramento será de seis

(6) meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, audiencia que concluyó el 15 de febrero de 2.010; teniendo el tribunal como plazo para proferir decisión de fondo hasta el día 15 de agosto de 2.010.

Por consiguiente el Tribunal se halla dentro de la oportunidad legal para proferir el laudo.

III. CONSIDERACIONES

1. DEL REGISTRO MERCANTIL Y SU PRUEBA:

Es indispensable para el tribunal analizar la calidad en la que actuó inicialmente la señora MARTHA CÓRDOBA ZULOAGA, es decir, como Socia Gestora Suplente de la sociedad “H. Uribe y Cía. S en C. S.” y como apoderada general de la socia comanditaria LILIANA URIBE CÓRDOBA, y también los efectos generados en el proceso al momento en que la socia comanditaria, señora LILIANA URIBE CORDOBA, desistió de la acción en contra del convocante.

Considera necesario, así mismo el Tribunal de Arbitramento, antes de proceder a cualquier pronunciamiento, analizar la función de socia gestora suplente de la sociedad ‘H. Uribe y Cía. S en C. S.’, señora Martha Córdoba Zuloaga.

Martha Córdoba Zuloaga, de acuerdo con la certificación expedida por la Cámara de Comercio de Cali, (entidad que certifica la existencia y representación legal de la sociedad convocante, toda vez que corresponde al lugar del domicilio principal de la sociedad), tiene la condición de SOCIA GESTORA SUPLENTE. El registro público mercantil, el cual tiene el carácter de documento público, da fe con el valor de plena prueba de las inscripciones realizadas, de conformidad con el artículo 30 del Código de Comercio que textualmente consagra: “Toda inscripción se probará con certificado expedido por la respectiva cámara de comercio o mediante inspección judicial practicada en el registro mercantil”. Es de anotar que la inscripción de actos y contratos es una formalidad prevista en la ley con la finalidad principal de hacer oponible a terceros el contenido de los actos y contratos sometidos a ella.

Así, pues, el registro público de comercio cumple una función legal de publicidad en relación con los actos y contratos expresamente sometidos en la ley a la formalidad de su inscripción en tal registro, bajo la sanción de inoponibilidad a terceros mientras no sean inscritos, según se establece en el artículo 29, numeral 1º del Código de Comercio, con lo cual se indican varias cosas, al mismo tiempo: se trata de una formalidad que solamente es obligatoria respecto de los actos, contratos, libros y documentos para los cuales se exige dicha formalidad; solamente por medio de las inscripciones obligatorias se cumple la función legal de publicidad mercantil; así mismo son solamente las inscripciones obligatorias las que producen la inoponibilidad a terceros del contenido de los actos, contratos y documentos inscritos; y que, consecuencialmente, este efecto de la inoponibilidad a terceros sólo se consigue con la publicidad legal producida mediante la inscripción. Resulta ostensible por lo tanto que la finalidad inmediata del registro es la publicidad legal que se acredita mediante certificado de la cámara de comercio correspondiente, certificado que, por ser expedido en ejercicio de una función de servicio público, tiene carácter de documento público y da fe con el valor de plena prueba sobre la inscripción hecha, se reitera, de conformidad con el artículo 30 del Código de Comercio.

Revisado el certificado de existencia y representación legal aportado por la convocante con la demanda arbitral, encontramos en este documento público que la Cámara de Comercio de Cali, entidad que administra el registro mercantil en la ciudad de Cali, certifica la existencia y representación legal de la sociedad ‘H. URIBE Y CÍA. S. EN C S.’, indicando lo siguiente: “SOCIOS GESTORES: SERÁ SOCIO GESTOR, HERNÁN URIBE AZCÁRATE CON CC 6.078.554 DE CALI; EN EL EVENTO DE FALTA TEMPORAL O ABSOLUTA DEL SOCIO GESTOR ACTUARÁ COMO GESTORA SUPLENTE, MARTHA CÓRDOBA ZULOAGA CON CC 38.966.921 DE CALI”. Por otra parte, en la certificación Nº Siete, del mismo documento dispone: “ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: UNA JUNTA DE SOCIOS, UN GERENTE Y SU RESPECTIVO SUPLENTE”. Y más adelante, el mismo certificado dispone: “... la representación legal de la sociedad estará a cargo del socio gestor, quien a su vez será el gerente de la misma... en la faltas temporales el socio gestor será reemplazado por la gestora suplente quien podrá realizar los actos materia del objeto social con una limitación en la cuantía, a 100 salarios mínimos mensuales...”.

La función principal del registro mercantil consiste en el efecto que produce ante terceros con relación a la oponibilidad de lo certificado en él sobre la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio y sobre la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad, como se señala en el artículo 26 del Código de Comercio. Para mayor precisión, al referirnos a los actos, debemos citar igualmente el artículo 28 ibídem que se refiere a las personas y ACTOS sujetos a registro, señalando en su numeral 9º que deben inscribirse: “La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedad comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores y su remoción”.

Indefectiblemente la ley ha previsto cómo se debe probar el registro de un representante legal; Para ello es claro que no existe forma diferente a su inscripción en la Cámara de Comercio respectiva, como se consigna en el artículo 30 del Código de Comercio, el cual textualmente determina: “Toda inscripción se probará con certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio…”. Además, debido a que las Cámaras de Comercio cumplen con el control de legalidad de los actos y documentos sujetos a registro (control de legalidad que hace parte de sus funciones), es claro que cuando se procedió a realizar la inscripción de la señora Martha Córdoba Zuloaga como Gestora Suplente, la Cámara de Comercio de Cali debió realizar el control de legalidad de tal acto, como lo exige la ley en los casos taxativos, reglados y subordinados a lo prescrito en ella. A este respecto se refirió la Superintendencia de Industria y Comercio en su Resolución 3131 de enero 31 de 2003, precisando lo siguiente: “El legislador ha investido a las cámaras de comercio de un control de legalidad totalmente taxativo, restringido, reglado y subordinado a lo prescrito en la ley…”.

Por lo tanto, no es competencia de instituciones diferentes a las entidades encargadas de administrar el registro mercantil la realización del control de legalidad sobre los actos sujetos a inscripción mercantil, como tampoco es viable que el Tribunal de Arbitramento desconozca una inscripción debidamente certificada.

Ahora bien, aclarado lo anterior, es preciso igualmente referirnos a lo reglado en el artículo 117 del Código de Comercio referente a la prueba de la existencia y representación legal de la sociedad, norma legal que a la letra consagra: “PRUEBA DE LA EXISTENCIA, CLAUSULAS DEL CONTRATO Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD. La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la cámara de comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las hubiere; el certificado expresará, además, la fecha y el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se halla disuelta. Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso” (subrayas y negrillas fuera de texto).

Cuando la ley manifiesta que para todos los efectos legales la representación legal societaria será únicamente la inscrita, significa que, el nombramiento efectuado por el órgano social competente, por cualquier medio que se haya efectuado, en este caso, con base en la escritura pública de constitución, se prueba, con certificado expedido por la cámara de comercio del domicilio principal de la sociedad.

Así las cosas, la prueba de la calidad en la que actúa la convocante, señora MARTHA CÓRDOBA ZULOAGA, es decir, la calidad de socia gestora suplente, se encuentra certificada por la cámara de comercio del domicilio principal de la sociedad (Cali), certificación que obra en el expediente.

2. PRESUNCIÓN DE VALIDEZ Y LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO MERCANTIL:

La inscripción de un acto en el registro mercantil es un acto administrativo como quiera que se trata del ejercicio de la función pública de administración del registro.

En el sistema jurídico colombiano todo acto administrativo se encuentra prevalido de una presunción de legalidad, conforme con los postulados de la constitución, la ley o el reglamento; en eso consiste la presunción de legalidad. Quien no esté de acuerdo con la decisión administrativa debe ejercitar las acciones legales señaladas en el Código Contencioso Administrativo.

Para el Tribunal el certificado de existencia y representación legal aportado a la demanda constituye plena prueba de la calidad con la que actuó Martha Córdoba Zuloaga en el trámite arbitral.

3. DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE:

El artículo 323 del Código de Comercio señala: “FORMACIÓN DE SOCIEDAD EN COMANDITA-DENOMINACIÓN DE SOCIOS. La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos, socios comanditarios”.

La sociedad en comandita simple es una sociedad de tipo mixto, en lo que a la responsabilidad de los socios se refiere. La sociedad en comandita corresponde a una tipología social que se encuentra entre la sociedad colectiva y de responsabilidad limitada; es más, reúne características de ambas e incluso la ley remite a su regulación en eventos no previstos de manera particular. En esta forma social algunos asociados responden única y exclusivamente hasta el monto de sus aportaciones, mientras que otros comprometen su responsabilidad en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Los socios comanditarios son los titulares de acciones o cuotas sociales, según se trate de comandita por acciones o simple respectivamente y, los socios gestores o colectivos tienen la administración, gestión y representación legal de la sociedad, aunque nada se opone para que simultáneamente ostenten la doble calidad, es decir, tengan la calidad de socios gestores y comanditaros concurrentemente.

De acuerdo con lo anterior el artículo 326 del Código de Comercio dispone: “ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDAD EN COMANDITA. La administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva”.

Por otra parte, el capital de la sociedad se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comanditarios, o de la sumatoria de los aportes de estos socios, o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos, cuando se acuerda la entrega simultanea de aportes (artículo 325 del Código de Comercio). El aporte es la cantidad o valor en dinero o en especie que el socio se compromete a entregar en favor de la sociedad.

Así como los socios gestores se encargan de la administración y representación de la sociedad, la ley ha facultado a los socios comanditarios para que supervigilen a aquellos. Por lo tanto, la inspección y vigilancia interna de la sociedad corresponde a los comanditarios, por mandato expreso del artículo 328 del Código de Comercio que dispone: “DERECHO DE INSPECCIÓN EN LA SOCIEDAD EN COMANDITA. El comanditario tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, los libros y documentos de la sociedad…”. En el caso concreto de la sociedad en comandita simple el artículo 339 del Código de Comercio consagra: “INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE SOCIOS COMANDITARIOS EN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE. Las facultades de inspección y vigilancia interna de la sociedad serán ejercidas por los comanditarios, sin perjuicio de que puedan designar un revisor fiscal, cuando la mayoría de ellos así lo decida”.

Por otra parte, el artículo 341 del Código de Comercio dispone: “En lo no previsto en este Capítulo se aplicarán, respecto de los socios gestores, las normas de la sociedad colectiva, y de los comanditarios, las disposiciones de la compañía de responsabilidad limitada”. Obsérvese que la misma legislación comercial remite, para el análisis de la sociedad en comandita, a las normas de las citadas sociedades. Así las cosas, debemos remitirnos al artículo 318 del Código de Comercio, referente a la RENDICIÓN DE CUENTAS EN SOCIEDADES COLECTIVAS. Ésta norma dispone: “Los administradores, sean socios o extraños, al fin de cada ejercicio social darán cuenta de su gestión a la junta de socios e informarán sobre la situación financiera y contable de la sociedad. Además, rendirán a la misma junta cuentas comprobadas de su gestión cuando ésta la solicite y, en todo caso, al separarse del cargo…”.

En la obra “Cuadernos de Derecho Societario”, volumen II, Sociedades por partes de interés y por cuotas, de Enrique Zaldivar, Editorial Abeledo - Perrot S.A., Buenos Aires – Argentina, páginas 52 y 53, manifiesta el tratadista: “Dos rasgos caracterizan a la sociedad en comandita simple; estos son: la existencia de dos categorías de socios, los comanditados (gestores) con responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad alcanza sólo al capital…” (entre paréntesis fuera de texto)

En esta especie societaria se combinan el elemento personal, con todas sus consecuencias (derecho a la administración, intransferibilidad de la parte de interés, relaciones con terceros y entre sí, etc.), con el elemento real (los socios comanditarios son esencialmente capitalistas y ello se refleja en su limitación de responsabilidad y en la señalada prohibición a que administren); de allí que Garrigues la define como: “La sociedad personalista dedicada en nombre colectivo y con responsabilidad limitada para unos socios e ilimitada para otros, a la explotación de una industria mercantil”.

Es claro entonces, que la administración de la sociedad en comandita simple corresponde a todos y cada uno de los socios gestores, quienes pueden delegarla, pero la inspección y vigilancia, con las limitaciones reseñadas anteriormente, corresponden única y exclusivamente a los comanditarios.

4. EL ESTATUS DE SOCIO:

En la obra “Cuadernos de Derecho Societario”, volumen I, Aspectos Jurídicos Generales, obra ya citada, dice el tratadista: “La calidad de socio determina lo que en doctrina se ha dado llamar el status de socio (sic)”.

La doctrina italiana es, quizás, la que más se ocupó de elaborar este tema. Ya Ferrara sostuvo que el estatus de socio “constituye una situación jurídica, una posición del sujeto, productora de derechos y obligaciones…

Por status debe entenderse una situación jurídica determinada por la naturaleza del vínculo, que crea un complejo de deberes, derechos, atribuciones y poderes, en nuestro caso del socio en la sociedad, frente a esta y respecto a terceros. Así como existe el status de padre de familia que otorga obligaciones (v. gr. la alimentaria) y derechos (v. gr. los que se derivan de la patria potestad), encontramos el status de socio…”. 

De acuerdo con lo anterior resulta claro que la calidad de socio es única y en consecuencia el estatus de socio no admite suplencias. Para el Tribunal la convocante Martha Córdoba Zuloaga tiene la calidad de socia Gestora de la Sociedad “H. Uribe & Cía. S en C. S.” y así será considerada para todos los efectos.

5. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E ILIMITADA DEL SOCIO GESTOR:

Conforme las voces del artículo 294 del ordenamiento mercantil, “Todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.

A su turno el artículo 326 del mismo ordenamiento dispone: “La administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva”.

Luego la convocante, como socia gestora se encuentra inmersa en la responsabilidad advertida para quienes tienen tal calidad en este tipo de sociedades y en particular en la Sociedad “H. Uribe & Cía. S en C. S.”

6. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN SOCIEDADES COLECTIVAS Y EN COMANDITA SIMPLE:

Anota el tratadista José Ignacio Narváez en su libro “Teoría General de las Sociedades”, Editorial Legis, página 374: “En las sociedades colectivas y en comandita simple o por acciones el representante legal y demás administradores, sean socios o extraños, al fin de cada ejercicio deben dar cuenta de su gestión a la junta de socios e informar sobre la situación financiera y contable de la sociedad. Además, tienen obligación de rendir a la misma junta cuentas comprobadas de su gestión cuando ésta los solicite y, en todo caso, al separarse de su cargo (arts. 318 y 326)” (subrayas fuera de texto).

Los artículos anotados en el numeral 3º de estas consideraciones (318 y 326 del Código de Comercio), referentes a las Sociedades en Comandita Simple, precisan quiénes son los llamados a rendir cuentas en las sociedades colectivas y en las sociedades en comandita.

En este mismo sentido se pronunció la Superintendencia de Sociedades, en amplio concepto rendido en Noviembre 9 de 2009, (Nº 220-129914), el cual por su importancia transcribimos por ser suficientemente ilustrativo:

“Concepto Nº 220-129914 (Bogotá, D.C., 09 de noviembre de 2009) 

Asunto: RENDICIÓN DE CUENTAS - No procede rendición judicial de cuentas de un accionista contra la sociedad de la cual forma parte ni contra los demás socios o administradores de la misma. 

Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2009-01- 271112, por medio del cual formula algunos interrogantes relacionados con la posibilidad de que un accionista pueda instaurar un proceso de rendición de cuentas contra la sociedad de la cual es accionista y contra la sociedad controlante de la misma. 

Sobre el particular, es preciso en primer término poner de presente que la sociedad comercial, como persona jurídica que es, no actúa en el tráfico mercantil de forma directa sino mediante sus órganos sociales, valga decir, asamblea o junta de socios, junta directiva y representante legal, y que son los dos últimos a quienes corresponde la administración de los negocios de la compañía, salvo que tal atribución, en el caso de sociedades por cuotas o partes de interés, no haya sido delegada por los socios. 

Lo anterior permite afirmar, que quien adelanta el manejo de los recursos provenientes de los aportes efectuados por los asociados, no es la propia sociedad, sino los órganos de administración designados por la ley o los estatutos para tal fin, y dentro de la capacidad legal delimitada por el objeto social. 

Realizadas las aclaraciones que anteceden, resulta ahora pertinente traer a colación lo que acerca de la viabilidad de un accionista de iniciar un proceso de rendición de cuentas, manifestó esta Superintendencia mediante Oficio 220-121927 del 1 de diciembre de 2008, en los siguientes términos: "Sobre el particular es necesario realizar las siguientes consideraciones: Del Contrato de Sociedad. El artículo 98 del Código de Comercio dispone que: "Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”. 

Es decir que la sociedad por ser una persona jurídica, actúa a través de los órganos formados por personas naturales, a saber la asamblea general de accionistas o junta de socios, junta directiva, y representante legal, estos dos últimos denominados por la ley genéricamente como administradores. 

La sociedad contiene lo que denominamos estatutos sociales, que no son otra cosa que las reglas de funcionamiento que aceptan los intervinientes para desarrollar la empresa social, en los cuales se asignan deberes y obligaciones a cada órgano, además de otras cláusulas indicadas en el artículo 110 del Código de Comercio y las que consideren necesarias los intervinientes, siempre que no sean contrarias a la Ley. 

Uno de los órganos de las sociedades, es el representante legal, el cual es designado por la junta directiva, salvo que los estatutos sociales deleguen esta designación en la asamblea o por el máximo órgano social en aquellas compañías, en las cuales no es obligación legal la existencia de junta directiva. 

Para el caso propuesto, es de interés estudiar las obligaciones asignadas por la Ley al representante legal como administrador, en relación con los informes que debe presentar al máximo órgano social, no sin antes advertir que la junta de socios o la asamblea de accionista la conforman los socios o accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos (Artículo 419 en concordancia con el artículo 181 del Código de Comercio).  

Rendición de Cuentas de los Administradores. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 222 de 1995, "los administradores deberán rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retiren de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión. 

La aprobación de las cuentas no exonerará de responsabilidad a los administradores, representantes legales, contadores públicos, empleados, asesores o revisores fiscales". 

A su turno el artículo 46 ídem dispone en relación con los administradores que "Terminado cada ejercicio contable, en la oportunidad prevista en la ley o en los estatutos, los administradores deberán presentar a la asamblea o junta de socios para su aprobación o improbación, los siguientes documentos: 

1. Un informe de gestión. 

2. Los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, cortados a fin del respectivo ejercicio. 

3. Un proyecto de distribución de las utilidades repartibles. 

Así mismo presentarán los dictámenes sobre los estados financieros y los demás informes emitidos por el revisor fiscal o por contador público independiente". 

De lo hasta aquí expuesto podemos concluir, que el representante legal tiene la obligación legal como administrador de rendir cuentas comprobadas de su gestión, tanto a su retiro, como al final de cada ejercicio, así como cuando lo exija el órgano competente para ello. 

¿Ante quién debe Presentar las Cuentas el Administrador? 

Según la normatividad invocada en los párrafos precedentes, el administrador deberá presentar los informes de su gestión ante la asamblea de accionistas o junta de socios conformada como lo dispone el artículo 419 del Estatuto Mercantil, órgano social que tiene la competencia para aprobar o improbar las cuentas, artículo 46 Ley 222 de 1995. 

Igualmente deberá presentar informe de su gestión cuando lo exija el órgano competente, que no son otros que la junta directiva, la cual tiene la función de designarlo en las sociedades anónimas sino ha sido delegada esta función a la asamblea general de accionistas (artículo 440 del Código de Comercio) o el máximo órgano social en las sociedades que no cuentan con la junta directiva. 

En consecuencia y para dilucidar el primer interrogante es de concluir que, a un socio individualmente considerado no le asiste el derecho de exigir rendición de cuentas a los administradores, por cuanto la ley comercial asignó tal competencia a los órganos sociales, asamblea de accionistas, junta de socios o junta directiva y por ende el administrador solamente está obligado a rendir cuentas a los órganos determinados por la Ley (Artículos 45 y 46 de la Ley 222 de 1995) (subrayas fuera de texto) 

Rendición Provocada de Cuentas. 

Según sentencia C-981/02 de la Corte Constitucional, "El proceso de rendición de cuentas, es un proceso civil especial "de conocimiento", denominado así porque en este tipo de procesos previamente se impone al juez el conocimiento de los, hechos y de las pruebas, para después adoptar la declaración correspondiente. 

Se adelanta bajo el trámite de un proceso abreviado, y persigue dos fines claramente determinados: a) Inmediato: constituido por las cuentas, esto es los ingresos y egresos, con sus respectivos soportes, de la actividad desarrollada por quien se ha encargado de administrar bienes o negocios de otra persona, sea que su origen esté en un acto de voluntad de las partes, como acontece con el contrato, o de una situación contemplada en la ley, como en el secuestre o el albaceazgo. b) Mediato: consiste en establecer quién debe a quién y cuánto, o sea, cuál es el saldo que queda a favor de una parte y a cargo de otra, llámese demandante o demandado. 

Así, el Código de Procedimiento Civil contempla dos modalidades, una tendiente a obtener la rendición de cuentas de quien está obligado a rendirlas y no lo ha hecho, llamada también rendición provocada y la otra, para que las cuentas de aquel que debe rendirlas sean recibidas, o rendición espontánea por el obligado a rendirlas".

1. Rendición provocada de cuentas. 

El objeto de este proceso, es que todo aquel que conforme a la ley esté obligado a rendir cuentas de su administración lo haga, si voluntariamente no ha procedido a hacerlo. 

Antes de la reforma del Código de Procedimiento Civil el proceso presentaba dos fases, perfectamente definidas y con sus respectivos objetivos:' la primera para determinar la obligación de rendir las cuentas; la segunda, tendiente a establecer el monto o la cantidad que una parte salía a deber a la otra. Con la reforma de 1989, el proceso fue simplificado y puede culminar sin necesidad de dictar sentencia, en el supuesto de que no exista controversia sobre el monto fijado en la demanda, pues si el demandado, dentro del término de traslado no se opone a recibir las cuentas presentadas, ni las objeta, ni propone excepciones previas, el juez las aprueba mediante auto que no es apelable y prestará mérito ejecutivo." (Subrayado fuera de texto). 

De la jurisprudencia transcrita se colige que para iniciar la acción provocada de cuentas, es necesario tener legitimidad para ello, esto es, que la ley le haya otorgado el derecho a que le rindan cuentas, asunto que no es aplicable en la regulación societaria pues como se vio anteriormente un socio individualmente considerado no está facultado para exigirle cuentas de gestión a los administradores, sino que esto debe hacerlo los órganos de la sociedad a los cuales les fue asignada tal función”. 

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expresado, se pasa a continuación a dar respuesta a sus inquietudes. 

"Quisiera saber si por medio de un proceso es preciso que un accionista solicite una rendición de cuentas a la sociedad de la cual es accionista y adicionalmente a la sociedad controlante que tiene su domicilio social en el extranjero, por negocios de capitalización?”. 

En este punto se ha de señalar que no resulta posible que un accionista adelante un proceso judicial de rendición de cuentas ni contra la sociedad de la que es asociado ni mucho menos contra la sociedad controlante de esta, toda vez que tales compañías no son quienes administran los negocios sociales, pues tal como ya se manifestó, esta facultad corresponde es a los órganos de administración designados por la ley o los estatutos para tal fin. 

No sobra advertir que tampoco es viable que un accionista adelante una acción judicial de rendición de cuentas contra los administradores de la sociedad, ya que como también se indicó, estos solo están obligados a rendir cuentas de su gestión a los órganos sociales determinados por la ley y dentro de las oportunidades previstas por la misma para tal efecto, de conformidad con lo reglado por los artículos 45 y siguientes de la Ley 222 de 1995. 

"Es posible que sean las partes convocadas, como sociedades y no como personas naturales, a una audiencia de conciliación extrajudicial por un proceso de rendición de cuentas, cuando ya existe en curso, por otro lado un proceso ordinario?”. 

En armonía con la respuesta anterior, es claro que si ni la sociedad en la que se es accionista ni la sociedad controlante de la misma, están llamadas a participar como demandados en un proceso judicial de rendición de cuentas adelantado por un asociado, tampoco resulta factible que tales compañías sean convocadas a una audiencia extrajudicial de conciliación en un proceso de tal naturaleza, independientemente de la existencia o no de un proceso de carácter ordinario. 

"Ante quien se debe realizar la rendición de cuentas? en qué momento?, específicamente para qué es el proceso de rendición de cuentas?, es posible citar a la sociedad como tal a rendir cuentas?”. 

Como quiera que tal como ya se manifestó no es viable un proceso de rendición de cuentas en la hipótesis analizada, en opinión de este Despacho no hay lugar a dar respuesta a los cuestionamientos aquí planteados. 

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta, manifestándole que el alcance M concepto expresado es el previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 

Cordialmente, 

FERNANDO JOSÉ ORTEGA GALINDO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica (E.) TRD: Jurídica 

A7345". 

Se deduce de lo anterior que el proceso de Rendición Provocada de Cuentas al que se refieren los artículos 408 y 418 del C. de P.C., en concordancia con el artículo 318 del C. de Co., es procedente en el caso de sociedades cuando el mismo es intentado por el órgano competente, conforme a los estatutos y a la ley. En este caso el tribunal encuentra que además de las condiciones advertidas para la procedencia de la acción de responsabilidad, quien la pretende tiene la calidad de socia gestora de la sociedad, hecho que conduce a su improcedencia por tener ésta el carácter de administradora, tal y como se ha señalado con anterioridad.

7. DE LAS SOCIEDADES CIVILES:

El régimen de las sociedades civiles se encontraba contenido el Título XXVII del Código Civil, artículos 2079 a 2141, normas derogadas por la Ley 222 de 1995, artículos 1 y 238 que consagran:

Ley 222/95. Art. 1º–“Sociedad comercial y ámbito de aplicación de esta ley. El artículo 100 del Código de Comercio, quedará así: 

Art. 100.—Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa comercial comprende actos mercantiles y actos que no tengan esta calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles. Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil”. 

Ley 222/95. Art. 238 – “Incorporación. Para los efectos previstos en el artículo primero de esta ley las sociedades civiles dispondrán de un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la misma para ajustarse a las normas de las sociedades comerciales”.

Así las cosas, la Ley 222 de 1995, por medio de la cual se modificó el Código de Comercio, derogó el Título XXVII del Código Civil citado anteriormente, referente a las Sociedades Civiles, y estableció que la legislación mercantil se aplicaría a todo tipo de sociedad, sin importar su objeto social.

Resulta claro, teniendo en consideración el citado art. 238 de la misma ley, que las sociedades civiles no desaparecieron ni se prohibió su constitución, sino que se eliminó su regulación a partir de las normativas civiles, remitiéndose ahora, para tal fin, a lo preceptuado para las sociedades comerciales.

La sociedad “H. URIBE & CIA S. EN C. S.” se constituyó como sociedad civil, como lo acredita el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali, documento que obra en el expediente y que fuera aportado como prueba. Sin embargo, a pesar de su naturaleza civil, como se acaba de precisar, se encuentra sujeta a la regulación legal mercantil; de manera que los actos y documentos respecto de los cuales la ley consagra la obligación de su inscripción en el registro público de comercio deben registrarse en éste y serán probados con certificación expedida por la entidad registradora, es decir, por la cámara de comercio del domicilio principal de la sociedad.

8. DE LAS EXCEPCIONES FORMULADAS EN EL PROCESO ARBITRAL:

Conforme las voces del artículo 96, en concordancia con el inciso segundo del artículo 306 del C. de P.C., le corresponde al Tribunal analizar y decidir sobre las excepciones de fondo propuestas, bajo la premisa de que “Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes”.

EXCEPCIÓN DE “FALTA DE CAUSA” PROPUESTA POR EL CONVOCADO HERNÁN URIBE AZCÁRATE COMO SOCIO GESTOR PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD “H URIBE & CIA S. EN C.S”. Y POR LA SOCIEDAD DENUNCIADA “URIBE AZCARATE HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION”, QUIEN LA DENOMINÓ: ““AUSENCIA DE CAUSA. CARENCIA DE NEXO CAUSAL”.

Tanto la convocada como la denunciada sustentaron la excepción entre otros con los siguientes argumentos:

a. Para que una pretensión prospere debe existir previamente una causa objetiva y real, de tal suerte que si ello no se configura, no habrá causa y por ende, no podrá obtenerse un resultado favorable.

b. La rendición de cuentas es una posibilidad legal que tienen las personas para solicitarle a quien deba rendírselas que cumpla con su cometido.

c. En el proceso de rendición de cuentas de que se ocupa este Tribunal, el objeto es que el socio gestor (que además es gerente de la sociedad ‘H Uribe & Cía. S. en C.S.’), rinda cuentas de su gestión.

d. La sociedad ‘H Uribe & Cía. S. en C.S.’ se rige por los estatutos sociales contenidos en la E.P. Nº 3663 de septiembre 12 de 2003, de la Notaría Sexta de Cali y dichos estatutos son ley para las partes.

e. Los socios de la sociedad ‘H Uribe & Cía. S. en C.S.’ son independientes de la persona jurídica.

f. La obligación que tiene el Gerente de la sociedad ‘H Uribe & Cía. S. en C.S.’ es con la persona jurídica de la misma y para ello se encuentran establecidos en sus estatutos los órganos de dirección y administración de la sociedad, su estructura, reglas y funcionamiento están contenidos en los artículos 8º y ss. de dicho estatuto.

g. Dado que la Gerencia es un cargo de ejecución que depende de la Junta de Socios, corresponde a este organismo tomar las decisiones relativas a su funcionamiento o remoción; no existe posibilidad legal que las funciones de la Junta de Socios puedan ser suplantadas.

h. El cargo de socio gestor es inamovible y solo podrá ser sustituido conforme a lo previsto por el artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales: ‘En caso de falta absoluta del socio gestor principal asumirá la dirección de la compañía el socio gestor suplente con las mismas facultades;

i. Las cuentas sociales han estado desde la constitución de la sociedad a disposición de los socios, quienes a pesar de no haberse interesado en ellas han recibido de manera permanente sus beneficios económicos.

Frente a los argumentos expuestos, el Tribunal encuentra lo siguiente:

El Código Civil en su Artículo 1524, establece “CAUSA DE LAS OBLIGACIONES”, lo siguiente: “No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. 

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. 

Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita”. 

Sobre la anterior disposición ha dicho la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil, Sent. de octubre 7 de 1938), lo siguiente: “... Para Joserannd, en todos los casos la determinación de la intención es esencial, puesto que ella influye y dirige a la naturaleza misma de la operación celebrada entre las partes; porque viene a ser ella la que le otorga un verdadero carácter a la relación jurídica; a imprimirle el matiz que sirve para calificar la voluntad de los contratantes. De ahí que en el campo del derecho civil, la intención se nos presente como una medida para precisar el querer de las partes, en orden a la determinación del fin inmediato vinculado a la voluntad contractual”. 

Para los tratadistas Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta en su obra ‘Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos’ (Editorial Temis. Bogotá 1980, págs., 202 a 205): “La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia adoptando la solución propuesta al respecto por los tribunales franceses, ha decidido éste problema en el sentido de que la expresión “el motivo que induce al acto o contrato”, empleada por el artículo 1524 del Código Civil para definir la noción de causa, significa “los móviles determinantes del acto jurídico que han sido conocidos por las partes”. “‘El acto volitivo dice la Corte en sentencia del 7 de octubre de 1938 obedece fatalmente a móviles que han inducido la voluntad y han sido conocidos de las partes”. 

Encuentra el Tribunal que en este proceso la causa que subyace y que motivó a la convocante Martha Córdoba Zuloaga (quien actuaba en su doble condición de socia gestora de la sociedad ‘H Uribe & Cía. S. en C.S.’ y como apoderada general de la socia comanditaria Liliana Uribe Córdoba), era la de solicitar la rendición provocada de cuentas por parte del socio gestor de la misma, señor Hernán Uribe Azcárate, sin haber tenido en cuenta que como socia gestora Martha Córdoba Zuloaga estaba obligada a estar al tanto de la administración de la sociedad, por lo que su conducta omisiva no podría ahora relevarla de la responsabilidad que le asiste, pues ello conduciría al reconocimiento a la convocante de que ésta pudiera alegar en su favor su propia culpa. “Nemo auditur propriam torpitudinem allegans”.

No obstante dentro del decurso del proceso se presentaron dos circunstancias extraordinarias a saber y que son de gran relevancia para tomar la decisión que permitirá dirimir el caso sub judice: (i) La señora Liliana Uribe Córdoba (socia comanditaria) revocó el poder general que le había conferido a su madre Martha Córdoba Zuloaga y en su remplazo designó a su hermano Hernán Felipe Uribe Córdoba. Así mismo, revocó el poder que le fuera otorgado al doctor Álvaro Córdoba Zuloaga, quien actuara en el trámite arbitral y en la solicitud de la demanda como su representante judicial (ii) Igualmente presentó desistimiento de la demanda arbitral, el cual fue coadyuvado por la parte convocada y por el apoderado de la sociedad denunciada, documento de fecha marzo 29 de 2010, que obra en fax a folios 257 y 258 del cuaderno Nº 2, denominado Actas, y su original que trae nota de presentación personal ante el Consulado de Colombia en Barcelona, obra a folios 265 a 266 del mismo cuaderno.

Cabe anotar, que el Tribunal aceptó los anteriores actos pero advirtió desde entonces que la petición de terminación del proceso que conjuntamente solicitaron tanto el nuevo apoderado de la socia comanditaria Liliana Uribe Córdoba como la apoderada del Convocado (H. Uribe & Cía. S. en C.S.) y el apoderado de la denunciada del pleito (Uribe Azcárate Hermanos Ltda. en liquidación’), se resolvería en el laudo.

Destaca el Tribunal que la propia convocante, Martha Córdoba Zuloaga, reconoce que la condición de socios comanditarios la tienen únicamente los señores HERNÁN FELIPE y LILIANA URIBE CÓRDOBA y que tanto el convocado, HERNÁN URIBE AZCÁRATE, como ella, son administradores de la sociedad en su calidad de socios gestores. Prueba que obra en el expediente (declaración de parte rendida por Martha Córdoba Zuloaga el 5 de abril de 2010). Dice la convocante: “Los socios son Felipe, Hernán Felipe Uribe Córdoba y Liliana Uribe Córdoba, Hernán Uribe es el gerente y yo soy la suplente del gerente” (pregunta 2); “el porcentaje de Felipe Uribe es del 50% y el de Liliana Uribe es de 50%” (pregunta 3); “Liliana tiene un aporte de 1.500.000 pesos y Felipe también tiene un aporte de 1.500.000 pesos para un total de 3.000.000 de pesos que fue como fue constituida la sociedad” (pregunta 5).

En el acápite de las consideraciones relativas a la calidad de los socios de las sociedades, se mencionó con precisión que el estatus de socio “constituye una situación jurídica, una posición del sujeto, productora de derechos y obligaciones.’, concluyéndose que “el estatus de socio no admite suplencias”.

También se indicó que con base en lo dispuesto por el artículo 318 del ordenamiento comercial, la rendición de cuentas que les corresponde a los administradores de la sociedad es frente a la Junta de Socios y no a los socios individualmente considerados, quienes además carecen de dicha facultad legal.

Encuentra entonces el Tribunal que la circunstancia de revocatoria del poder que en su momento realizó la socia comanditaria Liliana Uribe Córdoba, imperativamente despojó a la convocante Martha Córdoba Zuloaga de la posibilidad de exigir arbitralmente la rendición de cuentas al socio Gestor Hernán Uribe Azcárate, como quiera que según las voces del citado artículo 318 del C. de Co., ésta sólo es procedente ante los órganos sociales, conforme a la ley y a los estatutos de la sociedad.

Por otra parte, resultaría inadmisible que un socio gestor que se ha abrogado la calidad de suplente (que como administrador de la sociedad está obligado a la misma rendición de cuentas que impone el citado artículo 318 del C. de Co.), se valiera del proceso arbitral para exigirle al socio gestor “Principal” Hernán Uribe Azcárate, dicha rendición.

La propia convocante, Martha Córdoba Zuloaga, indicó su condición de coadministradora de la sociedad, en la declaración de parte que rindiera ante el Tribunal el 5 de abril de 2010 (folios 117 a 130, Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada). Sin embargo, anota el Tribunal que la señora Córdoba Zuloaga confunde algunas de las funciones que corresponden a un socio gestor porque reiteradamente manifiesta que es de su competencia la “fiscalización” al otro gestor de la sociedad; función que única y exclusivamente corresponde a los socios comanditarios, Hernán Felipe y Liliana Uribe Córdoba, como lo consagran las normas legales pertinentes.

Obra en el acervo probatorio su declaración de Parte. En diversos apartes de la misma ella acepta haber coadministrado la sociedad H. URIBE y Cía. S. en C. S. con el socio gestor “principal” Hernán Uribe Azcárate. Dice la convocante en dicha declaración al responder las preguntas formuladas, entre otras cosas: “hasta donde yo entiendo las funciones de la suplente de gerente, a ver cómo le digo, son como de una policía entonces uno tiene que estar atento que hace el gerente para sino está de acuerdo llamar al orden, averiguar qué pasa, como pasa, donde están las cosas” (pregunta 7, folio 119 vto., Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada). “Hace dos años, como en marzo del 2008 yo continuaba casada con Hernán Uribe, en ese momento se hizo una venta de H. Uribe & Compañía de 500, de 553 plazas de tierra y ese dinero era para que entrara a H. Uribe & Compañía entonces perfectamente me di cuenta del negocio porque estaba casada con Hernán, en mi apartamento se discutieron todos los negocios, el dinero, como entraba, por donde entraba, donde eran las cuentas” (pregunta 8, folio 120, Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada). “…sí, los cánones de arrendamiento se han recibido y con eso hemos vivido, lo que produce H. Uribe & Compañía directamente lo ha manejado Hernán siempre, de allí se han pagado algunas cosas pero yo directamente nunca he sido... he manejado H. Uribe & Compañía” (pregunta 11, folio 121 vto., Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada). “El doctor Hernán Uribe Azcarate como gerente de H. Uribe & Compañía a finales de marzo del 2008 recibió 1.500.000 USD por la venta de unas tierras, entonces con ese 1.500.000 USD efectivamente se compró el apartamento Altamira donde yo vivo, segundo, el apartamento Karcasi donde vive él se terminó de pagar porque ya estaba parte pagado antes de esa fecha, el terminó de pagar ese apartamento y entiendo porque no he visto las escrituras ni los papeles, que el edificio, el apartamento donde vive Felipe Uribe, Punta Oeste, Séptimo piso también salió de allí” (pregunta 12, folio 121 vto., Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada). Así mismo, al preguntársele “como es cierto si o no que la sociedad H. Uribe & Compañía S en C invirtió en la reforma, adecuación y amueblamiento del apartamento 201 del edificio Altamira situado la suma aproximada de 180 millones” manifestó: “No, porque la cifra exacta yo no me la sé, sé que el apartamento se le hicieron unas reformas costó un dinero, pero la persona a la cual hay que preguntarle es a la señora Ángela Maria Cárdenas que se contrató para que hiciera esos trabajos, todo eso paso por sus manos y ella pago y ella es la que sabe, no” (pregunta 13, folio 122, Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada). Al preguntarle “diga cómo es cierto si o no que usted ha entregado cuentas de los recaudos realizados por los arrendamientos de los bienes de H. Uribe & Compañía S en C al gestor de la sociedad el doctor Hernán Uribe Azcarate”., contestó: “No, no me las han pedido y no las he entregado, pero las tengo para entregarlas en el instante que me las pidan” (pregunta 14, folio 122 vto., Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada). Al preguntarle “diga cómo es cierto si o no que a pesar de las advertencias sobre la suplantación del socio gestor principal usted ha insistido en co administrar la citada sociedad a pesar de que los estatutos de la misma establecen que el socio gestor suplente solo actuaría en la falta absoluta del socio gestor principal”., contestó: “Si, yo soy suplente de la gerencia de H. Uribe & Compañía entonces esta sociedad hizo una venta que aquí tengo la escritura que se llama la Notaria Segunda escritura 1361 de marzo 28, entonces en esta escritura dice que se vendió una tierra por 3.958.986.547 pesos de este dinero le correspondía a H. Uribe & Compañía una cuarta parte que es 989.746.636 pesos, lo que esta Cámara de Comercio tiene que resolver es que este dinero jamás de los jamases entró a H. Uribe & Compañía, este dinero Hernán lo cogió como propio se lo metió a su bolsillo y salió a gastárselo, eso no es legal, eso no es lo que hay que hacer, este dinero es de H. Uribe, ha debido entrar a H. Uribe y jamás de los jamases entro, han debido haber unos libros de contabilidad que nunca se llenaron, nunca supimos que paso con esos libros, entonces Hernán paso un papel diciendo que sus libros se los habían robado, aquí esta una cosa de la Notaria Segunda, sus libros se robaron, se perdieron entonces no existen pero sin embargo después de esto , cuando ustedes hicieron la inspección en la casa mía se les entrego los originales de los libros en blanco, o sea que esto es mentira porque esto fue bajo la gravedad del juramento que el hizo, además otra pequeña cosita de este problema que yo creo que es el fundamental, el alma de la cosa por la cual estamos aquí, ellos dicen en esta escritura, en esta escritura de aquí que la plaza de tierra se vendió a 7 millones de pesos la plaza, lo cual es absolutamente falso eso es por lo que se declaró pero resulta que hay una sociedad que se llama Coral Global Corporation de Panamá, una sociedad extranjera que no funciona en Colombia porque se han pedido todos los papeles y no existe, la cual les pagó por debajo del dinero a estos señores 1.500.000 USD que es lo que yo estoy diciendo que no sabemos cómo manejar esto, entonces según esto a H. Uribe le entro, pesos más pesos menos 1.000 millones de pesos pero el negocio, porque yo estaba ahí, ahí fue Álvaro José Sierra, fue Gilberto Uribe, Hernán Uribe, y todo y no los explico muy bien el negocio era de 6 millones de USD, o sea 1.500.000 USD para cada uno de los socios, se hizo esta escritura por muchísimo menos valor pero lo que faltaba, los 13.000, porque si la plaza se vendió a 7 y póngale que era 20, 20 millones de pesos la plaza o más, entonces la diferencia se pagó en Panamá en una cuenta que se abrió en Panamá donde yo firmé para que allí consignaran lo de por debajo de la mesa que efectivamente lo consignaron, efectivamente lo consignaron una sociedad llamada Coral Global Corporation, extranjera, no existe en Colombia y eso para que se hizo, para no pagar impuestos, no sé, no sé qué les puedo aumentar, pregúntenme” (pregunta 15, folio 123, Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada). Igualmente al contestar la pregunta 15, entre otras cosas manifestó: “porque ya les dije el suplente actúa como policía viendo que hace el gerente y si no estoy de acuerdo con lo que el gerente está haciendo entonces tengo que patalear y preguntar y que me contesten” (pregunta 15, folio 123, Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada).

Así mismo, el deponente HERNÁN FELIPE URIBE CÓRDOBA, socio comanditario de la sociedad, poseedor del 50% del capital de la misma, como se demuestra en el certificado de existencia y representación legal de H. Uribe y Cía. S. en C. S. que obra en el expediente, documento aportado como prueba, testigo presentado por la parte convocada, Hernán Uribe Azcárate por intermedio de su apoderado, manifestó: “… yo no tengo ningún reparo contra…ni contra mi papá ni contra mi mamá, en cuanto a las platas que se han gastado o entrado…” (pregunta 1, folio 131 vto., Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada). Al referirse a H. Uribe y Cía. Ltda. manifestó: “Esto es una sociedad pues como te dije familiar, por mi yo nunca les he pedido una cuenta a mis padres, a ninguno de los dos, y lo que ellos me digan así es, eso es de ellos y ya” (pregunta 6, folio 132 vto., Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada). Al preguntarle “Sírvase indicarle al Tribunal quienes son los socios gestores y quienes los comanditarios de la sociedad H. Uribe & Compañía S en C., respondió: “El socio gestor es Hernán Uribe, y el comanditario son Liliana Uribe y Felipe Uribe y mi madre es socia suplente… Gestora suplente” (pregunta 16, folio 133 vto., Cuaderno Nº 10, denominado: Pruebas, transcripciones de testimonios e interrogatorios de parte convocante y parte convocada).

Finalmente, en relación con este punto, el Tribunal encuentra que al desistir Liliana Uribe Córdoba de la acción, ninguno de los socios comanditarios, poseedores del 100% del capital social, tiene interés en solicitar rendición de cuentas al socio gestor de la sociedad H. Uribe y Cía. Ltda., señor Hernán Uribe Azcárate.

9. COSTAS Y GASTOS PROCESALES

a) Teniendo en cuenta que el Tribunal rechazó la totalidad de las pretensiones de la demanda y que no hubo condenas a cargo de la parte convocada y de la sociedad denunciada, por haberse declarado probada la excepción de Falta de Causa – Ausencia de Causa, la parte convocante deberá atender la totalidad de las costas y gastos procesales, por lo que la convocante deberá ser condenada a los montos que se señalaron para la convocada y la denunciada en la primera audiencia de trámite.

b) La liquidación general de los gastos del proceso es la siguiente:

1. COSTAS

 

Honorarios de los tres árbitros$ 39.117.036,00
IVA (16%), un árbitro$ 2.086.386,00
Honorarios del secretario$ 6.519.506,00
IVA (16%) de honorarios del secretario$ 1.043.120,00
Gastos de funcionamiento$ 6.600.000,00
Gastos de administración del tribunal (Cámara de comercio)$ 6.519.506,00
IVA (16%) gastos de administración (Cámara de Comercio)$ 1.043.120,00
TOTAL$ 62.928.674,00

 

En consecuencia, los costos para la parte convocada y la sociedad denunciada ascendieron a la suma de treinta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y siete pesos ($ 31.464.337,00) moneda corriente, suma a cuyo pago debe ser condena la parte convocante, a favor de la convocada y de la denunciada, para lo cual se procederá a efectuar la compensación correspondiente: El 50% de treinta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y siete pesos ($ 31.464.337,00) moneda corriente, es decir, la cantidad de quince millones setecientos treinta y dos mil ciento sesenta y nueve pesos ($ 15.732.169,00) a favor de Hernán Uribe Azcárate y el 50% restante, la cantidad de quince millones setecientos treinta y dos mil ciento sesenta y nueve pesos ($ 15.732.169,00), a favor de Uribe Azcárate Hermanos Ltda. en Liquidación, sociedad denunciada. Ésta compensación procede en atención a que el valor correspondiente a honorarios y gastos del Tribunal no fue consignado por la convocada ni la sociedad denunciada, habiéndolo sido en su oportunidad legal por la convocante.

Se advierte para efectos posteriores que el certificado de pago del 50% de honorarios y gastos del Tribunal asumidos por la convocante y correspondientes a la convocada y a la sociedad denunciada, certificación que fue expedida a la convocante con mérito ejecutivo, conforme al artículo 144 del Decreto 1818 de 1998, queda sin efecto como consecuencia de la compensación que se hará entre el crédito a favor de Martha Córdoba Zuloaga y el pago al que se le condenará en interés de la convocada y la sociedad denunciada.

2. AGENCIAS EN DERECHO

El Tribunal fija el valor de las agencias en derecho tomando como parámetro la suma de dinero señalada como honorarios para un árbitro. Para lo cual establece la cantidad de diez millones de pesos ($ 20.000.000,00) moneda corriente, que deberá ser pagada por la convocante Martha Córdoba Zuloaga así: a favor de Hernán Uribe Azcárate el 50%, o sea la cantidad de diez millones de pesos ($ 10.000.000,00) y el 50% restante a la sociedad Uribe Azcárate Hermanos Ltda. en Liquidación, o sea el monto de diez millones de pesos ($ 10.000.000,00), proporción señalada en el punto anterior.

c) En la anterior liquidación no se incluyó el valor de los honorarios de los peritos ni los gastos de las prácticas de las pericias, por cuanto fueron sufragados íntegramente por la parte convocante, y de ser condenada a ello resultaría pagándolos dos veces.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, habilitado por las partes para dirimir en derecho el presente conflicto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

RESUELVE

PRIMERO: Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia declarar probada la excepción denominada “FALTA DE CAUSA”, PROPUESTA POR EL CONVOCADO HERNÁN URIBE AZCÁRATE a través de su apoderado judicial, denominada “AUSENCIA DE CAUSA. CARENCIA DE NEXO CAUSAL”, por el apoderado de la SOCIEDAD DENUNCIADA “URIBE AZCÁRATE HERMANOS LTDA EN LIQUIDACIÓN”.

SEGUNDO: Denegar la totalidad de las pretensiones de la Demanda, al haber declarado próspera la excepción indicada en el punto primero de ésta providencia.

TERCERO: Condénase a la convocante MARTHA CÓRDOBA ZULOAGA a pagar, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de éste laudo, el valor total de las costas liquidadas en la parte motiva de ésta providencia, cantidad que asciende a sesenta y dos millones novecientos veintiocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos ($ 62.928.674,00) moneda corriente, a favor de la parte convocada, Hernán Uribe Azcárate y, la sociedad denunciada, Uribe Azcárate Hermanos Limitada en Liquidación, en proporción del 50% ($ 31.464.337,00) para la primera y el 50% ($ 31.464.337,00) para la segunda.

CUARTO: A la condena anterior por la suma de sesenta y dos millones novecientos veintiocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos ($ 62.928.674,00) moneda corriente, a cargo de la señora MARTHA CÓRDOBA ZULOAGA, parte convocante, se deduce la suma de treinta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y siete pesos ($ 31.464.337,00) moneda corriente, que se compensa con una cifra que por igual valor existe a cargo de la convocada y de la sociedad denunciada, en virtud de que éstas últimas no pagaron oportunamente lo que les correspondía para acudir al arbitraje, habiendo sido sufragadas tales sumas por la parte convocante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998; quedando entonces por pagar a título de dicha condena únicamente un valor neto de treinta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y siete pesos ($ 31.464.337,00) moneda corriente, a favor de la convocada y de la denunciada en las proporciones indicadas en el punto precedente ($ 15.732.168,50 para cada una).

QUINTO: Condenar a la convocante en agencias en derecho así: La cantidad de diez millones de pesos ($ 10.000.000) a favor del convocado Hernán Uribe Azcárate; y la misma cantidad ($ 10.000.000) a favor de la sociedad “Uribe Azcárate Hermanos Limitada en liquidación”.

SEXTO: Una vez ejecutoriada la decisión, ordénase la protocolización del expediente en una de las Notarías de ésta ciudad, así como la devolución del saldo de la cuenta de gastos previa relación de los mismos.

SÉPTIMO: Entregar el saldo de honorarios a los Árbitros y al Secretario del Tribunal.

OCTAVO: Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas de éste laudo con destino a cada una de las partes y copia simple con destino al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali.

Ésta providencia queda notificada en estrados.

Los árbitros,

Martha Lucía Becerra Suárez, presidente—Claudia Teresa Vanegas Becerra, árbitro—Alberto Jose Loaiza Lemos, árbitro. 

Luis Miguel Montalvo Pontón, secretario.