Laudo Arbritral

Caracol Televisión

v. 

Comisión Nacional de Televisión 

Diciembre 18 de 2001

Acta 27

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil uno (2001), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), fecha y hora señaladas en el auto 28 de fecha diez (10) de diciembre de dos mil uno (2001), notificado personalmente a los apoderados de las partes, el tribunal de arbitramento conformado para dirimir las controversias surgidas entre Caracol Televisión S.A. y la Comisión Nacional de Televisión, integrado por los doctores Fernando Sarmiento Cifuentes, presidente, Gilberto Alzate Ronga y Rodrigo Noguera Calderón, árbitros y Roberto Hoyos Botero, secretario, reunido en su sede, ubicada en la calle 72 Nº 7-82, piso 8º, se constituyó en audiencia, con el fin de resolver las solicitudes de aclaraciones, correcciones y complementaciones del laudo arbitral, proferido el día veintiséis (26) de noviembre de dos mil uno (2001), formuladas por los señores apoderados de las partes.

Asistieron a la audiencia los doctores Rafael H. Gamboa Serrano, apoderado de Caracol Televisión S.A. y el doctor Nelson Serrano Vega, procurador 9 judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La secretaría del tribunal informó que el día catorce (14) de diciembre de dos mil uno (2001) el señor apoderado de la Comisión Nacional de Televisión presentó recurso contra el auto de fecha diez (10) de diciembre del corriente año, mediante el cual el tribunal señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia en que se deben resolver las solicitudes de aclaraciones, correcciones, y complementaciones del laudo arbitral solicitadas por las partes.

El tribunal teniendo en cuenta el anterior informe secretarial y el contenido del memorial a través del cual se formula el referido recurso de reposición, profiere el siguiente

Auto 29

1. Como fundamento del recurso de reposición interpuesto por el señor apoderado de la Comisión Nacional de Televisión contra el auto que señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia en la que se resolverán las aclaraciones, correcciones y complementaciones solicitadas por las partes al laudo proferido dentro del presente proceso, se aduce que para esa fecha estará fuera del país el señor apoderado y que la asistencia de él a tal audiencia es, por instrucciones de su cliente, indelegable. Por consiguiente solicita se fije nueva fecha, que sea posterior al nueve (9) de enero de dos mil dos (2002). Invoca como prueba copia autenticada del pasaje aéreo.

2. Bien sabido es que los autos, en virtud del recurso de reposición, pueden ser revocados, o reformados cuando contengan errores o equivocaciones de índole fáctico o jurídico, los cuales, para que tengan el efecto de hacer variar la correspondiente providencia, deben cometerse en el momento en que esta se profiera, desde luego que no es lógico tildar de equivocada una decisión por circunstancias acaecidas con posterioridad a su expedición.

3. En el presente caso el señor recurrente aduce una circunstancia desconocida para el tribunal en el momento en que profirió el auto que es objeto del recurso que se analiza, a tal punto que solo se viene a enterar por razón de este, lo cual claramente excluye la posibilidad de haberse cometido error acerca de tal aspecto y, por consiguiente, que se pueda endilgar equivocación jurídica a la decisión tomada por el tribunal de señalar fecha y hora para llevar a cabo una audiencia que irremediablemente, ante las peticiones formuladas por las partes, debe realizarse.

4. En las anteriores circunstancias es evidente que el auto objeto del recurso no envuelve la más mínima equivocación, ni fáctica ni jurídica, razón por la cual debe mantenerse en todas sus partes.

Por lo expuesto, el tribunal

RESUELVE:

1. No revocar el auto de fecha 10 de diciembre de 2001, mediante le cual el tribunal señaló el día 18 de diciembre de 2001, a las tres de la tarde (3:00 p.m.), para llevar a cabo la audiencia de aclaraciones, correcciones y complementaciones del laudo proferido dentro del presente proceso.

2. En consecuencia, el tribunal procede a dar curso a la audiencia de aclaraciones, correcciones y complementaciones del laudo, tal como se había dispuesto en el auto de diciembre 10 de 2001, puesto que el recurso ha quedado resuelto en forma desfavorable y en la oportunidad que corresponde a los procesos arbitrales en los que por su naturaleza prima la oralidad y el trámite por audiencias.

3. Las anteriores decisiones quedan notificadas a las partes y al señor agente del Ministerio Público en estrados.

En este estado de la audiencia el señor apoderado de Caracol Televisión S.A. manifiesta que esta totalmente de acuerdo con las decisiones adoptadas por el tribunal y renuncia al traslado del recurso de reposición referido en el auto.

Seguidamente el tribunal procede a decidir las solicitudes de aclaraciones, correcciones y complementaciones, para lo cual profiere el siguiente

Auto 30

A continuación procede el tribunal a resolver las solicitudes de aclaraciones correcciones y complementaciones presentadas por los señores apoderados de las partes.

A. De la convocante

La cual plantea las siguientes solicitudes:

1. Indicar que el contrato al cual se refiere el laudo es el “contrato número ciento treinta y seis (136) del veintidós (22) de diciembre de mil novecientos noventa y siete”.

2. Corregir el numeral quinto del laudo, en el sentido de indicar que la suma que la Comisión Nacional de Televisión debe pagar a Caracol Televisión S.A. a título de restablecimiento del equilibrio del contrato es la cantidad de cuarenta y ocho mil ciento setenta y ocho millones ochocientos cincuenta mil pesos ($ 48.178.850.000) de septiembre de 1997 actualizada hasta la fecha de pago.

En subsidio, corregir el numeral quinto del laudo, en el sentido de indicar que la suma que la Comisión Nacional de Televisión debe pagar a Caracol S.A. a título de restablecimiento del equilibrio del contrato es la cantidad de quince mil nueve millones seiscientos setenta mil pesos ($ 15.009.670.000).

Las anteriores peticiones las sustenta la convocante tal como adelante se indica y las resolverá el tribunal, observando el mismo orden propuesto por la convocante.

Primera solicitud

Consiste en que se corrija en la página 48 del laudo el número del contrato, en letras, números y fecha, indicando que “la referencia correcta es contrato de concesión número ciento treinta y seis (136) de fecha veintidós (22) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).

Así lo decidirá el tribunal.

Segunda solicitud

La convocante, hace consistir el supuesto error aritmético en el hecho de que “... el tribunal dividió entre diez y multiplicó por dos, la suma resultante de restarle al valor de la licencia fijado en septiembre de 1997, el valor de la licencia que resulta al actualizarle al modelo de llF la INPT de los años 1998, 1999 y 2000, sin recalcular las proyecciones financieras, del año 2001 en adelante”. Por cuya razón esa suma, en su criterio, no se podría dividir, ya que estima el libelista que la diferencia constituiría el valor del restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

El tribunal consideró que la cifra determinada por los peritos en $ 69.795 millones de pesos correspondió al valor de la concesión a junio 16 de 1997, por cuanto si la CNTV hubiera conocido las cifras reales de la INPT para los años 1998, 1999 y 2000, el modelo les habría dado como base para definir el valor de la concesión la misma cifra, que corresponde a la ejecución sucesiva del contrato en sus diez años de término. Ahora bien, como el desequilibrio económico del contrato se contrae solamente a dos (2) años, tal como se explica en la página 103 del laudo, resulta del caso hacer la división entre diez y multiplicar al guarismo resultante por dos. El valor obtenido es el que adoptó el tribunal en el laudo y que corresponde al restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

Por lo dicho, el tribunal negará esta solicitud.

Subsidiaria de la segunda solicitud

Consiste, para la convocante, en la petición de corrección de un supuesto error aritmético, según el cual el tribunal “... tomó la suma de 102.650 millones de pesos, como valor de la licencia, cuando en realidad la suma fijada por la CNTV, y efectivamente pagada por los concesionarios fue de $ 117.973.85 millones ...”.

Como consecuencia, pide que se corrija “… la operación aritmética en el sentido de restar ... $ 69.795 millones de pesos de $ 117.973.85 millones y no de $ 102.650 millones ... como figura en la página 103 del laudo ...”.

El tribunal decidirá que no prospera esta solicitud. En efecto, no hay “error aritmético. Se trata de una decisión arbitral de fondo, consistente en que el tribunal tomó el valor de la concesión por su equivalente en pesos, del 16 de junio de 1997, según lo dicho en el acta 259 de la CNTV. Los peritos por su parte, dictaminaron el valor de la concesión para esa misma fecha, en la ya mencionada cantidad de $ 69.795 millones de pesos. La diferencia entre $ 102.656.05 millones y $ 69.795 millones es de $ 32.861.05 millones de pesos, cifra esta última que el tribunal adoptó para el cálculo del desequilibrio económico y que por consiguiente resulta inmodificable.

Con fundamento en las anteriores razones el tribunal reitera su negativa a esta solicitud.

B. De la parte convocada

Primero

Pretende la CNTV que el tribunal aclare las “... contradicciones que surgen en la parte considerativa del laudo ...” las que se enuncian a continuación. El tribunal se pronunciará sobre ellas en el mismo orden propuesto por el memorialista.

a) Sostiene la convocada que el tribunal, de una parte, aceptó al liquidar la condena que el valor de la concesión era de $ 69.795 millones de pesos y que “simultáneamente” negó las pretensiones sobre existencia “... de un error en la fijación del precio de la concesión y como consecuencia declarar su reliquidación y reducción”.

El tribunal con base en la prueba recaudada y en las disposiciones legales que aplicó, tuvo por demostrada la inexistencia tanto de un vicio del consentimiento por error (pretensión segunda), como la inexistencia del “error de cuenta” predicados por la demandante (pretensión subsidiaria de la segunda). Es claro que ellas se diferencian específica y jurídicamente del error genérico alegado por el libelista, que corresponde a conceptos totalmente diferentes e inconfundibles unos respecto del otro y que, no se pueden asimilar o equiparar. Por otra parte, dicho “error”, como tal no fue aducido o alegado por las partes en el decurso del proceso. No hay pues, contradicción alguna del tribunal y así, se resolverá negativamente esta petición;

b) Argumenta la convocada la existencia de una contradicción, porque la suma de $ 69.795 millones, se basó en el modelo financiero elaborado por inversiones e ingeniería financiera, IIF, y fue tenida en cuenta por el tribunal como valor de la concesión, no obstante que el citado estudio de llF no determinó con precisión o exactitud dicho valor, ni el mismo hizo parte de los documentos contractuales como se afirma en el laudo.

En este caso, al igual que en el anterior, la supuesta contradicción endilgada al tribunal no existe. Al efecto, son pertinentes las siguientes precisiones:

• Es cierto que el estudio de IIF no hizo parte de los documentos contractuales; ni, por otro aspecto con él se determinó precisa o exactamente la cifra correspondiente al valor de la concesión.

• No obstante, quedó demostrado con la prueba testimonial de los propios comisionados de la época, conteste con los otros elementos probatorios, y, particularmente, con el dictamen pericial, que obran en el proceso, que el aludido estudio de IIF fue el escogido por la CNTV como elemento determinante de la fijación del valor de la concesión efectuado por la misma CNTV.

• Esta determinación del valor de la concesión, hecha por la CNTV, se basó en los distintos escenarios, indicados por el estudio de IIF y, no podía ser de otra manera, puesto que el literal g) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, señaló con precisión los elementos taxativos para la fijación del valor de la licencia, los cuales fueron también el soporte legal fundamental en que se basó dicho estudio.

• Sin embargo, la cifra resultante para la CNTV y fijada por esta como valor de la concesión, se conformó mediante el acuerdo de voluntades de los comisionados bajo el común punto de acuerdo de $ 95 millones de USD a la luz de los elementos de juicio y propósitos de análisis contenidos en el mencionado estudio de IIF.

Por lo expuesto, no existiendo la contradicción alegada, el tribunal negará esta petición.

c) La convocada solicita que se le diga “La razón por la cual el tribunal tuvo en cuenta, para liquidar la condena el valor de $ 69.795 millones como valor de la concesión, siendo que los peritos hicieron este cálculo, a partir de la actualización del modelo IIF afirmando que tal valor no era real.

Si bien es cierto que los peritos en su dictamen aclaran, más de una vez, que la cifra de $ 69.795 millones de pesos no corresponde al valor real de la licencia, no es menos cierto que usaron el mismo modelo y los mismos parámetros que sirvieron de base a la Comisión Nacional de Televisión para fijar la suma de $ 102.656.05 millones de pesos como valor de la concesión. En otras palabras, si en la sesión del 16 de junio de 1997 la comisión hubiera tenido a la vista las cifras “reales” de la INPT para los años 1998, 1999 y 2000, el modelo IIF les habría dado, como base para definir el valor de la concesión, la misma cifra que señalan los peritos en su dictamen, esto es, $ 69.795 millones de pesos. No existe, pues, error, ni contradicción en la decisión tomada por este tribunal de tomar esta suma como valor de referencia, para compararla con la escogida por la comisión ($ 102.656.05 millones de pesos), y obtener así la diferencia de $ 32.861.05 millones de pesos con base en la cual se calculó el desequilibrio económico del contrato.

Por lo expuesto, el tribunal reitera su decisión, ya expresada en el laudo, al absolver la cuestión propuesta.

d) Argumenta en este literal la parte convocada que el tribunal “... hizo una comparación entre las proyecciones de IIF y los resultados de las ventas por pauta publicitaria”. Agrega que tal comparación le sirvió de base al tribunal para liquidar la condena, en tanto que para el mismo tribunal “... el estudio tantas veces aludido no fue integrante de los documentos contractuales ...” ni determinó de manera precisa el precio ...”.

Aunque ya el tribunal, arriba, se pronunció sobre este tema al resolver la petición (b), considera del caso señalar brevemente, los parámetros que tuvo en cuenta para la determinación de la condena. En efecto, a la página 102 del laudo, se lee:

“Este fenómeno ocasionó un desequilibrio financiero, que está limitado en sus efectos económicos, a los años 1999 y 2000, el cual tuvo que ser neutralizado directamente por el concesionario haciendo un mayor esfuerzo financiero, representado en importantes aumentos de las capitalizaciones y del endeudamiento previsto en la oferta, logrando así incrementar los niveles de ingresos hasta alcanzar los contemplados en su propuesta ...”,

En otros términos, el tribunal para determinar el perjuicio, tuvo en cuenta, de una parte, la oferta de la convocante al momento de proponer (tal como lo preceptúan los arts. 4º, num. 8º, y 27 de la L. 80/93) en cuanto esta apreció debidamente, las indicaciones de capitalización, y la obtención de recursos del crédito, mediante el endeudamiento necesario a fin de poder obtener los ingresos allí previstos. De otro lado, comparó tales guarismos con la realidad de sus balances (V. anexos 3C y 3D, de las aclaraciones del dictamen pericial). Allí se establece, tal como lo precisa la doctrina, la mayor onerosidad en la ejecución del contrato, en el período 1999-2000, que requirió más altos niveles de capitalización y de endeudamiento en apreciables cuantías de dinero, para alcanzar los niveles de ingresos previstos en la propuesta. Así lo sentenció el laudo y, por consiguiente, se negarán la aclaración y corrección solicitadas;

e) Dice la convocada que en el laudo uno de los parámetros que le sirvieron al tribunal para liquidar la condena fue la “sustancial reducción en los dos primeros años de explotación de la concesión se reflejan en la disminución de las ventas por pauta publicitaria de los concesionarios quienes vieron afectadas las proyecciones de los ingresos previstos en sus estudios de factibilidad”. Situación que según la convocada, contrasta con lo determinado por los peritos entre lo proyectado por venta de pauta publicitaria para 1999 y 2000 y los valores realmente recibidos por la concesionaria Caracol.

Sea lo primero advertir que la cita hecha por el memorialista es incompleta y esta circunstancia cambia su sentido.

En efecto, la “sustancial reducción en los dos primeros años de explotación ...” se refiere a la muy apreciable disminución de la INPT total. Esa notable disminución obviamente afectó “las proyecciones de los ingresos previstos en sus estudios de factibilidad” de la concesionaria Caracol.

De otra parte, Caracol, para alcanzar las cifras de ingresos previstas en su oferta tuvo que aumentar sustancialmente su capital y su nivel de endeudamiento tal como emerge de los balances y de acuerdo a lo explicado en el literal precedente, d) ampliamente analizado por el tribunal en el último párrafo de la página 102 del laudo. (V. anexos 3C y 3D de las aclaraciones de los peritos).

Por consiguiente, estima el tribunal que no hay contradicción alguna que aclarar o corregir por este aspecto y así lo decidirá.

f) La convocada en este literal señala que el tribunal tomó como base para señalar los parámetros que le sirvieron para liquidar la condena, el hecho de que el concesionario vio afectadas “... las proyecciones de los ingresos previstos en sus estudios de factibilidad ...”, no obstante que los balances, actas de asamblea general de accionistas, informes de gestión, etc., muestran todo lo contrario.

En prueba de sus asertos plantea las siguientes argumentaciones:

Primera. “En el acta 329 de fecha 4 de febrero de 2000 estimaba pérdidas operacionales hasta el año 2000 así: US$ 8.700.000 para 1999 y US$ 14.100.000 para 2000. Sin embargo los balances de la sociedad que aparecen en el anexo 1 del dictamen pericial indican que en 1999 la pérdida real fue de $ 326.000.000, y para el año 2000 se generó una utilidad de $ 1.701.000.000.

Sea lo primero señalar que el laudo expresamente consagró:

“Debe advertir el tribunal que no resulta acertado, jurídica y lógicamente, confundir la actividad de prestación del servicio público concedido por el Estado a la convocante mediante el contrato estatal aludido, con el ejercicio legítimo de las otras actividades ejercidas por la sociedad concesionaria en desarrollo de su objeto social”. (V. pág. 97 del laudo).

En consecuencia, el tribunal destaca, que es del todo improcedente, jurídicamente, confundir la prestación del servicio público de televisión concedida por la CNTV a la concesionaria, mediante el contrato arriba mencionado, con las demás, numerosas, actividades industriales y comerciales ejercidas por la convocante (sociedad de comercio) con respecto al desempeño de su objeto social. Lo cual se demuestra, una vez más, en este proceso, con las propias cifras aducidas por la CNTV en el escrito que el tribunal aquí examina. La sociedad comercial demandante obtuvo ingresos, distintos de los que pudieran derivarse de la ejecución del contrato de concesión. Durante la operación del contrato de concesión (1999-2000) la pérdida estimada de la de la convocante fue antes de impuestos de $ 72.479 millones y la real de $ 130.365 millones, en lo correspondiente a 1999. En tanto que, para el año 2000 la misma pérdida estimada fue $ 54.399 millones y la pérdida real de $ 78.754 millones, en ambos casos antes de impuestos, correspondiendo exclusivamente al desempeño económico del contrato de concesión (V. anexos 3C y 3D de las ampliaciones al dictamen pericial).

Por consiguiente el tribunal, respecto a este punto, considera que no hay lugar a las aclaraciones y correcciones solicitadas por la convocada y así lo decidirá.

La segunda y tercera argumentaciones de la convocada las plantea así: (2ª) su participación (de Caracol) en el total de la inversión en pauta publicitaria en televisión presenta una indudable tendencia creciente hasta llegar al 26% en el año 2000. (3ª) El crecimiento de la inversión neta en publicidad para Caracol llegó a porcentajes que superan con creces cualquier expectativa. Un crecimiento del 300% como el que se presenta en 1999 y del 86% un crecimiento del en (sic) el 2000, frente a un 1.3% en 1997 y un 13% en 1998, realmente muestran un éxito económico sin precedentes”.

El tribunal encuentra que los porcentajes aducidos por la convocada no corresponden a la realidad. En efecto, tomando los ingresos netos por pauta publicitaria de los estados financieros de Caracol Televisión para los años 1998, 1999 y 2000, la participación de Caracol en la inversión neta en publicidad en televisión, es:

AñoINPT según Asomedios ($ corrientes)Ventas netas pauta publicitaria CaracolParticipación porcentual
1998332.051 42.00013%
1999346.975 79.21323%
2000399.131147.33837%

El crecimiento de la participación de la inversión neta en publicidad para Caracol, según lo reflejado en el cuadro que antecede, es de un 10% en comparación con el dato de 1998; y de un 14% para el año 2000 con referencia a 1999. (V. anexos 3C y 3D de las aclaraciones al dictamen pericial).

En conclusión, el tribunal no encuentra la contradicción propuesta en este literal f) por la convocada, ya que las cifras tomadas en cuenta demuestran exactamente lo contrario a lo que ahora se predica por la convocada.

Segundo. En subsidio, el solicitante pide al tribunal que corrija un error aritmético en el que habría incurrido, en el ordinal quinto, de la parte resolutiva del laudo, en el cual condenó “...al pago de $ 3.105.34 millones, por concepto de actualización e intereses”, cuando la suma correcta habría sido $ 2.598.84 millones.

Debe anotarse que para resolver esta solicitud, el tribunal hizo un detenido análisis del tema propuesto y encuentra que, por este aspecto, se incurrió en error, al escribir únicamente la cifra correspondiente al período septiembre 2000 - septiembre 2001, pues se omitió un dígito, que no afecta el total allí señalado. Empero, al revisar el cálculo, encuentra error aritmético, que, de acuerdo a la ley (arts. 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto por el art. 36 del D. 2279/89 y del art. 160 del D. 1818 de 1998), corregirá de oficio, como adelante se indicará. Razón por la cual se negará esta solicitud.

Tercero. Solicita la convocada la aclaración del numeral 3º del ordinal quinto de la parte resolutiva del laudo “...en el sentido de señalar expresamente que no puede ordenarse el pago de intereses de mora sobre los intereses y actualización señalados en el numeral 2º que le antecede pues esto constituye un anatocismo”.

El tribunal considera, al resolver esta solicitud, que de acuerdo a la reiterada jurisprudencia del honorable Consejo de Estado, es viable la aplicación del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, según el cual sobre las cantidades líquidas de dinero reconocidas en las sentencias, se devengarán intereses según lo precisa dicha norma.

En consecuencia se denegará esta solicitud de la convocada.

Otras consideraciones del tribunal

Como arriba se indicó, el tribunal encuentra un error aritmético en los cálculos que aparecen en la página 104 del laudo arbitral y que, desde luego, dicho error influye en su parte decisoria —num. 5º de la parte resolutiva—. En consecuencia, el tribunal procede a continuación a corregirlo, según lo ordenado por el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil en cuanto dispone: “Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético es corregible por el juez que la dictó, .… de oficio o a solicitud de parte...” . En concordancia con las demás autorizaciones legales contenidas en el artículo 160 del Decreto 1818 de 1998 y del artículo 36 del Decreto 2279 de 1989.

El cálculo mediante el cual el tribunal corrige de oficio el error aritmético en que incurrió es el siguiente:

Cálculo de actualización e intereses

Sobre la suma anterior, ($ 6.572.21 millones de pesos colombianos), actualizada anualmente con las tasas de inflación anual publicadas por el DANE, se reconoce el interés anual del 6%, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Tasas de inflación:

IPC sep./98 / IPC sep./97 = 98.567665 / 83.670307 = 1.178048

IPC sep./99 / IPC sep./98 = 107.761989 / 98.567665 = 1.093279

IPC sep./00 / IPC sep./99 = 117.6761 / 107.761989 = 1.092000

IPC sep./01 / IPC sep./00 = 127.05628 / 117.6761 = 1.079712

IPC oct./01 / IPC sep./01 = 127.291656 / 127.05628 = 1.001853

Capital actualizado:

Sep./97-sep./98: 6.572.21 x 1.178048 = 7.742.38 millones de pesos

Sep./98-sep./99: 7.742.38 X 1.093279 = 8.464.58 millones de pesos

Sep./99-sep./00: 8.464.58 x 1.092000 = 9.243.32 millones de pesos

Sep./00-sep./01: 9.243.32 x 1.079712 = 9.980.12 millones de pesos

Sep./01-oct./01: 9.980.12 x 1.001853 = 9.998.61 millones de pesos

Cálculo de intereses:

Sep./97-sep./98: 7.742.38 x 0.06 = 464.54 millones de pesos

Sep./98-sep./99: 8.464.58 x 0.06 = 507.87 millones de pesos

Sep./99-sep./00: 9.243.32 x 0.06 = 554.60 millones de pesos

Sep./00-sep./01: 9.980.12 x 0.06 = 598.81 millones de pesos

Sep./01-oct./01: 9.998.61 x 0.06/12 = 49.99 millones de pesos

Total 2.175.81 millones de pesos

En resumen, la suma a reconocer es de:

Capital actualizado a octubre 31/01: 9.998.61 millones de pesos

Intereses a octubre 31 de 2001: 2.175.81 millones de pesos

Total 12.174.42 millones de pesos

En los términos anteriormente expuestos, en ejercicio de su facultad oficiosa, como ya se dijo arriba y por resultar afectada la disposición contenida en el numeral quinto de la parte resolutiva del mencionado laudo se procede a ordenar su corrección de manera consecuente, según lo precedentemente indicado.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el tribunal,

RESUELVE:

1. Se corrige en la página 48 del laudo de 26 de noviembre de 2001, el número y la fecha del contrato materia del presente litigio, y se sustituyen por los correctos, que son los siguientes: contrato de concesión ciento treinta y seis (136), del veintidós (22) de diciembre de 1997.

Así mismo, se corrige: En la página 103 del laudo, renglón cuarto, tercer párrafo, donde dice folio 28 anexo 2 del dictamen, debe leerse: folio 26 y anexo 2 del dictamen.

En la página 103, renglón 6, tercer párrafo, acta 259 ($ 102.650 millones), debe leerse: acta 259 ($ 102.656 millones).

2. Se corrige el numeral quinto de la parte resolutiva del laudo arbitral del 26 de noviembre de 2001, el cual quedará así: Condénase, como consecuencia de la declaración anterior, a la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, a pagar a favor de la Sociedad Caracol Televisión S.A., la suma de doce mil ciento setenta y cuatro millones cuatrocientos veinte mil pesos moneda legal ($ 12.174.420.000 m/l) a título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, según se indica en la parte motiva del laudo, suma que deberá serle pagada dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del mismo y que corresponde a los siguientes conceptos:

1. La suma de $ 6.572.210.000, correspondiente a capital;

2. La suma de $ 3.426.400.000, correspondiente a la actualización del capital, mediante aplicación de las tasas de inflación anual, IPC, publicadas por el DANE;

3. La suma de $ 2.175.810.000 por concepto de intereses a la tasa del 6% anual, según lo arriba indicado;

4. Sobre la suma líquida de condena se causarán, en caso de mora, los intereses dispuestos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

3. Quedan vigentes las demás disposiciones de la parte resolutiva del laudo arbitral del 26 de noviembre de dos mil uno (2001) que no hayan sido objeto de corrección en esta providencia.

4. Se niegan las demás solicitudes de complementación, corrección y aclaración formuladas por las partes.

5. Para los efectos de ley, expídanse copias auténticas de esta providencia a la partes y al Ministerio Público.

6. Se ordena la expedición de copia íntegra y auténtica del laudo arbitral del 26 de noviembre de 2001, con destino al honorable Consejo de Estado para los fines legales pertinentes según lo solicitado.

De esta providencia quedan notificados en audiencia los señores apoderados de las partes.

Se deja constancia que Caracol Televisión S.A., presentó recurso de anulación, según memorial que se adjunta e incorpora al expediente.

Sin más tema se dio por terminada la sesión una vez firmada por quienes en ella intervinieron.

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