Laudo Arbitral

Adalid Ltda.

v.

Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.

Junio 10 de 1998

Agotado como está el trámite procesal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el honorable Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral promovido por “Adalid Ltda.” en contra de la sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”.

CAPÍTULO I

Antecedentes

1. El pacto arbitral

El origen del presente proceso arbitral se encuentra en la cláusula décimo tercera (13) del llamado contrato civil de obra de fecha dos (2) de mayo de 1996, celebrado entre “Adalid Ltda.” y “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, relativo al suministro e instalación de mármol para el “Edificio Altamira Plaza”, ubicado en la carrera 1A 76A 36 de Bogotá, Distrito Capital. Dicha cláusula fue modificada por las partes de común acuerdo, plasmado el diez (10) de diciembre de 1997, en audiencia cumplida en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, modificación que quedó pactada en los siguientes términos:

“Cláusula decimotercera: Si surgiere alguna diferencia entre el contratista y el contratante, por la interpretación de este contrato, su ejecución y cumplimiento, será sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitramento que estará conformado por un solo árbitro nombrado por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien deberá fallar en derecho. El árbitro deberá ser domiciliado en Santafé de Bogotá y ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus derechos civiles”.

2. El trámite preliminar ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Santafé de Bogotá, Distrito Capital

Con base en la mencionada cláusula compromisoria la convocante, por conducto de su apoderado judicial, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento encargado de dirimir en derecho las controversias suscitadas con la sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, en razón del contrato civil de obra que suscribieron el día dos (2) de mayo de 1996.

Admitida la solicitud, el centro de arbitraje y conciliación procedió a notificar a la parte convocada la demanda formulada por la convocante.

La demanda fue contestada en su oportunidad por la sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, quien por intermedio de su apoderado propuso excepciones de fondo, de lo que adelante se trata.

El Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista en el numeral tercero (3º) del artículo 16 del Decreto 2651 de 1991, el día veinte y seis (26) de enero de 1998, convocada mediante notificación previa a las partes y a sus apoderados, quienes se hicieron presentes sin que en ella se hubiese logrado acuerdo conciliatorio sobre la controversia planteada.

Habiendo fracasado la conciliación, la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá procedió a hacer el nombramiento del árbitro único, designando al abogado Fernando Sarmiento Cifuentes, quien previa aceptación de su cargo tomó posesión del mismo.

Cumplido el trámite inicial, el centro de arbitraje y conciliación mercantiles citó a las partes para la audiencia de instalación del tribunal, la cual se llevó a cabo el día trece (13) de marzo de 1998.

En esta oportunidad el tribunal fijó los honorarios de sus miembros y los gastos de funcionamiento, los cuales fueron depositados en tiempo oportuno por los interesados.

3. El trámite del proceso arbitral

Instalado el tribunal se inició y agotó el temario de la primera (1ª) audiencia de trámite el día doce (12) de mayo de 1998.

Con ocasión de la primera (1ª) audiencia de trámite el tribunal examinó la cláusula compromisoria, así como la demanda y demás piezas aportadas durante la fase expositiva, asumiendo competencia para conocer las diferencias sometidas a su decisión. El tribunal se abstuvo de decretar pruebas por no haber sido solicitadas por las partes y por no encontrar en el expediente elementos que le permitiesen emitir decreto oficioso de las mismas.

4. El termino de duración del proceso arbitral

Teniendo en cuenta que la primera audiencia de tramite concluyó, como ya se dijo, el día doce (12) de mayo de 1998, el término de seis (6) meses fijado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991 solo corrió a partir de ese día, y, por consiguiente, se encuentra este honorable tribunal dentro del término para adoptar su decisión.

5. Las pretensiones de la demandante

Las pretensiones de la sociedad “Adalid Ltda.” son las siguientes:

— Se disponga el pago de las sumas adeudadas a “Adalid Ltda.”, incluyendo los correspondientes intereses moratorios vigentes en el momento de realizarse efectivamente el pago.

— Se condene a la sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.” al pago de las costas y costos que se generen con ocasión de este trámite.

Posteriormente, en reforma de la demanda, solicitó además las siguientes:

— Se disponga el pago de las sumas adeudadas a “Adalid Ltda.”, veinticinco millones novecientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y tres pesos m/cte. ($ 25.998.763), más los intereses moratorios vigentes en el momento de realizarse efectivamente el pago, liquidados desde enero veinte (20) de 1997, fecha del primer corte insoluto.

— Se condene a la sociedad demandada al pago del reajuste pertinente a la variación del índice de precios para el año 1997, considerando que para el sector de la construcción a partir de enero de 1997 dicha variación tuvo una incidencia del 12%, reflejada en el incremento del salario mínimo, transportes e insumos.

— Se condene a la sociedad demandada al pago del mayor valor asumido por “Adalid Ltda.” y originado en el no cumplimiento de los plazos inicialmente estipulados, toda vez que por causas imputables a la firma “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, la duración del contrato se adicionó en siete (7) meses. Para la determinación de estos perjuicios deberá tenerse en cuenta el valor de los A.I.U. (costos de administración, imprevistos y utilidades) que para el sector de la construcción se valoran en el 15% del valor del contrato así:

Valor de A.I.U. en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1997: $ 17.104.964.

Valor de A.I.U. en enero, febrero y quince (15) días de marzo de 1998: $ 11.973.475.

— Se condene a la sociedad demandada al pago de los costos financieros en que “Adalid Ltda.” incurrió para subsanar el incumplimiento del contratante en cuanto hace a la no ejecución de los cortes de obra catorcenales.

— Se condene a la sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.” al pago de las costas y costos que se generen con ocasión de este trámite.

6. Los hechos de la demanda

Los hechos enunciados por el apoderado de la parte actora, para sustentar sus pretensiones, son los que se transcriben a continuación:

(A) La sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, en su calidad de administradora delegada del fideicomiso “Edificio Altamira Plaza”, y la sociedad “Adalid Ltda.”, suscribieron un contrato civil de obra el día dos (2) de mayo de 1996, que tenía como objeto el suministro e instalación de mármol por parte de “Adalid Ltda.”, en la obra construida por la sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.” en la carrera 1(sic) 76 A 36, denominada “Edificio Altamira Plaza”;

(B) Por razón de cambios en el diseño y obras adicionales a las inicialmente contratadas, así mismo, por no alistamiento oportuno de algunos pisos, los plazos originalmente establecidos debieron ampliarse;

(C) No obstante múltiples requerimientos por parte de “Adalid Ltda.” al contratante, haberse entregado a satisfacción la obra y haberse suscrito el acta correspondiente, la firma “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, se ha abstenido de pagar las sumas adeudadas a mi representada, y los consecuentes intereses moratorios de conformidad con los siguientes rubros:

CorteOrden de pagoFechaValor
051667Enero 20/97$ 6.952.916
061708Febrero 3/97$ 12.532.364
07 Marzo 17/97$ 1.187.409
  Subtotal$ 20.672.689
Más valor de retenciones en garantía cuyo valor asciende a la suma de $ 5.326.074Valor total$ 25.998.763

7. La contestación de la demanda y las excepciones de fondo

La sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.” presentó las siguientes excepciones: Principales:

Primera excepción: Falta de legitimación en la causa de la sociedad demandada

Esta excepción se fundamenta así:

La legitimación en la causa consiste respecto del demandado, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está habilitada para discutir u oponerse a la pretensión del demandante.

Es decir, el demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley corresponde contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación jurídico sustancial objeto de la demanda.

En el caso que nos ocupa, afirma la demandada, ella celebró el contrato que ha dado origen al presente proceso obrando en nombre y representación del patrimonio autónomo denominado “Edificio Altamira Plaza”.

En efecto, el contrato civil de obra celebrado entre las partes, lo suscribió la sociedad demandada en su calidad de “administradora delegada” del patrimonio autónomo originado por el fideicomiso “Edificio Altamira Plaza”, en desarrollo del contrato de construcción por administración delegada celebrado entre dicho fideicomiso y la sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”.

De acuerdo con el numeral 7.1.1 del artículo primero del Decreto 2090 de 1989, que aprobó el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura en los contratos de construcción por administración delegada “… el arquitecto obra como representante o delegado de la entidad contratante y todos los gastos de la obra se hacen por cuenta y riesgo, de esta última”.

El artículo 833 del Código de Comercio en su primer inciso señala que: “Los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en nombre del representado dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con este”; y el artículo 2.186 del Código Civil que “El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato ...”.

Es entonces claro que el representante o mandatario al contratar a nombre de su representado o mandante no contrae obligación alguna, pues los derechos y obligaciones respectivas recaen en cabeza de estos últimos.

Así las cosas, es claro que quien tiene la legitimación para oponerse a las pretensiones de la demanda, es quien adquirió las obligaciones surgidas del contrato civil de obra que originó el presente proceso, esto es el patrimonio autónomo “Edificio Altamira Plaza” y en ningún caso la sociedad demandada, ya que esta no ha contraído obligación alguna a favor de la demandante.

Segunda excepción: Inexistencia de obligación alguna a cargo de la demandada y a favor de la demandante

Esta excepción se fundamenta así:

Como se dejó explicado anteriormente, la calidad de representante o mandatario en que obró la sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.” al celebrar el contrato civil de obra que ha dado pie al presente proceso, no da origen a obligación alguna a cargo de esta última y a favor de la demandante.

Subsidiarias

En subsidio y para el caso de que no prosperen las excepciones formuladas como principales, se propusieron las siguientes:

Primera subsidiaria: Inexigibilidad de las sumas cuyo pago se pretende

Esta excepción se fundamenta así:

La demandante no cumplió con los requisitos que el contrato señala para hacer exigibles las sumas cuyo pago pretende.

Segunda subsidiaria: Indebida pretensión sobre el pago de intereses moratorios

Esta excepción se fundamenta así:

Se solicita en la demanda que “Se disponga el pago de las sumas adeudadas a “Adalid Ltda.” incluyendo los correspondientes intereses moratorios vigentes en el momento de realizarse efectivamente el pago”, pretensión que deberá rechazarse, pues en el presente caso no se han cumplido los requisitos que la ley exige para que se cause esta clase de intereses;

Posteriormente y una vez notificado de la reforma de la demanda, manifestó la demandada su oposición a las peticiones del demandante presentadas en dicho escrito de reforma.

8. Las pruebas

El tribunal decretó y tiene como pruebas las aportadas con la demanda y con la contestación de la misma, habiéndose abstenido de decretar otras, por no haberle sido solicitadas por las partes y por no haber encontrado elementos para dar aplicación al artículo 180 del Código de Procedimiento Civil.

9. Apoderados

Tanto el convocante “Adalid Ltda.”, como el convocado “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, ejercieron su representación procesal por intermedio de sus apoderados respectivos, los doctores Hernando Pérez Gallego y Carlos Eduardo Gómez Ramírez, a quienes desde el trámite inicial les fue reconocida personería para la actuación. Igualmente se ratificó la designación y posesión del secretario del tribunal, doctor Édgar Augusto Ramírez Baquero, la cual se hizo el día veinte y dos (22) de abril de 1998, así como todas las gestiones adelantadas por el mismo para el adecuado funcionamiento del proceso, a partir de su posesión, cumplida en la misma fecha.

10. Audiencia de alegatos

Como quiera que no hubo pruebas por practicar, este honorable tribunal se abstuvo de abrir el proceso a pruebas y procedió a fijar fecha para la audiencia de alegatos de conclusión, continuando así con el desarrollo del proceso. Dicha audiencia se efectuó el ocho (8) de junio de 1998, a las 10 a.m., en la sede del tribunal.

CAPÍTULO II

Consideraciones

(1) Analizados los presupuestos procesales, siguiendo para el efecto el pensamiento de la Sala de Casación Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia, a partir de su célebre fallo del diecinueve (19) de agosto de 1954, este tribunal anota cómo los mismos se encuentran presentes en el asunto sometido a su consideración, siendo pertinente el pronunciamiento de un laudo de mérito.

En efecto, la demanda que ha dado origen a este trámite se ajusta a los requisitos formales señalados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, de suerte que está satisfecho el presupuesto “demanda en forma”; la competencia de este tribunal para conocer de la controversia en cuestión es indiscutible, según se apuntó con ocasión de la providencia en virtud de la cual se asumió competencia, de lo cual se sigue que el presupuesto procesal “competencia” se encuentra presente; las partes, ambas sociedades comerciales debidamente constituidas, existen como sujetos de derechos y de obligaciones, siendo así que se cumple el presupuesto “capacidad para ser parte”; y finalmente, habiendo los litigantes comparecido al proceso a través de sus órganos de representación, quienes se valieron de apoderados debidamente constituidos, se dio cumplimiento al presupuesto “capacidad procesal”, también llamado “capacidad para comparecer”.

(2) Siendo evidente que la presente es una controversia contractual, pues las pretensiones planteadas en la demanda que ha dado origen al presente proceso y en el escrito que la reformó, apuntan a que la sociedad demandada sea condenada a dar cumplimiento al contrato celebrado con la demandante y a pagar a esta última los perjuicios supuestamente irrogados por causa de incumplimiento, por aplicación del artículo 2º de la Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 1742 del Código Civil, previamente al análisis del fondo de la cuestión litigiosa, este honorable tribunal debe analizar el tema de la eficacia del acuerdo que sirve de fuente a la contienda, pues como insistentemente lo ha dicho la Sala de Casación Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia, en todo conflicto contractual, la eficacia del negocio se integra al “thema decidendum” del proceso, sin necesidad de petición de parte, de manera que los jueces, de oficio y previamente al análisis de las pretensiones y de las excepciones planteadas en torno al acuerdo en cuestión, deben juzgar su validez, pues es lógico que en torno a un contrato inválido no podrá producirse condena en el sentido de que se ejecute, se resuelva por incumplimiento o se indemnicen los perjuicios derivados de su inejecución. En otras palabras, esta cuestión, que toca con aspectos que se integran al orden público de la Nación, prevalece sobre cualquiera otra.

Al abordarse el análisis anotado, este honorable tribunal no advierte la presencia de circunstancias que desencadenen la invalidez del contrato ajustado entre “Adalid Ltda.” y “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, como quiera que los llamados por la doctrina de origen francés, heredera de la escuela de la exégesis, “requisitos de eficacia del acto jurídico”, se encuentran todos presentes a satisfacción, concretamente y en especial, la capacidad de las partes, el objeto lícito y la causa lícita.

Por lo demás, en punto de estos elementos de la eficacia del contrato las partes no han presentado objeción alguna, entendiendo que no hay reparos por plantear.

(3) Es verdad averiguada en la ciencia del derecho procesal, que para la prosperidad de las pretensiones que el actor presente en su líbelo petitorio es necesaria la presencia en el expediente de los denominados “elementos o requisitos de la pretensión”, habiendo sido decantados como tales la legitimación en la causa, el interés para obrar y la existencia de tutela jurídica para la relación sustancial debatida.

En virtud del primero de los anotados presupuestos, la pretensión debe ser planteada por quien conforme al derecho sustancial goza de competencia o aptitud para derivar el efecto jurídico deseado (legitimación en la causa por activa), frente a la persona que con base en este mismo derecho es la llamada a controvertir la realización de dicho efecto (legitimación en la causa por pasiva); en virtud del segundo de los enunciados elementos, quien acuda ante el aparato jurisdiccional del Estado debe estar animado por el afán en que una facultad suya sea tutelada; y finalmente, por obra del tercero de los requisitos de la pretensión, la relación sustancial cuya protección judicial reclama el actor, debe encontrar respaldo o apoyo en cualquiera de las frentes que conforman el ordenamiento jurídico.

(4) Abordando el análisis de las pretensiones presentadas por la parte actora, se analiza a continuación el relacionado con la legitimación en la causa, en torno al cual la demandada ha planteado reparos, pues es su punto de vista que la sociedad comercial “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.” no está pasivamente legitimada para afrontar la contienda que en el campo judicial le ha planteado “Adalid Ltda.”, razonamiento como consecuencia del cual ha formulado en la oportunidad procesal pertinente la excepción que ha denominado “falta de legitimación en la causa de la sociedad demandada”.

4.1. El documento privado que obra al folio uno (1) y siguientes del cuaderno de pruebas, que contiene el contrato calificado como “civil de obra” y cuya autenticidad no ha sido cuestionada por las partes en las pertinentes oportunidades procesales, operando en consecuencia los llamados “reconocimiento tácito” (num. segundo (2º) art. 252 del CPC) y “reconocimiento implícito” (num. cuarto (4º) art. 252 del CPC), esto último no obstante su aportación en copia, es elocuente en el sentido de haber sido suscrito por la sociedad “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, en representación del fideicomiso mercantil irrevocable denominado “Edificio Altamira Plaza”, administrado profesionalmente por la compañía de servicios financieros llamada “Sociedad Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A.”, en su condición de “administrador delegado”.

En efecto, en varios apartados del citado instrumento privado se manifiesta con meridiana claridad que “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.” no actúa por su propia cuenta y en su nombre, sino en nombre y por cuenta del citado patrimonio especial, configurando tales manifestaciones lo que en la teoría general de la representación se conoce con la denominación latina de “contemplatio domine”, expresión que traduce “en contemplación o en atención al señor” y que no es otra cosa que la manifestación que hace de cara al perfeccionamiento de un negocio jurídico quien gozando de facultades representativas para su celebración se dispone a ejercerlas, produciendo con en el efecto jurídico que se describe en los artículos 1505 del Código Civil 883 del Código de Comercio, vale decir, que los efectos jurídicos del negocio así celebrado se sitúen directa e inmediatamente en el patrimonio del representado o poderdante, sin hacer tránsito o escala por el patrimonio del apoderado o representante.

4.2. Por supuesto que para la efectividad del esquema de la representación convencional no basta con que una persona declare estar obrando en nombre de otra, dado que esta declaración debe estar antecedida de la existencia de unas “facultades representativas”, que en su conjunto son conocidas con el nombre de “poderes representativos”, los cuales se crean a partir de un negocio unilateral conocido como “procura o apoderamiento”.

En el caso que nos ocupa la existencia de estas “facultades representativas”, con base en las cuales “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.” participó en la formación del negocio convencional origen de esta contienda, se desprenden del instrumento privado que obra a folios 44 y siguientes del cuaderno de pruebas, escrito respecto de cual, no obstante haberse acompañado en fotocopia, se han surtido los reconocimientos tácito (num. segundo (2º) art. 252 del CPC) e implícito (num. cuarto (4º) art. 252 del CPC), documento titulado “contrato de obra por administración delegada”.

En efecto, al armonizar las reiteradas menciones que en dicho documento se hacen respecto de la calidad que de administrador delegado para la ejecución de la obra “Edificio Altamira Plaza” asumió “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, con las igualmente frecuentes precisiones en el sentido de que dicho administrador delegado para múltiples efectos ha de obrar por cuenta del fideicomiso creado para el efecto y con el texto del numeral 7.1.1. del artículo primero del Decreto 2090 de 1989, conforme al cual en los contratos de construcción por el sistema de administración delegada el administrador delegado representa al dueño de la obra, con claridad coruscante emerge que la sociedad citada estaba dotada de facultades representativas en orden a la adquisición de los elementos requeridos para el desarrollo del proyecto, entre ellos los que se adquirieron con ocasión del acuerdo que ha originado esta controversia.

4.3. Ahora bien, siendo también requisito para la eficacia de la representación negocial que el apoderado obre dentro del marco de las facultades representativas otorgadas, pues la actuación del representante al margen de ellas hace inoponible al poderdante el negocio así concluido, este tribunal al analizar este aspecto en punto de la actuación de “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.” durante el perfeccionamiento del contrato celebrado con “Adalid Ltda.”, encuentra que la gestión del administrador delegado se enmarcó dentro de las facultades representativas conferidas, las cuales comprendían, como ya se dijo, la adquisición de los elementos que el proyecto demandare para su realización.

En torno a este particular léase la cláusula segunda (2ª) numeral segundo (2º), entre otras, del documento de marras.

4.4. Considerando lo precedentemente reseñado, resulta que el contrato de obra en torno al cual gira el conflicto patrimonial sometido a consideración de este tribunal tiene como partes o polos de interés, de una lado a la sociedad comercial “Adalid Ltda.”, de otro a la compañía de servicios financieros “Sociedad Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A.”, vocera del patrimonio especial “fideicomiso Edificio Altamira Plaza”, habiendo esta última tomado posición contractual en este convenio mediante el concurso de un apoderado debidamente constituido para el efecto, “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, persona jurídica que al haber obrado dentro de la ortodoxia de los principios de la representación convencional vinculó al citado acuerdo directa e inmediatamente a su poderdante;

4.5. Síguese de lo anterior que no siendo “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.” parte en el contrato que motiva la reclamación que ahora falla de fondo este tribunal, pues frente al mismo obró en calidad de representante de un tercero, mal puede contra ella pretenderse la prosperidad de pretensiones basadas en el incumplimiento del citado negocio, pues tales peticiones, como toda otra que tenga coma presupuesto la condición de parte contractual, únicamente puede ser discutida con quien sí ostente dicha calidad.

De esta suerte se abre paso la ausencia del presupuesto de la pretensión llamado “legitimación en la causa”, que en los autos se advierte en relación con el sujeto pasivo de la relación procesal, como consecuencia de lo cual la excepción que en este sentido ha interpuesto la demandada tendrá que reconocerse en la parte resolutiva de este laudo arbitral.

Pertinente es anotar que si bien se proferirá fallo absolutorio, este laudo, por razón del efecto relativo de la cosa juzgada (arts. 17 C.C. y 332 del CPC) y de la naturaleza de la relación sustancial discutida, no impedirá “Adalid Ltda.” plantear en otro proceso, frente a quien sí está para el efecto legitimada, la “Sociedad Fiduciaria Cáceres y Ferro S.A.”, las mismas pretensiones que ahora se desestiman por las razones expuestas.

(5) La prosperidad de la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva” invocada por la parte demandada, releva a este tribunal de continuar con el análisis de los demás requisitos de la pretensión, en punto de las planteadas por la parte actora, así como del análisis de los otros medios de defensa que con carácter de fondo presentó la sociedad demandada.

CAPÍTULO III

Costas del proceso

Al estar demostradas en el expediente y no haber prosperado ni en mínima parte las pretensiones de la parte demandante, siendo absuelta la demandada, se pronunciará condena en costas contra la primera, conforme a los siguientes parámetros:

(A) Gastos efectuados por la parte demandada, beneficiaria de la condena

El cincuenta por ciento (50%) de la suma que por concepto de honorarios y gastos de funcionamiento del tribunal se señaló en auto proferido durante la audiencia de instalación, incluido el valor del Impuesto al valor agregado (IVA) que se pagó a la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, esto es, la suma de un millón quinientos tres mil setecientos cuarenta pesos M/cte. ($ 1.503.740).

(B) Agencias en derecho

El tribunal fija su valor en la suma de seiscientos mil pesos m/cte. ($ 600.000).

(C) Total costas

Dos millones ciento tres mil setecientos cuarenta pesos m/cte. ($ 2.103.740).

Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto, este Tribunal de Arbitramento, constituido para dirimir en derecho las diferencias presentadas entre “Adalid Ltda.” y “Alfredo Muñoz y Cía. Ltda.”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar acreditada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, esgrimida por la parte demandada.

2. Declarar la no prosperidad de las pretensiones presentadas por la parte actora.

3. Absolver a la parte demandada.

4. Condenar a la parte actora a pagar a la parte demandada, por concepto de costas del proceso, la suma de dos millones ciento tres mil setecientos cuarenta pesos m/cte. ($ 2.103.740).

5. Ordenar la devolución a las partes, por mitades, de las sumas de dinero que recibidas a cuenta de gastos de funcionamiento no se utilicen. Así las cosas la parte demandante tendrá derecho a que se descuente de la suma de dinero indicada en el numeral anterior, los valores que el tribunal reembolse a la demandada.

Por secretaría se procederá de conformidad.

6. Ordenar la protocolización del expediente en la Notaría Cuarenta y Una (41) del Círculo de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, una vez en firme esta providencia.

Notifíquese en forma legal.

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