TRIBUNAL ARBITRAL ALL IN 1 S.A.S.

Contra

A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN

Bogotá, D.C., 22 de junio de 2016

Cumplido el trámite procede el Tribunal, mediante el presente laudo, a resolver en derecho las controversias patrimoniales surgidas entre ALL IN 1 S.A.S., de una parte, y A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN, por la otra.

PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO Y DEL DESARROLLO DEL TRÁMITE

1.1. Las Partes Procesales

1.1.1. Parte Convocante: ALL IN 1 S.A.S., sociedad colombiana constituida mediante documento privado de accionista único de 4 de abril de 2011, inscrita el 18 de abril de 2011 con el número 01471836 del libro IX, con domicilio en Bogotá D.C., representada legalmente por MARÍA LUBIS APARICIO GONZÁLEZ, cuya apoderada es la doctora DIANA CAROLINA CLAVIJO JAIMES.

1.1.2. Parte Convocada: A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN, sociedad colombiana constituida mediante documento privado de junta de socios de 19 de enero de 2010, inscrita el 26 de enero de 2010 con el número 01015461 del libro IX, con domicilio en Pereira, Risaralda, representada legalmente por CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, entidad que se abstuvo de designar un apoderado especial para el presente trámite.

1.2. El Contrato

Las controversias suscitadas entre las partes dimanan del “Contrato de arrendamiento de vehículo automotor para carga o transporte” celebrado entre A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN (Arrendatario) y ALL IN 1 S.A.S. (Arrendador), de fecha 1 de diciembre de 2014, cuyo objeto, según la cláusula primera, era:

“OBJETO: El objeto del presente contrato es el arrendamiento de una serie de automotores (veintidós 22) por parte del ARRENDATARIO, los cuales serán suministrados por parte del ARRENDADOR en los términos y condiciones que se dejan sentados en el presente documento. La relación e identificación de estos vehículos está contenida en el anexo 1, que hace parte integrante de este contrato”. 

1.3. El Pacto Arbitral

Las partes suscribieron pacto arbitral en la modalidad de cláusula compromisoria contenida en la cláusula décima octava del “Contrato de arrendamiento de vehículo automotor para carga o transporte”, cuyo texto es el siguiente:

“CLÁUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia que se suscite entre las partes en desarrollo del presente contrato o durante su ejecución y liquidación, se someterá a la decisión de árbitros conforme lo dispone la ley. 

Los miembros del tribunal de arbitramento serán designados por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. y se sujetaran a lo dispuesto por la Ley, de acuerdo con las siguientes reglas: 1) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros. 2) La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. 3) El Tribunal decidirá en derecho en un término mínimo de seis (6) meses que las partes podrán prorrogar. 4) El Tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C”.

1.4. El Tribunal Arbitral - Conformación y Trámite Preliminar

El 16 de julio de 2015, la parte convocante, por conducto de su apoderada, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la convocatoria de este Tribunal y presentó demanda en contra de A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN.

La designación de los árbitros se hizo a través de sorteos públicos celebrados el 13 de agosto de 2015, el 1 de octubre de 2015 y el 26 de abril de 2016.

La audiencia de instalación se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2015.

La demanda fue admitida, una vez fue subsanada, mediante Auto número 3, dictado el 2 de diciembre de 2015.

El 11 de diciembre de 2015, se envió a la dirección de notificación que se encontraba en el certificado de existencia y representación legal de la convocada, notificación personal del auto admisorio de la demanda.

La mencionada notificación no pudo ser entregada, debido a que no atendían, reportando que el inmueble estaba deshabitado o no atendían.

Como consecuencia de lo anterior, el 14 de enero de 2016, se envió notificación por aviso del auto admisorio de la demanda, la cual fue devuelta por ser incorrecta la dirección.

El 28 de enero de 2016, se envió nuevamente notificación personal a otra dirección referenciada como de la Convocada en la ciudad de Pereira, informada por la apoderada de la sociedad convocada al tribunal y que constaba en el expediente. Dicha notificación fue recibida, conforme certificación de entrega emitida el 2 de febrero de 2016.

Finalmente, debido a que la convocada no se notificó personalmente, el 17 de febrero de 2016 se envió notificación por aviso; la cual fue recibida el 18 de febrero de 2016. Lo anterior conforme certificación emitida el mismo 18 de febrero de 2016.

Surtida de manera apropiada la notificación de la parte convocante, y vencido el término para la presentación de las excepciones de mérito, A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN no presentó ante el tribunal contestación a la demanda arbitral.

En audiencia celebrada el 7 de abril de 2016, se adelantó la diligencia de conciliación entre las partes, la cual se declaró fracasada, por lo cual se fijaron los gastos y honorarios del presente tribunal.

El 14 de abril de 2016, la parte convocante realizó oportunamente el pago de la parte que le correspondía por concepto de honorarios y gastos del presente arbitraje.

Ante la ausencia del pago de gastos y honorarios por la parte convocada, el 27 de abril de 2016, la parte convocante allegó la suma que le correspondía, mediante cheque de gerencia. El Presidente y el Secretario emitieron la correspondiente certificación.

1.5.El Proceso Arbitral 

1.5.1 La Competencia del Tribunal

El Tribunal, en audiencia celebrada el 26 de mayo de 2016, se declaró competente para conocer de las controversias surgidas entre ALL IN 1 S.A.S., de una parte y A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN, de la otra, y que se encuentran cobijadas con la cláusula compromisoria contenida en el “Contrato de arrendamiento de vehículo automotor para carga o transporte” suscrito entre ellas.

Las pretensiones sobre las cuales decide este Tribunal son las contenidas en la demanda principal.

También en esa oportunidad, se determinó que tal y como se pactó en la cláusula compromisoria del Contrato, el laudo será en derecho y que, el término será de seis (6) meses prorrogables por las partes.

1.5.2. Las Pruebas Decretadas y Practicadas

Por auto número 10 de 26 de mayo de 2016, se decretaron las siguientes pruebas, con base en la solicitud de las partes:

• Documentales: Se tuvieron como medios de prueba, con el mérito legal probatorio que a cada cual corresponde, los documentos allegados con la demanda arbitral.

Debido a que la parte convocada no presentó contestación de la demanda, no se decretaron pruebas a instancia de esta parte.

En la misma audiencia de 26 de mayo de 2016, el tribunal declaró cerrado el período probatorio.

1.5.3. Los Alegatos de Conclusión

El 3 de junio de 2016 se llevó a cabo audiencia de alegatos de conclusión.

Se le concedió a la apoderada de la parte convocante el término correspondiente para que hiciera sus respectivas alegaciones orales.

La parte convocada tuvo conocimiento de la realización de esta audiencia; sin embargo, no asistió.

Al finalizar dicha audiencia, la parte convocante entregó un resumen escrito de sus alegatos orales, los cuales fueron incorporados al expediente.

1.6. Audiencia de Fallo

Mediante Auto número 13, Acta número 7 de 3 de junio de 2016, el Tribunal señaló el presente día y hora para la audiencia de fallo que se realiza.

1.7. Término para fallar

De acuerdo con la cláusula compromisoria contenida en el “Contrato de arrendamiento de vehículo automotor para transporte o carga”:

“3) El Tribunal decidirá en derecho en un término mínimo de seis (6) meses que las partes podrán prorrogar”.

El Tribunal se encuentra en término para fallar, conforme a las siguientes circunstancias:

a. El 26 de mayo de 2016, se efectuó la primera audiencia de trámite, y mediante providencias números 9 y 10 proferidas en la misma audiencia y fecha (Acta No. 6), se asumió competencia y se decretaron las pruebas solicitadas y allegadas por las partes.

Culminada la primera audiencia de trámite el 26 de mayo de 2016, el término inicial de los seis meses calendario vencería entonces el veintiséis (26) de noviembre de 2016.

Por consiguiente, el Tribunal se encuentra en la oportunidad legal para proferir el fallo.

1.8. La Demanda y su Contestación

1.8.1. Hechos de la demanda Expone la convocante los siguientes hechos relevantes:

1. En noviembre de 2011, ALL IN 1 S.A.S. celebró con BANCO DE OCCIDENTE un contrato de Leasing Financiero, en virtud del cual se entregaron a título de arrendamiento financiero 23 vehículos automotores.

2. Una vez pagados todos los cánones, ALL IN 1 S.A.S. celebró con A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN el 1 de diciembre de 2014, “Contrato de arrendamiento de vehículo automotor para carga o transporte” sobre 10 de los vehículos adquiridos, los cuales tienen las siguientes placas: RNO 871; RNP 135; RNP 508; RNP 548; RNO 863; RN0873; RNO 874; RNO 881; RNP 109 y RNO 854.

3. ALL IN 1 S.A.S. entregó los vehículos acordados a la convocante.

4. Las partes estipularon un canon de arrendamiento de $2.000.000 mensuales por cada uno de los vehículos, y una cláusula penal equivalente al 15% del valor total del contrato, en caso de incumplimiento.

5. A lo largo de la ejecución del contrato, la convocante no ha cumplido con su obligación de pagar los cánones que le corresponden.

6. Debido a lo anterior, ALL IN 1 S.A.S. ha requerido a la A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN en repetidas ocasiones para el pago de las cantidades adeudadas y para adelantar un arreglo directo.

1.8.2. Pretensiones

En la solicitud de convocatoria y demanda arbitral, la sociedad ALL IN 1 S.A.S., plantea las siguientes:

“PRETENSIONES:

PRIMERO: Que se integre el Tribunal de Arbitramento de conformidad con la cláusula compromisoria pactada en el contrato, y transcrita en la presente demanda.

SEGUNDA: Que se declare que la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN incumplió reiteradamente con la obligación de efectuar de manera puntual el pago de los cánones de arrendamiento, de acuerdo a la forma de pago fijada en el contrato.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN al pago de los cánones de arrendamiento causados hasta la fecha de presentación de la demanda.

CUARTA: Que se condene a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN al pago de los cánones que se causen durante el trámite del proceso y hasta que se produzca la restitución de los bienes objeto de arrendamiento como consecuencia de la terminación del contrato.

QUINTA: Que se condene a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN al pago de los intereses moratorios a partir de la fecha en que el deudor incurrió en mora y hasta que se efectúe el pago, interés que será equivalente a una y media vez el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

SEXTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se dé por terminado el contrato de arrendamiento de 10 vehículos celebrado entre ALL IN 1 S.A.S. y A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN, el 1 de diciembre de 2014.

SÉPTIMA: Que se ordene a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN a que restituya a ALL IN 1 S.A.S. la totalidad de los bienes objeto de arrendamiento, es decir, los diez (10) vehículos identificados en el hecho segundo.

OCTAVA: Como consecuencia de las declaraciones precedentes, que se condene a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN al pago de la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000.00) MONEDA CORRIENTE por concepto de cláusula penal, según lo previsto en el hecho noveno.

NOVENO: Que se condene a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN en costas y agencias en derecho.

Más adelante se volverá a las pretensiones de la demanda, cuando el Tribunal se ocupe de su análisis.

1.8.3. Pruebas aportadas

1. Contrato de Leasing Financiero No. 180-79583

2. Contrato de arrendamiento celebrado por las partes

3. Actas de entrega de los vehículos al ARRENDATARIO

4. Constancia de devolución de cheque 1444442-1

5. Correo electrónicos mediante los cuales se constituyó en mora al deudor, relacionados en el hecho décimo.

6. Correos electrónicos mediante los cuales las partes agotaron la instancia de intento de arreglo directo de las controversias que han surgido en desarrollo del contrato de arrendamiento, relacionados en el hecho decimoprimero.

1.8.4. Excepciones.

Por su parte A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN, no propuso ninguna excepción.

1.9 Saneamiento del proceso

Previo al pronunciamiento sobre las pretensiones de la demanda que dieron lugar al presente trámite arbitral, el Tribunal observa que no existen nulidades procesales que ameriten la posibilidad de abstenerse de producir un pronunciamiento de fondo. La Convocada manifestó previamente a rendir sus alegaciones finales, que no encontraba motivo alguno que afectara o viciara el presente proceso arbitral.

Adicionalmente, se evidenció que aquellas eventuales nulidades que pudieron haber existido no fueron reclamadas oportunamente por las partes convocante y convocada, por lo cual, se encuentran saneadas.

En este sentido, el Tribunal nota que no quedaron pendientes pruebas por practicar, ni se pretermitieron oportunidades para que las partes ejercieran su derecho de defensa y contradicción.

Por el contrario, se respetaron los de las partes y sus apoderados y se realizaron todas las notificaciones y traslados en debida forma.

El Tribunal, entonces, procede a pronunciarse sobre cada una de las pretensiones que fueran formuladas en la demanda por la parte convocante.

SEGUNDA PARTE: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1. Notificación de la Demanda Arbitral  

El artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 establece respecto de la utilización de medios electrónicos como mecanismos de comunicación del tribunal, tanto con las partes como con terceros, que en el proceso arbitral se pueden utilizar los medios electrónicos en todas y cada una de sus actuaciones, con el fin de llevar a cabo todas las comunicaciones así como para realizar la notificación de las providencias judiciales, dentro de las cuales se encuentra el auto por medio del cual se admitió la demanda(1).

Expresamente establece la disposición antes citada que cuando se trate del auto admisorio de la demanda, la notificación se “considerará hecha el día que se reciba en la dirección electrónica del destinatario”.

Lo anterior concuerda con lo dispuesto por el artículo 291 y siguientes del Código General del Proceso, que determina algunas reglas en cuanto a la entrega de las comunicaciones que se emitan durante el trámite del proceso.

La Corte Constitucional resumió dichas reglas en las siguientes: “[...] (i) envío a cualquiera de las direcciones que le hubieren sido informadas al juez deconocimiento; (ii) cuando se trate de persona jurídica de derecho privado la comunicación deberá remitirse a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente; (iii) si la dirección del destinatario se encuentra en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción; (iv) en el evento de conocer la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la comunicación podrá remitirse por el Secretario o el interesado por medio de correo electrónico”(2). (Subrayado ajeno al original).

Así las cosas, una vez se admitió la demanda arbitral del presente litigio, el Tribunal ordenó notificar a la sociedad convocada de acuerdo con lo establecido por la ley y, en ese orden, tomando en cuenta que la convocada es una persona jurídica de derecho privado, la comunicación de la citación para notificar personalmente el auto admisorio de la demanda debía enviarse a la dirección de correo electrónico registrada ante la respectiva cámara de comercio y que apareciera en el certificado de existencia y representación legal; sin embargo, al revisar el certificado allegado al proceso(3), el Tribunal constató que la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN no cumplió con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 291 del C.G.P., el cual establece que las personas jurídicas de derecho privado inscritas en la registro mercantil deben registrar en la respectiva cámara de comercio la dirección de correo electrónico con el fin de que allí se reciban notificaciones judiciales.

En aras de garantizar los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de la convocada, de acuerdo con lo establecido por el artículo 291 del C.G.P. y las reglas a las que se refirió la Corte Constitucional, el Tribunal ordenó enviar las respectivas comunicaciones a través de correo certificado a las direcciones suministradas por la convocante.

Así, mediante correo certificado se citó a la convocante para ser notificada personalmente del auto admisorio de la demanda a la dirección inscrita en el certificado de existencia y representación legal emitido por la cámara de comercio de Pereira allegado al proceso(4), enfrentado la dificultad atrás reseñada de que la empresa de correo certificado certificó que la notificación fue devuelta bajo el concepto de “Dirección errada / Dirección Incompleta”.

Ante la imposibilidad de realizar la citación para notificación personal a la dirección contenida en el mencionado documento emitido por la Cámara de Comercio de Pereira, la sociedad convocante informó al Tribunal que tenía constancia de otra dirección. Así, mediante comunicación del 28 de enero de 2016 se remitió la citación para notificación personal del auto admisorio de la demanda a la convocada a esta nueva dirección, que también obraba en el expediente, siendo efectivamente recibida por esta el 2 de febrero de 2016(5).

Pasados los cinco (5) días hábiles para notificarse del auto admisorio de la demanda, la convocada no se notificó ni dio señales de querer hacerlo, lo que llevó al Tribunal para que por secretaría procediera a enviar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 292 del C.G.P., la notificación por aviso, la cual fue recibida el 18 de enero de 2016(6). Desde allí comenzó a correr el término para contestar la demanda por parte de la convocada. La carga procesal de contestar la demanda, como se estudiará más adelante, no fue atendida por la convocada y, en consecuencia, será necesario revisar las consecuencias procesales.

De lo anterior se concluye que en aras de preservar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción: (i) la ley determinó las formalidades para la legal implementación de las comunicaciones y notificaciones, en este caso particular, lo contemplado en el artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 en concordancia con lo dispuesto en los artículo 291 y 292 del C.G.P; (ii) sin perjuicio de que la convocada no cumplió con sus obligaciones como comerciante al no inscribir una dirección de correo electrónico en el certificado de existencia y representación ante la cámara de comercio de su domicilio para que se surtieran las comunicaciones del caso y tomando en cuenta que estas son actos que permiten poner en conocimiento a la contraparte o terceros interesados, entre otras, decisiones judiciales, el Tribunal, bajo un esquema garantista, ordenó, mediante las comunicaciones recibidas el 18 de enero de 2016 (citación para notificación personal) y el día 28 del mismo mes y año (notificación por aviso), poner en conocimiento de la convocada el auto admisorio de la demanda, con lo cual se entendió que la convocada fue debidamente notificada del auto admisorio de la demanda. Entendimiento que fue corroborado por el representante legal de la convocada quien expresó en varias oportunidades haber recibido las comunicaciones y la copia de la demanda(7).

Notificada legalmente la convocada del auto admisorio de la demanda y vencido el traslado de la misma, sin que la convocada diera contestación a la misma ni nombrara apoderado judicial, desde el momento en que se enteró del trámite arbitral(8) y hasta la última etapa procesal, a pesar de la insistencia del tribunal, lleva a este tribunal a estudiar los efectos de las conductas procesales descritas de la parte convocada, en el siguiente orden: (i) derecho de postulación y (ii) consecuencias procesales de no haber contestado la demanda.

2.2. Derecho de Postulación. 

Establece el artículo 25 del Decreto 196 de 1971 que “Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este Decreto”. A su turno, el artículo 28 del mismo decreto establece las excepciones en materia civil que permiten que una persona actúe en causa propia ante cualquier autoridad judicial, en ese sentido, enlista las siguientes:

“Por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos: 

1° En ejercicio del derecho de petición y de las acciones públicas consagradas por la Constitución y las leyes.

2° En los procesos de mínima cuantía.

3° En las diligencias administrativas de conciliación y en los procesos de única instancia en materia laboral.

4° En los actos de oposición en diligencias judiciales o administrativas, tales como secuestros, entrega o seguridad de bienes, posesión de minas u otros análogos. Pero la actuación judicial posterior a que dé lugar la oposición formulada en el momento de la diligencia deberá ser patrocinada por abogado inscrito, si así lo exige la ley”.

Estudiado el caso concreto, se encuentra que el mismo no cumple con ninguna de las excepciones establecidas en el artículo mencionado, pues: (i) se trata de un proceso arbitral regulado por la Ley 1563 de 2012 y no del ejercicio de un derecho de petición o acción pública consagrada en la Constitución o la Ley; (ii) es un trámite cuya cuantía supera los 40 smmlv(9); (iii) no se trata de una diligencia administrativa o proceso laboral de única instancia y (iv) no se trata de un acto de oposición en diligencia judicial o administrativa.

En ese orden, no encontrándose el presente trámite exceptuado, no puede darse aplicación a lo establecido en el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 1563 de 2012, el cual establece que se podrá actuar directamente en el arbitraje, siempre y cuando la cuantía y la naturaleza del asunto no requiera de abogado ante los jueces ordinarios.

Siguiendo lo dispuesto en la norma mencionada, reitera lo estableció en ella el estatuto procesal civil que gobierna el presente trámite, al decir en su artículo 73 que, quienes “hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa”.

En el presente asunto, la parte convocante dirigió la demanda arbitral contra la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN a fin de que se le declarara responsable por el incumplimiento del contrato de arrendamiento de vehículo automotor para carga o transporte celebrado el 1 de diciembre de 2014 junto con otras pretensiones consecuenciales; es así que la parte convocada debió ejercer las actuaciones, salvo las reservadas a ella en casos concretos —conciliación-, a través de apoderado judicial, circunstancia que a pesar de la insistencia del Tribunal no fue asumida por la convocada de manera diligente, y no existe prueba de haber otorgado poder a un abogado legamente inscrito, produciéndose así las consecuencias procesales de no haber contestado la demanda, tal y como se expondrá en el siguiente acápite.

2.3. No Contestación de la Demanda. Consecuencias. 

Como se anticipó, en el presente caso el Tribunal dará aplicación estricta a los efectos de no haber contestado la demanda, pues se hizo evidente que la parte convocada no asumió las cargas procesales que demanda un trámite judicial a pesar de haber sido ampliamente informada sobre la importancia de hacerlo. En ese sentido, notificada legamente la convocada del auto admisorio de la demanda y debiendo actuar mediante apoderado judicial, sobre lo cual tenía pleno conocimiento el representante legal de la convocada(10), se esperaba que la parte convocada procediera a contestar la demanda, acto procesal que no se realizó en el curso del presente trámite.

La doctrina ha establecido que la contestación de la demanda es un acto procesal que permite al convocado materializar el derecho de defensa y contradicción respecto de los hechos y las pretensiones que el convocante expuso en la demanda(11). Lo propio ha dicho la jurisprudencia, en el siguiente sentido:

“En la teoría general del proceso se reconoce a la contestación de la demanda como un acto procesal de introducción mediante el cual el demandado se opone a las pretensiones invocadas por el demandante, ya sea en cuanto a la prosperidad de la relación jurídica sustancial, esto es, frente al derecho u obligación que se controvierte; o en relación con la existencia de la relación jurídica procesal, es decir, en torno a los presupuestos procesales que permiten que un proceso se desenvuelva hasta concluir en el pronunciamiento definitivo por parte del juez a través de la sentencia”(12).

Ahora bien, el Estatuto Arbitral no obliga al convocado a contestar la demanda; pero si no lo hace, habiéndose notificado en legal forma, el proceso necesariamente continua su curso natural. Sin embargo, hay lugar a dar aplicación a unos particulares y adversos efectos en contra de quien tenía la carga procesal de responder unos hechos o contradecir unas pretensiones y no lo hizo. En ese sentido se establecen principalmente dos consecuencia: (i) identificar las conductas de las partes como indicio y (ii) presunción de certeza de hechos susceptibles de confesión.

(i) Indicio Grave en Contra del Convocado

En la medida en que el convocado no contestó la demanda, de acuerdo con el artículo 241 del C.G.P. este Tribunal deducirá indicios graves en contra del convocado sobre la base de que dicha presunción se funda en la violación flagrante del convocado del principio de lealtad procesal que exige a las partes actuar de acuerdo con los postulados de la buena fe, en consonancia con la jurisprudencia que ha dicho: “El hecho de considerarse la falta de contestación como un indicio grave en contra del demandado, se fundamenta en la violación del principio de lealtad procesal, que se exterioriza en la obligación legal de obrar conforme a los mandatos de la buena fe (C.P.C. art. 71-1), con el objetivo plausible de llegar al convencimiento en torno a la verdad verdadera del asunto litigioso que le permita al juez adoptar una recta solución al caso en concreto. Obsérvese cómo la contestación de la demanda tiene como fines básicos permitir el desenvolvimiento de las defensas del demandado, establecer los límites de la relación jurídica procesal y del material probatorio objeto de controversia, puntos que en definitiva delimitan el alcance de la litis”(13).

En ese sentido, la falta de contestación de la demanda por parte del convocado permite que el resultado del proceso dependa de lo expresado y probado, en este caso, por el convocante, además de la prueba indiciaria que se valorará, como se dijo, en contra del convocado, pues sin perjuicio de los efectos adversos de no haber contestado la demanda el convocante, no se exime al convocante de su carga procesal de probar (Art. 167 C.GP), mediante cualquier medio de prueba establecido en el ordenamiento procesal (Art. 165 C.G.P), los hechos en que funda sus pretensiones.

(ii) Presunción de Certeza de Hechos Susceptibles de Confesión.

Otro efecto contemplado en la ley cuando el convocado no contesta la demanda es el consagrado en el artículo 97 del C.G.P., el cual establece:

“La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesióncontenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto”. (Subrayado fuera de Texto).

Con el fin de aclarar el efecto contemplado en la norma trascrita frente al caso particular, brevemente el Tribunal expondrá los fundamentos jurídicos que la doctrina y la jurisprudencia le han dado a la presunción como mecanismo que permite eximir de probar un supuesto de hecho a la parte en favor de quien opera.

En este caso en particular, si bien ALL IN 1 S.A.S. debía probar los hecho en que fundaba sus pretensiones a pesar de que el Tribunal valorara las conductas procesales de A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN como indicio grave en su contra; por virtud de la presunción que en este acápite se estudia se le exonera de dicha carga probatoria a la convocante, pues los hechos susceptibles de confesión se presumirán ciertos por este Tribunal, en la medida en que afecten negativamente los intereses de la convocada.

En ese sentido, la presunción se ha definido por la doctrina como “dar una cosa por cierta sin que esté probada sin que nos conste”(14). Así las cosas, la presunción excusa a la parte en favor de quien opere. En ese sentido ha dicho la Corte Constitucional que:

“Cuando se crea una presunción en el sentido de la segunda acepción a la que se hizo mención más arriba, es decir, cuando se parte de la presunción como equivalente a dar algo por probado sin que nos conste, ha de existir una muy especial justificación. Desde esta óptica, las presunciones tienen una gran carga valorativa, introducen valoraciones y estas valoraciones deben estar suficientemente justificadas”(15) (Subrayado fuera de Texto).

En este caso particular el grado especial de justificación para dar por probado hechos que no constan, lo ofrece el efecto contemplado en el artículo 97 del C.G.P. consistente en que la convocada no contestó la demanda.

Así las cosas nos encontramos frente a una presunción de las que se han dado en llamar legales, dentro de las cuales se distinguen las presunciones iuris tantum, es decir que admiten prueba en contrario, y las presunciones iuris et de iure, es decir que no admiten prueba en contrario. En esa línea, establece el artículo 166 del C.G.P. que “las presunciones establecidas por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice”. (Subrayas fuera de texto).

En ese sentido, la jurisprudencia ha sintetizado los requisitos para dar alcance y seriedad a las consecuencias que se derivaban de la presunción, en los siguientes:

“(i) Precisión: el hecho indicador que sirve de fundamento a la presunción debe estar acreditado de manera plena y completa y debe resultar revelador del hecho desconocido que se pretende demostrar. (ii) Seriedad: debe existir un nexo entre el hecho indicador y la consecuencia que se extrae a partir de su existencia, un nexo tal que haga posible considerar a esta última en un orden lógico como extremadamente probable. (iii) Concordancia: todos los hechos conocidos deben conducir a la misma conclusión”(16). 

En conclusión, la presunción de tener por cierto los hechos susceptibles de confesión dentro del presente trámite, será analizada a la luz no solo del efecto procesal consagrado en el artículo 97 del C.G.P. en los términos antes expuestos sino en el contemplado en el 241 del mismo estatuto por considerar el Tribunal que la conducta de no contestar la demanda reviste la mayor gravedad, pues se infiere el desinterés de la convocada por acudir al proceso y probar que lo afirmado por la convocante no era cierto.

2.4. El Caso Concreto 

Estudiadas las consecuencias procesales por la falta de contestación de la demanda por parte de A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN, se infiere que de los hechos expuestos por la convocante en la demanda, efectivamente la convocada incumplió el contrato de arrendamiento de vehículo automotor para carga o transporte celebrado con la sociedad ALL IN 1 S.A.S. el primero (1) de diciembre de 2014, lo anterior en la medida en que no encuentra el Tribunal prueba que desvirtúe los hechos efectivamente probados por la parte de la convocante, además de que, en la medida en que la convocada no contestó la demanda, este Tribunal tiene por cierto los siguientes hechos relevantes de la demanda:

1. Quedó probado que entre la Convocante y la Convocada se suscribió el 1 de diciembre de 2014 un contrato de arrendamiento de vehículo automotor para carga de transporte(17). Dicho documento reviste de autenticidad en la medida en que no fue objeto de tacha de falsedad o desconocimiento por parte de la Convocada, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 269 y 272 del C.G.P.

2. Se probó que la Convocante entregó, con base en dicho contrato, diez (10) camionetas y que estas fueron recibidas por la Convocada a entera satisfacción, todo lo cual consta en las Actas de Entrega correspondientes a lo vehículo automotores identificados con las placas: RNO-874; RNP-548; RNO-854; RNO-881; RNO-871; RNP-135; RNP-508; RNO-863; RNO-873 y RNP109(18). Dichos documentos revisten de autenticidad en la medida en que no fueron objeto de tacha de falsedad o desconocimiento por parte de la Convocada, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 269 y 272 del C.G.P.

3. De acuerdo con lo contemplado en la Cláusula Segunda del Contrato objeto de este litigio, se probó que el valor del arrendamiento mensual anticipado por cada uno de los vehículos era de DOS MILLONES DE PESOS ($2'000.000) más IVA, que debían pagarse en forma mensual(19).

4. En la medida en que las afirmaciones y negaciones indefinidas presentadas en los hechos de la demanda no requieren ser probadas por quien las realiza (Art. 167 C.G.P), sino que corresponde a la parte contra quien se aduce (carga dinámica de la prueba) desvirtuarlas, este Tribunal encuentra que además de no haber sido desvirtuadas por la Convocada las afirmaciones y negaciones de esta naturaleza hechas por la Convocante en su demanda, se presume que es cierto, pues afecta los intereses de la Convocada, que esta no ha pagado las sumas a que se refiere el hecho No. 7 de la demanda, en consecuencia, se encuentra probado dentro del proceso arbitral que la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN incumplió el contrato de arrendamiento suscrito con la Convocante, pues no atendió en tiempo la obligación de pago consagrada en la Cláusula Sexta del mencionado contrato que a la letra establece: “OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: Para dar cumplimiento al objeto del presente contrato EL ARRENDATARIO se obliga a: [...] 2.) Efectuar los pagos del canon de alquiler contemplado en el presente contrato en la forma y bajo las condiciones previstas en el presente documento [...[”.

5. En la medida en que el incumplimiento por pago de los cánones de arrendamiento quedó probado, de acuerdo con los argumentos expuestos a lo largo de esta providencia, también se dan por probados los Hechos Sexto y Séptimo, en el sentido de que la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN pagó parcialmente el canon de arrendamiento correspondiente al mes de febrero de 2015 y no pagó los cánones de arrendamiento correspondientes a lo meses de marzo, abril, mayo y junio de 2015. En ese sentido, tal y como se expondrá en la parte resolutiva del laudo, se condenará a la Convocada al pago de los cánones dejados de pagar hasta el vencimiento del plazo pactado entre las partes en la Cláusula Cuarta del contrato objeto del litigio, por virtud de lo contemplado en el artículo 2003 del Código Civil, tal y como se expondrá más adelante.

6. Ahora bien, frente a la pretensión de cancelarse los cánones que se causen durante el transcurso del proceso y hasta que se restituyan los bienes objeto del contrato (Pretensión Cuarta), este Tribunal despachará parcialmente favorable tal solicitud, sobre la base de que el artículo 2003 del Código Civil(20) establece como obligación del arrendatario (A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN) pagar los cánones de arrendamiento que faltaren hasta el día en que el arriendo termine sin desahucio y no hasta el día en que se restituyan los bien objeto del contrato; es decir, en este caso en particular, hasta la llegada del plazo pactado en la Cláusula Cuarta del contrato (31 de diciembre de 2015); por cuanto dicha terminación se hubiera producido por culpa del arrendatario.

En el presente caso, se probó el incumplimiento de parte del arrendatario, en consecuencia, la terminación del mismo será declarada por esa causa. Este hecho permite que la Convocada acceda a la indemnización en los estrictos términos del artículo 2003 del C.C. y así se declarará por parte del Tribunal. Acceder a condenar a la Convocada a un pago de cánones hasta el momento de restitución de los bienes objeto del contrato, es tanto como suponer que los efectos del contrato continuarían vigentes hasta ese momento, hecho que contraviene la declaración de terminación que se hará en el presente fallo, en atención a la formulación de las pretensiones de la Convocante.

7. Ahora bien, en la medida en que se probó por parte de la Convocante y además se presumió como cierto el hecho del no pago de los cánones de arrendamiento y, consecuencialmente, el incumplimiento del contrato de arrendamiento, encuentra este Tribunal también probada la existencia de una cláusula penal pecuniaria contenida en la Cláusula Novena del contrato de arrendamiento, la cual establece:

“CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso, de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente contrato por alguna de la partes, la parte afectada con el incumplimiento hará efectiva a su favor y en contra del incumplido una suma equivalente de hasta quince (15%) del valor total del presente contrato a título de cláusula penal pecuniaria. 

PARÁGRAFO: El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial de los perjuicios ocasionados, pudiendo la parte afectada reclamar por la vía arbitral o judicial los perjuicios que excedan del monto de la cláusula penal”. 

Pretende la Convocante (Pretensión Octava de la demanda) que se condene, y así se hará, a la Convocada al pago de la cláusula penal pecuniaria, por haber incumplido el contrato de arrendamiento, tal y como se probó y será declarado por este Tribunal, en una suma equivalente al 15% del valor total del presente contrato.

Se probó(21) que el valor total del contrato, de acuerdo con la proporción de vehículos entregados (10 vehículos) que mensualmente ascendía en total a una suma equivalente de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) por trece (13) meses, que fue el plazo contemplado de duración del contrato(22), era el equivalente a DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000). En consecuencia, el quince por ciento (15%) del valor total del contrato equivale a TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39”000.0000), suma que deberá pagar la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN por haber incumplido el contrato y así se dispondrá en la parte resolutiva del presente laudo.

Ahora bien, resalta el Tribunal que a pesar de tener la posibilidad de probar mayores perjuicios, de acuerdo con la cláusula penal, no hay evidencia adicional probatoria de los mismos, en consecuencia, la condena por perjuicios se circunscribirá únicamente al valor anteriormente referido.

8. Quedó probado que la sociedad ALL IN 1 S.A.S. requirió a la Convocada para el pago de los cánones de arrendamiento vencidos, pues si bien se allegan impresos (documentos) y no como mensaje de datos una serie de correo electrónicos(23), este Tribunal los valora como documentos de acuerdo con lo establecido en los artículos 244 y 247 del C.G.P., pues al no ser objeto de tacha o desconocimiento, la autenticidad de los mismos, al considerar que reproducen con exactitud el mensaje de datos contenido en ellos, no reviste discusión alguna.

9. En relación con la constitución de mora de la Convocada, este Tribunal es de la posición que la misma estaba sometida a condición de acuerdo con los términos de la Cláusula Tercera del Contrato que dispone que “EL ARRENDATARIO se compromete a pagar al ARRENDADOR el canon mensual indicado en la cláusula anterior, de la siguiente forma: Mediante causaciones mensuales vencidas, que serán canceladas dentro de los primeros cinco (5) días después de radicada la factura ante EL ARRENDATARIO. El ARRENDATARIO como gran retenedor efectuará las retenciones de ley a la factura expedida por el ARRENDADOR”. La condición para que el ARRENDATARIO quedara constituido en mora implicaba la radicación de las correspondientes facturas, mes a mes. En el proceso no hay prueba de la radicación de las facturas por parte del ARRENDADOR ante el ARRENDATARIO. En consecuencia, el Tribunal es de la posición que la constitución en mora del ARRENDATARIO se dio en los términos del artículo 94 del C.G.P. a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, es decir, a partir del 22 de febrero de 2016, según el artículo 292 del C.G.P.

10. Aclara este Tribunal que no se pronunciará frente a la pretensión primera, por cuando la integración del Tribunal de arbitramento más que una pretensión es una etapa procesal que como quedó dicho en los antecedentes se realizó de conformidad con las disposiciones que para el efecto contempla la Ley 1563 de 2012.

2.5. Incumplimiento Contractual 

Establece el artículo 871 del Código de Comercio que: “Los contratos deberán celebrarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismo, según la ley, la costumbre o la equidad”.

Dentro del contrato de arrendamiento objeto de litigio, quedó probado, tal y como se indicó anteriormente, que la sociedad Convocada incumplió las obligaciones en él contenidas, principalmente aquellas consistentes en el pago mensual de los cánones de arrendamiento —obligación de dar—, lo que constituye un incumplimiento contractual(24).

Frente al incumplimiento contractual, el ordenamiento jurídico establece una calificación subjetiva de la conducta del deudor (Artículos 63, 1604 C. Civil) que al causar daño, necesariamente, genera una indemnización de perjuicios a cargo del deudor incumplido -A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN- (Artículos 1613, 16414, 1615, 1616 y para nuestro caso particular el artículo 2003, todos del Código Civil).

En ese sentido, la evaluación de la responsabilidad civil contractual depende en gran parte de un elemento subjetivo, como razonamiento necesario para definir el alcance de la responsabilidad, atando la reparación del perjuicio al grado de culpabilidad de la sociedad Convocada.

Establece el artículo 63 del Código Civil el sistema de graduación de la culpabilidad en: (a) culpa grave, negligencia grave o culpa lata, que en materia civil equivale al dolo; (b) culpa leve, descuido leve o descuido ligero; (c) culpa o descuido levísimo, y (d) dolo. Mientras que el artículo 1604 de la misma codificación describe los eventos en que el deudor es responsable por la culpa lata o por la culpa leve, o por la levísima(25).

Así las cosas, de la lectura del artículo 1604 del C.C. y de los hechos probados en el proceso se desprende que el grado de responsabilidad por parte de la Convocada es el de mediana diligencia, es decir, la culpa leve, esto en la medida en que tanto sociedad Convocante —percibir cánones de arrendamiento— y sociedad Convocada utilización de bienes (vehículos) dados en arrendamiento- reportan beneficios recíprocos dentro del contrato de arrendamiento.

Ahora bien, establece el inciso 3 del artículo 1604 C.C. que “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo (...)”. En este caso en particular, A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN no probó su diligencia y por el contrario quedó probado que no había pagado las sumas de dinero correspondientes a los cánones de arrendamiento desde el mes de marzo y hasta la fecha de interposición de la demanda, con lo cual los perjuicios causados a la Convocante son imputables a la conducta negligente desplegada por la sociedad Convocada.

En conclusión, habiéndose probado que por culpa de la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN, al incumplir las obligaciones claras contenidas en el contrato de arrendamiento, se dio por terminado el mismo, tal y como se expuso en líneas precedentes, la indemnización de perjuicios se extenderá a los probados efectivamente por la sociedad Convocante más los dispuestos en el artículo 2.003 del C. Civil.

2.6. Monto del perjuicio probado 

El siguiente análisis se encuentra elaborado bajo el estudio del contrato de arrendamiento que las partes suscribieron de manera libre y voluntaria, en ese sentido se expondrá el monto del resarcimiento de los perjuicios patrimoniales originados a la Convocante en el incumplimiento del contrato por parte de la sociedad Convocada, tal y como quedó probado.

Probado está que la sociedad Convocada pagó parcialmente la suma periódica correspondiente al mes de febrero del 2015, adeudando una suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($13'200.000).

Probado está que la sociedad Convocada no pagó las sumas periódicas correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2015, adeudando una suma mensual de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), que asciende para estos meses a una suma total de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000).

Quedó probado que por culpa de la Convocada el contrato de arrendamiento se terminó, en consecuencia, aplicando los efectos del artículo 2003 del C.C., se condenará a la Convocante al pago de los cánones que faltaren hasta que el arrendamiento hubiere terminado, es decir, el 31 de diciembre de 2015. Así las cosas, la Convocada adeuda los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015, por un valor mensual de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), que asciende para estos meses a una suma total de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000).

Además del pago de los cánones que faltaren hasta la fecha en que hubiere terminado el contrato, el mismo artículo 2003 del Código Civil establece la obligación de indemnización de perjuicios. Así lo confirma la doctrina al decir que: “Además, el arrendatario deberá reparar los perjuicios al arrendador por la terminación del contrato, cuando la terminación se presente por culpa del arrendatario”(26). La estimación anticipada de estos perjuicios resultó probada dentro del expediente, pues las partes pactaron una cláusula penal pecuniaria, contenida en la Cláusula Novena del contrato, equivalente al 15% del valor total del contrato, en proporción a los bienes entregados -10 camionetas- y que no fue objeto de reproche por parte de la Convocada. En consecuencia, se condenará al pago de la misma, la cual equivale a TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39'000.000).

Sobre las sumas anteriormente indicadas se causarán intereses moratorios, en los términos del artículo 884 del Código de Comercio, a una tasa equivalente al 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, debidamente certificado por la Superintendencia Financiera, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, el 22 de febrero de 2016, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva del presente Laudo.

TERCERA PARTE: COSTAS DEL PROCESO

Establece el artículo 380 del C.G.P, que regula el contenido del fallo, que, entre otros aspectos, este debe resolver sobre “las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados”.

Sobre costas, el artículo 365 del mismo estatuto dispone las reglas especiales al respecto: a) en los procesos y actuaciones posteriores a aquellos en que hubiere controversia, la condena en costas se impondrá a la parte vencida en el proceso; b) la condena en costas se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella; c) solo en caso de que la demanda prospere parcialmente podrá el fallador abstenerse de condenar en costas o pronunciar una condena parcial, casos en los cuales deberá expresar los fundamentos de su decisión; d) si fueren dos o más los litigantes que deban pagar las costas, la condena se hará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán las costas distribuidas por partes iguales entre ellos; e) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezcan causadas y en la medida de su comprobación; O Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.

En cuanto concierne a las agencias en derecho, el numeral 3° del artículo 366 del C.G.P. expresa que para su fijación deberán aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. El Tribunal tendrá en cuenta las tarifas contemplas en el Acuerdo 1883 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente a la fecha, y, especialmente, lo relacionado con el proceso verbal, sin exceder como es lógico, los valores allí indicados.

Establece la norma legal citada que dicha fijación se hará teniendo en cuenta “la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley -evento que en nuestro caso no ocurrió, tal y como se expuso ampliamente en líneas precedentes-, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes [...]”, entre el mínimo y el máximo de dichas sumas. Así las cosas, y en consideración a las citadas circunstancias especiales, el Tribunal considera su deber tener muy en cuenta la reprochable conducta de la parte Convocada que atrás se censuró, para efectos de la respectiva fijación de agencias en derecho, por lo que se limitará a fijarlas en el máximo establecido en las tarifas del Acuerdo citado.

Aplicando las anteriores directrices ofrecidas por el Acuerdo y la calificación de la conducta procesal de la Convocada por parte del Tribunal, este condenará en costas a la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN, que resultó vencida en el proceso.

Para estos efectos debe tenerse en cuenta que la sociedad Convocante (ALL IN 1 S.A.S.) pagó la totalidad de los Honorarios de los árbitros, el secretario, gastos de funcionamiento y otros gastos, razón por la cual la suma a liquidar por este concepto deberá ser pagada en su totalidad por la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN, en favor de la sociedad ALL IN 1 S.A.S.

Las costas que aparecen causadas y comprobadas en el expediente, son las siguientes:

  1. Honorarios de los árbitros con IVA$10.351.260.
  2. Honorarios del secretario del tribunal con IVA $1.725.210.
  3. Gastos de funcionamiento y Administración del Centro con IVA $1.725.210.
  4. Otros Gastos $198.320.
  5. Agencias en derecho (20% de $252.300.000)$50”440.000
 

Total: $64”440.000.

CUARTA PARTE.- DECISIONES DEL TRIBUNAL

En mérito de las consideraciones expuestas, el tribunal integrado para decidir en derecho las diferencias entre la ALL IN 1 S.A.S., parte convocante, y A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN, parte convocada, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: Declarar que la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACION incumplió de manera reiterada sus obligaciones contractuales emanadas del contrato de arrendamiento celebrado el día 1 de diciembre de 2014, por no pagar en la forma y plazo convenido los cánones de arrendamientos a ALL IN 1 S.A.S.. De esta forma se acoge la Pretensión Segunda de la demanda.

Segundo: Declarar la terminación del contrato de arrendamiento de vehículo o automotor para carga o transporte celebrado el 1º de diciembre de 2014 entre ALL IN 1 S.A.S. y A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN. De esta forma se acoge la pretensión sexta de la demanda.

Tercero: Que como consecuencia de la terminación del contrato de arrendamiento por incumplimiento de la sociedad A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN, ordenar a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN para que dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que quede en firme el presente laudo, restituya a la sociedad ALL IN 1 S.A.S., los diez (10) vehículos entregados en arrendamiento. Dichos vehículos tienen las siguientes placas RNO 871; RNP 135; RNP 508; RNP 548; RNO 863; RN0873; RNO 874; RNO 881; RNP 109 y RNO 854. De esta forma se acoge la pretensión séptima de la demanda.

Cuarto: Condenar a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN a pagar a favor de ALL IN 1 S.A.S., dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que quede en firme el presente laudo, las siguientes sumas de dinero:

4.1. TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($13.200.000), suma equivalente al saldo del canon de arrendamiento del mes de febrero de 2015.

4.2. VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), suma equivalente al canon de arrendamiento del mes de marzo de 2015.

4.3. VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), suma equivalente al canon de arrendamiento del mes de abril de 2015.

4.4. VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), suma equivalente al canon de arrendamiento del mes de mayo de 2015.

4.5. VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), suma equivalente al canon de arrendamiento del mes de junio de 2015.

4.6. VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), suma equivalente al canon de arrendamiento del mes de julio de 2015.

4.7. VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), suma equivalente al canon de arrendamiento del mes de agosto de 2015.

4.8. VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), suma equivalente al canon de arrendamiento del mes de septiembre de 2015.

4.9. VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), suma equivalente al canon de arrendamiento del mes de octubre de 2015.

4.10. VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), suma equivalente al canon de arrendamiento del mes de noviembre de 2015.

4.11. VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000), suma equivalente al canon de arrendamiento del mes de diciembre de 2015.

De esta forma se acogen parcialmente, en los términos de la parte motiva del presente laudo, las pretensiones tercera y cuarta de la demanda.

Quinto: Condenar a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN a pagar, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que quede en firme el presente laudo, a favor de ALL IN 1 S.A.S. al pago de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000), suma equivalente al 15% del valor total del contrato, en proporción a los bienes entregados, contenida en la cláusula penal pecuniaria pactada entre las partes. De esta manera se acoge la pretensión Octava de la demanda

Sexto: Condenar a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN a pagar dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que quede en firme el presente laudo, a favor de ALL IN 1 S.A.S. intereses moratorios sobre las sumas indicada en los numeral Cuarto y Quinto de este acápite, en los términos del artículo 884 de Código de Comercio, a una tasa equivalente al 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, debidamente certificado por la Superintendencia Financiera, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, el 22 de febrero de 2016. De esta manera se acoge la pretensión quinta de la demanda.

Séptimo: Condenar a A.G. CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LIMITADA EN LIQUIDACIÓN a pagar dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que quede en firme el presente laudo, a favor de ALL IN 1 S.A.S. la totalidad de las costas y agencias en derecho, de acuerdo con la parte motiva del presente Laudo, cuyo valor es SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($64.440.000.00) M/CTE.

Octavo: Declarar que no prospera la pretensión primera por las razones expuestas en la parte motiva del presente laudo.

Noveno: Declarar causado el saldo total de los honorarios de los árbitros y del secretario del Tribunal, y ordenar su pago.

Décimo: Requerir a la parte convocante para que proceda a entregar, en el término de diez (10) días, a los árbitros y al secretario, los certificados de las retenciones en la fuente, ICA e IVA realizadas individualmente a nombre de cada uno de ellos.

Decimoprimero: Disponer que el presidente del Tribunal rinda cuentas a las partes de las sumas que estuvieron bajo su cuidado y haga los reembolsos que correspondan de la partida de “Otros” que no haya sido utilizada.

Decimosegundo: Ordenar que por secretaría se expidan copias auténticas de este Laudo con las constancias de ley para cada una de las partes, y copia simple para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Decimotercero: Disponer que en firme esta providencia, se archive el expediente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Notifíquese,

JAIME ANDRÉS VELÁSQUEZ CAMBAS

Presidente del Tribunal

FRANCESCO ZAPPALA SASTOQUE, TULIO CÁRDENAS GIRALDO

Árbitros

NICOLÁS E. LOZADA PIMIENTO

Secretario