Laudo Arbitral

Ángel Jiménez Montoya

v.

Alonso Álvarez Maya, Rafael Arango R.

Diciembre 16 de 1994

Tribunal de Arbitramento

En Santafé de Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), siendo las nueve (9:00 a.m.), procede el tribunal a proferir el laudo, previas las siguientes consideraciones:

I. Antecedentes

Mediante demanda presentada el 21 de octubre de 1993, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ángel María Jiménez solicitó la integración de un Tribunal de Arbitramento tendiente a resolver las diferencias surgidas con Alonso Álvarez Maya y Rafael Arango R. relacionadas con la liquidación de la sociedad Álvarez y Compañía.

El centro de arbitraje, mediante providencia de fecha noviembre 8 de 1993, admitió la solicitud de convocatoria y ordenó la notificación y traslado a los demandados.

Alonso Álvarez Maya, por conducto de apoderado procedió a contestar la demanda, el día 6 de diciembre de 1993.

El señor Rafael Arango R., al desconocerse su paradero, fue notificado por intermedio de curador ad litem, quien una vez posesionado procedió a contestar el día 5 de abril de 1994. Trabada así la litis del centro de arbitraje convocó a las partes a la audiencia de conciliación el día 26 de abril de 1994, sin que las partes hubieran conciliado sus diferencias.

La junta directiva de la Cámara de Comercio en sesión de fecha 13 de abril de 1994, nombró como árbitro único al doctor Jorge Humberto Botero, quien aceptó el cargo dentro del término legal.

Por convocatoria efectuada por el centro de arbitraje, el día 31 de agosto de 1994 se verificó la audiencia de instalación del tribunal habiendo sido nombrado secretario el doctor Jorge Hernán Gil Echeverry.

Integrado en debida forma el tribunal, verificada la consignación total de las sumas decretadas para atender gastos y honorarios, se efectuó la primera audiencia de trámite el día 13 de octubre de 1994.

II. Fijación del objeto del litigio

Desde la primera audiencia de trámite, que es la etapa procesal en donde el árbitro asume sus funciones jurisdiccionales propiamente dichas, el tribunal fijó los alcances del contenido y extensión de la demanda en los siguientes términos:

“El tribunal, en cumplimiento del deber de interpretación de la demanda, encuentra que de los hechos narrados en la misma y de la petición de la liquidación, surge implícita la petición de declarar disuelta la sociedad; todo ello, como es obvio, sujeto a que se prueben los hechos expuestos.

El tribunal asume este deber de interpretación en desarrollo del principio constitucional que señala la primacía del derecho sustancial sobre el procedimental (C.P., art. 228) y en aplicación al principio procesal de la economía procesal consagrado en el artículo 37 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, previniendo de esta forma un fallo inhibitorio que obligaría la iniciación de un nuevo proceso, entre las mismas partes, y para definir el mismo asunto”.

Una vez asumida su competencia, el tribunal se pronunció sobre los recursos pendientes de resolver. Dicho pronunciamiento por considerarse de interés en este laudo, se transcribe textualmente:

“En relación al recurso de reposición impetrado por el apoderado de Alonso Álvarez Maya, que reposa al folio 30 del expediente, el tribunal se abstiene de pronunciarse sobre el mismo, en razón a que carece de competencia funcional por tratarse de un recurso impetrado contra una providencia dictada por el director del centro y dirigido a este mismo funcionario.

En relación a las excepciones previas formuladas por el curador ad litem al contestar la demanda, el tribunal también se abstiene de pronunciarse sobre las mismas en razón a que el artículo 16, numeral 1º del Decreto 2651 de 1991 prohíbe la formulación de excepciones previas en el proceso arbitral de menor cuantía”.

Igualmente, el tribunal, decretó las siguientes pruebas:

A petición del demandante, se aceptaron como pruebas las documentales adjuntadas a la demanda.

Como pruebas de oficio se decretaron las siguientes:

1. Declaración de parte de Ángel Jiménez y Alonso Álvarez Maya.

2. La exhibición del libro de actas de la junta de socios.

3. Se requirió al Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá para que remitiera al tribunal copia auténtica de la providencia mediante la cual se declaró probada la excepción de cláusula compromisoria en el proceso de rendición de cuentas iniciado por el señor Ángel Jiménez contra Alonso Álvarez Maya. El juzgado nunca remitió la copia correspondiente, sin embargo, el tribunal considera que esta prueba no es indispensable por tratarse de un proceso sustancialmente distinto y por haberse probado fehacientemente la existencia del pacto arbitral.

III. La posición de las partes dentro del litigio

La parte demandante solicitó al tribunal que se decrete la liquidación definitiva de la sociedad Álvarez y Compañía. En sus alegatos de conclusión el apoderado de la actora se contrae a afirmar que los socios Jiménez y Álvarez manifestaron no tener animó de continuar como socios, razón por la cual se debe acceder a sus peticiones.

El apoderado del demandado Alonso Álvarez Maya, al contestar la demanda, formuló la excepción de fondo que denominó “inexistencia de causales para la convocatoria”. Sustenta su defensa, en el hecho de que la junta de socios no se ha reunido para debatir lo concerniente a la disolución, razón por la cual no puede hablarse de la existencia de la controversia; requisito indispensable para acudir a la vía arbitral.

En sus alegatos de conclusión reitera que no ha surgido aún la controversia en razón a que lo referente a la disolución no ha sido debatido en reuniones ordinarias o extraordinarias. Afirma igualmente, que ni siquiera existe controversia sobre la liquidación puesto que hubo pleno acuerdo de las partes sobre su realización, tal como consta el acta de junio 12 de 1985.

El demandado Rafael Arango, por intermedio de curador ad litem, al contestar la demanda, formuló la excepción perentoria que denominó “falta de legitimación pasiva del señor Rafae Araújo Rodríguez” (sic), argumentando que este señor no tiene relación alguna con los hechos de la demanda.

En sus alegatos de conclusión, el curador ad litem solicita al honorable tribunal se decrete disuelta la sociedad y se ordene el inicio del procedimiento liquidatorio, pues en su criterio, existen dos causales de disolución debidamente probadas en el proceso.

En concepto del curador ad litem, se está en presencia de una sociedad colectiva civil, siendo entonces, aplicable el artículo 2133 del Código Civil que permite la disolución por el consentimiento unánime de los socios, circunstancia que aparece de manifiesto en las declaraciones de los socios Jiménez y Álvarez presentándose el fenómeno jurídico que la doctrina denomina como el mutuo disenso tácito. Igualmente manifiesta que la falta de afectio societatis genera igualmente la disolución inmediata de la sociedad.

IV. Consideraciones del tribunal

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, el tribunal hace las siguientes consideraciones:

a) La declaración de disolución

Sabido es que la liquidación de la sociedad solamente puede surtirse una vez se haya declarado disuelta esta, razón por la cual el tribunal cumpliendo con sus obligaciones de evitar fallos inhibitorios y la de interpretar la demanda, encontró implícita la petición de disolución.

Ahora bien, pese a que el demandante no invocó causal alguna, el tribunal encuentra acreditada la ocurrencia de la causal segunda del artículo 218 del Código de Comercio, esto es, la imposibilidad de desarrollar el objeto social. Dicha causal se infiere en primer término, del contenido del acta de fecha 12 de junio de 1985, documento que si bien contiene decisiones ineficaces, sirve como prueba indiciaria. Para el tribunal, al contrario de lo que estiman los apoderados, de las partes, al acta mencionada no puede dársele el alcance de plena prueba para dar por cierta la liquidación de la sociedad a partir del año 85. Del contenido del acta se infiere que la reunión se verificó sin previa convocatoria y con la asistencia de únicamente dos de los tres socios, impidiendo así el funcionamiento de la denominada reunión universal de que tratan los artículos 182 y 426 del Código de Comercio. La falta de convocatoria, según lo disponen los artículos 186 y 190 del Código de Comercio origina la ineficacia de la decisión, ineficacia que procede de pleno derecho, sin necesidad de declaratoria judicial (C. Co, art. 897). Sin embargo, es evidente la constancia (no decisión) dejada por los asistentes en el sentido de que para el año 1985, las operaciones de la compañía llevaban mucho tiempo de parálisis, sin posibilidad de ser reanudadas.

En las declaraciones de parte rendidas ante este tribunal; también se ratificó el abandono de las operaciones sociales y el ánimo de los socios de no reanudarlas, según se desprende de las siguientes manifestaciones:

1. Declaración de Ángel María Jiménez:

“Doctor Botero: ¿Cuál es el tipo de relación que usted tiene en la actualidad con sus socios en al sociedad Álvarez y Compañía?.

Señor Jiménez: Ninguno.

Doctor Botero: ¿Desde cuándo y por qué?

Señor Jiménez: Pues con el doctor Arango porque él nunca se dejó ver y con Álvarez hace 10 años por lo menos que no tenemos ninguna relación”.

“Doctor Botero: Don Ángel, tengo una última pregunta que formularle, ¿usted tendría interés en continuar los negocios que constituyen el objeto social de la sociedad Álvarez y Compañía?.

Señor Jiménez: No, de ninguna manera”.

2. Declaración de Alonso Álvarez Maya:

“Doctor Botero: Informe don Alonso al tribunal, ¿qué negocios desarrolla en la actualidad la sociedad Álvarez y Compañía?.

Señor Álvarez: Ninguno, que yo sepa. Yo no he estado informado del movimiento desde hace nueve años más o menos, se hizo como un acta para liquidarla y de ahí para acá no se qué negocios.

Doctor Botero: ¿Tendría usted interés en conservar el vínculo de sociedad que existe en la actualidad con lo señores Rafael Arango y Ángel Jiménez?.

Señor Álvarez: No, no me interesa, desde hace 9 años acordamos, al menos con Ángel Jiménez, liquidar la sociedad se hizo el acta 1 creo de la sociedad”.

Para el tribunal resulta claro que cualquier compañía que abandona sus actividades por más de 10 años, que no realiza operación alguna sea de carácter civil o mercantil y, cuya junta de socios no se reúne ni siquiera una vez al año como lo manda la ley, se encuentra incursa en la casual de disolución referente a la imposibilidad de desarrollar de su objeto social, imposibilidad que si bien no opera como consecuencia de la extinción de la cosa o cosas que constituyen su explotación económica o como consecuencia de la terminación de la misma se produce exactamente los mismos efectos jurídicos.

La falta de animo societatis, el bloqueo de la junta de socios y la parálisis de hecho de las actividades; fenómenos reiterados y prolongados en el tiempo, se repite, originan la disolución de la compañía, como consecuencia de la imposibilidad de desarrollar el objeto social, causal que si los socios no proceden a declarar de común acuerdo, es de competencia de un juez o de un Tribunal de Arbitramento, como lo prevé el artículo 221 del Código de Comercio.

Al respecto ha dicho la doctrina colombiana:

“Dentro de los eventos mencionados, a título de ejemplo, como constitutivos de “imposibilidad de desarrollar el objeto social” llama la atención, por su frecuencia y las graves implicaciones que trae consigo, “el bloqueo” de la asamblea.

Cuando la asamblea no puede funcionar, bien porque no se logra reunir el quórum suficiente para ello o por el equilibrio de fuerzas que impide tomar determinaciones trascendentes en la vida social, y esas circunstancias se presentan como consecuencia de graves diferencias entre los socios sin que exista posibilidad de lograr acuerdos que permitan salvar la situación, parece obvio que el ánimo de asociarse ha desaparecido y resulta, por lo menos prudente, proceder a la disolución de la sociedad.

Encontramos aquí un primer aspecto de tipo práctico y es el de que la ley no contempla la paralización de los órganos sociales como causal de disolución. Tradicionalmente la amplitud de la “imposibilidad de desarrollar el objeto social” ha brindado abrigo a la paralización de los órganos sociales para encajarla allí como casual de disolución”. (Rafael Bernal G. La sociedad anónima en Colombia, Legis, pág. 310).

Resulta interesante la moderna tendencia legislativa a considerar como casual de disolución de las sociedades, el bloqueo de sus organismos; conocido comúnmente en el sistema anglosajón con la expresión deadlock. Esa circunstancia se presenta cuando “una estructura de control permite que una o más fracciones de accionistas bloqueen la actividad de la sociedad, si están en desacuerdo con algún aspecto relacionado con las políticas de la sociedad”.

b) Examen de la excepciones

Respecto a la excepción denominada “Inexistencia de causales para la convocatoria”, el tribunal considera que el hecho de que la junta de socios no se haya podido reunir por más de 9 años, en razón a que los socios no tiene ninguna relación ni ánimo de reunirse, por el contrario evidencia notorias diferencias entre las partes. Igualmente, la tramitación del presente proceso arbitral, la oposición de los demandados y la falta de conciliación, reafirman la existencia de diferencias entre los socios.

La falta de deliberación sobre la disolución de la sociedad, que el apoderado de Alonso Álvarez señala como presupuesto básico para que se pueda entender que efectivamente han surgido diferencias entre los socios, conduce al tribunal a la conclusión contraria. Esto es, que si la junta no se ha podido reunir es precisamente por las diferencias existentes entre los socios, circunstancia que ni siquiera ha permitido deliberar sobre la disolución y liquidación de la sociedad, razón por la cual se acudió a la instancia arbitral. Por las razones expuestas no habrá de prosperar la excepción.

En cuanto a la excepción denominada falta de legitimación pasiva, tampoco está llamada a prosperar. Basta mirar el certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, obrante a los folios 6 y 7 del cuaderno principal, para encontrar que Rafael Arango R. es socio de la compañía con un capital nominal de $ 60.000. El anterior certificado igualmente sirve de prueba para inferir que se está en presencia de una sociedad mercantil debidamente inscrita y matriculada como comerciante, habiéndosele asignado el número de matrícula 63441 precisamente porque en su objeto social se prevé el desarrollo de operaciones mercantiles.

c) El alcance del fallo

Acorde con las pretensiones de la demanda y la interpretación de su contenido realizado por el tribunal, en concordancia a lo previsto en los artículos 221 del Código de Comercio y 630 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones del tribunal no pueden ir más allá de la declaratoria de disolución de la compañía y la consecuente orden de liquidarla, en razón a que el presente laudo equivale a la sentencia ejecutoriada de que trata el precitado artículo 630. Dicha norma igualmente preceptúa que de oficio se ordene la inscripción del laudo en el registro mercantil y la publicación de la parte resolutiva en un periódico de amplia circulación en la ciudad de Santafé de Bogotá, lo cual dispondrá el tribunal.

Parte resolutiva

En merito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Decrétase la disolución de la sociedad colectiva denominada Álvarez y Compañía, por la imposibilidad de desarrollar su objeto social.

2. Ordénase la liquidación de la sociedad colectiva Álvarez y Compañía, en los términos previstos en la ley y los estatutos.

3. Declárase no probada la excepción denominada: “Inexistencia de las casuales para la convocatoria” impetrada por el apoderado de Alonso Álvarez Maya.

4. Declárese no probada la excepción denominada “Falta de legitimación pasiva, impetrada por el curador ad litem de Rafael Arango R.

5. Ordénase el registro del presente laudo, ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

6. Ordénase la publicación de la parte resolutiva de este laudo en un periódico de amplia circulación en la ciudad de Santafé de Bogotá.

7. Por costas del proceso y agencias en derecho, condénase a los demandados Alonso Álvarez Maya y Rafael Arango R. pagar por partes iguales en favor de Ángel Jiménez Montoya, las siguientes sumas de dinero:

1. Honorarios y gastos de administración del tribunal: $ 75.000

2. Honorarios a favor del curadorad litem: $ 50.000

3. Agencias en derecho: $ 50.000

8. Protocolícese el expediente en una notaría de Santafé de Bogotá, una vez ejecutoriado el laudo.

Notifíquese y cúmplase.

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