Laudo Arbitral

Aníbal Franco Gómez

v.

Caja de la Vivienda Popular

Noviembre 30 de 1978

Audiencia de fallo

En Bogotá, a los treinta días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y ocho (1978), a la hora de las dos de la tarde, se reúnen en las oficinas de la Caja de la Vivienda Popular, acordadas como lugar de funcionamiento del Tribunal de Arbitramento que ha de dirimir las diferencias surgidas entre el ingeniero Aníbal Franco Gómez y la Caja de la Vivienda Popular, los árbitros, abogados Jorge Cardoso Isaza, Miguel Antonio Cárdenas y Jairo Vallejo Moreno, los apoderados de las partes, doctores Humberto Gama de Prieto y Luis Carlos Rangel Franco, para la realización de la audiencia de fallo señalada mediante providencia proferida en la audiencia efectuada el día siete de los corrientes. Los árbritos se constituyeron en audiencia en asocio de la secretaria del tribunal, doctora Luz Inés Sandoval E., quien procedió a dar lectura al siguiente:

Laudo arbitral

En el acta de designación de árbitros fechada el día seis (6) de junio último, visible al folio 16 y siguientes del cuaderno principal, las partes sometieron por escrito las diferencias materias del arbitraje, las cuales fueron transcritas en lo pertinente a la referida acta, en la siguiente forma:

La caja sometió a la consideración de los árbitros, las siguientes diferencias:

“1. Con base en los informes periódicos rendidos por nuestro interventor en desarrollo de la ejecución del contrato 3285 suscrito con el contratista Aníbal Franco Gómez, para la construcción de las viviendas allí especificadas, se constató que algunas de ellas presentan agrietamiento.

Tal circunstancia se manifestó al contratista por parte de nuestro subgerente técnico, para que al tenor de los consignado en las cláusulas contractuales capítulo III, artículos 3.12 y 3.14, se procediera por parte de este a la reparación de las viviendas.

El contratista sostiene que no está en la obligación de proceder a la reparación de las viviendas agrietadas, pues los estudios de suelos que le fueron entregados los realizó una firma diferente y en consecuencia ello le exime de responsabilidad, pues construyó de acuerdo a especificaciones suministradas por la Caja.

No obstante el capítulo III del contrato, Obligaciones del contratista, en su artículo 3.03 es claro a este respecto, a más de que el artículo 2060 del Código Civil señala la responsabilidad del empresario o contratista.

En síntesis, el contratista Aníbal Franco Gómez ha sido renuente en dar cumplimiento a las estipulaciones contractuales y legales que son sumamente claras y lo obligan a satisfacer nuestra petición. Las casas que según el informe de interventoría presentan fallas son los siguientes:

Manzana 52 casa para demoler: 19.

Manzana 52 casa para reparar: 06.

Manzana 53 casas para reparar: 28, 41, 42, 48 y 63.

Manzana 54 casas para demoler: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 14.

Manzana 55 casas para demoler: 51, 52, 54, 55, 64, 65, 72.

Manzana 55 casas para reparar : 63, 76, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 78, 07, 25, 35.

2. El contrato 3285 tiene previsto como fecha de iniciación diciembre 10 de 1976 y mayo 9(sic) de 1977 para su terminación.

En su capítulo IX, artículo 9.01 - Modificaciones del plazo, se prevee la aplicación del plazo en la forma allí estipulada.

Así mismo el capítulo VIII, artículo 8.01 del mismo contrato señala el reconocimiento por parte de la entidad de los reajustes a que tiene derecho el contratista, y expresamente dice que la cantidad de obra a tener en cuenta para tal efecto será aquella ejecutada dentro de cada período y de acuerdo con el programa de trabajo presentado por el contratista, que forma parte de dicho contrato.

Iniciada la ejecución del contrato y ante la imposibilidad para el contratista de cumplirlo en el plazo inicial pactado por causas no imputables a él, se concedieron tres (3) prórrogas sucesivas, que suponían la elaboración de un nuevo programa de trabajo para la obra faltante a ejecutar en cada uno de los lapsos que comprendían las prórrogas.

Quiere ello decir, que de acuerdo al capítulo VIII, artículo 8.01 del contrato que la entidad quedaba obligada a reconocer los reajustes por la obra faltante a ejecutar dentro de los períodos de cada prórroga, de acuerdo al nuevo programa de trabajo en forma separada, con prescindencia del programa inicial de trabajo que no fue agotado en el plazo previsto, pues la obra ejecutada anteriormente ya había sido reajustada en su oportunidad.

El contratista por su parte en su liquidación final para el reconocimiento de los reajustes, con desconocimiento de lo pactado en el programa inicial, en vez de considerar este y las prórrogas sucesivas en forma separada reprograma el total de la obra, obteniendo reajustes globales mayores a los reales.

Ahí radica la diferencia entre la liquidación presentada por el contratista y la nuestra que en términos numéricos arroja los siguientes cómputos:

“Contratos 3285 liquidación CVP. Reajuste $ 708.405.47.

Contrato 3285 liquidación AFG Reajuste $ 1.091.436.64”.

Por su parte el ingeniero Aníbal Franco Gómez somete a la consideración del tribunal los puntos que se desprenden de los hechos relacionados por su apoderada, doctora Beatriz Mutis Vargas, en el escrito correspondiente, así:

“1. La Caja de la Vivienda Popular y el ingeniero Aníbal Franco Gómez, celebraron el contrato de obra 3285 del 9 de diciembre de 1976”.

“2. La Caja de la Vivienda Popular seleccionó al ingeniero Aníbal Franco Gómez y le adjudicó la licitación internacional 01076 CVP. Piduzob subprograma 4. habitacional con el exclusivo objeto de “Construcción de obras de urbanismo faltantes para 310 lotes 306 soluciones unifamiliares y 2 viviendas transitorias II sector, 3ª etapa, Las Guacamayas”.

“3. El programa de trabajo acompañado a la licitación fue modificado de común acuerdo por las partes contratantes por solicitud de la Caja de la Vivienda Popular —subgerencia técnica— al no estar concluidas oportunamente las obras de urbanismo, por las siguientes causas:

a) No haberse efectuado la entrega de obras de urbanismo indispensables a cargo del contratista Ariel Vega Luna; y,

b) Ausencia de licencia de construcción que debía conceder el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y que solo en forma provisional fue otorgado el 13 de julio de 1977;

“4. Parte del terreno no le fue entregado por la CPV al contratista ingeniero Franco Gómez a la iniciación de la ejecución del contrato, como tampoco la totalidad de los planos de construcción”.

“5. Sin la realización de las obras ni la entrega de los terrenos y documentos anteriormente enunciados, mi poderdante no podía iniciar ni adelantar parte de la obra, ni concluir a satisfacción la totalidad de la misma”.

“6. Además de los expuesto la CVP ordenó al ingeniero Franco Gómez la realización de obra adicional cuando se adelantaba la iniciación de la ejecución del contrato. Esa obra adicional fue aprobada por la entidad contratante y ... (sic) valor total con sus respectivos ajustes”.

“7. Los hechos consignados en los numerales ... (sic), imputables a la CVP determinaron tres sucesivas prórrogas del plazo para la entrega de la obra por el contratista Aníbal Franco Gómez, con vencimiento el 22 de septiembre de 1977”.

“8. Mi representado, el día 22 de septiembre de 1977 intuyo pronto a efectuar la entrega de la obra pactada, estaba totalmente concluida; a excepción del servicio interno de agua para las casas. Servicio imposible de obtener por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado por cuanto que este no lo autorizaba por no haber recibido la red matriz de agua y alcantarillado de las obras ... (sic) que realizó para la CVP el contratista Ariel Vega”.

“9. El 20 de diciembre de 1977 la CVP recibió del ingeniero Aníbal Franco Gómez la obra objeto del contrato y ... (sic) su satisfacción. En tal momento las casas no contaban con el servicio interno de agua, por que la CVP no había hecho a satisfacción las obras que debía aprobar el acueducto para conceder la licencia de conexiones domiciliarias de agua habiendo resultado por ella infructuosa la actividad del contratista para obtener esos servicios”.

“10. Mi poderdante ingeniero Franco Gómez recibió comunicación fechada el 2 de marzo de 1978 emanada de la CVP en la cual se le ordenaba proceder a la reparación de las siguientes casas (sic) manzana 52 casa, 19; manzana 54; casas 2, 3, 4, 5, 6; manzana 55, casas 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64 y 65 por presentar agrietamientos según lo manifestado en dicha comunicación”.

“11. A la comunicación del 2 de marzo de 1978, el ingeniero Aníbal Franco Gómez dio respuesta solicitando a la CVP establecer la causa de las grietas presentadas en las casas referidas, ante el convencimiento absoluto de haber realizado la obra de conformidad con las especificaciones, cantidad y calidad de la obra licitada, contratada y ordenada en forma adicional por la CVP y en armonía con el capítulo III, artículo 3.12—Estabilidad, que limita la responsabilidad a mala construcción o defecto de los materiales. Siendo del caso considerar que los materiales principales, como ladrillo y tejas, fueron suministrados por la CVP para la construcción de las casas”.

“12. El ingeniero Aníbal Franco Gómez pactó con la CVP en el contrato 3285, exclusivamente, la construcción (levantamiento de 306 viviendas unifamiliares y 2 viviendas transitorias). Este contrato no incluyó la realización de estudio de suelos, diseños, planos arquitectónicos, cálculos estructurales y otras que fueron de contratación o de diseño por la CVP con otras firmas especializadas o con su personal matriculado de planta, en forma previa al contrato 3258 y como base para la realización de este último; y que, necesariamente, debieron ser recibidas a satisfacción y canceladas”.

“13. A causa de las prórrogas por hechos atribuibles a la CVP y la mora de esta en recibir la obra, mi poderdante hubo de hacer gastos de vigilancia en dos (2) turnos diarios, a pesar de lo cual la rotura de vidrios, el robo de tuberías para agua y luz, inodoros, puertas, tomas eléctricas, marcos de puertas, de ventanas, daños en puertas, etc., era frecuente. De ello son pruebas las comunicaciones de la CVP inventariando los objetos faltantes que ya habían sido colocados. Así, a pesar de la vigilancia y cuidado del contratista, por cuenta suya reemplazó los objetos sustraídos y dañados, frecuentemente, en forma dolosa”.

“14. Durante todo el tiempo de la ejecución del contrato y hasta la fecha de recibo por parte de la CVP de la obra realizada por el ingeniero Aníbal Franco Gómez, este tuvo todo el personal necesario al servicio de la misma y para satisfacer las exigencias accesorias de la entidad contratante, insistiendo en las gestiones infructuosas ante la Empresa de Acueducto y prolongación pólizas”.

“15. Hasta la fecha y con serio perjuicio económico para mi poderdante no se ha realizado la liquidación definitiva del contrato. Por razón de reajustes discriminado en los anexos que acompaño la CVP debe a mi poderdante la suma de $ 1.301.424.21 sin incluir las sumas retenidas con sus respectivos intereses, gastos de administración e intereses de mora en el pago de las cuentas de y gastos de pólizas tribunal”.

“De conformidad con lo anterior solicito que el tribunal decida:

1. Decretar el valor de reajuste de materiales y de la mano de obra de conformidad con el criterio establecido por la CVP para el pago de reajuste de las obras adicionales o en subsidio se ordene el traslado al contratista Aníbal Franco Gómez el valor del reajuste que la CVP viene recibiendo del BID o el ICT en su contrato P3-031/77.

2. Reconocer el valor de los gastos de administración hasta la fecha de recibo de la obra, contados a partir del 20 de mayo de 1977, vencimiento del contrato.

3. Declarar que el ingeniero Aníbal Franco Gómez no está obligado a subsanar a su costa los daños presentados en las viviendas siguientes: manzana 52, casa 19; manzana 54, casas 2, 3, 4, 5, 6; manzana 55, casas 51, 52, 53, 54, 55, 63, 64 y 65; (sic) cualquier otra por causas iguales o similares y/o en aquellas que la CVP presentó al tribunal.

4. Realizar la liquidación del contrato determinando las sumas que sale a deber la CVP al contratista Aníbal Franco Gómez y liquidar los intereses de mora de acuerdo con la tasa bancaria por las sumas adeudadas desde el 22 de septiembre de 1977.

5. Declarar a cargo de la CVP los costos, gastos y honorarios del tribunal y fijar las correspondientes al abogado”.

Los puntos anteriores fueron adicionados por el apoderado de la CVP en la audiencia llevada a efecto el día diez (10) de julio último, acogiéndose al derecho que la ley otorga en tal sentido a la parte que no ha perdido el arbitramento, en la siguiente forma:

“Con venia de ustedes, y los señores árbitros quiero someter a consideración de ustedes una carta debidamente autenticada, enviada por el doctor Aníbal Franco, con fecha de mayo 8 de 1978, 105, de donde se concluye que fue el doctor Franco Gómez quien solicitó que se convocara el Tribunal de Arbitramento previsto en el capítulo XII del contrato 3285, en consecuencia con base en el numeral 2º del artículo 671; como evidentemente este arbitramento obedece a una cláusula compromisoria debidamente consignada en el contrato, me permito solicitar al tribunal que amplié su decisión al siguiente aspecto: En primer término me permito entregar debidamente autenticado el contrato 3285 base de la controversia, con base en él me permito hacer las siguientes consideraciones: en el capítulo I Objeto del contrato artículo 1.01 claramente se establece que el presente contrato estará de acuerdo con los términos de la licitación internacional 010 de 1976, quiere decir ello, que forman parte de este contrato los anexos propios de la licitación y concretamente el documento de instrucciones para la presentación de la propuesta que se encuentra debidamente autenticado; en su numeral 3º concretamente se dice: “queda entendido que el contratista se compromete a diligenciar tanto el recibo de las obras como las instalaciones de agua y luz, por consiguiente las obras se considerarán terminadas cuando dichos servicios estén instalados y en perfecto funcionamiento. Entrega de las obras contratadas listas para ser utilizadas con sus miras a ejecutar todos los capítulos contenidos en el pliego de cargos hasta su total terminación cualquiera que sea la cantidad real de la obra que resulte y dentro del plazo establecido, se entiende dentro de esta empresa los de servicios de agua y luz instalados y en perfecto funcionamiento. En conclusión y con base en los documentos que me permito adjuntar, solicito al tribunal que amplié su competencia para que estudie este aspecto dentro de la controversia que nos ocupa. La obligatoriedad para el contratista Franco Gómez de acometer las obras de agua con sus respectivas redes domiciliarias; porque en lo que toca a los contratistas, concretamente el doctor Franco cumplió con esa obligación pero no en las redes domiciliarias de las instalaciones de acueducto. Dejo a los señores miembros del tribunal y a su presidente que se pronuncien al respecto”.

De acuerdo con todo lo anteriormente trascrito el tribunal entiende que debe pronunciarse sobre los siguientes puntos:

Primero. Si el ingeniero Aníbal Franco Gómez está o no obligado a demoler o reparar, según el caso, las casas relacionadas por el apoderado de la CVP al expresar las cuestiones objeto del arbitramento, relacionadas precedentemente, casas que fueran construidas por el mencionado ingeniero en desarrollo del contrato 3285 que suscribió con la CVP.

Segundo. Si la Caja de la Vivienda Popular está o no obligada a pagar reajustes por precios de materiales y de mano de obra al ingeniero Aníbal Franco Gómez y en caso afirmativo si dichos reajustes deben efectuarse sobre las bases tomadas al efecto por la Caja o sobre las determinadas por el citado ingeniero, y, ... (sic), si debe trasladarse a este el valor del reajuste que la Caja está recibiendo del DID o del ICT en su contrato P3-031/77.

Tercero. Si la Caja de Vivienda Popular está o no obligada a reconocer al contratista Aníbal Franco Gómez gastos de administración desde la fecha prevista en el contrato para la terminación de la obra —mayo 20/77— hasta la fecha de recibo de la misma.

Cuarto. Si el contratista está obligado o no a cometer las obras de acueducto con sus correspondientes redes domiciliarias lo mismo que el diligenciamiento del recibo de dichas obras por parte de la Empresa de Acueducto y si las obras pactadas en el contrato solo se pueden considerar terminadas cuando el servicio de acueducto está instalado y en perfecto funcionamiento.

Quinto. Qué cantidades adeuda la Caja, si es que está obligada, al ingeniero Aníbal Franco Gómez y si, en caso afirmativo, le adeuda intereses de mora, desde cuándo y a qué tasa debe liquidarse.

Sexto. A quien corresponde pagar las costas del proceso arbitral.

Para resolver considera:

Primero. “Contiene el libro 4º del Código Civil —dice la Corte— en su título 13, un tratado sobre interpretación de los contratos, que se distingue por su unidad y sabiduría, no es razonable seguir en la interpretación de los contratos el método exegético, o sea el análisis sucesivo de sus cláusulas, olvidándose de que en todo acto de voluntad hay siempre un pensamiento principal, generador y lazo de unión de las varias cosas sobre que el acto recae. El estudio aislado de las disposiciones contractuales, como si cada una de ellas se bastara a sí misma, confunde al intérprete e impide la concordia entre los diversos puntos. Las cláusulas han de interpretarse unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor cuadre con la naturaleza del contrato y que más convenga a este en su totalidad. Solo así es posible aprehender la idea dominante de las partes y construir con sus palabras una figura” (Cas. 2, ago. 1935, XLII, 343).

En este caso el contrato de construcción celebrado entre la Caja de la Vivienda Popular y Aníbal Franco Gómez, distinguido con el 3285, ha de interpretarse tomándolo conjuntamente con los documentos que de acuerdo con lo pactado por las partes se tuvieron como parte integrante de él. Tales documentos son los siguientes:

“ART. 1.02 ...1. El presente documento. 2. Las adendas (sic) suministradas por la Caja antes del cierre de la licitación. 3. La propuesta presentada por el contratista y sus aneros (lista de precios básicos y análisis de precios unitarios). 4. Las condiciones particulares del contrato. 5. Las especificaciones particulares de construcción de las obras motivo del contrato. 6. Los planos de obra utilizados en la licitación. 7. Las especificaciones generales de construcción, tanto de la Caja y el Distrito, como de las empresas distritales correspondientes. 8. El programa detallado de trabajo elaborado por el contratista con base al presente con la propuesta y aprobado por la Caja. 9. Los documentos y planos que se produzcan durante la vigencia del contrato”.

El tribunal ha de examinar entonces todos y cada uno de los documentos mencionados, al igual que las demás pruebas presentadas por las partes, para determinar cuáles son todas y cada una de las obligaciones recíprocas que fueron presentadas como cuestiones materia del arbitramento.

De acuerdo con el artículo 3.01 del documento contentivo del contrato celebrado entre la Caja de Vivienda Popular y el ingeniero Aníbal Franco Gómez, este último estaba obligado a construir a su costa la obra a cuya cantidad y valor total se enumeran en el mismo contrato, de acuerdo con las planchas del proyecto y especificaciones particulares y generales elaboradas por la Caja, planchas y especificaciones que hacen parte del contrato como anexos y que, según allí mismo se expresa, fueron examinados por el contratista, quien además manifestó conocer las condiciones locales y el sitio donde se irían a ejecutar los trabajos, su localización, la naturaleza de los mismos, la conformación de los terrenos y demás circunstancias locales y generales.

En el mismo documento se expresa, igualmente, que la obra debe ser ejecutada en un todo de acuerdo con los términos de la licitación internacional 010/76. Y a su vez, en dicha licitación (fl. 3 cdno. de pbas. de la Caja), se dice que “Todas las obras deberán adelantarse de acuerdo con los planos y especificaciones suministrados por la Caja de la Vivienda Popular y con sujeción a las normas que para tal efecto tengan o dicten tanto el Distrito Especial de Bogotá, como las empresas de servicios correspondientes.

Pone de presente el tribunal que tanto el artículo 1.02 del contrato, como el 3.01, hacen mención expresa a la circunstancia de ser obligación del contratista la de ajustarse a las especificaciones generales y particulares elaboradas por la Caja.

Pues bien: Las especificaciones particulares de construcción previstas para la licitación 010/76, relativas a las viviendas unifamiliares tipo C, D, E, y F a las viviendas transitorias, en relación con la cimentación, son las siguientes:

a) En relación con la primera clase: “La cimentación se construirá en un todo de acuerdo con los detalles consignados en los planos correspondientes, tanto de diseño arquitectónico como de estudio de suelos” (fl. 37, cdno. de pbas. del contratista); y,

b) Respecto de la segunda clase:”El terreno se entrega descapotado y conformado con una pendiente uniforme promedio del 15% a partir de la cual el contratista deberá efectuar los cortes y rellenos necesarios para construir los cimientos y pisos a los niveles consignados en los planos”. (fl. 33, cdno. de pbas. del ing. Francisco Gómez).

No ha probado la Caja de la Vivienda Popular el hecho de haber entregado al contratista el estudio de suelos que de acuerdo con lo anterior debería haberle entregado y en cambio este último afirma que la Caja no suministró ninguno. Para desvirtuar esa afirmación del contratista, la Caja ha debido probar al tribunal la entrega de dicho estudio al contratista. Pero se limitó a presentar la fotocopia del realizado en julio de 1976 por el ingeniero Víctor Romero M., relativo no al grupo de casas que fueron objeto del contrato celebrado con Aníbal Franco Gómez sino a otras diferentes, a juzgar por la referencia que en él se hace (segunda etapa primer sector), que difiere de la mencionada en el referido contrato (tercera etapa del segundo sector).

Con posterioridad a la realización del mencionado estudio de Víctor Romero, la Caja contrató con el ingeniero Ariel Vega Luna (contrato 3280 visible a fl. 137 cdno. de pbas. de Francisco Gómez) la completa adecuación de 896 lotes de terreno, destinados a las casa que habrían de construirse en la urbanización “Las Guacamayas”, en 396 de dichos lotes debía ejecutar el ingeniero Aníbal Franco Gómez la obra de construcción de vivienda que contrató con la Caja. Es enteramente previsible y además cierto que Vega Luna debía entregar a la Caja, completamente adecuados para la construcción los lotes objeto de su contrato. En estos lotes la Caja ha debido hacer pruebas de compactación de terreno, pues precisamente la adecuación de los lotes contempla, como es obvio ese aspecto esencial.

(sic) sin embargo, como puede establecerse con la lectura del dictamen de los peritos designados por el tribunal para determinar, entre otros, el grado de compactación del terreno para la fecha en que Aníbal Franco Gómez debía iniciar su trabajo, tal cosa no ocurrió. Así lo expresaron los peritos; “La especificación para los rellenos contratados con el ingeniero Ariel Vega Luna según el contrato se rigen por las normas establecidas por la Secretaría de Obras Públicas del Distrito, y hemos sido informados por el doctor Daniel González, subgerente técnico de la CVP que no se hicieron pruebas de compactación durante el desarrollo del contrato con el doctor Vega, para controlar el trabajo de compactación de los rellenos, requisito indispensable para poder juzgar sobre la compactación de un relleno, de ahí el resultado de todos los agrietamientos que hemos descrito en el numeral dos de este informe” (fl. 6, cdno. de pbas. conjuntas). La afirmación del doctor González Putnam trascrita por los peritos, no ha sido desvirtuada.

De lo dicho hasta aquí se concluye que la Caja asumió directamente los riesgos que pudiesen provenir para la construcción de la capacitación del terreno, al no haber practicado un estudio de suelos, inclusive posterior a la adecuación de los lotes efectuada por el ingeniero Vega Luna, o al menos al dejar de practicarlas pruebas de compensación relativas al contrato ejecutado por este. Ese riesgo asumido por la Caja solo la compromete a ella y no puede generar obligación admisible en contra de Aníbal Franco Gómez por tal concepto.

Resta por establecer si los agrietamientos obedecen a deficiencias en la construcción o a defectos en al compactación del terreno. Así se expresan los peritos:

“De acuerdo con la inspección ocular hecha a cada una de las casas que presentan agrietamientos, conceptuamos que los materiales utilizados en cada una de ellas son de características similares a los materiales específicos en el contrato de construcción”.

“Los agrietamientos presentados en las casas anteriores enumeradas, son debidos al hecho de haber apoyado la cimentación sobre un relleno deficientemente compactado, que ha venido consolidándose, influenciado especialmente por acción de las aguas superficiales, dando origen a los fenómenos descritos en el numeral 2º de este informe. Debemos anotar que no fueron tenidas en cuenta las recomendaciones del estudio de suelos del ingeniero Víctor Romero de fecha 28 de julio de 1976”.

Ya vimos que dicho estudio no fue entregado a Aníbal Franco Gómez, por una parte, y por otra, que ha debido ser tenido en cuenta, en primer término por el ingeniero Ariel Vega Luna, por ser quien ejecutó la adecuación de los lotes.

En relación don la aplicación que debe dar el tribunal al numeral 3º del artículo 2060 del Código Civil debe ponerse de presente que solo es aplicable en la misma medida en que se refiera a puntos no regulados por otras cláusulas contractuales, pues el contrato, en cuanto a sus estipulaciones generales, debe primar sobre la norma legal, por ser esta supletoria de la voluntad de las partes. Es por eso que el examen del punto que ahora se estudia lo inició el tribunal con el estudio de las estipulaciones contractuales.

Ese artículo no resulta aplicable a su integridad al caso que se debate, en razón de que en la cláusula 3.12 del contrato se restringe su campo de aplicación a defectos provenientes de mala construcción o defectos de los materiales, cuestiones ambas que no guardan relación con los agrietamientos presentados por las viviendas construidas por Franco Gómez. Dichos agrietamientos como ya se expresó, provienen del vicio del suelo, imprevisible por el contratista, habida cuenta de que la Caja tiene personal técnico que ha debido establecer el grado de compactación antes de contratar con aquel y de exigirle que cumpliera estrictamente las especificaciones de los planos arquitectónicos, puesto que la adecuación de los lotes la contrató previamente con otro ingeniero. Distinto sería el caso de que la Caja hubiese contratado toda la construcción, estudio de suelos, planos, diseño arquitectónico, con el ingeniero Franco Gómez. Lo cierto es que no puede imputarse a este las resultas de haber ... (sic) la Caja las pruebas de compactación en los lotes que había (sic) adecuar para entregarlos al constructor, porque sería derivar en contra suya responsabilidad por un hecho ajeno.

En tales condiciones considera el tribunal que se puede prosperar la presentación de la Caja consistente en que Aníbal Franco Gómez demuela o repare las viviendas a las cuales se hizo referencia en la primera parte de este laudo.

Segundo. El contratista y la Caja, en el capítulo VIII del contrato, convinieron reajuste a favor del último de precios unitarios de materiales por razón de aumento en los precios de estos y de la mano de obra, por variación del jornal básico. Dichos reajustes debían ser reconocidos al contratista en la forma como en dicho capítulo se estipula, a saber:

1. El reajuste de materiales sería reconocido sobre la cantidad de obra ejecutada dentro de cada período y de acuerdo con el programa de trabajo respectivo.

2. La obra no realizada dentro del período correspondiente según el programa de trabajo, no tendría reajuste alguno. Y la obra ejecutada por adelantado con relación al programa de trabajo, sería descontada, para ser reajustada de acuerdo con los índices que correspondieran al período que conforme al programa de trabajo citado correspondieran.

3 El reajuste de precios de mano de obra sería reconocido cuando por disposición legal se modificara el salario mínimo para los trabajadores de la construcción en Bogotá, en fecha posterior a la adjudicación del contrato. Dicho reajuste se aplicaría a la cantidad de obra por realizar, a partir de la fecha de la vigencia de la norma legal que modificara el salario mínimo citado.

Para liquidar los reajustes convenidos se estipularon los últimos días de cada mes, comenzando por diciembre 31 de 1976, y terminando en mayo 31 de 1977. A efecto de liquidar los reajustes se convino en que cada uno de los últimos días de cada mes estipulado, se haría un corte de obra realizada, el cual, suscrito por la Caja y el contratista, serviría de base para efectuar la correspondiente liquidación.

Como quiera que los contratos bilaterales envuelven una interrelación de las respectivas obligaciones, hasta el punto de que según el artículo 1609 del Código Civil “Ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumpla por su parte”, resulta evidente que para poder suscribir los cortes de la obra estipulados el contratista Franco Gómez debía ejecutar lo correspondiente al respectivo programa de trabajo, puesto que se había convenido que lo no realizado dentro del período correspondiente según dicho programa no tendría reajuste alguno. En otros términos, Franco Gómez, para poder reclamar reajuste, debía ejecutar, dentro del período correspondiente, o sea dentro del término que expiraba al final de cada mes, el programa de trabajo que a dicho período correspondiese. De lo contrario no habría lugar a ningún reajuste.

Pero sucede que la Caja no hizo entrega oportuna al contratista de buena parte de los lotes en los cuales este debía ejecutar la construcción; y esa circunstancia hizo que, a su vez, el contratista no pudiese cumplir adecuadamente con el respectivo programa de trabajo, en la forma como se había entregado en la licitación. Fue necesario, por solicitud de la subgerencia técnica de la Caja, que el contratista fraccionara el primitivo programa de trabajo pero con posterioridad a la suscripción del contrato y a la adjudicación elaborando dos nuevos programas: uno para la construcción de las casas tipo C, una (1) vivienda transitoria, obras de urbanismo y red eléctrica, en las manzanas 52, 53 y 54 y otro programa diferente para la construcción de 153 casas tipo C, una vivienda transitoria, ... (sic) de urbanismo y red eléctrica en las manzanas 55 y 56 (fl. 71, cdno. de pbas. del ing. contratista).

Además la Caja tampoco hizo entrega oportuna al contratista de los planos de construcción, tal como puede comprobarse en comunicación suscrita por este con fecha 25 de enero de 1977, ... (sic) a folio 187 de su cuaderno de pruebas, la cual no ha sido ... (sic) en el cuaderno en el proceso de la Caja. En la misma nota y ya desde la fecha el contratista advierte a la Caja que tal proceder determinará un retraso por parte suya en el programa de trabajo, el cual, como ya se dijo, había tenido que ser fraccionado, en razón de no encontrarse terminadas las obras de urbanismo que habían sido contratadas por la Caja con el contratista Ariel Vega Luna.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 23 de marzo de 1943, LV, 71, al determinar los alcances y efectos de la (sic) de contrato no cumplido acogió el criterio expuesto por Planiol y Ripert, conforme al cual “No podrá negarse al cumplimento aquel que por un acto de que es responsable haya impedido al deudor el cumplimiento de su obligación o que haya justificado con su incumplimiento la negativa de este a cumplir”.

Siendo así que los reajustes fueron estipulados en el contrato para fechas ciertas (los últimos días de cada mes de dic. de 1976 a may. de 1977) y que dichos reajustes debían liquidarse sobre obra ejecutada “y de acuerdo con el programa de trabajo”, y teniendo en cuenta que dicho programa no pudo ser cumplido por el contratista por hechos no imputables a él y sí a la Caja, como fue la no entrega por parte suya de los lotes debidamente adecuados y de los planos de construcción, mal puede pretenderse que los reajustes se hagan tomando como fechas para efectuar las estipuladas en el contrato, pues dichas fechas guardan directa relación con la obra ejecutada y con el programa de trabajo, y ya vimos cómo este último tuvo que ser variado y cómo, además, no pudo ser ejecutado desde un principio por el contratista, debido a que la Caja no le hizo entrega oportuna de los planos de construcción, aun a pesar del mencionado fraccionamiento.

La Caja, para liquidar los reajustes estipulados en el contrato tomó las fechas en él estipuladas, sin tener en cuenta que el contratista había sufrido retrasos en su programa de trabajo por causas imputables a ella. Fue así como elaboró las actas visibles a folio 215 a 224 del cuaderno de pruebas conjuntas.

Por su parte, el contratista, tomó como fechas para la liquidación de los reajustes las actas de recibo de obra, tal como parece a folios 206 a 214 del mismo cuaderno. Pero toma como índice para liquidar el reajuste el correspondiente al último día del mes en que tuvo lugar el recibo de la obra ejecutada, sin considerar que en algunos de ellos dicho índice, desde la fecha en que se entregó la obra hasta el último día del mes correspondiente, había variado, alcanzando algunos puntos más.

Por otra parte el valor de los materiales objeto del reajuste difiere apreciablemente —más de dos millones de pesos en total— entre los tomados como base por la Caja y los considerados para el mismo efecto por el contratista.

Es indiscutible que por estar pactados en forma expresa el contratista tiene derecho a que se le liquiden y paguen por la Caja los reajustes de materiales y mano de obra previstos. Pero como quiera que el tribunal carece de bases para liquidarlos, por las razones anteriormente anotadas, ha de reconocer al contratista su derecho para que la liquidación del monto correspondiente se haga (sic) esa posterioridad al laudo, tal como lo previene la ley.

Tercero. Pide el contratista que la Caja le reconozca gastos de administración desde la fecha prevista en el contrato para la terminación de la obra —mayo 20/77— hasta la fecha de recibo de la misma.

Se observa, que la última de las prórrogas estipuladas venció el día 22 de septiembre de 1977 (fl. 15, cdno. de pbas. de la CVP) y que la Caja de la Vivienda Popular solo suscribió el acta de recibo final de obra hasta el día 20 de diciembre de 1977, pese a que existen en autos fotocopias de comunicaciones dirigidas por el ingeniero Aníbal Franco y por el jefe de obras del mismo, Marco Fidel Franco (fls. 198 a 204, cdno. pbas. Franco Gómez) dirigidas al gerente de la Caja, en las cuales solicita que la obra le sea recibida, y a su vez, existen otras comunicaciones de la Caja en las cuales se expresa que no se recibe la obra por no estar completamente concluida. No puede el tribunal determinar, realmente, la fecha en la cual quedaron definitivamente concluidas las casas. Pero lo cierto es que sucedió un intervalo entre las comunicaciones de ambas partes y el recibo final de la obra, durante el cual estuvo esta a cargo del ingeniero Franco Gómez, quien para conservarla tuvo que efectuar gastos de administración, cuya cuantía no ha sido debidamente comprobada.

Con todo debe tenerse en cuanta que la última acta de entrega de obra lleva fecha 12 de noviembre de 1977 y que el acta de recibo final lleva fecha 20 de diciembre del mismo año y además que en los reajustes se debe reconocer los gastos de administración concernientes a la obra ejecutada. En tales condiciones los gastos de administración que ha de reconocerse al contratista son los que este demuestre haber hecho entre el 12 de noviembre y el 20 de diciembre inclusive de 1977, porque los causados durante la ejecución del contrato y de sus prórrogas deben quedar incluidos en la liquidación de los reajustes.

En tales condiciones, debe el tribunal reconocer a Franco Gómez el monto que este pueda demostrar debidamente, mediante regulación posterior al fallo.

Cuarto. El apoderado de la Caja de la Vivienda Popular, en audiencia de diez (10) en junio último, pidió al tribunal que se pronunciara sobre la obligatoriedad por parte del contratista Franco Gómez, de acometer las obras de agua con sus respectivas redes domiciliarias, en razón de que en el documento de instrucciones para la presentación de la propuesta relativa de la licitación 010/76 se dijo: “queda entendido que el contratista se compromete a diligenciar tanto el recibo de las obras como las instalaciones de agua y luz, por consiguiente las obras se considerarán terminadas cuando dichos servicios estén instalados y en perfecto funcionamiento”.

Debe tenerse en cuenta que las redes externas de acueducto no fueron contratadas con Franco Gómez sino con Ariel Vega Luna. A cargo de Franco se encontraban las instalaciones internas, pues tal cosa se dijo expresamente en las especificaciones particulares de construcción (fl. 42, cdno. pbas, Franco Gómez), en la siguiente forma: “En la red se incluirá el tubo para conexión de servicio hasta 30 centímetros, afuera del paramento de cada lote”.

Franco Gómez cumplía con su obligación haciendo las instalaciones internas de las casas y dejándolas listas para ser conectadas a la red externa, mediante un tubo que debía sobresalir 30 centímetros del paramento de cada lote. No estaba a cargo de Franco Gómez el pago de los correspondientes derechos cobrados por la Empresa de Acueducto, sino la instalación de la red interna y el diligenciamiento ante dicha empresa, para que recibiera las obras.

Claramente se establece cómo el hecho de la no entrega por parte de Franco Gómez en la fecha prevista para la última prórroga del contrato (sep. 22/77) no podía ser cumplido por este, por hecho que no le era imputable, con la sola lectura del informe que sobre el particular rindió al tribunal la Empresa de Acueducto:

“Las redes exteriores de acueducto en 12”, 6” y 3” fueron probadas y recibidas por la interventoría de la empresa los días junio 27 septiembre 29 de 1977, según obras 5205/06/07. Los empates de estas redes fueron hechos con fecha posterior al 12 y 13 de enero de 1978, días en los cuales fueron cancelados los valores correspondientes, según recibos 8922577 892256”.

“El día 10 de mayo de 1978 se cancelaron los valores correspondientes a las conexiones internas o acometidas y el valor de suministro para las viviendas involucradas en las obras 5205/06/07, mediante pagaré número 12856, firmado por el doctor Roberto (sic) Anzola, gerente de la Caja de la Vivienda Popular”.

Si los empates de las redes exteriores y las condiciones internas o acometidas solo fueron pagadas por la Caja en enero y mayo del año en curso, mal podía pretenderse que el contratista Franco hiciese entrega de las instalaciones de agua en perfecto funcionamiento, para considerar así terminada las obras del contrato del 3285. El no pago solo puede imputarse a la Caja, de tal suerte que el contratista si no cumplió se debió a que la Caja, a su vez, no le permitió cumplir.

Por otra parte está demostrado que el contratista (sic) cumplió, antes que la Caja con el pago a su cargo, con las obras de acueducto a las cuales se comprometió, pues de otro modo no se puede explicar el acta de recibo de obra de fecha 20 de diciembre de 1977, anterior en cuanto a su fecha al pago que hizo la Caja a la Empresa de Acueducto para la conexión de las redes externas y de las acometidas.

No deja de resultar extraño al tribunal que se le pida pronunciamiento sobre un punto que con el acta de recibo final de obra ya estaba finiquitado por la Caja.

La petición entonces debe negarse y declarase que Franco Gómez no está obligado a acometer las obras de instalación de agua, por haber cumplido ya con esa obligación.

Quinto. En lo examinado hasta aquí queda establecido que la Caja ha de reconocer y pagar al contratista Franco Gómez reajustes por materiales y mano de obra y gastos de administración. Debe entonces resolverse si, además, está obligada al pago de intereses.

Sabido es que en materia contractual la indemnización de perjuicios por lucro cesante, como elemento configurativo del perjuicio, se traduce en el pago de intereses, si la obligación consiste en pagar una suma de dinero.

Como quedó expresado, la Caja ha debido pagar al contratista los reajustes estipulados, adecuándolos, es cierto, a las modificaciones que con posterioridad a la adjudicación de la licitación y a la suscripción del contrato, que sufrió este en cuanto a su ejecución, originadas en el fraccionamiento de los programas de trabajo y en el retardo que hubo tanto en la entrega de los lotes debidamente adecuados como en la de los planos de construcción.

El no pago por parte de la Caja de dichos reajustes ocasionó, sin duda, un perjuicio cierto y directo al contratista, el cual debe ser indemnizado mediante el pago de intereses, por tratarse la obligación a cargo de la Caja del pago de una suma de dinero.

Sin embargo, teniendo en cuenta que solo mediante el presente fallo se dirime el derecho del contratista a percibir tales intereses, la tasa de interés no puede ser la establecida por la ley para la mora, que es la pedida por el contratista, pues no existe, para liquidarlos, una suma líquida de dinero, la cual resultará mediante regulación posterior al fallo. Para llegar a esta conclusión el tribunal ha tenido en cuenta el criterio expuesto reiteradamente por la honorable Corte, según el cual: “La ... (sic) en el pago solo llega a producirse cuando exista en firme una ... (sic) líquida” (cas. 27 ago. 1930, XXXVIII 128).

Pero como debe indemnizarse el perjuicio sufrido por el contratista, debe ordenarse a la Caja el pago de intereses líquidados a la tasa del corriente. En firme la regulación de las sumas que resulte a deber la Caja al contratista puede entenderse que se producirá la mora si el pago no se efectúa oportunamente.

No sucede lo mismo en cuanto a las sumas retenidas por la Caja al contratista, cuyo pago se previó para la liquidación final del contrato, pues es evidente que dichas cantidades han debido ser pagadas simultánea o coetáneamente con la suscripción del acta final del recibo de obra, la cual, como se dijo, lleva fecha 20 de diciembre de 1977. Desde esa fecha, hasta cuando el pago se efectué, procede el pago de intereses moratorios, puesto que aparece claro el retardo en que incurrió la Caja. Tales intereses deben ser liquidados conforme a la ley comercial (C. Co., art. 884).

Sexto. Como consecuencia de las consideraciones anteriores debe pronunciarse condena en costas en los términos del artículo 592 del Código de Procedimiento Civil, y procederse a su liquidación en este laudo, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 671 numeral 7º.

Objeción al dictamen pericial

El apoderado de la CVP objetó el peritazgo por error grave, pero el tribunal considera que las pruebas en las cuales se funda, no alcanzan a demostrarlo por lo cual rechaza la objeción.

En efecto, los estudios de Víctor Romero e Iván Baquerizo confirman el dictamen pericial y el razonamiento que viene elaborando el tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las diferencias surgidas entre la Caja de Vivienda Popular y el ingeniero Aníbal Franco Gómez con motivo de la ejecución del contrato 3285 suscrito entre ambos y sometidos a su consideración, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declárese que el ingeniero Aníbal Franco Gómez no está obligado a reparar ni a demoler ninguna de las casas construidas por él en desarrollo del contrato número 3285 suscrito con la Caja de Vivienda Popular, relacionadas por su apoderado en las cuestiones sometidas al arbitramento, ni en las demás comprendidas por el mismo contrato, cuando el deterioro o daño provenga de causas iguales a las consideradas en este laudo.

2. Condénase a la Caja de la Vivienda Popular a pagar al contratista Aníbal Franco Gómez los reajustes de materiales y mano de obra estipulados en el contrato, liquidándolos en las fechas de cada una de las actas de recibo de obra, o sea las de febrero 25, marzo 21, abril 14, mayo 6, mayo 26, junio 20, julio 13, septiembre 14 y noviembre 12 de 1977, visibles a folios 27 a 35 del cuaderno de pruebas de la CVP. Para establecer el índice de precios de Camacol vigente en cada fecha debe procederse a su determinación aritmética, tomando para tal efecto el que corresponda al mes de la fecha de cada acta y el del mes inmediatamente anterior.

Regúlese el monto de esta condena por el procedimiento indicado en los artículos 307 y siguientes de Código de Procedimiento Civil.

3. Condénase a la Caja de la Vivienda Popular al pago de los gastos de administración que demuestre haber hecho el contratista Aníbal Franco Gómez entre el 12 de noviembre de 1977, fecha de la última acta de recibo de obra, hasta el día 20 de diciembre del mismo año inclusive, fecha del acta final de recibo de obra, sin perjuicio de las sumas que por igual concepto deban reconocerse en la liquidación de los reajustes. El monto de esta condena se regulará por el procedimiento indicado en los artículos 307 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

4. Declárese cumplida la obligación del contratista Aníbal Franco Gómez en cuanto a la ejecución de las obras de acueducto estipuladas en el contrato y en los demás documentos que de él forman parte.

5. Condénase a la Caja de la Vivienda Popular al pago de los intereses corrientes de las cantidades que arroje la regulación de cada uno de los reajustes ordenados en el numeral 2º de este laudo, desde la fecha de cada una de las actas de recibo de obra hasta el día en que la liquidación quede en firme; y de ahí en adelante pagará intereses de mora hasta cuando se efectúe el pago respectivo. Y al pago de los intereses monetarios liquidados en la forma prevista por el artículo 884 del Código de Comercio, de las cantidades que por concepto de retenciones del 5% estipuladas en el contrato se encuentran en poder de la Caja de la Vivienda Popular, liquidados desde el día 20 de diciembre de 1977 hasta cuando se efectúe el pago.

6. Condénase a la Caja de la Vivienda Popular en las costas del arbitramento. En consecuencia, debe esta reembolsar al contratista las cantidades por él pagadas así:

... (sic) de los honorarios de los árbitros $ 90.000

... (sic) de los honorarios de la secretaria $ 15.000

... (sic) de los gastos de funcionamiento del tribunal $ 5.000

Honorarios de uno de los peritos $ 15.000

Papel sellado y estampilla $ 360

Agencia en derecho a favor del contratista $ 70.000

Tomando como base la tarifa de honorarios profesionales del Colegio de Abogados de Bogotá

Total $ 195.360

Son: Ciento noventa y cinco mil trescientos pesos m/cte.

Una vez que se protocolice el expediente se reintegrará a la Caja el excedente de la suma fijada para gastos de funcionamiento.

7. En firme la regulación de las condenas hechas en este laudo procédase por el presidente y la secretaria a la protocolización del expediente en al Notaría Cuarta de Bogotá.

Notifíquese a las partes este laudo en estrados de conformidad con el numeral 10 del artículo 671 del Código de Procedimiento Civil.

Leído al laudo anterior a las partes, quedan notificadas en estrados. Cumplido como está el objeto de la presente diligencia se da por concluida y en constancia firman las personas que en ella intervinieron.