Laudo Arbitral

Banco de Bogotá

v.

Seguros Comerciales Bolívar y otros.

Septiembre 17 de 1974

Bogotá, septiembre diez y siete de mil novecientos setenta y cuatro.

Agotado el trámite legal, se procede a pronunciar en derecho el laudo que finaliza el proceso arbitral seguido de una parte por el Banco de Bogotá, establecimiento bancario domiciliado en Bogotá, D.E., representado por su presidente, doctor Jorge Mejía Salazar, y de la otra, por “Seguros Comerciales Bolívar”, “Aseguradora Colseguros” y “Seguros Tequendama”, compañías de seguros del mismo domicilio, representadas, en su orden, las dos primeras por sus presidentes doctores José Alejandro Cortés y Javier Ramírez Soto, y la última por su gerente, doctor Álvaro Azcuénaga Medina, todos mayores de edad y vecinos de esta ciudad.

1. Antecedentes

a) El 8 de marzo del presente año, las citadas entidades por medio de sus representantes estatutarios firmaron en Bogotá un documento de compromiso, autenticado en la notaría 14 de este círculo, en el cual sujetaron a la decisión de un tribunal de arbitramento, que funcionaría en Bogotá, e integrado por los suscritos abogados titulados e inscritos J. Efrén Ossa G., Jorge Vélez García y Hernando Morales Molina, las diferencias que adelante se precisan y derivan de los siguientes hechos que se transcriben del documento mencionado:

Primero. Según se hizo constar en la póliza de seguro contra robo y atraco extendida el día veintiséis (26) de abril de mil novecientos sesenta y cinco (1965) y distinguida con el número 9559, el banco y la compañía colombiana de seguros celebraron un contrato en virtud del cual y con sujeción a las condiciones allí estipuladas, la segunda amparaba al primero contra los riesgos de pérdida por robo o atraco de las existencias de dinero que se encontraran dentro y fuera de caja fuerte, en los sitios y hasta por los límites máximos allí mismo detallados.

Segundo. Posteriormente y según consta en la comunicación número 00132, del veintitrés (23) de agosto de mil novecientos sesenta y seis (1966), dirigida por la sucursal Bogotá de la “Compañía Colombiana de Seguros” al banco, se convino que sobre los límites máximos mencionados en la póliza, habría un amparo automático adicional de un diez por ciento (10%).

Tercero. Luego, la “Compañía Colombiana de Seguros” entró a compartir el seguro con otras compañías aseguradoras, convino la modificación de los límites de valor asegurado señalados inicialmente en la póliza y, el día cuatro (4) de noviembre de mil novecientos setenta y uno (1971), cuando el seguro corría a cargo de “Seguros Comerciales Bolívar”, “Aseguradora Colseguros” y “Seguros Tequendama y Albingia”, en proporción de un cuarenta por ciento (40%) para cada una de las dos primeras y de un veinte por ciento (20%) para la última, se pactó una modificación del contrato, consistente en anular las condiciones octava (8ª) y novena (9ª) de la póliza original y sustituirlas por las siguientes, según aparece en el certificado de modificación por aclaración 207483 de la fecha indicada: “el asegurado perderá todo derecho a indemnización en el caso de pérdida, si cualquiera de las declaraciones mencionadas en la condición número dos (2) hubieren sido hechas por valor inferior al de las existencias realmente habidas, a menos que se pruebe error involuntario. El asegurado debe llevar la contabilidad de sus negocios de acuerdo con las normas establecidas por la ley y la compañía se reserva el derecho de hacer las inspecciones a dicha contabilidad en relación con esta póliza y durante las horas hábiles de trabajo”.

Cuarto. A partir del día primero (1º) de octubre de mil novecientos setenta y uno (1971), se varió nuevamente la forma en que “las compañías” compartían el seguro, el cual, desde entonces, se distribuyó así: “Seguros Comerciales Bolívar”, sesenta por ciento (60%); “Aseguradora Colseguros”, veintidós y medio por ciento (22½%); “Seguros Tequendama”, diecisiete y medio por ciento (17½%) e, igualmente, la póliza empezó a distinguirse con el número RB-3730.

Quinto. El contrato de seguro que viene mencionándose, fue objeto de renovaciones sucesivas hasta llegar a la que consta en el certificado número RB-13377 con vigencia del primero (1º) de septiembre al treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos setenta y dos (1972), expedido por “Seguros Comerciales Bolívar” como “leader” del grupo asegurador y según el cual, el valor asegurado total asciende a la cantidad de seiscientos dos millones doscientos mil pesos ($ 602.200.000).

Sexto. En la distribución del valor total asegurado entre las diferentes oficinas del banco, corresponde a la sucursal de Maicao un valor máximo asegurado de siete millones de pesos ($ 7.000.000) más un amparo automático adicional del diez por ciento (10%).

“Séptimo. Como intermediaria entre el banco y las compañías ha venido actuando, desde la celebración del contrato de seguro, la sociedad corredora de seguros denominada “Aseguros Limitada”.

Octavo. El día primero (1º) de diciembre de mil novecientos setenta y dos (1972), en las horas del medio día, la sucursal del banco en Maicao fue víctima de un atraco, cuya investigación inició el juzgado penal municipal de ese lugar que trajo como consecuencia la pérdida, por apropiación de los asaltantes, de la cantidad de siete millones cuatrocientos veintiún mil setecientos sesenta y siete pesos con treinta centavos ($ 7.421.767,30) moneda corriente; en dinero en efectivo que se hallaba tanto en poder de los cajeros como depositada en la bóveda general de la oficina, cuya apertura obtuvieron aquello utilizando las amenazas del caso.

Noveno. Formaba parte del dinero del cual se apropiaron los asaltantes, la cantidad de tres millones cuatrocientos diez mil pesos ($ 3.410.000) moneda corriente, que se encontraba en una caja de seguridad, dentro de la bóveda general del banco, especialmente destinada a las consignaciones o retiros que el banco efectuara en billetes del Banco de la República para afectar su cuenta corriente especial con este último, de acuerdo con lo estipulado en el contrato celebrado por las dos entidades bancarias que consta en documento privado otorgado en Bogotá el diez (10) de diciembre de mil novecientos setenta y uno (1971).

Décimo. Acogiéndose a la “reglamentación para el sistema de depósito y retiros de billetes en las cajas de bancos comerciales, a la orden del Banco de la República” expedido por este último y aprobado por la (*)Superintendencia Bancaria, el banco celebró con el de la República contratos para utilizar dicho sistema en sus oficinas principales de Bogotá, de Barrancabermeja y de Maicao y, en lo que respecta a los fondos depositados por tal concepto en la primera de tales oficinas, envió mensualmente a “Aseguros Limitada” los volantes o boletines sobre las respectivas existencias, a fin de que fueran incluidas en las relaciones mensuales que se debían enviar a las compañías.

Decimoprimero. Oportunamente el banco solicitó a las compañías el pago de la suma de siete millones cuatrocientos veintiún mil setecientos sesenta y siete pesos con treinta centavos ($ 7.421.767,30) que había perdido como resultado del atraco a su sucursal en Maicao y ellas, en comunicación del veintitrés (23) de julio de mil novecientos setenta y tres (1973), suscrita por el primer vicepresidente de “Seguros Comerciales Bolívar”, dijeron compartir íntegramente el concepto emitido por sus abogados Castilla Samper & Compañía, según el cual no existía obligación para las aseguradoras de indemnizar parte alguna de las pérdidas ocurridas al banco. Agregaron, asimismo, que “no obstante la opinión de nuestros abogados, teniendo en cuenta las magníficas relaciones que existen entre el banco y las aseguradoras y considerando por otra parte el contenido de las conversaciones sostenidas con sus funcionarios en el deseo de buscar una solución armónica, las aseguradoras estaríamos dispuestas a efectuar por vía de transacción y sin que ellos signifique aceptación de los puntos de vista expresados por ustedes, el pago de las sumas correspondientes a dineros propios del Banco de Bogotá, los cuales ascenderían a tres millones trescientos noventa y seis mil seiscientos dos pesos con noventa centavos ($ 3.396.602,90) de acuerdo con la liquidación adjunta”;

b) A continuación se lee en dicho escrito de compromiso: “Los puntos anteriores del presente documento de compromiso fueron redactados por el Banco de Bogotá y, no obstante que en su forma de presentación no están de acuerdo las compañías de seguros, aceptan que hagan parte de tal documento, porque en el citado proyecto se dejó en este punto espacios en blanco para que en ellos expresaran las aseguradoras los hechos ocurridos, tal como ellas, al menos, los entienden y los fundamentos de derecho que sustentan sus puntos de vista y que son los que sucintamente se resumen en los siguientes apartes …”;

c) Como tales hechos y fundamentos de derecho, no compartidos por el banco (punto decimotercero), constituyen las defensas alegadas en el proceso por las aseguradoras, el tribunal se abstiene de reproducirlos, como tampoco los contraargumentos del banco contenidos en el punto décimo cuarto, sin perjuicio de examinar los pertinentes a la luz de las pruebas producidas y de las normas jurídicas que considere aplicables;

d) Las diferencias que el tribunal debe dirimir se concretan en el punto décimo quinto, que dice: “en vista del fracaso de sus gestiones para llegar a un arreglo de sus diferencias sobre el particular, las partes convienen en someterlas a la decisión de árbitros, con arreglo a las siguientes estipulaciones: A) Los árbitros que más adelante se designan, deberán decidir si las compañías deben o no reconocer y pagar el valor del siniestro y de los intereses reclamados por el banco y, en caso afirmativo, señalar la cuantía de la respectiva indemnización. Así mismo señalarán el valor de las costas a cuyo pago debe condenarse a la parte vencida”;

e) En la misma fecha del documento de compromiso fue comunicada a los árbitros su designación, que estos aceptaron en nota de 12 de marzo del año en curso;

f) El 20 de los mismos mes y año se constituyó el tribunal, fue elegido presidente el árbitro Hernando Morales Molina y secretario el abogado Daniel Rivera Villate y se señaló como sede las oficinas del piso 21 del edificio del Banco Ganadero, carrera 5ª con calle 16 de esta ciudad;

g) En tal sesión se fijó la suma que se estimó necesaria para gastos de funcionamiento del tribunal y honorarios de sus miembros y del secretario, que fue consignada oportunamente por mitad por cada una de las partes en manos del presidente;

h) Por auto de 4 de abril subsiguiente, que se notificó personalmente a las partes, se señaló el 17 de dicho mes para la audiencia prevista en el artículo 670, numeral 6º del Código de Procedimiento Civil;

i) En esta audiencia se pronunció auto en que el tribunal aceptó su competencia para decidir en derecho las diferencias de que da cuenta el compromiso arbitral, y se reconocieron los apoderados judiciales de las partes, y

j) La instrucción y las alegaciones de las partes se efectuaron en las diversas sesiones de la audiencia de que dan cuenta las actas respectivas, por lo cual cumplidos los trámites del artículo 671 del Código de Procedimiento Civil ha llegado el momento de dictar el laudo.

2. Presupuestos procesales.

La competencia, como se expresó, fue declarada por el tribunal en la providencia antes mencionada; la existencia de las partes y su debida representación se hallan demostradas con sendos certificados de la (*)Superintendencia Bancaria, quien está facultada por ley a este fin; y como el proceso ha seguido el trámite establecido en el título XXXIII del Código de Procedimiento Civil, sus presupuestos se hallan completos.

3. Los extremos del litigio.

La posición de los litigantes en la presente contención se ha concretado en los extremos siguientes:

a) La parte constituida por el asegurado, que es el Banco de Bogotá, pretende que las aseguradoras, cuyo líder es la compañía “Seguros Comerciales Bolívar”, le resarzan la pérdida total padecida por el atraco perpetrado el 1º de diciembre de 1972 contra su oficina de Maicao, resarcimiento que debe versar, según la pretensión, no solo sobre la suma de $ 4.011.767,30 que eran dineros propios de aquel y en el momento de la sustracción constituían fondos destinados a su actividad corriente, sino también sobre la suma de $ 3.410.000, sustraída igualmente, que se encontraba en una caja de seguridad, dentro de la bóveda general del Banco de Bogotá en Maicao, especialmente destinada a las consignaciones y retiros que dicho banco efectuaba en billetes para afectar su cuenta corriente especial con el Banco de la República, según contrato celebrado por las dos entidades bancarias el 10 de diciembre de 1971, o sea sobre un total de $ 7.421.767,30.

En resumen, la causa de la anterior pretensión se basa en el aserto de que el seguro contra robo y atraco, otorgado al Banco de Bogotá por la aseguradora líder y coasegurado por “Seguros Tequendama” y “Aseguradora Colseguros”, primero mediante la póliza 9559 del 26 de Abril de 1965, expedida por esta, documento que a partir del 1º de octubre de 1971, y al tiempo del siniestro, se distinguía con el número RB-3730, amparaba todos los dineros del banco asegurado en caja fuerte y fuera de caja, con un límite máximo que para la oficina de Maicao era de $ 7.000.000, más un 10% de dicha suma, y que el haber omitido la declaración de los dineros de la caja de seguridad asignada al Banco de la República se debió a “error involuntario”;

b) La parte constituida por las aseguradoras, bajo el ya expresado liderato de “Seguros Comerciales Bolívar” y con la participación de las otras dos compañías ya identificadas, sostiene que no existe obligación a su cargo de indemnizar “parte alguna de las pérdidas ocurridas al banco” asegurado en el atraco a la oficina de Maicao, y presentan como fundamento de su posición adversa al pago del seguro las razones principales que sumariamente se enuncian a continuación:

1. Falta de declaraciones sobre las existencias de dinero en la caja de seguridad asignada en la oficina del Banco de Bogotá en Maicao al Banco de la República según el contrato supradicho, lo que equivale a declaraciones por valor inferior a las existencias realmente habidas, hecho que, salvo “error involuntario”, determina la pérdida de todo derecho a indemnización, de conformidad con la 8ª condición especial de la póliza y la reforma introducida en el certificado de modificación 207483 de 4 de noviembre de 1971.

2. Cambio de destino y ocupación del local del riesgo (cajas de seguridad y bóvedas) sin previo aviso a la aseguradora, de acuerdo con lo previsto por la cláusula 7ª de la póliza.

3. Agravación del riesgo, sin el previo u oportuno aviso a la aseguradora, por causa del contrato con el Banco de la República sobre depósito y retiro de billetes de la oficina de Maicao dentro de su cuenta corriente especial en el referido banco emisor, según lo estipulado por la misma cláusula 7ª de la póliza.

4. Expedición del certificado de seguro relativo al amparo del riesgo con posterioridad a la ocurrencia del siniestro.

Frente a tales extremos litigiosos y particularmente de acuerdo con el compromiso que ha dado origen al presente arbitramento, el thema decidendum del tribunal se contrae a determinar si las compañías aseguradoras deben o no reconocer y pagar al Banco de Bogotá el valor del siniestro y de los intereses que este reclama y, en caso afirmativo, señalar la cuantía de la respectiva indemnización; así mismo, fijar el valor de las costas y ordenar que estas sean pagadas por la parte vencida.

4. Ley aplicable.

Como las partes han hecho referencia a varias disposiciones del Código de Comercio vigente, procede, en primer lugar, fijar el criterio acerca de la ley sustancial aplicable en este caso.

El artículo 2036 de dicho código expresa: “Los contratos mercantiles celebrados bajo el imperio de la legislación que se deroga conservarán la validez y los efectos reconocidos en dicha legislación, con arreglo a lo establecido en los artículos 38 a 42 de la Ley 153 de 1887 … Las sociedades mercantiles gozarán de un plazo de dos años, contados desde el 1º de enero de 1972, para amoldar sus estatutos a las normas de este código”.

El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 reza: “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Exceptúanse de esta disposición: 1º Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y 2º las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido”.

La razón del principio general la explica la Corte en Sala Plena así: “Constituyendo las obligaciones un vínculo jurídico que crea una relación entre dos personas, en virtud de la cual una de ellas (que es la que viene a ser la acreedora) puede exigir de la otra (que se convierte en deudora) la prestación objeto de la misma, y no pudiendo nacer este vínculo jurídico más que en el momento en que tiene lugar el concierto de ambas voluntades, parece desde luego que todo debe depender, en esta materia de la ley bajo cuyo imperio se hubiere llevado a cabo dicho concierto y por tanto, no puede existir duda racional alguna de que sobre tal relación jurídica no debe tener autoridad la ley posterior” (XLVI, 488).

Las excepciones a la norma, además de las previstas, no serían sino las referentes a leyes de orden público (art. 18 ibídem), la establecida para los contratos de sociedad mercantil, según se ha visto, y las provistas de carácter imperativo según el artículo 1162 del Código de Comercio actual.

Como en los casos de excepción no se encuentra, en principio, el seguro de el caso sub judice, puede concluirse que el contrato que origina el presente proceso se rige por la ley vigente al tiempo de su celebración, o sea en el año de 1965, es decir, por el Código de Comercio anterior, ya que el actual empezó a regir el 1º de enero de 1972, salvo los preceptos a que se refiere el artículo 2038 que comenzaron a operar antes.

Conviene dejar establecido que en la póliza de seguro figuran el Banco de Bogotá y la Compañía Colombiana de Seguros, y si bien es cierto que esta entró a compartir el seguro con las otras compañías, y que el 4 de noviembre de 1971 se introdujo una modificación respecto al caso de pérdida de la indemnización, dicho actos también ocurrieron con anterioridad a la vigencia del nuevo código. La circunstancia de que se hubieran producido renovaciones en el curso del año de 1972 es intrascendente al respecto, pues se trata de prórrogas del contrato, que estaba en ejecución cuando el nuevo código entró a regir.

5. Naturaleza de la póliza.

Desde el punto de vista técnico, la póliza 9559 expedida por la Compañía Colombiana de Seguros es, efectivamente, una póliza flotante en cuanto a su valor asegurado, como el mismo documento lo dice expresamente (condiciones especiales, hoja 1ª cdno. 2, fls. 1 y ss.); mas no lo es en el sentido de “póliza flotante y automática”. Ello obedece a que la primera, a diferencia de la última, no se limita a describir las condiciones generales del seguro, sino que de una vez concreta este, definiendo los intereses objeto del contrato, individualizando objetiva, local, causal y temporalmente los riesgos y determinando con qué bases y de qué modo han de liquidarse las primas.

Lo único que deja “flotando” la referida póliza, y de ahí su denominación convencional, es el valor asegurado efectivo; ni siquiera el valor global, que en el presente caso carece de trascendencia jurídica, ni menos los límites de responsabilidad sobre cada una de las sucursales de la entidad asegurada, que señalan tantos topes al quantum del interés asegurado cuantas oficinas bancarias se hallan comprendidas por el seguro. Porque la póliza tiene además, el carácter de colectiva por cuanto versa sobre un conjunto de interés debidamente identificado, cada uno de los cuales es objeto de la aplicación de las estipulaciones de la póliza, con independencia de los demás (condición 6ª de la póliza, hoja 1ª).

La calidad “flotante” del “valor asegurado” llena una función económica específica para el asegurado, fuera de la genérica inherente a todo seguro como sistema de previsión. Las pólizas de “valor fijo”, por su rigidez técnica, no consultan las necesidades de determinado género de actividades comerciales (las bancarias, v. gr.), porque si envuelven una protección suficiente, resultan onerosas, y si ofrecen un costo razonable puede ser muy precaria la seguridad que garantizan a su beneficiario.

De ahí la necesidad de un instrumento más versátil de previsión que armonice la técnica del seguro y los principios jurídicos que presiden su operación empresarial, con las conveniencias económicas de determinados sectores de la actividad comercial.

La póliza de “valor asegurado flotante” es el instrumento técnico-jurídico que responde a esta exigencia. Ella ofrece, a través de la estipulación de un valor asegurado nominal, que traduce el límite máximo de responsabilidad del asegurador, una protección suficiente, cuantificada mediante el prudente arbitrio del asegurado. E implica, a través del valor asegurado efectivo, que es el valor flexible, y de su proyección sobre el “valor aplicado” con base en el cual se liquida periódicamente la prima, un costo apenas adecuado a la magnitud de los intereses amenazados y a los riesgos reales asumidos por el asegurador.

Se reitera que en este tipo de póliza lo único que “flota” es el valor asegurado efectivo, pues el valor asegurado que se fija para cada oficina es el límite de responsabilidad y constituye a la vez la medida máxima del derecho del asegurado y medida máxima de la obligación del asegurador. Uno y otro, con el “valor aplicado”, son conceptos básicos cuyas diferencias y efectos se precisarán adelante.

Más que flotante, la número 9559 es una póliza de declaraciones, así llamada por la obligación que contrae el asegurado de declarar con una periodicidad preestablecida las existencias de los bienes o dineros que, en una etapa previa de tiempo (una semana, un mes, un trimestre, etc.), han estado expuestas al riesgo individualizado en el contrato. Y que por ser básica para la liquidación de la prima puede estimarse, en cierto modo, un accesorio necesario de la obligación principal que el seguro impone al asegurado.

Estas declaraciones constituyen el antecedente inmediato de un documento que expide el asegurador y que cualquiera que sea su denominación (certificado, anexo, adendum, endoso, etc.), no tiene otro objeto que dar concreción a la prima y constituir, en desarrollo de la póliza un medio idóneo para hacerla efectiva.

Tal documento no es en este caso un certificado de seguro por más que se le dé ese nombre. El documento justificativo del seguro, se prueba, es la póliza misma, porque ella reúne todos los elementos esenciales del contrato.

Distinta de la póliza de “valor asegurado flotante” es la póliza flotante strictu sensu, la póliza automática, que se identifican conceptualmente.

La póliza automática llena otra función comercial y está revestida de diversa naturaleza jurídica. Llamada también flotante o de abono, encuentra en el comercio de importación o de exportación, en el transporte terrestre, aéreo, fluvial o marítimo, su principal campo de aplicación. Pero también en otros ramos y aun en el ámbito reaseguro. Es un contrato formal en el que, además de las partes, aparecen definidos en abstracto el interés y el riesgo asegurables, y consignadas las condiciones generales del seguro. Dicho de otro modo, queda este potencialmente concertado aunque subordinado en su existencia real y en su vigencia técnica, a la ulterior concreción de los mismos interés y riesgo asegurables en cabeza del asegurado. Es en tal momento cuando de potencial que es en la póliza, el seguro se vuelve actual, con sus elementos esenciales nítidamente identificados, individualizado el objeto sobre que recae el interés, determinados los factores que enmarcan el riesgo (el objeto, el lugar, el tiempo), ya que la causa hay que suponerla determinada en la póliza y, en fin, materializadas las bases para la regulación de la prima.

Por eso se dice automática, porque está llamada a cumplir su función jurídica, económica y técnica automáticamente, sin que se requiera un nuevo acuerdo, en el momento mismo en que, con el interés y con el riesgo, surge la necesidad del seguro.

La naturaleza jurídica de dicha póliza y de los certificados que la complementen, ha sido muy controvertida en la doctrina y en la jurisprudencia. Que si la póliza es una promesa de contrato, o un contrato preliminar, o un contrato normativo, o un perfecto contrato de seguro. Que si el certificado en que se da concreción a los elementos del seguro y se liquida la prima es indispensable para dar vida jurídica al seguro; o si constituye un mero documento de prueba de una relación específica; o si es tan solo un medio de recaudo del precio del amparo.

Habiéndose establecido que la póliza 9559 no es un seguro automático o un seguro flotante strictu sensu, son improcedentes los razonamientos jurídicos que se han formulado en el proceso, derivados de la pretendida naturaleza flotante del seguro.

De examen aparte serán objeto los argumentos atinentes al valor asegurado, que guardan relación con el tema que acaba de tratarse.

6. Elementos esenciales del seguro.

Considera procedente el tribunal examinar los elementos esenciales del seguro sobre que versa la póliza 9559 de la compañía colombiana de seguros, porque son ellos los que dan vida jurídica al contrato (C.C., art. 1.501) y, por razones de método, algunos temas conexos que han sido objeto de debate en el proceso.

I. El interés asegurable.

Procede a abordar, en primer término, el objeto del contrato para definir, enseguida, si sobre él tiene el asegurado un interés asegurable y cómo se determina su magnitud económica a la luz de la póliza.

A. Materia del acuerdo.

a) El primer antecedente del contrato de seguro controvertido en este proceso, es la carta suscrita por el Banco de Bogotá el 17 de febrero de 1965, dirigida a la Compañía Colombiana de Seguros y distinguida con el número 00269 (cdnos. 3-II, fl. 342, y 4-I, fl. 83) en la que bajo la referencia “seguro contra robo y atraco”, aquella entidad solicita “establecer una póliza flotante para amparar dinero efectivo en caja o fuera de ella, en todas nuestras oficinas en el país …” el banco formulaba esta proposición a la citada compañía de seguros en momentos en que se hallaba vigente su contrato de 25 de septiembre de 1963 con el Banco de la República (cdno. 2, fls. 131 y ss.), cuya cláusula tercera obligaba al Banco de Bogotá a “destinar a plena satisfacción del Banco de la República” y “bajo la inmediata y absoluta responsabilidad” del Banco de Bogotá (lit. b) de la cláusula), “bien sea en una bóveda individual o en un compartimento, caja o cofre de seguridad dentro de sus propias bóvedas … que ofrezca todas las garantías de protección de los valores allí depositados” (lit. a) de la cláusula);

b) A esta proposición dio respuesta la Compañía Colombiana de Seguros con su carta IN-52556 de fecha 1º de marzo de 1965 (cdno. 4-I, fl. 85), concebida en términos que no dejan duda acerca de su voluntad de dar amparo, a partir de esa fecha, contra los riesgos de robo y atraco sobre “las existencias de dinero en efectivo, dentro y fuera de la caja fuerte … para todas las oficinas que aparecen en la relación que les acompañamos a la presente”.

Teniendo en cuenta, además, que en la citada relación se indicaban, así fuera tentativamente, las primas discriminadas por oficinas y por riesgos, puede concluirse que desde el día 1º de marzo de 1965 quedó formalizado entre las dos entidades el vínculo contractual como lo prueba, además, la ejecución misma del contrato con las aplicaciones 1 y 2 (cdno. 6, fls. 99 y ss.), a través de las cuales la Compañía Colombiana de Seguros liquida las primas correspondientes a los períodos comprendidos entre el 1º y el 31 de marzo y el 1º y el 30 de abril de 1965;

c) No obstante, haciendo uso del formulario adecuado, el 6 de abril de 1965, el Banco de Bogotá presentó la “solicitud de seguro contra robo” a la Compañía Colombiana de Seguros (cdnos. 3-II, fls. 330 y 331 y 4-I, fls. 80 y ss.), en la cual bajo un texto impreso que dice “detalle de los bienes que se desean asegurar”, y después de tachar con una raya otro texto impreso frente al numeral 2º que dice: “mercancías propias consistentes en”, indica como objeto del seguro solicitada: “existencias de dinero dentro y fuera de caja fuerte en los sitios y hasta por los límites máximos que se detallan en hojas anexas”;

d) El 26 de abril de 1965 la Compañía Colombiana de Seguros expidió el certificado de seguro 46693 (cdno. 3-II, fl. 318), en que ampara contra robo y atraco, por el período comprendido entre el 1º de marzo de 1965 y el 1º de marzo de 1966, a favor del Banco de Bogotá, “existencias de dinero dentro y fuera de caja fuerte”. Este certificado resultaba superfluo, pues el mismo día 26 de abril se expidió la póliza 9559. Sin embargo, es posible que, por ser previsible alguna dilación en la entrega al Banco de Bogotá de este último documento, se hubiera considerado prudente, vista la carta de que trata el aparte b, hacer entrega inmediata al asegurado del certificado en mención, que podía ser objeto de una expedición más ágil y oportuna;

e) Como ya se dijo, el mismo 26 de abril de 1965, se expidió la póliza 9559 de la Compañía Colombiana de Seguros, en que aparecen consignadas las condiciones generales impresas, del seguro de robo, la particular que define el amparo específico de atraco, y las especiales, mecanografiadas, propias de una póliza flotante (cdno. 2, fls. 1 y ss.).

Conviene examinar aquí la cláusula que define el objeto del seguro, la cual, como condición particular mecanografiada, reza: “sobre lo siguiente, de propiedad del asegurado: existencias de dinero dentro y fuera de caja fuerte, en los sitios y hasta los límites máximos que a continuación se detallan” (póliza 9559, hoja 1ª, cdno. 2, fls. 1 y ss.). Cabe observar que no obstante haber versado el seguro sobre existencias de dinero dentro y fuera de caja fuerte, según los documentos analizados en los literales a), b), c) y d) del presente acápite, en la cláusula transcrita aparece por primera vez, en la referida póliza y como condición particular, el concepto de “propiedad” del asegurado sobre las citadas existencias de dinero. Salvo este concepto de propiedad, el objeto del amparo está enmarcado exactamente en los mismos términos en que fue solicitado por la entidad asegurada y resultó aceptado por la compañía aseguradora, como aparece de lo expuesto en los literales a) y b) de este acápite;

f) Sin perjuicio de que luego, dentro de una perspectiva ceñida a la ley y a la técnica del seguro, se dilucide la materia atinente al interés asegurable para esclarecer si en el caso sub judice el Banco de Bogotá, como asegurado, lo tenía en relación con los dineros a la orden del Banco de la República que aquel mantenía en sus bóvedas de la oficina principal y de las sucursales de Barrancabermeja y Maicao, según los contratos de que se ha hecho mención, el tribunal considera procedente detenerse en el análisis del expresado concepto de “propiedad” introducido en la póliza, por el cual se le atribuye la del bien asegurado (dineros en caja fuerte o fuera de ella) al citado banco, lo cual permitiría concluir que el seguro versaba exclusivamente sobre los dineros en caja o fuera de ella siempre que fueran de propiedad del Banco de Bogotá, y que a contrario sensu, no eran objeto del seguro aquellas existencias de dinero, en caja o no, que no fueran de propiedad de dicho banco.

La importancia del aspecto descrito radica en que se ha sostenido en el curso del proceso que si los dineros mantenidos en caja o bóveda por el Banco de Bogotá, a la orden del banco de la república, no eran de propiedad del primero, deben considerarse un interés o bien ajenos a los propios del seguro, puesto que el objeto de este eran los dineros pertenecientes al referido banco porque en la póliza se estipuló expresamente que el objeto del seguro eran dineros “de propiedades del asegurado”. Merced al anterior razonamiento resultaría que el único interés asegurado, esto es, el verdadero objeto sobre el cual recayó el seguro, serían los dineros propios del Banco de Bogotá, mas no sumas pertenecientes a otras personas o entidades, posición atendible en principio, aunque a la postre desvirtuable si aparece, como se verá luego, que dentro del contexto negocial el único interés asegurable no fue la relación jurídica de dominio, sino que también otros, como la responsabilidad del asegurado en el manejo de fondos, surgen en la primigenia intención del asegurado, a la cual tácticamente confluyó la intención del asegurador, antes de la expedición de la póliza;

g) Con todo, y en lo atinente al concepto de “propiedad” que es el primer objeto de este examen, el tribunal estima que los dineros que se hallaban en cajas o bóvedas del Banco de Bogotá, a la orden del Banco de la República, eran de propiedad del Banco de Bogotá, por las razones que a continuación se expresan:

1. Tales dineros, trasladados a caja o bóveda especial, y a la orden del Banco de la República, provenían de las consignaciones hechas por los clientes del Banco de Bogotá, es decir, se originaban en los depósitos que cualquier banco recibe de los depositantes con quienes ha celebrado y mantiene el contrato de cuenta corriente.

2. En cuenta corriente bancaria el depósito de dinero reviste los caracteres de irregular o imperfecto a que se refiere el artículo 2246 del Código de Comercio, pues el banco depositario puede emplear dicho dinero depositado, v. gr., dándolo en mutuo a terceros, y solo está obligado a restituir su quantum en la misma moneda.

3. En el depósito irregular, dados los caracteres que le son propios (disposición o empleo de los dineros depositados), las obligaciones del depositario son en el fondo las mismas del mutuario; o sea que el banco depositario es a la vez mutuario del depositante.

4. El mutuo o préstamo de consumo es, según la naturaleza, un contrato en que el objeto, debido a la libre disposición o con sanción del mismo por parte del mutuario, entra en la esfera jurídica del dominio de este, es decir, es de su propiedad, lo cual aparece igualmente respaldado por la regla de derecho que preceptúa: “no se perfecciona el contrato del mutuo sino por la tradición, y la tradición trasfiere el dominio” (C.C., art. 2222).

5. Los dineros en la caja bóveda especial asignada al Banco de la República por el de Bogotá, provenientes de dispositivos de cuentas corrientes de este, continuaban siendo de propiedad del Banco de Bogotá, porque de conformidad con los contratos celebrados entre los dos establecimientos bancarios, con el reglamento del Banco de la República en que se basaban y según el artículo 5º del Decreto 2206 de 1963, solo tenían por objeto evitar los peligros causados por la movilización de dineros a la orden del Banco de la República, dinero cuyo desplazamiento comúnmente diario obedece al encaje que los bancos comerciales deben constituir y mantener, dentro de los niveles proporcionales a sus depósitos, que periódicamente fijan las autoridades monetarias.

6. El encaje de los bancos comerciales en el Banco de la República tiene por objeto principal y específico garantizar la liquidez de aquellos que contraen el medio circulante como expediente anti-inflacionario, pero tales dineros, no obstante hallarse en el Banco de la República, o a su orden en su respectiva caja o bóveda contractualmente asignada por el Banco Comercial, continúan siendo de propiedad de este, y

h) El tribunal reafirma, por tanto, que los dineros a la orden del Banco de la República, mantenidos en caja o bóveda especialmente asignada a este por el Banco de Bogotá, eran de propiedad del último. Pero suponiendo, en gracia de discusión, que no lo fueran, cabe advertir que, al expedirse la póliza 9559, el 26 de abril de 1965, el vínculo contractual, en sus elementos esenciales, se había formado desde el 1º de marzo del mismo año a través de documentos que, formalmente, ostentan la misma eficacia jurídica que la póliza, aunque esta sea más completa en la regulación de los derechos y obligaciones de las partes. De tales documentos se deduce que el seguro versaba sobre “existencias de dinero dentro o fuera de caja fuerte”.

Al margen de esta consideración, el tribunal observa:

i) En sus condiciones generales, preimpresas, la póliza contiene otras estipulaciones (portada y art. 7º) que identifican el objeto del seguro, el interés del asegurado, con el concepto de propiedad, como si solo esta pudiera concebirse como interés asegurable. Ello obedece a que, en la práctica comercial, el seguro sobre intereses distintos al de dominio suele presentarse en forma apenas esporádica. De donde hay que entender que aquellas cláusulas quedan automáticamente adaptadas a la naturaleza del interés objeto del contrato. Es lo que armoniza mejor con una interpretación funcional, teleológica, de los contratos (C.C. 1622).

ii) Los antecedentes de la póliza 9559 señalan como objeto inequívoco “las existencias de dinero dentro o fuera de caja fuerte”, sin que este enunciado aparezca demarcado en ellos por el concepto de propiedad. Concretamente, la solicitud de seguro que es su antecedente más inmediato y por virtud de estipulación convencional forma parte integrante de la póliza, delimita en los mismos términos la proposición de la entidad asegurada que traduce su intención contractual. Por tanto, si se pretende invocar las cláusulas generales de la póliza para definir la intención de los contratantes y con esta, el ámbito del seguro, habrá que concluir con la jurisprudencia y con la doctrina que las condiciones particulares, manuscritas o mecanografiadas, prevalecen sobre las condiciones generales impresas, por que aquellas traducen mejor la voluntad inmediata de las partes al celebrar el contrato.

A este respecto dice la Corte: “Entre dos cláusulas incompatibles el juez puede preferir la que parezca expresar mejor la intención del adherente” (G.J., XLIV, págs. 678-680).

Y Fariña expresa: “1.392. Cláusulas impresas y manuscritas. Con toda frecuencia, además de las cláusulas que forman el impreso de la póliza, añaden las partes otras cláusulas manuscritas, ampliando o restringiendo el texto de las primeras. Las cláusulas manuscritas se ha dicho acertadamente que “son la traducción inmediata hecha por los mismos contratantes de su propio pensamiento” y por ello deben obtener preferencia sobre las empresas. Este es un principio admitido unánimemente por la jurisprudencia. Las cláusulas dactilografiadas se consideran equiparadas a las manuscritas”. (Francisco Fariña, Derecho comercial marítimo, t. IV, pág. 46).

iii) Antecedentes tan diáfanos en cuanto a la delimitación objetiva del amparo, que recogen tan ostensiblemente el común designio de los contratantes, no pueden entenderse desvirtuados por una mención tangencial, rutinaria, en un documento que estaba llamado a protocolizar el acuerdo y a determinar las condiciones a que debía sujetarse su ejecución. Cabría observar, además, que si la mención del concepto de propiedad consignada en la póliza, hubiera entrañado un designio voluntario de la compañía enderezado a restringir unilateralmente el ámbito del seguro, cuando ya este se hallaba en curso, habría que interpretarla como un elemento contrario a la buena fe contractual, a la rigurosa lealtad que en este género de negocios jurídicos debe presidir las reacciones de las partes.

iv) Por otra parte, como elementos de juicio para precisar el objeto del interés asegurado, tal como brotaba de la voluntad concorde de asegurado y asegurador, están los documentos que desde el 1º de marzo de 1965 hasta el 31 de diciembre de 1972, fueron emitidas por la compañía para adicionar, modificar, renovar o desarrollar el contrato, en ninguno de los cuales se circunscribe dicho objeto a existencias de dinero de propiedad de la entidad asegurada. Todos ellos lo definen como “existencias de dinero dentro o fuera de caja fuerte“, o con variantes que preservan la identidad conceptual de esta expresión (cdno. 6, fls. 99 y ss.).

v) Lo que realmente interesaba al Banco de Bogotá como entidad asegurada, era la eventual pérdida por robo o atraco, total o parcial, de las existencias de dinero dentro o fuera de caja fuerte, cualesquiera que fueran su destinación o procedencia, puesto que le aparejaba un daño patrimonial cuya compensación pretendía obtener a través del seguro.

Técnicamente, porque el asegurador tanto significaba otorgar el seguro sobre una parte de las existencias de dinero que todas ellas. Bastábale delimitar su responsabilidad mediante la estipulación de las sumas máximas aseguradas, como en efecto lo hizo.

Jurídicamente, porque contratado de uno u otro modo, esto es, sobre todas las existencias de dinero o sobre una parte de ellas, el seguro se ajustaba a la ley, pues lo que importaba era la existencia del interés asegurable, que no ofrece duda en el proceso.

Fuera de lo cual, a favor de la extensión del seguro militaban las conveniencias comerciales del asegurador, pues de este modo el contrato generaba un mayor volumen de primas.

vi) Puede concluirse entonces, aun haciendo caso omiso del concepto de propiedad, que el seguro versaba sobre las existencias de dinero, dentro o fuera de caja fuerte, en las oficinas del Banco de Bogotá, en todo el país, según los límites y condiciones acordados para cada una conforme a las relaciones anexas a la póliza. Empero, como se explicará en seguida, no todas las existencias expuestas a los riesgos de robo y atraco en un momento determinado estaban amparadas por el seguro; porque si bien es cierto que el objeto de este no aparece limitado en el contrato, sí lo está por la ley conforme a su naturaleza jurídica, a las cosas que le son esenciales y entre ellas, básicamente, el interés asegurable (C. Co. anterior, art. 642).

B. Objeto del interés asegurable.

a) En este orden de ideas, puede afirmarse con amplio sustento legal (C. Co. anterior, art. 642), que el seguro en mención, solo pudo versar sobre “todas las existencias de dinero dentro o fuera de caja fuerte” en que la entidad asegurada tuviera un interés asegurable como propietaria o como interesada “en la conservación del objeto asegurado”, cuya pérdida, por robo o atraco, pudiera causar detrimento a su patrimonio. O sea, las existencias provenientes del normal ejercicio de su objeto como entidad bancaria (los depósitos en cuenta corriente, v. gr.), sobre cuya propiedad no se ha suscitado discrepancia en el proceso, y las que, propias o ajenas, podían comprometer su responsabilidad aun por caso fortuito en virtud de contratos celebrados con el Banco de la República “sobre depósitos y retiros de billetes en las cajas de bancos comerciales a la orden” de esta última institución (cdnos. 2, fls. 131 y ss. y 5, fl. 125).

Se reitera, pues, que aun prescindiendo de si los dineros vinculados a la ejecución o desarrollo de los citados contratos eran o no propiedad del Banco de Bogotá, o constituían un objeto e mera tenencia, tema este ya examinado por el tribunal, hay una premisa cierta y es que tales dineros se hallaban bajo “la inmediata y absoluta responsabilidad” del Banco de Bogotá (cláusula 3ª, lit. b) de los contratos), y que este debía responder “ante el Banco de la República por la exactitud de las existencias en relación con los saldos que deben arrojar los libros correspondientes (ibíd., lit. g), par.). Y siendo ello así, es claro que su pérdida por robo o atraco, así como por cualquier otra causa, gravitaba directamente sobre su patrimonio;

b) Hay que anotar, por el contrario, con idéntico fundamento legal, que pese a la generalidad de su objeto, el seguro no podía extenderse: i) A los dineros depositados en “cajillas de seguridad”; ii) A los dineros en poder de ocasionales depositantes, antes de consumarse la entrega de los respectivos depósitos; iii) A los dineros entregados a terceros, a cualquier título, y iv) A los dineros de propiedad de los empleados. Es fácil advertir que sobre estas existencias de dinero, que pueden hallarse dentro del establecimiento bancario, fuera de caja fuerte, en el momento de un eventual atraco, la entidad asegurada carece de interés asegurable, ya que su pérdida no le aparejaría un daño patrimonial. En cuanto a los dineros en cajillas de seguridad, es verdad que el banco debe responder por todo daño que sufran los clientes, salvo fuerza mayor o caso fortuito, pero ellos desbordan el objeto del contrario, no tanto por defecto de interés asegurable sino porque, respecto de tales existencias, la entidad asegurada no hubiera podido declararlas periódicamente, según las previsiones de la póliza, y

c) Hay que concluir, por tanto, para precisar la aparente amplitud del contrato, que este tuvo por objeto los dineros dentro o fuera de caja fuerte sobre los cuales tuviera el Banco de Bogotá un interés asegurable, como dueño, o como interesado en su conservación. Es esta la interpretación que mejor conviene al sentido literal del contrato, a los fines del seguro como instrumento de previsión, a su carácter meramente indemnizatorio (C. Co. anterior, art. 641), a las necesidades del asegurado, a las posibilidades técnicas y a las conveniencias comerciales del asegurador, y a la intención real o presunta de los contratantes, que no ha sido desvirtuada en el proceso.

Todo lo expuesto indica que el contrato a que se refiere la póliza 9559 y sus documentos accesorios, sean ellos preliminares o complementarios, ostenta el interés asegurable como uno de sus soportes esenciales. Interés cuya licitud no ha sido controvertida y cuya posibilidad de ser estimado en dinero no podría ponerse en tela de juicio, pues precisamente se trataba de dinero (C. Co. anterior, art. 646).

C. Valor del interés asegurado.

En las pólizas de valor fijo, que son las de más frecuente ocurrencia en todos los ramos, el valor asegurado es un concepto fácil de precisar, como lo es, igualmente, la determinación de su incidencia en la ejecución del contrato. No así en las de valor flotante, cuyo mecanismo operativo y filosofía comercial exigen una pluralidad de valores que, cada cual en su esfera, pueden sembrar en el intérprete motivos de incertidumbre. Así se explican los contradictorios enfoques que a este respecto se proponen a la consideración del tribunal. Procede, por tanto, un breve análisis de los factores cuantitativos que emergen del contrato.

Como seguro colectivo y flotante en cuanto al valor asegurado, que más propiamente podría denominarse “seguro de declaraciones mensuales”, el amparo a que se refiere la póliza 9559 permite identificar, con distintos efectos jurídicos, cuatro clases de valores:

a) Un valor asegurado global, que aparece consignado en la portada de póliza, que fue objeto de modificaciones sucesivas a través de su vigencia, que inicialmente era de cuantía de $ 49.750.000 y finalmente de $ 602.200.000 (cdno. 2, fl. 25). Es, simplemente, la suma de los valores nominales asignados a cada una de las oficinas del asegurado en todo el país, como límites máximos de la responsabilidad del asegurador. En el presente caso el valor asegurado global carece de trascendencia jurídica en la vida del contrato. Es verdad que este valor global aparece incorporado en la póliza, en sus renovaciones, en los certificados de aplicación, etc., pero dicha circunstancia no le confiere por sí sola relevancia alguna;

b) Un valor nominal asegurado, asignado a cada oficina, destinado a delimitar la responsabilidad del asegurador sobre cada uno de los intereses asegurados, que de conformidad con la carta de la Compañía Colombiana de Seguros al Banco de Bogotá, distinguida con el 001320 de 23 de agosto de 1966 (cdno. 2, fl. 8), debía entenderse incrementado en un 10% por cada oficina. El valor nominal adscrito a la oficina de Maicao, v. gr., que fue inicialmente, a partir del 14 de septiembre de 1966, de $ 2.200.000 (cdno. 2, fl. 135), era el 1º de diciembre de 1972 de $ 7.700.000 (cdno. 2, fl. 144). Así concebido, este valor tiene los efectos jurídicos previstos en el artículo 674 en armonía con los artículos 641 y 656 del Código de Comercio anterior, y en el artículo 16 de las condiciones generales de la póliza, a saber:

i) Sea cual fuere la magnitud real de la pérdida, la responsabilidad del asegurador en ningún caso podrá exceder de la cantidad asegurada;

ii) Su relación con el valor real del interés en el momento del siniestro puede tener influencia en el valor de la indemnización a cargo del asegurador; en otros términos, dar origen a una situación de infraseguro y a la consiguiente aplicación de la regla proporcional o cláusula de prorrateo, y

iii) Carece de influencia en la liquidación de la prima, excepto en la de prima mínima, mientras estuvo vigente;

c) Un valor asegurado efectivo, el valor flotante propiamente dicho, que es el que mejor armoniza con la naturaleza de la póliza y con su función jurídico-económica. Es un valor en permanente oscilación, que crece con los ingresos y decrece con los egresos de dinero en este tipo de póliza, que tan solo registra las naturales congelaciones, intermitentes además, a que dan origen los cierres bancarios, y ni aun estos si existe el servicio de depósitos nocturnos. Y que tiene, eso sí, un nivel máximo, el mismo del valor nominal asegurado, toda vez que este marca el límite por encima del cual no responde el asegurador.

Dicho valor efectivo es el que reviste mayor trascendencia jurídica desde el punto de vista de la función resarcitoria del seguro. Porque define el valor real del interés asegurado a la luz de la póliza flotante y es, por tanto, el factor determinante del daño patrimonial del asegurado en caso de siniestro. Sus efectos aparecen consagrados en el artículo 641 del Código de Comercio anterior, según el cual, “respecto del asegurado, el seguro es un contrato de mera indemnización, y jamás pude ser para él la ocasión de una ganancia”.

Solo con este criterio puede entenderse la estipulación que atribuye a la póliza la calidad de “flotante” en cuanto al valor asegurado (condiciones especiales, introducción).

Lo que equivale a identificar el valor asegurado con el valor, esencialmente variable, del interés asegurable, pero con un límite máximo que es el ya mencionado valor nominal.

Por todo lo cual no acierta la póliza 9559 (condición especial 2ª) cuando atribuye al valor aplicado la naturaleza de valor asegurado efectivo, y

d) Un valor aplicado, que corresponde al valor promedio de las existencias diarias de dinero en cada oficina, al final de cada mes, calculado con base en las declaraciones que el asegurado se obliga a suministrar al asegurador, dentro de los 15 días siguientes al término de cada período mensual.

El valor aplicado es la base en que descansa la liquidación mensual de la prima, con sujeción a la tarifa previamente acordada entre el asegurado y el asegurador. No define él responsabilidades máximas de este, porque tal es la función de los valores nominales. Ni es factor determinante de la indemnización en caso de siniestro, porque ese es el papel de los valores efectivos. Solo que la prima no puede liquidarse en función de aquellos, porque corresponden a niveles máximos de seguro y no a seguro real. Ni en función de estos, o sea de los valores efectivos, porque se están modificando permanentemente.

A través del promedio mensual la liquidación, en cambio, no solo se hace expedita funcional, sino que consulta las exigencias técnicas del seguro en esta modalidad específica.

El valor aplicado no puede ser, a la vez, como lo dice la póliza y como se ha pretendido en el proceso, valor asegurado efectivo, por las siguientes razones:

i) Porque si el promedio es valor efectivo, no se advierte qué función se asigna a los valores reales, esto es, a los que constituyen la medida exacta del interés asegurado en un momento determinado, vale decir, en el momento del siniestro;

ii) Porque, por la naturaleza de la póliza, el valor promedio solo puede fijarse a posteriori, cuando ya ha corrido el riesgo;

iii) Porque el daño no puede indemnizarse, en caso de siniestro, con base en un quantum promedio, sino en su valor real, y

iv) Porque si el valor aplicado hubiera que asignarle, como se pretende, el alcance del límite de la responsabilidad del asegurador, no sería posible precisar la significación de los valores nominales indicados por cada oficina.

II. El riesgo asegurable

a) No arroja el expediente duda sobre la realidad de este elemento esencial del contrato de seguro (C. Co. anterior, arts. 635 y 646), que aparece individualizado por su objeto, en cuanto radica sobre “existencias de dinero dentro y/o fuera de caja fuerte); por su causa, en cuanto vincula a hechos futuros e inciertos de robo y atraco; por el lugar, oficinas del Banco de Bogotá en todo el país, entre ellas, a partir del 14 de septiembre de 1966, la de Maicao; por el tiempo, pues, como luego se verá, el seguro estuvo vigente desde 1965 hasta el 31 de diciembre de 1972;

b) El tribunal debe, con todo, examinar los reparos aducidos a través del proceso sobre la individualización temporal del riesgo:

i) Vigencia indefinida. Se ha dicho que el seguro se hallaba pactado para vigencias mensuales sucesivas, y como fundamento de este aserto se invocan los certificados de aplicación (cdno. 6, fls. 99 y ss.) que, en efecto, cubren cada uno períodos comprendidos entre el primero y el último de cada mes, a partir del primero de marzo de 1965. Además, se ha dicho que su denominación es la de “certificados de seguros”. Estas circunstancias, agregadas al hecho de que el certificado de renovación 13377, expedido el 18 de diciembre 1972 por Seguro Comerciales Bolívar, renueva la póliza desde el 1º de septiembre hasta el 31 de diciembre de dicho año (cdno. 2, fl. 25), dan base al señor apoderado de las compañías para reducir que el día 1º de diciembre de 1972, fecha del siniestro, no existía ningún seguro vigente a cargo de sus poderdantes y a favor del Banco de Bogotá.

Según se ha establecido, el seguro se contrató inicialmente por el período de un año, desde el 1º de marzo de 1965 hasta el 1º de marzo de 1966. Los certificados de aplicación (cdno. 6, fls. 136 a 188), muestran que fue renovado por un año más, hasta el 1º de marzo de 1967. El certificado de 13 de marzo del mismo año de la Compañía Colombiana de Seguros (cdno. 3-II, fl. 305), demuestra su renovación hasta el 1º de marzo de 1968. Las aplicaciones (cdno. 6, fls. 252 a 280), acreditan su prórroga hasta el 1º de marzo de 1969. Prueba de la renovación hasta el 1º de marzo de 1970, es el certificado visible al folio 260 del cuaderno 3-II. A través de los subsiguientes certificados de aplicación (cdno. 6, fls. 363 y ss.), se deduce la renovación del seguro desde el 1º de marzo de 1970. Y, en fin, el 5 de agosto de 1971, Aseguradora Colseguros expidió el certificado 202336 (cdno. 2, fls. 23 y 24), documento cuya autenticidad se presume (arts. 252 del CPC y 1052 del C. Co. vigente) y fue, además, reconocido por el doctor Luciano Herrera en su calidad de vicepresidente de aquella compañía (cdno. 1, fl. 68 vto.), según el cual “la póliza se renueva automáticamente y continuará en vigencia hasta” su cancelación por una de las partes. Como este evento no había producido el 1º de diciembre de 1972, no queda duda de que el seguro continuaba en vigencia el día del siniestro. Y puesto que la póliza tenía una vigencia indefinida, el certificado 13377 de Seguro Comerciales Bolívar, de que se ha hecho mención, no pudo tener otro objeto que el de ratificar —y no era necesario— la vigencia del seguro en el instante del atraco y durante el lapso comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 1972.

Resta advertir, en cuanto a la “vigencia” de los certificados de seguro por aplicación que, en desarrollo del contrato, estos se limitaban a indicar el período a que se extendía la liquidación de la prima respectiva, cuando ya el riesgo había corrido para el asegurador. Y no a preestablecer, como sí lo hacía el contrato, la duración del riesgo, vale decir, su individualización temporal. Ya está dicho que su denominación como certificados de seguro no destruye su naturaleza intrínseca de meros documentos destinado a dar concreción a la prima y a servir de medios para su recaudo. No constituyen, por tanto, el título ni la prueba del seguro mismo.

ii) Se menciona también, para controvertir la vigencia del amparo en el momento del siniestro, el artículo 1073 del Código de Comercio actual, que equivale al artículo 675 del anterior. Invocación que es improcedente, toda vez que esta norma regula hipótesis extrañas al caso controvertido. Suponen ellas la iniciación de un siniestro antes de que el seguro haya expirado y su continuación después, y la iniciación antes de que el seguro haya entrado en vigencia y la continuidad después, para definir en el primer supuesto que el asegurador es responsable de la totalidad de la pérdida, y en el segundo, que ni siquiera lo es de una parte de ella. En el caso que se ventila, se advierte que el siniestro se desarrolló en el término de media hora, el día 1º de diciembre de 1972, en momentos en que el seguro no estaba a punto de iniciarse puesto que se había iniciado años atrás, ni estaba para vencerse porque habría de expirar años después. En otro caso dentro del esquema propuesto por el señor apoderado de las compañías, el seguro se habría vencido tres meses antes, el 1º de septiembre de 1972, cuando a su juicio, había expirado la vigencia pactada en el certificado 13148 de Seguros Comerciales Bolívar; o se habría iniciado diez y ocho días después, el 18 de diciembre de 1972, cuando la misma compañía expidió el certificado de renovación 13377 que, como lo sostiene el mismo apoderado, no podía retrotraer su vigencia, ni aun supuesta la más rigurosa buena fe de las partes, para cubrir un siniestro ya ocurrido porque el riesgo subjetivo es inasegurable en los seguros terrestres (C. Co. anterior, art. 646, 4º). La aplicabilidad del artículo 675 citado implica, en todo caso, que coincidan parcialmente el desarrollo del siniestro y la vigencia temporal del riesgo asegurado. No fue tal la situación en el evento que dio origen a esta litis, toda vez que aquel se inició, desarrolló y culminó dentro de la vigencia de un mismo contrato.

Todo lo expuesto para demostrar la vigencia formal de la póliza de seguro de robo y atraco el día del siniestro. Más concretamente, la vigencia formal del riesgo a cargo de las compañías aseguradoras;

c) Se han aducido, empero, algunos argumentos que tienden a desconocer su vigencia real, basados en una presunta terminación del seguro antes de la ocurrencia del siniestro, argumentos cuyo análisis debe abordar el tribunal:

i) Cambio de destinación de los locales asegurados. Se arguye que la entidad asegurada no dio noticia a los aseguradores del contrato o contratos que tenía celebrados con el Banco de la República, en cumplimiento de los cuales estaba dando a sus bóvedas un destino diferente al inicialmente declarado o supuesto, con lo que se introducía un elemento de agravación del riesgo. De donde se deduce la terminación del seguro, o aun su nulidad relativa, teniendo en cuenta las fechas en que se inició la ejecución de tales contratos.

El tribunal estima que la ejecución de estos contratos no implica una modificación en el destino de ocupación de los locales que contenían los dineros asegurados en las oficinas de la casa principal del Banco de Bogotá en esta ciudad, y de las sucursales de Barrancabermeja y Maicao. En efecto, el local son las instalaciones del banco. Un establecimiento bancario, vinculado al engranaje de la banca comercial, está natural y legalmente destinado a custodiar y administrar depósitos de dinero. Y dentro de estos depósitos figuraban los dineros que se hallaban bajo su cuidado en virtud de los mencionados contratos.

Pero suponiendo que tales depósitos encierren una modificación del destino de los locales antedichos, habría que anotar que ella no sería de tal naturaleza que implicara agravación del riesgo, según el artículo 709 del Código de Comercio anterior, pues para serlo tendría que haberse probado que de haber tenido conocimiento oportuno de tales contratos y de la supuesta agravación, las compañías no hubieran otorgado el seguro, o lo hubieran otorgado bajo condiciones más onerosas; o que lo hubieran revocado o terminado, o mantenido con reajuste de las prestaciones a cargo del asegurado. Sin embargo, este punto rebasa el aspecto probatorio porque a pesar de los depósitos provenientes de tales contratos, se preservaba la identidad del riesgo objetivo (el mismo local, las mismas seguridades) y la del riesgo subjetivo (la misma entidad asegurada).

ii) El aumento de valores como factor de agravación del riesgo. Se pretende, además, que el aumento de valores dentro del local asegurado en la sucursal de Maicao, causado por la ejecución del respectivo contrato entre el Banco de Bogotá y el Banco de la República, implicaba por sí solo agravación del riesgo, “porque ya las sumas de dinero que presuntos asaltantes pudieran sentir la tentación de sustraer aumentaban su cuantía, como en efecto ocurrió” (cdno. 1, fl. 21).

A este respecto, el tribunal considera:

Si se tiene en cuenta el concepto jurídico de riesgo (art. 635 de C. Co. anterior) como “eventualidad de todo caso fortuito”, hay que concluir que el valor de los intereses que él amenaza no contribuye a introducirle modificaciones favorables ni adversas, porque no aumenta ni disminuye la probabilidad del siniestro.

La suma asegurada, los valores reales, constituyen medida del interés asegurado o del interés asegurable, pero no dimensión del riesgo en su naturaleza jurídica. La medida del riesgo, para todos los efectos relativos a la obligación de declararlo y a la de mantenerlo, es la tarifa, la tasa, que toma en consideración la probabilidad del daño en su origen y en sus consecuencias.

Distinta es la limitación de responsabilidad del asegurador que, jurídicamente, está determinada por la suma asegurada (C. Co. anterior, art. 674) y, principalmente, por la pérdida real derivada del siniestro (ibíd., art. 641). Y técnicamente, por sus contratos de reaseguro, que para al asegurado son “res inter allios acta” (ibíd., art. 647).

Tan cierto es que el valor de los intereses asegurables no inciden en la medida del riesgo, que los sucesivos aumentos de los límites máximos de las sumas aseguradas (los valores nominales) registrados durante la vigencia de la póliza para la oficina principal del Banco de Bogotá y para las sucursales de Barrancabermeja y Maicao, no se tradujeron en aumentos de la tarifa, no obstante traducirse en una mayor responsabilidad potencial del asegurador.

El aumento de los valores asegurables, en los seguros de robo, antes que causa de agravación del riesgo, lo es de disminución: en lugar de hacer más gravosa la responsabilidad del asegurador, puede aliviarla.

En efecto, examinado el problema desde un punto de vista puramente técnico, a medida que aumentan los valores asegurados decrece la tasa, lo que se explica por qué aun manteniendo estable la probabilidad del siniestro, disminuye, así sea relativamente, la de la pérdida que de él puede derivarse (tarifa, cdno. 2, fls. 163 y ss.); y visto en la perspectiva jurídica, el aumento de valores reales (valores asegurables), si no se traduce simultáneamente en incremento de las sumas aseguradas (en los seguros de robo igual que en los demás seguros reales), determina una comunidad de riesgos entre el asegurado y el asegurador, cuyo efecto legal (art. 656 del C. Co. anterior), es la distribución de los eventuales daños patrimoniales causados por el siniestro. Lo que, de otra parte, genera una vigilancia más celosa de sus intereses por el asegurado.

Es verdad que la prima aumenta, aunque no necesariamente en forma proporcional, en función de la suma asegurada, porque corresponde, como contraprestación, a la mayor responsabilidad que asume el asegurador. Pero no porque el incremento de aquella signifique agravación del riesgo en el sentido jurídico de esta expresión. Por el contrario, el aumento de la tasa, aunque se disminuya el valor de los intereses asegurados, sí denota una más acentuada probabilidad de siniestro.

Todo lo expuesto lleva a la conclusión de que el no haberse noticiado al asegurador de los contratos con el Banco de la República es irrelevante, porque su ejecución no implicaba agravación del riesgo. Mal pueden, por tanto, afirmarse la nulidad relativa del seguro ni su terminación con anterioridad a la fecha del siniestro.

III. La prima

La prima es otro de los elementos esenciales del contrato de seguro. En su defecto, el contrato “es nulo y de ningún valor” (C. Co. anterior, art. 665). Se ha dicho (cdno. 1, fl. 3 vto.) que el seguro a que se refiere la póliza 9559 de la Compañía Colombiana de Seguros, se contrató sin estipulación de prima, pues se indicó tan solo que ella sería “mensual” y se ha invocado el citado texto legal para sustentar su nulidad absoluta. Igual razón se esgrime (cdno. 1, fl. 7), respecto del certificado de renovación 13377 expedido por Seguros Comerciales Bolívar el 18 de diciembre de 1972 (cdno. 2, fl. 25), donde “al frente de la palabra “prima”, para indicar su valor, aparece el signo “0” …” se menciona para afirmar la ineficacia de esta renovación el artículo 1045 del Código de Comercio actual. Debe, por tanto, el tribunal referirse a este argumento:

La estipulación de prima, en el contrato de seguro celebrado entre la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco de Bogotá, surge de varios documentos incorporados al expediente:

a) De la comunicación IN-72556 y de su anexo (cdno. 4-I fl. 85), en que la Compañía Colombiana de Seguros otorga el amparo a partir del 1º de marzo de 1965. Allí se indican, para cada oficina, las primas a que darían origen los límites máximos de seguro indicados por la entidad asegurada;

b) De la póliza misma (cdno. 2, fls. 1 y ss.), cuya 3ª condición especial dice que “la prima de cada aplicación se liquidará a la tasas establecidas en la tarifa…”, que era la tarifa para seguro contra robo, habitaciones y negocios aprobada por la (*) Superintendencia Bancaria (cdno. 2, fls. 163 y ss.), y

c) De todos los certificados de aplicación (cdno. 6, fls. 99 y ss.), empezando por el número 1 correspondiente al mes de marzo de 1965, sobre liquidación de primas que, como es lógico, supone su previa estipulación.

La modalidad misma de la póliza no permite estipular una prima fija, sino tan solo las bases para calcularla y su forma de pago, por lo cual se estipuló que este debería hacerse mensualmente.

Y en cuanto al certificado de renovación RB-13377, la estipulación resultaba innecesaria pues formaba parte del contrato renovado. Tanto más cuanto que, como se estableció en otro aparte, el certificado mismo carece de importancia si se tiene en cuenta que se había pactado la renovación automática.

Estos elementos bastan para demostrar la realidad de la prima como el elemento esencial del contrato.

Pero el tribunal considera oportuno examinar además otros temas conexos que, así sea tangencialmente, tocan con el debate trabado entre las partes. La declaración periódica de existencias es presupuesto ordinario de la liquidación de las primas, y estas los son del pago.

a) Según la condición especial segunda de la póliza, “el asegurado se obliga a presentar a la compañía dentro de los quince días subsiguientes al día último de cada mes, una declaración escrita que muestre el valor de las existencias al finalizar cada uno de los días del mes inmediatamente anterior. La suma de estos valores dividida por el número de días que comprenda la aplicación, será el valor asegurado de la misma”.

Se ha sugerido que la presentación de estas declaraciones fue extemporánea. Es cierto. Pero la tolerancia de las compañías, durante la vigencia de la póliza, desde el primer mes hasta el último, hace que este hecho —que hubiera podido tener alguna trascendencia jurídica— pierda toda relevancia en la solución de la litis, porque significa, de parte del asegurador, una renuncia virtual al término estipulado para las declaraciones del asegurado.

También se afirma que el destinatario de las declaraciones, según la previsión del contrato, debía haber sido la compañía de seguros y no la firma intermediaria de la póliza. Argumento con el cual se subestima la condición jurídica de Aseguros Ltda. como agencia de seguros de Aseguradora Colseguros (cdno. 5, fl. 53) y de Seguros Comerciales Bolívar (cdno. 5, fl. 64), pues su carácter de mandatario de estas compañías (L. 65 de 1966, art. 12d) y las funciones que habitualmente cumplen firmas de esta clase en la ejecución de los contratos de seguro. Sobre estos puntos habrá que volver en oro aparte de esta providencia.

Se anota, en fin, que las declaraciones fueron inexactas, por lo cual, en virtud de la respectiva estipulación de la póliza, el asegurado debe perder su derecho a la indemnización. Es tal la trascendencia de esta excepción, que el tribunal tendrá que analizarla in extenso en ulterior capítulo de este laudo;

b) Por lo que concierne a la liquidación y pago de las primas, excepto los reparos a que pueda dar origen la inexactitud de las declaraciones, de que acaba de hacerse mención, no surge del debate ninguna otra observación digna de estudio.

Se ha sostenido, sí, que el “valor aplicado”, o sea el promedio mensual de las existencias diarias de dinero en cada oficina, que ha servido como base para la liquidación periódica de las primas, es el valor asegurado. Para atribuirle, al parecer, la función de límite de la responsabilidad del asegurador. Pero este equívoco ya fue despejado por el tribunal, mediante el análisis de los distintos valores que intervienen en la concepción del seguro a que se refiere la póliza 9559 (cap. 6, I. C. del laudo).

IV. Obligación condicional del asegurador

Disipadas las dudas sobre la realidad de tres de los elementos esenciales del contrato de seguro (el interés y el riesgo asegurables y la prima), examinar el de la obligación condicional del asegurador, que no ha sido controvertida, es superfluo (C. Co. anterior, art. 674). Al hacerlo tan solo se busca integrar el esquema jurídico en que descansa la existencia del contrato y su validez.

Interesa, además, establecer cómo la Compañía Colombiana de Seguros, que fue la primera que contrajo con el Banco de Bogotá la obligación de indemnizarlo en caso de pérdida por robo o atraco, fue luego sustituida por Aseguradora Colseguros, según se desprende de la escritura pública 6.440 de diciembre 22 de 1969 de la notaría 10ª de Bogotá, en virtud de la cual aquella cede a esta desde el 1º de enero de 1970, “la totalidad de las pólizas de seguro emitidas por la Compañía Colombiana de Seguros S.A.” (cdno. 4-I, fls. 78 y ss.). Interesa también poner de relieve que, en la fecha del siniestro, diciembre 1º de 1972, según explícita afirmación de las partes (compromiso arbitral, cdno. 1, fl. 1 vto.), la obligación condicional gravitaba en un 60% sobre Seguros Comerciales Bolívar, en un 22.50% sobre Aseguradora Colseguros y en un 17.50% sobre Seguros Tequendama, a título de Coaseguradores.

Por lo demás, no ha sido materia de debate lo concerniente al cumplimiento de la condición a que está subordinada la obligación de los aseguradores: la realización del robo o atraco. Con la denuncia formulada el 2 de diciembre de 1972 ante el Juzgado Penal Municipal de Maicao (cdno. 2, fl. 125) y con la certificación de este despacho, fechada el 4 de los mismos mes y año, según la cual cursa en él una investigación por el delito de robo de que fue víctima el Banco de Bogotá en su sucursal de Maicao el 1º de diciembre de 1972, entre las 11 y 30 a.m. y las 12 m. (cdno. 2, fls. 123 y ss.), puede considerarse probado el siniestro. Y con el acta de arqueo practicada en dicha sucursal el 2 de diciembre de 1972 (cdno. 2, fl. 126), según la cual se registró una pérdida de $ 7.421.767.30, proveniente del atraco, y un remanente de $ 345.735.73, puede decirse probada la cuantía del daño. Con estos elementos, la entidad asegurada ha satisfecho la carga que le impone el artículo 680, numeral 7º del Código de Comercio anterior.

Con lo expuesto en este capítulo 6 quedan establecidos los elementos esenciales del contrato, lo mismo que su vigencia en el momento del siniestro.

7. Obligaciones del asegurado

I. Generalidades

Conforme a la condición 2ª de la póliza 9559, “el asegurado se obliga a presentar a la compañía, dentro de los quince días subsiguientes al día último de cada mes, una declaración escrita que muestre el valor de las existencias al finalizar cada uno de los días del mes inmediatamente anterior”.

Según la condición 8ª, “el asegurado perderá todo derecho a la indemnización, en el caso de pérdida, si cualquiera de las declaraciones mencionadas en la condición 2ª hubiere sido hecha por valor inferior al de las existencias realmente habidas”. A lo cual se agregó, mediante certificado de aclaración expedido por Aseguradora Colseguros el 4 de noviembre de 1971, “a menos que se pruebe error involuntario” (cdno. 2, fl. 10).

Y, en fin, se invocan ahora para deducir una nueva obligación a cargo de la entidad asegurada y afirmar que ella fue violada por el asegurado, la carta de la Compañía Colombiana de Seguros de 23 de agosto de 1966, dirigida al Banco de Bogotá, según la cual “…se requiere que ustedes fijen límites máximos que cubran suficientemente el movimiento diario de dineros…” (cdno. 2, fl. 8), y la suscrita el 14 de septiembre del mismo año por el Banco de Bogotá, que dice: “Como los límites máximos individuales establecidos cubren suficientemente las existencias de dinero, se supone que no quedamos sujetos a coaseguro…” (cdno. 1, fl. 98).

Antes de iniciar el examen de las estipulaciones a que se refieren las condiciones 2ª y 8ª de la póliza, debe el tribunal analizar el último aspecto planteado.

De aceptarse la existencia de la obligación de cubrir suficientemente el movimiento diario de dineros, habría que interpretarla en función del motivo determinante (C. Co., art. 1524), que para el asegurado fue, según su manifestación textual, el no quedar sujeto al coaseguro (cdno. 1, fl. 98). Y en caso de ser infringida la obligación misma, la consecuencia sería la de aplicar a aquel sanción establecida en el artículo 16 de la póliza, en armonía con su condición 6ª, y por el artículo 656 del Código de Comercio anterior, esto es, la reducción proporcional de la indemnización en caso de siniestro, mas no la pérdida total de ella.

El cumplimiento imperfecto de la obligación por la entidad asegurada se haya evidenciado en el proceso, bien por medio de las declaraciones mismas, respecto de las existencias de dinero en la oficina principal del Banco de Bogotá y en la sucursal de Maicao (cdno. 2, fls. 11 a 22, y cdno. 4-II, fls. 112 a 126) o bien, respecto de todas las sucursales del país; por medio de los certificados de aplicación, con sus relaciones anexas, que aparecen incorporados al expediente (cdno. 6, fls. 99 y ss.). Es lo cierto que sin las declaraciones previas, cuya versión a “valores aplicados” se halla en las citadas relaciones, no hubieran sido expedidos los respectivos certificados de aplicación.

Sin embargo, las pruebas allegadas al proceso indican que se omitió, por la entidad asegurada, la declaración de las existencias de dinero derivadas de sus contratos con el Banco de la República, en cuanto a las sucursales de Maicao y Barrancabermeja durante sus respectivas vigencias, y en lo que toca con la oficina principal, las correspondientes al período comprendido entre el 1º de marzo de 1965 y el 30 de abril de 1969. Está probado, así mismo, en lo que concierne a esta oficina, que las declaraciones sobre los meses subsiguientes a la última fecha citada, hasta diciembre de 1972, fueron recibidas por Aseguros Ltda., que era la firma intermediaria del seguro (cdno. 5, fls. 1 a 31; cdno. 4-II, fls. 112 a 127; declaraciones de existencias en efectivo correspondientes a la bóveda del Banco de la República, oficina principal, y de dineros en bóveda de esta; documentos incorporados al cdno. 6, y testimonio de Miguel Vicente Ortiz, cdno. 1, fl.88).

Si estas omisiones determinan la sanción de que trata la condición octava, es cuestión que será objeto de análisis posterior.

Vale la pena agregar que la de declarar las existencias de dinero, en la póliza de valor flotante, es una de las obligaciones a cargo del asegurado cuya finalidad está vinculada a la de “pagar la prima en la forma y época convenidas” (C. Co. anterior, art. 680, 2ª).

Se ha invocado el artículo 1609 del Código Civil para aducir que la mora del asegurado en el cumplimiento de la obligación de declarar periódicamente las existencias de dinero a la orden del Banco de la República en la oficina de Maicao, justifica la excepción de contrato no cumplido propuesta por el asegurador, quien, con base en ella, estaría exonerado de cumplir con su obligación de pagar el seguro. El tribunal considera que el incumplimiento del asegurado en la forma alegada por el asegurador, no es el previsto en el contrato de seguro sub judice, pues en este se estipuló un incumplimiento específico o calificado, de cuya realidad o irrealidad los árbitros van a ocuparse a continuación.

Finalmente, el Banco de Bogotá no ha llegado sino ha reconocido que con relación a la oficina de Maicao todas las declaraciones mensuales de existencias fueron presentadas sin incluir en ellas los dineros consignados en caja o bóveda especial a la orden del Banco de la República, aduciendo que tal omisión obedeció a “error involuntario”.

II. La noción de “error involuntario”

Es necesario hacer la siguiente observación previa: la especie del género “error”, concretada en la noción de “error involuntario” no constituye concepto que sea materia de frecuente trajín, ocurrencia y empleo en la disciplina teórica ni en la cuotidiana praxis del derecho. Tal especie de error calificado no es como el error mismo, o como la ignorancia, o como la culpa, o como el dolo, o como la diligencia y cuidado, etc., que encuentran su significado conceptual en los principios generales de la ciencia jurídica, su empleo frecuente en las normas positivas del derecho y su aplicación razonada en la práctica de las relaciones humanas y de la jurisprudencia. La noción específica de “error involuntario”, ajena a la teoría de la norma, a su contenido, a los usos corrientes en las interrelaciones de la gente y en las prácticas del foro, debe por ello ser evaluad de acuerdo con las máximas de experiencia, es decir, según los principios generales de la lógica aplicados al uso de la razón en las actividades diarias.

El concepto de “error involuntario” debe interpretarse en función de tres criterios básicos, cada uno de los cuales encuentran respaldo en el Código Civil.

a) Un criterio objetivo. El concepto de error incorporado en la condición 8ª hay que entenderlo en un sentido objetivo, como la divergencia entre la expresión u omisión de un hecho con la existencia o contenido reales del hecho mismo. Como error-efecto y no como error-causa. Y el de un error “involuntario”, como aquel que procede de una causa extraña a la voluntad del asegurado, concebida esta como capacidad de elección consciente, deliberada, libre, como acción encaminada a un resultado congruente con su designio. Así, cuando en la “declaración” de existencias a que se refiere la condición 8ª, que debe darse por escrito, aparece un valor inferior al de las existencias reales, hay un error, una inexactitud, independientemente de la identificación de su origen. Si proviene de la voluntad de la persona responsable de la “declaración”, será un “error” voluntario; si no, será un error involuntario. Este es el sentido natural y obvio de la expresión, el que le atribuiría el común de las gentes, en armonía con su tenor literal.

Otras interpretaciones, por fundadas que sean desde el punto de vista filosófico o jurídico, como la del “error inevitable” o la del “error inculpable”, resultan inadecuadas para explicar los fines que persigue la sanción a que se refiere la cláusula en estudio. Enfocan el error, en un sentido subjetivo, como vicio del consentimiento o como germen de responsabilidad civil, en términos que pugnan con los principios que rigen un contrato tan peculiar como el seguro y que, en todo caso, desborda la intención de los contratantes;

b) Un criterio subjetivo. La expresión “error involuntario” fue introducida a la cláusula original años después de celebrado el contrato. No podía ser para desmejorar la posición del asegurado. Fue para mejorarla, como se venía haciendo desde la iniciación de la póliza: con la tarifa discriminatoria para las existencias de dinero dentro o fuera de caja fuerte, con el incremento automático del amparo, con la eliminación virtual del recargo para el riesgo de atraco (carta 001320, cdno. 2 fl. 8), con la eliminación de la prima mínima (carta de 14 de septiembre de 1966, cdno. 1, fl. 98), con la modificación de la condición 9ª de la póliza sobre “contabilidad, inspección y seguridad de los libros” (cdno. 2, fl. 10) y con el pacto sobre renovación automática del seguro (cdno. 2, fls. 23 y 24).

Es lo cierto que la cláusula primitiva, literalmente interpretada, coloca a la entidad asegurada en una posición arriesgada para la efectividad de sus eventuales derechos. De donde se infiere que, al concertarse la cláusula nueva, no perseguían los contratantes otro fin que el de afianzar la seguridad del Banco de Bogotá como beneficiario de la garantía. De este modo, la intención se torna coherente con el texto literal de la estipulación;

c) Un criterio jurídico. La interpretación que se acoge consulta mejor la fisonomía del contrato, su naturaleza de seguro de valor flotante (C.C., art. 1621). Es este un seguro que suscribe el asegurado con el fin de obtener la máxima protección a trueque de un precio razonable. Y de ahí las declaraciones de existencias y su periodicidad, que hay que considerar como presupuestos de la obligación de pagar la prima. El asegurado puede garantizar su buena fe en la elaboración de tales declaraciones, y de ahí el sentido que se atribuye al concepto de “error involuntario”, pero le resulta arriesgado aceptar una cláusula que lo condena a perder su derecho a la eventual indemnización en el caso de inexactitud proveniente de culpa leve y, peor aún, de caso fortuito.

Y es, así mismo, más coherente con la normativa general del seguro. El concepto de “error culpable” como fuente de responsabilidad contractual, con fundamento el artículo 1604 del Código de Comercio, no encaja dentro del régimen de las obligaciones del asegurado en el contrato de seguro.

El no pago de la prima, por ejemplo, para mencionar tan solo una obligación de esencia contractual, obligación strictu sensu, “autoriza al asegurador para demandar la entrega de ella, o la rescisión del seguro con indemnización de daños y perjuicios” (C. Co. anterior, art. 668, inc. 1º), pero la “demanda de la prima deja subsistente el seguro” (Ibíd., inc. 2º). Y a la luz del artículo 669 del mismo código, si el asegurador no ejerce estos derechos “dentro del término de tres días contados desde el vencimiento del plazo” … “el seguro se reputará vigente para todos los efectos, y el asegurador solo podrá perseguir la entrega de la prima”. Importa subrayar, según lo que se deduce de estos textos, que ni aún el incumplimiento de una obligación tan trascendental origina para el asegurado la pérdida del derecho a la indemnización en caso de siniestro.

A lo que sí atribuye particular relieve el Código de Comercio es a los deberes que sustentan el equilibrio contractual, como los de declarar el estado del riesgo (Ibíd., art. 680, 1º) o mantenerlo (art. 662), cuyo quebrantamiento determina la “rescisión” del contrato (arts. 681, 1º y 662).

A la naturaleza jurídico-económica del seguro interesa más la solidez de este instrumento de previsión que la noción de culpa tan grávida de efectos en los demás contratos de derecho común. Este aserto, que encuentra tan amplio respaldo en la legislación sobre el contrato de seguro (C. Co. actual, arts. 1054, 1055, 1127 y ss.), puede también sostenerse, así sea con algunas reservas, frente a la normativa aplicable al asunto que se controvierte. En efecto, no obstante que este estatuto define el riesgo como “la eventualidad de todo caso fortuito que pueda causar la pérdida o deterioro de los objetos asegurados” (art. 635), y que “el asegurado está obligado … a emplear todo el cuidado y celo de un diligente padre de familia, para prevenir el siniestro” (art. 680, 3º), admite, en general, la asegurabilidad de las culpas indirectas (art. 675), e impone a cargo del asegurador la obligación de resarcir “las pérdidas y deterioros causados por la acción directa del incendio, aunque este accidente proceda de culpa leva o levísima del asegurado…” (art. 708, 1º).

Las teorías de la culpa directa o indirecta de la persona moral, fundamentales para deducir su responsabilidad civil, carecen —se repite— de proyecciones, o estas son limitadas, en lo concerniente a la ejecución de las obligaciones de asegurado. Pues si así no fuera, estaría desprovisto de aplicación práctica, despojado de todo interés jurídico, el seguro de manejo de que trata la Ley 225 de 1938, concebido precisamente para proteger a las personas contra la conducta dolosa de sus subordinados, encargados de la custodia de sus dineros u otros bienes. Y el seguro de responsabilidad civil, que constituye uno de los avances más significativos del seguro moderno, quedaría desquiciado en sus bases.

Y en cuanto a los principios que rigen la responsabilidad contractual, si se hace extensivos a la responsabilidad del asegurado por infracción de sus obligaciones, habría que invocarlos en su integridad, esto es, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, si su cumplimiento ha sido imperfecto, si se ha causado perjuicio al acreedor, si este proviene de dolo o de culpa o de caso fortuito, cuál su quantum (C.C., arts. 1604, 1610, 1613, 1614 y 1616). Si esto no se ha hecho, es porque carece de la trascendencia que se les ha atribuido en el debate. Y es porque la pérdida del derecho a la indemnización, en el contrato de seguro, responde primordialmente a otros postulados.

Sería paradójico, ante la amplitud con que concibe la ley la resarcibilidad del daño asegurado, que este derecho pudiera resultar sacrificado por infracciones de poca monta provenientes de culpa leve o levísima del asegurado. Y más aún, si se admitiera la tesis del “error inevitable”, por aquellas que tuvieran como origen el caso fortuito.

El “error inculpable”, a que se refiere el artículo 1058, inciso 3º del nuevo Código de Comercio, como causal que ni siquiera es de nulidad relativa del contrato de seguro, sino determinante de una reducción proporcional de la prestación asegurada, no puede asimilarse al concepto de “error involuntario” incorporado en la condición 8ª de la póliza, porque hace parte del régimen de los vicios del consentimiento del asegurador que es materia extraña al tema que se controvierte.

Todo lo anterior indica que la influencia de la culpa en la relación aseguradora hay que enmarcarla dentro de un esquema coherente con lo principios que dominan la institución jurídica del seguro (C.C., art. 1621).

La legislación y la doctrina sobre el contrato de seguro se ocupan de la caducidad como la más rigurosa de las sanciones que pueda imponerse al asegurado que ha quebrantado las obligaciones que está llamado a cumplir con ocasión del siniestro.

Picard y Besson le atribuyen la naturaleza de “modo general de extinción de un derecho” y la definen como “un medio o una excepción que permite al asegurador, aunque el riesgo previsto en el contrato se haya realizado, rehusar, a causa de la inejecución por el asegurado de sus obligaciones en caso de siniestro, la garantía por él prometida”. (Les assurances terrestres en droit français, Maurice Picard et André Besson, 2eme Ed., tome 1er, pág. 189).

Es una sanción de tal trascendencia, tan opuesta a la esencia protectora del seguro, que el nuevo Código de Comercio la reserva a infracciones maliciosas del asegurado, enderezadas a defraudar al asegurador o a causar detrimento a los derechos que le confiere la ley, como serían las de los deberes de “no renunciar … a sus derechos contra terceros responsables del siniestro” (art. 1097), “declarar al asegurador, al dar la noticia del siniestro, los seguros coexistentes, con indicación del asegurador y de la suma asegurada (art. 1076), o el de proceder con lealtad y buena fe en la promoción y prueba de su reclamación (art. 1078). Hay, además, otras contravenciones que escapan a la caducidad y se sancionan tan solo con la indemnización de los perjuicios que se hayan irrogado al asegurador (art. 1078).

El Código de Comercio anterior no consagra la caducidad sino, con impropiedad que es fácil de identificar, la “rescisión” que, a la luz del artículo 681, tiene lugar “por inobservancia de las obligaciones contraídas”, entre las cuales es pertinente mencionar las consignadas bajo los numerales 4º a 6º del artículo 680, porque todas ellas surgen para el asegurado con ocasión del siniestro. Pero según doctrina de la Corte, la infracción de este género de obligaciones “no puede tener por sanción … sino la obligación de indemnizar al asegurador los perjuicios que este demuestre haber sufrido (LX, 69). La caducidad tiene por objeto, como lo anotan los expositores antes aludidos, “sancionar el fraude o la mala fe de que el asegurado puede hacerse culpable con ocasión del siniestro” (Ibíd., pág. 190).

En un contrato como el de seguro, que tiene en la buena fe su columna vertebral (uberrima bona fidès), lo que importa al asegurador es que ella se conserve incólume durante la vigencia del vínculo. Por lo cual la condición 8ª debe interpretarse en función de ese objetivo. La intención que en ella está implícita no es otra que la de prevenir el fraude a los intereses del asegurador que, en parte sustancial, se identifican con los de la comunidad asegurada. Y solo así puede entenderla y aceptarla el asegurado, pues de otro modo, extendida a sancionar la inexactitud meramente culposa, estaría asumiendo un riesgo más grave que el que desea trasladar por medio del seguro: el de perder su derecho a la indemnización en caso de siniestro, ya no solo por su culpa personal, directa, en la ejecución de sus obligaciones, sino por las culpas, muchas veces incontrolables, de sus agentes y aun por el caso fortuito.

Si la intención que da vida a la cláusula, según lo expuesto, no pudiera estimarse evidenciada, si tampoco el criterio jurídico de que se ha hecho mérito hiciera claridad sobre su alcance, “debe estarse … a lo literal de las palabras” (C. Co., art. 1618). E “involuntario” es, con este criterio, lo “que sucede independientemente de la voluntad” del asegurado. No únicamente, como se sugiere, lo que acaece contra su voluntad. Ni lo que, por insuperable, dimana del caso fortuito.

El “error involuntario” es, en síntesis, el que no proviene de la voluntad del asegurado orientada a causar un daño (dolo), o de “negligencia grave”, que “en materias civiles equivale al dolo “ (C. Co., art. 63).

III. Aplicación específica

Examinado el alcance de la condición 8ª de la póliza, resta analizar si es procedente su aplicación al caso controvertido.

Tratándose de una sanción que es, además, la más drástica a que puede dar origen la infracción del contrato, o sea la pérdida del derecho a la indemnización, debe ella aplicarse con criterio restrictivo. Favores sunt ampliandi et odia restringenda. Y sin perder de vista, además de su fundamento ético, jurídico y técnico, la magnitud del daño causado con la infracción. Ya se ha dicho que su fundamento ético-jurídico radica en la necesidad que tiene el asegurador de prevenir el fraude. Puede agregarse que su soporte técnico es el equilibrio financiero de los riesgos vinculados a la comunidad.

Con los presupuestos que anteceden, y con base en los elementos de juicio incorporados al expediente, pueden formularse estas consideraciones:

No brinda asidero el proceso para deducir dolo o culpa grave a cargo de la entidad asegurada. Es fácil presumir que, en todo momento, ejecutó el contrato de buena fe, exenta la voluntad de intención torticera. Ni hubo tampoco negligencia grave, porque:

a) La no inclusión en las declaraciones periódicas de las existencias de dineros vinculados a los contratos con el Banco de la República en la oficina principal y en las sucursales de Barrancabermeja y Maicao, representan una irrisoria economía en el valor de las primeras frente al monto total de estas durante la vigencia del seguro. La prima total en el período comprendido entre el 1º de marzo de 1965 y el 31 de diciembre de 1972 ha debido ser de $ 2.575.000 y el pago omitido por dicho concepto fue de $ 30.800, que equivale a un 1.2% sobre la prima total. (Informe de Aseguros Ltda., cdno. 4-II, fl. 142, y dictamen pericial, cdno. 1, fls. 153 y ss. y 160 y ss.).

Una omisión internacional hubiera podido explicarse por el afán de hacer un fraude en el pago de las primas, de tal magnitud que guardara relación con el riesgo a que, por virtud del contrato, se exponía la entidad asegurada;

b) Los dineros depositados en la bóveda del Banco de la República, en la sucursal de Maicao, se contabilizaron como cuentas de orden-valores en custodia; no formaban parte, como era lo indicado, de los activos reales (dictamen pericial, cdno. 1, fls. 153 y ss.). Fue este el factor determinante de la omisión, que la mayoría del tribunal no considera imputable a dolo o culpa grave;

c) El carácter periódico y, en cierto modo, rutinario de las declaraciones, que se hacían en formularios impresos, puede explicar que la inadvertencia inicial se hubiera perpetuado en las declaraciones subsiguientes. Las omisiones tienen un mismo origen, a saber: la peculiar naturaleza de los contratos con el Banco de la República y la forma como había que contabilizar las partidas diversas de su ejecución;

d) En memorando fechado el 31 de agosto de 1971, el gerente de la zona de los Santanderes del Banco de Bogotá (cdno. 2, fl. 137), dio cuenta al departamento de servicios administrativos de la firma del contrato con el Banco de la República respecto de la sucursal de Maicao, y solicitó asegurar los respectivos dineros hasta por la suma de $ 2.000.000, “en adición a la póliza normal en vigencia para los fondos del banco en esa plaza”. Según memorando fechado el 2 de septiembre del mismo año, el director administrativo dio respuesta a la solicitud anterior, en el sentido de que “ya se adelantaron los trámites respectivos con la compañía de seguros” (cdno. 2, fl. 138). Y es cierto que para esa fecha el límite asegurado en la sucursal de Maicao, en la póliza de robo, era de $ 7.700.000 (cdno. 6, fl. 394);

e) No obstante hallarse depositados en las propias sucursales y en la oficina principal del Banco de Bogotá, los dineros derivados de los contratos con el Banco de la República no figuraban en la cuenta de caja. Fue este otro factor determinante de la omisión tantas veces mencionadas. Aunque ciertamente no podría invocarse respecto de la sucursal de Barrancabermeja donde por, un tiempo, tales depósitos sí hacían parte de aquella cuenta, pero esto no desvirtúa el poder de los demás elementos de convicción;

f) Otra prueba de la buena fe de la entidad asegurada en la ejecución de su obligación es que, a partir de mayo de 1969, a juzgar por las constancias procesales, envió a Aseguros Ltda., por separado, las declaraciones de existencias de dinero en la bóveda del Banco de la República de su oficina principal (cdno. 5, fls. 1 a 48). Cosa diferente es que, por omisión del intermediario, no hubieran sido transmitidas a las compañías de seguros. Pudo configurarse una responsabilidad del intermediario, cuya calificación no compete al tribunal. Pero sí importa definir si las consecuencias de la omisión gravitan sobre el asegurado o sobre las compañías.

A partir de agosto de 1967 Aseguros Ltda. tuvo la calidad jurídica de Agencia de Seguros de la Compañía Colombiana de Seguros, de Aseguradora Colseguros y de Seguros Comerciales Bolívar, en épocas que coinciden con las que delimitan sus respectivos lideratos en la póliza 9559, o de la póliza RB-3730 (cdno. 5, fls. 53 y 64).

A la luz de la Ley 65 de 1966 (art. 9º), la agencia de seguros se halla legalmente investida de la calidad de representante, en determinado territorio, de la compañía de seguros, con la facultad que le confiere el artículo 12, literal a) de dicha ley, consistente en “recaudar dineros referentes a todos los contratos o negocios que celebre”, vale decir, las primas a que den origen los seguros que haya promovido para la compañía “mandante” (art. 12, lit. d)). Pero el recaudo de la prima en seguros como el que se controvierte, tiene como antecedente necesario la “declaración de existencias” que periódicamente debe hacer el asegurado. De donde se deduce que, con la de recaudar las primas, tiene la agencia la facultad de recibir las declaraciones periódicas como mandataria de la compañía.

Fuera de estas facultades de origen legal, Aseguros Ltda. se hallaba provista de un mandato más amplio y de carácter representativo, como firma sucesora de Arciniegas, Pinzón & Cía., según se deduce de las cartas 245 de abril 12 de 1967 y 5750 (cdno. 5, fls. 55 y 57), cruzadas entre esta última sociedad y la Compañía Colombiana de Seguros, y de la declaración del señor Miguel Vicente Ortiz, gerente de Aseguros Ltda. (cdno. 1, fl. 126 vto.). Ahora bien, a juzgar por la comunicación 003606 de 9 de diciembre de 1966 (cdno. 5, fl. 58), la Compañía Colombiana de Seguros había delegado en Arciniegas, Pinzón & Cía. Ltda., entre otras, la facultad de aceptar seguros y expedir, en nombre de la compañía, certificados provisionales de amparo. Esta facultad, por sí sola, por comprender el acto jurídico de mayor sustancia en una empresa de seguros, implica necesariamente el ejercicio de otras funciones preliminares o complementarias, como sería la de recibir las declaraciones del asegurado en desarrollo de las pólizas de valor flotante.

Si, pues, Aseguros Ltda. recibió del Banco de Bogotá las declaraciones de que se ha hecho mención, es tanto como si las hubieran recibido la Compañía Colombiana de Seguros y su sucesora Aseguradora Colseguros, desde mayo de 1969 hasta febrero de 1972, y Seguros Comerciales Bolívar, desde marzo hasta diciembre de este último año. Los actos jurídicos del representante, dentro del límite de sus poderes, producen directamente sus efectos en cabeza del representado (C.C., art. 1505).

Cabe observar, por otra parte, que como sociedad corredora de seguros, Aseguros Ltda. solo tenía calidad de intermediaria, según el certificado 027 de la (*) Superintendencia Bancaria (cdno. 5, fl. 54), a partir del 27 de diciembre de 1972 (C. Co. vigente, art. 1349). No procede alegar que mediante la comunicación de 22 de mayo de 1967 (cdno. 5, fl. 61), dirigida a la Compañía Colombiana de Seguros, el Banco de Bogotá hubiera asignado a Aseguros Ltda. su representación para todo lo relativo al seguro de robo y atraco. Porque, de un lado, aunque provisto de trascendencia jurídica, este hecho no enerva la representación que, por ministerio de la ley y así fuera limitada en sus proyecciones, tenía la misma firma de las mencionadas compañías; y de otro, porque lo que hacía parte del objeto del mandato, en desarrollo de los actos accesorios, era la recepción de las declaraciones y aun la liquidación de las primas respectivas.

Todo lo expuesto, para concluir que la “declaraciones” expedidas a las compañías por conducto de Aseguros Ltda., incluidas las atinentes a los depósitos derivados del contrato con el Banco de la República en la oficina principal del Banco e Bogotá, se hallaban ajustadas al contrato. Y que si estas últimas no fueron objeto de aplicación a la póliza ni dieron, por lo mismo, base al recaudo de la prima respectiva, culpa es de las compañías y no de la entidad asegurada. Y para demostrar, además, que no existió designio del asegurado de defraudar a su asegurador.

Pudo haber fallas en los controles internos de la entidad asegurada que influyeron en la omisión de las declaraciones mensuales de las existencias de dinero vinculados a los contratos del Banco de Bogotá con el Banco de la República, no obstante las instrucciones generales, claras y precisas, para el manejo de los seguros de robo y atraco que se impartían en el manual de servicios administrativos (T. I, título III, pág. 002-0).

Pero la sanción contractual, para la mayoría del tribunal aparece reservada a la inexactitud en las declaraciones que provengan de un designio intencional, voluntario, enderezado a hacer víctima al asegurador de una defraudación. Esto es, de una infracción maliciosa del contrato.

No incurrió, empero, en culpa grave, porque la circunstancia de haber impartido instrucciones generales a todas sus oficinas, según el citado manual, sobre la necesidad de hacer declaraciones mensuales de las existencias de dinero en cada sucursal, para efectos del seguro de robo y atraco, la de haber declarado efectivamente las vinculadas al contrato con el Banco de la República en la oficina principal, y la de haber recomendado el ajuste del seguro para la oficina de Maicao, a raíz de la firma del nuevo contrato, indican un grado de diligencia que releva a la entidad asegurada del cargo de grave negligencia en el cumplimiento de la obligación que le imponía el contrato de seguro y, por tanto, merced a la asimilación legal de la culpa grave al dolo, de haber incurrido en fraude contra el asegurador, hipótesis en que necesariamente, y aun en defecto de estipulación contractual como la consignada en la condición 8ª de la póliza 9559, acarrearía la pérdida del derecho a la indemnización. Fraus omnia corrumpit.

Todos estos elementos demuestran que … (sic) exactas, a través de la vigencia del contrato, las declaraciones de existencias de dinero que, en desarrollo de la póliza, suministró a las compañías de seguros el Banco de Bogotá, la inexactitud configura el error involuntario en el sentido ya explicado. Por lo cual no es aplicable al caso controvertido la sanción prevista por la condición 8ª de la póliza.

8. El daño indemnizable

Con la conclusión que antecede, adoptada por la mayoría del tribunal, y probados como están el siniestro y la pérdida, procede cuantificar el daño indemnizable a la luz del contrato.

Al efecto, dispone el tribunal de los siguientes elementos de juicio:

a) El valor asegurado efectivo de la póliza, tal como quedó definido en el capítulo 5 (I, C, c)) de este laudo, era en la sucursal de Maicao, en la hora y el día en que se registró el siniestro, de $7.000.000 (sic), igual por tanto al valor asegurado nominal (b), ibíd.);

b) El valor real del interés asegurable en los mismos día y hora, según se deduce del acta de arqueo practicado en la misma sucursal el 2 de diciembre de 1972 (cdno. 2, fl. 126), y de la “relación de existencias de dinero en la oficina” de Maicao, correspondiente al mismo mes (cdno. 2, fl. 21), era de la suma de $ 7.767.503,3, equivalente al valor de la pérdida efectiva, más un remanente de $ 345.735,73;

c) Con los datos que anteceden, deduce el tribunal que el interés asegurable se hallaba realmente asegurado, en el momento del siniestro, en un 99.13%;

d) La pérdida efectiva derivada del atraco, a juzgar por la citada acta de arqueo, fue de $ 7.421.767,30;

e) Con base en estos elementos, y teniendo en cuenta el artículo 16, inciso segundo de las condiciones generales de la póliza 9559 de la Compañía Colombiana de Seguros, su condición especial 6ª y el artículo 656, inciso 2º del Código de Comercio anterior, aplicando a la cantidad que se menciona en el literal d) el porcentaje consignado en el literal c), el tribunal determina como daño indemnizable a favor del Banco de Bogotá y a cargo de las compañías de seguros, la suma de siete millones, trescientos cincuenta y siete mil ciento noventa y siete pesos con noventa centavos ($ 7.357.197,90) que será compartida por estas de acuerdo con las cuotas que asumen en el seguro;

f) La entidad asegurada solicita la liquidación de intereses “en la forma prevista en el artículo 1080 del Código de Comercio” (cláusula 14ª del compromiso arbitral, cdno. 1, fl. 22). La norma invocada reza:

“El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, intereses moratorios a la tasa del dieciocho por ciento anual”.

En cuanto a la tasa de interés, el tribunal debe atenerse a lo solicitado por el peticionario, aunque las leyes 105 de 1927 (art. 25) y 89 de 1928 (art. 3º), que es la legislación vigente al tiempo del contrato, establecen un interés igual al corriente, que es del 16% anual (Superbancaria, Res. 0699, mar. 12/74), más el 5% anual, o sea un 21%, a fin de no incurrir en ultrapetita.

En cuanto a la fecha desde la cual deben liquidarse los intereses, prevalece la norma del artículo 25 de la Ley 105 de 1927, o sea una vez vencidos “los noventa días siguientes al en que el asegurado o quien lo represente… haga la reclamación aparejada de los comprobantes que, según la póliza, sean indispensables…”.

En defecto de prueba sobre la fecha de presentación formal del reclamo, el tribunal toma como base para el cómputo la carta de 23 de julio de 1973 (cdno. 2, fl. 135), mediante la cual Seguros Comerciales Bolívar, como líder de la póliza, comunica a la entidad asegurada que “no existe obligación para las aseguradoras de indemnizar parte alguna de las pérdidas ocurridas al banco en la fecha indicada”. Como el término que señala el artículo 25 de la Ley 105 de 1927 debe entenderse en días hábiles, de acuerdo con el artículo 62 del C.P. y M., los intereses sobre el monto de la indemnización corren a partir del 9 de noviembre de 1973.

Costas

De conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso, y compete al Tribunal de Arbitramento hacer la liquidación correspondiente y decretar su pago en la sentencia, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 671, 7º ibíd. En consecuencia, se procede a hacer la liquidación, así:

Papel sellado$ 102
Estampillas de timbre en certificaciones$ 29
Certificado Cámara de Comercio de Bogotá$ 40
Cuenta en los honorarios a los peritos$ 30.000
Consignación para gastos de funcionamiento del tribunal y honorarios de sus miembros$ 350.000
Agencias en derecho, que se fijan en$ 100.000
Total$ 480.171

Resolución

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Condénase a Seguros Comerciales Bolívar, Aseguradora Colseguros y Seguros Tequendama, compañías de seguros domiciliadas en Bogotá, a pagar al Banco de Bogotá, establecimiento bancario del mismo domicilio, una vez ejecutoriado el presente laudo, como indemnización por el siniestro ocurrido en su sucursal de Maicao el 1º de diciembre de 1972 y según la póliza de seguros que se especificó en la parte motiva, la cantidad de siete millones trescientos cincuenta y siete mil ciento noventa y siete pesos con noventa centavos ($ 7.357.197,90) moneda corriente, en la proporción del sesenta por ciento (60%), del veintidos y medio por ciento (22½ %) y del diez y siete y medio por ciento (17½%), respectivamente, en que dichas compañías compartían el seguro a partir del 1º de octubre de 1971, según se ha indicado en la parte motiva, y los intereses de la expresada suma, a la tasa del diez y ocho por ciento (18%) anual, desde el 9 de noviembre de 1973 hasta el día del pago.

2. Condénase a las referidas compañías Seguros Comerciales Bolívar, Aseguradora Colseguros y Seguros Tequendama, a pagar al Banco de Bogotá, en las proporciones indicadas, una vez ejecutoriado el presente laudo, la cantidad de cuatrocientos ochenta mil ciento setenta y un pesos ($ 480.171) moneda corriente, por concepto de costos de este proceso, conforme a la liquidación practicada por el tribunal en la parte motiva de este laudo.

Cópiese, notifíquese y protocolícese el expediente en oportunidad. Entre líneas “en las proporciones indicadas” vale.

El presidente,

Hernando Morales Molina

Los árbitros,

J. Efrén Ossa G.

Jorge Vélez García (salvo mi voto )

El secretario, Daniel Rivera Villate

Tribunal de Arbitramento. Secretaría. Bogotá, septiembre diez y siete de mil novecientos setenta y cuatro. En audiencia de esta fecha di lectura en voz alta al laudo anterior, que se notificó en audiencia, a los apoderados de las partes, doctor William Salazar Luján, del Banco de Bogotá, y doctor Hernando Castilla Samper, de las compañías de seguros, de conformidad con lo prescrito por los artículos 671, 10 y 325 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente se dio lectura en la misma audiencia al salvamento de voto del árbitro doctor Jorge Vélez García.

El secretario, Daniel Rivera Villate

SALVAMENTO DE VOTO

La discrepancia que el suscrito árbitro sustenta contra la parte emotiva y resolutiva de la sentencia que pone fin al presente proceso arbitral, por lo cual se condenan a las compañías “Seguros Comerciales Bolívar S.A.”, “Aseguradora Colseguros S.A.” y “Seguros Tequendama S.A.”, a pagar al Banco de Bogotá la indemnización por concepto del atraco padecido el 1º de diciembre de 1972 por la oficina de este en Maicao, se basa en las siguientes razones:

Está demostrado en el proceso de las existencias en la caja o bóveda asignada al Banco de la República en la oficina del Banco de Bogotá en Maicao que contenían dineros a la orden del primero, según contrato celebrado entre las dos entidades bancarias en 10 de diciembre de 1971, no fueron relacionadas mediante las declaraciones mensuales que se le debían presentar al asegurador según la cláusula segunda de las condiciones especiales de la póliza. Tales declaraciones mensuales que nunca fueron hechas con relación a la oficina de Maicao, tampoco lo fueron con relación la ofician de Barrancabermeja, respecto de los mismos dineros consignados en la última en caja o bóveda especial a la orden del Banco de la República. Aún más: en la carta de 3 de mayo de 1973, dirigida por “Ajustadores Asociados Ltda.” a la Compañía de Seguros Bolívar, aquellos comunican, como resultado del ajuste del siniestro, que “…el seguro requerido por el Banco de Bogotá, según las declaraciones mensuales, no incluye los dineros en bóveda del Banco de la República en la oficina principal, Barrancabermeja, ni Maicao” (cdno. 4-1, fls. 20 a 22).

En el curso de este proceso arbitral, el Banco de Bogotá reconoció que con relación a la oficina de Maicao, las declaraciones de existencias de dinero en caja o bóveda asignada al Banco de la República y a la orden de este, no fueron hechas debido a “error involuntario”.

La causal de “error involuntario” en la omisión referida es invocada por el asegurado para sustentar su derecho al reconocimiento y pago de la indemnización, con fundamento en la variación introducida a la 8ª condición especial de la póliza, según consta en el certificado de modificación 207483 del 4 de noviembre de 1971, que a continuación se transcribe:

“El asegurado perderá todo derecho a indemnización en caso de pérdida, si cualquiera de las declaraciones mencionadas en la condición dos (2) hubieren sido hechas por valor inferior al de las existencias realmente habidas, a menos que se pruebe error involuntario”.

La cuestión del “error involuntario” presentaba dos aspectos en el proceso, a saber: la significación misma de “error involuntario”, y obtenida esta, la comprobación de si tal error fue el que determinó la omisión en que incurrió el asegurado, según este lo ha venido sosteniendo. El suscrito árbitro funda su inconformidad respecto de la decisión mayoritaria, basado en que considera que el concepto de “error involuntario” adoptado en el fallo es equívoco, y en que, de acuerdo con la verdadera noción de este, tal “error involuntario” no aparece demostrado en el proceso.

En efecto: recurriendo a las máximas de experiencia para interpretar la noción de error involuntario, método acertado que en el proceso hubo de adoptarse, lo primero que debe ser materia de esclarecimiento es el significado que el común de la gente le atribuye al concepto mismo de error, para lo cual toda persona medianamente razonable que se halla planteado el problema por su propia experiencia sabe que, para alcanzar algún resultado positivo en dicho campo de lucubración mental, es necesario el auxilio de quien con luces intelectuales más conspicuas que las de la inteligencia ordinaria, han tratado de resolverlo.

Según la noción más generalizada que se tiene del concepto, error es una disconformidad entre las ideas de nuestra mente y el orden de las cosas. (Giorgi, Teoría de las obligaciones en derecho moderno, Ed. Española, t. IV pág. 61). Hemard estima que “el error es una creencia no conforme con la verdad”. Demogue dice que “es un estado psicológico en discordancia con la realidad objetiva”, Baudry Lacantinerie y Barde lo definen como “una noción falsa” (Enciclopedia Omeba, Buenos Aires 1966, t. X págs. 494 y ss.).

Tal disconformidad hace suponer, por lo menos, una relación aunque imperfecta de conocimiento entre la representación ideal de la cosa y la realidad de esta, puesto que la carencia de todo conocimiento de dicha cosa equivale a la ignorancia acerca de ella, y el conocimiento perfecto de la cosa equivale a la verdad.

Por otra parte, como lo advirtió Malebranche, el error significa un conocimiento que aunque imperfecto es exacto respecto de algo, no respecto del todo, de la cosa conocida, por lo cual será siempre parcial. No hay un conocimiento que pueda ser enteramente imperfecto o enteramente falso, pues esto significaría la nada absoluta que es ininteligible, y que solo podría determinar, por ello mismo, la ignorancia absoluta.

El error se puede presentar respecto de una cosa como ente, o respecto de una serie de cosas vinculadas dentro de un proceso racional, lo cual deriva respectivamente en la disconformidad de la mente con una noción o la disconformidad de la mente, por fallas en las formulaciones y mecanismos del juicio, con una relación objetiva. El primero de los errores suele ocurrir por defectos sensoriales, el segundo por estos mismos defectos y por deficiencias del raciocinio. Por otra parte, la certeza implica un segundo proceso, llamado de reflexión, por el cual la propia mente verifica la conformidad o disconformidad suya con una cosa, para enunciar la existencia de esa conformidad. Por regla general la certeza suele ser una confirmación positiva de la conformidad es decir de la verdad. Empero, también se puede llegar a tener certeza de la inconformidad, es decir del error.

En el estado de certeza el sujeto no solo conoce algo, sino que sabe que conoce ese algo, y al chequear ese conocimiento mediante el proceso de reflexión puede además tener la certeza de si su conocimiento está de conformidad con la cosa conocida, lo que produce la certeza de la verdad, o de si su conocimiento no está de conformidad con la cosa que conoce, lo cual determina la certeza del error.

Cabe observar que la noción de certeza se predica generalmente del conocimiento verdadero, es decir que la verdad, y solo excepcionalmente del conocimiento falso, es decir del error, porque este suele ab initio, desde la primera aprehensión inexacta o falsa, perturbar los mecanismos de la reflexión, mucho más complicados que los del conocimiento simple o primario.

Los anteriores rudimentos nos permiten concluir que la noción de error voluntario, antonímica del concepto de error involuntario que aquí analizamos, nunca podrá hacerse radicar en el error simple, tomado como la primera disconformidad de la mente y el objeto, puesto que en la formación de este error nunca podrá intervenir directamente la voluntad, ya que precisamente la esencia de tal error consiste en que se origina, no solo sin la participación de la voluntad sino contra ella, por fallas de los sentidos o de la inteligencia. En cambio el error voluntario podría darse dentro de un estado de certeza en el error, voluntariamente erigido en fuente de conocimiento o de acción. Este error consciente, reflexivo, erigido en pauta del discurso o de la actividad, en derecho no es otra cosa que el dolo, puesto que envuelve el “animus nocendi” o intención dañada conscientemente aprendida por la mente en un proceso de conocimiento secundario o de reflexión, y enderezada a obtener un propósito jurídico.

De las consideraciones precedentes se colige:

a) Que el simple error es siempre involuntario, pues es de su esencia la absoluta ausencia de la voluntad;

b) Que alcanzado un estado de certeza en el error la voluntad puede adherir a él como fuente de conocimiento o como móvil de actividad, lo cual equivales al dolo.

Solo en el último de los casos podría hablarse de “error voluntario” como antítesis del “error involuntario”.

De lo anterior puede concluirse que el “error involuntario” como exculpativo de la omisión del asegurado en declarar la totalidad de las existencias, y, por tanto, como causa de la obligación de pagar el resarcitorio a cargo del asegurador, no puede ser interpretado, dentro del contexto de la condición preinserta, como extremo antagónico del “error voluntario”. En otros términos: en la referida estipulación especial no se le pudo atribuir ni siquiera tácitamente ninguna relevancia a la noción de “error voluntario” como antítesis de “error involuntario”, porque asimilándose el primero al dolo, mal podían los contratantes incurrir en la ingenua redundancia de estipular, en oposición a la involuntariedad en el error, exculpativa para el asegurado y causa extensiva del derecho a la indemnización, que la voluntariedad en el error, o sea la comisión de este en estado de certeza acerca del mismo, lo que equivale al dolo, le causaría al asegurado la pérdida del seguro. Es apenas natural suponer que en cualquier contrato la comisión de dolo por una de las partes en contra de la otra acarrea la pérdida de las prestaciones contractuales pactadas que debían favorecer al contratista doloso, y exonera de cumplir sus obligaciones al contratante de buena fe. Más aun en un contrato de seguro donde esta buena fe debe darse a porfía.

Entonces, si es irrelevante dentro de la condición analizada acudir a la noción de “error voluntario”, puesto que, asimilado a dolo, las consecuencias de este eran bien conocidas y carecía de toda trascendencia jurídica pactar expresamente que el dolo del asegurado le acarrearía la pérdida del seguro solo queda cotejar el concepto de “error involuntario” con el de simple “error”, como extremos conceptuales que describen una fenomenología distinta, en que necesariamente deben producir unas consecuencias distintas dentro de la relación contractual, puesto que si no se reflejaran fenómenos diferentes ni estuvieran destinados a producir efectos diversos, el término de “error” (simple), no habría sido calificado con el adjetivo especificativo de “involuntario”. En ningún contrato puede haber palabras ociosas, y las que lo parezcan, ameritan una interpretación merced a la cual el sentido en que produzcan algún efecto debe preferirse al sentido en que no lo produzcan (C.C., art. 1620).

El primer término cabe observar que la causa exculpatoria de la omisión, según lo estipulado, es el “error involuntario”, concepto que excluye al de simple “error”, y que, como ya se vio, tampoco puede contraponerse al de “error voluntario”.

Dentro del método adoptado de recurrir a las máximas de la experiencia, para desentrañar lo que se quiso dar a entender por el término “error involuntario” es indispensable analizar el contexto del negocio, y, en particular, compulsar el sentido de la 8ª condición especial y su modificación del 4 de noviembre de 1971. Al hacerlo, se observa que esta última modificación introducida a la condición precitada consistió exclusivamente en la adición de la frase “a menos que se pruebe error involuntario”. O sea que, según la 8ª condición especial, el asegurado perdía todo derecho a la indemnización en caso de pérdida, si cualquiera de las declaraciones hubieran sido hechas por valor inferior al de las existencias realmente habidas, ahora, con la supradicha modificación, el asegurado perdería todo derecho a la indemnización por la misma causa de haber hecho declaraciones por valor inferior al de las existencias, a menos que probase error involuntario como causa de la declaración por valor inferior, caso en el cual mantendría el derecho a la indemnización.

El “error involuntario” a que se refiere la condición ocurriría durante el tracto contractual del seguro, como causa de la omisión en que incurriese el asegurado al declarar, por suma inferior a la realmente habida, cualquiera de las partidas de existencias de dinero que, según la condición 2ª ibídem debían ser materia de declaración cuantitativamente completa al asegurador. Es necesario inferir, a fortiori, que si la declaración incompleta era habitual, con mayor razón obrase la sanción contractual prevista por la condición especial y su modificación, pero también en tal evento era exculpativa la causa del “error involuntario”, de probarse su paralela coexistencia como causal igualmente habitual y persistente de la omisión.

Sentadas las premisas que anteceden, es el momento de precisar el concepto de “error involuntario”. Ya se ha visto como, por la no intervención de la voluntad en operaciones simplemente cognoscitivas ubicadas en la pura esfera de la mente, de la inteligencia, todo error simple, de conocimiento primario respecto de un objeto o de varios objetos encadenados en el juicio o raciocinio, es un error involuntario. Se vio, así mismo, que la voluntariedad a lo sumo podría predicarse de un estado de certeza en el error; entonces el elemento “involuntario”, como calificativo convencional del error, solo puede referirse a un estado de inaprehensión o desapercibimiento del error cometido, que se produce por causas insuperables o inevitables, lo que conduce a que no solo acaezca la inaprehensión o desapercibimiento del error como realidad aislada o abstracta, sino que el mismo error inaprehendido o desapercibido ostente los caracteres de inaprehensible o desapercibible. En efecto, de no reunir tales caracteres, es decir en caso de que el sujeto pudiera darse cuenta de él y lo percibiera, ipso facto se produciría un estado de certeza en el error, cuya persistencia, como se ha visto, se asimila a error voluntario, equivalente a dolo. En consecuencia, el error involuntario no puede ser otro que el error insuperable o inevitable, esto es que no es susceptible de aprehensión o percepción por quien lo padece, razón por la cual la voluntad es ajena al mismo y en ningún momento podrá presentarle su adhesión, puesto que nunca podrá producirse estado de certeza sobre él.

En cambio, si el error es superable o evitable, vale decir aprehensible o percibible, y por consiguiente enmendable, la comisión continuada del mismo, aun sin alcanzar el respetivo estado de certeza sobre él y precisamente por no alcanzarlo pudiendo haberlo alcanzado, equivaldría a la culpa, situación en la cual no existe la insuperabilidad de obtener la certeza en el error, equivalente a involuntariedad del mismo, sino que puede obedecer a la falta de diligencia y cuidado en aprehender el error, y, por consiguiente, en prevenirlo o corregirlo. Aquí se observa cómo el problema de la culpa, se subordina a la cuestión sustancial, la cual radica en que el error mismo sea insuperable o no, es decir en la inevitabilidad o no de su aprehensión, situación que sustrae y elimina las hipótesis de que en la práctica quien padeció el error pudiera haberlo previsto y evitado, tema atinente a la culpa. Además esta en un contrato de beneficio recíproco sería imputable a la parte que, incurriendo en ella por falta de diligencia y cuidado, dejara de cumplir sus obligaciones dentro del contrato.

En resumen, pues, se tiene que el “error involuntario” de que trata la modificación preindicada no es el simple error, ni para el caso amerita relevancia la figura antonímica del “error voluntario”, ni tampoco aparece en un primer plano el problema de la culpa, ya que la noción del “error involuntario” se concreta en su inevitabilidad ab initio, es decir en que no puede ser aprehendido ni percibido por quien lo padece.

Sobre las anteriores bases procedía establecer si la falta de declaraciones de las existencias de dinero a la orden del Banco de la República en caja o bóveda asignada por el Banco de Bogotá en Maicao, significaba error involuntario. Y evidentemente no significó tal error, pues la omisión en declarar los dineros expresados, de acuerdo con lo probado en el proceso no puede atribuirse en ningún caso a la inaprehensión inevitable, equivalente a error involuntario, por parte de los funcionarios del Banco de Bogotá, acerca de que tales dineros fueran de propiedad de dicha institución bancaria, o de que sobre ellos la última tuviera en alguna forma interés asegurable, como puede inferirse de los siguientes hechos cuya demostración plena aparece en el proceso.

a) Está demostrado que la omisión se produjo en forma completa, durante toda la vigencia de los respectivos contratos con el Banco de la República, en las oficinas del Banco de Bogotá en Maicao y Barrancabermeja, en tanto que en la oficina principal solo se produjo del 1º de marzo de 1965 al 30 de abril de 1969. O sea que si el error pudo ser advertido y corregido en esta, no se ve por qué razón no lo pudo ser en aquellas, pero, en todo caso, no aparece que su aprehensión y consiguiente corrección hubieren sido de carácter insuperable (cdno. 4-11, fls. 112 a 127, cdno. 1, fls. 1 a 31, testimonio de Miguel Vicente Ortiz, cdno. 1, fls. 88 y ss.);

b) Está demostrado que en las esferas directivas del Banco de Bogotá se sabía que los dineros depositados en las cajas o bóvedas asignadas por aquel al Banco de la República y a la orden de este, “no son dineros del Banco de la República sino del Banco de Bogotá”, según lo declaró el presidente y representante legal de este, doctor Jorge Mejía Salazar (cdno. 1, fl. 69), de lo cual se colige que el error consistente en la omisión de declararlos no obedeció a la inevitabilidad de establecer su naturaleza jurídica, es decir, no obedeció a “error involuntario”, puesto que respecto de tales dineros se tenía la certeza de que eran existencias del Banco de Bogotá y por tanto debían declararse;

c) Está igualmente probado que en los mandos medios del Banco de Bogotá se sabía que esta corría con la responsabilidad de dichos dineros, y específicamente con las existencias a la orden del Banco de la República en la oficina de Maicao, sobre las cuales el gerente de la zona de Santanderes señor Paul Bustamante, en memorandum GZS-527-71 del 31 de agosto de 1971, (cdno. 2, fl. 137) dirigido al jefe del departamento de servicios administrativos Jesús Villamizar, con copias a Edilberto Carrioni, director regional del norte y a Carlos A. Bosch, gerente en Maicao, oportunamente manifestó: “Solicitamos asegurar estos fondos hasta por $ 2.000.000 en adición a la póliza normal en vigencia para los fondos del banco en esa plaza”; luego no podría admitirse como “error involuntario” la total omisión de las declaraciones relativas a dichos dineros, cuyos riesgos corrían a cargo del Banco de Bogotá, circunstancia ampliamente apercibida y consabida por sus funcionarios;

d) Igualmente aparece demostrado que el Banco de Bogotá había impartido instrucciones generales a las oficinas de todo el país, en las cuales se encarece: “las declaraciones de existencias de dinero deben coincidir exactamente con los datos arrojados por los libros de la oficina, ya que si se declara un valor diferente al de las existencias reales, en caso de reclamación se pierde el derecho a la indemnización” (fl. 29, título III, capítulo 1, cartilla sobre seguros, letra c), 5º del Manual de servicios administrativos, t. 1), luego la obligación de declarar exactamente las existencias de dinero, para no correr con las contingencias de la pérdida del seguro era inclusive norma positiva de la institución, cuyo incumplimiento en el caso sub judice no podría atribuirse a inadvertencia o desconocimiento insuperables de la referida obligación, equivalente a error involuntario;

e) Se ha probado, así mismo, que la omisión en declarar periódicamente las referidas existencias de dinero, obedeció a que, en lugar de contabilizarlas dentro de los activos del banco que era lo correcto, fueron llevadas en sus saldos diarios a “cuentas de orden, valores en custodia”, según reconoce en memorando interno RN-076-73 de 19 de febrero de 1973 el director regional del norte, Edilberto Carrioni L., (cdno. 2, fl. 136), error que, frente al contexto de hechos y circunstancias que se viene analizando, no podría reputarse insuperable, mucho menos aun dentro de una estructura administrativa de permanente información a través del “manual de servicios administrativos”, circulares, visitas de auditoria etc. (testimonios de los doctores Jorge Mejía Salazar y Gabriel Uribe Mantilla, cdno. 1, fls. 69 y 80).

De otra parte, la evaluación de los hechos que se destacan en los literales anteriores con la medida de la diligencia y cuidado que debió poner el banco asegurado para evitar el error que sus funcionarios reconocen, conduce al análisis del problema a la luz de la teoría de la culpa; y en el caso sub judice, por haberse originado este en un contrato oneroso, como el de seguro, realizado para utilidad y beneficio recíproco de las partes, el banco asegurado respondería de la culpa leve en la omisión mencionada (C.C., art. 1604), ya que frente a los hechos relievados, la omisión o error que se predica apenas pudo ser el resultado de la falta de diligencia o cuidado medianos u ordinarios (art. 63 ibíd.). En suma, pues, no habiendo existido ni habiéndose probado en el proceso el elemento exculpatorio del “error involuntario” en la omisión demostrada, la conclusión jurisdiccional debió consistir en absolver a las aseguradoras del pago de la indemnización, resultado completamente contrario al condenatorio adoptado por la mayoría del tribunal, de cuya decisión por las consideraciones expresadas me aparto.

Atentamente,

Jorge Vélez García

El secretario, Daniel Rivera Villate.

Tribunal de Arbitramento. Secretaría. Bogotá, septiembre diez y siete (17) de mil novecientos setenta y cuatro (1974). El anterior salvamento de voto del árbitro doctor Jorge Vélez fue leído en audiencia de esta fecha, a continuación del laudo arbitral, como consta en el acta correspondiente.

El secretario, Daniel Rivera Villate.