Tribunal de Arbitramento

Cajanal S.A. EPS en Liquidación

v.

Banco de Bogotá S.A.

Diciembre 17 de 2008

LAUDO ARBITRAL

Bogotá, D.C., diciembre diecisiete (17) de dos mil ocho (2008)

El Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir en derecho la controversia suscitada entre CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN y BANCO DE BOGOTÁ S.A., profiere el presente laudo arbitral después de haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales previstas en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, la Ley 446 de 1998 y en el Código de Procedimiento Civil, con lo cual decide la controversia en mención, planteada en la demanda y en su contestación.

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES

1. Partes y representantes

La parte convocante en el presente proceso es CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, sociedad por acciones del orden nacional, vinculada al Ministerio de Protección Social, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del estado, legalmente constituida mediante escritura pública Número 0005003 del 7 de octubre de 2003, otorgada ante la Notaría 18 de Bogotá. Compareció a este proceso a través de la señora MARÍA FANNY SANTAMARÍA TAVERA, en su calidad de representante especial del Liquidador, a saber la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, Fiduagraria S.A., según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y en los documentos obrantes a folios 4 a 6 del cuaderno de pruebas Nº 1. A la fecha la sociedad se encuentra liquidada. Su apoderado judicial es el doctor JUAN JORGE ALMONACID SIERRA, a quien se le reconoció personería para actuar en el presente proceso, de conformidad con el poder obrante a folio 48 del mismo cuaderno principal.

La parte convocada es el BANCO DE BOGOTÁ S.A. Sociedad comercial anónima de carácter privado, sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, legalmente constituida mediante escritura pública Número 1923 del 15 de noviembre de 1870 otorgada en la Notaría 2 de Bogotá, según consta en el certificado de existencia expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, (Folios 53 a 80 del Cuaderno Principal Nº 1). Dicha sociedad tiene actualmente su domicilio principal en la ciudad de Bogotá. Comparece a este proceso a través del señor JOSÉ JOAQUÍN DÍAZ PERILLA, Representante Legal, según consta en el certificado de expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que obra a folio 128 del Cuaderno Principal Nº 1. Su apoderado judicial es el doctor JOSÉ GUILLERMO VÁSQUEZ HUEPO, a quien se le reconoció personería para actuar en el presente proceso, de conformidad con el poder obrante a folio 127 del mismo cuaderno principal.

2. El pacto arbitral

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra contenido en la cláusula décima segunda del “Convenio Nº 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes” de fecha 22 de mayo de 2000. La cláusula compromisoria en cita es del siguiente tenor:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. ARBITRAMENTO: Cualquier diferencia o controversia que surja entre las partes en razón de este contrato, con motivo de la interpretación de su objeto y/o contenido obligaciones, durante su ejecución, desarrollo, liquidación y/o terminación del mismo, que no pueda solucionarse en desarrollo de la cláusula anterior se someterán a la solución de un tribunal de arbitramento designado de común acuerdo y a falta de acuerdo por el director del centro de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio de Santafé de Bogotá, D.C. mediante sorteo entre los árbitros suscritos en las listas del citado centro, los cuales se sujetarán a las presentes reglas: a) El tribunal estará integrado por tres abogados en ejercicio. b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas en el código de comercio y a las normas establecidas por el centro de arbitramento y conciliación de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, D.C. c) El laudo o decisión del tribunal se proferirá en derecho, d) El tribunal funcionará en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C. Las diferencias que se susciten entre las partes con ocasión de la actividad contractual, que no puedan solucionarse en desarrollo de la cláusula anterior, serán sometidas a la decisión de Tribunales de arbitramento, cuya constitución y funcionamiento se ceñirán a las normas legales vigentes en la materia”(1).

3. Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros y etapa introductoria del proceso

La integración del Tribunal de Arbitramento convocado, se desarrolló de la siguiente manera:

3.1. La demanda arbitral fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Comercio de Bogotá el 1 de Octubre de 2007 y se fundamenta en la cláusula compromisoria contenida en el “Convenio Nº 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”(2).

3.2. El día 8 de octubre de 2007, se llevó a cabo la reunión de nombramiento de árbitros a la que sólo asistió la parte convocante quien manifestó no tener interés en la designación de los árbitros del presente trámite arbitral, de común acuerdo con la parte convocada. Por ello solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá que procediera a realizar tal nombramiento.

3.3. De conformidad con lo anterior, el día 18 de octubre de 2007, mediante sorteo público, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, designó como árbitros principales a los doctores Germán Tabares Cardona, Cristian Mosquera Casas y Fernando Romero Velasco quienes aceptaron su nombramiento en la debida oportunidad.

3.4. El 16 de noviembre del 2007 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal, en la cual se designó como Presidente al doctor Cristian Mosquera Casas. En esa oportunidad, mediante Auto Nº 1 (Acta Nº 1) el Tribunal se declaró legalmente instalado, nombró como Secretaria a la doctora Gabriela Monroy Torres, y fijó como lugar de funcionamiento y Secretaría el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Adicionalmente y al tenor de lo previsto en el reglamento del Centro de Arbitraje, fijó el monto de gastos y honorarios del Trámite Arbitral y por último reconoció personería a los señores apoderados de las partes(3).

3.5. En esa misma fecha la parte convocante presentó un escrito de sustitución de la demanda arbitral, escrito en el que modificó algunos apartes de la misma (4).

3.6. El 23 de enero de 2008, se llevó a cabo la audiencia en la cual el Tribunal dio lectura al pacto arbitral antes citado, y a las cuestiones sometidas a decisión arbitral expresadas en la demanda y mediante Auto Nº 5 (Acta Nº 4) se declaró competente para conocer y resolver, en derecho, las controversias sometidas a su consideración, planteadas en el escrito antes mencionado. Adicionalmente, mediante Auto Nº 7, admitió la demanda arbitral, ordenó correr el traslado correspondiente a la parte convocada, traslado que se surtió en la misma fecha (5). Los autos mediante los cuales el Tribunal asumió competencia y admitió la demanda fueron objeto de sendos recursos de reposición formulados por la parte convocada, recursos que, previo traslado a la parte convocante y al señor agente del Ministerio Público doctor Augusto Reales, fueron desestimado por el Tribunal.

3.7. Estando dentro de la oportunidad legal, el 13 de Febrero de 2008, la sociedad convocada BANCO DE BOGOTÁ S.A., contestó la demanda arbitral, con expresa oposición a las pretensiones e interposición de excepciones de mérito(6).

3.8. Mediante fijación en lista, el 14 de febrero de 2008 se corrió traslado de las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda.

3.9. El 18 de febrero de 2008, estando dentro del término legal, la parte convocante radicó un escrito en el que se pronuncia respecto de las excepciones contenidas en la contestación de la demanda y solicita la práctica de pruebas adicionales(7).

3.10. El día 6 de marzo de 2008, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual se declaró fracasada por no haberse logrado acuerdo entre las partes y se procedió al realizar la Primera Audiencia de Trámite(8).

4. Primera Audiencia de Trámite, etapa probatoria y alegaciones finales

4.1. El 6 de marzo de 2008 se llevó a cabo la Primera Audiencia de Trámite(9), en la que, mediante Auto Nº 12, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes en la demanda arbitral, su sustitución, la contestación y en el escrito presentado por el apoderado de la parte convocante mediante el cual descorrió el traslado de las excepciones propuestas por la parte convocada en la contestación a la demanda arbitral.

4.2. La etapa probatoria se desarrolló en la siguiente forma:

4.2.1. El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio que a cada una corresponda, los documentos enunciados en la demanda arbitral, su sustitución, en el escrito mediante el cual la parte convocante se pronunció respecto del traslado de las excepciones, así como aquellos enunciados y aportados con la contestación de la demanda.

Se incorporaron los documentos que fueron entregados por algunos testigos en el transcurso de sus declaraciones, los aportados por las partes con motivo de la inspección judicial, los decretados de oficio por el Tribunal y aquellos relacionados con los oficios ordenados en el Auto de Pruebas.

4.2.2. El 15 de abril de 2008 se recibió el testimonio del señor ÁLVARO JULIO RODRÍGUEZ PÉREZ, así como la declaración de parte del señor JOSÉ JOAQUÍN DÍAZ PERILLA, Representante Legal del BANCO DE BOGOTÁ S.A. Las transcripciones de tales declaraciones fueron entregadas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente(10), luego de haber sido puestas en conocimiento de las partes en virtud de lo previsto por el artículo 109 del C. de P.C.

4.2.3. Se practicó un dictamen decretado de oficio por el Tribunal rendido por el perito EDUARDO JIMÉNEZ RAMÍREZ, designado por el Tribunal, del cual se corrió traslado a las partes de conformidad con el artículo 238 del C. de P.C. Estando dentro del término del traslado, las partes solicitaron aclaraciones y complementaciones al mismo, las cuales fueron respondidas en tiempo por el señor perito(11).

La parte convocada objetó por error grave el dictamen pericial, solicitando la práctica de pruebas para demostrar el fundamento de la impugnación así formulada.

Estando dentro del término del traslado de la objeción, la sociedad convocante presentó un escrito en el que se pronuncia respecto de dicha objeción.

Las pruebas documentales solicitadas por la parte convocada fueron decretadas por el Tribunal mediante Auto Nº 27 de fecha octubre 28 de 2008, en tanto que aquella referente a la práctica de un nuevo dictamen pericial, fue denegada.

4.2.4. La parte convocante desistió de la práctica de los testimonios de los señores Ruby Hurtado, Ana Paola Quintero Mejía, Gonzalo Urbina Jiménez, Rubiela Bermúdez Quintero, Omar E. Rodríguez Velandia, Wilson Santamaría Barbosa, Juan Camilo Riveros y Deisy Rojas.

4.2.5. El Tribunal ordenó que por Secretaría se libraran los siguientes oficios:

º Al REVISOR FISCAL DEL BANCO DE BOGOTÁ, para que con base en la información contable que reposa en los libros oficiales del Banco de Bogotá S.A. y los comprobantes y soportes contables cuyas copias deberá remitir, se sirviera certificar lo siguiente:

1. El número que identificó a cada una de las cuentas a través de las cuales el Banco efectuó el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social en desarrollo del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”. Según la solicitante de la prueba son “en especial, más no exclusivamente”, “las cuentas Nº 002-06611-6, Nº 002-05959-0, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2”.

2. Los nombres y los Nits que durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 aparecen registrados como los titulares de cada una de las cuentas a través de las cuales el Banco efectuó el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social en desarrollo del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”. Afirma la parte solicitante que se trata “en especial, más no exclusivamente, de las cuentas Nº 002-06611-6, Nº 002-05959-0, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2”.

3. Las fechas en que fueron abiertas y saldadas o canceladas cada una de las cuentas a través de las cuales se efectuó el recaudo de los aportes al Sistema de Seguridad Social en desarrollo del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”. Según la solicitante son “en especial, más no exclusivamente, de las cuentas Nº 002-06611-6, Nº 002-05959-0, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2”.

4. Las fechas del último traslado y/o débito efectuado en cada una de las cuentas a través de las cuales se efectuó el recaudo de los aportes al Sistema de Seguridad Social en desarrollo del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”. Al decir de la solicitante se trata de “en especial, más no exclusivamente, de las cuentas Nº 002-06611-6, Nº 002-05959-0, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2”.

5. Las fechas, los montos y los números de cuenta afectadas con los treinta y nueve (39) débitos sobre los que versa la demanda instaurada por CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN contra BANCO DE BOGOTÁ S.A. y que fue sometida a a (sic) decisión del Tribunala (sic) de Arbitramento integrado por los doctores CRISTIAN MOSQUERA CASAS, GERMÁN TABARES CARDONA Y FERNANDO ROMERO VELASCO.

6. La identificación y fecha de radicación en el Banco de los soportes contables externos de los treinta y nueve (39) débitos sobre los que versa la demanda citada, en especial, más no exclusivamente, de los oficios expedidos por los despachos judiciales que obran en los archivos contables del Banco.

7. Los montos de los ingresos mensuales que obtuvo el Banco durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 por el cobro de la suma pactada en el “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes” por cada transacción u operación relacionada en una planilla o autoliquidación de aportes.

8. Las tasas y los montos que mes a mes y durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, el Banco pagó a Cajanal por concepto de intereses sobre “el promedio aritmético de depósitos” en las cuentas abiertas en cumplimiento del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”.

9. El número que identificó a cada una de las cuentas a través de las cuales el Banco recepcionó y recaudó los ingresos directos de Cajanal en desarrollo del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”.

10. Los nombres y los nit’s que durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 aparecen registrados como los titulares de cada una de las cuentas a través de las cuales el Banco recepcionó y recaudó los ingresos directos de Cajanal en desarrollo del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”. Afirma la solicitante que se trata “en especial, más no exclusivamente, de las cuentas Nº 002-07525-7 y Nº 002-06613-2”.

11. Las fechas en que fueron abiertas y saldadas o canceladas cada una de las cuentas a través de las cuales el Banco recepcionó y recaudó los ingresos directos de Cajanal en desarrollo del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”. Según la solicitante son “en especial, más no exclusivamente, de las cuentas Nº 002-07525-7 y Nº 002-06613-2”.

12. Las fechas del último traslado y/o débito efectuado en cada una de las cuentas a través de las cuales el Banco recepcionó y recaudó los ingresos directos de Cajanal en desarrollo del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”. Según la solicitante de la prueba se trata de “en especial, más no exclusivamente, de las cuentas Nº 002-07525-7 y Nº 002-06613-2”.

13. Si los aportes al Sistema de Seguridad Social recaudados por el Banco de Bogotá S.A., y que fueron objeto de los treinta y nueve (39) débitos sobre los que versa la demanda arbitral citada, hacían o no parte del balance del Banco y estaban contabilizados en cuentas de orden, en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del numeral 2º del artículo 299 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado el artículo 26 de la Ley 510 de 1999. La certificación de este último aspecto, deberá remitir anexo al informe copia auténtica de:

a. El “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo de Aportes”, suscrito por el Banco y Cajanal.

b. Los registros, comprobantes y soportes contables de las cuentas de orden en las que estuvieron contabilizados los aportes recaudados que fueron objeto de los treinta y nueve (39) débitos sobre los que versa esta demanda.

c. La orden expresa y escrita de Cajanal, para que dichos recursos fueran trasladados a depósitos ordinarios, cuentas de ahorro o inversiones ordinarias que hagan parte del balance del establecimiento de crédito.

La correspondiente respuesta obra a folios 198 a 203 del Cuaderno de Pruebas Nº 12.

º A la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, para que remitiera copia de las circulares externas en las que durante los años 2000 a 2006 haya impartido instrucciones a las instituciones financieras respecto del cumplimiento de las órdenes de embargo, con certificación que indique hasta qué fecha se encontró vigente cada una de dichas circulares. La correspondiente respuesta obra a folios 343 a 357 del Cuaderno de Pruebas Nº 13.

Al FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (FOSYGA), Ministerio de la Protección Social, Dirección General de Gestión Financiera, para que certificara:

i) Si Cajanal S.A. EPS en liquidación le ha informado sobre la existencia del proceso arbitral que instauró contra el Banco de Bogotá S.A. en el que pretende que la entidad financiera demandada restituya las sumas de dinero que debitó de las cuentas registradas ante el FOSYGA como recaudadora de los aportes y cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud.

ii) Si dentro de las obligaciones legales de Cajanal S.A. EPS en liquidación, en su condición de delegataria para el recaudo de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y administradora de los recursos provenientes del recaudo de las cotizaciones mientras se adelanta el proceso de compensación, se encuentra la de instaurar las acciones judiciales dirigidas a recuperar las sumas de dinero debitadas, con anterioridad a surtirse el proceso de compensación, de las cuentas registradas ante el FOSYGA como cuentas recaudadoras de los aportes y cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud.

iii) Si el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) – Ministerio de Protección Social ha iniciado alguna acción contra el Banco de Bogotá S.A. por los débitos que efectuó, con anterioridad a surtirse el proceso de compensación, en las cuentas registradas ante el FOSYGA como recaudadoras de los aportes y cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud.

La correspondiente respuesta obra a folios 385 a 387 del Cuaderno Principal Nº 1.

º A la DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO NACIONAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que se remitiera copia auténtica de:

i) El oficio del 22 de abril de 2003 suscrito por el Jefe de Cuentas Corrientes y el Subdirector Operativo mediante el cual se informa que la cuenta de ahorros Nº 002-09493-6 del Banco de Bogotá, denominada Cajanal EPS aporte patronal, fue incluida en los registros de las cuentas abiertas para el traslado de recursos del sistema general de particiones – aportes patronales salud.

ii) El formato de registro de la cuenta de ahorros Nº 002-09493-6 del Banco de Bogotá, como cuenta abierta para el traslado de recursos del Sistema General de Particiones – Aportes Patronales Salud, suscrito por parte del Banco de Bogotá S.A. por el doctor Gonzalo Urbina Jiménez el 24 de febrero de 2003.

Igualmente, se solicitó se informara:

i) Si los recursos consignados o trasladados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la cuenta de ahorros Nº 002-09493-6 del Banco de Bogotá corresponden a cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud efectuadas por dicho Ministerio a título de aportes patronales en salud.

ii) Si la apertura y registro de la cuenta de ahorros Nº 002-09493-6 del Banco de Bogotá se enmarca en las condiciones establecidas en la normatividad que regula el recaudo y autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

B.-Se remita copia auténtica del formato de registro de la cuenta de ahorros Nº 002-06076-2 del Banco de Bogotá, denominada Dirección Tesoro Nacional – Minsalud Situado Fiscal Cajanal, como cuenta abierta para el traslado de recursos del Sistema General de Particiones – Aportes Patronales Salud, suscrito por parte del Banco de Bogotá S.A. por el doctor Gonzalo Urbina Jiménez el 24 de febrero de 2003.

Adicionalmente, para que informara:

i) Si los recursos consignados o trasladados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la cuenta de ahorros Nº 002-06076-2 del Banco de Bogotá corresponden a cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud efectuadas por dicho Ministerio a título de aportes patronales en salud.

ii) Si la apertura y registro de la cuenta de ahorros Nº 002-06076-2 del Banco de Bogotá se enmarca en las condiciones establecidas en la normatividad que regula el recaudo y autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

º A la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que informara si el Banco de Bogotá S.A. puso en conocimiento de esa Contraloría los treinta y nueve (39) débitos efectuados a las cuentas Nº 002-06611-6, Nº 002-05959-0, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2. La correspondiente respuesta obra a folios 421 y 422 del Cuaderno Principal Nº 1

º A SERVIENTREGA, para que remitiera acuso de recibo de todos y cada uno de los extractos bancarios presentados en este proceso con la contestación de la demanda, correspondientes a las cuentas materia del convenio Nº 03 de 2000, celebrado entre CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN y el BANCO DE BOGOTÁ S.A., extractos cuya identificación específica obra en el anexo de esta comunicación. La respuesta obra a folios 1 a 89 del Cuaderno de Pruebas Nº 25.

º Al Liquidador de Cajanal S.A. EPS, para que informara si el Ministerio de Protección Social, se hizo parte en el proceso liquidatorio, como acreedor de CAJANAL S.A. EPS, y en caso afirmativo, indique la naturaleza del o los créditos y remita copia de los documentos que soportan dicho crédito. Adicionalmente remitirá copia de todas las decisiones adoptadas sobre los mismos. La correspondiente respuesta obra a folios 109 a 174 del Cuaderno de Pruebas Nº 12.

º A Almarchivos Limitada, para que remitiera copia auténtica del proceso ejecutivo de Clínica Ibagué contra CAJANAL EPS que cursaba en el Juzgado 5º Civil del Circuito de Ibagué (Tol), el cual fue remitido a Cajanal para que hiciera parte del proceso de liquidación, según consta en la certificación expedida por dicho juzgado y de la cual se adjunta copia. La correspondiente respuesta obra 197 a 544 del Cuaderno de Pruebas Nº 24.

º A la Superintendencia Financiera de Colombia para que al tenor de lo previsto en el artículo 278 del CPC, rindiera un Informe Técnico. La correspondiente respuesta obra a folios 523 a 532 del Cuaderno de Pruebas Nº 20.

Adicionalmente, se ofició a los siguientes despachos judiciales con el fin de que remitieran copia de los oficios de embargo, información acerca de si fueron puestas a su disposición las sumas de dinero, certificar cuál fue el destino que se le dio a dichos dineros, si se restituyeron a CAJANAL EPS, en caso afirmativo, en qué fecha y cuál fue la cuantía de las devoluciones, copia auténtica de las actuaciones procesales relacionadas con esos aspectos, qué gestión realizó Cajanal tendientes a lograr el desembargo de los dineros.

º Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla. La correspondiente respuesta obra a folios 1 a 461 del Cuaderno de Pruebas Nº 15 y 1 a 144 del Cuaderno de Pruebas Nº 16.

º Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta. La correspondiente respuesta obra a folios 167 a 342 del Cuaderno de Pruebas Nº 13.

º Al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar. La correspondiente respuesta obra a folios 145 a 309 del Cuaderno de Pruebas Nº 16.

º Al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena. La correspondiente respuesta obra a folios 90 a 400 del Cuaderno de Pruebas Nº 25.

º Al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali. La correspondiente respuesta obra a folios 310 a 391 del Cuaderno de Pruebas Nº 16.

º Al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué. La correspondiente respuesta obra a folios 184 a 197 del Cuaderno de Pruebas Nº 12 y 1 a 315 del Cuaderno de Pruebas Nº 17.

º Al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera. La correspondiente respuesta obra a folios 75 a 332 del Cuaderno de Pruebas Nº 20.

º Al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia. La correspondiente respuesta obra a folios 73 a 91 del Cuaderno de Pruebas Nº 13 y 333 a 522 del Cuaderno de Pruebas Nº 20.

º Al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar. La correspondiente respuesta obra a folios 195 a 183 del Cuaderno de Pruebas Nº 12 y 392 a 568 del Cuaderno de Pruebas Nº 16.

º Al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayán. La correspondiente respuesta obra en los Cuadernos de Pruebas Nº 18, 19 y 20.

º Juzgado Laboral del Circuito de Turbo. La correspondiente respuesta obra a folios 1 a 108 del Cuaderno de Pruebas Nº 12 y 316 a 418 del Cuaderno de Pruebas Nº 17.

º Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia. La correspondiente respuesta obra a folios 82, 119 a 166 y 358 a 410 del Cuaderno de Pruebas Nº 13.

º Al Juzgado Décimo Civil Municipal de Cartagena. La correspondiente respuesta obra a folios 1 a 433 del Cuaderno de Pruebas Nº 21.

4.2.6. Inspección Judicial con Exhibición de documentos

El Tribunal, decretó la práctica de una inspección judicial con exhibición de documentos a cargo de la sociedad convocada, para que la misma exhibiera los originales de los siguientes documentos:

i) El “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo de Aportes” del 22 de mayo de 2000.

ii) Los contratos de las cuentas corriente y de ahorros Nº 002-06611-6, Nº 002-05959-0, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2.

iii) Las tarjetas en las que consten las firmas autorizadas y las condiciones para el manejo de las cuentas corriente y de ahorros Nº 002-06611-6, Nº 002-05959-0, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

iv) Los libros oficiales de contabilidad en los que consten los registros de los treinta y nueve (39) débitos sobre los que versa esta demanda.

v) Los comprobantes contables de los treinta y nueve (39) débitos sobre los que versa esta demanda.

vi) Los soportes contables de los treinta y nueve (39) débitos sobre los que versa esta demanda, en especial los registros, comprobantes y soportes contables de los pagos que mes a mes efectuó el Banco por concepto de intereses sobre el promedio aritmético de los saldos de las cuentas recaudadoras de los aportes, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

vii) Las comunicaciones mediante las cuales el Banco de Bogotá S.A. informó las tasas de interés que reconocería respecto de las cuentas rentables durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

viii) Los registros, comprobantes y soportes contables de los ingresos que mes a mes obtuvo el banco por el cobro de la suma pactada por cada transacción u operación relacionada en una planilla o autoliquidación de aportes, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

ix) Los manuales de procedimiento adoptados por el Banco para la ejecución de las órdenes de embargos durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

x) Las comunicaciones mediante las cuales el banco informó a los Jueces de República que los recursos objeto de los treinta y nueve (39) débitos sobre los que versa esta demanda, no pertenecen a CAJANAL por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones.

xi) Las comunicaciones mediante las cuales el banco puso en conocimiento de la Contraloría General de la República los treinta y nueve (39) débitos sobre los que versa esta demanda.

xii) Las comunicaciones mediante las cuales el banco informó de manera inmediata a Cajanal, los treinta y nueve (39) débitos sobre los que versa esta demanda, enviando los soportes respectivos.

xiii) Los demás papeles de comercio, incluida la correspondencia, que se refieran a los hechos relacionados en la demanda, documentos todos estos que la parte convocante afirma se encuentran en poder del banco convocado.

Dicha inspección tuvo lugar en los días 15 y 22 de septiembre de 2008. En desarrollo de la misma, las partes aportaron una serie de documentos que obran a folios 1668 a 468 del Cuaderno de Pruebas Nº 22 y 1 a 420 del Cuaderno de Pruebas Nº 23.

4.3. Mediante Auto Nº 27 de fecha 28 de octubre de 2008, el Tribunal señaló fecha y hora para la audiencia de alegaciones, por encontrar que las pruebas decretadas fueron practicadas en forma oportuna. En consecuencia, el 14 de noviembre de 2008, a las 9:00 a.m., las partes alegaron de conclusión en forma oral. Los correspondientes resúmenes escritos fueron incorporados al expediente(12). En esa misma oportunidad, el Tribunal fijó fecha para la audiencia de lectura del presente laudo arbitral.

Posteriormente, el 1 de Diciembre de 2008, el señor agente del Ministerio Público acreditado en esta actuación, presentó escrito contentivo de los alegatos finales.

La fecha para la audiencia de laudo fue postergada mediante Auto Nº 29 de fecha 11 de diciembre de 2008.

5. Término de duración del proceso

El término de duración del presente proceso es de seis meses por mandato del artículo 14 del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá como quiera que las partes no pactaron nada distinto al respecto. Su cómputo inicia a partir de la finalización de la Primera Audiencia de Trámite, es decir, el 6 de marzo de 2008, con lo cual el término de seis meses previsto en la ley, vencería el 6 de septiembre de 2008. Adicionalmente mediante Auto Nº 21(13) del 5 de agosto de 2008, el Tribunal, en uso de la facultad consagrada en el artículo 14 del citado reglamento, aplicable a este trámite en virtud de lo previsto por la cláusula compromisoria, dispuso la prórroga del término hasta el 6 de marzo de 2009, razón por la cual el término vence en dicha fecha.

Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro del término consagrado en la ley.

CAPÍTULO SEGUNDO

LA CONTROVERSIA

1. La Demanda Arbitral y el pronunciamiento de la parte convocada en la Contestación

1.1. Hechos

Las pretensiones formuladas por la parte convocante en la demanda arbitral, están fundamentadas en los siguientes hechos:

6.1.-La Ley 6ª de 1945 autorizó la creación de la Caja Nacional de Previsión Social, y el Decreto reglamentario 1600 de 1945 aprobó su organización como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dotado de personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

6.2.-Desde el 1º de marzo de 1996, la Caja Nacional de Previsión Social como establecimiento público que administraba los aportes en pensión y las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dividió la operación contable de las dos actividades, manejando de un lado la administración y aportes a pensiones, y por otro parte, como EPS autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud para el recaudo y administración de los aportes al sistema obligatorio de salud.

6.3.-Mediante la Ley 490 del 30 de diciembre de 1998 la Caja Nacional de Previsión Social se transformó de establecimiento público adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al mismo Ministerio; gozando de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, y permitiéndole continuar tanto como Empresa Promotora de Salud como Administradora de Pensiones.

6.4.-El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1777 del 26 de junio de 2003 ordenó escindir de la Caja Nacional de Previsión Social —CAJANAL—, Empresa Industrial y Comercial del Estado, la Subdirección General de Salud, la Subdirección General Administrativa y Financiera, las Direcciones Seccionales Regionales y las demás dependencias de cualquier nivel vinculadas a la prestación del servicio de salud, y crear con éstas la sociedad comercial denominada CAJANAL S.A. EPS.

6.5.-El 14 de noviembre de 2003, bajo el número 00906575 del libro IX, se registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá la escritura pública Nº 5003 del 7 de octubre de 2003 de la Notaría Dieciocho del Círculo de Bogotá, D.C., mediante la cual se protocolizó la creación de la Sociedad CAJANAL S.A. EPS.

6.6.-Mediante comunicación T.G. 072 del 29 de abril de 2004, radicada en el Banco Bogotá S.A. el 30 abril de 2004, la Tesorera de Cajanal S.A. EPS informó al Banco lo siguiente:

“Señores

BANCO DE BOGOTA

Ciudad

Apreciados señores:

Como es de su conocimiento, cordialmente reitero a ustedes que mediante Decreto 1777 de 2003, se escindió la Caja Nacional de Previsión Social E. P. S. Empresa Industrial y Comercial del Estado y se creó la sociedad Cajanal S.A. –EPS, y mediante escritura pública Nº 5003 de octubre 7 de 2003 de la Notaria 18 de Bogotá, se protocolizó su creación.

Es pertinente por parte de la entidad financiera que usted dirige tener en cuenta las disposiciones legales citadas en atención a las ordenes de embargo emanadas de los distintos despachos judiciales del país, pues para hacerlos efectivos deben dirigirse contra la entidad demandada la cual debe estar plenamente identificada a efecto que no haya error en el cumplimiento de la medida cautelar ni perjuicios económicos para la actual Sociedad Cajanal S.A. –EPS. 

Cualquier información complementaria sobre el tema con gusto será suministrada por esta Tesorería.

Atentamente,

ANA PAOLA QUINTERO MEJÍA

Tesorera General CAJANAL S.A. – EPS

APQM/cristina”

6.7.-Mediante el Decreto 4409 del 30 de diciembre de 2004, el Gobierno Nacional ordenó la disolución y liquidación de la CAJANAL S.A. EPS, y en consecuencia, a partir de la vigencia del citado Decreto, la sociedad inició su proceso de liquidación y, para todos los efectos, viene utilizando la denominación Cajanal S.A. EPS en Liquidación.

6.8.-De conformidad con lo previsto en los artículos 134-2, 177 y 178-1 de la Ley 100 de 1993 y 1º y 51 del Decreto 1406 de 1999, en su condición de delegataria del Sistema General de Seguridad Social, uno de las deberes legales de la Caja Nacional de Previsión Social EPS era el recaudo y administración de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

6.9.-De conformidad con lo previsto en los artículo 14 y 51 del Decreto 1406 de 1999, en su condición de entidad administradora del Sistema General de Seguridad Social en Salud y con el fin de cumplir su obligación legal de recibir el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social mediante cheque de gerencia, en efectivo, tarjeta débito, o en general a través de cualquier medio de pago físico o electrónico utilizado en la práctica comercial o bancaria, la Caja Nacional de Previsión Social EPS estaba expresamente facultada para celebrar convenios con los bancos y demás entidades administradoras de sistemas de transferencia electrónica de fondos, en los que se regulen los mecanismos que pueden ser utilizados para el recaudo de las cotizaciones a cargo de sus aportantes.

6.10.-El 22 de mayo de 2000, el Banco de Bogotá S.A. y la Caja Nacional de Previsión Social EPS, suscribieron el “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”, en cuyo objeto el Banco de Bogotá S.A. se obligó a recepcionar y recaudar los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social y los ingresos directos de Cajanal de conformidad con lo establecido en las cláusulas de dicho convenio.

6.11.-En la cláusula tercera del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”, el Banco de Bogotá S.A. se comprometió a responder ante Cajanal por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes.

6.12.-En la cláusula vigésima del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”, respecto de las órdenes de embargo el Banco de Bogotá S.A. se obligó en los siguientes términos:

“CLAUSULA VIGESIMA: INEMBARGABILIDAD. Por tratarse de administración de recursos públicos de FOSYGA de salud y del TESORO PUBLICO de pensiones, no pertenecen a CAJANAL, por lo cual ante una eventual solicitud de embargo BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA deberá tener en cuenta esta condición de conformidad con lo ordenado por el numeral 2 del artículo 134 y numeral 1 del artículo 178 de la Ley 100 de 1993. No obstante lo anterior, en caso de embargo BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA, sin embargo informará al Juzgado correspondiente sobre dicha situación e igualmente pondrá en conocimiento a la Contraloría General de la República. En estos casos BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA informará, por escrito, a CAJANAL de manera inmediata, acompañando los soportes respectivos” (Resaltado fuera de texto).

6.13.-En el numeral 5º de la cláusula sexta del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”, el Banco de Bogotá S.A. se obligó a pagar intereses a las tasas de mercado, previa verificación de las condiciones pactadas para que se generara la rentabilidad previstas en el numeral 5º de la citada cláusula sexta y en el Anexo Nº 7 del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”, en los que se acordó que:

“CAJANAL mantendrá los dineros en la cuenta corriente de Salud EPS correspondiente a la cuenta Nº 1 durante un término de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recaudo; BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA una vez vencidos los ocho (8) días hábiles después de cada recaudo deberá trasladar los recursos en forma directa y automática a otras cuentas de ahorro rentables de CAJANAL nivel central, que generen rendimientos a tasas del mercado de acuerdo con lo establecido en los ANEXOS TECNICOS DEL 7 AL 9, los cuales también hacen parte integral del convenio (...).

“CAJANAL se compromete a mantener los dineros recaudados en cuentas corrientes abiertas en Salud EPS los siguientes ocho (8) días hábiles posteriores al recaudo y BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA los trasladará automáticamente al término de estos a cuentas de ahorro que generen rentabilidad de acuerdo a las tasas de mercado o concertadas mensualmente o cuando se considere necesario con BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA”.

6.14.-En el numeral 3º de la cláusula segunda del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”, el Banco de Bogotá S.A. se obligó a abrir cuentas nacionales centralizadoras para el recaudo de las cotizaciones a cargo de los aportantes de la Caja Nacional de Previsión Social EPS, hoy Cajanal S.A. EPS en Liquidación.

6.15.-El Banco de Bogotá S.A., abrió a nombre de “CAJANAL EPS RECAUDO COTIZACIONES FOSYGA” las cuentas corrientes Nº 002-05959-0 y 002-06611-6 y la cuenta de ahorro Nº 002-07523-2; a nombre de “CAJANAL EPS APORTE PATRONAL SALUD” la cuenta de ahorro Nº 002-09493-6; a nombre de “CAJANAL PENSIONES APORTE PATRONAL PENSIONES” la cuenta de ahorro Nº 002-09494-4; y a nombre “CAJANAL Otros Ingresos” la cuenta de corriente Nº 002-06613-2.

6.16.-El Banco de Bogotá S.A. incumplió la obligación de entregar a la Caja Nacional de Previsión Social, la copia de los contratos de cuenta corriente y depósito en cuentas de ahorros Nº 002-05959-0, 002-06611-6, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6, y Nº 002-06076-2.

6.17.-En la cláusula vigésima quinta del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes” se estipuló que el plazo del convenio era de un año y que cuando cualquiera de las partes quisiera darlo por terminado, debía avisar por escrito con una anticipación no menor a 30 días calendario.

6.18.-El Banco de Bogotá S.A. y la Caja Nacional de Previsión Social EPS, no manifestaron su intención de dar por terminado el “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”.

6.19.-Vencido el plazo pactado en la cláusula vigésima quinta del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”, el Banco de Bogotá S.A. y la Caja Nacional de Previsión Social EPS, no interrumpieron la ejecución de las funciones y labores que pactaron en el citado convenio Nro. 03.

6.20.-Durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004 el Banco de Bogotá S.A. continuó recibiendo y recaudando los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social y los ingresos directos de Cajanal en las cuentas corriente y depósito de ahorros abiertas para tal efecto.

6.21.-Vencido el plazo pactado en la cláusula vigésima quinta del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”, el Banco de Bogotá S.A., no suspendió el cobro de la suma pactada por cada transacción u operación relacionada en una planilla o autoliquidación de aportes ($ 800), en el parágrafo del numeral 5º de la cláusula sexta del citado convenio Nro. 03.

6.22.-El 25 de mayo de 2006, mediante derecho de petición, Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitó al Banco de Bogotá S.A. certificar los montos de las comisiones pagadas y debitadas mensualmente en desarrollo del Convenio de Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes:

“(...) revisados los extractos de las cuantas (sic) abiertas en esa entidad se encontraron valor débitos que al parecer corresponden al pago de la comisión pactada en el convenio de Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes suscrito con esa entidad. 

Por consiguiente de manera atenta le solicito certificar los montos de las comisiones pagadas y debitadas mensualmente en desarrollo de este convenio durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, y 2004”. 

6.23.-El 5 de julio de 2006, mediante comunicación suscrita por el Oficial de Operaciones de la Gerencia Operativa Banca CEOI, doctor Juan Camilo Riveros, el Banco de Bogotá S.A., informó lo siguiente respecto de las comisiones cobradas:

“Damos respuesta a su Derecho de Petición LIQ 12682 con respecto a las comisiones cobradas correspondientes a recaudos código 086 en el BANCO DE BOOGTA (sic) registradas durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 para las Ctas. Nº 002-06611-6 y 002-06613-2, relacionados así: 

MesCantidadValor
002-06611-6Ago-045101300
002-06613-2Ago-0426800
002-06611-6Sep-0417333000
002-06613-2Sep-04236000
002-06611-6Oct-04440500”

6.24.-El 11 de diciembre de 2002, el Banco de Bogotá S.A. y la Caja Nacional de Previsión Social, suscribieron los formatos de reporte y registro ante el Ministerio de Salud de la cuenta corriente Nº 002-06611-6 y de la cuenta de ahorro Nº 002-07523-2, como cuentas de recaudo de las cotizaciones al FOSYGA.

6.25.-El 24 de febrero de 2003, el Banco de Bogotá S.A. y la Caja Nacional de Previsión Social, suscribieron los formatos de registro de cuentas para el traslado de recursos del Sistema General de Participaciones Aportes Patronales ante la Dirección del Tesoro Nacional, respecto de la cuenta de ahorro Nº 002-09493-6 como cuenta de recaudo de aportes patronales salud y de la cuenta de ahorro Nº 002-09494-4 como cuenta de recaudo de aportes patronales pensiones y cesantías.

6.26.-El Banco de Bogotá S.A. incumplió las obligaciones de que una vez vencidos los ocho (8) días hábiles después de cada recaudo trasladaría los recursos en forma directa y automática a las cuentas de ahorro rentables que generen rendimientos a tasas del mercado, previstas en el numeral 5º de la cláusula séptima del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo de Aportes”.

6.27.-Mediante comunicaciones del 5 de noviembre de 2004 y el 2 de marzo de 2005, suscritas por el Gerente Banca Oficial, doctor Gonzalo Urbina Jiménez, el Banco de Bogotá S.A. informó la tasa de interés efectivo anual para los meses de noviembre 2004 (5.75%) y marzo de 2005 (5%), para las cuentas las cuentas Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-09494-4.

6.28.-El Banco de Bogotá S.A. verificó el cumplimiento de los requisitos para que se generara la rentabilidad, establecidos en el numeral 5º de la cláusula sexta y en el Anexo Nº 7 del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”, y liquidó y pagó intereses a las tasas de mercado ofertadas.

6.29.-El 18 de marzo de 2005, mediante comunicación LIQ 831, el Representante Legal y el Vicepresidente Financiero y Administrativo de Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitaron al Banco de Bogotá S.A. cancelar las cuentas y expedir cheques de gerencia por cada uno de ellas:

“Atentamente le solicitamos cancelar las cuentas relacionadas a continuación y por el saldo expedir un cheque de gerencia por cada una, con sellos restrictivos para consignar únicamente en la cuenta del primer beneficiario, a nombre de CAJANAL S.A. EPS —EN LIQUIDACIÓN— NIT 830.130.800-4.

 Cta NroClaseNOMBRE
 000-36043-8CorrienteGIRADORA
 002-06611-6CorrienteRECAUDADORA COTIZACIONES
 002-07523-2AhorroRECAUDADORA COTIZACIONES
 002-06613-2CorrienteOTROS INGRESOS
 002-07525-7AhorroOTROS INGRESOS
 002-05959-0CorrienteRECAUDADORA FUERA DE RED
 002-05773-5AhorroRECAUDADORA FUERA DE RED
 002-06488-9CorrienteACREEDORES VARIOS
 002-09493-6AhorroSITUADO FISCAL

De otra parte, favor expedir una certificación de la cancelación y remitir las respectivas notas débitos”.

6.30.-El 29 de abril de 2005, mediante comunicación LIQ 1357, el Representante Legal y el Vicepresidente Financiero y Administrativo de Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitaron al Banco de Bogotá S.A. información sobre los embargos:

“Atentamente le solicitamos informarnos los números y jurisdicciones de los juzgados donde se encuentran registrados los embargos de las cuentas relacionadas a continuación:

CLASE NÚMERO NOMBRE
Corriente000-36043-8GIRADORA
Corriente002-06611-6CAJANAL S.A. EPS – FOSYGA

6.31.-El 18 de mayo de 2005, mediante comunicación LIQ 2031, el Representante Legal y el Vicepresidente Financiero y Administrativo de Cajanal S.A. EPS en Liquidación nuevamente solicitaron al Banco de Bogotá S.A. cancelar las cuentas y expedir cheques de gerencia por cada uno de ellas:

“De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos nuevamente la cancelación de las cuentas relacionadas a continuación, toda vez que dicho trámite había sido requerido mediante oficio Nº LIQ-831 del 18 de marzo de 2005.

NÚMERO CLASE NOMBRE
002-06611-6CorrienteRECAUDADORA COTIZACIONES
002-07523-2AhorroRECAUDADORA COTIZACIONES
002-06613-2CorrienteOTROS INGRESOS
002-07525-7AhorroOTROS INGRESOS
002-05959-0CorrienteRECAUDADORA FUERA DE RED
002-05773-5AhorroRECAUDADORA FUERA DE RED
000-36043-8CorrienteGIRADORA

Mediante Decreto 4409 de diciembre 30 de 2004 el Gobierno Nacional dispuso la disolución y liquidación de la Sociedad CAJANAL S.A. -EPS-

Por lo tanto, solicitamos proceder de conformidad y expedir cheques de gerencia a favor de CAJANAL S.A. -EPS- EN LIQUIDACION NIT: 830.130.800.-4 por cada uno de los saldos existentes”.

6.32.-El 22 de agosto de 2005, el Oficial de Operaciones del Centro de Servicios Corporativos del Banco de Bogotá S.A., doctor Wilson Santamaría informó a Cajanal S.A. EPS en Liquidación, que:

“Bogotá, 22 de Agosto de 2005

Señores

CAJANAL S.A. EPS

División de Tesorería

Ciudad

Ref Certificación de saldos

En atención a su solicitud, nos permitimos informar que el saldo a 31 de julio de 2005 de las cuentas a nombre de CAJANAL EPS es:

CUENTASALDO 31/07/2005 ESTADO
CC 000-36043-8$ 849,ooEMBARGADA
CC 000-06488-9$ 515.193.932,11ACTIVA
CC 002-05959-0$ 0,00SALDADA
AH 002-05773-5$ 0,00SALDADA
CC 002-06613-2$ 0,00SALDADA
AH 002-07525-7$ 0,00SALDADA
AH 002-07523-2$ 0,00SALDADA
CC 002-06611-6$ 0,00SALDADA

Cordialmente,

WILSON SANTAMARIA

OFICIAL DE OPERACIONES

CENTRO DE SERVICIOS CORPORATIVOS BOGOTÁ”

6.33.-El 23 de junio de 2006, mediante comunicación suscrita por el Oficial de Operaciones de la Gerencia Operativa Banca CEOI, doctor Wilson Santamaría, el Banco de Bogotá S.A., informó al Ministerio de Protección Social que las cuentas abiertas para el recaudo de los aportes, fueron saldadas en las siguientes fechas: cuenta Nº 0632-0015950-9, el 7 de junio de 2005; cuenta Nº 002-06611-6, el 13 de junio de 2005; y cuenta Nº 002-07523-2, el 13 de junio de 2006.

6.34.-El 31 de julio de 2006, mediante cheque de gerencia Nº 2008246, el Banco de Bogotá S.A. devolvió a Cajanal S.A. EPS en Liquidación la suma de de VEINTICIETE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 27. 750.000,oo).

6.35.-El 14 de septiembre de 2006, mediante comunicación identificada con el LIQ 17027, Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitó al Banco de Bogotá S.A. que abonara los intereses sobre los recursos debitados por el Banco y restituidos a Cajanal, informara si existían remanentes de embargos o dineros congelados, presentara fórmulas para solucionar la discrepancia surgida con ocasión de los débitos que efectúo el banco en las cuentas del FOSYGA administradas por CAJANAL S.A. EPS, hoy en liquidación y los intereses causados sobre las sumas que congeló el banco y que no puso a disposición de los Jueces de la República; comunicación en la que igualmente se manifestó que la liquidación del Convenio Nº 3 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes suscrito entre Cajanal y el Banco Bogotá debía efectuarse de forma inmediata.

6.36.-El 29 de septiembre de 2006, mediante comunicación suscrita por el Oficial de Operaciones de la Gerencia Operativa Banca CEOI, doctor Juan Camilo Riveros, el Banco de Bogotá S.A., respecto de las peticiones de abonar los intereses sobre los recursos debitados por el Banco y restituidos a Cajanal y de informar si existen remanentes de embargos o dineros congelados, y la solicitud de liquidar en forma inmediata del Convenio Nº 3 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes, informó:

“En atención a su De acuerdo a su Derecho de Petición LIQ 17027, nos permitimos informar, respecto del embargo 1076: (...) el BANCO DE BOGOTÁ ha actuado de acuerdo con las normas legales e instrucciones del cliente de manera que no es responsable de demora que ustedes mencionan y por ende de los intereses que reclaman. 

Respecto al embrago Nº 2112-2004-613, les informamos: (...) Al igual que en el primer caso el Banco no es responsable de las demoras ni de los intereses que Ud. solicitan”. 

6.37.-El 4 de mayo de 2007, mediante comunicación suscrita por el Oficial de Operaciones de la Gerencia Operativa Banca CEOI, doctor Wilson Santamaría Barbosa, el Banco de Bogotá S.A., informó a Cajanal S.A. EPS en Liquidación que la cuenta corriente Nº 000-36043-8 fue cancelada el 4 de mayo de 2007 y su saldo de $ 849,oo fue girado en un cheque de gerencia en la misma fecha.

6.38.-El 4 mayo de 2007, el Banco de Bogotá S.A. atendió la solicitud de saldar la cuenta corriente Nº 000-36043-8 y expedir un cheque de gerencia por el saldo, petición que fue elevada por el Representante Legal y el Vicepresidente Financiero y Administrativo de Cajanal S.A. EPS en Liquidación mediante comunicación LIQ 831 del 18 de marzo de 2005, y reiterada en comunicaciones LIQ 2031 del 18 de mayo de 2005 y el 19 de abril de 2007.

6.39.-El 14 de mayo de 2007, mediante comunicaciones suscritas por el Oficial de Operaciones de la Gerencia Operativa Banca CEOI, doctor Wilson Santamaría Barbosa y con destino al Ministerio de Protección Social, el Banco de Bogotá S.A., informó a Cajanal S.A. EPS en Liquidación que las cuentas corriente Nº 000-36043-8 y Nº 544-08557-4 fueron saldadas el 4 de mayo de 2007.

6.40.-El plazo del “Convenio NRO.03 Prestación de Servicios de Recaudo de Aportes” se encuentra vencido.

6.41.-El Banco de Bogotá S.A. no informó a los juzgados que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, los recursos depositados en las cuentas Nº 002-05959-0, 002-06611-6, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2 no pertenecían a CAJANAL.

6.42.-El Banco de Bogotá S.A. no puso en conocimiento de la Contraloría General de la República los débitos que efectuó a las cuentas Nº 002-05959-0, 002-06611-6, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6, y Nº 002-06076-2.

6.43.-El Banco de Bogotá S.A. no informó de manera inmediata a Cajanal sobre los débitos que efectuó a las cuentas Nº 002-05959-0, 002-06611-6, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2.

6.44.-El Banco de Bogotá S.A. no envió de manera inmediata a Cajanal los soportes de los débitos que efectuó a las cuentas Nº 002-05959-0, 002-06611-6, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2.

6.45.-Cajanal S.A. EPS requirió en múltiples ocasiones al Banco de Bogotá S.A. para que remitiera los soportes de los débitos que efectuó a las cuentas Nº 002-05959-0, Nº 002-06611-6, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2.

DÉBITOS DEL GRUPO CERO (0): NO SE EFECTUÓ EL DEPOSITO JUDICIAL 

6.46.-El Banco de Bogotá efectuó los siguientes catorce (14) débitos a las cuentas Nº 002-06611-6, 002-05959-0, 002-09493-6, cuya sumatoria asciende a $ 10,114,973,710.35.

Nº cuentaFecha DébitoValor Débito
1002-06611-603-mar-0442,000,000.00
2002-06611-603-mar-04165,000,000.00
3002-06611-603-mar-04327,991,000.00
4002-06611-603-mar-045,438,533,126.35
5002-05959-012-mar-04172,000,000.00
6002-06611-612-mar-04800,000,000.00
7002-09493-612-mar-041,184,833,012.00
8002-09493-612-mar-041,350,000,000.00
9002-06611-617-mar-0484,800,000.00
10002-05959-031-mar-0448,200,000.00
11002-06611-631-mar-04141,666,572.00
12002-06611-602-jun-04285,000,000.00
13002-06611-601-jul-0447,200,000.00
14002-05959-002-nov-0427,750,000.00
TOTAL10,114,973,710.35

6.47.-El Banco de Bogotá S.A. no constituyó títulos judiciales con los recursos de los catorce (14) débitos que efectúo a las cuentas Nº 002-06611-6, 002-05959-0, 002-09493-6, por valor de $ 10,114,973,710.35.

6.48.-El Banco de Bogotá S.A. no consignó las sumas retenidas en la cuenta depósitos judiciales, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, previstos en el artículo 681-11 del Código de Procedimiento Civil.

6.49.-De los $ 10,114,973,710.35 el Banco de Bogotá S.A. reintegró las siguientes sumas de dinero, las cuales no estuvieron a disposición de Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, durante los días que se indican a continuación.

No cuentaFecha DébitoValor DébitoFecha DevoluciónValor DevoluciónDías
1002-06611-603-mar-0442,000,000.0023-jul-0442,000,000.00142
2002-06611-603-mar-04165,000,000.0026-jul-04165,000,000.00145
3002-06611-603-mar-04327,991,000.0026-jul-04327,991,000.00145
4002-06611-603-mar-045,438,533,126.3516-jun-0423,000,000.00105
    02-jul-045,881,409.62121
02-jul-04150,606,862.00121
02-jul-04161,500,000.00121
06-jul-0479,270,000.00125
08-jul-0434,070,979.00127
30-ago-054,300,000,000.00545
5002-05959-012-mar-04172,000,000.0014-jul-04172,000,000.00124
6002-06611-612-mar-04800,000,000.0014-jul-04800,000,000.00124
7002-09493-612-mar-041,184,833,012.0001-sep-041,184,833,012.00173
8002-09493-612-mar-041,350,000,000.0001-sep-041,350,000,000.00173
9002-06611-617-mar-0484,800,000.0002-jul-0484,800,000.00107
10002-05959-031-mar-0448,200,000.0014-jul-0448,200,000.00105
11002-06611-631-mar-04141,666,572.0014-jul-04141,666,572.00105
12002-06611-602-jun-04285,000,000.0031-oct-04285,000,000.00151
13002-06611-601-jul-0447,200,000.0002-jul-0447,200,000.001
14002-05959-002-nov-0427,750,000.0031-jul-0627,750,000.00636
TOTALES10,114,973,710.35 9,430,769,834.62 
DIFERENCIA  684,203,875.73 

6.50.-De los $ 10,114,973,710.35, el Banco de Bogotá S.A. no reintegró a Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, la suma de $ 684,203,875.73.

6.51.-Los $ 10,114,973,710.35 que debitó el Banco de Bogotá S.A. de las cuentas Nº 002-06611-6, 002-05959-0, 002-09493-6 no le pertenecen ni son de propiedad de Cajanal S.A. EPS, hoy en liquidación, por corresponder a recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

6.52.-En los oficios de los despachos judiciales que el Banco Bogotá S.A. allegó a Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, como los soportes contables de los siete (7) débitos identificados con los números 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13 del cuadro del numeral 6.46, las cuentas bancarias debitadas por el Banco no aparece en las órdenes de embargo impartidas por los Jueces.

6.53.-En los oficios de los despachos judiciales que el Banco Bogotá S.A. allegó a Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, como los soportes contables de los nueve (9) débitos identificados con los números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 del cuadro del numeral 6.46, el nombre y/o el Nit no corresponden a los de Cajanal S.A. EPS, hoy en liquidación.

6.54.-El Banco Bogotá S.A. no allegó a Cajanal S.A. EPS, hoy en liquidación, los oficios que soportan los cuatro (4) débitos identificados con los números 1, 2, 3 y 12 del cuadro del numeral 6.46.

6.55.-Respecto de los catorce (14) débitos que efectuó a las cuentas Nº 002-06611-6, 002-09493-6, 002-05959-0, cuya sumatoria asciende a $ 10,114,973,710.35., el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i-) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii-) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii-) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv-) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v-) conservar y custodiar el dinero depositado; vi-) pagar los intereses pactados.

* Débito de $ 5.438.533.126,35, en la cuenta corriente Nº 002-06611-6

6.56.-En el Banco de Bogotá S.A. se radicó el oficio Nº 1076 del 20 de agosto de 2003, mediante el cual se comunicó el embargo decretado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla en el proceso ejecutivo 0006-02 de la Organización Clínica General del Norte S.A. y otros contra la Caja Nacional de Previsión Social EPS, CAJANAL EPS -Seccional Atlántico-.

6.57. La orden de embargo comunicada mediante el citado oficio Nº 1076 del 20 de agosto de 2003 se limitó a la suma de CUATRO MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 4.300.000.000,oo) y se dirigió específicamente contra las sumas de “dineros depositados y que se depositen por la entidad demandada CAJANAL EPS -Seccional Atlántico- en las cuentas de ahorro nacionales de su propiedad, Nos 00206611-6, 00206612-4 y 00206613-2 del BANCO DE BOGOTÁ”.

6.58.-El 12 de septiembre de 2003, se radicó en el Banco de Bogotá S.A. el oficio Nº 1212 del 11 de septiembre de 2003, mediante el cual se comunicó el embargo decretado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla en el proceso ejecutivo 0067-03 de la Organización Clínica General del Norte S.A. contra la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal EPS-.

6.59. La orden de embargo comunicada mediante el citado oficio Nº 1212 del 11 de septiembre de 2003 se limitó a la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 5.438.533.126,36) y se dirigió contra los “dineros que estén o llegaren a estar depositados en la siguiente cuenta Nos 00206611-6, cuyo titular o propietario sea la entidad demanda, Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal EPS, identificada con Nit. 899999010-3, en esa entidad financiera”.

6.60.-Mediante comunicación radicada el 1º de octubre de 2003 en la oficina Centro Administrativo CAN del Banco de Bogotá S.A., la señora Ruby Hurtado, Coordinadora de Tesorería y Pagaduría de CAJANAL S.A. EPS, hoy en liquidación, informó al doctor Gonzalo Urbina Jiménez Gerente Banca Oficial del Banco de Bogotá S.A. que:

“(...) el embargo decretado por el Juzgado SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA por valor de $ 5.438.533.126,35 ya fue debitado de la cuenta de Bancolombia Nº 126-045721-32. 

Lo anterior para que se tenga en cuenta y no sea debitado de las cuentas que Cajanal posee en el Banco de Bogotá. 

Agradezco su amable atención, (...) 

Anexo copia de la Consignación Depósito Judicial” (resaltado fuera de texto).

6.61. El 3 de marzo de 2004, el Banco de Bogotá S.A., efectuó un (1) débito a la cuenta corriente Nº 002-06611-6 por valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 5.438.533.126,35).

6.62. El 2 de abril de 2004, el gerente y/o oficial de operaciones de la oficina 758 del Banco de Bogotá S.A., al dar respuesta al oficio del 16 septiembre de 2003 remitido por del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla en el proceso ejecutivo 0067-03, informó que el Banco de Colombia S.A. ya había constituido el depósito judicial por valor de $ 5.438.533.126,36:

“ESTE OFICIO FUE APLICADO POR BANCOLOMBIA. ADJUNTAMOS FOTOCOPIA DEL DEPÓSITO JUDICIAL” (resaltado fuera de texto). 

6.63. El Banco de Bogotá S.A. no constituyó el título judicial por la suma de $ 5.438.533.126,35 que débito el 3 de marzo de 2004 de la cuenta corriente Nº 002-06611-6.

6.64. El 15 de diciembre de 2005, Cajanal S.A. EPS en Liquidación, solicitó la colaboración del Banco Agrario de Colombia, en el sentido de ordenar a quien corresponda:

“(...) certificar si el Banco de Bogotá constituyó depósito judicial por valor de $ 5.438.533.126,35 en cumplimiento de oficio de fecha 20 de agosto de 2003, del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla en marzo de 2004 o en fecha posterior”. 

6.65. El 29 de diciembre de 2005, el doctor Juan Carlos Caicedo Mora, Director Operativo del Banco Agrario de Colombia informó que:

“realizando una revisión pertinente en nuestro sistema, no se encontró ningún Depósito Judicial constituido por valor de $ 5.438.533.126,35”. 

6.66. El 16 de junio de 2004, mediante una (1) nota crédito, el Banco de Bogotá S.A. reintegró a la cuenta corriente Nº 002-06611-6 la suma de $ 23.000.000,oo, valor que no estuvo a disposición de Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, durante 105 días.

6.67. El 2 de julio de 2004, mediante tres (3) notas créditos, el Banco de Bogotá S.A. reintegró a la cuenta corriente Nº 002-06611-6 la suma de $ 317.988.271,62, valor que no estuvo a disposición de Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, durante 121 días(14).

6.68. El 6 de julio de 2004, mediante una (1) nota crédito, el Banco de Bogotá S.A. reintegró a la cuenta corriente Nº 002-06611-6 la suma de $ 79.270.000,oo, valor que no estuvo a disposición de Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, durante 125 días.

6.69. El 8 de julio de 2004, mediante una (1) nota crédito, el Banco de Bogotá S.A. reintegró a la cuenta corriente Nº 002-06611-6 la suma de $ 34.070. 979,oo, valor que no estuvo a disposición de Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, durante 127 días.

6.70. El 9 de agosto de 2005, el Jefe del Centro de Servicios Corporativos del Banco de Bogotá S.A., doctor Fabio Fernández Ávila informó a Cajanal S.A. EPS en Liquidación que:

“La presente tiene por objeto informarle que el BANCO DE BOGOTÁ recibió una orden de embargo emitida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, comunicada mediante el oficio Nº 1076 del 20 de agosto de 2003,recibido el día 27 de agosto siguiente.

La mencionada orden de embargo se limitó a la suma de $ 4.300.000.000 y se dirigió específicamente contra los dineros depositados en las cuentas número 002-06611-6, 002-06612-4 y 002-06613-2.

Como a nuestro entender el oficio de embargo carecía de alguna información y además se le ponía presente al Juzgado que las sumas afectadas podían gozar de inembargabilidad, antes de trasladarlos a ordenes del proceso, el Banco solicitó informaciones e instrucciones al Juzgado que nunca se recibieron.

La medida de embargo la cumplió el Banco y en virtud de que el Juzgado siguió guardando silencio el BANCO DE GOGOTÁ intento poner los fondos a disposición del Juzgado de Barranquilla pero este le contestó que los procesos ejecutivos que dieron origen al decreto del embargo fueron terminados en razón de que CAJANAL S.A. EPS entró en liquidación forzosa y el consecuente traslado de los expedientes de los expedientes a la cuidad de Bogotá (ver comunicación del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla de fecha 27 de mayo de 2005 que se anexa a este documento).

A pesar de lo anterior, a estas alturas el Banco no ha recibido orden de desembrago de los dineros para poder entregarlos a ustedes.

Por todo lo citado, comparezco respetuosamente ante su Despacho con el fin de solicitarle que, con fundamento en las disposiciones contenidas en el Decreto 4409 del 30 de diciembre de 2004, como persona que asumió los procesos se sirva disponer la cancelación del embargo ordenado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla y, en consecuencia, nos imparta las instrucciones a que haya lugar en los relacionado con la restitución de los dineros embargados a CAJANAL S.A. EPS en liquidación.

Para tal fin, le agradecemos comunicar sus instrucciones o decisiones a la Gerencia Jurídica del Banco, (...)” (resaltado fuera de texto).

6.71. El 23 de agosto de 2005, la Liquidadora de Cajanal S.A. EPS en Liquidación, doctora Fanny Santamaría Tavera, solicitó al Banco de Bogotá S.A., trasladar en forma inmediata los recursos que tuviera en poder ese Banco con ocasión de las órdenes de embargo decretadas por Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla:

“Estimado doctor Fernández:

En atención a lo manifestado en el oficio de la referencia, solicito respetuosamente que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 2 del Decreto 254 del Decreto 254 de 2000, que establece como efecto de la orden de la disolución y liquidación la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la expedición del Decreto 4409 de 2004, trasladar en forma inmediata los recursos que tenga el Banco de Bogotá en su poder con ocasión de las órdenes de embargo decretadas por Juzgado 6 Civil del Circuito de Barranquilla a la cuenta Nº 40230300269-4 del Banco Agrario”.

6.72. El 26 de agosto de 2005 la Supervisora del Centro de Servicios Corporativos del Banco de Bogotá S.A., señora Rubiela Bermúdez Quintero, solicitó a Cajanal S.A. EPS en Liquidación que informara a que cuenta se debía trasladar los recursos correspondientes a la terminación del embargo decretado dentro del proceso ejecutivo 0067-03 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla mediante el oficio Nº 1076 del 20 de agosto de 2003:

“En atención a su comunicación del día 23 de Agosto de 2005, nos permitimos solicitar a que cuenta debemos trasladar el valor de $ 4.300.000.000 correspondiente a la terminación del proceso de embargo Nº 1076 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, por cuanto la cuenta corriente Nº 002 6611 6 ya fue saldada” (resaltado fuera de texto).

6.73. El 29 de agosto de 2005, la Liquidadora de Cajanal S.A. EPS en Liquidación, doctora Fanny Santamaría Tavera, solicitó al Banco de Bogotá S.A., que los $ 4.300.000.000 correspondientes a la terminación del embargo decretado dentro del proceso ejecutivo 0067-03 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, fueran trasladados mediante cheque girado a nombre de Cajanal S.A. EPS en Liquidación:

“En atención al asunto de la referencia, nos permitimos solicitar cheque a nombre de Cajanal S.A. EPS en Liquidación, NIT 830.130.800-4 por valor de $ 4.300.000.000,oo correspondiente a la terminación del proceso de embargo Nº 1076 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla.

De igual manera autorizamos al señor Julio Alirio Leal Berdugo, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 4.133.090 de Guican para reclamar el cheque” (resaltado fuera de texto).

6.74. El 30 de agosto de 2005, mediante cheque de gerencia Nº 1772625, el Banco de Bogotá S.A. devolvió a Cajanal S.A. EPS en Liquidación la suma de $ 4.300.000.000,oo, valor que no estuvo a disposición de la Caja Nacional de Previsión Social EPS, hoy Cajanal S.A. EPS en Liquidación, durante 545 días.

6.75. El 30 de agosto de 2005 Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitó al Banco de Bogotá S.A. que informara que remanentes de embargos o dineros congelados existían favor de Cajanal S.A. EPS en Liquidación:

“Con toda atención y con carácter urgente nos permitimos solicitar su colaboración, en el sentido de informar a la fecha que remanentes de embargos o dineros congelados existen a favor de CAJANAL S.A. EPS y/o CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN”

6.76. El 12 de septiembre de 2005 Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitó al Banco de Bogotá S.A. que le abonara los intereses:

“Con toda atención me permito solicitar su colaboración, en el sentido de abonar los intereses de los $ 4.300. millones que el banco tenía congelados desde el año 2003, producto del embargo de la Clínica General del Norte, Proceso de Embargo Nº 1076 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, cuenta corriente Nº 002 6611 6 denominada CAJANAL S.A. EPS-RECAUDOS FOSYGA.

De igual manera le solicito expedir cheque a nombre de Cajanal S.A. EPS en Liquidación, NIT 830.130.800-4, por el total de los intereses generados y soportes del oficio de embargo emitido por el juzgado y de la nota contable.

De antemano le agradezco su gentil colaboración y pronto desembolso” (resaltado fuera de texto).

6.77. El 28 de septiembre de 2005, el doctor José Joaquín Díaz Perilla, Gerente Jurídico del Banco de Bogotá S.A. manifestó que lamentaba informar que no era posible acceder a la solicitud de abonar intereses sobre la suma embargada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla por las siguientes razones:

“Acusamos recibo de la comunicación fechada el 12 de septiembre de 2005, a través de la cual solicita abonar intereses sobre la suma embargada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla y sobre el particular, lamentamos informarle que ello no es posible por las siguientes razones:

Por tratarse de depósitos en cuenta corriente estos no causan intereses, máxime que no existe ningún pacto sobre tal reconocimiento. 

Al producirse el embargo por el oficio de 20 de agosto de 2003, dichos bienes quedaron por fuera del comercio, a disposición del Juzgado que ordenó la medida, de tal manera que mal podría entenderse que durante el periodo de vigencia de la medida empezaron a producir rendimientos a favor de la persona embargada.

Por otra parte, como lo evidencia la comunicación del 9 de agosto que el Banco le dirigió, fue éste quien tomo la iniciativa de informarles, para que a su vez como administradora de los bienes de la liquidación hiciera las diligencias tendientes a recuperar o aclarar la situación de dichos recursos, ya que hasta ese momento no se había recibido ningún requerimiento de su parte.

Por otro lado y en la misma comunicación que hemos mencionado, al producirse la medida cautelar, el Banco solicitó instrucciones al Juzgado con el fin de aclarar si dada la naturaleza de la Caja, estos dineros gozaban de inembargabilidad, cosa que nunca ocurrió, todo lo cual demuestra que el Banco ha actuado con la debida diligencia, por lo cual no se ve la razón para que se le solicite el pago a que venimos aludiendo” (resaltado fuera de texto).

6.78. El 21 de noviembre de 2005, Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitó al Banco de Bogotá S.A. los soportes o la devolución inmediata del saldo de $ 1.138.533.126,35:

“En ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitucional y en el Código Contencioso Administrativo, de manera respetuosa me permito solicitar información con respecto a la siguiente situación:

El Banco de Bogotá congeló recursos por valor de $ 5.438.533.126.35 el día 3 de marzo de 2004, de los cuales devolvió $ 4.300 millones el día 30 de agosto de 2005, pero no ha soportado los embargos por valor de $ 1.138.533.126,35, razón por la cual le solicito muy gentilmente el envió de los soportes (Autos de los juzgados, depósitos judiciales y notas contables) o la devolución inmediata de los recursos con sus respectivos intereses”.

6.79. El 28 de diciembre de 2005, el Banco de Bogotá S.A. respondió el derecho de petición en los siguientes términos:

“En respuesta a su comunicación del 21 de noviembre de 2005, nos permitimos informarles que el débito originado el 03 de marzo de 2004 por valor de $ 5.438.533.126.35 fueron aplicados $ 1.138.533.126,35 a los siguientes embargos.

$ 5.881.409,62 se acreditó la Cta. Cte. 002-06611-6 y se aplicó a la Cta. Cte. 002-06613-2 el 02 de julio de 2004 con oficio de embargo 0446 del Juz. 2 Laboral del Circuito de Cúcuta María del Socorro Téllez. Anexamos (Notas, Oficio).

$ 79.270.000 se acreditó la Cta. Cte. 002-06611-6 y se aplicó a la Cta. Cte. 002-06612-4 el 06 de julio de 2004 con oficio de embargo 144 del Juz. 3 Laboral del Circuito de Sta. Marta Ester Jacquin de Jiménez. Anexamos (Notas, Oficio y Consignación).

$ 34.070. 979 se acreditó la Cta. Cte. 002-06611-6 y se aplicó a la Cta. Cte. 002-06612-4 el 008 de julio de 2004 con oficio de embargo 117 del Juz 1 Laboral del Circuito de Sta. Marta Marina Leonor Ovalle. Anexamos (Notas, Oficio y Consignación).

$ 23.000.000 se realizó nota crédito del 16 de junio de 2004 por haberse recibido desembrago de oficio Nº 2555 del Administrativo del Meta contra Cajanal. Anexamos (Extracto y Notas Crédito.).

• $ 44.700.000 fue aplicado al oficio 087 Juzgado 3 Laboral del Circuito de Sta. Marta. Anexamos (Oficio y Consignación).

$150.606.862 se realizó nota crédito el 02 de julio de 2004 por devolución no aplicado a oficio de embargo 297 Juz. Civil del Circuito de Leticia de Hospital. Anexamos (Oficio y Nota).

$161.500.000 se realizó nota crédito el 02 de julio de 2004 por devolución no aplicado a oficio de embargo 0534 Juz. 3 Civil del Circuito de Cúcuta de Rafael. Anexamos. Nota.

$ 639.503.875,73 aplicado parcialmente a oficio de embargo 1162 Juz. 6 del 1 de Septiembre de 2003 del Civil De Bquilla. Anexamos copia oficio. El abono de los $ 4.300.000.000.oo se realizó con cheque Nº 172625 de el 29 de agosto de 2005 a nombre de Cajanal EPS Nit 830.130.800.4” (resaltado fuera de texto).

6.80. El 24 de enero de 2006, mediante derecho de petición, Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitó al Banco de Bogotá S.A. remitir fotocopia del depósito judicial por valor de $ 639.503.875,73, correspondiente al embargo decretado dentro del proceso ejecutivo 0067-03 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla mediante el oficio Nº 1162 del 1º de septiembre de 2003:

“En uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitucional y en el Código Contencioso Administrativo, de manera respetuosa me permito solicitar su colaboración, en el sentido de ordenar a quien corresponda enviar fotocopia del depósito judicial por valor de $ 639.503.875,73, correspondiente a embargo parcial realizado a favor de la Clínica General del Norte, oficio Nº 1162 del 1 de septiembre de 2003”. 

6.81. El 27 de marzo de 2006, mediante derecho de petición, Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitó la intervención de la Superintendencia Financiera con el fin de que el Banco de Bogotá S.A. conteste el derecho de petición que se elevó el 24 de enero 2006, relacionado con el depósito judicial por valor de $ 639.503.875,73, correspondiente al embargo decretado dentro del proceso ejecutivo 0067-03 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla mediante el oficio Nº 1162 del 1º de septiembre de 2003.

6.82. El Banco de Bogotá S.A., no dio respuesta al derecho de petición elevado el 24 de enero 2006.

6.83. Respecto del débito realizado el 3 de marzo de 2004 por valor de $ 5.438.533.126,35 en la cuenta corriente Nº 002-06611-6, el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i-) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii-) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii-) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv-) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v-) conservar y custodiar el dinero depositado; vi-) devolver o rembolsar las sumas recibidas; vii-) pagar los intereses pactados.

* Débito de $ 1.350.000.000,oo, en la cuenta ahorros Nº 002-09493-6

6.84.-El 12 de marzo de 2004, el Banco de Bogotá S.A., efectuó un (1) débito a la cuenta ahorros Nº 002-09493-6 por valor de MIL TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 1.350.000.000,oo).

6.85.-El soporte contable del débito realizado el 12 de marzo de 2004 por valor de $ 1.350.000.000,oo a la cuenta ahorros Nº 002-09493-6 fue el oficio Nº 1449 del 24 de octubre de 2003 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, radicado en el banco el 28 de octubre de 2003.

6.86. La orden de embargo impartida por el Juez 6º Civil del Circuito de Barranquilla, mediante el oficio Nº 1449 del 24 de octubre de 2003, dentro del proceso ejecutivo 0006-02 de la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social Clínica del Prado contra la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EPS, fue dirigida contra los “dineros que posee de la demanda, Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal EPS, Seccional Atlántico, identificado con el Nº Nit. 800179500-2, en esa entidad Bancaria Oficina Principal y sucursales, cuentas Nº 002-06611-6 y 002-6612-4”.

6.87. La cuenta de ahorros Nº 002-09493-6, de la cual el Banco de Bogotá S.A. debitó la suma de $ 1.350.000.000,oo, no aparece en la orden de embargo impartida por el Juez 6º Civil del Circuito de Barranquilla, mediante el oficio Nº 1449 del 24 de octubre de 2003.

6.88. El Banco de Bogotá S.A. no constituyó el título judicial por la suma de $ 1.350.000.000,oo, que débito el 12 de marzo de 2004 de la cuenta de ahorros Nº 002-09493-6.

6.89. El 1º de septiembre de 2004, mediante una (1) nota crédito, el Banco de Bogotá S.A. reintegró a la cuenta ahorros Nº 002-09493-6 la suma de $ 1.350.000.000,oo, valor que no estuvo a disposición de Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, durante 173 días.

6.90. Respecto del débito realizado el 12 de marzo de 2004 por valor de $1.350.000.000,oo a la cuenta de ahorros Nº 002-09493-6 el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i-) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii-) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii-) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv-) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v-) conservar y custodiar el dinero depositado; vi-) pagar los intereses pactados.

* Débito de $ 1.184.833.012,oo, en la cuenta ahorros Nº 002-09493-6

6.91.-El 12 de marzo de 2004, el Banco de Bogotá S.A., efectuó un (1) débito a la cuenta ahorros Nº 002-09493-6 por valor de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES DOCE PESOS ($ 1.184.833.012,oo).

6.92. El soporte contable del débito realizado el 12 de marzo de 2004 por valor de $ 1.184.833.012,oo a la cuenta ahorros Nº 002-09493-6 fue el oficio Nº 2208 del 1 de diciembre de 2003 del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta.

6.93. En la orden de embargo impartida por el Juez Séptimo Civil Municipal de Santa Marta, mediante el oficio Nº 2208 del 1 de diciembre de 2003, dentro del proceso ejecutivo 0006-02 de la Unidad Renal del Magdalena contra la Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”, fue dirigida contra los “dineros que tenga depositados o llegare a depositar la entidad demanda CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL, identificada con el Nº NIT. Nº 800980010-2, en sus cuentas corrientes o de ahorro Nacionales números 002094936, 00209494-4, 00206909-4 Y 002059590, de esa entidad Bancaria”.

6.94. El NIT. Nº 800.980.010-2 no corresponde al de Cajanal S.A. EPS: 830.130.800-4.

6.95. El Banco de Bogotá S.A. no constituyó el título judicial por la suma de $ 1.184.833.012,oo, que débito el 12 de marzo de 2004 de la cuenta de ahorros Nº 002-09493-6.

6.96. El 1º de septiembre de 2004, mediante una (1) nota crédito, el Banco de Bogotá S.A. reintegró a la cuenta ahorros Nº 002-09493-6 la suma de $ 1.184.833.012,oo, valor que no estuvo a disposición de Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, durante 173 días.

6.97. Respecto del débito realizado el 12 de marzo de 2004 por valor de $ 1.184.833.012,oo, a la cuenta de ahorros Nº 002-09493-6 el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i-) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii-) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii-) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv-) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v-) conservar y custodiar el dinero depositado; vi-) pagar los intereses pactados.

* Débito de $ 800.000.000,oo, en la cuenta corriente Nº 002-06611-6

6.98.-El 12 de marzo de 2004, el Banco de Bogotá S.A., efectuó un (1) débito a la cuenta corriente Nº 002-06611-6 por valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 800.000.000,oo).

6.99. El soporte contable del débito realizado el 12 de marzo de 2004 por valor de $ 800.000.000,oo a la cuenta corriente Nº 002-06611-6 fue el oficio Nº 0661-03-00115-4 del 23 de julio de 2003 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería.

6.100.-La orden de embargo impartida por el Juez 1º Civil del Circuito de Montería, mediante el oficio Nº 0661-03-00115-4 del 23 de julio de 2003, dentro del proceso ejecutivo 03-00115-4 de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba “COMFACOR” contra la Caja Nacional de Previsión Social Seccional Córdoba CAJANAL EPS, fue dirigida contra los “dineros que tenga o llegare a tener la demanda, Cajanal EPS, Seccional Córdoba (...)”.

6.101. La cuenta corriente Nº 002-06611-6, de la cual el Banco de Bogotá S.A. debitó la suma de $ 800.000.000,oo, no aparece en la orden de embargo impartida por el Juez 1º Civil del Circuito de Montería, mediante el oficio Nº 0661-03-00115-4 del 23 de julio de 2003.

6.102. El Banco de Bogotá S.A. no constituyó el título judicial por la suma de $ 800.000.000,oo, que débito el 12 de marzo de 2004 de la cuenta corriente Nº 002-06611-6.

6.103. El 14 de julio de 2004, mediante una (1) nota crédito, el Banco de Bogotá S.A. reintegró a la cuenta corriente Nº 002-06611-6 la suma de $ 800.000.000,oo, valor que no estuvo a disposición de Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, durante 124 días.

6.104. Respecto del débito realizado el 12 de marzo de 2004 por valor de $ 800.000.000,oo a la cuenta de corriente Nº 002-06611-6 el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i-) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii-) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii-) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv-) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v-) conservar y custodiar el dinero depositado; vi-) pagar los intereses pactados.

* Débito de $ 27.750.000,oo, en la cuenta de ahorro Nº 002-05959-0

6.105. El 8 de septiembre de 2004, se radicó en el Banco de Bogotá S.A. el oficio Nº 2112-2004-613 del 29 de julio de 2004, mediante el cual se comunicó el embargo decretado por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga en el proceso ejecutivo 2004-0613 de la Clínica de Bucaramanga Centro Médico Daniel Peralta S.A. contra CAJANAL S.A. EPS.

6.106. La orden de embargo comunicada mediante el citado oficio Nº 2112-2004-613 del 29 de julio de 2004 se limitó a la suma de VEINTISIETE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 27.750.000,oo) y se dirigió contra “los dineros que tengo o llegare a tener CAJANAL S.A. EPS, en la cuenta corriente, de ahorros, CDT Nº 002059590 de esa entidad bancaria”.

6.107. El 23 de septiembre de 2004, el Gerente y/o Oficial de Operaciones de la Oficina 184 Bucaramanga del Banco de Bogotá S.A., informaron al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga:

“Bucaramanga, 23 09 4 

Señores 

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL 

ATT: J EDGAR EMIRO MORENO RODRIGUEZ 

Ciudad 

Ref.: 2113-2004-613 REF EJECUTIVO Fecha 29/07/2004 

Contra CAJANAL EPS 

En cumplimiento del oficio de la referencia, nos permitimos informarle lo siguiente: 

(...) 

PARA PROCEDER A EMBARGAR SE REQUIERE EL NUMERO DEL NIT O CC 

DEL DEMANDANTE Y DEMANDADO LO EXIGE EL BANCO AGRARIO” 

6.108. El 2 de noviembre de 2004, el Supervisor 1 CSC Bogotá, doctor Omar E. Rodríguez Velandia del Centro de Servicios Corporativos del Banco de Bogotá S.A., informó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga:

“Bogotá, Noviembre 2 de 2004 

Señores 

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL 

Bucaramanga 

REFERENCIA: Ejecutivo – Demandante Clínica Bucaramanga – Centro Médico Daniel Peralta SA. Apoderado María Victoria Gómez contra CAJANAL EPS 

En respuesta al oficio en referencia, nos permitimos solicitar el Nit del demandado y Nit del demandante. Información que se requiere para constituir el Depósito Judicial en Banco Agrario de Colombia. 

Atentamente, 

OMAR E. RODRÍGUEZ VELANDIA 

Supervisor 1 CSC 

Cl 36 Nº 7-47 Mezanine” 

6.109. El 2 de noviembre de 2004, mediante una (1) nota débito, el Banco de Bogotá S.A. retiró de la cuenta corriente Nº 002-05959-0 la suma de VEINTISIETE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 27.750.000,oo).

6.110. El Banco de Bogotá S.A. no constituyó el título judicial por la suma de $ 27.750.000,oo que débito el 2 de noviembre de 2004 de la cuenta corriente Nº 002-05959-0.

6.111. El 30 de agosto de 2005 Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitó al Banco de Bogotá S.A. que informara que remanentes de embargos o dineros congelados existían favor de Cajanal S.A. EPS en Liquidación:

“Con toda atención y con carácter urgente nos permitimos solicitar su colaboración, en el sentido de informar a la fecha que remanentes de embargos o dineros congelados existen a favor de CAJANAL S.A. EPS y/o CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN” 

6.112. El 12 de septiembre de 2005 Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitó al Banco de Bogotá S.A.:

“En atención al asunto de la referencia, me permito solicitar expedir cheques a nombre de CAJANAL SA EPS en Liquidación, NIT 830.130.800-4, por los dineros que el banco tenía congelados y que corresponden al negocio de salud, tanto del valor inicial como de los intereses generados. 

De igual manera solicito enviar copia de los oficios emitidos por los juzgados y las notas contables respectivas. 

De antemano le agradezco su gentil colaboración y pronto desembolso”. 

6.113. El 4 de octubre de 2005 Cajanal S.A. EPS en Liquidación solicitó al Banco de Bogotá S.A. abstenerse de ejecutar cualquier medida de embargo con las cuentas de Cajanal S.A. EPS en Liquidación:

“Mediante Decreto 4409 del 30 de diciembre de 2004 el Gobierno ordenó la disolución y liquidación de CAJANAL S.A. EPS. 

De conformidad con el numeral 6 del Artículo 5 del Decreto 4409/04, en concordancia con el Literal D del numeral 1 del Artículo Primero del Decreto 2211/2004 y Literal D del Artículo 2 del Decreto Ley 254/2000, contra la entidad intervenida no es posible iniciar procesos ejecutivos ni embargar los activos de la entidad. 

Por consiguiente, le solicito muy gentilmente abstenerse de ejecutar cualquier medida de embargo decretada con las cuentas de CAJANAL SA EPS EN LIQUIDACIÓN, NIT 830.130.800-4 por existir una expresa causal de inembargabilidad puesta en las normas anteriormente citadas. Adicionalmente, me permito recordarle que las cuentas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por expreso mandato constitucional y legal son inembargables Decreto 111/96”. 

6.114. El 6 de octubre de 2005, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bucaramanga libró el oficio Nº 3043-2004-613 dirigido al Gerente del Banco de Bogotá S.A., en el que le informa que se cancela la orden de embargo comunicada mediante el oficio Nº 2112-2004-613 del 29 de julio de 2004 por valor de $ 27.750.000,oo.

6.115. El 31 de julio de 2006, mediante cheque de gerencia Nº 2008246, el Banco de Bogotá S.A. devolvió a Cajanal S.A. EPS en Liquidación la suma de $ 27.750.000,oo, valor que no estuvo a disposición de la Caja Nacional de Previsión Social EPS, hoy Cajanal S.A. EPS en Liquidación, durante 636 días.

6.116. Respecto del débito realizado el 2 de noviembre de 2004 por valor de $ 27.750.000,oo a la cuenta de ahorros Nº 002-09493-6 el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i-) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii-) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii-) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv-) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v-) conservar y custodiar el dinero depositado; vi-) pagar los intereses pactados.

DÉBITOS DEL GRUPO UNO (1): EL NOMBRE Y EL NIT RELACIONADO EN EL OFICIO DE EMBARGO NO CORRESPONDEN A LOS DE CAJANAL S.A. EPS 

6.117. El Banco de Bogotá efectuó los siguientes diecisiete (17) débitos a las cuentas bancarias Nº 002-05959-0, 002-09493-6 y 002-06611-6, débitos cuya sumatoria asciende a $ 6,765,215,093.27.

Nº CuentaFechaValor Embargo
1002-05959-003-mar-045,942,000.00
2002-06611-603-mar-0416,555,000.00
3002-05959-003-mar-04138,112,000.00
4002-09493-612-mar-04250,000,000.00
5002-09493-612-mar-048,000,000.00
6002-06611-615-abr-04900,000,000.00
7002-06611-613-may-0480,000,000.00
8002-06611-613-may-041,000,000,000.00
9002-09493-627-may-042,252,496,124.27
10002-06611-602-jun-0430,000,000.00
11002-06611-602-jun-0430,000,000.00
12002-06611-602-jun-046,000,000.00
13002-06611-601-jul-042,700,000.00
14002-06611-602-jul-04120,000,000.00
15002-06611-623-jul-041,220,000,000.00
16002-06611-626-jul-04170,409,969.00
17002-06611-622-abr-05535,000,000.00
TOTAL6,765,215,093.27

6.118. En los oficios de los despachos judiciales que el Banco Bogotá S.A. allegó a Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, como los soportes contables de los diecisiete (17) débitos del cuadro anterior, las órdenes de embargo fueron dirigidas respectivamente a:

(i) ($ 5.942.000) Oficio Nº 00054 del 5 de febrero de 2003 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar: “los dineros que tuviese o llegare a tener la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.S. “Cajanal”, identificada con el Nit: 899.999.010-3 depositados en cuentas corrientes o de ahorro que sean legalmente embargables (...)”;

(ii) ($ 16.555.000) Oficio Nº 245 del 25 de septiembre de 2002 de la Contraloría Departamental del Valle: “de las sumas de dinero o depósitos bancarios presentes o futuros que posea la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL en el BANCO DE BOGOTÁ de la ciudad de Cali”;

(iii) ($ 138.112.000) Oficio Nº 0346-2001 del 29 de noviembre de 2002 del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena: “Comunico a usted que mediante auto dictado en proceso ejecutivo singular de menor cuantía promovido por la Clínica Medico Odontológica San José y cedido a favor de la señora CARMEN JULIA MERLANO BARBOZA, identificada con la C.C. 26.959.710 de Riohacha (Guajira), contra CAJANAL EPS, identificada con los NIT # 800179499-2, 800113671-1, 899999010-3 y 800179536-7, se ha decretado el embrago y secuestro previo de los dineros que en cuentas corrientes de ahorro y CDTs que posea la entidad demandada, en esa entidad”;

(iv) ($ 250.000.000) Oficio Nº 3047 del 13 de noviembre de 2003 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué: “SE AMPLIO EL EMBARGO Y SECUESTRO de los dineros que posea la demandada CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EPS en cuentas corrientes y de ahorro, Certificados de depósito a término y demás títulos valores que posea en esa entidad”;

(v) ($ 8.000.000) Oficio Nº 1807 del 18 de junio de 2003 del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali: “DECRETAR el embargo y secuestro de los saldos de las cuentas corrientes, depósitos a termino fijo y cuentas de ahorro de las cuales es titular la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL “CAJANAL”, quien posee Nit. Nº 800179-599-0...”;

(vi) ($ 900.000.000) Oficio Nº 1162 del 1º de septiembre de 2003 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla: “este Juzgado decreto el embargo de las sumas de dineros que se encuentren depositadas en las cuentas corrientes y en las cuentas de ahorros que le pertenezcan a la Caja Nacional de Previsión – CAJANAL EPS, Identificada con el Nit. 899999010-3, en esa entidad”;

(vii) ($ 80.000.000) Oficio Nº 1162 del 1º de septiembre de 2003 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla: “este Juzgado decreto el embargo de las sumas de dineros que se encuentren depositadas en las cuentas corrientes y en las cuentas de ahorros que le pertenezcan a la Caja Nacional de Previsión – CAJANAL EPS, Identificada con el Nit. 899999010-3, en esa entidad”;

(viii) ($ 1.000.000.000) Oficio Nº 1162 del 1º de septiembre de 2003 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla: “este Juzgado decreto el embargo de las sumas de dineros que se encuentren depositadas en las cuentas corrientes y en las cuentas de ahorros que le pertenezcan a la Caja Nacional de Previsión – CAJANAL EPS, Identificada con el Nit. 899999010-3, en esa entidad”;

(ix) ($ 2.252.496.124.27) Oficio Nº 1162 del 1º de septiembre de 2003 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla: “este Juzgado decreto el embargo de las sumas de dineros que se encuentren depositadas en las cuentas corrientes y en las cuentas de ahorros que le pertenezcan a la Caja Nacional de Previsión – CAJANAL EPS, Identificada con el Nit. 899999010-3, en esa entidad”;

(x) ($ 30.000.000) Oficio Nº 04-MGE-539 del 22 de abril de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: “decrétese el embargo y secuestro de las sumas de dineros depositadas en las siguientes cuentas bancarias: (...) BANCO DE BOGOTA, Sucursal CAN de la ciudad de Bogotá, a nombre de la Caja Nacional de Previsión SOCIAL EPS, hasta por la suma de treinta millones de pesos ($ 30.000.000,oo)”;

(xi) ($ 30.000.000) Oficio Nº 362 del 1 de abril de 2004 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia: “Me permito informarle que dentro del proceso ejecutivo laboral de primera instancia que adelanta en este despacho el señor JOSE SENEN MARIN MARIN en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, se ordeno el embargo de los dineros que la demandada, tenga depositados en las cuentas números 00020611333. 0002066116 y 0002059590 de dicho banco”;

(xii) ($ 6.000.000) Oficio Nº 430 del 30 de abril de 2004 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia: “Me permito informarle que dentro del proceso ejecutivo laboral de primera instancia que adelanta en este despacho el señor HÉCTOR JAVIER GONZÁLEZ MESA en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, se ordeno el embargo de los dineros que la demandada, tenga depositados en las cuentas números 00020611333. 0002066116 y 0002059590 de dicho banco”;

(xiii) ($ 2.700.000) Oficio Nº 415 del 23 de abril de 2004 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia: “Me permito informarle que dentro del proceso ejecutivo laboral de primera instancia que adelanta en este despacho el señor RAMÓN HORACIO ALZATE en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, se ordeno el embargo de los dineros que la demandada, tenga depositados en las cuentas números 00020611333. 0002066116 y 0002059590 de dicho banco”;

(xiv) ($ 120.000.000) Oficio Nº 888 del 13 de mayo de 2004 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta: “... se decreto el embargo y retención de los dineros que posean la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL Nit Nº 800179569-1 de Cúcuta y con Nit Nº 899999010-3 nacional en cuantas de ahorro o que a cualquier otro titulo bancario o financiero posea cuenta nacional Nº 0020690954, 00206611-6, 00206612-4, 002069094, o en las siguientes Recaudadoras de salud Nº 00205959-0; Cuenta corriente recaudadora pensión ingreso por todo concepto Nº 002206113-3 hasta por la suma de 120.000.000.00”;

(xv) ($ 1.220.000.000) Oficio Nº 1162 del 1º de septiembre de 2003 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla: “este Juzgado decreto el embargo de las sumas de dineros que se encuentren depositadas en las cuentas corrientes y en las cuentas de ahorros que le pertenezcan a la Caja Nacional de Previsión – CAJANAL EPS, Identificada con el Nit. 899999010-3, en esa entidad”;

(xvi) ($ 170.409.969) Oficio Nº 471 del 7 de junio de 2004 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar: “DEMANDADO: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EPS) Nit. 800.179.544-6 (...) decretó el embargo y secuestro de los dineros que la entidad demandada tenga en ese banco a su favor, en ctas. Ctes., o de ahorros así: #s. 00206611-6, 00206612-4 y 00206613-2, siempre y cuando los dineros no pertenezcan a rentas incorporadas al Presupuesto general de la Nación, y sean de libre destinación o Fondos Comunes, limitándose la medida hasta la suma de $ 170.409.969”.

(xvii) ($ 535.000.000) Oficio Nº 322 del 11 de abril de 2005 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia: “Me permito informarle que dentro del proceso ejecutivo laboral de primera instancia que adelanta en este despacho el señor Edgar José Osorio nieto en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, se ordeno el embargo de los dineros que la demandada, tenga depositados en las cuentas números 0002061133. 0002059590 y 0002066116 (...) la demandante se identifica con la cc Nro 4’357.030 y el Nit de la demandada es 899.999.010-3”;

6.119. En los oficios de los despachos judiciales que el Banco Bogotá S.A. allegó a Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, como los soportes contables de los diecisiete (17) débitos del cuadro anterior, el nombre y/o los NITs consignados en los oficios, no corresponde a los de Cajanal S.A. EPS, hoy en liquidación.

6.120. El Banco de Bogotá S.A. no consignó las sumas retenidas en la cuenta depósitos judiciales, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, previstos en el articulo 681-11 del Código de Procedimiento Civil.

6.121. De los diecisiete (17) débitos que efectuó a las cuentas Nº 002-05959-0, 002-09493-6 y 002-06611-6, cuya sumatoria asciende a 6,765,215,093.27, Cajanal recuperó las siguientes sumas de dinero, las cuales no estuvieron a disposición de Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, durante los días que se indican a continuación.

Nº cuentaFecha DebitoValor DebitoFecha DesembargoValor DesembargoDías
1002-05959-003-mar-045,942,000.00   
2002-06611-603-mar-0416,555,000.0031-oct-0516,555,000.00607
3002-05959-003-mar-04138,112,000.00   
4002-09493-612-mar-04250,000,000.0018-ago-05221,059,421.00524
5002-09493-612-mar-048,000,000.00   
6002-06611-615-abr-04900,000,000.00   
7002-06611-613-may-0480,000,000.00   
8002-06611-613-may-041,000,000,000.00   
9002-09493-627-may-042,252,496,124.27   
10002-06611-602-jun-0430,000,000.00   
11002-06611-602-jun-0430,000,000.00   
12002-06611-602-jun-046,000,000.00   
13002-06611-601-jul-042,700,000.00   
14002-06611-602-jul-04120,000,000.0008-feb-2007120,000,000.00951
15002-06611-623-jul-041,220,000,000.00   
16002-0 6611-626-jul-04170,409,969.00   
17002-06611-622-abr-05535,000,000.0028/02/2006535,000,000.00312
TOTALES6,765,215,093.27 892,614,421.00 
DIFERENCIA  5,872,600,672.27 

6.122. De los diecisiete (17) débitos que efectuó a las cuentas 002-05959-0, 002-09493-6 y 002-06611-6 cuya sumatoria asciende a $ 6,765,215,093.27, el Banco de Bogotá S.A., no ha restituido Cajanal S.A. EPS en liquidación la suma de $ 5,872,600,672.27.

6.123. Los $ 6,765,215,093.27 que debito el Banco de Bogotá S.A. de las cuentas Nº 002-05959-0, 002-09493-6 y 002-06611-6 no le pertenecen ni son de propiedad de Cajanal S.A. EPS, hoy en liquidación por corresponder a recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

6.124. Al efectuar el debito por valor de $ 535,000,00.oo el 22 de abril del 2005, el Banco de Bogotá S.A. infringió el literal del artículo dos (2) del Decreto-Ley 254 de 2000 que dispone que una vez ordenada la supresión o disolución de una entidad pública, la expedición del acto de liquidación conlleva la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la vigencia del decreto que ordena la disolución y liquidación de la entidad.

6.125. Respecto de los diecisiete (17) débitos que efectuó a las cuentas 002-05959-0, 002-09493-6 y 002-06611-6, cuya sumatoria asciende a $ 6,765,215,093.27, el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i-) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii-) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii-) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv-) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v-) conservar y custodiar el dinero depositado; vi-) pagar los intereses pactados.

DÉBITO GRUPO DOS (2): LA CUENTA RELACIONADA EN EL OFICIO DE EMBARGO NO CORRESPONDE A LA CUENTA DEBITADA 

* Débito de $ 13.000.000.000,oo, en la cuenta ahorros Nº 002-07523-2

6.126. El 21 de febrero de 2003, el Banco de Bogotá S.A., efectuó un (1) débito a la cuenta de ahorros Nº 002-07523-2 por valor de TRECE MIL MILLONES DE PESOS ($ 13.000.000.000,oo).

6.127. El Banco de Bogotá S.A. no reembolso a la Caja Nacional de Previsión Social EPS, hoy Cajanal S.A. EPS en liquidación, los $ 13.000.000.000,oo debitados de la cuenta de ahorros Nº 002-07523-2.

6.128. El soporte contable del débito realizado el 21 de febrero de 2003 por valor de $ 13.000.000.000,oo a la cuenta de ahorros Nº 002-07523-2 fue el oficio Nº 0223 del 11 de febrero de 2003 que emitió el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla.

6.129. La orden de embargo impartida por el Juez 6º Civil del Circuito de Barranquilla, mediante el oficio Nº 0223 del 11 de febrero de 2003, dentro del proceso ejecutivo 0535-01 de la Organización Clínica General del Norte S.A. contra CAJANAL fue dirigida a “los dineros depositados por la entidad demanda, Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EPS, seccional Atlántico, identificada con el Nit, 899999010-3 en las cuentas de ahorros nacionales 00206611-6, 00206612-4 y 00206613-2, de esa entidad”.

6.130. La cuenta de ahorros Nº 002-07523-2, de la cual el Banco de Bogotá debitó la suma $ 13.000.000.000,oo, no aparece en la orden de embargo impartida por el Juez 6º Civil del Circuito de Barranquilla, mediante el oficio Nº 0223 del 11 de febrero de 2003.

6.131. Los $ 13,000,000,000.00 que debito el Banco de Bogotá S.A. de la cuentas Nº 002-07523-2 no le pertenecen ni son de propiedad de la Caja Nacional de Previsión Social, por corresponder a recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

6.132. Respecto del débito realizado el 21 de febrero de 2003 por valor de $ 13.000.000.000,oo a la cuenta de ahorros Nº 002-07523-2 el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i-) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii-) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii-) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v-) conservar y custodiar el dinero depositado; vi-) devolver o rembolsar las sumas recibidas; vii-) pagar los intereses pactados.

DÉBITO GRUPO TRES (3): LA CUENTA DEBITADA NO APARECE RELACIONADA EN EL OFICIO DE EMBARGO 

* Débito de $ 900,000,000.oo, en la cuenta bancaria Nº 002-05959-0

6.133. El 17 de noviembre de 2000, el Banco de Bogotá S.A., efectuó un (1) débito a la cuenta bancaria Nº 002-05959-0 por valor de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 900.000.000,oo).

6.134. Del debito efectuado por el Banco de Bogotá S.A., a la cuenta bancaria Nº 002-05959-0 por valor de $ 900.000.000,oo, la Caja Nacional de Previsión Social recuperó la suma de $ 288,960,608.oo.

6.135. Del debito efectuado a la cuenta bancaria Nº 002-05959-0 por valor de $ 900.000.000,oo, el Banco Bogotá S.A. no ha restituido a Cajanal S.A. EPS en liquidación la suma de $ 611,039,392.oo.

6.136. En el oficio Nº 1879 del 17 de noviembre de 2000 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayán que el Banco Bogotá S.A. allegó a Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, como los soporte contable del debito efectuado a la cuenta bancaria Nº 002-05959-0 por valor de $ 900.000.000,oo, la orden de embargo fue dirigida específicamente a: “los dineros que le pertenezcan a CAJANAL y que tenga depositados en cuentas corrientes, de ahorro, CDT, CDATS en esa entidad bancaria”;

6.137. En el oficio Nº 1879 del 17 de noviembre de 2000 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayán que el Banco Bogotá S.A. allegó a Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, como los soportes contables del debito, la cuenta bancaria debitada no aparece.

6.138. Los $ 900,000,000.00 que debito el Banco de Bogotá S.A. de la cuentas Nº 002-05959-0 no le pertenecen ni son de propiedad de la Caja Nacional de Previsión Social, por corresponder a recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

6.139.-Respecto del debito efectuado a la cuenta bancaria Nº 002-05959-0 por valor de $ 900.000.000,oo, el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v) conservar y custodiar el dinero depositado; vi) pagar los intereses pactados.

DÉBITOS GRUPO CUATRO (4): LA CUENTA DEBITADA APARECE RELACIONADA EN EL OFICIO DE EMBARGO 

6.140. El Banco de Bogotá efectuó los siguientes tres (3) débitos a las cuentas bancarias Nº 002-05959-0, 002-06611-6 y 002-06076-2, cuya sumatoria asciende a $ 1,103,895,300.00.

Nº CuentaFechaValor Embargo
1002-05959-009-nov-99600,000,000.00
2002-06076-212-dic-00200,000,000.00
3002-06611-621-mar-01303,895,300.00
TOTAL1,103,895,300.00

6.141.-En los oficios de los despachos judiciales que el Banco Bogotá S.A. allegó a Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, como los soportes contables de los tres (3) débitos del cuadro anterior, las cuentas bancarias debitadas fueron a las que específicamente se dirigieron las órdenes de embrago.

6.142.-De los tres (3) débitos a las cuentas bancarias Nº 002-05959-0, 002-06611-6 y 002-06076-2, cuya sumatoria asciende a $ 1,103,895,300.oo Cajanal S.A. EPS en liquidación recuperó las siguientes sumas de dinero, las cuales no estuvieron a disposición de Cajanal S.A. EPS, hoy en Liquidación, durante los días que se indican a continuación.

Nº cuentaFecha DébitoValor DébitoFecha DesembargoValor DesembargoDías
1002-05959-009-nov-99600,000,000.0021/02/2002600,000,000.00835
2002-06076-212-dic-00200,000,000.00   
3002-06611-621-mar-01303,895,300.0016/06/2003303,895,300.00817
TOTALES1,103,895,300.00 903,895,300.00 
DIFERENCIA  200,000,000.00 

6.143.-De los tres (3) débitos a las cuentas bancarias Nº 002-05959-0, 002-06611-6 y 002-06076-2, cuya sumatoria asciende a $ 1,103,895,300, el Banco de Bogotá S.A., no ha restituido Cajanal S.A. EPS en liquidación la suma de $ 200,000.000.

6.144.-Los $ 1,103,895,300.oo que debito el Banco de Bogotá S.A. de las cuentas Nº 002-05959-0, 002-06611-6 y 002-06076-2, no le pertenecen ni son de propiedad de Cajanal S.A. EPS, hoy en liquidación por corresponder a recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

6.145.-Respecto de los tres (3) débitos a las cuentas bancarias Nº 002-05959-0, 002-06611-6 y 002-06076-2, cuya sumatoria asciende a $ 1,103,895,300, el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v-) conservar y custodiar el dinero depositado; vi) pagar los intereses pactados.

DÉBITOS GRUPO CINCO (5): NO SE CONOCE EL OFICIO DE EMBARGO

6.146.-El Banco de Bogotá efectuó los siguientes tres (3) débitos a las cuentas bancarias Nº 002-06611-6 y 002-07523-2, débitos cuya sumatoria asciende a $ 184,417,449.00.

Nº CuentafechaValor Embargo
1002-06611-616-dic-0220,000,000.00
2002-06611-601-jul-049,000,000.00
3002-07523-202-nov-04155,417,449.00
TOTAL184,417,449.00

6.147.-El Banco de Bogotá, no reembolsó a la Caja Nacional de Previsión Social EPS, hoy CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, los $ 184,417,449.00.

6.148.-Los $ 184,417,449.oo que debito el Banco de Bogotá S.A. de las cuentas Nº 002-06611-6 y 002-07523-2 no le pertenecen ni son de propiedad de Cajanal S.A. EPS, hoy en liquidación por corresponder a recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

6.149.-El Banco Bogotá S.A. no allego a Cajanal S.A. EPS, en liquidación los oficios que soportan los tres (3) débitos identificados en el cuadro anterior.

6.150.-Respecto de los tres (3) débitos que efectuó a las cuentas Nº 002-06611-6 y 002-07523-2, cuya sumatoria asciende a $ 184,417,449.oo., el Banco de Bogotá S.A., no cumplió sus obligaciones contractuales de: i-) responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes, ii-) informar al juzgado que por tratarse de recursos públicos de Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; iii-) poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República; iv-) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos; v-) conservar y custodiar el dinero depositado; vi-) pagar los intereses pactados.

2.2. Pretensiones

Con apoyo en los hechos así relatados y en la normatividad invocada en la demanda, la parte convocante solicita al Tribunal que en el laudo se efectúen las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA. Que se declare que el Banco de Bogotá S.A. incumplió la obligación pactada en la cláusula tercera del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes” en la que se obligó a responder ante Cajanal por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes”.

“SEGUNDA. Que se declare que el Banco de Bogotá S.A. incumplió las obligaciones pactadas en la cláusula vigésima del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes” en la que en los casos de embargo de los recursos objeto del convenio se obligó a: i-) informar a los juzgados que por tratarse de recursos públicos de FOSYGA de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a CAJANAL; ii-) poner en conocimiento estos asuntos a la Contraloría General de la República; iii-) informar de manera inmediata a Cajanal, enviando los soportes respectivos”.

“TERCERA. Que se declare que el Banco de Bogotá S.A. incumplió las obligaciones de: i-) conservación y custodia del dinero depositado; ii-) devolución o reembolso de las sumas recibidas; iii-) pago de los intereses pactados; obligaciones esenciales e inherentes a los contratos de depósito en las cuentas corriente y de ahorro Nº 002-06611-6, Nº 002-05959-0, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2, a través de las que se desarrolló del objeto del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo Depósito de Aportes”.

“CUARTA. Que se declare que el Banco de Bogotá S.A. incumplió la obligación pactada en el numeral 5º de la cláusula séptima del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo de Aportes”, en la que se obligó a que una vez vencidos los ocho (8) días hábiles después de cada recaudo trasladaría los recursos en forma directa y automática a las cuentas de ahorro rentables que generen rendimientos a tasas del mercado”.

“QUINTA. Que se declare que el Banco de Bogotá S.A. incumplió la obligación pactada en el numeral 5º de la cláusula séptima del “Convenio Nro. 03 Prestación de Servicios de Recaudo de Aportes”, en la que se obligó a pagar intereses a las a tasas del mercado respecto de los recursos recaudados trasladados a las cuentas de ahorro rentables”.

“SEXTA. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se disponga que el Banco de Bogotá S.A. está obligado a pagar a Cajanal S.A. EPS en Liquidación:

“(i) El valor de las sumas de dinero depositadas en las cuentas Nº 002-06611-6, Nº 002-05959-0, Nº 002-07523-2, Nº 002-09493-6 y Nº 002-06076-2 que a la fecha no ha devuelto o reembolsado, y que a saber son:

“a) $ 684.203.875,73, valor que corresponde al saldo del capital del débito relacionado en el numeral 6.61 de esta demanda.

“b) $ 5,872,600,672.27, valor que corresponde a la sumatoria de los saldos de capital de los diecisiete (17) débitos relacionados en los numerales 6.117, 6.121 y 6.122 de esta demanda.

“c) $ 13,000,000,000, valor que corresponde al capital del débito relacionado en los numerales 6.126 y 6.127 de esta demanda.

“d) $ 611.039.392, valor que corresponde al saldo del capital del débito relacionado en los numerales 6.133 y 6.135 de esta demanda.

“e) $ 200,000,000, valor que corresponde a la sumatoria de los capitales de los tres (3) débitos relacionados en los numerales 6.140, 6.142 y 6.143 de esta demanda.

“f) $ 184,417,449, valor que corresponde a la sumatoria de los saldos de capital de los tres (3) débitos relacionados en los numerales 6.146 y 6.147 de esta demanda.

“(ii) La suma que corresponda al valor que se dejó de pagar por concepto de intereses remuneratorios liquidados a las a tasas del mercado, sin que exceda la tasa máxima legal permitida, sobre las sumas indicadas en el numeral i), tomadas nominalmente y liquidados entre el día en que se dispuso de dichas sumas y la fecha en que se produzca la notificación de la demanda al banco convocado;

“(iii) El valor que corresponda a los intereses comerciales moratorios liquidados a las a tasas del mercado, sin que exceda la tasa máxima legal permitida, calculados sobre las sumas a que se hizo referencia en el numeral i), tomadas nominalmente y liquidados entre el día en el que se produzca la notificación de la demanda al banco convocado y la fecha en que se efectúe la devolución efectiva de dichas sumas de dinero;

“(iv) La suma que corresponda al valor que se dejó de pagar por concepto de intereses remuneratorios liquidados a las a tasas del mercado, sin que exceda la tasa máxima legal permitida, sobre los $ 9,430,769,834.62, valor que corresponde a la sumatoria de los capitales que Cajanal logró recuperar relacionados en el numeral 6.49 de esta demanda, liquidados desde las fechas en las que se dispuso de dichas sumas y las fechas en que Cajanal logró recuperarlas.

“(v) La suma que corresponda al valor que se dejó de pagar por concepto de intereses remuneratorios liquidados a las a tasas del mercado, sin que exceda la tasa máxima legal permitida, sobre los $ 892,614,421, valor que corresponde a la sumatoria de los capitales que Cajanal logró recuperar relacionados en el numeral 6.121 de esta demanda, liquidados desde las fechas en las que se dispuso de dichas sumas y las fechas en que Cajanal logró recuperarlas.

“(vi) La suma que corresponda al valor que se dejó de pagar por concepto de intereses remuneratorios liquidados a las a tasas del mercado, sin que exceda la tasa máxima legal permitida, sobre los $ 288,960,608, valor que corresponde a la sumatoria de los capitales que Cajanal logró recuperar relacionados en el numeral 6.134 de esta demanda, liquidados desde las fechas en las que se dispuso de dichas sumas y las fechas en que Cajanal logró recuperarlas.

“(vii) La suma que corresponda al valor que se dejó de pagar por concepto de intereses remuneratorios liquidados a las a tasas del mercado, sin que exceda la tasa máxima legal permitida, sobre los $ 903,895,300, valor que corresponde a la sumatoria de los capitales que Cajanal logró recuperar relacionados en el numeral 6.142 de esta demanda, liquidados desde las fechas en las que se dispuso de dichas sumas y las fechas en que Cajanal logró recuperarlas.

“(viii) Las costas que se determinen en el proceso”.

Con posterioridad a la presentación de la demanda y en forma previa a la notificación a la parte convocada, Cajanal presentó un escrito de sustitución en el que, en los siguientes términos adicionó una pretensión subsidiaria:

“Séptima: En el evento en que por cualquier motivo, la acción principal no prospere, de manera subsidiaria expresamente solicito que se declare al Banco de Bogotá S.A. civilmente responsable por las actuaciones antijurídicas, los hechos ilícitos, (dolosos y/o culposos) y las omisiones dañinas narrados en el numeral sexto de la demanda, y que consecuencialmente se condene al Banco de Bogotá S.A. a pagar a título de indemnización del daño o perjuicio causado, todos los conceptos y cada una de las sumas de dinero indicados en los numerales i) al viii) de la pretensión SEXTA precedente”.

2.3. Contestación de la demanda y formulación de excepciones de mérito por la convocada

Frente a las pretensiones aducidas, la convocada se opuso a todas y cada una de ellas. Así mismo, aceptó algunos hechos como ciertos, admitió otros como parcialmente ciertos y rechazó los restantes.

Adicionalmente, en un extenso planteamiento defensivo la misma parte hizo valer en su favor distintos argumentos que catalogó como excepciones de mérito bajo los siguientes acápites:

1. CADUCIDAD DE LA ACCION DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (pretensión principal).

2. CADUCIDAD DE LA ACCION POR ACCIONES Y/O OMISIONES DEL CONTRATISTA (pretensión subsidiaria).

3. INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL PARA JUZGAR LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL BANCO DE BOGOTA, EN RELACION CON CUENTAS QUE NO HICIERON PARTE DEL CONVENIO Nº 03 DE 2000.

4. FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA.

5. NULIDAD ABSOLUTA DE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN LA CLÁUSULA VIGESIMA DEL CONVENIO DE RECAUDO Nº 03 DE 2000.

6. FUERZA MAYOR, CUMPLIMIENTO DE ORDENES EMANADAS DE AUTORIDAD JUDICIAL.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DEL BANCO DE BOGOTA E INCUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD CONVOCANTE.

8. DILIGENCIA DEBIDA Y BUENA FE DEL BANCO DE BOGOTA.

9. INEXISTENCIA DEL DAÑO, ENRIQUECIMIENTO INJUSTO Y SIN CAUSA DE CAJANAL.

10. AUSENCIA DE RELACIÓN CAUSALIDAD ENTRE EL SUPUESTO DAÑO SUFRIDO POR CAJANAL Y LA CONDUCTA DEL BANCO DE BOGOTA.

11. LA GENÉRICA

CAPÍTULO TERCERO

PRESUPUESTOS PROCESALES

Antes de entrar a decidir de fondo las controversias planteadas, se hace necesario establecer si en el presente proceso arbitral se reúnen a cabalidad los presupuestos procesales, esto es, los requisitos indispensables para la validez del proceso, que permitan proferir decisión de fondo.

Al respecto el Tribunal encuentra que tales presupuestos están dados. En efecto, las partes son plenamente capaces y están debidamente representadas. De conformidad con las certificaciones que obran en el expediente, a la presentación de la demanda CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, era una sociedad comercial por acciones del orden nacional, vinculada al Ministerio de Protección Social. De su lado el BANCO DE BOGOTÁ S.A., es una sociedad comercial, legalmente constituida. Las dos personas jurídicas tienen su domicilio en Bogotá. Igualmente, los representantes legales de las partes son mayores de edad, como se acreditó con el reconocimiento de los respectivos poderes y las dos partes actuaron por conducto de sus apoderados reconocidos en el proceso.

Mediante Auto Nº 6 proferido en la Primera Audiencia de Trámite que tuvo lugar el día 23 de enero de 2008, el Tribunal reiteró esa capacidad y la debida representación de las partes; advirtió que el Tribunal había sido integrado y que se encontraba instalado; que se había efectuado la consignación oportuna de los gastos y de los honorarios; que las controversias planteadas eran susceptibles de transacción y que las partes tenían capacidad para transigir; que el pacto arbitral reunía los requisitos legales y que, en consecuencia, el Tribunal era competente para tramitar y decidir el litigio.

Finalmente, el proceso se adelantó con el cumplimiento de las normas procesales previstas sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación.

CAPÍTULO CUARTO

CONSIDERACIONES

1. Marco legal del Convenio Nº 03 objeto del proceso

1.1 Naturaleza del contrato

De acuerdo con la ley 490 del 30 de diciembre de 1998, la Caja Nacional de Previsión Social EPS es una empresa industrial y comercial del Estado y mantenía dicha calidad en la fecha del convenio.

El artículo 1º de la ley 80 de 1993 establece que dicha ley tiene por objeto “disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales” y el numeral 1., literal a) del artículo 2º incluye a las empresas industriales y comerciales del Estado, como entidades estatales.

Por su parte el artículo 32 de la misma ley define: “De los contratos estatales: Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, (...)”.

Con fundamento en la simple lectura de las normas legales, debe afirmarse que por ser la Caja Nacional de Previsión EPS, en la fecha de celebración del Convenio, una empresa industrial y comercial del Estado, el Convenio Nº 03 celebrado el 22 de mayo de 2000 entre la mencionada entidad y el Banco de Bogotá, es un contrato estatal, afirmación que valida el planteamiento hecho sobre este punto por las partes.

Por último, el artículo 13 de la misma ley establece: “ART. 13. – De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”.

Debe destacarse el contenido de esta norma por su importancia para las decisiones exigidas por el proceso. Si el artículo 32 citado confiere a las entidades la facultad contractual de celebrar todos los contratos previstos en el derecho privado, el artículo 13 los sujeta a las normas comerciales y civiles, salvo en las materias reguladas particularmente en la ley. Por tanto en tales materias, sus normas se aplican en forma excluyente respecto de otras y por su carácter especial son de obligatoria aplicación.

El Tribunal no tiene en cuenta las reformas introducidas a la ley 80 por la ley 1150 de 2007, por ser dicha ley posterior al convenio y se refiere a la Caja Nacional de Previsión Social EPS como entidad firmante del Convenio, sin repetir las reformas sociales detalladas al identificar a las partes en la introducción del laudo.

Sobre el particular se pronunció el señor agente del Ministerio Público delegado ante este trámite arbitral, quien en su concepto final expresó:

“Este convenio, no existe duda que es un contrato estatal y como tal se le aplican las disposiciones de la ley 80 de 1993, pues el mismo se celebró con el fin de cumplir el objeto social para lo cual fue creada la Caja Nacional de Previsión Social EPS, que era por un lado la administración y aportes a pensiones, y por otra parte, como EPS autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud para el recaudo y administración de los aportes al sistema obligatorio de salud”. 

1.2. Marco legal especial del Convenio Nº 03 objeto del proceso

Para el análisis de este marco legal especial debe el Tribunal afirmar que el marco legal del convenio lo constituye el contrato mismo, en virtud del artículo 1602 del C.C., que establece que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, (...)”, y por tanto su contenido es determinante fundamental al dirimir las diferencias que se presenten en su interpretación y ejecución.

En ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes le otorgan al contrato el carácter de ley y el principio se aplica a los contratos estatales por mandato del artículo 32 de la ley 80, y reiterado por el artículo 40 de la misma al determinar que “las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales”.

La Corte Constitucional señala que el nuevo régimen contractual privilegia la autonomía de la voluntad para obtener relaciones contractuales más igualitarias. También, afirma que el nuevo estatuto “rescata para el Estado el principio de la autonomía de la voluntad, dentro de ciertos límites, pilar básico de la libertad contractual propia de las relaciones entre los particulares”(15).

Dentro del contrato objeto de la controversia que mediante este Laudo se define, las partes pactaron la sujeción a las leyes 45 de 1990 y 100 de 1993, así como a las regulaciones contenidas en el Código de Comercio. Agregaron que

“(...) este convenio se enmarca en las condiciones establecidas en la normatividad vigente para recaudo y autoliquidación de aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones, especialmente de la contenida en el decreto 1406 del 28 de julio de 1999 (...)”. 

2. Las estipulaciones contractuales

Las principales estipulaciones contractuales, relativas al proceso, son las siguientes:

“CLAUSULA PRIMERA -OBJETO: BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA a nombre de CAJANAL recepcionará y recaudará los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social y los ingresos directos de CAJANAL, de acuerdo al presente convenio de reciprocidad y con las condiciones establecidas en las siguientes cláusulas”. 

“CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD RECAUDADORA: 

1.) 

(...). 

3.) Para la recepción de los aportes se abrirán tres Cuentas (3) Nacionales centralizadoras, las cuales serán identificadas en la siguiente forma: a) Cuenta Nº 1 “CAJANAL EPS Recaudo de Cotizaciones, Fondo de Seguridad y Garantía en Salud FOSYGA”, b) Cuenta Nº 2 “CAJANAL Cotizaciones Pensiones”, c) Cuenta Nº 3 “CAJANAL Otros Ingresos es decir, una por cada concepto de recaudo (...)”. 

CLÁUSULA SEXTA, numeral 5):

“CAJANAL mantendrá los dineros en la cuenta corriente de Salud EPS correspondiente a la cuenta Nº 1 durante un tiempo de ocho (8) días hábiles siguientes a las fechas de sus recaudos, BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA una vez vencidos los ocho(8) días hábiles después de cada recaudo deberá trasladar los recursos en forma directa y automática a otras cuentas de ahorro rentables de CAJANAL nivel central, que generen rendimientos a tasas del mercado de acuerdo con lo establecido en los ANEXOS TECNICOS DEL 7 AL 9, los cuales hacen parte integral del convenio. Para este efecto, CAJANAL autoriza a BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA para que realice las transacciones / débito y/o crédito por él originadas en los términos establecidos en el presente convenio, las cuales afectarán las cuentas corrientes citadas en la CLAUSULA SEGUNDA numeral 3”. 

“CLAUSULA VIGESIMA: INEMBARGABILIDAD. Por tratarse de administración de recursos públicos de FOSYGA de salud y del TESORO PUBLICO de Pensiones, no pertenecen a CAJANAL por lo cual ante una eventual solicitud de embargo BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA deberá tener en cuenta esta condición de conformidad con lo ordenado por el NUMERAL 2 del artículo 134 y Numeral 1 del artículo 138 de la Ley 100 de 1993. No obstante lo anterior en caso de embargo BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA, sin embargo informará al Juzgado correspondiente sobre dicha situación e igualmente pondrá en conocimiento a la Contraloría General de la República. En estos casos BANCO DE BOGOTA ENTIDAD RECAUDADORA informará por escrito, a CAJANAL de manera inmediata, acompañando los soportes respectivos (...)”. 

“CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: VIGENCIA: la VIGENCIA del presente convenio es de un año (1) contado a partir de su firma, pero cualquiera de las partes podrá darlo por terminado dando aviso por escrito al Representante Legal de la otra parte con 30 (treinta) días calendario de antelación de la fecha en que cesará su ejecución. Así mismo serán causales de terminación entre otras: El cierre temporal o definitivo de CAJANAL, la liquidación voluntaria o forzosa de CAJANAL, el incumplimiento reiterado en las obligaciones que por este documento ha asumido CAJANAL. PARAGRAFO: No obstante cuando cualquiera de las partes, en cualquier tiempo quiera darlo por terminado, avisará por escrito a la otra parte con una anticipación no menor a treinta 30 días calendario, sin que por este hecho haya lugar a indemnización”. 

3. Las acciones dentro del proceso

3.1. Las acciones en la demanda

En el texto de la sustitución de la demanda la acción se presenta así:

“En el proceso se le dará curso, como acción principal, a la acción de incumplimiento del contrato prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. Si por alguna razón, la acción principal no prospera, expresamente formulo como acción subsidiaria, la acción de responsabilidad civil del contratista por acciones y omisiones en la actuación contractual, establecida en el artículo 52 de la ley 80 de 1993”. 

Con fundamento en lo anterior, la parte convocante añadió la siguiente pretensión subsidiaria:

“Séptima: En el evento en que por cualquier motivo, la acción principal no prospere, de manera subsidiaria expresamente solicito que se declare al Banco de Bogotá S.A. civilmente responsable por las actuaciones antijrídicas (sic), los hechos ilícitos, (dolosos y/o culposos) y las omisiones dañinas narrados en el numeral sexto de la demanda, y que consecuencialmente se condene al Banco de Bogotá S.A. a pagar a título de indemnización del daño o perjuicio causado, todos los conceptos y cada una de las sumas de dinero indicados en los numerales i) al viii) de la pretensión SEXTA precedente”. 

Como complemento estableció como fundamentos de derecho de la acción subsidiaria, los enumerados en los literales a) hasta m) de la demanda y los adicionó con los artículos 52, 55, 58 -1, 68 y 70 de la ley 80 de 1993 y otras normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, del Código de Comercio, de la ley 222 de 1995 y del Código Civil.

Lo anterior evidencia que la convocante somete a consideración del Tribunal dos tipos de acciones: la prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, de controversias contractuales, en este caso por incumplimiento del contrato, como acción principal, y como acción subsidiaria, la responsabilidad civil del contratista, por acciones y omisiones en la actividad contractual, prevista en el artículo 52 de la ley 80 de 1993.

3.2. Las acciones en la contestación de la demanda

El escrito de contestación de la demanda plantea así su tesis sobre las acciones formuladas por la convocante a las que se hace referencia en el punto anterior:

“Cajanal S.A. EPS en liquidación sustituyó la demanda con el fin de incluir pretensiones “si por alguna razón la acción principal no prospera”, consistentes en pedir que se declare al banco responsable “por acciones y omisiones en la actuación contractual, establecida en el artículo 52 de la ley 80 de 1993”. sin embargo, pasa por alto dicha entidad que la referida acción no es independiente o autónoma a la prevista en el artículo 87 del código contencioso administrativo —que es la que en rigor plantea la súplica principal—, pues existiendo una relación contractual entre las partes, como se acepta en la demanda, aquella no es otra que la de controversias contractuales, máxime si para establecer “acciones” u “omisiones” que supuestamente le causaron daño a Cajanal, necesariamente debe examinarse el tema del cumplimiento y/o incumplimiento contractual por parte de los litigantes”. 

“No se olvide que en materia contenciosa administrativa —como es este caso dado el carácter de contrato Estatal del convenio Nº 03 de 2000— las acciones son taxativas, de suerte que no puede escindirse la acción incumplimiento (súplica principal) a la prevista en el artículo 52 de la ley 80 de 1993 (subsidiaria), para que pregonar que ellas son independientes y autónomas, pues en todo caso, se parte de la existencia de un vínculo jurídico generador de derechos y obligaciones que debe ser dilucidado para los parámetros del artículo 87 del C.C.A. norma según la cual la acción de “controversias contractuales” puede utilizarse, dada su multifuncionalidad, para que a través de ella se declare la “existencia” o “nulidad” de un contrato Estatal, la “revisión” del mismo, para que “se condene al responsable a indemnizar los perjuicios” y para que se hagan “otras declaraciones y condenas”. 

“Por ende, la facultad que tiene la parte contratante de solicitar que se declare al contratista responsable civilmente por sus acciones u omisiones (Art. 52, Ley 80/93), en la hora actual se concreta a través de la acción de incumplimiento contractual con indemnización de perjuicios planteada como súplica principal, pues, como se dijo, en aquella necesariamente debe examinarse la conducta o comportamiento contractual de las partes, esto es, para establecer si actuó (acciones) por fuera de la ley del contrato o si dejó de actuar (omisión) incumpliendo un deber de prestación”. 

“No sobra señalar que con la entrada en vigencia de la ley 446 de 1998, para los hechos ocurridos a partir de la entrada en vigencia de dicha ley, terminó por unificarse las acciones en comento, dado que el artículo 55 de la ley 80 de 1993 había introducido una diferencia, pero solo en punto tocante con el término de prescripción. bajo ese régimen, si la entidad contratante demandada por los motivos previstos en el artículo 136 de C.C., (sic) dicho término era solo de 2 años al paso que si invocaba el artículo 52 del estatuto de contratación la prescripción era de 20 años. Esta discusión quedó superada con el pronunciamiento del Consejo de Estado, de 9 de marzo de 2000 (M.P Dra. María Helena Giraldo Gómez, Exp. 17333), al precisar que “con la expedición de la ley 446 el único término de caducidad vigente para el ejercicio de las acciones contractuales —que incluye la prevista en los artículos 50, 51, 52 y 53 de la ley 80 de 1993— es de dos años, siempre que las acciones y omisiones en que fundan las pretensiones hayan ocurrido con posterioridad a su entrada en vigencia”, como ocurrió en este caso”. 

De la anterior cita el Tribunal considera pertinente destacar que en el texto de este pronunciamiento del Consejo de Estado, no se encuentra la frase entre guiones, que es precisamente el punto fundamental para la consideración de la excepción.

Y sobre el mismo argumento concluye la parte convocada en su escrito de contestación:

“En suma: Las pretensiones iniciales incoadas por Cajanal y las que se plantean por vía de sustitución de la demandada (sic), son en rigor iguales, pues aunque la fuente de derecho invocada para cada una de ellas pareciere diferente, terminan por contener elementos comunes, como es el tema del cumplimiento o incumplimiento del contrato de otra manera no se puede hablar de acciones o omisiones, a menos que la parte actora pretenda derivar la acciones y omisiones con la mera confrontación de los hechos con la ley formal con prescindencia total de la ley contractual (Art.1602 C.C.C (sic)), lo cual es completamente inadmisible”. 

“No hay pues, en este caso en particular, un planteamiento válido de pretensiones subsidiarias”(16).  

En su alegato de conclusión la parte convocada reitera cita del siguiente aparte de la Sentencia del Consejo de Estado de fecha 28 de abril de 2005:

“(...) el plazo perentorio y preclusivo señalado por el legislador para el ejercicio de la acción contenciosa administrativa de controversias contractuales previsto en el artículo 136 del C.C.A. es el mismo que debe tener en cuenta tanto quien convoca al arbitramento como el tribunal que transitoriamente se conforma para cumplir la potestad jurisdiccional de dirimir el conflicto”. 

Con este argumento afirma que el incumplimiento contractual alegado en la demanda original o la responsabilidad del contratista se enmarcan en “arquetípica acción de controversia contractual prevista en el artículo 87 del C.C.A., solo que en virtud de la cláusula compromisoria debe ser resuelta por un Tribunal de Arbitramento y no por la jurisdicción del ramo”(17).

La parte convocada insiste en el alegato en el hecho de que la acción del artículo 52 de la ley 80 de 1993 no es independiente y autónoma de aquella de controversias contractuales prevista en el artículo 87 del CCA y que en consecuencia, de acuerdo con el pronunciamiento del Consejo de Estado, le es aplicable el término de caducidad de dos años.

De su lado, en la solicitud de pruebas relativas a las excepciones, la parte convocante no se refirió a los fundamentos de esta excepción. En el alegato de conclusión afirma que el Convenio 03 y los contratos de depósito en cuenta corriente son contratos estatales de tracto sucesivo, los cuales legalmente deben ser liquidados. Después de argumentar sobre los factores legales y de hecho para establecer el término de liquidación, concluye que sólo el 14 de septiembre de 2006 CAJANAL avisó por escrito al Banco su decisión de liquidar el convenio en forma inmediata, con efectos desde el 14 de octubre de 2006, por lo cual concluye que la demanda fue presentada antes de cumplirse el término de caducidad.

3.3. Consideraciones del Tribunal sobre las acciones impetradas

A continuación el Tribunal hace un resumen de los argumentos para proceder al posterior estudio de cada uno de ellos.

Para la parte convocada la acción de responsabilidad contractual prevista en el artículo 52 de la ley 80 de 1993 no es independiente o autónoma de la prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. Agrega que por existir una relación contractual entre las partes, la acción es la de controversias contractuales porque para establecer las acciones y omisiones que le causaron daño a Cajanal, necesariamente debe examinarse el tema del cumplimiento o incumplimiento contractual. Concluye diciendo que no es válido el planteamiento de la acción subsidiaria de responsabilidad contractual prevista en el artículo 52 de la ley 80 de 1993, porque ésta no puede “escindirse” de la acción de incumplimiento del artículo 87.

Como se aprecia en los argumentos transcritos, la dependencia de la acción de responsabilidad contractual con la acción de controversias contractuales se funda en una interpretación de la parte convocada, según la cual el establecimiento de acciones y omisiones requiere el examen del cumplimiento contractual a través de la acción prevista en el artículo 87 del CCA.

En relación con este argumento el Tribunal observa que la existencia, independencia y autonomía de las dos clases de acciones tienen un fundamento claro en las normas que les dieron origen. Como lo demuestra la transcripción que a continuación se hace del texto de las normas legales, ninguna de tales normas establece dependencia entre las dos clases de acciones, ni establece límites a su autonomía procesal.

En este aparte el Tribunal estudia las normas legales sobre las acciones contractuales en el Código Contencioso Administrativo que establecen, su caducidad y prescripción.

“ART. 87.-Modificado. L.446-98, art. 32. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que hagan otras declaraciones y condenas”. 

La norma citada se limita a definir el objeto de la acción de controversias contractuales, sin que su texto establezca vinculación de ninguna naturaleza con otro tipo de acciones. Por tanto el carácter subordinante de otras acciones que le asigna el alegato de la parte convocada, no tiene asidero en el texto legal y debe el Tribunal abstenerse de entrar en consideraciones de tipo interpretativo, porque frente a la claridad del texto, carece de cabida legal la interpretación.

De otra parte por medio de la ley 80 de 1993 se expidió el estatuto general de contratación de la administración pública cuyo objeto es el de “disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales”. Se trata por tanto de una norma de carácter especial, la cual regula en forma integral todo lo relativo a la contratación estatal.

El capítulo V de la citada ley consagra el tema específico de la responsabilidad contractual de las diversas partes que intervienen en los contratos estatales, con normas especiales que enmarcan la responsabilidad civil, penal y disciplinaria que asumen dichas partes, o sea las entidades estatales, los servidores públicos, los contratistas y los consultores, interventores y asesores. El capítulo establece además las sanciones en que incurren dichas partes y el contenido de los actos sancionatorios.

La demanda tiene como fundamento la presunta responsabilidad de un contratista, por lo cual se transcribe únicamente la norma correspondiente a este marco de responsabilidad.

“ART 52. – DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley”. 

El marco legal de la responsabilidad civil de los contratistas, lo constituyen sus acciones y omisiones dentro de la actividad contractual. Dichos eventos dan lugar a la correspondiente acción civil y en su caso, a la aplicabilidad de las sanciones derivadas de la responsabilidad que contractualmente han asumido.

No existe en la norma transcrita, ni en ninguna de la ley 80, referencia alguna a una supuesta vinculación de esta acción con la de controversias contractuales del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, ni a la calidad de subordinada al ejercicio de esta última, ni a ninguna clase de servidumbres procesales que le den a la acción de responsabilidad contractual, el carácter de dependiente o le disminuyan la autonomía para su ejercicio.

En conclusión, carece de fundamento legal la solicitud de la parte convocada de negar a la acción prevista en el artículo 52 de la ley 80 de 1993, la calidad de acción subsidiaria propuesta por la parte convocante.

Con la misma claridad de las normas legales, la jurisprudencia ha aceptado la existencia de los dos tipos de acciones contractuales y ha precisado sus diferencias. Destacamos el auto proferido por el Consejo de Estado el 30 de mayo de 1996 que dice:

“La jurisprudencia ha sido clara en materia de caducidad de las acciones de índole contractual. Así, ha reiterado que las que giren en torno a los actos contractuales deberán impugnarse dentro de los dos años siguientes a su ejecutoria. Que las que tengan que ver con el contrato mismo (nulidad absoluta o relativa, por ejemplo) caducarán a los dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato, la primera, o a partir de la ocurrencia del vicio que configura la causal de nulidad relativa. Y que las que versan sobre los hechos de ejecución o cumplimiento, dentro de esos mismos dos años contados a partir del hecho que cause la controversia. Se deja de lado la acción contractual de responsabilidad puesto que ésta, con fundamento en la ley 80 de 1993, tiene identidad propia y se somete al término prescriptivo de 20 años (art. 55)”(18).  

Y en otro pronunciamiento de la misma corporación se dijo:

“Regulación en la ley 80 de 1993. El Estatuto Contractual contenido en la ley 80 de 1993 modificó el término, de dos años, de caducidad de la acción de controversias contractuales, previsto en el C.C.A (art. 136 num. 6º) respecto de las omisiones de los cocontratantes y de las conductas antijurídicas de éstas; el término de caducidad de la acción previsto en el C.C.A se conservó respecto al ataque de la validez del contrato, de los actos jurídicos (administrativos, bilaterales de las partes, y unilateral del contratista, porque se presumen conductas jurídicas), y de los hechos contractuales que no le son imputables a las partes (hecho del príncipe y hechos imprevisibles, etc.)”(19).

En el texto de las normas legales transcritas (art. 52 y art. 57) es clara la existencia de los dos tipos de acciones, y su autonomía e independencia. La claridad del texto de una ley, no permite desconocer su tenor literal, para consultar su espíritu, (artículo 27 C.C.). Los textos legales, contenidos uno en un decreto ley, Código Contencioso Administrativo, y el otro en una ley, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establecieron dos tipos de acciones, independientes y autónomas, y frente a la claridad e independencia de las normas, no cabe la interpretación, mucho menos para afirmar que una de ellas no es procesalmente autónoma, es decir que no es una acción, sino una consecuencia, caso en el cual carecería de razón de ser la norma que la creó.

Por las razones anteriores, en desarrollo de claros principios del derecho y de las fuentes principales para el ejercicio de la noble acción de juzgar, corresponde al Tribunal, aplicar los principios fundamentales de la administración de justicia, iura novit curia y da mihi facta ego dabi jus, ambos invocados por la parte convocante. Presentados los hechos, las afirmaciones que de ellos se desprenden y las pretensiones buscadas, el Juez procede a asignar la acción legalmente adecuada, de acuerdo con los hechos y con las normas que rigen el ejercicio de cada acción.

Así lo ha dicho el Consejo de Estado:

“Como cualquier otro acto de hombre o de persona, la demanda es objeto de valoración; ésta implica no dejarse llevar por su mera apariencia formal. La demanda es un todo que cuando, por su contenido, parece inarmónica habrá, si se puede, acudir a sus hechos históricos y a sus fundamentos de derecho para hacer visible su verdadero sentido; así ocurre también en los convenios y contratos cuando no son claros; para tal efecto la ley substancial indica cuáles son los métodos para su interpretación. La Constitución, fundamento de las instituciones, señala las bases en las cuales se realiza como Estado Social de Derecho y la ruta de su acción. En lo que respecta con la Administración de Justicia resalta, como un estandarte, que prevalecerá el derecho substancial (art. 228). Otra Codificación, de rango legal, le enseña al juez que: -Le corresponde decidir aunque no haya ley exactamente aplicable, o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre, las reglas generales de derecho substancial y procesal (num 8 art. 37 CPC). -Admitirá la demanda que “reúna los requisitos legales, y le dará el trámite que legalmente corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”. En consecuencia, el juez tendrá en cuenta para comprender la demanda, sus hechos históricos y causales que condujeron al demandante para la formulación de las pretensiones”(20).  

El Tribunal al considerar los hechos que fundamentan la demanda, encuentra que se trata de acciones y omisiones propias de la ejecución contractual, entre las cuales el marco principal está constituido por la acción del Banco de haber debitado cuentas corrientes o de ahorro de propiedad de la convocante para atender embargos dictados por diferentes jueces, en procesos adelantados contra la convocada, sin haber establecido los depósitos judiciales en el término perentorio de tres días que señala la ley. Este marco fáctico corresponde en forma exacta a la norma legal de responsabilidad establecida en el artículo 52 de la ley 80 de 1993, cuyo texto es:

“De la responsabilidad de los contratistas. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Ley”. 

El texto es una precisa representación legal de los hechos expuestos por la demandante. Además, corresponde a la presentación hecha en el escrito de sustitución de la demanda, sobre el hecho de que la conducta del Banco, se originó en “las actuaciones antijurídicas, los hechos ilícitos (doloso y/o culposos) y las omisiones dañinas narrados en el numeral 6 de la demanda, (...)”.

Por tanto, hay una correspondencia exacta entre los hechos, la pretensión subsidiaria y el marco legal de la responsabilidad civil contractual.

Para el Tribunal, en esta forma se estructura la acción contractual propia de la responsabilidad prevista en el capítulo V de la ley 80 de 1993, norma especial aplicable en forma preferente a los contratos estatales, no solo por disposición expresa de la misma ley en su artículo 13, sino que la naturaleza de los hechos alegados no corresponde a las “normas de derecho público a que se refiere el artículo 87 del C.C.A.”(21), y además las normas de interpretación, le asignan a la norma especial el carácter de aplicable, con preferencia sobre normas de carácter general.

Por tanto el Tribunal acepta como acción propia ejercida en este proceso, la prevista en dicho artículo 52 y planteada por la demanda como acción subsidiaria.

4. La caducidad

Determinada la acción procede el Tribunal a estudiar la oportunidad de su formulación, con fundamento en el artículo 55 de la ley 80 de 1993, que establece:

“De la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual. La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50. 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de 20 años contados a partir de la ocurrencia de los mismos (...)”. 

Por su parte el artículo 44 de la ley 446 de 1998 establece:

“El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

Caducidad de las acciones. 

Artículo 136. Modificado L 446/98 artículo 44. 

Caducidad de las acciones (...) 

10. En las relativas a contratos el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento (...)”. 

Dos principios básicos establecen las normas citadas:

• Para la acción de controversias contractuales del artículo 87 de C.C.A., el artículo 32 de la ley 446 de 1998, el artículo 136 del mismo Código y el artículo 40 de la ley 446 de 1998, establecen un término de caducidad de dos (2) años.

• Para las acciones de responsabilidad contractual de los artículos 50, 51, 52 y 53 de la ley 80 de 1993, el artículo 55 de la misma establece un término de prescripción de la acción civil de veinte (20) años.

La tesis de coexistencia de las acciones y de sus respectivos términos de caducidad, se mantuvo hasta la entrada en vigencia de la ley 446 de 1998 y particularmente de su artículo 44, el cual modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para establecer en las acciones relativas a contratos, un término de caducidad de dos años y determinar, para las diversas modalidades de contratos, la fecha a partir de la cual se computa la caducidad. El Consejo de Estado fija su nueva posición en los siguientes términos:

“Regulación en la ley 446 de 1998 

“Dispuso que el término de caducidad de todas las acciones relativas a contratos, es de dos años. Unificó entonces el término para la presentación de las demandas, sin hacer diferencia respecto del cuestionamiento de los actos jurídicos contractuales, las conductas jurídicas (imputables o no a las partes contratantes) y las conductas antijurídicas contractuales”. 

Y más adelante en el mismo auto, en texto que cita la parte convocada, dijo:

“Si bien es cierto que la jurisprudencia de la Sala ha tenido diversos criterios(22) respecto de la aplicación del término de prescripción de veinte años previsto en el artículo 55 de la ley 80 de 1993, hoy la discusión está zanjada puesto que con la expedición de la ley 446 el único término de caducidad vigente para el ejercicio de las acciones contractuales es el de dos años, siempre que las acciones y omisiones en que se fundan las pretensiones hayan ocurrido con posterioridad a su entrada en vigencia”(23).

Frente a esta última interpretación y frente al texto de las normas legales citadas, es necesario estudiar si la norma del artículo 55 de la ley 80 de 1993 se encuentra vigente o fue derogada por la ley 446 de 1998. Por no existir una derogatoria expresa del citado artículo 55, cualquier conclusión sobre su no vigencia tiene que fundarse en una derogatoria tácita de la misma.

De conformidad con el artículo 71 del Código Civil la derogatoria de las leyes “es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior”.

El Tribunal encuentra que para dilucidar el punto deben examinarse los siguientes criterios:

• El texto original del Código Contencioso Administrativo que disponía lo siguiente: Artículo 136 del decreto 01 de 1984: “Las relativas a contratos caducarán a los dos (2) años de expedidos los actos u ocurridos los hechos que den lugar a ella”.

• El Texto subrogado por el Decreto Extraordinario 2304 de 1989 que dice: “Las relativas a contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”.

• El Texto ya citado del artículo 44 de la ley 446 de 1998.

Desde la expedición del Código Contencioso Administrativo, Decreto Ley 01 de 1984, no ha existido cambio substancial en el texto de las normas, ni en el término de caducidad de las acciones previstas en el Código en materia contractual, salvo las adiciones hechas por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, para precisar la fecha a partir de la cual se computa el término de caducidad. De otra parte se observa que las normas sucesivamente vigentes usan en su encabezamiento la misma terminología.

Durante la sucesión de las dos primeras normas la interpretación del Consejo de Estado, admitió la coexistencia de los respectivos términos de caducidad y de prescripción de las dos acciones, por lo cual no se encuentra razón para sostener que una tercera norma, cuyo texto es el mismo de las dos anteriores, derogó la que estuvo vigente al mismo tiempo que estas últimas.

La norma que permitiría fundar una derogatoria tácita, es el artículo 44 de la ley 446 de 1998, que es el único artículo de dicha ley que regula el término de caducidad. Se repite su texto:

“Art.44. Caducidad de las acciones. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo quedará así: 

(...). 

“10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. 

Se trata de una derogatoria expresa y directa de una norma que coexistía con la de prescripción del artículo 55 de la ley 80 de 1993. Si ambas normas coexistían para acciones diferentes, no hay razón alguna para que la derogatoria directa de una de ellas, implique tácitamente la derogatoria de la otra, porque la coexistencia implica autonomía e independencia respecto de la vigencia de otras normas, y en doctrina ya citada, esa autonomía ha sido aceptada por el Consejo de Estado.

El texto de la norma es una derogatoria directa y expresa. Su aplicación se restringe al ámbito de la norma derogada, porque el legislador así lo expresó. Si la norma que se interpreta como derogada tácitamente, coexistía con la derogada en forma directa, la única que desaparece es la citada en el texto legal. La derogación tácita opera como ya se citó, cuando la nueva disposición contiene normas que no pueden conciliarse con la anterior. No es éste el caso, porque la norma que se pretende derogada tácitamente, coexistía con la derogada, para regular situaciones diferentes.

Hasta la expedición de la ley 446 ha predominado la tesis de coexistencia de los términos de caducidad y de prescripción, respectivamente, para cada uno de los dos tipos de acciones. Ante esta coexistencia, ante la ausencia de una derogatoria expresa y ante el texto no sujeto a interpretaciones para fundar una derogatoria tácita se impone la conclusión de que la norma sobre prescripción de veinte años (20) para la acción civil de responsabilidad contractual, se encuentra plenamente vigente.

El objeto de la ley 446 de 1998 es muy concreto y en su encabezamiento se expresa: “Por la cual se adoptan algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”. En consonancia con su objeto la ley derogó normas de los Códigos y leyes citadas, pero no se refirió en ninguna forma a la ley 80, la cual no estaba comprendida en su objeto, ni estuvo incluida en su texto. Por tanto el contenido de la ley 446 no tuvo por objeto introducir modificaciones a la ley 80, y mucho menos en forma tácita.

La simplicidad del texto del artículo 44 de la ley 446 de 1998 no permite incluir, a guisa de interpretación, textos que de ser aceptados necesariamente tendrían que haber sido incluidos en la ley. Cuando el Consejo de Estado menciona en la providencia citada que la ley 446, dispuso que el término de caducidad de todas las acciones relativas es de dos años, el término “todas” no aparece en el texto legal, ni tampoco la extensión a que la norma no hace diferencias respecto de las dos acciones contractuales. Si el objeto de la ley era, entre otros, el de introducir reformas al Código Contencioso Administrativo, lo hizo en el texto del artículo 87 sobre la acción de controversias contractuales, el cual es el marco para posteriormente en el artículo 136 legislar sobre el término de caducidad de dichas acciones y no de otras, originadas y reguladas en normas diferentes.

Aunque entró en vigencia con posterioridad al convenio Nº 03, objeto de este proceso, es importante hacer referencia a la ley 1150 de 2007 cuyo artículo 1º establece: “Objeto. La presente ley tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1998, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos”. Esta ley 1150, hizo una revisión completa de la ley 80, derogó directamente normas de la misma, adicionó algunas de ellas e introdujo normas nuevas. Derogó expresamente otros decretos y leyes, los artículos 253 a 264 del CCA, “así como las demás normas que le sean contrarias”. En lo tocante al capítulo V de la ley 80, “De la responsabilidad contractual”, la nueva ley dejó vigentes las normas del mismo, entre ellas el artículo 55, que establece el término de prescripción de 20 años para las acciones y omisiones previstas en dicho capítulo.

Por último la Corte Constitucional en la Sentencia C574/98, al declarar, con posterioridad a la expedición de la ley 446 de 1998, la exequibilidad del artículo 136 del CCA, determinó la aplicación de un término de caducidad de dos años para las acciones de controversias contractuales, artículos 87 y 136 del CCA. y un término de prescripción de veinte años para las acciones de responsabilidad contractual, artículos 50 a 55 de la ley 80 de 1993. La sentencia fundamenta plenamente la tesis del Tribunal sobre vigencia del término de prescripción de veinte años, por lo cual se concluye que la acción objeto del presente trámite arbitral es oportuna y no se encuentra afectada por el fenómeno de la caducidad. Transcribe a continuación el Tribunal apartes de la sentencia mencionada, la cual fundamenta la identidad propia de cada una de las acciones y el término de prescripción o caducidad, según el caso:

“IV. INTERVENCIONES DE AUTORIDADES PUBLICAS. 

1. Ministerio de Justicia y del Derecho. Mediante apoderado el Ministerio solicita la exequibilidad de la norma acusada, y con tal fin formula los siguientes planteamientos: 

“- La doctrina y la jurisprudencia consideran la caducidad como un plazo dentro del cual el ciudadano puede reclamar al Estado la existencia de un derecho, “de manera que su inejecución conllevaría a la pérdida de la misma, convirtiéndose en un mecanismo de extinción de acciones, diferente a la figura jurídica de extinción del derecho llamada prescripción extintiva”. 

“- Es claro de lo anterior que el demandante confunde las acciones contenciosas contractuales con las acciones civiles contractuales, las primeras de las cuales caducan en dos años contados a partir del hecho que cause la controversia (arts. 87 y 136 C.C.A.), en cambio, las segundas prescriben a los 20 años (L. 80/93, art. 55). 

“En razón de lo anterior, no se puede admitir la alegada violación del artículo 229 de la Constitución, porque la caducidad responde a la necesidad de dar certeza jurídica sobre las condiciones para el ejercicio de la acción y no impedir el acceso a la administración de justicia. 

“Tampoco se quebranta el derecho a la igualdad porque este no se entiende como un trato por igual a todos, sino la obligación de hacerla efectiva en cada caso concreto, de modo que se considere en forma similar a los iguales y de manera desigual a los desiguales. Por consiguiente, no son idénticas las situaciones que dan origen a la caducidad y las que generan la prescripción. 

“2. Ministerio del interior. 

El señor Ministro del Interior solicita, en escrito del 12 de mayo de 1998, declarar la constitucionalidad de la norma acusada, lo cual fundamenta en los siguientes argumentos: 

“Entonces, la acción contemplada en el artículo 136, inciso final del Código Contencioso Administrativo, en cuanto a la caducidad de la acción relativa a contratos, regula la relación de derecho público que existe entre la entidad contratante y el contratista”. 

“La anterior acción, se diferencia de las acciones consagradas en el artículo 55 de la ley 80 de 1993, que se refieren a la responsabilidad civil, disciplinaria y/o penal que surja de la intervención de los servidores públicos en la contratación estatal y que con su acción u omisión causen perjuicios a la entidad”. 

“V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION. 

El Procurador General de la Nación en el concepto rendido dentro de este proceso pide a la Corte declarar exequible el aparte normativo acusado, con base en las siguientes consideraciones: 

“- La norma parcialmente acusada establece que las acciones relativas a contratos estatales deberán ser ejercidas dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que ocurrieron los motivos de hecho o de derecho que sirvan de fundamento. El término consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, opera exclusivamente para la acción contractual, mientras el lapso de veinte (20) años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, se aplica sólo para la acción de responsabilidad civil”. 

“Es pertinente explicar que los argumentos esgrimidos por el demandante se encuentran basados en el cotejo entre dos normas de rango legal que consagran términos de caducidad y prescripción diferentes, situación que, según el acto, implica desconocimiento del artículo 13 de la Carta Fundamental”. 

“Como se ha expuesto, la norma acusada regula una situación jurídica distinta de la descrita en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993. Por esta razón, la disposición demandada continúa vigente, ya que el legislador, tratándose de dos hipótesis diferentes, ha establecido períodos de caducidad y de prescripción diversos”. 

“-La demanda propuesta incurre en una grave equivocación al reclamar la inconstitucionalidad del precepto acusado a partir del cotejo de éste con el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, de manera que resulta imposible realizar el análisis de constitucionalidad porque ambas normas son de la misma jerarquía, cuando la confrontación debe surtirse frente a la Carta Política. 

“- Contrario a lo que considera el actor, “la disposición atacada es desarrollo del artículo 29 de la Carta Política, ya que el legislador esta facultado para señalar de manera razonable los términos de caducidad y prescripción de las acciones que pueden ser incoadas ante las autoridades judiciales”. 

“VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 

1. Cuestión preliminar. 

Con fecha julio 7 de 1998 se dictó la ley 446 en virtud de la cual se establecieron una serie de normas destinadas a descongestionar la justicia. El art. 44 de dicha ley modificó el art. 136 del C.C.A., regulando de modo general todo lo relativo a la caducidad de las acciones contencioso administrativas, incluyendo las acciones contractuales. 

“En razón de lo anterior, la norma acusada no se encuentra vigente. Sin embargo, no es procedente dictar un fallo inhibitorio por carencia actual de objeto, debido a que aquélla se encuentra produciendo efectos jurídicos. 

“2. El problema jurídico planteado. 

Según el actor, la posibilidad de recurrir ante la justicia para reclamar contra una entidad pública la reparación de los perjuicios, cuando incurre en responsabilidad contractual, se regula de una manera en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, que alude a las controversias contractuales, sujetas a caducidad de dos años, y de otra forma en el art. 50 de la ley 80/93, que se refiere a la responsabilidad contractual de las entidades estatales por las actuaciones, abstenciones, hechos u omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen daño a su contratista, pues en este evento se consagra, para la acción civil, una prescripción de veinte (20) años. 

“Le corresponde a la Corte, a efectos de dar solución a la cuestión planteada, determinar si, como lo afirma el actor, los dos tipos de acciones son idénticas, en virtud de que regulan una misma situación —la acción de responsabilidad contractual de las entidades estatales— o, si por el contrario, sustancial, formal y jurídicamente, son diferentes en razón del objeto y el fin que con cada una de ellas se persigue. 

“3. La solución al problema. 

3.1. Para la época en que se presentó la demanda, las acciones relativas a controversias contractuales se encontraban reguladas en el art. 87 del C.C.A., norma que había sido modificada por el decreto 2304 de 1989. 

“Conforme a dicha disposición, las acciones contractuales que podían intentar los sujetos legitimados con fundamento en un contrato con una entidad pública, tenían como finalidad la actuación de pretensiones dirigidas a obtener: 

“- La declaración de su existencia o su nulidad, o su revisión, con las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales. 

“- La declaración de su incumplimiento y la condena del contratante responsable a la indemnización de los perjuicios, así como otras declaraciones y condenas. 

“3.2. Es de anotar, que la norma del art. 87 del C.C.A. fue reformada por el art. 32 de la ley 446/98, pero en lo relativo a las acciones contractuales conservó, en esencia, las mismas modalidades de pretensiones. 

“3.3. Los arts. 50 y 55 de la ley 80 de 1993, invocados por el demandante para establecer el contraste entre la responsabilidad contractual exigible a las entidades estatales, conforme a estos preceptos, y la caducidad de las acciones de controversias contractuales (arts. 87 y 136 inciso final), establecen lo siguiente: 

“ARTICULO 50. De la responsabilidad de las Entidades Estatales. Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que le sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista”. 

“ARTICULO 55. De la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual. La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

“3.4. Ciertamente, el segmento normativo demandado y el art. 55 de la ley 80/93 establecen dos instrumentos o figuras jurídicas diferentes para regular la forma de extinguir las acciones con las cuales se busca obtener la reparación de los daños originados por las entidades estatales, u otras declaraciones y condenas en razón con una relación contractual, como son la caducidad de las acciones contractuales, regulada por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, y la prescripción de la acción civil de responsabilidad contractual, establecida en el artículo 55 de la ley 80 de 1993. 

“3.5. Si bien las dos figuras mencionadas están íntimamente relacionadas por la comunidad de finalidades que persiguen, sin embargo, presentan características diferentes que las distinguen y les otorgan identidad propia. En forma no exhaustiva, se señalan las siguientes diferencias: 

“- La caducidad está unida al concepto de plazo extintivo, es decir, al término prefijado para intentar la acción judicial, de manera que una vez transcurrido éste se produce fatalmente el resultado de extinguir dicha acción. Por ello, la caducidad debe ser objeto de pronunciamiento judicial oficioso cuando aparezca establecida dentro de la actuación procesal, aun cuando no se descarta la posibilidad de que pueda ser declarada a solicitud de parte. 

“En relación con el tema de la caducidad la Corte en la sentencia C-351/94 expresó lo siguiente: 

“(...) la institución jurídica de la caducidad de la acción se fundamenta en que, como al ciudadano se le imponen obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes de colaboración con la justicia para tener acceso a su dispensación, su incumplimiento, o lo que es lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes procesales —con plena observancia de las garantías constitucionales que integran el debido proceso y que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho de defensa—, constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional y, por ende, acarrea para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole mayores recursos y oportunidades, ante la inactividad del titular del derecho en reclamar el ejercicio que le corresponde”. 

“Posteriormente la Corte se refirió recientemente al tema de la caducidad de las acciones contencioso administrativas en la sentencia C-115/98, así: 

“El fenómeno jurídico de la caducidad es la consecuencia de la expiración del término perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando por un acto, hecho, omisión u operación administrativa por parte de una autoridad pública, se lesiona un derecho particular”. 

(...). 

“La institución de esta clase de términos fijados en la ley, ha sido abundantemente analizada por la doctrina constitucional, como un sistema de extinción de las acciones, independientemente de las regulaciones consagradas a través de la figura jurídica de la prescripción extintiva de derechos”. 

“Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos”. 

(...). 

“La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (artículo 136 del CCA), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 

“- La prescripción requiere, al contrario de la caducidad, alegación de parte y, en tal virtud, no puede ser declarada de oficio por el juez. Además, puede ser objeto de suspensión frente a algunas personas dentro de ciertas circunstancias (C.C. art. 2530), a diferencia de la caducidad que no la admite. 

“- La prescripción es renunciable una vez ocurrida, mientras que el juez no podría jamás aceptar tal determinación de las partes con relación a la caducidad. 

“3.6. La caducidad de las acciones relativas a contratos fue establecida en el inciso séptimo del C.C.A. (sic), el cual entró a regir el 1º de marzo de 1984 y estableció un término de dos (2) años. 

“Con anterioridad a esta fecha la jurisprudencia administrativa entendió, que al no existir regulaciones específicas en relación con la oportunidad para instaurar la acción contractual debía acudirse a las normas civiles, que regulan la prescripción extintiva de las acciones ordinarias. 

“3.7. Es de observar que la norma del art. 87 del C.C.A. en su versión original regulaba, a juicio de algunos críticos, las acciones relativas a contratos en forma imperfecta, porque era limitada, en el sentido de que no preveía expresamente que, adicionalmente a las pretensiones sobre existencia o validez, de revisión o declaratoria de incumplimiento y la responsabilidad derivada del contrato, se pudieran solicitar otras declaraciones y condenas. 

“Con la reforma introducida por el decreto 2304 de 1989, la acción sobre controversias contractuales, referidas a contratos administrativos o privados con cláusula de caducidad, adquirió mayor amplitud al disponerse que a través de ella se podían obtener otras “declaraciones, condenaciones, o restituciones consecuenciales”. La referencia a este tipo de contratos se explicaba en razón de las regulaciones que sobre la materia contenía el decreto 222 de 1983. 

“Con la expedición del nuevo estatuto contractual, mediante la ley 80 de 1993, desapareció del régimen jurídico público la clasificación anterior, para dar paso a una única categoría de contrato denominada contrato estatal. En tal virtud, son contratos estatales todos los que celebren las entidades estatales, conforme a las regulaciones civiles y comerciales pertinentes y las especiales que expresamente consagra dicha ley (arts. 2 y 13). En los referidos contratos impera el principio de la autonomía de la voluntad, con ciertas limitaciones, pues no se pueden establecer cláusulas contrarias al ordenamiento jurídico, específicamente en lo relativo a los principios y finalidades de la contratación estatal, y a los postulados de una buena administración. 

“3.8 Resulta evidente que las acciones originadas en las controversias contractuales, según el art. 87 del C.C.A., fueron diseñadas tomando como referente únicamente el sistema contractual establecido por el decreto 222 de 1983. La ley 80/93, contiene un régimen contractual diferente. 

“3.9. Con fundamento en los señalamientos anteriores, se puede afirmar que el régimen relativo a las acciones contractuales establecido en el Código Contencioso Administrativo fue ajustado y complementado por las normas sobre responsabilidad contractual de las entidades estatales previstas en la ley 80/93. Dicha complementación se refleja en lo siguiente: 

“- Actualmente ha quedado sin vigencia la clasificación de los contratos en administrativos y privados de la administración, con o sin cláusula de caducidad. 

“- Se ha incorporado como fundamento de responsabilidad el principio constitucional a que alude el artículo 90 de la Carta Política, según el cual, el Estado debe responder por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma gobierna, según lo expresó la Corte en la sentencia C-133/96, tanto la responsabilidad extracontractual como la responsabilidad contractual. 

“De ahí que se haya establecido como criterio de responsabilidad de las entidades estatales, que éstas responderán civilmente por sus actuaciones, abstenciones y hechos originados en la actividad contractual (arts. 50 y 55 ley 80/93). 

“Sin embargo, es preciso anotar que la ley 80/93, no derogó el art. 87 del C.C.A. En tal virtud, es preciso establecer de qué manera pueden armonizar esta disposición y el segmento normativo acusado, con las normas de los arts. 50 y 55 de dicha ley. 

“A juicio de la Corte el art. 87 del C.C.A. no regula en su totalidad todas las posibles pretensiones que se pueden originar con motivo de las controversias contractuales, sólo se refiere a algunas de ellas, quedando naturalmente por fuera otras. 

“En tales circunstancias, por dicha norma únicamente se gobiernan las pretensiones relativas a controversias contractuales que tienen que ver con la declaración sobre la existencia o nulidad del contrato, su revisión, la declaratoria de incumplimiento y la consecuente condena al pago de perjuicios, además de las otras condenas y restituciones consecuenciales que se autorizan. 

“Las otras posibles acciones civiles contractuales —no las administrativas— contra las entidades estatales no comprendidas en el referido art. 87, se rigen por los artículos 50 y 55 de la ley 80/93. 

“No obstante lo anterior es necesario dilucidar, ¿cuál puede ser el posible objeto de estas últimas acciones civiles? 

“Al respecto estima la Sala que el único entendimiento posible del contenido normativo de los referidos preceptos de ley 80/93, que consagran la responsabilidad civil de las entidades estatales, no es otro que el de considerar que dicha responsabilidad concierne a aspectos relativos a conductas positivas o negativas, imputables a las entidades públicas, que causan perjuicio a los contratistas, derivadas de la inobservancia de preceptos de las normas civiles que rigen su actividad contractual, y a las cuales expresamente dicha ley remite, responsabilidad de naturaleza especial que no puede hacerse exigible mediante la formulación de las pretensiones autorizadas por el art. 87 del C.C.A. 

“3.10. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en punto a la congruencia entre las acciones contractuales a que alude el art. 87 del Código Contencioso Administrativo, que se rigen por el término de caducidad previsto en el segmento normativo acusado, y las acciones a que se refieren los arts. 50 y 55 de la ley 80/93, ha señalado la siguiente: 

“En la providencia de octubre 9/97 (Exp. 13.782. M.P. Daniel Suárez Hernández) dijo: 

“Sea lo primero precisar que para la Sala el término para intentar las acciones contractuales contenido en el artículo 136 del CCA, no sufrió modificaciones con la Ley 80 de 1993. El artículo 136 del CCA, norma de carácter procedimental, se encarga de señalar el término dentro del cual deben ser presentadas las diferentes acciones, so pena de consolidarse el fenómeno de caducidad de la acción, cuando la demanda no se presente dentro de ese término. Al referirse a la acción contractual, válida para demandar el incumplimiento de alguna de las partes del contrato, señaló en dos años el término para intentar esa acción, contado desde el momento de ocurridos los fundamentos de hecho o de derecho que le sirven de base para accionar”. 

“El artículo 55 de la Ley 80 de 1993 señala como término de prescripción para la acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esa ley, el de 20 años contados a partir de la ocurrencia de las mismas. El correcto entendimiento de esta norma no permite su aplicación a las controversias que se presentan entre las partes de un contrato estatal; éstas están vinculadas por una relación de derecho público que es el contrato estatal, y las reclamaciones que de tal relación surjan, están reguladas expresamente por la ley procesal administrativa, en los artículos 87 y 136 del CCA”. 

“En efecto, el artículo 87 permite a cualquiera de las partes de un contrato administrativo (hoy estatal), pedir a través de la acción consagrada en esa norma, que se declare su existencia, su nulidad, su incumplimiento, etc. Y en norma posterior, que no ha sido modificada por la ley 80, señala el término de dos años, para intentar esa acción”. 

“Y se sostiene que el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 no modificó el artículo 136 del CCA, en cuanto se refiere al término para intentar la acción contractual, porque tales normas están regulando situaciones diferentes. Así es, el término de prescripción a que se refiere el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, en forma expresa se refiere a la acción civil derivada de las acciones y omisiones de que tratan los artículos 50, 51, 52 y 53 de ese mismo estatuto. Y la relación de derecho público que existe entre la entidad contratante y el contratista no da lugar a una acción civil, sino a aquella específica acción de controversias contractuales que expresamente consagra el Código Contencioso Administrativo en el artículo 87, que como ya se anotó, tiene su norma propia en cuanto al término para intentarla. La responsabilidad civil de las entidades estatales, se predica es en relación con los consultores, interventores y asesores, figuras cuya relación apenas fue consagrada en la Ley 80)”. 

“En la sentencia de mayo 30 de 1996, Exp. 11759, expresó: “La jurisprudencia ha sido clara en materia de caducidad de las acciones de índole contractual. Así, ha reiterado que las que giren en torno a los actos contractuales deberán impugnarse dentro de los dos años siguientes a su ejecutoria ; que las que tengan que ver con el contrato mismo (nulidad absoluta o relativa, por ejemplo) caducarán a los dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato, la primera, o a partir de la ocurrencia del vicio que configura la causal de nulidad relativa ; y que las que versan sobre los hechos de ejecución o cumplimiento, dentro de esos mismos dos años contados a partir del hecho que cause la controversia. Se deja de lado la acción contractual de responsabilidad, puesto que ésta, con fundamento en la Ley 80 de 1993, tiene identidad propia y se somete al término prescriptivo de 20 años (art. 55)”. 

“3.11. En síntesis, el artículo 55 de la ley 80 de 1993 reguló la prescripción de la acción civil por responsabilidad contractual contra las entidades estatales, los servidores públicos, los contratistas, consultores, interventores y asesores externos por las conductas y omisiones que les sean imputables en el proceso de contratación y que ocasionen perjuicios. Dicha acción, por su naturaleza estrictamente civil, esto es, sustentada en normas de derecho privado, es diferente a las acciones contractuales, fundadas en normas de derecho público a que se refiere el art. 87 del C.C.A, que tenían un término de caducidad especial en la norma acusada. 

“Los dos sistemas reguladores de las controversias contractuales coexisten, porque resultan conciliables, en virtud, de que regulan una misma materia, pero desde aspectos diferentes. Por lo tanto, la posibilidad de accionar por una u otra vía dependerá de la naturaleza de la pretensión. 

(...). 

“3.13. Con fundamento en las consideraciones precedentes la Sala estima que el segmento normativo acusado se ajusta a la Constitución. En efecto: 

“- No se viola el principio de igualdad, porque se trata de situaciones diferentes gobernadas por normas igualmente diferentes. 

“No es admisible imponer al legislador, que goza de cierto grado de discrecionalidad para establecer las normas relativas a las acciones de responsabilidad contractual y a su extinción, el que regule de modo exactamente igual diferentes situaciones. Del contenido del art. 90 no se deriva una obligación en este sentido para el legislador, como erróneamente lo plantea el demandante. 

“- No se violan los arts. 29, 228 y 229 de la Constitución, porque la norma acusada no esta consagrando ninguna previsión que vulnere el debido proceso; sólo se refiere a la regulación de la caducidad de las acciones contractuales, que en modo alguno lo desconoce; tampoco vulnera el acceso a la justicia ni el principio de la prevalencia del derecho sustancial, pues ambos encuentran la debida protección en su contenido normativo. 

“4. En conclusión, no encuentra la Corte fundamento alguno para considerar que la norma demandada, viole las disposiciones invocadas por el actor ni ningún otro precepto de la Constitución. En tal virtud, será declarada exequible”(24).

Lo anterior lleva al Tribunal a reiterar lo dicho en capítulo precedente de este Laudo, en el sentido de que la acción propia de este trámite arbitral es aquella contemplada en el artículo 52 de la ley 80 de 1993, a lo cual se ajusta el contenido de la pretensión séptima subsidiaria formulada por la parte convocante en el escrito de sustitución de la demanda. Además de lo anterior, por carecer de fundamento en la acción del artículo 87 del CCA no pueden prosperar las pretensiones identificadas con los números 1 a 5, y el Tribunal centrará su estudio en el marco establecido por la pretensión subsidiaria séptima en comento, junto con las peticiones de condena contenidas en la pretensión sexta.

5. Pronunciamiento sobre las excepciones contenidas en la contestación de la demanda

5.1. Excepción de caducidad

Al formular las excepciones primera y segunda, la parte convocada plantea que la acción, bien sea aquella del artículo 87 del CCA, o aquella prevista en el artículo 52 de la ley 80 de 1998, se encuentra caducada.

Tal como ha quedado definido en este laudo, la acción propia del presente trámite arbitral es aquella prevista en el artículo 52 de la ley 80 de 1993. En efecto, sobre el particular el Tribunal ha establecido ya las siguientes conclusiones:

a. La acción de controversias contractuales del artículo 87 del CCA y las acciones de responsabilidad contractual, del artículo 55 de la ley 80 de 1993, planteadas en la demanda, la primera como acción principal y la segunda como acción subsidiaria, son independientes una de otra, gozan de autonomía procesal, y particularmente las acciones de responsabilidad contractual, pueden ejercerse, sin estar condicionadas al ejercicio de la acción de controversias contractuales.

b. La acción de controversias contractuales tiene un término de caducidad de dos años, artículo 136 del CCA, y las acciones de responsabilidad contractual, tienen un término de prescripción de veinte años, artículo 55 de la ley 80 de 1993.

No puede prosperar el planteamiento exceptivo de caducidad de la acción propia del artículo 52 de la ley 80 de 1993, ya que tal como se ha expuesto detalladamente en este laudo, el término de prescripción de la misma es de veinte años, el cual apenas ha empezado a correr. En efecto el artículo 55 de la ley 80 de 1993, con claridad establece:

“ART. 55. – DE LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años”. 

De la norma citada resulta evidente, tal como ya lo ha analizado el Tribunal, que para las acciones de responsabilidad contractual de los artículos 50, 51, 52 y 53 de la ley 80 de 1993, el artículo 55 de la misma ley establece un término de prescripción de la acción civil de veinte (20) años. Por ello, y con base en la argumentación expuesta en el capítulo precedente, se concluye que primera excepción no es pertinente por versar sobre una acción ajena al proceso, y la segunda excepción formulada por la parte convocada no ha de prosperar por cuanto se ha ejercido dentro del término, y así lo decretará el Tribunal en la parte resolutiva del Laudo.

5.2 Excepción de Incompetencia del Tribunal para juzgar la responsabilidad contractual del Banco de Bogotá, en relación con cuentas que no hicieron parte del Convenio Nº 03 de 2000

La Parte Convocada expone los términos de esta excepción en la siguiente forma:

“se debe aceptar que el Tribunal no tiene competencia para conocer de todos los aspectos planteados por CAJANAL S. A EPS —en liquidación— en su libelo demandatorio, como quiera que en él se hizo alusión a presuntos incumplimientos del Banco de Bogotá respecto de algunas cuentas que no están expresamente señaladas en el numeral 3º de la cláusula segunda d el convenio 03 de 2000, al cual se contrae la demanda, circunstancia que impide que los árbitros se pronuncien sobre los mismos”. 

A continuación, y para fundamentar su excepción, el apoderado de la Parte Convocada hace referencia a lo que estableció el numeral 3) de la cláusula segunda del Convenio Nº 03, que fijó como una de las obligaciones del Banco de Bogotá Entidad Recaudadora, la de abrir “tres Cuentas (3) (sic) Nacionales Centralizadoras, las cuales serán identificadas en la siguiente forma a) Cuenta Nº 1 ‘CAJANAL EPS Recaudo de Cotizaciones. Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud “FOSYGA’; b) Cuenta Nº 2 ‘CAJANAL Cotizaciones Pensiones”; c) Cuenta Nº 3 “CAJANAL Otros Ingresos, es decir, una por cada concepto de recaudo”. No obstante lo dicho en esta última parte del literal c) y al relacionar las cuentas que según él se abrieron para dar cumplimiento a esa cláusula segunda del Convenio, el apoderado de la Parte Convocada expresa a continuación que “Como se explicó al dar contestación al hecho 15 de la demanda, la cuenta Nº 1 fue subdividida en tres (corriente Nº 002-05959-0; corriente Nº 002-06611-6; ahorros Nº 002-07523-2); para la cuenta Nº2 se abrió la cuenta de ahorros Nº 002-09494-4, y para la cuenta Nº 3, la corriente Nº 002-06613-2.” Según él, entonces, fueron solamente las cinco cuentas mencionadas las que se abrieron en desarrollo del Convenio por lo cual rechaza que lo fueran igualmente las restantes mencionadas en el libelo de la demanda.

Es de observar que, dentro del referido escrito de demanda, CAJANAL S.A. EPS incluyó dos grupos diferentes de cuentas: Un primer grupo, integrado por aquéllas afectadas por los débitos respecto de los cuales solicitó declaraciones y condenas dentro de sus PRETENSIONES, particularmente la SEXTA, que contiene detalladamente el valor económico (cuenta por cuenta) de tales pretensiones. Y un segundo grupo integrado por aquéllas cuentas a las cuales, tal como lo anota la Parte Convocada en el párrafo final del numeral 3. (pág. 31) de su contestación, “se alude” en los HECHOS de la misma demanda. Respecto de éstas últimas, sea que, como lo afirma el Banco “tampoco fueron abiertas en cumplimiento del convenio”, sea que sí lo hayan sido, no aparece formulada pretensión alguna en la demanda. Obviamente, el Tribunal solamente se ocupará de las cuentas que conforman el primero de los dos grupos mencionados, lo cual pasa a hacer a continuación.

De conformidad con el cuarto inciso del artículo 116 de la Constitución Nacional, tal como fue reformado por el A.L. 3 de 2002, en lo pertinente “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición (...) de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho (...) en los términos que determine la ley”.

Refiriéndose a esta disposición ha dicho la Corte Constitucional “este precepto constituye entonces el fundamento constitucional de la justicia arbitral y define los principales elementos que la caracterizan: i) (...) iii) tiene origen en la voluntad de las partes del conflicto (...)” (25). Y en sentencia C-242 de 1997: “la realización de funciones jurisdiccionales por los árbitros requiere por exigencia constitucional de la habilitación por las partes en conflicto para que puedan proferir, en cada caso concreto, los fallos en derecho o en equidad en los términos legalmente establecidos; lo que indica que ara que sea procedente la utilización de este mecanismo en la misión esencial de administrar justicia por particulares investidos transitoriamente de dicha facultad, se requiere indefectiblemente del consentimiento o la habilitación por parte de aquellos que han optado por someter sus conflictos a la decisión arbitral (...)”.

Y el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998 establece que “el arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible defieren su solución a un tribunal arbitral (...)”.

Partiendo de los fundamentos constitucionales y legales que se dejan expuestos lo primero que observa el Tribunal es, de un lado que efectivamente e independientemente de cuántas y cuáles hayan sido las cuentas corrientes y de ahorros que puedan haberse abierto a lo largo de la relación entre Cajanal S. A. EPS y el Banco de Bogotá, su propia competencia está determinada por el Convenio Nº 03 y por los actos que se hayan realizado para darle cumplimiento; y de otro lado que, por no haber quedado explícitamente relacionados en tal Convenio los números de las cuentas que se abrirían para darle cumplimiento, así como por haber aceptado la Parte Convocada el hecho de que, no obstante lo afirmado en el mismo Convenio, al menos una de tales cuentas fue materia de “subdivisión”, sin especificar cuándo, ni cómo, ni por quién se tomó la decisión de realizar tal subdivisión, no resulta fácil determinar, de entrada, cuáles, en últimas, fueron las cuentas que se emplearon para ejecutar el Convenio Nº 03 ni cuáles, por tanto, de las relacionadas en el escrito de la demanda, son las que efectivamente están dentro del área de competencia del Tribunal, razón por la cual resulta indispensable, para comenzar, determinarlas con la claridad y precisión que las pruebas allegadas al proceso lo permitan. Lo importante no es —a la hora de la verdad, y no obstante lo expresado en la Cláusula Segunda del Convenio, citada atrás— el número de cuentas, sino que éstas se hayan utilizado para las finalidades indicadas en el mismo.

Ahora bien, los 39 débitos que inicialmente fueron parte de la demanda, con la precisión que en respuesta a un requerimiento del perito hizo el representante de la Parte Convocante, quedaron reducidos a 38, según nota que aparece al final de la página 13 del dictamen, débitos que dieron origen a las diferencias entre las partes traídas a consideración del Tribunal afectaron, según las relaciones que en su demanda hizo la Parte Convocante (págs. 12 a 29, inclusive), las cuentas identificadas con la siguiente numeración interna del Banco de Bogotá. Para mayor claridad, se indica, en cada caso, la fecha en que cada una se abrió, así como el titular de las mismas, todo según aparece en la certificación expedida por el Revisor Fiscal de esta Entidad que, en estos aspectos, no fue objetada por la Parte Convocante:

N° de CuentaTipoTitularFecha Apertura
002-05959-0CorrienteCajanal EPS Recaudos Cotizaciones24-06-1994
002-06611-6CorrienteCajanal EPS Recaudos Cotizaciones29-05-2000
002-09493-6AhorrosCajanal EPS SGP Aportes Patronales27-03-2003
002-07523-2AhorrosCajanal EPS Recaudos Cotizaciones29-05-2000
002-06076-2CorrienteDTN Minsalud Cajanal Situado Fiscal22-08-1997

Al establecer una comparación entre las cuentas a las que se refiere la Parte Convocante en su demanda y las que, entre ellas, la Parte Convocada en su contestación a la misma (pág. 31) relaciona como que no formaron parte del Convenio, es evidente que ambas están de acuerdo en que se abrieron en desarrollo del mismo, o estuvieron vinculadas a éste, las identificadas con los números 002-05959-0, 00206611-6 y 002-7523-2 por lo cual, de entrada, es válido afirmar, sin necesidad de prueba adicional alguna, que ellas forman, igualmente, parte del universo de la competencia del Tribunal. Quedaría, entonces, por definir si, como lo pretende la Parte Convocante, también fueron abiertas en desarrollo del referido Convenio las números 002-09493-6 y 002-06076-2, para lo cual resultará pertinente apelar a los elementos de juicio que, sobre el tema, reposan en el expediente, advirtiendo desde ahora que, para definir lo pertinente, el Tribunal habrá de utilizar los criterios que a continuación se relacionan, para ilustrar los cuales se evaluarán aspectos tales como el Convenio mismo, las alegaciones de las partes y la certificación expedida por el Revisor Fiscal del Banco de Bogotá.

5.2.1. El alcance del Convenio Nº 03

Ya se ha dicho que el Convenio no es explícito en cuanto a los números de identificación de las cuentas a las cuales es aplicable. Y en cuanto a la definición de su alcance, utiliza expresiones de carácter genérico, tales como: “Que este convenio se enmarca en las condiciones establecidas en la normatividad vigente para recaudo y autoliquidación de aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones (...)”, (consideración f)... “CAJANAL recepcionará y recaudará los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social y los Ingresos Directos de CAJANAL de acuerdo al presente convenio de reciprocidad y con las condiciones establecidas en las siguientes cláusulas” (CLÁUSULA PRIMERA) ... “BANCO DE BOGOTÁ ENTIDAD RECAUDADORA a nombre de CAJANAL, recibirá los formularios oficiales contentivos de las autoliquidaciones de aportes establecidos por las Superintendencias Nacional de Salud y Bancaria, así como los formatos de trabajadores independientes y Servicio Doméstico y los formatos de conceptos correspondientes a “Otros Ingresos” (numeral 1, CLÁUSULA SEGUNDA).

Y así como éstas, que se citan simplemente por vía de ejemplo, son numerosas las expresiones que hacen imprecisos y difíciles de interpretar y entender a cabalidad los alcances del Convenio, particularmente en cuanto a cuentas bancarias específicas a las que el mismo se refiere. Sin lugar a ninguna duda, esa imprecisión y esa dificultad fueron las que, en últimas, originaron el aspecto del proceso que tiene que ver con cuáles son las cuentas a las que se aplica y cuáles aquéllas a las que no le es aplicable. Valga la pena anotar que esa misma generalidad de la cláusula permitiría en principio entenderla en el sentido de que todas las cuentas destinadas a recaudos o aportes que tuvieron como titular a Cajanal S.A. EPS, habrían quedado involucradas en el desarrollo del Convenio Nº03, máxime si, como se verá más adelante, en lo único en lo que la Cláusula Segunda pretendió ser precisa, que fue la identificación o denominación de las cuentas, en la práctica solamente la de una de ellas coincidió con una de las que aparecen en tal cláusula.

5.2.2. Las alegaciones de las partes

Es obvio que, frente a una diferencia de criterios entre las partes en cuanto a cuáles cuentas operaron en desarrollo del Convenio, correspondía a la que sostiene la tesis de que todas y cada una de las cuentas por ella relacionadas estuvieron regidas por el mismo para efectos del proceso, demostrar la validez de su aserto. Para el caso que ocupa al Tribunal, en su escrito de demanda la Parte Convocante relacionó los hechos que, a su juicio, implicaban violaciones del Convenio por parte del Banco de Bogotá, en perjuicio de CAJANAL S.A. EPS, relación en la cual indicó las cuentas corrientes y de ahorro específicas que, a su juicio, habían sido instrumentos de tales violaciones, para sustentar la existencia de las cuales anexó diversos documentos, entre otros el texto del Convenio Nº 03.

La Parte Convocada, en su respuesta a la demanda, al tiempo que reconoció la vinculación al Convenio Nº 03 de varias de las cuentas mencionadas por la Convocante en su demanda, como ya se anotó atrás, descalificó la posibilidad de considerar que esa vinculación existiera también en relación con otras, específicamente para los fines que interesan, las dos a las que se hizo referencia atrás, respecto de las cuales planteó la excepción de incompetencia del Tribunal, excepción que es materia del presente análisis.

El Tribunal echa de menos el que cada Parte, en lo que le correspondía, hubiera hecho una fundamentación más a fondo de las razones que le asistían para mantener la posición por ella asumida en esta materia específica.

Considera del caso el Tribunal poner de presente que, no obstante la expresión utilizada en la Cláusula Segunda del Convenio Nº 03 en cuanto a que “Para la recepción se abrirán tres (3) cuentas...” (resaltado del Tribunal), en la cual el verbo abrir se utilizó en tiempo futuro lo cual, en principio, al menos, significaría que ninguna cuenta ya abierta para la fecha (22 de mayo de 2000) formaría parte del desarrollo del mismo, pues tanto el Banco como Cajanal aceptaron, al exponer sus respectivas posiciones en el proceso, que la cuenta corriente número 002-05959-0 abierta, según certificación del Revisor Fiscal del Banco de Bogotá, tal como ya se dijo, desde el 24 de junio de 1994, esto es, casi 6 años antes de la firma del Convenio, sí formó parte del desarrollo del mismo aún cuando, es de entender, solamente respecto de operaciones realizadas con ella a partir de tal firma.

5.2.3 La certificación del Revisor Fiscal del Banco de Bogotá

En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal en Auto Nº12, del 6 de marzo de 2008, el Revisor Fiscal del Banco expidió la Certificación SBF2008-1653 que para los efectos que interesan, se dividió en 2 puntos: En el primero, relacionó las cuentas que, “con base en el aplicativo Datawarehouse al 31 de marzo de 2008”, vinculaban a Cajanal S.A. EPS con el Banco de Bogotá, “para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social”.

De las cuentas relacionadas en este punto, todas presentan fecha de apertura posterior a la de la firma del Convenio Nº 03, con dos únicas excepciones: la 002-05959-0 que, como ya se vio, se encontraba abierta desde el 24 de junio de 1994, y que ambas partes aceptan que formó parte del mismo, y la 002-06076-2, abierta desde el 22 de agosto de 1997, respecto de la cual la Parte Convocante afirma que formó igualmente parte del Convenio en tanto que la Convocada rechaza tal afirmación.

En su punto 2 la certificación del Revisor Fiscal expresa que “En desarrollo del convenio Nº 03 de Prestación de Servicios de Recaudo de Depósito de Aportes firmado entre Cajanal y el Banco de Bogotá, y según extractos bancarios se abrieron las siguientes cuentas: “, a continuación de lo cual aparece una relación de cuentas abiertas por Cajanal, que incluye las cuentas corrientes números 002-06611-6, 002-05959-0 y de ahorros número 002-07523-2, todas para recaudos de cotizaciones, la corriente número 002-06613-2, denominada “Cajanal Otros Ingresos” y la de ahorros número 002-09494-4, denominada “Aportes Patronales”. No aparecen, en cambio, en la mencionada certificación, como abiertas en desarrollo del Convenio Nº 03, ni la número 002-9493-6 ni la número 002-06076-2 que, son precisamente, las 2 respecto de las cuales se dio controversia entre las partes. Estas cuentas sí aparecen, en cambio, en el punto 1 de la certificación, entre las que a 31 de marzo de 2008 todavía vinculaban a Cajanal S.A. con el Banco de Bogotá para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social, con la circunstancia de que la segunda de las mencionadas, esto es la número 002-06076-2, como ya se ha puesto de presente, tiene fecha de apertura anterior a la de firma del Convenio Nº 03, a saber el 22 de agosto de 1997.

Es del caso anotar que, como resulta evidente, la certificación del Revisor Fiscal del Banco no hace cosa diferente de relacionar, de un lado, las cuentas que para recaudos del Sistema de Seguridad Social mantenía abiertas CAJANAL S.A. en la mencionada entidad financiera al 31 de marzo de 2008 y, de otro, las que se abrieron en desarrollo del Convenio Nº 03. Pero, como era apenas lógico, frente a lo que se le pidió certificar, no entró a establecer si alguna o varias de las que aparecieron en el punto 1 de su certificación, particularmente las abiertas antes de la fecha de firma del Convenio Nº 03, llegaron a formar parte del desarrollo del mismo tal como, por aceptación de ambas partes, quedó claro que había ocurrido con la número 002-05959-0.

5.2.4 Evaluación del Tribunal

Con fundamento en todo lo dicho, el Tribunal llega a las siguientes conclusiones, respecto de los elementos de juicio con base en los cuales tomará su determinación en cuanto a la excepción propuesta por la Parte Convocada:

5.2.4.1 El alcance del Convenio Nº 03

Según se dijo atrás, en concepto del Tribunal la determinación del alcance del Convenio, según se deduce de sus propias cláusulas no es, en los aspectos relativos a cuáles, exactamente, de las cuentas abiertas con posterioridad a su firma por Cajanal en el Banco, ni menos aún de las que ya estaban abiertas al tiempo de tal firma les era aplicable. En principio, y de acuerdo con su tenor literal, se abrirían “tres Cuentas (3) Nacionales Centralizadoras, las cuales serán identificadas en la siguiente forma a) Cuenta Nº 1 “CAJANAL EPS Recaudo de Cotizaciones. Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud FOSYGA”; b) Cuenta Nº 2 “CAJANAL Cotizaciones Pensiones”; c) Cuenta Nº 3 “CAJANAL Otros Ingresos”. Es decir, una por cada concepto de recaudo”.

Sin embargo, no se hizo referencia a números internos específicos de tales cuentas ni, para el caso en que hubiera varias que coincidieran en sus denominaciones con las que acaban de transcribirse, en qué forma se determinaría cuál o cuáles se entenderían como desarrollo del Convenio y cuáles no.

De manera que, por las razones anotadas, los textos transcritos, si bien suministran una orientación general respecto de cuáles cuentas podrían considerarse abiertas en desarrollo del Convenio y cuáles no, no tienen la precisión suficiente para identificarlas específicamente.

5.2.4.2 La denominación de cada una de las cuentas materia de controversia

La circunstancia que acaba de anotarse se agravó en la práctica, como consecuencia de varios hechos:

a. Que, con excepción de la que se denominó “Cajanal Otros Ingresos”, ninguna de las cuentas abiertas “en desarrollo del convenio Nº 03”, según la Certificación del Revisor Fiscal del Banco, tuvo una denominación idéntica a alguna de las previstas en el Convenio. En efecto, según tal Certificación, 3 de esas cuentas (2 corrientes y 1 de ahorros) se denominaron “Cajanal EPS Recaudos Cotizaciones” y 1 “Cajanal EPS Aportes Patronales”. Las dos cuentas que interesan para los efectos del análisis del Tribunal tienen las siguientes denominaciones: La corriente número 002-06076-2, “DTN Minsalud Cajanal Situado Fiscal” y la de ahorros número 002-09493-6, “Cajanal EPS SGP Aportes Patronales”.

b. Que, como quedó visto, según manifestación expresa de la Parte Convocada, una de las cuentas abiertas en desarrollo del Convenio, fue materia de una “subdivisión”, cosa que no estaba prevista en tal Convenio.

c. Que, como también quedó visto, varias cuentas de la misma naturaleza (corrientes por un lado y de ahorros por el otro) presentan idéntica denominación o titular.

Así, pues, la sola denominación o titular de una cuenta determinada no permite tampoco, por sí sola, definir si ella formó o no parte del Convenio Nº 03.

5.2.4.3 La fecha de apertura de las cuentas

Un factor que, por lo menos para uno de los casos materia de esta controversia específica pudo haber sido de mucha utilidad, teniendo en cuenta la ya mencionada expresión “se abrirán tres Cuentas (3)” utilizada en la Cláusula Segunda del Convenio, habría sido la de la fecha de apertura. Sin embargo, también aquí, aparece un factor de distorsión, consistente en que ambas Partes aceptan que una cuenta abierta antes de la firma del Convenio sí formó parte del desarrollo del mismo, máxime teniendo en cuenta que ninguna de ellas documentó la forma en que se convino esta extensión del Convenio.

Por otro lado, y tal como se deduce de la Certificación del Revisor Fiscal del Banco, varias de las cuentas que aparecen en el punto 1 de la misma tienen fecha de apertura posterior a la vigencia del Convenio y en algunos casos, denominaciones similares a otras abiertas también con posterioridad, no obstante lo cual no se abrieron “en desarrollo del Convenio Nº 03”, como quiera que no están incluidas en el punto 2 de la misma Certificación.

Resulta, entonces, que tampoco la fecha de apertura de una Cuenta es indicativa, por sí sola, de su vinculación o no al desarrollo del Convenio.

Será necesario, entonces que el Tribunal, para efectos de su decisión respecto de su competencia para ocuparse o no hechos que hayan afectado las dos Cuentas respecto de las cuales existe diferencia entre las Partes tome, en cada caso, los elementos que le permitan llegar a la conclusión que enderecho sea la pertinente.

5.2.4.4 Conclusiones particulares sobre cada cuenta

a) La Cuenta Nº 002-09493-6 CAJANAL EPS SGP Aportes Patronales:

Esta Cuenta presenta las siguientes características:

i) Su fecha de apertura, según la Certificación del Revisor Fiscal del Banco de Bogotá es el 27 de marzo de 2003, esto es, posterior a la de firma del Convenio 03.

ii) Su denominación, no obstante no coincidir con ninguna de las establecidas en el Convenio Nº 03, es idéntica a la de la Cuenta 002-09494-4 que, según la referida Certificación sí formó parte de la ejecución del Convenio, lo cual es aceptado por ambas partes. Y no puede dejarse de lado el hecho de que el Banco aceptó, según se dijo atrás, que algunas de estas cuentas fueron objeto de “subdivisión”, lo cual explicaría la identidad de denominaciones.

iii) De la referida denominación se deduce que estuvo destinada al recaudo de aportes patronales del Sistema General de Participación, finalidad que coincide con lo que se establece en la Cláusula Primera del Convenio como parte del objeto del mismo, según el cual el Banco “recepcionará y recaudará los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social (...)”. Y, si bien la Certificación del Revisor Fiscal no incluye esta cuenta entre las que se abrieron en desarrollo del Convenio Nº 03, sí la relaciona entre las que, teniendo fecha de apertura posterior a la firma de éste, vinculaba a CAJANAL S.A. con el Banco de Bogotá “para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social”.

Con base en las características enunciadas, el Tribunal considera que la “Cuenta Nº 002-09493-6 CAJANAL EPS SGP Aportes Patronales” sí formó parte del desarrollo del Convenio Nº 03 y, por tanto, rechazará, respecto de ella, la excepción de incompetencia del Tribunal para juzgar la responsabilidad contractual del Banco de Bogotá, en relación con cuentas que no hicieron parte del Convenio Nº 03 de 2000.

b) La Cuenta Nº 002-06076-2 DTN Minsalud Cajanal Situado Fiscal:

Esta Cuenta presenta las siguientes características:

i) Su fecha de apertura, según la Certificación del Revisor Fiscal del Banco de Bogotá es el 22 de agosto de 1997, esto es, anterior a la de firma del Convenio 03 y, a diferencia de lo ocurrido con la Nº 002-05959-0, que también presenta esta última característica, el Banco nunca aceptó que se utilizó para efectos relacionados con el desarrollo del Convenio.

ii) Su denominación, no solamente no coincide con ninguna de las establecidas en el Convenio lo cual si bien, como ya se dijo, ocurre con todas las abiertas en desarrollo de éste, con excepción de una, lleva aparejada la circunstancia de que tampoco presenta similitud o parecido alguno con ninguna de ellas ni tampoco con ninguna de las restantes que aparecen en la Certificación del Revisor Fiscal lo cual, si bien podría en apariencia no tener mayor significación, sí parecería tener su explicación en la circunstancia que se indica a continuación.

De la referida denominación se deduce sin mayor esfuerzo que estuvo destinada a recibir y manejar los recursos provenientes del Situado Fiscal, los cuales no guardan relación alguna con el objeto del Convenio Nº 03, según queda transcrito atrás. Podría, desde luego, aducirse que tales recursos constituyen uno de los “Otros Ingresos” de Cajanal, a los cuales se refiere el Convenio, pero al menos a la luz de la documentación presentada por la parte Convocante, esta posibilidad no parece clara, adicionalmente al hecho de que ésta no lo adujo así dentro del proceso.

Con base en las características enunciadas, el Tribunal considera que la “Cuenta Nº 002-06076-2 Minsalud Cajanal Situado Fiscal” no formó parte del desarrollo del Convenio Nº 03 y, por tanto, acepta, respecto de ella, la excepción de incompetencia del Tribunal para juzgar la responsabilidad contractual del Banco de Bogotá, en relación con cuentas que no hicieron parte del Convenio Nº 03 de 2000.

5.3. Excepción de falta de legitimación en la causa por activa

La convocada al presentar la excepción que se analiza afirma que de acuerdo con los artículos 177 y 178 de la ley 100 de 1993, las Entidades Promotoras de Salud, EPS, entre ellas CAJANAL S.A., tienen la facultad para “hacer los recaudos de las sumas que pertenecen al Sistema, pero no la de representar judicialmente al Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, cuya representación judicial legalmente está en cabeza del Ministerio de Protección Social”. Al comentar el texto de los artículos afirma que “(...) la delegación legal para recibir el pago de los aportes conferida a las EPS, no implica el otorgamiento de la facultad para demandar judicialmente el cumplimiento de obligaciones y por lo tanto Cajanal carece de legitimación para exigir por medio de juicio los aportes al sistema”(26).

En el alegato de conclusión, la parte convocante, extensa y fundadamente, sustenta la legitimidad de su personería, por cuanto en todo el proceso ha actuado en nombre propio, sin invocar representación alguna. Sustenta su actuación en las funciones legales de las EPS y en la interpretación doctrinaria, respecto del titular de la acción. Allega el concepto del Ministerio de Protección Social, en el sentido de que la acción originada en los 39 débitos, objeto del proceso, le corresponde a la EPS(27).

Ante todo anota el Tribunal que la parte convocante actúa en su propio nombre, Cajanal S.A. EPS en liquidación, e invoca el cumplimiento de sus obligaciones legales “como delegataria del Sistema General de Seguridad Social y recaudadora y administradora de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud”(28). Frente al argumento presentado por la convocante, el Tribunal no puede aceptar la carencia de legitimación en la causa con fundamento en la inexistencia de una representación, no invocada por la demandante.

La calidad de las EPS de “ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de los aportes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, se la confiere la misma ley, artículo 178, numeral 1., de la ley 100 de 1993. La convocante por tanto actúa en ejercicio de una función legal propia de su naturaleza jurídica.

El artículo 2º literal c) del decreto 1485 de 1994 establece para las EPS la responsabilidad de “movilizar los recursos para el funcionamiento del sistema de seguridad social mediante el recaudo de las cotizaciones por delegación del fondo de solidaridad y garantía; girar los excedentes entre los recaudos, la cotización y el valor de la unidad de pago por capitación a dicho fondo, o cobrar la diferencia en caso de ser negativa; y pagar los servicios de salud a los prestadores con los cuales tenga contrato”.

La claridad del texto legal establece que las EPS tienen facultades plenas de administración de los recursos recaudados por delegación del FOSYGA y para manejar dichos recursos hasta el cumplimiento de las finalidades legales a que se destinan. Quien tiene ese poder legal para administrar, necesariamente tiene la facultad para perseguir esos recursos hasta que se cumplan los objetivos fijados en la misma ley. Si la delegación para administrar la confiere la misma ley, para iniciar una acción de protección de los recursos que administra no necesita, ni requiere, ni ha alegado ostentar, una representación diferente a la delegación legal. En consecuencia, ante la ausencia de fundamentos de hecho y de derecho, no se configura la excepción presentada por la parte convocada.

Observa el Tribunal que en la posición de la parte convocada al alegar la excepción comentada, existe una incongruente conducta procesal, porque al aceptar los embargos admite que los recursos son de Cajanal EPS, pero al controvertir la acción objeto de este proceso, niega la legitimidad de la personería del titular de las cuentas embargadas.

5.4. Excepciones de Nulidad absoluta de la obligación contenida en la cláusula vigésima del Convenio de Recaudo Nº 03 de 2000 y de fuerza mayor, cumplimiento de órdenes emanadas de autoridad judicial

En relación con el cumplimiento de las órdenes de embargo recibidas por la Parte Convocada y que afectaron cuentas abiertas en ésta última por la Parte Convocante, en su respuesta a la demanda la primera interpuso dos excepciones de mérito: De un lado, la que denominó “Nulidad absoluta de la obligación contenida en la Cláusula Vigésima del Convenio de Recaudo 03 de 2000” y, de otro, la que identificó como “Fuerza Mayor, cumplimiento de órdenes emanadas de autoridad judicial”, las cuales se analizan a continuación, en forma separada pese a que, en últimas, tienen un fundamento común, y no constituyen otra cosa que dos formas alternativas de enfocar un mismo problema.

5.4.1 La excepción de nulidad absoluta de la obligación contenida en la cláusula vigésima del Convenio de Recaudo Nº 03 de 2000

5.4.1.1 La fundamentación de la excepción

La Parte Convocada fundamentó la excepción interpuesta en la siguiente forma:

“A la luz de la normatividad que gobierna la validez de los contratos, la cláusula en mención, es nula de nulidad absoluta, por recaer sobre un objeto ilícito, así como por tener una causa de igual linaje”. 

Después de transcribir la cláusula en referencia, el representante de la Parte Convocada continuó así su explicación de la excepción:

“Pese a su confusa redacción, de la aludida norma contractual puede extrarse (sic) las siguientes conclusiones: (i) que las partes pactaron —o al menos declararon— la inembargabilidad de los recursos objeto del recaudo; (ii) que en caso de embargo, el Banco de Bogotá debía de abstenerse de cumplir la orden judicial, con fundamento en la ley 100 de 1993; (iii) en su lugar, el Banco de Bogotá debía informar al juzgado que los dineros eran inembargables; (iv) Igualmente, el Banco de Bogotá debía poner en conocimiento de la Contraloría General de la República la medida cautelar; y (v) finalmente, el Banco de Bogotá debía en forma inmediata informar por escrito a CAJANAL de la cautela, acompañando la orden de embargo (soporte). 

“Dicho con otras palabras, las partes pactaron, nada más ni nada menos, una obligación de no hacer, consistente en que el Banco de Bogotá, debía abstenerse de cumplir las órdenes de embargo que recibiera y recayeran sobre las cuentas abiertas para el cumplimiento del convenio Nº 03 de 2000, disposición que abiertamente contradice las normas de orden público que no permiten que la voluntad contractual contradiga el orden público del Estado, lo que torna nula e ilegal”. 

5.4.1.2 Análisis de la cláusula vigésima del Convenio Nº 03

Lo primero que es del caso observar es que, como bien lo anota el apoderado de la Parte Convocada, la cláusula de la referencia tiene una redacción confusa. Lo que resulta francamente lamentable es que solamente ahora —en el momento en que sus previsibles consecuencias se han convertido en realidad— el Banco detecte una deficiencia tan importante en una cláusula con tantas consecuencias para las Partes, cuando lo obvio hubiera sido que la hubiera detectado y corregido en el trámite previo a la firma de un Convenio de tanta importancia para quienes en él participaron.

Comienza la cláusula en cuestión por declarar que, “por tratarse de administración de recursos públicos de salud (FOSYGA) y del TESORO PÚBLICO de pensiones, no pertenecen a Cajanal” para, a continuación y como consecuencia de tal declaración, imponer a la entidad hoy Convocada diferentes obligaciones, que se transcriben literalmente:

a. “(...) ante una eventual solicitud de embargo BANCO DE BOGOTÁ ENTIDAD RECAUDADORA deberá tener en cuenta esta condición de conformidad con lo ordenado por el numeral 2º del artículo 134 y numeral 1º del artículo 178 de la Ley 100 de 1993”. 

b. “No obstante lo anterior, en caso de embargo BANCO DE BOGOTÁ ENTIDAD RECAUDADORA sin embargo informará al juzgado correspondiente sobre dicha situación...”. 

c. “(...) igualmente pondrá en conocimiento a la Contraloría General de la República”. 

d. “En estos casos, BANCO DE BOGOTÁ ENTIDAD RECAUDADORA informará, por escrito a CAJANAL de manera inmediata, acompañando los soportes respectivos”. 

Al hacer un análisis de las 4 obligaciones que se acaban de detallar, resulta evidente que en ninguna se impuso explícitamente a la Entidad hoy Convocada el deber de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales de embargo que recibiera, como pasa a verse a continuación.

Pero, qué ocurría con la obligación enunciada bajo el literal a. de la enumeración con la que se inicia el presente acápite, consistente en que la hoy Convocada debía “tener en cuenta esta condición de conformidad con” las disposiciones que allí se relacionan? Es válido afirmar que, por el hecho de que tampoco en ella se dijera explícitamente que el Banco tenía el deber de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales de embargo que recibiera y que afectaran las cuentas involucradas en el Convenio Nro.03, de alguna manera no se estuviera imponiendo a la entidad crediticia una obligación de esa naturaleza? Lo cierto es que, al intentar desentrañar el sentido real de la expresión mencionada (“tener en cuenta esta condición”), el Tribunal considera que no puede entenderse en el sentido de que ella signifique que las partes hubieran convenido que la Parte Convocada debía dejar de cumplir las órdenes judiciales que afectaran los recursos, pues no encuentra en el texto de la Cláusula base alguna para tal interpretación. En este sentido, lo afirmado por la Convocada en su respuesta a la demanda no tiene fundamento en la Cláusula Vigésima, sino que es, en el mejor de los casos, una interpretación subjetiva de la misma. Y la forma en que cada cual pudiera entender el alcance de la cláusula no puede ser materia de análisis ni calificación por parte del Tribunal. En consecuencia, éste no encuentra aceptable la argumentación de la Parte Convocada y, por tanto, no aceptará la excepción de nulidad de la cláusula de nulidad interpuesta.

5.4.2 La excepción de fuerza mayor, cumplimiento de órdenes emanadas de autoridad judicial

Para sustentar su alegación respecto de la existencia de esta excepción, después de haber citado el artículo 64 del Código Civil, tal como fue modificado por el 1ºde la Ley 95 de 1890, el apoderado de la Parte Convocada afirma lo siguiente:

“... es claro que al Banco de Bogotá no puede imputársele incumplimiento contractual, ni mucho menos imponérsele el pago —a título de devolución— de los recursos recaudados, pues los dineros referidos en la pretensión 6a. de la demanda, fueron puestos a disposición de los juzgados que los embargaron a través de oficios librados dentro de procesos ejecutivos adelantados contra la entidad convocante. 

“Dichas órdenes, a no dudarlo, constituían verdaderos imperativos y, por tanto, actos de autoridad que el (sic) Banco de Bogotá no le era “posible resistir”, amén que por su carácter cautelar, los embargos tenían la connotación de auténticos imprevistos. La obligatoriedad de las aludidas comunicaciones, se ve reflejado (sic) en lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 39 del CPC, el cual le otorga facultades al juez para ‘sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución’ (se resalta). 

“Más aún, al tenor de lo consagrado en el artículo 454 del Código Penal “el que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial”, incurre en el delito de “Fraude a resolución judicial”, el cual se sanciona con prisión, circunstancias que ponen de manifiesto que el Banco de Bogotá no podía dejar de cumplir con la orden judicial, so pena de incurrir en multas (num. 1º, art. 39 CPC), afrontar investigaciones penales (art. 454 C.P.), responder por el pago de las sumas embargadas (art. 681 CPC), y ser sancionado por el organismo de control de la actividad bancaria, situaciones todas que ponen de manifiesto el carácter irresistible de las órdenes judiciales que recibió y que afectaban los dineros recaudados y, de paso, la nulidad absoluta de la cláusula vigésima del acuerdo Nº 003 de 2000”. 

5.4.2.1 La norma legal

De conformidad con el artículo 64 del Código Civil, tal como fue subrogado por el 1ºde la Ley 95 de 1890, “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

Dos, son entonces los elementos que, unidos, hacen que un hecho determinado tenga el carácter de caso fortuito o fuerza mayor: En primer lugar, debe tratarse de un imprevisto; y en segundo lugar que quien lo enfrenta no esté en posibilidad de resistirlo. Puede afirmarse que estos dos elementos se reunieron en las órdenes de embargo recibidas por el Banco de Bogotá, tal como su apoderado lo afirma dentro del proceso?

El carácter de imprevistos de los embargos

En primer lugar, y respecto al carácter de imprevisto, han sido múltiples los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia a través del tiempo. Así, por ejemplo, en Casación del 18 de marzo de 1925, G.J. vol. XXXI, página 186, dijo lo siguiente: “Al definir la ley como caso fortuito o fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir, lo imprevisto de que trata esta disposición no significa que el hecho al que se atribuye aquél carácter sea desconocido, sino que, por ser inopinado u ocasional, no se sabe o no puede preverse cuándo ni en qué circunstancia podrá acontecer...”.

Sobre esta base y contrario a lo afirmado por la Parte Convocante, el hecho de que en el referido Convenio se hubiera incluido una cláusula (la Vigésima), concebida para el caso en que se produjeran embargos y que es materia de estudio en otro acápite del presente fallo, no significaba por sí misma que, de producirse, como en efecto se produjeron tales embargos, dejaran de ser inopinados u ocasionales, ni que se supiera o pudiera preverse cuándo o en qué circunstancias podían acontecer. En consecuencia, en concepto del Tribunal, los embargos en referencia sí tuvieron el carácter de imprevistos.

5.4.2.2. La imposibilidad de resistir a las órdenes de embargo

El carácter automático de la consumación del embargo.

A efectos de adelantar el análisis de esta excepción en la forma en que quedó planteada por la Convocada, el Tribunal considera necesario anotar que, según lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, según fue modificado primero por el numeral 393 del artículo 1º del Decreto Extraordinario 2282 de 1989 y posteriormente por artículo 67 de la Ley 794 de 2003, la entidad financiera destinataria de una orden de embargo queda prácticamente sin alternativa alguna al recibirla, toda vez que el cumplimiento de la misma se produce automáticamente. En efecto, dice la norma citada que el embargo “de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad... debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida... con la recepción del oficio queda consumado el embargo” (el resaltado no es del original). Así, pues, a partir de ese momento de recepción la entidad bancaria entra a responder por la efectividad del embargo, sin que le resulte legalmente posible dilatarlo, ni menos aún, negarse a realizarlo, de manera que el procedimiento que sigue a continuación de acuerdo con la ley, esto es, el de “consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación” es un mecanismo obligatorio para las entidades financieras con el fin de formalizar el embargo que ya ha quedado realizado por ministerio de la ley y poner las sumas respectivas a disposición de quien impartió la orden. Que la ley hable de sumas retenidas, no hace cosa distinta de confirmar lo que aquí se ha dicho.

5.4.2.3 La posibilidad legal de la negativa del destinatario a cumplir una orden de embargo

Sin embargo, como no fue la que queda expuesta la argumentación de la Parte Convocada y aceptando entonces, en gracia de discusión, que el cumplimiento de la orden judicial no es automático y que, por requerir de acciones específicas por parte de la entidad que la recibe, el embargo solamente se hace efectivo cuando así lo disponga ésta, ¿qué posibilidad real tendría esa destinataria a través de sus administradores de negarse a cumplirla sin incurrir en violación de la ley?

Según el inciso segundo del artículo 95 de la Constitución Nacional, “Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes” y según el numeral 7. del inciso tercero de la misma norma, es deber de la persona y del ciudadano “Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia” por lo que cualquier actuación que busque eludir el cumplimiento de la ley o que conlleve una falta de colaboración de cualquier persona —sea ella natural o jurídica— con la administración de justicia, como sería la negativa a dar cumplimiento a una orden judicial, implica necesariamente, de entrada, una violación de la Carta Fundamental de los colombianos.

Y porque lo anterior es así, para el caso específico que nos ocupa, esto es, el de cumplimiento o incumplimiento de las órdenes de embargo emitidas por quien tiene competencia legal para ello, es decir, los jueces de la República, tanto las autoridades administrativas como las judiciales se han pronunciado de tiempo atrás en cuanto a la obligatoriedad incondicional de tales órdenes para quien las reciba y en cuanto a la imposibilidad en que cualquier persona se encuentra, de entrar a analizar aspectos tales como la legalidad o ilegalidad de tales órdenes a efectos de determinar si les da o no cumplimiento. Por ser de interés para el asunto bajo estudio, el Tribunal considera del caso citar a continuación, in extenso, dos pronunciamientos de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera), dentro de los cuales se incluyen citas de decisiones tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional que no dejan duda alguna en cuanto a cuál debe ser la conducta de la entidad financiera que recibe una orden de esa naturaleza.

5.4.2.4 Los Conceptos de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia).

En Concepto Nº 200403839-1 del 30 de agosto de 2004 la Superintendencia dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

“(...) es menester recordar que es obligación de toda persona, entre ellas las instituciones vigiladas por esta Superintendencia y sus administradores o representantes legales, acatar debida y oportunamente las órdenes judiciales, puesto que su incumplimiento puede dar lugar a la violación de normas penales, con todos los efectos que ello implica, como por ejemplo, el que la persona con ocasión de dicho desconocimiento pueda quedar incursa en el delito de fraude a resolución judicial previsto en el artículo 454 del Nuevo Código Penal (Ley 599 de 24 de julio de 2000)2, sin perjuicio de la sanción prevista en el artículo 39, numeral 1 del Código de Procedimiento Civil (el resaltado no es del original).

“En este sentido, la Circular Externa 007 de 1996 —Circular Básica Jurídica 3 — en el subnumeral 1.6, numeral 1, Capítulo 4º, Título II respecto del embargo de sumas depositadas en los establecimientos de crédito, indica el procedimiento que deben asumir las instituciones vigiladas respecto de órdenes judiciales de embargo, cuya preceptiva se trae a colación en los siguientes términos:

“a) Acatamiento de las órdenes judiciales

“Este Despacho se permite recordar a las entidades que deben dar debido y oportuno cumplimiento a las órdenes de embargo de fondos impartidas por los Despachos Judiciales, puesto que su falta de acatamiento puede dar lugar a la violación de normas penales, con todas las consecuencias que de ello se derivan. 

“(...). 

“Ninguna persona puede, sin violar la ley, dejar de cumplir una orden judicial debidamente expedida ni colaborar con otras para evadir la aplicación de las disposiciones de las autoridades. Los presidentes y gerentes deben establecer los más severos mecanismos para que sus respectivas entidades cumplan y hagan cumplir los mandatos judiciales ya que, de lo contrario, deberán asumir las responsabilidades consiguientes”. 

En el mismo Concepto Nº 2004038939, continuando con la transcripción de la parte pertinente de la Circular Básica Jurídica, la Superintendencia, hace referencia explícita a los embargos sobre depósitos de rentas y recursos pertenecientes al Presupuesto General de la Nación que, si bien no es el caso del asunto sub júdice, resulta plenamente aplicable a éste pues el punto al que este aspecto del la Circular se refiere es, finalmente, el del manejo de las órdenes relativas a los fondos inembargables por una u otra razón:

“3. Así mismo el citado instructivo, en el subnumeral 1.7 del mismo capítulo, consagra también el procedimiento que deben adoptar las instituciones vigiladas cuando reciban órdenes de embargo que afecten las rentas y recursos pertenecientes al Presupuesto General de la Nación, las cuales consideramos podrían aplicarse para la situación presentada en caso de que el establecimiento de crédito en donde están depositados los recursos haya recibido tal orden judicial. En efecto, la citada circular preceptúa: 

“1.7 Embargos sobre depósitos de rentas y recursos pertenecientes al Presupuesto General de la Nación

“En aplicación de la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia T-025 del 1º de febrero d e 1995 -Expediente T-46448, emanada de la Corte Constitucional, este Despacho se permite impartir las siguientes instrucciones sobre el procedimiento que debe adoptarse por las entidades, en aquellos eventos en los cuales reciban órdenes de embargo sobre depósitos de rentas y recursos del presupuesto nacional. 

“En adelante todas las órdenes de embargo que afecten o recaigan sobre las rentas y recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, emanadas de juez competente, serán de inmediata ejecución o cumplimiento por parte de los establecimientos de crédito. 

“Decretada debidamente una medida de embargo, los establecimientos de crédito no son competentes para establecer si la respectiva decisión judicial recae sobre rentas y recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación para, con base en ello, abstenerse de darle cumplimiento en atención a su carácter de inembargables, pues no siendo esas instituciones parte en el proceso, no tienen posibilidad, y aún menos obligación, de oponerse a tales órdenes de embargo. Su actuación no puede ir más allá que la de mero ejecutor de la orden judicial en lo concerniente con la existencia de los recursos, su cuantía y la identificación del titular, aspecto cuya verificación se encuentra implícita en la ejecución de la orden de embargo (el resaltado no es del original).

“Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3º del Decreto 1807 de 1994, según el cual, `(...)el establecimiento de crédito que reciba una orden de embargo en contravención a lo dispuesto por el presente decreto, deberá informar inmediatamente a la Contraloría General de la República para que inicie un juicio fiscal contra el funcionario judicial que ordenó el embargo'' (el resaltado no es del original).

“(sic) orden, deberá informársele que la medida afecta rentas y recursos pertenecientes al Presupuesto General de la Nación, para su evaluación y fines pertinentes, lo cual no exonera para que se efectúen de inmediato los traslados de los recursos embargados, en los términos dispuestos por la autoridad judicial (el resaltado no es del original).

“Para su cumplimiento, los establecimientos de crédito deberán adoptar e impartir las medidas e instrucciones internas pertinentes, a la mayor brevedad posible. No sobra recordar que la inobservancia de esta preceptiva dará lugar a aplicar, por parte de la Superintendencia Bancaria, las sanciones institucionales o personales previstas en los artículos 209 y 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la aplicación que las autoridades judiciales puedan hacer de otras normas legales para quien desobedezca o retarde la ejecución de sus órdenes”. 

“4. Ahora bien, en este punto se considera necesario precisar que son los Jueces de la República quienes al emitir las órdenes de embargo determinan los bienes sobre los cuales recae la medida, si los mismos tienen o no el carácter de inembargables, así como los límites de inembargabilidad de los recursos señalados en la ley, en tanto que los depositarios (establecimientos de crédito) sólo les corresponde darles curso y acatar la medida (el resaltado no es del original).

“A este respecto en concepto 043953 de septiembre 18 de 1989, en relación con la conducta institucional que deben seguir los establecimientos bancarios frente a las órdenes judiciales de embargo de fondos pertenecientes a los entes territoriales y a sus entidades descentralizadas, manifestó esta entidad que “(...) si bien la circular emanada de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República y reiterada por esta Superintendencia, establece que los jueces no pueden ordenar el embargo y retención de fondos de los recursos pertenecientes a los departamentos, intendencias, comisarías y municipios sino una vez haya concluido la respectiva vigencia fiscal y se haya determinado la renta bruta, (...), no significa ello que, una vez expedida una orden judicial que contraríe este criterio, puedan los deudores y depositarios de dichos recursos abstenerse de dar cumplimiento a la misma, sin que la parte interesada haya hecho uso de los derechos que las normas procesales le confieren, y haya obtenido la revocación de la respectiva orden. Vale decir, los deudores y depositarios de los recursos deben observar las órdenes emanadas de los jueces y sujetarse a sus decisiones, pues un comportamiento distinto no sólo conllevaría la infracción de los principios constitucionales señalados, sino que adicionalmente implicaría el desconocimiento del mandato legal contenido en el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil, según el cual `las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento'' con la consecuente responsabilidad que cabría por la renuencia a dar cumplimiento a la orden judicial correspondiente” (el resaltado no es del original).

“Así mismo, mediante oficio 95023015-2 del 26 de julio de 1995, se indicó a las entidades sometidas a control de este órgano que “(...) no les está permitido entrar a evaluar la licitud o ilicitud de las órdenes de embargo proferidas por un juez de la República, para con base en ello abstenerse de darles cumplimiento, toda vez que como destinatarios de tales mandatos están obligados a proceder de conformidad para darles cumplimiento en forma inmediata. Adicionalmente, en razón a que dichas entidades no ostentan la calidad de partes procesales no tienen posibilidad alguna de oponerse o de controvertir tales órdenes judiciales, limitando su actuación a ejecutarlas en forma diligente” (el resaltado no es del original).

“5. Así las cosas, es claro que las instituciones vigiladas en la materia objeto de consulta son meros ejecutores de las órdenes impartidas por los jueces de la República sin que les sea dado, así incluso por causa justificada o razones jurídicamente sustentables, deliberar, opinar o cuestionar su validez o ejecutoriedad, para lo cual serán las partes en el respectivo proceso quienes tendrán la potestad de oponerse a las mismas por los medios legales procedentes (el resaltado no es del original).

“De igual manera, en este sentido, corresponderá al municipio o entidad territorial ejecutada o afectada con la medida de embargo adelantar las actuaciones que estime pertinentes ante el juez competente, dentro del respectivo proceso, oponiéndose a ella mediante los medios legales de defensa que consagra la ley (en especial el Código de Procedimiento Civil) para obtener el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por la decisión judicial, con fundamento en que tales dineros son inembargables por disposición legal» (el resaltado no es del original). 

Y, en Concepto emitido dos semanas más tarde, el 16 de septiembre de 2004, bajo el número 2004028601-1 que, si bien está específicamente referido al límite legal de embargo de sumas depositadas en cuentas de ahorros, contiene análisis perfectamente aplicables al caso sub-júdice, dijo la misma Superintendencia:

“(...) solicita aclaración respecto de la forma en que deben proceder las entidades financieras para dar cumplimiento a las órdenes de embargo dictadas por los jueces de la República, teniendo en cuenta el numeral 1.6 del Título Segundo Capítulo Cuarto de la Circular Externa 07 de 1996 que señala el procedimiento que deben seguir las instituciones vigiladas para realizar el embargo de los depósitos en ahorros, pero no indica cómo deben actuar cuando el oficio por el cual se notifica el embargo no establece que se respete el límite de inembargabilidad.

“En consecuencia pregunta: “(...) 1. Cuál debe ser la posición de una entidad financiera cuando recibe la orden de embargo por parte de autoridad competente, cuando el oficio por el cual se le da la orden de embargo, no determina si se debe respetar el límite de inembargabilidad de depósitos en ahorros?” Y si “(...) 2. En todos los casos en que se ordene un embargo de depósitos en ahorro, ¿se debe entender que se respeta el límite de inembargabilidad establecido en el artículo 126, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Carta Circular 123 de 2003, de la Superintendencia Bancaria? O ¿la autoridad competente debe determinar expresamente los embargos que respetarán el límite de inembargabilidad de depósitos en ahorros? (...)”.

“A efectos de atender el punto objeto de la petición se considera oportuno abordar el tema bajo los siguientes aspectos: a) Régimen sobre la inembargabilidad de recursos en cuentas de ahorro; b) autoridad que debe verificar el cumplimiento de la ley que regula el tema de la inembargabilidad, c) destinatarios de la medida y d) procedimiento aplicable.

“a) Régimen sobre inembargabilidad de recursos en cuentas de ahorro.

“(...).

“b) Autoridad que debe verificar su cumplimiento.

“Corresponde a la administración de justicia, por encargo de la Constitución Política de Colombia, hacer efectivos los derechos, obligaciones y garantías consagrados en las diferentes leyes y aún en la misma carta, siguiendo el debido proceso, con prevalencia del derecho sustancial como lo disponen los artículos 228 y 229 de la Carta.

“(...).

“Por consiguiente, es el juez quien debe examinar las normas que le sirven de sustento jurídico a sus decisiones. Así las cosas, en el evento de emitir una orden de embargo compete sólo a él, pues es la autoridad a quien la ley le ha otorgado dicha facultad de conformidad con el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, determinar con precisión e identificar con claridad los bienes sobre los cuales recae la medida cautelar, por cuanto no debe escapar de su conocimiento aquellos que son o no son embargables de acuerdo con las normas particulares.

“(...).

“En razón a lo anotado y siguiendo la anterior línea jurisprudencial, esta Superintendencia ha reiterado a los establecimientos bancarios la obligación de acatar las órdenes de embargo so pena de hacerse acreedores a las sanciones que pueden imponerse por parte de los mismos jueces (artículo 39 CPC) o de una autoridad administrativa (el resaltado no es del original).

“c) Destinatarios de la orden de embargo.

“Quedó claro en el punto anterior que, de acuerdo con la constitución y con el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, son los jueces de la República quienes pueden emitir órdenes de embargo sobre los dineros consignados en los establecimientos bancarios, por lo tanto corresponde a ellos determinar los bienes sobre los cuales recae la medida, esto es, si son o no embargables, así como sus límites de inembargabilidad (el resaltado no es del original).

“Ahora bien, la orden de embargo es una medida cautelar que resulta a instancias de un proceso instaurado por quien en derecho está legitimado para ello, en el cual participan lo que se conoce como los sujetos procesales o partes (una demandada y una demandante) y el juez quien es el empleado judicial que imparte justicia, interpreta la ley y la aplica.

“Y son en estricto sentido las partes quienes se hacen partícipes en el proceso para oponerse y controvertir tales órdenes y para pedir y rechazar las diferentes pretensiones que la contraparte exija (el resaltado no es del original).

“Las entidades financieras, frente a la medida, son simplemente intermediarios para dar cumplimiento a las órdenes judiciales, son terceros sin ningún vínculo en el proceso que originó la medida del embargo. Son destinatarios de la orden, no quienes evalúan su procedencia. En ese sentido, no pueden los establecimientos financieros examinar si el embargo procede o no, si la orden judicial se ajusta a la ley o la desborda; ante tal medida, no les es dable realizar juicios propios para escoger o elegir si cumplen la orden o la aplicabilidad de las normas que establecen los límites de inembargabilidad, así éstas últimas sean del conocimiento y aplicación de las instituciones financieras. La institución financiera simplemente está cumpliendo, como destinataria, una orden librada por autoridad competente, dictada dentro de un debido proceso y con las formalidades que el asunto demanda (resaltado fuera del texto).

“Sobre el asunto ha reiterado la Superintendencia Bancaria, en el concepto 950230152 del 26 de julio de 1995:

“(...) a los establecimientos bancarios y por ende a todas las entidades cobijadas por las normas mencionadas, ante la solicitud de embargo efectuada por una autoridad competente `no le está permitido entrar a evaluar la licitud o ilicitud de las órdenes de embargo proferidas por un juez de la República, para con base en ello abstenerse de darles cumplimiento, como quiera que como destinatarios de tales mandatos están obligados a proceder de conformidad para darles cumplimiento en forma inmediata (resaltados fuera del texto).

“Se aclara que los titulares de depósitos afectados por órdenes judiciales sobre sumas de dinero que son inembargables, pueden acudir directamente ante las autoridades que las profirieron, para ejercer las acciones correspondientes encaminadas a efectuar el levantamiento de la medida, toda vez que si un establecimiento de crédito recibe una orden de embargo está en el deber de acatarla hasta el monto que allí se señale (...)” (el resaltado no es del original).

“Igualmente, sobre la obligatoriedad de cumplir una orden de embargo sin entrar a evaluar su licitud o ilicitud, varios han sido los pronunciamientos de las altas cortes. Para el caso traemos a colación los siguientes:

“La Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida por la Sala de Casación Civil, del 23 de mayo de 1988 expresó: “(...) desde luego que la inembargabilidad (...) respecto de las sumas de dinero depositadas en cajas de ahorros y secciones de ahorros de los bancos, no constituye una limitación a las medidas asegurativas de secuestro y embargo (...)”.

“Por su parte la Corte Constitucional en Sentencia T-262 del 28 de mayo de 1997 con ponencia de José Gregorio Hernández manifestó:

“(...) Se ha presentado en el caso materia de examen una abierta desobediencia por parte de las entidades bancarias obligadas, a lo dispuesto por el juez.

“El estado de derecho no puede operar si las providencias judiciales no son acatadas, o si lo son según el ánimo y la voluntad de sus destinatarios. Estos a juicio de la Corte no pueden tener la potestad de resolver si se acogen o no a los mandatos del juez que conduce determinado proceso. Independientemente de las razones que puedan esgrimir en contra, pues el camino para hacerlas valer no es la renuencia a ejecutar lo ordenado sino el ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra” (el resaltado no es del original).

“La Corte ha manifestado al respecto:

“Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales. (El resaltado no es del original).

“(...).

Por tanto, cuando el obligado a acatar un fallo lo desconoce, no sólo viola los derechos que con la providencia han sido protegidos, sino que se interpone en el libre acceso a la administración de justicia, en cuanto la hace imposible, frustrando así uno de los cometidos básicos del orden jurídico, y truncando las posibilidades de llevar a feliz término el proceso tramitado. Por ello es responsable y debe ser sancionado, pero con su responsabilidad y sanción no queda satisfecho el interés subjetivo de quien ha sido víctima de la violación a sus derechos, motivo por el cual el sistema tiene que propiciar, de manera indiscutible, una vía dotada de la suficiente eficacia para asegurar que lo deducido en juicio tenga cabal realización” (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-329 del 18 de julio de 1994) (resaltado fuera del texto).

“Los sujetos a los cuales se dirigen las órdenes de un juez, sometidos como están al imperio de la Constitución y de las leyes y dada su obligación de respetar y obedecer a las autoridades (art. 4º C.P.) deben atenderlas de inmediato. Si piensan que el juez no podía impartirlas, según normas jurídicas de vigor, tal consideración no tiene por qué obstruir su acatamiento, sino que está llamada a ser debatida judicialmente, en su caso y sobre la base de la legitimidad del recurrente con miras a su revocación. Es cierto que puede vincular eventualmente la responsabilidad del funcionario judicial y aun provocar la acción de tutela en su contra, si se le comprueba flagrante violación del ordenamiento jurídico o la existencia de una vía de hecho, pero ninguna de tales posibilidades justifica la actitud renuente del obligado (...)” (el resaltado no es del original).

“Adicionalmente, según el artículo 17 del Código Civil “(...) Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas (...)”. Por consiguiente, las providencias judiciales gozan de presunción de legalidad y deben cumplirse hasta tanto no se desvirtúe tal presunción; es por ello que el artículo 454 del Código Penal expresa “(...) El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (...)” (el resaltado no es del original).

Así mismo, el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil indica:

“(...) El juez tendrá los siguientes poderes disciplinarios: 

“1. Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución (...)”. 

“En ese orden de ideas, las entidades financieras como destinatarias de la medida deben cumplir las órdenes de embargo sin que les sea dable objetarlas, en la medida en que no son partes procesales y su desacato puede ocasionarles las sanciones atrás señaladas (el resaltado no es del original).

“d) Conclusiones: Cómo deberían las instituciones financieras cumplir las órdenes de embargos sobre depósitos en cuentas.

“(...)

“Por lo tanto, cuando una entidad financiera reciba una orden de embargo que recaiga sobre sumas depositadas en una cuenta de ahorros, que por razones de su cuantía es inembargable por disposición de una norma (Decreto 564 de 1996), debe en todo caso, efectuar el embargo y comunicar su cumplimiento a la autoridad que profirió el mandato, advirtiendo que no obstante haberse acatado su requerimiento las sumas embargadas están protegidas legalmente por el beneficio de inembargabilidad; en tal evento será la autoridad judicial quien decida si ante tal prevención continúa con la medida o toma los correctivos judiciales pertinentes» (Resaltado fuera del texto original).

No sobra destacar que lo anterior ha sido recientemente reiterado por la Superintendencia Financiera, en Carta Circular 57 del 19 de agosto de de 2008, en la que se dijo:

“En consecuencia tal como lo señalan los numerales 1.6. y 1.7 del Capítulo IV del Título Segundo de la Circular Básica Jurídica en mención, y no obstante que, de acuerdo con la normatividad vigente, las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación y los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables, se reitera que todas las órdenes de embargo emanadas de autoridades judiciales, incluyendo aquellas que contrariando la normatividad pertinente, afecten o recaigan sobre las rentas y recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, serán de inmediata ejecución o cumplimiento por parte de las entidades financieras”. 

“Decretada una medida de embargo las entidades financieras no son competentes para establecer si una decisión judicial es contraria a la normatividad vigente por recaer sobre rentas y recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, en atención a su carácter inembargable. En efecto su actuación no puede ir más allá que la de mero ejecutor de la orden judicial en lo concerniente con la existencia de los recursos, su cuantía y la identificación del titular, aspecto cuya verificación se encuentra implícita en la ejecución de la orden de embargo”. 

5.4.2.5 La posición de la Corte Constitucional

Y si bien es cierto que los conceptos emitidos por autoridades administrativas no tienen carácter de obligatoriedad para los ciudadanos, también lo es que el contenido de los dos que en lo pertinente se han dejado transcritos, coinciden íntegramente, como ya se vio en sus propios textos, con la posición asumida por distintos órganos del poder judicial que no podría dejar de tenerse en cuenta para resolver sobre la excepción interpuesta por la Parte Convocada en el presente proceso. Para reiterar lo dicho en las transcripciones contenidas en los referidos conceptos, baste citar aquí —por vía de ejemplo, porque no es el único pronunciamiento en este sentido— algunos apartes de la Sentencia T-262 de 1997, mediante la cual la Corte Constitucional resolvió una acción de tutela interpuesta precisamente en un caso en que las entidades financieras destinatarias de unas órdenes judiciales de embargo se abstuvieron de cumplirlas, alegando precisamente la inembargabilidad de los fondos a los cuales tales órdenes se referían. La Corte describió así brevemente la situación:

“... en desarrollo de un proceso ejecutivo laboral que él promovió ante la justicia ordinaria contra el Municipio de Istmina, y, en el curso del mismo, el juez ordenó, con el fin de asegurar el pago de la deuda laboral, el embargo y retención de los dineros que el Municipio de Istmina tuviera o llegare a tener depositados en cuentas corrientes. 

Las entidades financieras a las cuales se dirigía el mandato judicial no quisieron cumplirlo, alegando que las cuentas corrientes en referencia eran inembargables, por expresa disposición del artículo 6º de la Ley 179 de 1994 y del artículo 7 de la Ley 224 de 1995”. 

Y para efectos de tomar su decisión —que tuteló los derechos del peticionario—, dijo entre otras cosas lo siguiente:

“Cuando la ley dispone que ciertos bienes son inembargables, está señalando a los jueces de la República —justamente los llamados, en ejercicio de sus funciones, a decidir si acceden o no a decretar la práctica de la medida cautelar— que no pueden adoptarla. Los destinatarios de la orden judicial correspondiente, una vez impartida por el juez, no están autorizados para definir si el bien objeto de la medida previa es o no inembargable, como tampoco son los agentes de policía a quienes se imparte la orden de efectuar una captura los encargados de establecer si es o no arbitraria”. 

Después de explicar las razones por las cuales la Corte consideró del caso rechazar la actitud asumida por las entidades financieras involucradas y, por tanto, conceder la tutela solicitada, expresó:

“La Corte remitirá copia de este fallo a la Superintendencia Bancaria, para que se apliquen las sanciones pertinentes, cosa que efectivamente hizo en la parte resolutoria de su decisión, en los siguientes términos: 

“Quinto.-Para lo de su cargo, remítase copia del expediente y de esta sentencia al Superintendente Bancario”. 

Resulta así que las interpretaciones que han hecho, de un lado el órgano de supervisión y control de las entidades financieras y de otro los de cierre tanto de la jurisdicción ordinaria como de la jurisdicción constitucional de Colombia, coinciden plenamente en las siguientes conclusiones:

a. Es obligación de toda persona, incluidas las entidades financieras y sus administradores o representantes legales, acatar debida y oportunamente las órdenes judiciales, porque el estado de derecho no puede operar si las providencias judiciales no son acatadas, o si lo son según el ánimo y la voluntad de sus destinatarios, ya que éstos no pueden tener la potestad de resolver si se acogen o no a los mandatos del juez que conduce determinado proceso, independientemente de las razones que puedan esgrimir en contra.

b. En desarrollo de lo dicho, los establecimientos de crédito no son competentes para establecer si la respectiva decisión judicial recae sobre rentas y recursos que por ley tengan el carácter de inembargables para, con base en ello, abstenerse de darle cumplimiento en atención a su carácter de tales. No pueden los establecimientos financieros examinar si el embargo procede o no, si la orden judicial se ajusta a la ley o la desborda; ante tal medida, no les es dable realizar juicios propios para escoger o elegir si cumplen la orden o la aplicabilidad de las normas que establecen los límites de inembargabilidad, así éstas últimas sean del conocimiento y aplicación de las instituciones financieras. La institución financiera simplemente está cumpliendo, como destinataria, una orden librada por autoridad competente, dictada dentro de un debido proceso y con las formalidades que el asunto demanda.

c. Son los Jueces de la República quienes al emitir las órdenes de embargo determinan los bienes sobre los cuales recae la medida, si los mismos tienen o no el carácter de inembargables, así como los límites de inembargabilidad de los recursos señalados en la ley, en tanto que los depositarios (establecimientos de crédito) sólo les corresponde darles curso y acatar la medida.

d. El establecimiento de crédito que reciba una orden de embargo en contravención al carácter de inembargables de los fondos, debe informar inmediatamente a la Contraloría General de la República, para lo de su cargo, pero sin que ello implique que pueda dejar de cumplir inmediatamente con la orden recibida.

e. En razón a que las entidades financieras no ostentan la calidad de partes procesales no tienen posibilidad alguna de oponerse o de controvertir las órdenes judiciales. Su actuación debe limitarse a ejecutarlas en forma diligente, de manera que, por ser meros ejecutores de las mismas no les es dado, así sea incluso por causa justificada o por razones jurídicamente sustentables, deliberar, opinar o cuestionar su validez o ejecutoriedad.

Corresponderá a la entidad ejecutada o afectada con la medida de embargo adelantar las actuaciones que estime pertinentes ante el juez competente, dentro del respectivo proceso, oponiéndose a ella mediante los medios legales de defensa que consagra la ley (en especial el Código de Procedimiento Civil) para obtener el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por la decisión judicial, con fundamento en que tales dineros son inembargables por disposición legal.

Con base en todo lo que se deja expuesto, el Tribunal encuentra que, como principio general, la razón asiste a la Parte Convocada en cuanto a que lo que ella denomina “Fuerza mayor, cumplimiento de órdenes emanadas de autoridad judicial” constituye una excepción frente a acciones como la instaurada en el presente proceso. No obstante lo dicho, considera también el Tribunal que tal excepción no puede aplicarse de manera genérica e indiscriminada a todos los embargos que se afirme son producto de una orden judicial, sino única y exclusivamente a aquéllos que se hayan efectuado dando estricto cumplimiento a aquélla en todos sus aspectos, pues son éstos últimos los que delimitan con exactitud el alcance de lo que es la voluntad de quien imparte la orden, razón por la cual siempre resulta indispensable, en estos casos, analizar en detalle tanto la orden impartida como la forma en que el destinatario de la misma la hizo efectiva, a fin de evitar que bajo el amparo de una presunta fuerza mayor consistente en una orden judicial se pretenda cobijar situaciones que pueden no ser otra cosa que consecuencia de errores, descuidos o falta de la debida diligencia por parte de la destinataria misma.

Y en una situación como la que es materia del presente proceso, en la que los embargos realizados por la Parte Convocada en presunto cumplimiento de mandatos judiciales tuvieron el carácter de múltiples, resultará indispensable un análisis caso por caso a fin de determinar en cuáles efectivamente existió el referido mandato, recibido por el Banco en la forma que establece la ley, de éstos últimos, en cuáles el embargo se hizo con completa sujeción a lo dispuesto por la autoridad judicial y, finalmente, en cuáles —si es que en alguno o algunos— al hacer efectiva la medida cautelar la Entidad se apartó de la orden recibida.

5.5 Excepción de cumplimiento contractual por parte del Banco de Bogotá e incumplimiento de la entidad convocante

Se fundamenta la excepción así:

• El cargo de la demanda de incumplimiento de la cláusula tercera del Convenio 03, que contiene la obligación de responder por los valores recibidos por concepto de aportes, se encuentra desvirtuado por la consignación ante los diferentes juzgados de la suma total de $ 20.552.261.839.oo, valor reclamado, en virtud de órdenes de embargo que para el Banco constituían una causal de fuerza mayor.

• El cargo de la demanda de no haber informado a los juzgados que “por tratarse de recursos públicos de FOSYGA de salud y del tesoro público de pensiones, no pertenecen a Cajanal, como también por no dar aviso a la Contraloría General de la República”, se desvirtúa por tratarse de “una obligación de no hacer en contra de la ley por lo que debe considerarse nula, de nulidad absoluta”.

• Se refiere también la excepción a los cargos por no haber informado a Cajanal sobre la existencia de los embargos y al no envío de los soportes respectivos.

La respuesta aduce la nulidad de la cláusula vigésima del Convenio 03, contentiva de estas obligaciones y el hecho de haber informado a los Juzgados el origen de los recursos y a Cajanal a través de extractos, notas débitos e informaciones personales y telefónicas.

También se refiere al cargo por no haber trasladado los recursos a cuentas rentables, una vez transcurridos ocho días de la fecha de recaudo. Sobre el particular manifiesta que Cajanal, en razón de los embargos, incumplió con la obligación, cláusula 6ª del Convenio, de mantener los recursos disponibles durante ocho días hábiles, por lo cual no puede reclamar el traslado a cuentas rentables. Afirma además que sobre la cuenta de ahorro, FOSYGA, 002-07523-2, el Banco pagó intereses.

Aunque el Tribunal estudió la excepción planteada, considera que la misma no es procesalmente procedente en el presente caso. Un proceso de responsabilidad contractual, fundado en las acciones y omisiones de las partes durante el período de ejecución contractual, debe establecer en el Laudo si se configuraron las acciones y omisiones alegadas.

El Tribunal ha estudiado los fundamentos de hecho de esta excepción al analizar las pruebas relacionadas con los cargos de acciones y omisiones contractuales formuladas por la demanda para fundamentar las pretensiones contra la convocada. Dentro de dichas acciones y omisiones, se ha establecido la omisión del Banco en cuanto a la constitución de depósitos judiciales dentro del término legal establecido para este efecto, la omisión en cuanto a informar y reportar a las distintas autoridades a quienes en la cláusula vigésima se obligó a reportar, el no haber acreditado la devolución, cuando era procedente, de los recursos embargados respecto de los cuales no se realizó el depósito judicial establecido por la ley. Estas acciones y omisiones permiten concluir que la conducta del Banco no da soporte alguno a la excepción aquí pretendida y, por el contrario, la desvirtúa.

Argumenta también la parte convocada el incumplimiento contractual de Cajanal al no mantener los recursos de las cuentas durante los ocho días, pactados en el numeral 5 de la cláusula quinta del convenio Nº 03. Pero olvida el apoderado que, para defender a su poderdante, la Convocada, sí es válida la irresistibilidad de los embargos.

En estas condiciones procesales la excepción solo prosperará en forma parcial, exclusivamente respecto de aquellos débitos que se efectuaron con estricta sujeción a la ley y al ordenamiento jurídico, incluyendo la oportuna realización de depósito judicial.

5.6 Excepción de diligencia debida y buena fe del Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá fundamenta esta excepción en que para favorecer los intereses de Cajanal, y aún desconociendo el numeral 11 del artículo 681 del C de P.C., demoró la consignación en la cuenta de depósitos judiciales, de las sumas retenidas por concepto de embargos y “solicitó a los jueces que informaran si pese a ser recursos pertenecientes del Sistema de Seguridad Social en Salud, debía trasladarlos al Banco Agrario”(29).

Adicionalmente, aduce que el Banco de Bogotá se ciñó a la buena fe al ejecutar el Convenio Nº 03 de 2000. Termina el planteamiento con la solicitud al Tribunal de “(...) evaluar la conducta asumida por las partes durante la ejecución del convenio referido en la demanda, para no acceder a las pretensiones de la entidad convocante”.

El demandado plantea como excepción la diligencia debida y la buena fe del Banco de Bogotá. La diligencia es el “cuidado y actividad en ejecutar una cosa”(30). Contractualmente corresponde al grado de cuidado con que las partes atienden el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La diligencia es una medida de la conducta contractual de las partes, y da lugar a responsabilidad civil cuando la diligencia no es la requerida por la naturaleza del contrato.

La expresión “buena fe” (bona Fides) indica que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los demás una conducta leal(31). Dentro del contrato, la buena fe es la ausencia de malicia en la ejecución de los actos contractuales y la ejecución de los mismos en las condiciones que se consideren más eficientes para el cumplimiento de los objetivos contractuales.

La diligencia debida es la conducta que legalmente se exige y se espera de las partes contratantes y la buena fe es la presunción de que las partes contratantes obrarán dentro del contrato, con arreglo a los mejores principios de honestidad y eficiencia. Como bien lo recuerda la parte convocada, la buena fe es ya un principio constitucional de conducta, consagrado en el artículo 83 de la C. N.

Las dos son presupuestos exigidos en la ejecución contractual y la ausencia de uno o de ambos conlleva, per se, una responsabilidad.

En cambio, podría pensarse que no constituyen una excepción que enerve o impida el ejercicio de la acción. Si las partes contratantes observan los principios de buena fe, puede haber lugar a una responsabilidad civil contractual por una acción u omisión que no implica la ausencia de la buena fe. La diligencia debida es la conducta exigida a las partes contratantes, porque es la requerida por las obligaciones contractuales. Su presencia podría no ser una excepción, no sólo porque es un requisito contractual, sino porque no se puede enervar la acción porque una de las partes contratantes, observó la conducta que todo contrato exige, punto cuya decisión final es materia propia del Laudo arbitral.

Anota el Tribunal que la petición final de la parte convocada, es la de “evaluar la conducta asumida por las partes durante la ejecución del convenio referido en la demanda, para no acceder a las pretensiones de la entidad convocante”.

No obstante las reservas planteadas, el Tribunal observa que en la decisión de esta controversia, la solicitud de la convocada habrá de contemplarse, como en efecto se hará en capítulo posterior de este Laudo.

5.7 Excepción de Inexistencia del daño, enriquecimiento injusto y sin causa de Cajanal

En su escrito de respuesta a la demanda, sustentó la Parte Convocada esta excepción, básicamente en que “el daño o perjuicio... requiere la concurrencia de algunos elementos entre los cuales cabe destacar, para el caso que nos ocupa, el de su antijuridicidad (...)” por lo cual “si las omisiones o los actos positivos, considerados en su sentido normativo, son los que dan origen a la sanción legal de reparar perjuicios, esta sanción no surge si efectivamente no se comete un daño y específicamente si no se viola un círculo jurídico ajeno (...)”. Alega que, al atender las distintas órdenes de embargo cuestionadas, el Banco no hizo otra cosa que seguir “la línea de conducta superior que en el punto le imponía el ordenamiento positivo (...). De suerte que, ningún reproche se le puede imputar al comportamiento de la entidad bancaria convocada, cuando con posterioridad al recibido del oficio que comunicaba la medida cautelar, con lo cual legalmente se consumaba el embargo, procedió a situar en la cuenta de depósitos judiciales de la autoridad respectiva, los dineros a que tales oficios se referían (...)”. Y, citando al Profesor Jorge Santos Ballesteros, afirma que “no obra antijurídicamente quien con el ejercicio legítimo de un derecho lesiona el derecho de otra persona” (el resaltado es del original).

Complementariamente, el apoderado de la Parte Convocada afirmó: “A lo anterior se agrega que la sociedad convocante, en rigor, no sufrió disminución alguna en su patrimonio, actual o futura (sic), pues además de aceptar que los dineros puestos a disposición de los juzgados no eran suyos, con los ellos (sic) canceló obligaciones insolutas a su cargo, y en otras, sus remanentes pasaron a engrosar sus propias arcas, de manera que reconocer que Cajanal tiene derecho a recibir los importes embargados a título de indemnización de perjuicios cuando los mismos le fueron ya restituidos por los jueces o aplicados a la cancelación de sus propias deudas, sería tanto como permitir un enriquecimiento injusto y sin causa”.

Es claro, como la Corte Suprema de Justicia lo ha manifestado en forma reiterada a través del tiempo, que la denominada actio in rem verso es, como su nombre lo indica, una acción y que, por tanto, debe intentarse por la vía de una demanda, sea ella original, sea de reconvención, pero que, aun así, es una acción de carácter residual en cuanto que solamente puede intentarse en tanto y en cuanto el demandante carezca de cualquier otra vía jurídica para hacer valer su derecho. No es, por tanto, la forma que la ley ha previsto para oponerse a las pretensiones de la contraparte a título de excepción.

En cuanto a esta excepción, el Tribunal encuentra que es válida solamente en forma parcial, exclusivamente respecto de aquellos débitos que se efectuaron con estricta sujeción a la ley y al ordenamiento jurídico, incluyendo la oportuna realización de depósito judicial.

5.8 Excepción de ausencia de relación de causalidad entre el supuesto daño sufrido por Cajanal y la conducta del Banco de Bogotá

El apoderado de la entidad Convocada argumenta su posición, “para el eventual y remoto evento de que el Tribunal encuentre que el Banco de Bogotá incumplió con las obligaciones emanadas del convenio (...)” en que aquél “debe tener en cuenta que no existe relación de causalidad entre esos supuestos incumplimientos y los perjuicios reclamados por Cajanal, máxime si el desconocimiento de las órdenes judiciales entrañaba una conducta ilícita de la cual no puede obtener ventajas la entidad convocante” y “que el cumplimiento efectivo de las órdenes de embargo... en acatamiento de la ley pero en contravención de lo previsto en la cláusula vigésima del Convenio de Recaudo, tampoco es la causa efectiva de los perjuicios supuestamente sufridos por Cajanal, pues si ésta ‘perdió’ los dineros no fue a consecuencia de la falta de información y del complimiento de los embargos, sino en virtud de las deudas que tenía con los acreedores que obtuvieron el decreto de las cautelas, aunado a la culpa de la entidad al no obtener los desembargos respectivos, si era que en verdad las cuentas eran todas inembargables”. Y concluye resumiendo que “el daño dejó de ser antijurídico, por provenir de una decisión válida y vinculante del juez, esto es, del Estado. Ahora, si el daño se generó por un error judicial, caso en el cual la pérdida de los dineros embargados provendría del hecho del Estado y no del supuesto incumplimiento del Banco de Bogotá”.

El Tribunal no puede menos que compartir, como tesis general, la expuesta por la Parte Convocada. Es cierto que, como se deja expuesto en otro capítulo del presente fallo, frente a una orden judicial de embargo, el Banco no tenía posibilidad alguna de dilatar su cumplimiento o, peor aún, de oponerse o de negarse a cumplirla, sin importar lo que al respecto pudiera decir el Convenio Nro. 03 o cualquier interpretación que de éste se hiciera y, en la misma medida, no podía asumir para sí las consecuencias que el cumplimiento de tal orden pudiera llegar a tener para Cajanal.

Pero la validez de la tesis se circunscribe única y exclusivamente a aquéllas órdenes judiciales a las cuales se dio oportuno y debido cumplimiento con estricta sujeción a lo que fue el contenido de la orden y a lo que, respecto de la forma de proceder una vez recibida la orden, tiene establecido la ley, empezando por la obligación que tienen las entidades depositarias de efectuar —dentro de los 3 días siguientes a la formalización del embargo— el depósito judicial respectivo. Porque lo que sí resultaría absurdo y totalmente contrario al espíritu y a la letra de ley sería aceptar que un embargo mal realizado o no debidamente complementado con la oportuna realización del depósito pudiera llegar a tener los mismos efectos exculpatorios de responsabilidad que uno que sí se ajustara al contenido de la orden y fuera oportunamente complementado. Tal cosa equivaldría a aceptar que la entidad financiera que incurriera en ese tipo de falencias podría, contra todo principio legal, “alegar su propia torpeza en su propio beneficio”, pretendiendo obtener de la ley un amparo que ésta en ningún momento quiso otorgar.

Fluye de lo anterior que, en orden a resolver sobre la excepción aquí analizada, en cuanto se refiere a los presuntos perjuicios sufridos por la Caja como consecuencia de los embargos judiciales que le fueron aplicados, el Tribunal habrá de analizar caso por caso cada uno de tales embargos, en orden a determinar la rigurosidad con la que el Banco de Bogotá dio cumplimiento a las órdenes judiciales recibidas y a las normas legales aplicables para, según haya sido el caso, aceptar o rechazar, respecto de cada una de ellas, la validez de tal excepción.

Ahora bien, en relación con las obligaciones de información (al juzgado que impartió la orden, a la Contraloría General de la República y a Cajanal misma) impuestas al Banco por la cláusula vigésima del Convenio Nº 03, no resultan válidas las alegaciones de la Parte Convocada en cuanto a la inocuidad de las mismas para pretender exonerarse de las eventuales consecuencias de su incumplimiento, toda vez que, si las aceptó al firmar el Convenio y lo hizo sin salvedades de ninguna naturaleza, debió haberles dado oportuno cumplimiento en cada uno de los casos que se presentaron —“pacta sunt servanda”—, de manera que si así no fue, y como consecuencia específica de ello se produjo un daño a Cajanal cuantificable en dinero (lo cual se analizará a su debido tiempo) no resulta válido alegar que habría existido ausencia de causalidad entre tal daño en particular y la conducta del Banco de Bogotá, razón por la cual, en cuanto a este punto específico el Tribunal rechaza de plano la excepción interpuesta.

En cuanto a esta excepción, nuevamente el Tribunal encuentra que ha de prosperar solamente en forma parcial, exclusivamente respecto de aquellos débitos que se efectuaron con estricta sujeción a la ley y al ordenamiento jurídico, incluyendo la oportuna realización de depósito judicial.

5.9. Excepción genérica

Examinado el acervo probatorio, no encuentra el Tribunal ningún elemento de hecho que permita fundamentar la existencia de excepciones, diferentes a las que han sido motivo de estudio en este laudo.

6. La objeción por error grave contra el dictamen pericial rendido

Habiéndose decretado por el Tribunal como prueba de oficio el peritazgo y rendido éste por experto contable, las partes solicitaron aclaración y complementación. Posteriormente, la convocada objeta el dictamen por pretendido error grave. El Tribunal ya en su oportunidad se había manifestado en la siguiente forma cuando ante la solicitud para el establecimiento del posible error grave en el peritazgo, manifestó:

“2.-Prueba Pericial” ... El criterio de necesidad, previsto en el numeral quinto del artículo 238 del CPC, unido al de economía procesal, debe orientar la decisión del Tribunal, para lo cual se analizan los puntos expuestos por la convocada como fundamento del error grave”. 

“b) (...) El mismo objetante hace referencia a la existencia procesal de los soportes y a los expedientes de los procesos, aportados por dicha convocada. Si los medios de prueba se encuentran en el proceso, ellos serán evaluados en su oportunidad en conjunto con el dictamen, para determinar la realidad procesal”. 

“c) (...) Dentro de su preparación técnica, el perito considera y reitera en la aclaración que no le ha sido suministrada la información requerida para una revisión adecuada”. 

“d) (...) Afirmar que el perito no examinó todos los expedientes para emitir sus conclusiones, es una clara apreciación subjetiva (...)”. 

“f) (...) En efecto, el perito solicitó al Banco de Bogotá, cuyo apoderado pidió estas pruebas, el envío para cada pregunta de un requerimiento mínimo de información, el cual en concepto del perito no fue cumplido por el Banco”. 

Ha dicho la Corte en cuanto al error grave:

“(...) Si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos...’ G.J.t. LII, pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, ‘... es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...’, de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil ‘... no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por el mismo es inadmisible para el juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva (…)” (G.J. tomo LXXXV, pág. 604). 

“A propósito de objeciones por error grave la Corporación ha señalado, en no pocas ocasiones, que los correspondientes “reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos” (G. J., t. LII, pág. 306). 

El perito, dentro de la colaboración del banco, aportó los elementos contables para lo cual fue requerido, entendiéndose al establecer: valor débito, fecha débito, número oficio de Juzgado, fecha oficio del juzgado, valor embargo decretado en el oficio del juzgado, días transcurridos entre la fecha del oficio y la fecha de la nota débito, fecha de radicación oficio del juzgado en el Banco, días transcurridos entre la fecha de del oficio y la fecha de radicación del oficio en el banco, como aparece en las tablas de los anexos 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del documento de adiciones y aclaraciones y sus respectivos CDs. Por todo lo anterior no puede considerarse, como lo ha señalado la Corte, la ausencia de información para la elaboración parcial de un proceso técnico contable de peritazgo como error grave, —máxime cuando ella surge de la falta de colaboración del quejoso—, el Tribunal declara la no prosperidad de la tacha.

7. La responsabilidad civil contractual

Entra ahora el Tribunal a definir la configuración de la responsabilidad civil contractual, objeto de la acción ejercida en el presente proceso.

La responsabilidad civil contractual ha tenido un restringido desarrollo en las normas del Código Civil. El artículo 1604 establece la responsabilidad del deudor y los grados de su culpa en el caso de incumplimiento de sus obligaciones. Principalmente y con fundamento en esta norma y en otras del mismo título, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado la estructura jurídica de la responsabilidad civil contractual.

La responsabilidad civil se estructura con base en tres elementos, “el daño o perjuicio, el hecho perjudicial o hecho generador de la responsabilidad y la relación de causa efecto”(32). Estos elementos, aceptados por la jurisprudencia y por la doctrina, orientan el desarrollo de las acciones tendientes a una declaratoria de responsabilidad civil contractual.

La Ley 80 de 1993, superó el limitado desarrollo normativo de la legislación civil al que se hizo referencia. Dicha ley en su capítulo V reglamentó la responsabilidad contractual de las partes en los contratos estatales, y para el caso de los contratistas la fundamentó en las acciones y omisiones ocurridas durante la actuación contractual. Para complementar la estructura de la responsabilidad, el capítulo establece el término de prescripción de las acciones civiles, ya analizado, y el régimen de sanciones.

La acción civil de responsabilidad contractual ejercida en el presente caso se funda en el convenio número 003, celebrado entre las partes el 22 de mayo de 2003. La parte convocante alega la existencia de daños patrimoniales, y de acciones y omisiones en la conducta contractual de la convocada, que fueron la causa de los daños alegados.

Frente a la estructura de la responsabilidad civil contractual, compete al Tribunal determinar, con fundamento en el acervo probatorio, la existencia o no de las acciones u omisiones presentadas en la demanda, del daño alegado y de la relación de causalidad entre el daño y dichas acciones y omisiones. Solo la estructuración procesal de esta responsabilidad en cada uno de los embargos objeto de la demanda, proporcionará al Tribunal el fundamento requerido para su decisión.

La parte convocada negó los hechos en que se funda su presunta responsabilidad, con argumentos analizados por el Tribunal al estudiar cada uno de los débitos, y propuso excepciones, las cuales se estudian en la presente providencia.

En cuanto a los hechos, la convocante alega que en desarrollo del contrato, la convocada realizó, treinta y nueve (39) débitos sobre las cuentas corrientes y de ahorro de las cuales era titular la convocante, sin la observancia plena de las normas legales y contractuales, aplicables a embargos.

El Laudo, al estudiar los argumentos de la convocante sobre el incumplimiento legal y contractual del Banco de Bogotá en la ejecución de los embargos y la excepción de la convocada, de fuerza mayor por orden de autoridad competente, concluyó lo siguiente:

1. Cuando la ejecución de las órdenes judiciales de embargo se ajustó plenamente a las disposiciones legales se declaró probada la excepción y la consecuencial ausencia de responsabilidad civil contractual del Banco. Por tanto para estos casos, el Tribunal debe negar la pretensión económica de la demanda.

2. Cuando la ejecución de las órdenes de embargo no cumplió plenamente con las disposiciones legales o contractuales, el Tribunal analizó cada caso para determinar la posible configuración de la responsabilidad civil contractual.

Al desvirtuar la excepción de no causalidad entre los actos y omisiones del Banco y el daño alegado por la convocante o la inexistencia del mismo aducida por la convocada, el Tribunal estableció que en los casos de los embargos ejecutados sin el cumplimiento estricto de las órdenes legales o los mandatos contractuales, era indudable que el posible daño tenía como causa directa la ejecución indebida de una orden de embargo. De otro modo, si los recursos no hubieran sido irregularmente debitados habrían permanecido a disposición de Cajanal para el cumplimiento de las finalidades legales a que estaban destinados o habrían sido puestos a disposición del juzgado ordenador mediante el oportuno depósito judicial establecido por la ley, según fuere el caso.

Con fundamento en la responsabilidad civil que se está analizando, las pretensiones de Cajanal EPS en liquidación son:

1. El pago de las sumas de dinero debitadas de la cuentas citadas en la demanda y no devueltas o reembolsadas, de acuerdo con el valor fijado para cada grupo del 0 al 5.

2. El pago de los intereses remuneratorios y comerciales moratorios, liquidados para los períodos en que considera que los embargos impidieron el recibo de los mismos.

Observa el Tribunal que el término dañar implica “causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia”(33). Como se trata de una pretensión económica, el daño debe causar un detrimento, un perjuicio o un menoscabo de tipo patrimonial, o sea, disminuir el patrimonio de la parte afectada, quitarle algo de lo que formaba parte del mismo(34).

El daño derivado de la disposición mediante el débito de las sumas objeto de embargo que formaban parte de las cuentas corrientes o de ahorros de Cajanal, es el concepto tradicional del daño emergente.

Con fundamento en las pruebas, el Tribunal de una parte, ha determinado que en los casos en que se procedió con sujeción a la ley, los recursos fueron embargados: a) en desarrollo de procesos tendientes a cancelar créditos a cargo de Cajanal, b) que se definieron mediante aplicación de los mismos a los respectivos créditos o fueron entregados, o se ordenó su devolución a la convocante y c) o se encuentran a órdenes de los despachos judiciales que adelantan dichos procesos.

En cualquiera de estos casos, los recursos no han salido del patrimonio de la convocante y por tanto no se estructura el daño como elemento integrante de la responsabilidad civil contractual. El Tribunal no puede ordenar el resarcimiento de un daño que carece del carácter de definitivo, porque en ese caso no se ha realizado este elemento esencial de la responsabilidad. La cancelación de un crédito es el cumplimiento de una finalidad propia del patrimonio, como prenda general de los acreedores. Si el destino de los recursos está pendiente de una decisión judicial, el resultado será la citada cancelación de un crédito, o la devolución, o sea que los recursos nunca salieron de ese patrimonio. Por tanto no se consolida el daño patrimonial y no hay fundamento para decretar indemnizaciones por daño emergente.

De otra parte también se evidenció en el acervo probatorio la retención de recursos por causa de un embargo indebidamente ejecutado que configura un daño, representado jurídicamente según el caso, bien por la no restitución de los recursos indebidamente retenidos, bien por concepto de lucro cesante, desde el momento en que se retuvieron, hasta el momento en que se reintegren o se hayan reintegrado. Dentro de este término se configura un daño al patrimonio de la convocante, por cuanto el incumplimiento legal y contractual, no le permitió obtener la ganancia o provecho derivado de los recursos injustificadamente debitados.

La convocante solicita el pago de los intereses remuneratorios liquidados a las tasas del mercado “desde el día en que se dispuso de dichas sumas y la fecha en que se produzca la notificación de la demanda al banco convocado”(35). Solicita además el pago de intereses comerciales moratorios liquidados a las tasas del mercado, desde “el día en que se produzca la notificación de la demanda al banco convocado y la fecha en que se efectúe la devolución efectiva de dichas sumas de dinero (...)”.

La Corte Suprema de Justicia expresa: “los intereses remuneratorios son los causados por un crédito de capital durante el plazo que se le ha otorgado al deudor para pagarlo, y los moratorios los que corresponden a la indemnización de perjuicios que debe satisfacer el deudor cuando ha incurrido en mora de pagar la cantidad debida”(36).

Para el Tribunal es clara la obligación de pagar los intereses remuneratorios desde el momento en que en forma injustificada se retuvieron los dineros, hasta la fecha en que ellos se reintegren o se hayan reintegrado.

En cambio los intereses moratorios se causan desde la fecha en que el deudor se ha constituido en mora. Para constituirse en mora la obligación debe ser cierta y tener también una fecha cierta de exigibilidad, para determinar a partir de cuándo se incurre en mora. La acción ejercida en este proceso, busca el reconocimiento de la obligación, la cual se hace exigible, a partir de la fecha de dicho reconocimiento, o sea del laudo que admite la pretensión. Por tanto la mora se causa, una vez transcurrido el término fijado por el tribunal para el pago de la obligación y no durante el periodo procesal, porque durante el mismo la obligación carecía del carácter de exigible.

En el caso sometido a decisión del Tribunal, como ya se dijo la obligación solo tiene el carácter de cierta cuando en este laudo se produce su reconocimiento. Por tanto el Tribunal ordenará que se cause el interés moratorio, únicamente a partir de la fecha en que la convocada incurra en mora en el pago de las condenas dentro del término que fija el laudo.

La conducta contractual del Banco, representada en acciones y omisiones, implicó la ausencia de la debida diligencia en el cumplimiento, entre otras, de normas legales, normas contractuales, y Cartas Circulares de la Superintendencia Financiera.

En el análisis de la ejecución de embargos el Tribunal valora el material probatorio en orden a acreditar la existencia de las acciones y omisiones alegadas en la demanda, frente a los argumentos y pruebas presentados por la parte convocada. Deducida o no la responsabilidad civil contractual, se determina la cuantía del daño y la obligación.

Dentro de esta estructura de la responsabilidad, el Tribunal presenta ahora el análisis de los embargos, clasificados en los cinco grupos de la demanda.

8. Análisis de los débitos objeto de la controversia

El Tribunal, siguiendo el orden desarrollado por la Convocante, a continuación presenta un análisis de cada uno de los débitos —treinta y nueve en total—, agrupados para efectos de las pretensiones sobre ellos establecidas, en la misma forma que en el escrito de la demanda.

El estudio se centra en las acciones y omisiones en que en el manejo de las órdenes de embargo incurrió el Banco de Bogotá y en tal virtud se analizará en detalle el procedimiento seguido, dando especial importancia a lo establecido en el numeral 11 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, norma que a la letra establece:

“Artículo 681.-Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 339. Modificado. L 794/2003, art. 67. Embargos. Para efectuar los embargos se procederá así: 

(...). 

“11. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento. Aquellos deberán consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo”. 

Es claro para el Tribunal que ante órdenes de embargo provenientes de despachos judiciales, la única alternativa que tenía la parte convocada era dar preciso y estricto cumplimiento a la normatividad legal que regula la materia. De evidenciarse que en los débitos a que hace referencia la demanda, el Banco se apartó del estricto procedimiento establecido en la ley, se tendría que incurrió en acciones y omisiones antijurídicas que lo llevarían a la obligación de reparar las consecuencias dañinas que ello haya generado en la parte convocante. Sin embargo tal conclusión depende del análisis minucioso de las pruebas aportadas al expediente respecto de cada uno de los mencionados débitos, estudio que el Tribunal avoca a continuación.

En este punto advierte el Tribunal que en lo que se refiere al plazo de tres días previsto en la norma citada para dar cumplimiento a la orden de embargo, plazo que se cuenta a partir de la fecha de recibo de la comunicación respectiva, el mismo será evaluado en detalle por cuanto sólo mediante la constitución del título de depósito judicial los dineros objeto de embargo quedan a disposición del juzgado, pues antes de ello siguen en poder del Banco.

Así las cosas, serán objeto de análisis singularizado treinta y nueve débitos, clasificados del Grupo 0 al Grupo 5, grupos que la parte convocante identificó con características particulares para cada uno de estos.

Al Grupo 0 pertenecen 14 débitos, al Grupo 1 pertenecen 17, al Grupo 2 pertenece un débito, al Grupo 3 pertenece 1 débito, al Grupo 4 pertenecen 3 débitos y al Grupo 5 pertenecen 3 débitos. Para mayor comprensión se presenta esta clasificación de los débitos con sus características.

I. Grupo 0:

En el libelo de la demanda, se clasifican estos débitos como aquellos que gozan de los siguientes denominadores comunes:

a. Que el Banco no constituyó títulos judiciales sobre ninguno de ellos, excepto en el caso del Débito 4.

b. Que del total de $ 10,114,973,710.35 el Banco no reintegró a CAJANAL S.A. EPS, en Liquidación, la suma de $ 684,203,875.73

c. Que en algunos de ellos no aparecen las órdenes de embargo impartidas por los jueces.

d. Que el nombre y/o el NIT no corresponden a los de CAJANAL S.A. EPS, en Liquidación.

e. Que en algunos de ellos no se allegaron los oficios que soportan los débitos, y

f. Que el Banco no cumplió con las obligaciones contractuales de:

i. Responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes

ii. Informar al Juzgado que por tratarse de recursos públicos de FOSYGA de Salud y del Tesoro Público de Pensiones no pertenecen a CAJANAL S.A. EPS, en Liquidación.

iii. Poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de La República.

iv. Informar de manera inmediata a CAJANAL S.A. EPS, en Liquidación, enviando los soportes respectivos.

v. Conservar y custodiar el dinero depositado.

vi. Pagar los intereses pactados.

DÉBITO Nº 1 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1337 fechado el 15-10-2003, que obra a folios 238 del cuaderno de pruebas Nº 23, recibido por el Banco el 25-11-2003, es decir un oficio expedido durante la vigencia del Convenio 003, del Juzgado 2 Laboral de Armenia, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 42.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 8179570-8, en desarrollo del proceso instaurado por JUAN DE LOS RÍOS BUSTAMANTE.

• El Banco debitó la cuenta del Convenio #002-06611-6 de la Convocante el 3-03-2004 por $ 42.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 237.

• Mediante nota crédito de fecha: 23-07-2004, el Banco acreditó la suma de $ 42.000.000.oo a la cuenta #002-06611-6 (folio 146 Cuaderno de Pruebas Nº 22).

• El tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro es 142-3= 139.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata el artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de las cuentas de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que conduce a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 -Débito Nº 1

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
42.000.000,0003/03/200419,80%0,198031/03/200442.000.000,00250,06944444$ 1,0126244053$ 530.225,02
42.000.000,0001/04/200419,78%0,197830/04/200442.000.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 636.477,38
42.000.000,0001/05/200419,71%0,197131/05/200442.000.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 655.711,32
42.000.000,0001/06/200419,67%0,196730/06/200442.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 633.213,07
42.000.000,0001/07/200419,44%0,194423/07/200442.000.000,00230,06388889$ 1,0114141253$ 479.393,26
      139  $ 2.935.020,06

DÉBITO Nº 2 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1000 fechado: 21-06-2002 que obra a folio 100 del cuaderno de pruebas Nº 22, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra Ilegible, es decir oficio expedido durante la vigencia del Convenio 003, ordenante el Juzgado 12 Civil del Circuito de Cali, dirigido al gerente del Banco, se impartió orden de embargo por valor de $ 165.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 800113671, en desarrollo del proceso instaurado por DRO SERVICIO LIMITADA.

• El Banco debitó la cuenta del Convenio #002-06611-6 de la Convocante el 3-03-2004 por $ 165.000.000.oo, según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 241.

• Mediante nota crédito de fecha: 26-07-2004, el Banco acreditó la suma de $ 165.000.000.oo a la cuenta #002-06611-6, según consta en el Cuaderno de Pruebas Nº 22, Folio 147.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 145-3= 142, según lo establecido por el peritazgo.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata el artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de las cuentas de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 -Débito Nº 2

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
165.000.000,0003/03/200419,80%0,198031/03/2004165.000.000,00250,06944444$ 1,0126244053$ 2.083.026,88
165.000.000,0001/04/200419,78%0,197830/04/2004165.000.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 2.500.446,84
165.000.000,0001/05/200419,71%0,197131/05/2004165.000.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 2.576.008,77
165.000.000,0001/06/200419,67%0,196730/06/2004165.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 2.487.622,77
165.000.000,0001/07/200419,44%0,194426/07/2004165.000.000,00260,07222222$ 1,0129124976$ 2.130.562,11
      142  $ 11.777.667,36

DÉBITO Nº 3 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 247 fechado el 11-03-2002 que obra a folios 250 del cuaderno de pruebas Nº 23, es decir oficio expedido durante la vigencia del Convenio 003, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra Ilegible, el ordenante Juzgado 8 Civil del Circuito de Cartagena dirigido al gerente de Granahorrar, impartió orden de embargo por valor de $ 380.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 8179536-7, en desarrollo del proceso instaurado por la LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA.

• El Banco debitó la cuenta del Convenio #002-06611-6 de la Convocante el 3-03-2004 por $ 327.991.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 249.

• Mediante nota crédito de fecha 26-07-2004, el Banco acreditó la suma de $ 327.991.000.oo a la cuenta #002-06611-6 según consta en el Cuaderno de Pruebas Nº 22, Folio 148.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 145-3= 142, según lo establecido por el peritazgo.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata el artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado los dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 - Débito Nº 3

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
327.991.000,0003/03/200419,80%0,198031/03/2004327.991.000,00250,06944444$ 1,0126244053$ 4.140.691,33
327.991.000,0001/04/200419,78%0,197830/04/2004327.991.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 4.970.448,85
327.991.000,0001/05/200419,71%0,197131/05/2004327.991.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 5.120.652,68
327.991.000,0001/06/200419,67%0,196730/06/2004327.991.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 4.944.956,85
327.991.000,0001/07/200419,44%0,194426/07/2004327.991.000,00260,07222222$ 1,0129124976$ 4.235.183,00
      142  $ 23.411.932,71

DÉBITO Nº 4 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1240 fechado el 16-09-2003 que obra a folio 252 del cuaderno de pruebas Nº 23, es decir durante la vigencia del Convenio 003, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra ilegible, ordenante el Juzgado 6 Civil del Circuito de Barranquilla, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 5,438,533,126.36 contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 899999010-3, a su cuenta número 002-06611-6 o cualquier otra cuenta, en desarrollo del proceso instaurado por ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.

• El Banco debitó la cuenta # 002-06611-6 de la Convocante el 3-03-2004 por $ 5.438.533.126.36 según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 251.

• Mediante las siguientes notas crédito el Banco reintegró la suma de $ 4.754.329.250,62 a la cuenta #002-06611-6, según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folios 149-155.

Nota CréditoFechaValor
116-06-2004$ 23,000,000.00
202-07-2004$ 5,881,409.62
302-07-2004$ 150,606,862.00
402-07-2004$ 161,500,000.00
506-07-2004$ 79,270,000.00
608-07-2004$ 34,070,979.00
729-08-2005$ 4,300.000.000.00
  Total: $ 4,754,329,250.62

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito y cada crédito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro.

Nota CréditoDías
1105 – 3 = 102
2121 – 3 = 118
3121 – 3 = 118
4121 – 3 = 118
5125 – 3 = 122
6127 – 3 = 124
7544 – 3 = 541

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil (el título judicial que aparece en el expediente, Folio 131 del cuaderno de pruebas 22, es un título constituido por BANCOLOMBIA por la suma de $ 5,438,533,126.36), por lo que habiendo debitado dineros de las cuentas de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 - Débito Nº 4 - Nota Crédito 1

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
5.438.533.126,3503/03/200419,80%0,198031/03/200423.000.000,00250,06944444$ 1,0126244053$ 290.361,32
5.438.533.126,3501/04/200419,78%0,197830/04/200423.000.000,00310,08611111$ 1,0156633000$ 360.255,90
5.438.533.126,3501/05/200419,71%0,197131/05/200423.000.000,00300,08333333$ 1,0151047716$ 347.409,75
5.438.533.126,3501/06/200419,67%0,196716/06/200423.000.000,00160,04444444$ 1,0080127211$ 184.292,59
      102  $ 1.182.319,56

Grupo 0 - Débito Nº 4 - Nota Crédito 2

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria Aplicable Fechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
5.438.533.126,3503/03/200419,80%0,198031/03/20045.881.409,62250,06944444$ 1,0126244053$ 74.249,30
5.438.533.126,3501/04/200419,78%0,197830/04/20045.881.409,62300,08333333$ 1,0151542233$ 89.128,19
5.438.533.126,3501/05/200419,71%0,197131/05/20045.881.409,62310,08611111$ 1,0156121743$ 91.821,59
5.438.533.126,3501/06/200419,67%0,196730/06/20045.881.409,62300,08333333$ 1,0150765016$ 88.671,08
5.438.533.126,3501/07/200419,44%0,194402/07/20045.881.409,6220,00555556$ 1,0009873981$ 5.807,29
      118  $ 349.677,46

Grupo 0 - Débito Nº 4 - Nota Crédito 3

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
5.438.533.126,3503/03/200419,80%0,198031/03/2004150.606.862,00250,06944444$ 1,0126244053$ 1.901.322,07
5.438.533.126,3501/04/200419,78%0,197830/04/2004150.606.862,00300,08333333$ 1,0151542233$ 2.282.330,01
5.438.533.126,3501/05/200419,71%0,197131/05/2004150.606.862,00310,08611111$ 1,0156121743$ 2.351.300,59
5.438.533.126,3501/06/200419,67%0,196730/06/2004150.606.862,00300,08333333$ 1,0150765016$ 2.270.624,60
5.438.533.126,3501/07/200419,44%0,194402/07/2004150.606.862,0020,00555556$ 1,0009873981$ 148.708,93
      118  $ 8.954.286,20

Grupo 0 - Débito Nº 4 - Nota Crédito 4

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
5.438.533.126,3503/03/200419,80%0,198031/03/2004161.500.000,00250,06944444$ 1,0126244053$ 2.038.841,46
5.438.533.126,3501/04/200419,78%0,197830/04/2004161.500.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 2.447.407,06
5.438.533.126,3501/05/200419,71%0,197131/05/2004161.500.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 2.521.366,16
5.438.533.126,3501/06/200419,67%0,196730/06/2004161.500.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 2.434.855,01
5.438.533.126,3501/07/200419,44%0,194402/07/2004161.500.000,0020,00555556$ 1,0009873981$ 159.464,79
      118  $ 9.601.934,48

Grupo 0 - Débito Nº 4 - Nota Crédito 5

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
5.438.533.126,3503/03/200419,80%0,198031/03/200479.270.000,00250,06944444$ 1,0126244053$ 1.000.736,61
5.438.533.126,3501/04/200419,78%0,197830/04/200479.270.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 1.201.275,28
5.438.533.126,3501/05/200419,71%0,197131/05/200479.270.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 1.237.577,06
5.438.533.126,3501/06/200419,67%0,196730/06/200479.270.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 1.195.114,28
5.438.533.126,3501/07/200419,44%0,194406/07/200479.270.000,0060,01666667$ 1,0029651201$ 235.045,07
      122  $ 4.869.748,30

Grupo 0 - Débito Nº 4 - Nota Crédito 6

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
5.438.533.126,3503/03/200419,80%0,198031/03/200434.070.979,00250,06944444$ 1,0126244053$ 430.125,85
5.438.533.126,3501/04/200419,78%0,197830/04/200434.070.979,00300,08333333$ 1,0151542233$ 516.319,22
5.438.533.126,3501/05/200419,71%0,197131/05/200434.070.979,00300,08333333$ 1,0151047716$ 514.634,36
5.438.533.126,3501/06/200419,67%0,196730/06/200434.070.979,00310,08611111$ 1,0155829474$ 530.926,27
5.438.533.126,3501/07/200419,44%0,194408/07/200434.070.979,0080,02222222$ 1,0039554459$ 134.765,92
      124  $ 2.126.771,62

Grupo 0 - Débito Nº 4 - Nota Crédito 7

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
5.438.533.126,3503/03/200419,80%0,198031/03/20044.300.000.000,00250,06944444$ 1,0126244053$ 54.284.942,97
5.438.533.126,3501/04/200419,78%0,197830/04/20044.300.000.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 65.163.160,11
5.438.533.126,3501/05/200419,71%0,197131/05/20044.300.000.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 67.132.349,69
5.438.533.126,3501/06/200419,67%0,196730/06/20044.300.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 64.828.957,00
5.438.533.126,3501/07/200419,44%0,194431/07/20044.300.000.000,00310,08611111$ 1,0154147192$ 66.283.292,62
5.438.533.126,3501/08/200419,28%0,192831/08/20044.300.000.000,00310,08611111$ 1,0152975162$ 65.779.319,61
5.438.533.126,3501/09/200419,50%0,195030/09/20044.300.000.000,00300,08333333$ 1,0149562574$ 64.311.907,00
5.438.533.126,3501/10/200419,09%0,190931/10/20044.300.000.000,00310,08611111$ 1,0151581508$ 65.180.048,62
5.438.533.126,3501/11/200419,59%0,195930/11/20044.300.000.000,00300,08333333$ 1,0150199356$ 64.585.723,28
5.438.533.126,3501/12/200419,49%0,194931/12/20044.300.000.000,00310,08611111$ 1,0154513157$ 66.440.657,66
5.438.533.126,3501/01/200519,45%0,194531/01/20054.300.000.000,00310,08611111$ 1,0154220396$ 66.314.770,44
5.438.533.126,3501/02/200519,40%0,194028/02/20054.300.000.000,00280,07777778$ 1,0138862315$ 59.710.795,54
5.438.533.126,3501/03/200519,15%0,191531/03/20054.300.000.000,00310,08611111$ 1,0152021829$ 65.369.386,43
5.438.533.126,3501/04/200519,19%0,191930/04/20054.300.000.000,00300,08333333$ 1,0147365844$ 63.367.312,87
5.438.533.126,3501/05/200519,02%0,190231/05/20054.300.000.000,00310,08611111$ 1,0151067545$ 64.959.044,29
5.438.533.126,3501/06/200518,85%0,188530/06/20054.300.000.000,00300,08333333$ 1,0144950496$ 62.328.713,39
5.438.533.126,3501/07/200518,50%0,185031/07/20054.300.000.000,00310,08611111$ 1,0147240858$ 63.313.569,09
5.438.533.126,3501/08/200518,24%0,182429/08/20054.300.000.000,00290,08055556$ 1,0135882757$ 58.429.585,47
      541  $ 1.147.783.536,08

De otra parte, dado que los reintegros acreditados por el Banco respecto del presente débito suman la cifra de $ 4.754.329.250.62, la diferencia de $ 684.203.875.73 que no aparece acreditada deberá ser reintegrada, ya que para el Tribunal es inaceptable el argumento de la parte convocada en el sentido de que:

“En efecto, en atención al oficio Nº 1162 de 1º de septiembre de 2003, proveniente del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla que embargo indiscriminadamente “las sumas de dinero que se encuentran depositadas en las cuentas corrientes y en la cuenta de ahorros que le pertenezcan a la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EPS-”, EL 23 DE JULIO DE 2003 FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE ESE DESPACHO Y para el proceso ejecutivo Nº 0067-03 de la ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A. la suma de $ 639,503,875.70, según consignación realizada por un valor global de $ 6.200´000.000,oo, que constituía el límite de la medida, según el comprobante de consignación emitido por el Banco Agrario de Colombia (ver anexo 1). 

Adicionalmente, para el proceso ejecutivo laboral de Humberto Elías Ceballos contra Cajanal, fue puesta a disposición del Juzgado 3º laboral del Circuito de Santa Marta la suma de $ 47´700.000,oo, que constituía el límite de la medida, según “CONSIGNACION DESPOSITOS[SIC] JUDICIALES” de 28 de Julio de 2004. 

Entonces: $ 639´503.875.70 + $ 47´700.000,oo = $ 684´203.875,73, lo que desmiente totalmente la pretensión Sexta, ordinal a), liberal[SIC] del libelo”. 

Encuentra el Tribunal que el hecho de que el Banco haya omitido reintegrar los dineros correspondientes a la suma de $ 684.203.875.73, debitados según el apoderado de la Convocante el 23 de Julio de 2003, en razón de una medida de embargo que solo fue notificada mediante oficio dos meses después (1 de Septiembre de 2003), no es justificativo de la conducta realizada. Para el Tribunal corrobora lo anterior lo dicho por el perito en el dictamen (página 19) y en su posterior aclaración (página 11), amén de que las cifras alegadas por el abogado de la Convocada como solución al no reintegro de los $ 684.203.875.73 no suman dicha cifra, sino la de $ 687.203.875.70. Por lo tanto, el Tribunal decretará el reintegro de los $ 684.203.875.73, más los intereses bancarios corrientes remuneratorios, es decir el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir del 3 de marzo de 2004 (fecha del débito) y hasta la fecha del presente Laudo, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 -Débito N°4 -Diferencia no Acreditada a Reintegrar $684,203,875,73 + Intereses $568,145,406,45    
Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosN° DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
5.438.533.126,3503/03/200419,80%19,80%0,198031/03/2004684.203.875,73250,06944444$ 1,0126244053$ 8.637.667,06
5.438.533.126,3501/04/200419,78%19,78%0,197830/04/2004684.203.875,73300,08333333$ 1,0151542233$ 10.368.578,30
5.438.533.126,3501/05/200419,71%19,71%0,197131/05/2004684.203.875,73310,08611111$ 1,0156121743$ 10.681.910,20
5.438.533.126,3501/06/200419,67%19,67%0,196730/06/2004684.203.875,73300,08333333$ 1,0150765016$ 10.315.400,85
5.438.533.126,3501/07/200419,44%19,44%0,194431/07/2004684.203.875,73310,08611111$ 1,0154147192$ 10.546.810,63
5.438.533.126,3501/08/200419,28%19,28%0,192831/08/2004684.203.875,73310,08611111$ 1,0152975162$ 10.466.619,87
5.438.533.126,3501/09/200419,50%19,50%0,195030/09/2004684.203.875,73300,08333333$ 1,0149562574$ 10.233.129,31
5.438.533.126,3501/10/200419,09%19,09%0,190931/10/2004684.203.875,73310,08611111$ 1,0151581508$ 10.371.265,55
5.438.533.126,3501/11/200419,59%19,59%0,195930/11/2004684.203.875,73300,08333333$ 1,0150199356$ 10.276.698,18
5.438.533.126,3501/12/200419,49%19,49%0,194931/12/2004684.203.875,73310,08611111$ 1,0154513157$ 10.571.850,11
5.438.533.126,3501/01/200519,45%19,45%0,194531/01/2005684.203.875,73310,08611111$ 1,0154220396$ 10.551.819,29
5.438.533.126,3501/02/200519,40%19,40%0,194028/02/2005684.203.875,73280,07777778$ 1,0138862315$ 9.501.013,43
5.438.533.126,3501/03/200519,15%19,15%0,191531/03/2005684.203.875,73310,08611111$ 1,0152021829$ 10.401.392,45
5.438.533.126,3501/04/200519,19%19,19%0,191930/04/2005684.203.875,73300,08333333$ 1,0147365844$ 10.082.828,15
5.438.533.126,3501/05/200519,02%19,02%0,190231/05/2005684.203.875,73310,08611111$ 1,0151067545$ 10.336.099,97
5.438.533.126,3501/06/200518,85%18,85%0,188530/06/2005684.203.875,73300,08333333$ 1,0144950496$ 9.917.569,13
5.438.533.126,3501/07/200518,50%18,50%0,185031/07/2005684.203.875,73310,08611111$ 1,0147240858$ 10.074.276,59
5.438.533.126,3501/08/200518,24%18,24%0,182431/08/2005684.203.875,73310,08611111$ 1,0145321757$ 9.942.970,92
5.438.533.126,3501/09/200518,22%18,22%0,182230/09/2005684.203.875,73300,08333333$ 1,0140458209$ 9.610.205,12
5.438.533.126,3501/10/200517,93%17,93%0,179331/10/2005684.203.875,73310,08611111$ 1,0143028550$ 9.786.068,85
5.438.533.126,3501/11/200517,81%17,81%0,178130/11/2005684.203.875,73300,08333333$ 1,0137522855$ 9.409.367,03
5.438.533.126,3501/12/200517,49%17,49%0,174931/12/2005684.203.875,73310,08611111$ 1,0139764200$ 9.562.720,73
5.438.533.126,3501/01/200617,35%17,35%0,173531/01/2006684.203.875,73310,08611111$ 1,0138723200$ 9.491.495,10
5.438.533.126,3501/02/200617,51%17,51%0,175128/02/2006684.203.875,73280,07777778$ 1,0126287752$ 8.640.656,91
5.438.533.126,3501/03/200617,25%17,25%0,172531/03/2006684.203.875,73310,08611111$ 1,0137978933$ 9.440.572,09
5.438.533.126,3501/04/200616,75%16,75%0,167530/04/2006684.203.875,73300,08333333$ 1,0129890265$ 8.887.142,28
5.438.533.126,3501/05/200616,07%16,07%0,160731/05/2006684.203.875,73310,08611111$ 1,0129152501$ 8.836.664,18
5.438.533.126,3501/06/200615,61%15,61%0,156130/06/2006684.203.875,73300,08333333$ 1,0121610407$ 8.320.631,16
5.438.533.126,3501/07/200615,08%15,08%0,150831/07/2006684.203.875,73310,08611111$ 1,0121683783$ 8.325.651,57
5.438.533.126,3501/08/200615,02%15,02%0,150231/08/2006684.203.875,73310,08611111$ 1,0121229248$ 8.294.552,14
5.438.533.126,3501/09/200615,05%15,05%0,150530/09/2006684.203.875,73300,08333333$ 1,0117515660$ 8.040.466,97
5.438.533.126,3501/10/200615,07%15,07%0,150731/10/2006684.203.875,73310,08611111$ 1,0121608042$ 8.320.469,36
5.438.533.126,3501/11/200615,07%15,07%0,150730/11/2006684.203.875,73300,08333333$ 1,0117662215$ 8.050.494,34
5.438.533.126,3501/12/200615,07%15,07%0,150731/12/2006684.203.875,73310,08611111$ 1,0121608042$ 8.320.469,36
5.438.533.126,3501/01/200713,83%13,83%0,138331/01/2007684.203.875,73310,08611111$ 1,0112169253$ 7.674.663,77
5.438.533.126,3501/02/200713,83%13,83%0,138328/02/2007684.203.875,73280,07777778$ 1,0101259400$ 6.928.207,36
5.438.533.126,3501/03/200713,83%13,83%0,138331/03/2007684.203.875,73310,08611111$ 1,0112169253$ 7.674.663,77
5.438.533.126,3501/04/200716,75%16,75%0,167530/04/2007684.203.875,73300,08333333$ 1,0129890265$ 8.887.142,28
5.438.533.126,3501/05/200716,75%16,75%0,167531/05/2007684.203.875,73310,08611111$ 1,0134248876$ 9.185.360,14
5.438.533.126,3501/06/200716,75%16,75%0,167530/06/2007684.203.875,73300,08333333$ 1,0129890265$ 8.887.142,28
5.438.533.126,3501/07/200719,01%19,01%0,190131/07/2007684.203.875,73310,08611111$ 1,0150994099$ 10.331.074,77
5.438.533.126,3501/08/200719,01%19,01%0,190131/08/2007684.203.875,73310,08611111$ 1,0150994099$ 10.331.074,77
5.438.533.126,3501/09/200719,01%19,01%0,190130/09/2007684.203.875,73300,08333333$ 1,0146087918$ 9.995.391,99
5.438.533.126,3501/10/200721,26%21,26%0,212631/10/2007684.203.875,73310,08611111$ 1,0167378995$ 11.452.135,72
5.438.533.126,3501/11/200721,26%21,26%0,212630/11/2007684.203.875,73300,08333333$ 1,0161936193$ 11.079.737,12
5.438.533.126,3501/12/200721,26%21,26%0,212631/12/2007684.203.875,73310,08611111$ 1,0167378995$ 11.452.135,72
5.438.533.126,3501/01/200821,83%21,83%0,218331/01/2008684.203.875,73310,08611111$ 1,0171485709$ 11.733.118,68
5.438.533.126,3501/02/200821,83%21,83%0,218329/02/2008684.203.875,73290,08055556$ 1,0160333908$ 10.970.108,13
5.438.533.126,3501/03/200821,83%21,83%0,218331/03/2008684.203.875,73310,08611111$ 1,0171485709$ 11.733.118,68
5.438.533.126,3501/04/200821,92%21,92%0,219230/04/2008684.203.875,73300,08333333$ 1,0166533893$ 11.394.313,50
5.438.533.126,3501/05/200821,92%21,92%0,219231/05/2008684.203.875,73310,08611111$ 1,0172132532$ 11.777.374,54
5.438.533.126,3501/06/200821,92%21,92%0,219230/06/2008684.203.875,73300,08333333$ 1,0166533893$ 11.394.313,50
5.438.533.126,3501/07/200821,51%21,51%0,215131/07/2008684.203.875,73310,08611111$ 1,0169182353$ 11.575.522,15
5.438.533.126,3501/08/200821,51%21,51%0,215131/08/2008684.203.875,73310,08611111$ 1,0169182353$ 11.575.522,15
5.438.533.126,3501/09/200821,51%21,51%0,215130/09/2008684.203.875,73300,08333333$ 1,0163680439$ 11.199.079,08
5.438.533.126,3501/10/200821,02%21,02%0,210231/10/2008684.203.875,73310,08611111$ 1,0165644572$ 11.333.465,84
5.438.533.126,3501/11/200821,02%21,02%0,210230/11/2008684.203.875,73300,08333333$ 1,0160258614$ 10.964.956,46
5.438.533.126,3501/12/200821,02%21,02%0,210217/12/2008684.203.875,73170,04722222$ 1,0090500278$ 6.192.064,06
       1.747  $ 570.337.213,69

Por último, no obstante que la parte convocada manifestó probar su argumento con los documentos aportados en el anexo uno de la contestación de la demanda (Folios 1 a 10 del Cuaderno de Pruebas Nº 2), el Tribunal observa que no obra en el expediente prueba en el sentido de que la suma de $ 684.203.875.73 corresponda a los débitos argumentados por la convocada, con lo cual concuerda con lo manifestado por el perito sobre este particular.

DÉBITO Nº 5 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 661 fechado el 23-07-2003 que obra a folio 255 del cuaderno de pruebas Nº 23, es decir expedido durante la vigencia del Convenio 003, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra ilegible, el ordenante Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 1.974.971.572.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, (sin NIT), en desarrollo del proceso instaurado por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA COMFACOR.

• El Banco debitó la cuenta #002-05959-0 de la Convocante el 12-03-2004 por $ 172.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 65.

• Mediante nota crédito de fecha: 14-07-2004, el Banco acreditó la suma de $ 172.000.000.oo a la cuenta # 002-06611-6 según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 159 (se precisa que se trata de una nota crédito por $ 220.200.000 de la cual hace parte también el débito por $ 48.200.000 identificado en la demanda como débito 10, grupo 0.)

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 124-3= 121, según lo establecido por el peritazgo.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuanta de la Convocante, sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 - Débito Nº 5

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
172.000.000,0012/03/200419,80%0,198031/03/2004172.000.000,00160,04444444$ 1,0080613636$ 1.386.554,55
172.000.000,0001/04/200419,78%0,197830/04/2004172.000.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 2.606.526,40
172.000.000,0001/05/200419,71%0,197131/05/2004172.000.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 2.685.293,99
172.000.000,0001/06/200419,67%0,196730/06/2004172.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 2.593.158,28
172.000.000,0001/07/200419,44%0,194414/07/2004172.000.000,00140,03888889$ 1,0069322944$ 1.192.354,63
      121  $ 10.463.887,85

DÉBITO Nº 6 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 661 fechado el 23-07-2003 que obra a folio 103 del cuaderno de pruebas Nº 22, es decir expedido durante la vigencia del Convenio 003cuya fecha de recibo por el banco se encuentra Ilegible), ordenante el Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 1.974.971.572.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 8179570-8, en desarrollo del proceso instaurado por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA COMFACOR.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 12-03-2004 por $ 800,000,000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 66.

• Mediante nota crédito de fecha 14-07-2004, el Banco acreditó la suma de $ 800.000.000.oo a la cuenta #002-06611-6. según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 157.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 124-3= 121, según lo establecido por el peritazgo.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 - Débito Nº 6

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
800.000.000,0012/03/200419,80%0,198031/03/2004800.000.000,00160,04444444$ 1,0080613636$ 6.449.090,92
800.000.000,0001/04/200419,78%0,197830/04/2004800.000.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 12.123.378,62
800.000.000,0001/05/200419,71%0,197131/05/2004800.000.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 12.489.739,48
800.000.000,0001/06/200419,67%0,196730/06/2004800.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 12.061.201,30
800.000.000,0001/07/200419,44%0,194414/07/2004800.000.000,00140,03888889$ 1,0069322944$ 5.545.835,51
      121  $ 48.669.245,83

DÉBITO Nº 7 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 2208 fechado el 1-12-2003 que obra a folio 104 del cuaderno de pruebas Nº 22, es decir expedido durante la vigencia del Convenio 003, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra ilegible, el ordenante Juzgado Civil del Circuito de Santa Marta dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 1,184,833,012.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT Ilegible, a su cuenta número 002-09493-6, 002-09494-4, 002-06909-4 y 002-059590, en desarrollo del proceso instaurado por UNIDAD RENAL DE MAGDALENA.

• El Banco debitó la cuenta #002-09493-6 de la Convocante el 12-03-2004 por $ 1.184.833.012.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 258.

• Mediante nota crédito de fecha: 01-09-2004, el Banco acreditó la suma de $ 1.184.833.012 a la cuenta # 002-09493-6.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 173-3= 170.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 - Débito Nº 7

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar Intereses Factor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
1.184.833.013,0012/03/200419,80%0,198031/03/20041.184.833.013,00160,04444444$ 1,0080613636$ 9.551.369,78
1.184.833.013,0001/04/200419,78%0,197830/04/20041.184.833.013,00300,08333333$ 1,0151542233$ 17.955.224,03
1.184.833.013,0001/05/200419,71%0,197131/05/20041.184.833.013,00310,08611111$ 1,0156121743$ 18.497.819,57
1.184.833.013,0001/06/200419,67%0,196730/06/20041.184.833.013,00300,08333333$ 1,0150765016$ 17.863.136,85
1.184.833.013,0001/07/200419,44%0,194431/07/20041.184.833.013,00310,08611111$ 1,0154147192$ 18.263.868,21
1.184.833.013,0001/08/200419,28%0,192831/08/20041.184.833.013,00310,08611111$ 1,0152975162$ 18.125.002,20
1.184.833.013,0001/09/200419,50%0,195001/09/20041.184.833.013,0010,00277778$ 1,0004949730$ 586.460,32
      1700,47222222 $ 100.842.880,96

DÉBITO Nº 8 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1449 fechado el 24-10-2003 que obra a folio 262 del cuaderno de pruebas Nº 23, recibido por el Banco el 28-10-2003, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 6 Civil del Circuito de Barranquilla, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, impartió orden de embargo por valor de $ 1.350.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 800179500-2, a sus cuentas número 002-06611-6 y 002-6612-4, en desarrollo del proceso instaurado por FUNDACIÓN MÉDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL – CLÍNICA DEL PRADO.

• El Banco debitó la cuenta # 002-09493-6 de la Convocante el 12-03-2004 por $ 1.350.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 261.

• Mediante nota crédito de fecha: 01-09-2004, el Banco acreditó la suma de $ 1.350.000.000.oo a la cuenta # 002-09493-6 según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 158.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 173-3= 170, según lo establecido por el peritazgo.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 - Débito Nº 8

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
1.350.000.000,0012/03/200419,80%0,198031/03/20041.350.000.000,00160,04444444$ 1,0080613636$ 10.882.840,92
1.350.000.000,0001/04/200419,78%0,197830/04/20041.350.000.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 20.458.201,43
1.350.000.000,0001/05/200419,71%0,197131/05/20041.350.000.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 21.076.435,37
1.350.000.000,0001/06/200419,67%0,196730/06/20041.350.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 20.353.277,20
1.350.000.000,0001/07/200419,44%0,194431/07/20041.350.000.000,00310,08611111$ 1,0154147192$ 20.809.870,94
1.350.000.000,0001/08/200419,28%0,192831/08/20041.350.000.000,00310,08611111$ 1,0152975162$ 20.651.646,85
1.350.000.000,0001/09/200419,50%0,195001/09/20041.350.000.000,0010,00277778$ 1,0004949730$ 668.213,51
      170  $ 114.900.486,23

DÉBITO Nº 9 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 537 fechado el 09-03-2004 que obra a folio 265 del cuaderno de pruebas Nº 23, recibido por el Banco el 23-03-2004, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 3 Laboral del Circuito de Cúcuta dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 132.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 899999010-3, a sus cuentas número 002-0690954, 002-05959-0 y 002-0611-3, en desarrollo del proceso instaurado por EMIRO UBALDO MENESES JIMÉNEZ.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 31-03-2004 por $ 84.800.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 70.

• Mediante nota crédito de fecha: 02-07-2004, por valor de $ 132.000.000.oo, el Banco acreditó la suma de $ 132.000.000.oo a la cuenta #002-06611-6 según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 156 (nota: Este crédito corresponde a los Débitos 9 y 13 del Grupo 0, en valores de $ 84.800.000.oo y $ 47.200.000.oo respectivamente).

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 93-3= 90, según lo establecido por el peritazgo.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuanta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº de Días a Liquidar InteresesFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Remuneratorios Calculados
84.800.000,0031/03/200419,80%31/03/200484.800.000,00--$ 1,0000000000$ 0,00
84.800.000,0001/04/200419,78%30/04/200484.800.000,00280,07777778$ 1,0141368352$ 1.198.803,63
84.800.000,0001/05/200419,71%31/05/200484.800.000,00300,08333333$ 1,0151047716$ 1.280.884,63
84.800.000,0001/06/200419,67%30/06/200484.800.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 1.278.487,34
84.800.000,0001/07/200419,44%02/07/200484.800.000,0020,00555556$ 1,0009873981$ 83.731,36
     90  $ 3.841.906,96

DÉBITO Nº 10 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 661 fechado el 23-07-2003 que obra a folio 103 del cuaderno de pruebas Nº 22, es decir expedido durante la vigencia del Convenio 003, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra ilegible, ordenante Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 1.974.971.572.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, en desarrollo del proceso instaurado por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA COMFACOR.

• El Banco debitó la cuenta #002-05959-0 de la Convocante el 31-03-2004 por $ 48.200.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 266.

• Mediante nota crédito de fecha 14-07-2004, el Banco acreditó la suma de $ 48.200.000.oo a la cuenta #002-05959-0 según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 159. Se precisa que se trata de una nota crédito común con el débito Nº 5 del grupo 0 de la demanda, por valor de $ 172.000.000.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 105-3= 102, según lo establecido por el peritazgo.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº de Días a Liquidar InteresesFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
48.200.000,0031/03/200419,80%31/03/200448.200.000,00--$ 1,0000000000$ 0,00
48.200.000,0001/04/200419,78%30/04/200448.200.000,00280,07777778$ 1,0141368352$ 681.395,46
48.200.000,0001/05/200419,71%31/05/200448.200.000,00300,08333333$ 1,0151047716$ 728.049,99
48.200.000,0001/06/200419,67%30/06/200448.200.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 726.687,38
48.200.000,0001/07/200419,44%14/07/200448.200.000,00140,03888889$ 1,0069322944$ 334.136,59
     102  $ 2.470.269,42

DÉBITO Nº 11 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 661 fechado el 23-07-2003 que obra a folio 269 del cuaderno de pruebas Nº 23, es decir expedido durante la vigencia del Convenio 003, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra ilegible, el ordenante Juzgado 1 Civil del Circuito de Montería, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 1.974.971.572.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, en desarrollo del proceso instaurado por CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA COMFACOR.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 31-03-2004 por $ 141.666.572.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 268.

• Mediante nota crédito de fecha: 14-07-2004, el Banco acreditó la suma de $ 141.666.572.oo a la cuenta #002-06611-6 según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 157.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 105-3= 102, según lo establecido por el peritazgo.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº de Días a Liquidar InteresesFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Remuneratorios Calculados
141.666.572,0031/03/200419,80%31/03/2004141.666.572,00--$ 1,0000000000$ 0,00
141.666.572,0001/04/200419,78%30/04/2004141.666.572,00280,07777778$ 1,0141368352$ 2.002.716,99
141.666.572,0001/05/200419,71%31/05/2004141.666.572,00300,08333333$ 1,0151047716$ 2.139.841,22
141.666.572,0001/06/200419,67%30/06/2004141.666.572,00300,08333333$ 1,0150765016$ 2.135.836,30
141.666.572,0001/07/200419,44%14/07/2004141.666.572,00140,03888889$ 1,0069322944$ 982.074,38
     102  $ 7.260.468,89

DÉBITO Nº 12 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 95 fechado el 10-02-2004 que obra a folio 271 del cuaderno de pruebas Nº 23, recibido por el Banco el 12-04-2004, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 4 Civil del Circuito de Cartagena dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 1.835.598.911.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, a su cuenta número 002-06611-6, 002-0612-4 y 002-06613-2, en desarrollo del proceso instaurado por CLÍNICA BLAS DE LEZO S.A.

• El Banco debitó la cuenta # 002-06611-6 de la Convocante el 2-06-2004 por $ 285.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 270.

• Mediante extracto de cuenta corriente, se observa crédito de fecha 31-10-2004 por valor de $ 285.000.000.oo efectuado por el Banco a la cuenta #002-06611-6 según consta en el cuaderno de pruebas Nº 1, Folio 163.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 151-3= 148.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuanta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 - Débito Nº 12

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
285.000.000,0002/06/200419,67%0,196730/06/2004285.000.000,00250,06944444$ 1,0125480584$ 3.576.196,64
285.000.000,0001/07/200419,44%0,194431/07/2004285.000.000,00310,08611111$ 1,0154147192$ 4.393.194,98
285.000.000,0001/08/200419,28%0,192831/08/2004285.000.000,00310,08611111$ 1,0152975162$ 4.359.792,11
285.000.000,0001/09/200419,50%0,195030/09/2004285.000.000,00300,08333333$ 1,0149562574$ 4.262.533,37
285.000.000,0001/10/200419,09%0,190931/10/2004285.000.000,00310,08611111$ 1,0151581508$ 4.320.072,99
      148  $ 20.911.790,09

DÉBITO Nº 13 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 537 fechado el 09-03-2004 que obra a folio 106 del cuaderno de pruebas Nº 22, recibido por el Banco el 11-03-2004, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 3 Laboral del Circuito de Cúcuta, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 132.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 899999010-3, a sus cuentas número 002-059059-0, 002-0690954 y 002-0611-3, en desarrollo del proceso instaurado por EMIRO UBALDO MENESES JIMÉNEZ.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 1-07-2004 por $ 47.200.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 272.

• Mediante nota crédito de fecha 02-07-2004, el Banco acreditó la suma de $ 132.000.000.oo a la cuenta #002-06611-6 según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 156 (se precisa que esta nota crédito corresponde también al débito identificado en la demanda con el Nº 9 del Grupo 0).

En el presente Débito, aun cuando el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, el monto debitado se reintegró un día después de haberse debitado, por lo que no hay lugar a sanción alguna ya que se encuentra comprendido dentro del período de gracia otorgado por el citado artículo, y en consecuencia, respecto de este débito no prosperará la pretensión de la parte convocante.

DÉBITO Nº 14 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 2112 fechado el 29-07-2004 que obra a folio 108 del cuaderno de pruebas Nº 22, es decir expedido durante la vigencia del Convenio 003, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra ilegible, el ordenante Juzgado 3 Civil Municipal de Bucaramanga, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 27.750.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, a su cuenta número 002-059590, en desarrollo del proceso instaurado por CLÍNICA BUCARAMANGA CENTRO MÉDICO DANIEL PERALTA S.A.

• El Banco debitó la cuenta #002-059590 de la Convocante el 02-11-2004 por $ 27.750.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 74.

• Conforme al hecho de la Demanda se reconoce reembolso el 31-07-2006 por valor de $ 27.750.000 efectuado por el Banco, mediante cheque de gerencia consignado en BANCOLOMBIA –en cuenta de la Convocante-, según Folio 144, cuaderno de Pruebas Nº 1.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 637-3= 634.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuanta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 0 - Débito Nº 14

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosN° Días Factor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
27.750.000,0002/11/200419,49%0,194930/11/200427.750.000,00250,06944444$ 1,0124422197$ 345.271,60
27.750.000,0001/12/200419,49%0,194931/12/200427.750.000,00310,08611111$ 1,0154513157$ 428.774,01
27.750.000,0001/01/200519,45%0,194531/01/200527.750.000,00310,08611111$ 1,0154220396$ 427.961,60
27.750.000,0001/02/200519,40%0,194028/02/200527.750.000,00280,07777778$ 1,0138862315$ 385.342,92
27.750.000,0001/03/200519,15%0,191531/03/200527.750.000,00310,08611111$ 1,0152021829$ 421.860,58
27.750.000,0001/04/200519,19%0,191930/04/200527.750.000,00300,08333333$ 1,0147365844$ 408.940,22
27.750.000,0001/05/200519,02%0,190231/05/200527.750.000,00310,08611111$ 1,0151067545$ 419.212,44
27.750.000,0001/06/200518,85%0,188530/06/200527.750.000,00300,08333333$ 1,0144950496$ 402.237,63
27.750.000,0001/07/200518,50%0,185030/07/200527.750.000,00310,08611111$ 1,0147240858$ 408.593,38
27.750.000,0001/08/200518,24%0,182431/08/200527.750.000,00310,08611111$ 1,0145321757$ 403.267,87
27.750.000,0001/09/200518,22%0,182230/09/200527.750.000,00300,08333333$ 1,0140458209$ 389.771,53
27.750.000,0001/10/200517,93%0,179331/10/200527.750.000,00310,08611111$ 1,0143028550$ 396.904,23
27.750.000,0001/11/200517,81%0,178130/11/200527.750.000,00300,08333333$ 1,0137522855$ 381.625,92
27.750.000,0001/12/200517,49%0,174931/12/200527.750.000,00310,08611111$ 1,0139764200$ 387.845,65
27.750.000,0001/01/200617,35%0,173531/01/200627.750.000,00310,08611111$ 1,0138723200$ 384.956,88
27.750.000,0001/02/200617,51%0,175128/02/200627.750.000,00280,07777778$ 1,0126287752$ 350.448,51
27.750.000,0001/03/200617,25%0,172531/03/200627.750.000,00310,08611111$ 1,0137978933$ 382.891,54
27.750.000,0001/04/200616,75%0,167530/04/200627.750.000,00300,08333333$ 1,0129890265$ 360.445,49
27.750.000,0001/05/200616,07%0,160731/05/200627.750.000,00310,08611111$ 1,0129152501$ 358.398,19
27.750.000,0001/06/200615,61%0,156130/06/200627.750.000,00300,08333333$ 1,0121610407$ 337.468,88
27.750.000,0001/07/200615,08%0,150831/07/200627.750.000,00310,08611111$ 1,0121683783$ 337.672,50
      634  $ 8.119.891,56

II. Grupo 1:

En el libelo de la demanda, se clasifican estos débitos como aquellos que gozan de los siguientes denominadores comunes:

a. Que el Nombre y el NIT relacionado en el oficio de embargo no corresponden a los de la Convocante.

b. Que el Banco no consignó las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales dentro de los 3 días siguientes al recibo de la comunicación previstos en el artículo 681-11 del Código de Procedimiento Civil.

c. Que de los 17 débitos efectuados a las cuentas de la Convocante cuya suma asciende a $ 6.765.215.093.27, el Banco no le ha restituido la suma de $ 5.872.600.672.27.

d. Que el total de débitos no le pertenecen ni son de propiedad de la Convocante pues corresponden a recursos del Sistema General de Seguridad en Salud.

e. Que el artículo 2 del Decreto ley 254 de 2000, dispone que una vez ordenada la supresión o disolución de una entidad pública, la expedición del acto de liquidación conlleva la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la vigencia del Decreto de Disolución y Liquidación.

f. Que no cumplió con las obligaciones contractuales de:

i. Responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes

ii. Informar al Juzgado que por tratarse de recursos públicos de FOSYGA de Salud y del Tesoro Público de Pensiones no pertenecen a CAJANAL S.A. EPS, en Liquidación.

iii. Poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República.

DÉBITO Nº 1 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 54 fechado el 05-02-2003 que obra a folio 109 del cuaderno de pruebas Nº 22, es decir expedido durante la vigencia del Convenio 003, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra ilegible, el ordenante Juzgado 1 Civil del Circuito de Valledupar, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 234.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL E.I.C.E, NIT 899999010-3, en desarrollo del proceso instaurado por CLÍNICA VALLEDUPAR LIMITADA.

• El Banco debitó la cuenta # 002-05959-0 de la Convocante el 03-03-2004 por $ 5.942.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 277.

• Según se afirma en el dictamen pericial (Página 25), ante la requisitoria del perito al Banco, éste confirmó: “previa verificación (...) la inexistencia de las notas relacionada en este numeral d (...)” numeral que incluye la nota 15 que corresponde a la suma de $ 5.492.000.

El Tribunal encuentra no probada la acreditación del monto de $ 5.492.000 debitado y a la vez no se encontró probado que el Banco hubiese constituido el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco debe reembolsarle la suma debitada junto con el rédito financiero de dichos recursos, y en tal virtud ordenará su reintegro, junto con los intereses remuneratorios, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia desde la fecha en que se debitó y hasta la fecha del presente Laudo, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 1 -Débito Nº1 -Valor a Reintegrar $8,000,0 00 + Intereses $4,934,084,89     
Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
5.942.000,0003/03/200419,80%19,80%0,198031/03/20045.942.000,00250,06944444$ 1,0126244053$ 75.014,22
5.942.000,0001/04/200419,78%19,78%0,197830/04/20045.942.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 90.046,39
5.942.000,0001/05/200419,71%19,71%0,197131/05/20045.942.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 92.767,54
5.942.000,0001/06/200419,67%19,67%0,196730/06/20045.942.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 89.584,57
5.942.000,0001/07/200419,44%19,44%0,194431/07/20045.942.000,00310,08611111$ 1,0154147192$ 91.594,26
5.942.000,0001/08/200419,28%19,28%0,192831/08/20045.942.000,00310,08611111$ 1,0152975162$ 90.897,84
5.942.000,0001/09/200419,50%19,50%0,195030/09/20045.942.000,00300,08333333$ 1,0149562574$ 88.870,08
5.942.000,0001/10/200419,09%19,09%0,190931/10/20045.942.000,00310,08611111$ 1,0151581508$ 90.069,73
5.942.000,0001/11/200419,59%19,59%0,195930/11/20045.942.000,00300,08333333$ 1,0150199356$ 89.248,46
5.942.000,0001/12/200419,49%19,49%0,194931/12/20045.942.000,00310,08611111$ 1,0154513157$ 91.811,72
5.942.000,0001/01/200519,45%19,45%0,194531/01/20055.942.000,00310,08611111$ 1,0154220396$ 91.637,76
5.942.000,0001/02/200519,40%19,40%0,194028/02/20055.942.000,00280,07777778$ 1,0138862315$ 82.511,99
5.942.000,0001/03/200519,15%19,15%0,191531/03/20055.942.000,00310,08611111$ 1,0152021829$ 90.331,37
5.942.000,0001/04/200519,19%19,19%0,191930/04/20055.942.000,00300,08333333$ 1,0147365844$ 87.564,78
5.942.000,0001/05/200519,02%19,02%0,190231/05/20055.942.000,00310,08611111$ 1,0151067545$ 89.764,34
5.942.000,0001/06/200518,85%18,85%0,188530/06/20055.942.000,00300,08333333$ 1,0144950496$ 86.129,58
5.942.000,0001/07/200518,50%18,50%0,185031/07/20055.942.000,00310,08611111$ 1,0147240858$ 87.490,52
5.942.000,0001/08/200518,24%18,24%0,182431/08/20055.942.000,00310,08611111$ 1,0145321757$ 86.350,19
5.942.000,0001/09/200518,22%18,22%0,182230/09/20055.942.000,00300,08333333$ 1,0140458209$ 83.460,27
5.942.000,0001/10/200517,93%17,93%0,179331/10/20055.942.000,00310,08611111$ 1,0143028550$ 84.987,56
5.942.000,0001/11/200517,81%17,81%0,178130/11/20055.942.000,00300,08333333$ 1,0137522855$ 81.716,08
5.942.000,0001/12/200517,49%17,49%0,174931/12/20055.942.000,00310,08611111$ 1,0139764200$ 83.047,89
5.942.000,0001/01/200617,35%17,35%0,173531/01/20065.942.000,00310,08611111$ 1,0138723200$ 82.429,33
5.942.000,0001/02/200617,51%17,51%0,175128/02/20065.942.000,00280,07777778$ 1,0126287752$ 75.040,18
5.942.000,0001/03/200617,25%17,25%0,172531/03/20065.942.000,00310,08611111$ 1,0137978933$ 81.987,08
5.942.000,0001/04/200616,75%16,75%0,167530/04/20065.942.000,00300,08333333$ 1,0129890265$ 77.180,80
5.942.000,0001/05/200616,07%16,07%0,160731/05/20065.942.000,00310,08611111$ 1,0129152501$ 76.742,42
5.942.000,0001/06/200615,61%15,61%0,156130/06/20065.942.000,00300,08333333$ 1,0121610407$ 72.260,90
5.942.000,0001/07/200615,08%15,08%0,150831/07/20065.942.000,00310,08611111$ 1,0121683783$ 72.304,50
5.942.000,0001/08/200615,02%15,02%0,150231/08/20065.942.000,00310,08611111$ 1,0121229248$ 72.034,42
5.942.000,0001/09/200615,05%15,05%0,150530/09/20065.942.000,00300,08333333$ 1,0117515660$ 69.827,80
5.942.000,0001/10/200615,07%15,07%0,150731/10/20065.942.000,00310,08611111$ 1,0121608042$ 72.259,50
5.942.000,0001/11/200615,07%15,07%0,150730/11/20065.942.000,00300,08333333$ 1,0117662215$ 69.914,89
5.942.000,0001/12/200615,07%15,07%0,150731/12/20065.942.000,00310,08611111$ 1,0121608042$ 72.259,50
5.942.000,0001/01/200713,83%13,83%0,138331/01/20075.942.000,00310,08611111$ 1,0112169253$ 66.650,97
5.942.000,0001/02/200713,83%13,83%0,138328/02/20075.942.000,00280,07777778$ 1,0101259400$ 60.168,34
5.942.000,0001/03/200713,83%13,83%0,138331/03/20075.942.000,00310,08611111$ 1,0112169253$ 66.650,97
5.942.000,0001/04/200716,75%16,75%0,167530/04/20075.942.000,00300,08333333$ 1,0129890265$ 77.180,80
5.942.000,0001/05/200716,75%16,75%0,167531/05/20075.942.000,00310,08611111$ 1,0134248876$ 79.770,68
5.942.000,0001/06/200716,75%16,75%0,167530/06/20075.942.000,00300,08333333$ 1,0129890265$ 77.180,80
5.942.000,0001/07/200719,01%19,01%0,190131/07/20075.942.000,00310,08611111$ 1,0150994099$ 89.720,69
5.942.000,0001/08/200719,01%19,01%0,190131/08/20075.942.000,00310,08611111$ 1,0150994099$ 89.720,69
5.942.000,0001/09/200719,01%19,01%0,190130/09/20075.942.000,00300,08333333$ 1,0146087918$ 86.805,44
5.942.000,0001/10/200721,26%21,26%0,212631/10/20075.942.000,00310,08611111$ 1,0167378995$ 99.456,60
5.942.000,0001/11/200721,26%21,26%0,212630/11/20075.942.000,00300,08333333$ 1,0161936193$ 96.222,49
5.942.000,0001/12/200721,26%21,26%0,212631/12/20075.942.000,00310,08611111$ 1,0167378995$ 99.456,60
5.942.000,0001/01/200821,83%21,83%0,218331/01/20085.942.000,00310,08611111$ 1,0171485709$ 101.896,81
5.942.000,0001/02/200821,83%21,83%0,218329/02/20085.942.000,00290,08055556$ 1,0160333908$ 95.270,41
5.942.000,0001/03/200821,83%21,83%0,218331/03/20085.942.000,00310,08611111$ 1,0171485709$ 101.896,81
5.942.000,0001/04/200821,92%21,92%0,219230/04/20085.942.000,00300,08333333$ 1,0166533893$ 98.954,44
5.942.000,0001/05/200821,92%21,92%0,219231/05/20085.942.000,00310,08611111$ 1,0172132532$ 102.281,15
5.942.000,0001/06/200821,92%21,92%0,219230/06/20085.942.000,00300,08333333$ 1,0166533893$ 98.954,44
5.942.000,0001/07/200821,51%21,51%0,215131/07/20085.942.000,00310,08611111$ 1,0169182353$ 100.528,15
5.942.000,0001/08/200821,51%21,51%0,215131/08/20085.942.000,00310,08611111$ 1,0169182353$ 100.528,15
5.942.000,0001/09/200821,51%21,51%0,215130/09/20085.942.000,00300,08333333$ 1,0163680439$ 97.258,92
5.942.000,0001/10/200821,02%21,02%0,210231/10/20085.942.000,00310,08611111$ 1,0165644572$ 98.426,00
5.942.000,0001/11/200821,02%21,02%0,210230/11/20085.942.000,00300,08333333$ 1,0160258614$ 95.225,67
5.942.000,0001/12/200821,02%21,02%0,210217/12/20085.942.000,00170,04722222$ 1,0090500278$ 53.775,26
       1.747  $ 4.953.119,74

Cabe anotar que en el proceso respecto del cual se aduce haberse ordenado el embargo, en fecha previa al débito, a saber 6 de noviembre de 2003, se certificó la terminación del mismo por el pago total de la obligación tal como consta en la copia del auto correspondiente, obrante a folio 265 del cuaderno de pruebas Nº 16.

DÉBITO Nº 2 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # SOJC019-03 fechado el 15-01-2003 que obra a folio 281 del cuaderno de pruebas Nº 23, recibido por el Banco 23-01-2003, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante la Contraloría Departamental Del Valle – Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 50.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT 800179599-0, en desarrollo del proceso instaurado por CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE.

• El Banco debitó la cuenta # 002-06611-6 de la Convocante el 03-03-2004 por $ 16.555.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 280.

• De acuerdo con la demanda, el proceso terminó por desembargo efectuado el 31 de Octubre de 2005, según numeral 6.121, acreditándose según consignación hecha a favor del demandante de fecha 28-10-2005 por $ 50,000,000.oo, suma en la cual se encontraba el monto debitado.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del reintegro: 604-3= 601.

En el presente Débito, el Banco no constituyó el título judicial de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha de acreditación del reintegro, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 1 - Débito Nº 2

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
16.555.000,0003/03/200419,80%0,198031/03/200416.555.000,00250,06944444$ 1,0126244053$ 208.997,03
16.555.000,0001/04/200419,78%0,197830/04/200416.555.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 250.878,17
16.555.000,0001/05/200419,71%0,197131/05/200416.555.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 258.459,55
16.555.000,0001/06/200419,67%0,196730/06/200416.555.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 249.591,48
16.555.000,0001/07/200419,44%0,194431/07/200416.555.000,00310,08611111$ 1,0154147192$ 255.190,68
16.555.000,0001/08/200419,28%0,192831/08/200416.555.000,00310,08611111$ 1,0152975162$ 253.250,38
16.555.000,0001/09/200419,50%0,195030/09/200416.555.000,00300,08333333$ 1,0149562574$ 247.600,84
16.555.000,0001/10/200419,09%0,190931/10/200416.555.000,00310,08611111$ 1,0151581508$ 250.943,19
16.555.000,0001/11/200419,59%0,195930/11/200416.555.000,00300,08333333$ 1,0150199356$ 248.655,03
16.555.000,0001/12/200419,49%0,194931/12/200416.555.000,00310,08611111$ 1,0154513157$ 255.796,53
16.555.000,0001/01/200519,45%0,194531/01/200516.555.000,00310,08611111$ 1,0154220396$ 255.311,87
16.555.000,0001/02/200519,40%0,194028/02/200516.555.000,00280,07777778$ 1,0138862315$ 229.886,56
16.555.000,0001/03/200519,15%0,191531/03/200516.555.000,00310,08611111$ 1,0152021829$ 251.672,14
16.555.000,0001/04/200519,19%0,191930/04/200516.555.000,00300,08333333$ 1,0147365844$ 243.964,15
16.555.000,0001/05/200519,02%0,190231/05/200516.555.000,00310,08611111$ 1,0151067545$ 250.092,32
16.555.000,0001/06/200518,85%0,188530/06/200516.555.000,00300,08333333$ 1,0144950496$ 239.965,55
16.555.000,0001/07/200518,50%0,185031/07/200516.555.000,00310,08611111$ 1,0147240858$ 243.757,24
16.555.000,0001/08/200518,24%0,182431/08/200516.555.000,00310,08611111$ 1,0145321757$ 240.580,17
16.555.000,0001/09/200518,22%0,182230/09/200516.555.000,00300,08333333$ 1,0140458209$ 232.528,57
16.555.000,0001/10/200517,93%0,179328/10/200516.555.000,00280,07777778$ 1,0129098135$ 213.721,96
      601  $ 4.880.843,41

DÉBITO 3 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio SIN NÚMERO fechado el 29/11/2002 que obra a folio 111 del cuaderno de pruebas Nº 22, recibido por el Banco en Diciembre de 2002, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 8 Civil del Circuito de Cartagena. dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 154.911.482.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EPS, NIT 899999010-3, 800174999-2, 800113671-1 y 800179536-7, en desarrollo del proceso instaurado por CLÍNICA MÉDICO ODONTOLÓGICA SAN JOSÉ DE CLEMENCIA, cedido a CARMEN JULIA MERLANO.

• El Banco debitó la cuenta 2-05959-0 de la Convocante el 03/03/2004 por $ 138.112.000.oo, según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, folio 282 y un débito adicional por $ 16.799.482.oo, cuya evidencia obra en el C. de Pruebas Nº 2, folio 17.

• Mediante depósito judicial de 3/08/2004 por valor de $ 154.911.482.oo que obra en el folio 125 del C. de Pruebas Nº 1, se atendió la totalidad del embargo decretado.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito judicial: 153-3= 150, según lo establecido por el peritazgo.

En el presente Débito, el Banco constituyó el título judicial, pero lo hizo después de los 3 días de que trata la ley —artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil—, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha del depósito judicial, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 1 - Débito Nº 3

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
138.112.000,0003/03/200419,80%0,198031/03/2004138.112.000,00250,06944444$ 1,0126244053$ 1.743.581,87
138.112.000,0001/04/200419,78%0,197830/04/2004138.112.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 2.092.980,09
138.112.000,0001/05/200419,71%0,197131/05/2004138.112.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 2.156.228,62
138.112.000,0001/06/200419,67%0,196730/06/2004138.112.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 2.082.245,79
138.112.000,0001/07/200419,44%0,194431/07/2004138.112.000,00310,08611111$ 1,0154147192$ 2.128.957,70
138.112.000,0001/08/200419,28%0,192803/08/2004138.112.000,0030,00833333$ 1,0014702755$ 203.062,69
      150  $ 10.407.056,76

DÉBITO 4 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 3047 fechado el 13/11/2003 que obra a folio 112 del cuaderno de pruebas Nº 22, sin fecha de recibido por el Banco, pero expedido durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 6 Civil del Circuito de Ibagué, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 250.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EPS, en desarrollo del proceso instaurado por SOCIEDAD MEDICO QUIRÚRGICA DEL TOLIMA LTDA.

• El Banco debitó la cuenta 2-094936 de la Convocante el 12/03/2004 por $ 250.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22 folio 78, y en el C. de pruebas 23, folios 285.

• Mediante depósito judicial de 6/08/2004 por valor de $ 250.000.000.oo que obra en el C. de Pruebas 22, Folio 132 se atendió la totalidad del embargo decretado.

• En el libelo de la demanda aparece reconocido un desembargo por $ 221.059.421.oo, acreditado el 18/08/2005. La diferencia con relación a los $ 250.000.000 siguió a órdenes del Juzgado ya que hacía parte de dicho monto. Por ende el Banco no está llamado a su reintegro pues el monto reclamado se encontraba a disposición del Juzgado.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del certificado de depósito :147-3=144.

En el presente Débito, el Banco constituyó el título judicial, pero lo hizo después de los 3 días de que trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha del depósito judicial, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 1 - Débito Nº 4

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
250.000.000,0012/03/200419,80%0,198031/03/2004250.000.000,00160,04444444$ 1,0080613636$ 2.015.340,91
250.000.000,0001/04/200419,78%0,197830/04/2004250.000.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 3.788.555,82
250.000.000,0001/05/200419,71%0,197131/05/2004250.000.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 3.903.043,59
250.000.000,0001/06/200419,67%0,196730/06/2004250.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 3.769.125,41
250.000.000,0001/07/200419,44%0,194431/07/2004250.000.000,00310,08611111$ 1,0154147192$ 3.853.679,80
250.000.000,0001/08/200419,28%0,192806/08/2004250.000.000,0060,01666667$ 1,0029427127$ 735.678,18
      144  $ 18.065.423,71

DÉBITO 5 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1807 fechado el 18/06/2003 que obra a folio 290 del cuaderno de pruebas Nº 23, expedido durante la vigencia del Convenio 003, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra ilegible, el ordenante Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 8.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT 800179599-0, a sus cuentas corrientes, de ahorros y CDT´s, en desarrollo del proceso instaurado por PETRONIO VALENCIA ASPRILLA.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 12/03/2004 por $ 8.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 79.

• Obra en el expediente prueba de depósito judicial por $ 8.000.000.oo (folio 387 del C. de pruebas Nº 16) realizado por Granahorrar. Además obra un reporte del Banco de Bogotá al juzgado de fecha 05.04.2004 (folio 386 del Cuaderno de Pruebas Nº 16) en el que indica que “este oficio fue aplicado por Bancolombia, adjuntamos fotocopias de depósito judicial por valor de $ 8.000.000”.

No obra en el expediente copia de depósito judicial realizado por el Banco de Bogotá. En consecuencia el Tribunal en tal virtud ordenará su reintegro, junto con los intereses remuneratorios, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia desde la fecha en que se debitó y hasta la fecha del presente Laudo, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 1 -Débito N°5 -Valor a reintegrar $8,000,0 00 + Intereses $6,602,566,20     
Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosN° DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
8.000.000,0012/03/200419,80%19,80%0,198031/03/20048.000.000,00160,04444444$ 1,0080613636$ 64.490,91
8.000.000,0001/04/200419,78%19,78%0,197830/04/20048.000.000,00300,08333333$ 1,0151542233$ 121.233,79
8.000.000,0001/05/200419,71%19,71%0,197131/05/20048.000.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 124.897,39
8.000.000,0001/06/200419,67%19,67%0,196730/06/20048.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 120.612,01
8.000.000,0001/07/200419,44%19,44%0,194431/07/20048.000.000,00310,08611111$ 1,0154147192$ 123.317,75
8.000.000,0001/08/200419,28%19,28%0,192831/08/20048.000.000,00310,08611111$ 1,0152975162$ 122.380,13
8.000.000,0001/09/200419,50%19,50%0,195030/09/20048.000.000,00300,08333333$ 1,0149562574$ 119.650,06
8.000.000,0001/10/200419,09%19,09%0,190931/10/20048.000.000,00310,08611111$ 1,0151581508$ 121.265,21
8.000.000,0001/11/200419,59%19,59%0,195930/11/20048.000.000,00300,08333333$ 1,0150199356$ 120.159,49
8.000.000,0001/12/200419,49%19,49%0,194931/12/20048.000.000,00310,08611111$ 1,0154513157$ 123.610,53
8.000.000,0001/01/200519,45%19,45%0,194531/01/20058.000.000,00310,08611111$ 1,0154220396$ 123.376,32
8.000.000,0001/02/200519,40%19,40%0,194028/02/20058.000.000,00280,07777778$ 1,0138862315$ 111.089,85
8.000.000,0001/03/200519,15%19,15%0,191531/03/20058.000.000,00310,08611111$ 1,0152021829$ 121.617,46
8.000.000,0001/04/200519,19%19,19%0,191930/04/20058.000.000,00300,08333333$ 1,0147365844$ 117.892,68
8.000.000,0001/05/200519,02%19,02%0,190231/05/20058.000.000,00310,08611111$ 1,0151067545$ 120.854,04
8.000.000,0001/06/200518,85%18,85%0,188530/06/20058.000.000,00300,08333333$ 1,0144950496$ 115.960,40
8.000.000,0001/07/200518,50%18,50%0,185031/07/20058.000.000,00310,08611111$ 1,0147240858$ 117.792,69
8.000.000,0001/08/200518,24%18,24%0,182431/08/20058.000.000,00310,08611111$ 1,0145321757$ 116.257,41
8.000.000,0001/09/200518,22%18,22%0,182230/09/20058.000.000,00300,08333333$ 1,0140458209$ 112.366,57
8.000.000,0001/10/200517,93%17,93%0,179331/10/20058.000.000,00310,08611111$ 1,0143028550$ 114.422,84
8.000.000,0001/11/200517,81%17,81%0,178130/11/20058.000.000,00300,08333333$ 1,0137522855$ 110.018,28
8.000.000,0001/12/200517,49%17,49%0,174931/12/20058.000.000,00310,08611111$ 1,0139764200$ 111.811,36
8.000.000,0001/01/200617,35%17,35%0,173531/01/20068.000.000,00310,08611111$ 1,0138723200$ 110.978,56
8.000.000,0001/02/200617,51%17,51%0,175128/02/20068.000.000,00280,07777778$ 1,0126287752$ 101.030,20
8.000.000,0001/03/200617,25%17,25%0,172531/03/20068.000.000,00310,08611111$ 1,0137978933$ 110.383,15
8.000.000,0001/04/200616,75%16,75%0,167530/04/20068.000.000,00300,08333333$ 1,0129890265$ 103.912,21
8.000.000,0001/05/200616,07%16,07%0,160731/05/20068.000.000,00310,08611111$ 1,0129152501$ 103.322,00
8.000.000,0001/06/200615,61%15,61%0,156130/06/20068.000.000,00300,08333333$ 1,0121610407$ 97.288,33
8.000.000,0001/07/200615,08%15,08%0,150831/07/20068.000.000,00310,08611111$ 1,0121683783$ 97.347,03
8.000.000,0001/08/200615,02%15,02%0,150231/08/20068.000.000,00310,08611111$ 1,0121229248$ 96.983,40
8.000.000,0001/09/200615,05%15,05%0,150530/09/20068.000.000,00300,08333333$ 1,0117515660$ 94.012,53
8.000.000,0001/10/200615,07%15,07%0,150731/10/20068.000.000,00310,08611111$ 1,0121608042$ 97.286,43
8.000.000,0001/11/200615,07%15,07%0,150730/11/20068.000.000,00300,08333333$ 1,0117662215$ 94.129,77
8.000.000,0001/12/200615,07%15,07%0,150731/12/20068.000.000,00310,08611111$ 1,0121608042$ 97.286,43
8.000.000,0001/01/200713,83%13,83%0,138331/01/20078.000.000,00310,08611111$ 1,0112169253$ 89.735,40
8.000.000,0001/02/200713,83%13,83%0,138328/02/20078.000.000,00280,07777778$ 1,0101259400$ 81.007,52
8.000.000,0001/03/200713,83%13,83%0,138331/03/20078.000.000,00310,08611111$ 1,0112169253$ 89.735,40
8.000.000,0001/04/200716,75%16,75%0,167530/04/20078.000.000,00300,08333333$ 1,0129890265$ 103.912,21
8.000.000,0001/05/200716,75%16,75%0,167531/05/20078.000.000,00310,08611111$ 1,0134248876$ 107.399,10
8.000.000,0001/06/200716,75%16,75%0,167530/06/20078.000.000,00300,08333333$ 1,0129890265$ 103.912,21
8.000.000,0001/07/200719,01%19,01%0,190131/07/20078.000.000,00310,08611111$ 1,0150994099$ 120.795,28
8.000.000,0001/08/200719,01%19,01%0,190131/08/20078.000.000,00300,08333333$ 1,0146087918$ 116.870,33
8.000.000,0001/09/200719,01%19,01%0,190130/09/20078.000.000,00300,08333333$ 1,0146087918$ 116.870,33
8.000.000,0001/10/200721,26%21,26%0,212631/10/20078.000.000,00310,08611111$ 1,0167378995$ 133.903,20
8.000.000,0001/11/200721,26%21,26%0,212630/11/20078.000.000,00300,08333333$ 1,0161936193$ 129.548,95
8.000.000,0001/12/200721,26%21,26%0,212631/12/20078.000.000,00310,08611111$ 1,0167378995$ 133.903,20
8.000.000,0001/01/200821,83%21,83%0,218331/01/20088.000.000,00310,08611111$ 1,0171485709$ 137.188,57
8.000.000,0001/02/200821,83%21,83%0,218329/02/20088.000.000,00290,08055556$ 1,0160333908$ 128.267,13
8.000.000,0001/03/200821,83%21,83%0,218331/03/20088.000.000,00310,08611111$ 1,0171485709$ 137.188,57
8.000.000,0001/04/200821,92%21,92%0,219230/04/20088.000.000,00300,08333333$ 1,0166533893$ 133.227,11
8.000.000,0001/05/200821,92%21,92%0,219231/05/20088.000.000,00310,08611111$ 1,0172132532$ 137.706,03
8.000.000,0001/06/200821,92%21,92%0,219230/06/20088.000.000,00300,08333333$ 1,0166533893$ 133.227,11
8.000.000,0001/07/200821,51%21,51%0,215131/07/20088.000.000,00310,08611111$ 1,0169182353$ 135.345,88
8.000.000,0001/08/200821,51%21,51%0,215131/08/20088.000.000,00310,08611111$ 1,0169182353$ 135.345,88
8.000.000,0001/09/200821,51%21,51%0,215130/09/20088.000.000,00300,08333333$ 1,0163680439$ 130.944,35
8.000.000,0001/10/200821,02%21,02%0,210231/10/20088.000.000,00310,08611111$ 1,0165644572$ 132.515,66
8.000.000,0001/11/200821,02%21,02%0,210230/11/20088.000.000,00300,08333333$ 1,0160258614$ 128.206,89
8.000.000,0001/12/200821,02%21,02%0,210217/12/20088.000.000,00170,04722222$ 1,0090500278$ 72.400,22
       1.737  $ 6.628.193,73

DÉBITO 6 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1162 fechado el 01/09/2003, que obra a folio 114 del cuaderno de pruebas Nº 22, recibido por el Banco el 11/09/2003, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 6 Civil del Circuito de Barranquilla dirigió al gerente del Banco de Bogotá, orden de embargo por valor de $ 6.200.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 899999010-3, a sus cuentas corrientes y de ahorros sin especificar números.

• El 15/04/2004 el Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante por $ 900.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 291.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 6.200.000.000.oo fechado el 27/07/2004, el Banco acató la orden de embargo del oficio 1162. Posteriormente, mediante auto de 10/08/2004, el Juzgado ordenó el reintegro de las sumas de $ 80.000.000, $ 1.000.000.000, y $ 2.252.496.124,27

• Es evidente que sobre esas devoluciones o reintegros de dineros ya embargados y a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es éste quien dispone de ellas sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno. Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 900.000.000 aquí relacionada, no prosperará la petición de la Convocante; caso diferente con la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito judicial 103-3 =100 días.

En el presente Débito, el 27/07/2004 el Banco constituyó el título judicial, pero lo hizo después de los 3 días de que trata la ley —artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil—, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha del depósito judicial, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 1 - Débito Nº 6

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria Aplicable Fechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
900.000.000,0015/04/200419,78%0,197830/04/2004900.000.000,00120,03333333$ 1,0060343518$ 5.430.916,63
900.000.000,0001/05/200419,71%0,197131/05/2004900.000.000,00310,08611111$ 1,0156121743$ 14.050.956,91
900.000.000,0001/06/200419,67%0,196730/06/2004900.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 13.568.851,47
900.000.000,0001/07/200419,44%0,194427/07/2004900.000.000,00270,07500000$ 1,0134124482$ 12.071.203,34
      100  $ 45.121.928,35

DÉBITO 7 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1162 fechado el 01/09/2003, que obra a folio 114 del cuaderno de pruebas Nº 22, recibido por el Banco el 11/09/2003, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 6 Civil del Circuito de Barranquilla dirigido al gerente del Banco de Bogotá, impartió orden de embargo por valor de $ 6.200.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 899999010-3, a sus cuentas corrientes y de ahorros sin especificar números.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 13/05/2004 por $ 80.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 293, en desarrollo del proceso instaurado por ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 6.200.000.000.oo fechado el 27/07/2004, el Banco acató la orden de embargo del oficio 1162. Posteriormente, mediante auto de 10/08/2004 el Juzgado ordenó el reintegro de $ 80.000.000, $ 1.000.000.000, y $ 2.252.496.124,27. Es evidente que sobre esas devoluciones o reintegros de dineros ya embargados y a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es éste quien dispone de ellas sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno. Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 80.000.000 aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante; caso diferente con la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito 75 -3= 72 días.

En el presente Débito, el 27/07/2004 el Banco constituyó el título judicial, pero lo hizo después de los 3 días de trata la ley –artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil-, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha del depósito judicial, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº de Días a Liquidar InteresesFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Remuneratorios Calculados
80.000.000,0013/05/200419,71%31/05/200480.000.000,00150,04166667$ 1,0075240799$ 601.926,39
80.000.000,0001/06/200419,67%30/06/200480.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 1.206.120,13
80.000.000,0001/07/200419,44%27/07/200480.000.000,00270,07500000$ 1,0134124482$ 1.072.995,85
     72  $ 2.881.042,38

DÉBITO 8 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1162 fechado el 01/09/2003, que obra a folio 114 del cuaderno de pruebas Nº 22, recibido por el Banco el 11/09/2003, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 6 Civil del Circuito de Barranquilla dirigió al gerente del Banco de Bogotá, orden de embargo por valor de $ 6.200.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 899999010-3, a sus cuentas corrientes y de ahorros sin especificar números.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 13/05/2004 por $ 1.000.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 295, en desarrollo del proceso instaurado por ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 6.200.000.000.oo fechado el 27/07/2004, el Banco acató la orden de embargo del oficio 1162.

• Posteriormente, el Juzgado ordenó el reintegro de $ 80.000.000, $ 1.000.000.000, y $ 2.252.496.124,27 mediante auto de 10/08/2004.

• Es evidente que sobre esas devoluciones o reintegros de dineros ya embargados y a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellas sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno. Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 1.000.000.000 millones aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante; caso diferente con la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito judicial 75-3= 72 días.

En el presente Débito, el 27/07/2004 el Banco constituyó el título judicial, pero lo hizo después de los 3 días de trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuanta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha del depósito judicial, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº de Días a Liquidar InteresesFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Remuneratorios Calculados
1.000.000.000,0013/05/200419,71%31/05/20041.000.000.000,00150,04166667$ 1,0075240799$ 7.524.079,92
1.000.000.000,0001/06/200419,67%30/06/20041.000.000.000,00300,08333333$ 1,0150765016$ 15.076.501,63
1.000.000.000,0001/07/200419,44%27/07/20041.000.000.000,00270,07500000$ 1,0134124482$ 13.412.448,16
     72  $ 36.013.029,71

DÉBITO 9 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1162 fechado el 01/09/2003, que obra a folio 114 del cuaderno de pruebas Nº 22, recibido por el Banco el 11/09/2003, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 6 Civil del Circuito de Barranquilla dirigió al gerente del Banco de Bogotá, orden de embargo por valor de $ 6.200.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 899999010-3, a sus cuentas corrientes y de ahorros sin especificar números.

• El Banco debitó la cuenta #002-094936 de la Convocante el 27/05/2004 por $ 2.252.496.124,27 según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 297, en desarrollo del proceso instaurado por ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 6.200.000.000,oo fechado el 27/07/2004, el Banco acató la orden de embargo del oficio 1162. Posteriormente, mediante auto de 10/08/2004 el Juzgado ordenó el reintegro de $ 80.000.000, $ 1.000.000.000 y $ 2.252.496.124,27.

• Es evidente que sobre esas devoluciones o reintegros de dineros ya embargados y a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno.

• Por lo tanto en relación con la devolución de los $ 2.252.496.124,27 aquí relacionados no prosperará la petición de la Convocante; caso diferente con la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito judicial 61-3= 58 días.

En el presente Débito, el 27/07/2004 el Banco constituyó el título judicial, pero lo hizo después de los 3 días de trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuanta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha del depósito judicial, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº de Días a Liquidar InteresesFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Remuneratorios Calculados
2.252.496.124,2727/05/200419,71%31/05/20042.252.496.124,2710,00277778$ 1,0004998526$ 1.125.915,97
2.252.496.124,2701/06/200419,67%30/06/20042.252.496.124,27300,08333333$ 1,0150765016$ 33.959.761,49
2.252.496.124,2701/07/200419,44%27/07/20042.252.496.124,27270,07500000$ 1,0134124482$ 30.211.487,49
     58  $ 65.297.164,95

DÉBITO 10 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 362 fechado: 01/04/2004, que obra a folio 115 del cuaderno de pruebas Nº 22, recibido por el Banco el 02/04/2004, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 1 Laboral del Circuito de Armenia dirigió al gerente del Banco de Bogotá, orden de embargo por valor de $ 30.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: no determinado, a las cuentas #0020611333, #002.066116 y #000259590, en desarrollo del proceso instaurado por JOSÉ SENEN MARÍN MARÍN.

• El Banco debitó la cuenta #002-066116 de la Convocante el 02/06/2004 por $ 30.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 299.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 30.000.000.oo fechado el 02/07/2004, el Banco acató la orden de embargo del oficio 362, folio 45, C. de Pruebas Nº 2. Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno.

• Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 30.000.000.oo aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante; caso diferente con la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito judicial 30 -3= 27 días.

En el presente Débito, el 2/07/2004 el Banco constituyó el título judicial, pero lo hizo después de los 3 días de trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha del depósito judicial, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº de Días a Liquidar InteresesFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Remuneratorios Calculados
30.000.000,0002/06/200419,67%30/06/200430.000.000,00250,06944444$ 1,0125480584$ 376.441,75
30.000.000,0001/07/200419,44%02/07/200430.000.000,0020,00555556$ 1,0009873981$ 29.621,94
     27  $ 406.063,69

DÉBITO 11 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 04-MGE-539 fechado: 22/04/2004, que obra a folio 305 del cuaderno de pruebas Nº 23, cuya fecha de recibido por el Banco se encuentra ilegible, el ordenante Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera dirigido al gerente del Banco de Bogotá, impartió orden de embargo por valor de $ 30.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EPS, NIT no determinado, a la cuenta #002-05959-0 orden contenida en el auto que obra a folio 321 del Cuaderno de Pruebas 20.

• El Banco debitó la cuenta #002-05959-0 de la Convocante el 02/06/2004 por $ 30.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 303, en desarrollo del proceso instaurado por CENTRO DE ESPECIALIDADES NEUROLÓGICAS.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 30.000.000.oo fechado el 20/08/2004, el Banco acató la orden de embargo del oficio 04-MGE-539, folio 134 del cuaderno de pruebas 22. Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno.

• Por lo tanto en relación con la devolución de los $ 30.000.000.oo aquí relacionados no prosperará la petición de la Convocante; caso diferente con la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito 79-3= 76 días.

En el presente Débito, el 27/07/2004 el Banco constituyó el título judicial, pero lo hizo después de los 3 días de trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuanta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha del depósito judicial, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Grupo 1 - Débito Nº 11

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
30.000.000,0002/06/200419,67%0,196730/06/200430.000.000,00250,06944444$ 1,0125480584$ 376.441,75
30.000.000,0001/07/200419,44%0,194431/07/200430.000.000,00310,08611111$ 1,0154147192$ 462.441,58
30.000.000,0001/08/200419,28%0,192820/08/200430.000.000,00200,05555556$ 1,0098427625$ 295.282,87
      76  $ 1.134.166,20

DÉBITO 12 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 430 fechado el 30/04/2004, que obra a folio 117 del cuaderno de pruebas Nº 22, el ordenante Juzgado 1 Laboral del Circuito de Armenia dirigido al gerente del Banco de Bogotá, impartió orden de embargo por valor de $ 6.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT no determinado, a la cuenta # 002-061133-3, #002-06611-6, #002-05959-0.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 02/06/2004 por $ 6.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 306, en desarrollo del proceso instaurado por HÉCTOR JAVIER GONZÁLEZ.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 6.000.000.oo fechado el 02/07/2004, el Banco acató la orden de embargo del oficio 430. Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno.

• Por lo tanto en relación con la devolución de los $ 6.000.000.oo aquí relacionados no prosperará la petición de la Convocante; caso diferente con la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito 30-3= 27 días.

En el presente Débito, el 02/07/2004 el Banco constituyó el título judicial, pero lo hizo después de los 3 días de trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha del depósito judicial, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº de Días a Liquidar InteresesFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Remuneratorios Calculados
6.000.000,0002/06/200419,67%30/06/20046.000.000,00250,06944444$ 1,0125480584$ 75.288,35
6.000.000,0001/07/200419,44%02/07/20046.000.000,0020,00555556$ 1,0009873981$ 5.924,39
     27  $ 81.212,74

DÉBITO 13 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 415 fechado el 23/04/2004, recibido por el Banco (18/05/2004), que obra a folio 118 del cuaderno de pruebas Nº 22, el ordenante Juzgado 1 Laboral del Circuito de Armenia dirigido al gerente del Banco de Bogotá, se impartió orden de embargo por valor de $ 12.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT no determinado, a las cuentas # 002-061133-3, #002-06611-6, #002-05959-0, en desarrollo del proceso instaurado por RAMÓN HORACIO ALZATE.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 01/07/2004 por $ 2.700.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 87.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 2.700.000.oo fechado el 02/07/2004, el Banco acató la orden de embargo del oficio 415, folio 137, C. de pruebas 22. Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno. Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 2.700.000.oo aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante. Ahora bien, en cuanto al tiempo transcurrido entre la Nota Débito y la fecha del depósito, por ser ésta solo un día no habrá lugar a condena alguna, como quiera que el Banco obró dentro de los parámetros establecidos en la ley.

DÉBITO 14 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 888 fechado el 13/05/2004, recibido por el Banco (14/05/2004), que obra a folio 119 del cuaderno de pruebas Nº 22, el ordenante Juzgado 2 Laboral del Circuito de Cúcuta dirigió al gerente del Banco de Bogotá, orden de embargo por valor de $ 120.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: 899999010-3, a las cuentas # 002-0690954, #000-06611-6, #002-06612-4, #002-069094, #002-061133-3, #002-05959-0, en desarrollo del proceso instaurado por ARCENIO PÉREZ PRADO.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 02/07/2004 por $ 120.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 88.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 120.000.000.oo fechado el 15/07/2004, folio 313 del C. de Pruebas 23, el Banco acató la orden de embargo del oficio 888. Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno.

• Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 120.000.000.oo aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante; caso diferente con la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito 13-3 = 10 días.

En el presente Débito, el 15/07/2004 el Banco constituyó el título judicial, pero lo hizo después de los 3 días de trata la ley, artículo 681, Numeral 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo que habiendo debitado dineros de la cuenta de la Convocante sin haber cumplido la obligación perentoria de ponerlos a disposición del Juzgado que decreta el embargo en el plazo de gracia de 3 días establecido en la ley, incurrió en una conducta antijurídica que llevará a que el Tribunal decrete la prosperidad de la pretensión formulada por la convocante en el sentido de que el Banco, que tuvo en su poder dichos recursos por el plazo comprendido entre el cuarto día siguiente a la notificación del embargo y la fecha del depósito judicial, deberá reconocer a la Convocante el rédito financiero de dichos recursos, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para dicho período, de acuerdo con la siguiente liquidación:

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº de Días a Liquidar InteresesFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Remuneratorios Calculados
120.000.000,0002/07/200419,44%15/07/2004120.000.000,00100,02777778$ 1,0049467496$ 593.609,95

DÉBITO 15 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1162 fechado el 01/09/2003, que obra a folio 114 del cuaderno de pruebas Nº 22, recibido por el Banco el 11/09/2003, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante Juzgado 6 Civil del Circuito de Barranquilla dirigió al gerente del Banco de Bogotá, orden de embargo por valor de $ 6.200.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EPS, NIT: 899999010-3, a sus cuentas corrientes y de ahorros sin números, en desarrollo del proceso instaurado por CLÍNICA DEL NORTE.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 23/07/2004 por $ 1.220.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 89. El Banco mediante nota crédito de la misma fecha reintegró el valor debitado (Cuaderno de Pruebas 22, folio 160).

Es evidente que en la medida en que el débito y el crédito se hicieron en la misma fecha no hay lugar a ordenar reintegro alguno ni intereses sobre este monto.

DÉBITO 16 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 471 fechado el 07/06/2004, que obra a folio 120 del Cuaderno de Pruebas Nº 22, el ordenante Juzgado 4 Civil del Circuito de Valledupar, dirigió al gerente del Banco de Bogotá orden de embargo por valor de $ 170.409.969.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL EPS, NIT: 800179544-6, a las cuentas #002-06611-6, #002-06612-4, # 002-06613-2.

• El Banco debitó la cuenta #002-06611-6 de la Convocante el 26/07/2004 por $ 170.409.969.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 90, en desarrollo del proceso instaurado por UNIDAD RENAL SANTA RITA.

• Mediante auto fechado 05/08/2004, el proceso ejecutivo 2004-00034 terminó por pago total de la obligación habiendo el juzgado ordenado poner la suma de $ 170.409.969.oo a disposición del proceso seguido por la Fundación Médico Preventiva (Folios 180 y 181 del Cuaderno de Pruebas 12). Habiéndose constituido depósito judicial por $ 170.409.969.oo según aparece en el Reporte del Banco de Bogotá al juzgado, de fecha 30.07.2004 (folio 176 del Cuaderno de Pruebas 12), el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están los dineros bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno.

• Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 170.409.969.oo aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante; cosa diferente sucede con la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado, por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito 4-3 = 1 día

170.409.969,0026/07/200419,44%30/07/2004170.409.969,0010,00277778$ 1,0004935772$ 84.110,48

DÉBITO 17 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 322 fechado el 11/04/2005, cuya fecha de recibo por el Banco se encuentra ilegible, que obra a folio 121 del Cuaderno de Pruebas Nº 22, el ordenante Juzgado 1 Laboral del Circuito de Armenia dirigió al gerente del Banco de Bogotá, orden de embargo por valor de $ 535.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, NIT: no determinado, a las cuentas #002-06611-6, #002-061133-3, #002-05959-0, en desarrollo del proceso instaurado por ÉDGAR JOSÉ OSORIO NIETO.

• El Banco debitó la cuenta # 002-06611-6 de la Convocante el 22/04/2005 por $ 535.000.000.oo según consta en el Cuaderno de Pruebas Nº 22, Folio 91.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 535.000.000.oo, fechado el 28/04/2005 (folio 138, cuaderno de pruebas 22), el Banco acató la orden de embargo del oficio 322. Hay también el reporte del Banco al Juzgado que confirma el depósito con la misma fecha (Folio 61 del cuaderno de pruebas Nº 1). Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno.

• Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 535.000.000.oo aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante.

• Cabe anotar que el 28 de febrero del 2006 el juzgado ordenó la devolución del título judicial a CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN, hecho del cual el Banco no hace parte ya que es de la autonomía y resorte del Juzgado, quien dispone de los dineros que por virtud del título judicial se encuentran a su disposición, por ello es inocua la solicitud de la Convocante de impetrar de la convocada la restitución de dichos dineros. Ello pertenece a la órbita del juzgado quien es el controlante de los dineros embargados, es decir del título judicial. Caso diferente con la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial.

• Tiempo transcurrido entre la Nota Débito, menos 3 días correspondientes a la gracia otorgada por el artículo 681, Numeral 11, del Código de Procedimiento Civil, y la fecha del depósito 6-3=3 días.

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº de Días a Liquidar InteresesFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Remuneratorios Calculados
535.000.000,0022/04/200519,19%28/04/2005535.000.000,0030,00833333$ 1,0014639762$ 783.227,25

III. Grupo 2:

En el libelo de la demanda, se clasifican este débito como aquel que goza de las siguientes características:

a. Que la cuenta relacionada en el oficio de embargo no corresponde a la cuenta debitada.

b. Que el total del débito no le pertenece ni es de propiedad de la Convocante pues corresponde a recursos del Sistema General de Seguridad en Salud.

c. Que no cumplió con las obligaciones contractuales de:

i. Responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes.

ii. Informar al Juzgado que por tratarse de recursos públicos de FOSYGA de Salud y del Tesoro Público de Pensiones no pertenecen a CAJANAL S.A. EPS, en Liquidación.

iii. Poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República.

iv. Informar de manera inmediata a CAJANAL, enviando los soportes respectivos.

v. Conservar y custodiar el dinero depositado

vi. Devolver o rembolsar las sumas recibidas

vii. Pagar los intereses pactados

DÉBITO Nº 1 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 223 fechado el 11/02/2003 que obra a folio 122 del cuaderno de pruebas Nº 22, el ordenante Juzgado 6 Civil del Circuito de Barranquilla dirigido al gerente del Banco de Bogotá, impartió orden de embargo por valor de $ 13.000,000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EPS SECCIONAL ATLANTICO NIT 899999010-3, en desarrollo del proceso instaurado por ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE a las cuentas # 002-06611-6, #002-06612-4, #002-06613-2.

• El Banco debitó la cuenta # 002-075232 de la Convocante el 21/02/2003 por $ 13.000,000.000.oo según consta en el Cuaderno de Pruebas Nº 22, Folio 92.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 13.000,000.000.oo fechado el 24/02/2003, folio 139 cuaderno de pruebas 22, el Banco acató la orden de embargo del oficio 223. Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno.

• Por lo tanto en relación con la devolución de los $ 13.00.000.000.oo aquí relacionados no prosperará la petición de la Convocante.

• No sobra destacar que ha quedado acreditado dentro del expediente, (cuaderno de Pruebas Nº 16, folios 2 y siguientes) que la parte Convocante actuó dentro del proceso que dio origen al embargo e inclusive solicitó el desembargo de los dineros puestos a disposición del despacho, solicitud que fue denegada por el Juez.

Es claro para el Tribunal que el oficio de embargo estaba dirigido contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EPS., Seccional del Atlántico, perfectamente identificada como el sujeto pasivo de la obligación a favor de la ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE. El Juzgado estableció las cuentas de ahorro nacionales # 002-06611-6, #002-06612-4, #002-06613-2 que pertenecían a la entidad pero el Banco debitó la cuenta # 002-075232 también de la entidad y que pertenecía al Convenio 003. El embargo fue decretado contra los recursos de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EPS, singularizados en las cuentas antes detalladas, fundamentalmente con el propósito de satisfacer obligaciones de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EPS pendientes de pago. El Tribunal observa que el débito se hizo con cargo a recursos de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EPS depositados en una cuenta diferente a la mencionada en el oficio de embargo, argumento que lleva a la convocante a solicitar la restitución del dinero. Sin embargo, de aceptarse por el Tribunal el reparo contra el débito y por ende la carencia de validez del depósito judicial, se estaría procediendo a un reintegro de lo no debido merced a que los dineros embargados, de todas formas, únicamente fueron a satisfacer o tienen vocación para satisfacer obligaciones de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EPS por la vocación misma que el titulo judicial referido posee, así como por la propia orden de embargo en cuanto a su objeto principal se refiere, es decir: embargar recursos de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EPS para ponerlos a disposición de la autoridad judicial con el fin de satisfacer obligaciones de la primera, discutidas ante dicha autoridad por el demandante. Por consiguiente, respecto de este débito no prospera la pretensión de la convocante.

IV. Grupo 3:

En el libelo de la demanda, se clasifican estos débitos como aquellos que gozan de los siguientes denominadores comunes:

a. Que la cuenta debitada aparece relacionada en el oficio de embargo.

b. Que el total del débito no le pertenece ni es de propiedad de la Convocante pues corresponde a recursos del Sistema General de Seguridad en Salud.

c. Que no cumplió con las obligaciones contractuales de:

i. Responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes.

ii. Informar al Juzgado que por tratarse de recursos públicos de FOSYGA de Salud y del Tesoro Público de Pensiones no pertenecen a CAJANAL S.A. EPS, en Liquidación.

iii. Poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de La República.

iv. Informar de manera inmediata a CAJANAL, enviando los soportes respectivos.

v. Conservar y custodiar el dinero depositado

vi. Pagar los intereses pactados

DÉBITO Nº 1 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1879 fechado el 17/11/2000 que obra a folio 331 del cuaderno de pruebas Nº 23, el ordenante Juzgado 3 Civil del Circuito de Popayán, recibido por el Banco el 17/11/2000, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, impartió orden de embargo por valor de $ 900.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EPS SECCIONAL ATLÁNTICO NIT no determinado, en desarrollo del proceso instaurado por LA DROGUERÍA LA 13 a las cuentas corrientes, de ahorros, CDT y CDATS de la entidad.

• El Banco debitó la cuenta # 002-5959-0, ya que el Juzgado no señaló cuenta alguna sino que se limitó a generalizar en cuanto a las cuentas corrientes y de ahorros CDT y CDATS de la entidad, el 17/11/2000 por $ 900.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 23, Folio 330.

Mediante cheque de gerencia 0647997 girado al Banco Agrario de Colombia, por valor de $ 900.000.000.oo, fechado el 17/11/2000 (folio 330 cuaderno de pruebas 23), la convocada dio cumplimiento a la orden de embargo poniendo dicha suma a disposición del Juzgado en cuenta del Banco Agrario de Colombia. Ello lo reconoce la Convocante en el libelo de demanda en los numerales 6.133 a 6.139, por lo tanto ha quedado probado que el Banco acató la orden de embargo del oficio 1879 y procedió a la entrega de los recursos mediante cheque girado a favor del Banco Agrario, entidad autorizada para los depósitos judiciales, título que fue entregado al Juzgado como lo reconoce la Convocante. Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno. Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 900.000.000.oo aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante ni tampoco habrá condena en cuanto a intereses puesto que no hay lugar a ello dadas las fechas del débito y del depósito judicial.

V. Grupo 4:

En el libelo de la demanda, se clasifica este débito como aquel que goza de las siguientes características:

a. Que la cuenta debitada aparece relacionada en el oficio de embargo.

b. Que el Banco efectuó tres débitos a las cuentas bancarias # 002-05959-0, # 002-06611-6 y # 002-06076-2, cuya suma asciende a $ 1.103.895.300.oo.

c. Que el total de débitos no le pertenecen ni son de propiedad de la Convocante pues corresponden a recursos del Sistema General de Seguridad en Salud.

g. Que no cumplió con las obligaciones contractuales de:

i. Responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes.

ii. Informar al Juzgado que por tratarse de recursos públicos de FOSYGA de Salud y del Tesoro Público de Pensiones no pertenecen a CAJANAL S.A. EPS, en Liquidación.

iii. Poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de La República.

iv. informar de manera inmediata a CAJANAL, enviando los soportes respectivos.

v. Conservar y custodiar el dinero depositado.

vi. Pagar los intereses pactados.

DÉBITO 1 

El presente Débito tal como se indica en el dictamen (Página 13) no se encuentra incluido dentro de la controversia por expresa manifestación del apoderado de la parte convocante, donde reconoce que el mismo está fuera del convenio, ya que es un débito practicado en fecha anterior a la suscripción de éste, a saber el 09/11/1999. Por ello el Tribunal se abstendrá de pronunciarse sobre el presente débito.

DÉBITO 2 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 2213 fechado el 06/12/2000, que obra a folio 125 del cuaderno de pruebas Nº 22, el ordenante Juzgado 5 Civil del Circuito de Ibagué, dirigido al Banco de Bogotá, impartió orden de embargo por valor de $ 200.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, NIT no determinado, a las cuentas corrientes o de ahorros de la entidad.

• En el presente caso la cuenta afectada corresponde a una cuenta de Recaudo del Situado Fiscal, la cual no hace parte del Convenio 003, por ende el Tribunal no tiene competencia para conocer de lo actuado sobre dicha cuenta y en tal virtud no prosperará la pretensión referida al mismo.

DÉBITO 3 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 646 fechado el 12/03/2001, que obra a folio 126 del cuaderno de pruebas Nº 22, recibido por el Banco el 22/03/2001, es decir durante la vigencia del Convenio 003, el ordenante, Tribunal Administrativo de la Guajira, dirigido al Banco de Bogotá, ordenó embargo por valor de $ 303.895.300.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, NIT no determinado, a la cuenta # 002-06611-6, en desarrollo del proceso instaurado por la CLÍNICA SAN JUAN S.A.

• El Banco debitó una cuenta cuyo número se encuentra ilegible el 21/03/2001 por $ 303.895.300.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 95.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 303.895.300.oo con fecha 15 de junio de 2002, (folio 141, cuaderno de pruebas 22), el Banco acató la orden de embargo del oficio 646.

Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno. Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 303.895.300.oo aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante. Sin embargo, se condenará al pago de los intereses remuneratorios, es decir, el interés bancario corriente remuneratorio certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia entre el día del débito y el día del depósito judicial, descontados los tres días previstos en la ley procesal, siendo entonces esta diferencia 451–3 = 448. La liquidación se presenta a continuación:

Grupo 4 - Débito Nº 3

Valor del DébitoFechas para el Cálculo de InteresesTasa de Interés Bancario Corriente AplicableTasa de Interés Remuneratoria AplicableFechas para el Cálculo de la Acreditación del ReintegroValor Base de Liquidación de Intereses RemuneratoriosNº DíasFactor de Días a Liquidar InteresesFactor de Valor Intereses CalculadosValor Intereses Calculados
303.895.300,0021/03/200125,11%0,251131/03/2001303.895.300,0070,01944444$ 1,0043655072$ 1.326.657,11
303.895.300,0001/04/200121,03%0,210330/04/2001303.895.300,00300,08333333$ 1,0160328574$ 4.872.310,00
303.895.300,0001/05/200120,00%0,200031/05/2001303.895.300,00310,08611111$ 1,0158238030$ 4.808.779,35
303.895.300,0001/06/200119,96%0,199630/06/2001303.895.300,00300,08333333$ 1,0152812631$ 4.643.904,05
303.895.300,0001/07/200119,97%0,199731/07/2001303.895.300,00310,08611111$ 1,0158019320$ 4.802.132,88
303.895.300,0001/08/200120,01%0,200131/08/2001303.895.300,00310,08611111$ 1,0158310922$ 4.810.994,50
303.895.300,0001/09/200120,18%0,201830/09/2001303.895.300,00300,08333333$ 1,0154362970$ 4.691.018,11
303.895.300,0001/10/200120,30%0,203031/10/2001303.895.300,00310,08611111$ 1,0160422378$ 4.875.160,68
303.895.300,0001/11/200119,76%0,197630/11/2001303.895.300,00300,08333333$ 1,0151400969$ 4.601.004,30
303.895.300,0001/12/200119,69%0,196931/12/2001303.895.300,00310,08611111$ 1,0155975620$ 4.740.025,78
303.895.300,0001/01/200219,64%0,196431/01/2002303.895.300,00310,08611111$ 1,0155610214$ 4.728.921,26
303.895.300,0001/02/200219,78%0,197828/02/2002303.895.300,00280,07777778$ 1,0141368352$ 4.296.117,79
303.895.300,0001/03/200219,49%0,194931/03/2002303.895.300,00310,08611111$ 1,0154513157$ 4.695.582,23
303.895.300,0001/04/200219,81%0,198130/04/2002303.895.300,00300,08333333$ 1,0151754087$ 4.611.735,39
303.895.300,0001/05/200219,89%0,198931/05/2002303.895.300,00310,08611111$ 1,0157435851$ 4.784.401,52
303.895.300,0001/06/200219,20%0,192015/06/2002303.895.300,00150,04166667$ 1,0073448659$ 2.232.070,22
      448  $ 69.520.815,17

VI. Grupo 5:

En el libelo de la demanda, se clasifican estos débitos como aquellos que gozan de los siguientes denominadores comunes:

a. No se conoce el oficio de embargo.

b. Que el Banco efectuó tres débitos a las cuentas bancarias # 002-05959-0, # 002-06611-6 y # 002-07523-2, cuya suma asciende a $ 184.417.449.oo

c. Que el total de débitos no le pertenecen ni son de propiedad de la Convocante pues corresponden a recursos del Sistema General de Seguridad en Salud.

h. Que no cumplió con las obligaciones contractuales de:

i. Responder por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes.

ii. Informar al Juzgado que por tratarse de recursos públicos de FOSYGA de Salud y del Tesoro Público de Pensiones no pertenecen a CAJANAL S.A. EPS, en Liquidación.

iii. Poner en conocimiento este asunto a la Contraloría General de la República.

iv. Informar de manera inmediata a CAJANAL, enviando los soportes respectivos.

v. Conservar y custodiar el dinero depositado.

vi. Pagar los intereses pactados.

DÉBITO 1 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 506 fechado el 14/11/2002, recibido por el Banco el 14/11/2002, que obra a folio 127 del cuaderno de pruebas Nº 22, el ordenante Juzgado Laboral del Circuito de Turbo, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, impartió orden de embargo por valor de $ 20.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL SECCIONAL ANTIOQUIA NIT no determinado, a la cuenta # 002-06611-6, en desarrollo del proceso instaurado por CARLOS ARTURO GARCÉS MEDRANO.

• El Banco debitó la cuenta # 002-06611-6 de la Convocante el 16/12/2002 por $ 20.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 96.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 20.000.000.oo fechado el 17/12/2002 (folio 142, cuaderno de pruebas 22), el Banco acató la orden de embargo del oficio 506.

Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno. Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 20.000.000.oo aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante. Ahora bien como quiera que entre la fecha del débito y la del depósito judicial transcurrió un lapso de tiempo menor de tres días, el proceder del Banco fue ajustado a derecho y por ende no habrá condena alguna respecto de este débito.

DÉBITO 2 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 327 fechado el 02/04/2004, recibido por el Banco el 14/04/2004, que obra a folio 128 del cuaderno de pruebas Nº 22, el ordenante Juzgado 2 Laboral del Circuito de Armenia, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, impartió orden de embargo por valor de $ 9.000.000.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL NIT: 800179570-8, a las cuentas # 002-06611-6, # 002-061133, # 002-05959-0, en desarrollo del proceso instaurado por Yolanda Osorio.

• El Banco debitó la cuenta # 002-06611-6 de la Convocante el 01/07/2004 por $ 9.000.000.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, folio 97.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 9.000.000.oo fechado el 02/07/2004 (folio 143, cuaderno de pruebas 22), el Banco acató la orden de embargo del oficio 327. Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno. Por lo tanto en relación con la devolución de la suma de $ 9.000.000.oo aquí relacionada no prosperará la petición de la Convocante. En cuanto a la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial, no se hará condena alguna pues solo trascurrió un día, por lo cual el Tribunal encuentra que el proceder del Banco estuvo ajustado a derecho.

DÉBITO 3 

El presente Débito corresponde a la orden de embargo que posee las siguientes características:

• Mediante oficio # 1451 fechado el 08/10/2004, recibido por el Banco (14/10/2004), que obra a folio 129 del cuaderno de pruebas Nº 22, el ordenante Juzgado 10 Civil Municipal de Cartagena, dirigido al gerente del Banco de Bogotá, impartió orden de embargo por valor de $ 155.417.449.oo contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL SECCIONAL BOLÍVAR, NIT no determinado, a las cuentas # 063200-159467, 063200-159480, 063159522 y 063200-159534 del Banco Granahorrar, # 800179499-2, 800-113671-1 y 800-179536-7 del Banco Agrario de Colombia Sucursal Can en Bogotá, # 002-07523-2 del Banco de Bogotá y # 1261516536-7 de Bancolombia, ello en desarrollo del proceso instaurado por CLÍNICA CENTRAL DE CARTAGENA.

• El Banco debitó la cuenta # 002-07523-2 de la Convocante el 02/11/2004 por $ 155.417.449.oo según consta en el cuaderno de pruebas Nº 22, Folio 98.

• Mediante depósito judicial por valor de $ 155.417.449.oo fechado el 05/11/2004 (folio 144, cuaderno de pruebas 22), el Banco acató la orden de embargo del oficio 1451.

Es evidente que sobre estos depósitos a disposición del Juzgado, el Banco no tiene responsabilidad alguna ya que están bajo las órdenes del Juzgado y es él quien dispone de ellos sin que al Banco pueda reclamársele accionar alguno. Por lo tanto en relación con la devolución de los $ 155.417.449.oo aquí relacionados no prosperará la petición de la Convocante; en cuanto a la solicitud de reconocimiento de intereses remuneratorios sobre lo debitado por el tiempo transcurrido entre el débito y el depósito judicial, no se proferirá condena alguna como quiera que entre las dos fechas solo trascurrieron tres días, con lo cual el Tribunal encuentra que el proceder del Banco estuvo ajustado a derecho.

CAPÍTULO QUINTO

COSTAS

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las agencias en derecho, definidas como “los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso” (Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, Art. 2º).

Entendido lo anterior, teniendo en cuenta que en el presente caso prosperan parcialmente las pretensiones objeto de la demanda, y ala vez prosperan parcialmente las excepciones formuladas por la parte convocada, cotejando el importe de los beneficios procesales obtenidos por cada una de las partes, al igual que el sentido general de la decisión del litigio contenida en el presente laudo, el Tribunal no hará condena en costas.

Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida “Protocolización, registro y otros”, se ordenará su devolución si a ello hubiera lugar. En el evento de que la suma disponible a la fecha no resulte suficiente para cubrir los gastos de protocolización del expediente, que debe ordenarse en el laudo, el valor faltante deberá ser sufragado por las partes en las proporciones indicadas.

CAPÍTULO SEXTO

DECISIÓN

Por las razones expuestas en las consideraciones precedentes, el Tribunal de Arbitramento conformado para resolver en derecho las controversias suscitadas entre CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN y BANCO DE BOGOTÁ S.A., con el voto unánime de sus miembros, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. Declarar que el Tribunal carece de competencia para conocer de las diferencias surgidas entre las partes con relación a la Cuenta Nº 002-06076-2.

SEGUNDO. Declarar parcialmente probadas las excepciones denominadas: i) Incompetencia del Tribunal para juzgar la responsabilidad contractual del Banco de Bogotá, en relación con cuentas que no hicieron parte del Convenio Nº 03 de 2000; ii) Cumplimiento contractual por parte del Banco de Bogotá e incumplimiento de la entidad convocante; iii) Fuerza Mayor, Cumplimiento de órdenes emanadas de autoridad judicial. iv) Diligencia debida y buena fe del Banco; v) Inexistencia del daño, enriquecimiento injusto y sin causa de Cajanal; vi) Ausencia de relación de causalidad entre el supuesto daño sufrido por Cajanal y la Conducta del Banco de Bogotá.

TERCERO. Desestimar las demás excepciones formuladas por el Banco de Bogotá.

CUARTO. Declarar que no prosperan las pretensiones primera a quinta de la demanda principal.

QUINTO. Declarar que respecto de los débitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 y 14 del Grupo Cero; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 16 y 17 del Grupo uno, y 3 del Grupo 4, el Banco de Bogotá S.A. es civilmente responsable por las acciones y omisiones en que incurrió, con lo cual prospera parcialmente la pretensión séptima subsidiaria, totalmente la pretensión sexta literal a), y parcialmente la pretensión sexta literales b), ii), iv) v) y vii) de la demanda.

SEXTO. Declarar que respecto de los restantes débitos no prosperan las pretensiones contenidas en el numeral sexto del capítulo del petitum de la demanda.

SÉPTIMO. En consecuencia de lo dispuesto en el numeral quinto anterior, condenar al BANCO DE BOGOTÁ S.A. a pagar a favor de CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN por concepto de indemnización por las acciones y omisiones en que incurrió respecto de los débitos que se enuncian a continuación, las cuantías especificadas respecto de cada uno de ellos así:

Grupo 0RestitucionesInteresesTotal
Débito 1-2.935.020,062.935.020,06
Débito 2-11.777.667,3611.777.667,36
Débito 3-23.411.932,7123.411.932,71
Debito 4 Reintegro 1-1.182.319,561.182.319,56
Debito 4 Reintegro 2-349.677,46349.677,46
Debito 4 Reintegro 3-8.954.286,208.954.286,20
Debito 4 Reintegro 4-9.601.934,489.601.934,48
Debito 4 Reintegro 5-4.869.748,304.869.748,30
Debito5 Reintegro 6-2.126.771,622.126.771,62
Débito 4 Reintegro 7-1.147.783.536,081.147.783.536,08
Débito 4 Restitución684.203.875,73570.337.213,691.254.541.089,42
Débito 5-10.463.887,8510.463.887,85
Débito 6-48.669.245,8348.669.245,83
Débito 7-100.842.880,96100.842.880,96
Débito 8-114.900.486,23114.900.486,23
Débito 9-3.841.906,963.841.906,96
Débito 10-2.470.269,422.470.269,42
Débito 11-7.260.468,897.260.468,89
Débito 12-20.911.790,0920.911.790,09
Débito 13---
Débito 14-8.119.891,568.119.891,56
TOTALES684.203.875,732.100.810.935,302.785.014.811,03

Grupo 1RestitucionesInteresesTotal
Débito 15.942.000,004.953.119,7410.895.119,74
Débito 2-4.880.843,414.880.843,41
Débito 3-10.407.056,7610.407.056,76
Débito 4-18.065.423,7118.065.423,71
Débito 58.000.000,006.628.193,7314.628.193,73
Débito 6-45.121.928,3545.121.928,35
Débito 7-2.881.042,382.881.042,38
Débito 8-36.013.029,7136.013.029,71
Débito 9-65.297.164,9565.297.164,95
Débito 10-406.063,69406.063,69
Débito 11-1.134.166,201.134.166,20
Débito 12-81.212,7481.212,74
Débito 14-593.609,95593.609,95
Débito 16-84.110,4884.110,48
Débito 17-783.227,25783.227,25
TOTALES13.942.000,00197.330.193,06211.272.193,06

Grupo 4RestitucionesInteresesTotal
Débito 3-69.520.815,1769.520.815,17
TOTALES-69.520.815,1769.520.815,17

TOTALES---
Gran Total698.145.875,732.367.661.943,533.065.807.819,26

OCTAVO. Declarar no probada la objeción por error grave formulada por la parte convocada respecto del dictamen pericial rendido dentro del presente trámite arbitral, y en consecuencia ordenar que se proceda al pago de los honorarios fijados en un plazo no mayor de tres días contados a partir de la fecha de este Laudo.

NOVENO. Sobre las sumas señaladas en el numeral quinto anterior, se pagarán intereses a la tasa moratoria máxima legal a partir de los cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo.

DÉCIMO. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas de la presente providencia con destino a las partes con las constancias de ley y copia simple para el archivo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

DÉCIMO PRIMERO. En los términos de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por Secretaría procédase a la entrega del expediente a dicho Centro para efectos de su archivo.

Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil ocho (2008).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Cristian Mosquera Casas, presidente—Fernando Romero Velasco, árbitro—Germán Tabares Cardona, árbitro. 

Gabriela Monroy Torres, secretaria. 

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