Tribunal de Arbitramento

Chevron Petroleum Company

v.

Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño

Septiembre 16 de 2008

LAUDO ARBITRAL

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil ocho (2008).

El Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir en derecho las controversias jurídicas suscitadas entre CHEVRON PETROLEUM COMPANY y MARINA FANDIÑO DE RUBIO Y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, profiere el presente laudo arbitral después de haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales previstas en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1990 y en el Código de Procedimiento Civil, con lo cual decide el conflicto planteado en la demanda y en la contestación.

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES

1. Partes y representantes.

La parte convocante en el presente proceso es la sociedad CHEVRON PETROLEUM COMPANY. Se encuentra legalmente representada por Sandra Alturo García, representante legal, condición que consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, obrante a folios 25 a 61 del cuaderno principal Nº 1. Su apoderado judicial es el Doctor Camilo Vargas Jácome, a quien se le reconoció personería para actuar en el presente proceso, de conformidad con el poder obrante a folio 24 del mismo cuaderno principal.

La parte convocada está compuesta por:

1) La señora MARINA FANDIÑO DE RUBIO, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, quien comparece a este proceso en nombre propio, y otorgó poder para la actuación judicial al doctor Leonardo Beltrán Rico, según escrito que obra a folios 327 y 328 del Cuaderno Principal Nº 1.

2) El señor CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, quien comparece a este proceso en nombre propio, y otorgó poder para la actuación judicial al doctor Leonardo Beltrán Rico, según escrito que obra a folios 327, 328 y 444 del Cuaderno Principal Nº 1.

2. El pacto arbitral.

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra contenido en la cláusula décima del acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes el 20 de octubre de 2003 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. La cláusula compromisoria en cita es del siguiente tenor:

“Las partes acuerdan que todas las diferencias que surjan con motivo del cumplimiento del presente acuerdo conciliatorio, así como de los contratos referidos en los hechos, objeto de modificación con el presente acuerdo, serán resueltas de conformidad con el contrato de compromiso contenido en la presente acta de conciliación, que se adopta en los siguientes términos: a) El Tribunal estará integrado por tres árbitros designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no fuera posible su designación de común acuerdo, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes. b) El Tribunal decidirá en derecho”(1).

3. Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros y etapa introductoria del proceso.

La integración del Tribunal de Arbitramento convocado, se desarrolló de la siguiente manera:

La demanda arbitral fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Comercio de Bogotá el 21 de noviembre de 2005 y se fundamenta en la cláusula compromisoria contenida del acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes el 20 de octubre de 2003.

En audiencia celebrada el día 2 de diciembre de 2005 en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá no fue posible realizar la designación de los árbitros de común acuerdo, por cuanto no se encontraban presentes todas las partes, ya que solo asistieron el doctor Camilo Vargas Jácome, en representación de la parte convocante y el señor Carlos Guillermo Rubio Fandiño, parte convocada. Por esta razón la parte convocante solicitó a dicho Centro que procediera a la designación de los árbitros.

Teniendo en cuenta la anterior solicitud, el Centro de Arbitraje procedió a realizar el sorteo público de designación de árbitros, seleccionando como árbitros principales a los doctores Carlos Esteban Jaramillo, Cristian Mosquera Casas y Antonio Pabón Santander, y como suplentes numéricos a los doctores Aurelio Martínez Canabal, Olimpo Morales Benítez y Harold Penagos.

Los doctores Cristian Mosquera Casas y Antonio Pabón Santander, aceptaron sus nombramientos en la debida oportunidad, en tanto que el doctor Carlos Esteban Jaramillo manifestó que no le era posible aceptar, motivo por el cual se procedió a notificar al suplente numérico, doctor Aurelio Martínez Canabal, quien aceptó su designación en la debida oportunidad.

El 12 de enero de 2006, el señor apoderado de la parte convocante, presentó escrito de sustitución de la demanda(2).

El 8 de febrero de 2006, se llevó a cabo la audiencia de instalación, en la cual, mediante Auto Nº 1 (Acta Nº 1), el Tribunal se declaró legalmente instalado, designó como Presidente al doctor Cristian Mosquera Casas y nombró como Secretaria a la doctora Gabriela Monroy Torres, quien posteriormente aceptó la designación y tomó posesión de su cargo ante el Presidente del Tribunal. Adicionalmente admitió la demanda, ordenó correr el traslado correspondiente a la parte convocada y dispuso que por Secretaría se notificara el contenido del Auto Nº 1, de conformidad con lo previsto en el artículo 315 del CPC(3).

El 8 de junio de 2006 se surtió la notificación del auto admisorio de la demanda sustituída a la parte convocada.

El 23 de junio de 2006, la parte convocada integrada por los señores MARINA FANDIÑO DE RUBIO y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, contestó en un solo escrito la demanda arbitral(4).

El 29 de junio de 2006 mediante fijación en lista se corrió traslado a las parte convocante de las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda arbitral.

El 5 de julio de 2006, la parte convocante se pronunció respecto del traslado de las excepciones propuestas por la parte convocada en la contestación de la demanda arbitral.

El día 7 de julio de 2006, la parte convocante radicó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, un escrito de reforma de la demanda, en el que vincula a una persona adicional como parte convocada, introduce nuevos hechos, nuevas pretensiones y solicita la práctica de pruebas adicionales. Sin embargo, el 14 de julio de 2006, en fecha previa a la admisión de dicha reforma de demanda, la parte convocante presentó otro escrito de reforma de demanda(5) anunciando que el mismo reemplazaba aquel presentado el 7 de julio de 2006.

La demanda reformada en la que se vinculaba como convocado adicional al señor Fernando Arturo Rubio Fandiño fue admitida por el Tribunal en auto Nº 4 proferido el 17 de julio de 2006, en el que adicionalmente se ordenó la notificación personal y el traslado correspondiente al nuevo convocado.

El 21 de julio de 2006, el señor apoderado de la parte convocada presentó un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda reformada contenido en el numeral segundo del Auto Nº 4 proferido el 17 de julio de 2006. De tal recurso se corrió traslado a la parte convocante quien en tal virtud se pronunció en la debida oportunidad. El Tribunal, por Auto Nº 5 (Acta Nº 5), confirmó en su totalidad el contenido del Auto Nº 4 recurrido, decisión que fue notificada a las partes.

El 9 de de agosto de 2006, el apoderado de los señores MARINA FANDIÑO DE RUBIO y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, presentó un escrito en el que solicitó “la nulidad del acta procesal de notificación de la providencia preferida por el Honorable Tribunal de Arbitramento el día 17 de julio de 2006, contenida en el Acta Nº 4 de tal fecha así como también la declaratoria de la nulidad de los demás actos que le sucedieron”. Del mencionado escrito se corrió traslado a la parte convocante, de conformidad a lo previsto en el inciso 5º del artículo 142 del CPC, traslado que fue descorrido oportunamente el 22 de agosto de 2006. El Tribunal, por Auto Nº 6 (Acta Nº 6), resolvió “no acceder a la solicitud de declaratoria de nulidad formulada por la parte convocada MARINA FANDIÑO DE RUBIO y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO”.

La notificación de la demanda y el traslado correspondiente al señor Fernando Arturo Rubio Fandiño se surtió el 8 de septiembre de 2006.

El 13 de septiembre de 2006, estando por fuera del término, el señor apoderado de la parte convocada integrada por los señores MARINA FANDIÑO DE RUBIO Y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, presentó un escrito en el que se pronunció sobre la demanda reformada.

En esa misma fecha, estando dentro del término, la parte convocada, FERNANDO ARTURO RUBIO FANDIÑO, actuando mediante apoderado presentó recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Del recurso de reposición se corrió traslado a las partes quienes dentro del término se pronunciaron sobre el mismo.

El Tribunal, mediante Auto Nº 8 (Acta Nº 7) se pronunció respecto del Auto recurrido y resolvió “Revocar el numeral segundo del auto Nº 4 proferido el 17 de julio de 2006, y en consecuencia inadmitir la reforma de la demanda formulada por la parte convocante, otorgándole el plazo de cinco días para que subsane los defectos a los se ha hecho alusión en la parte motiva de este auto”. La anterior decisión contó con salvamento de voto del árbitro doctor Antonio Pabón Santander y fue notificada a las partes mediante estado fijado el 9 de marzo de 2007.

El 14 de marzo de 2007, el apoderado del señor FERNANDO ARTURO RUBIO FANDIÑO, presentó una solicitud de complementación y adición del Auto Nº 8. En la misma fecha, el apoderado de la parte convocante presentó recurso de reposición contra el Auto Nº 8 y en subsidio una solicitud de aclaración del mismo. Del recurso de reposición se corrió traslado a las partes quienes dentro del término emitieron su pronunciamiento.

El Tribunal, mediante Auto Nº 9 (Acta Nº 8), resolvió no dar trámite al recurso de reposición presentado por la parte convocante contra el auto Nº 8, por considerarlo improcedente, y adicionalmente, decidió “revocar el numeral 1º del Auto 8 y en su lugar admitir la reforma de la demanda formulada por la parte convocante únicamente en cuanto a los demandados iniciales: Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño”. De igual forma complementó el Auto Nº 8 adicionando el numeral tercero con el siguiente texto “Rechazar, por falta de competencia, la reforma de la demanda presentada por la parte convocante, en lo que tiene que ver con las pretensiones formuladas contra el señor FERNANDO RUBIO FANDIÑO”. La anterior decisión contó con salvamento de voto del árbitro doctor Antonio Pabón Santander y fue notificada a las partes mediante estado fijado el 6 de junio de 2007.

El 6 de julio de 2007, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual se declaró fracasada por no haberse logrado acuerdo entre las partes. En tal oportunidad, mediante Auto Nº 13 el Tribunal procedió a fijar la suma de gastos y honorarios del trámite arbitral, monto que fue pagado en su totalidad por la parte convocante.

Mediante memorial presentado el día 19 de julio de 2007, el señor apoderado de la parte Convocante, manifestó su desistimiento exclusivamente respecto de las pretensiones formuladas contra CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO en relación con la Estación de Servicio Texaco Bosa Carbonel, y anunció que las mismas “se debatirán en otro tribunal arbitral al que convocará igualmente al Sr. Fernando Rubio Fandiño”. Adicionalmente precisó que “Lo anterior significa que el proceso arbitral continuará contra el Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño como inicialmente se promovió, relacionado con la estación de servicio Texaco San Blas”(6).

En consecuencia del anterior desistimiento, el 27 de agosto de 2007, mediante Auto Nº 16 (Acta Nº 13) el Tribunal modificó el monto de gastos y honorarios que previamente había sido fijado para el trámite arbitral, disminuyéndolo en razón del desistimiento formulado. Así mismo se procedió a la devolución a la parte convocada, de las sumas sobrantes en virtud de tal disminución.

4. Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y alegaciones finales.

4.1. El día 27 de agosto de 2007 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite (Folios 44 a 54 del Cuaderno Principal Nº 3), en la que, luego de dar lectura al pacto arbitral y a las cuestiones sometidas a arbitraje, el Tribunal, mediante auto Nº 16, asumió competencia para tramitar y decidir el litigio sometido a su conocimiento. En tal oportunidad el señor apoderado de la parte convocada interpuso recurso de reposición contra tal providencia, motivo por el cual la audiencia fue suspendida para continuarla el 14 de septiembre de 2008. En tal fecha se procedió a resolver el recurso de reposición interpuesto contra el auto de competencia y mediante Auto Nº 18, el Tribunal confirmó en todas sus partes la providencia recurrida. En esa misma audiencia, siguiendo el trámite previsto en la Ley, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes en la demanda arbitral , en la contestación y en la demanda reformada, las cuales se practicaron de la siguiente manera:

4.1.1. El 18 de septiembre de 2007 se recibieron los testimonios de los señores SANTIAGO MACHADO, CARMELO TORRES HERNÁNDEZ, LUIS CARLOS VARÓN, MAURICIO OCAMPO SIERRA y GERMÁN DÍAZ BARRAGÁN. De las correspondientes trascripciones que fueron elaboradas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se corrió traslado a las partes en virtud de lo previsto por el artículo 109 del C. de P.C. y las mismas se incorporaron al expediente(7).

4.1.2. El 24 de septiembre de 2007 se recibieron los testimonios de los señores RODRIGO FERNANDO CASTELLANOS, BELISARIO HERNÁNDEZ y MARINA GARZÓN. Las transcripciones de tales declaraciones fueron entregadas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente(8), luego de haber sido puestas en conocimiento de las partes en virtud de lo previsto por el artículo 109 del C. de P.C.

4.1.3. El 26 de octubre de 2007, se practicó en la Estación de Servicio Texaco San Blas, ubicada en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, (hoy Carrera 3 Este Nº 20-18 Sur), Barrio San Blas, la diligencia de inspección judicial con la intervención de los señores peritos Gloria Zady Correa Palacio y Adán Polo Coca quien actuó en representación del Grupo de Hidrocarburos de la DIJIN, prueba que fue solicitada por la parte convocante. En dicha diligencia se procedió a tomar muestras del combustible que se encontraba depositado en todos y cada uno de los tanques y en los surtidores de la estación de servicio. Adicionalmente se verificaron los productos que se tenían a la venta en la estación (combustibles, lubricantes, y demás elementos para vehículos), la marca de los mismos, el número de surtidores de combustible, su estado, las condiciones de seguridad, higiene, publicidad, la operación de la estación, al igual que la destinación que se le daba a los equipos de propiedad de la demandante entregados a los demandados a título de comodato, según la TPC – 288, denominada “Transferencia de Equipos”. Adicionalmente se solicitó que se pusieran a disposición los libros de comercio completos de la estación, (establecimiento de comercio), con el fin de determinartodas las operaciones de abastecimiento de los bienes comercializados, incluidos lubricantes y combustibles.

4.1.4. El 20 de noviembre de 2007 se recibieron los dos dictámenes decretados por el Tribunal a saber:

• El dictamen pericial rendido por la señora GLORIA ZADY CORREA PALACIO, perito designada por el Tribunal, del cual se corrió traslado a las partes de conformidad con el artículo 238 del C. de P.C. Estando dentro del término del traslado, ninguna de las partes se pronunció al respecto(9).

• El dictamen pericial rendido por el Grupo de Hidrocarburos de la DIJIN, perito designado por el Tribunal, del cual se corrió traslado a las partes de conformidad con el artículo 238 del C. de P.C. Estando dentro del término del traslado, la parte convocante solicitó aclaraciones y complementaciones al mismo, las cuales fueron rendidas en tiempo por el señor perito(10).

4.1.5. El 14 de febrero de 2008 se recibió la declaración de parte del señor CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO. La trascripción correspondiente fue entregada por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporó al expediente(11), luego de haber sido puesta en conocimiento de las partes en virtud de lo previsto por el artículo 109 del C. de P.C.

4.1.6. La parte convocante desistió de la práctica del testimonio de los señores Germán Duque Morales, Julián Ruiz, del propietario del Vehículo de Placas SDK 706, así como de la declaración de parte de la señora MARINA FANDIÑO DE RUBIO. Por su parte, el señor apoderado de la parte convocada desistió de la práctica de los testimonio de los señores Germán Rubio Jiménez, Fernando Rojas Riveros y Jorge Aguilar.

4.1.7. De igual forma, el Tribunal ordenó que por Secretaría se libraran los siguientes oficios de los cuales se obtuvo oportunamente respuesta:

• Ministerio de Minas y Energía

• Secretaría de Tránsito y Transporte

• Banco de la República

• Superintendencia Financiera

• Green Oil de Colombia Limitada

• Juzgado 4 Civil del Circuito de Bogotá

• Presidente y al Director de Distribución de Combustibles Exxon Mobil de Colombia S.A.

• Presidente y al Director de Distribución de Combustibles de la Planta Mansilla de Brío de Colombia S.A.

• Banco Agrario de Colombia

• Departamento de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá

• Esso Mobil de Colombia

• Juzgado 68 Civil Municipal de Bogotá

• Juzgado 18 Civil Municipal de Bogotá

La parte convocante desistió del envío del oficio a Leasing Andina S.A.

4.2. Mediante Auto Nº 29 de fecha 28 de febrero de 2008, el Tribunal señaló fecha y hora para la audiencia de alegaciones, por encontrar que todas las pruebas decretadas por iniciativa de las partes fueron practicadas en forma oportuna. En consecuencia, el día 31 de marzo de 2008 a las 3:00 p.m., las partes alegaron de conclusión en forma oral y los resúmenes escritos de sus alegaciones obran a folios 356 326 a 418 del Cuaderno Principal Nº 3 del expediente. En esa misma oportunidad, el Tribunal fijó fecha para la audiencia de lectura del presente laudo arbitral.

5. Término de duración del proceso.

El término de duración del presente proceso es de seis meses por mandato del artículo 103 del Decreto 2651 de 1991 y comoquiera que las partes no pactaron nada distinto al respecto. Su cómputo inicia a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite el 14 de septiembre de 2007, con lo cual el término de seis meses previsto en la ley vencería el 14 de marzo de 2008. Sin embargo a dicho término, por mandato de la norma en mención, deben adicionarse los siguientes días durante los cuales el proceso estuvo suspendido por solicitud expresa de las partes:

Auto que la decretóFechas que comprende la suspensiónDías hábiles suspendidos
Auto Nº 20, Acta Nº 16Septiembre 25 a octubre 25 de 2007 (ambas fechas inclusive)22
Auto Nº 24, Acta Nº 17Octubre 27 a noviembre 21 de 2007 (ambas fechas inclusive)16
Auto Nº 25, Acta Nº 18Diciembre 1º de 2007 a enero 27 de 2008 (ambas fechas inclusive)37
Auto Nº 29, Acta Nº 22Febrero 29 a marzo 30 de 2008 (ambas fechas inclusive)19
Auto Nº 30, Acta Nº 23Abril 1º a mayo 14 de 2008 (ambas fechas inclusive)31
TOTAL 125

En consecuencia, al sumarle 124 días hábiles durante los cuales el proceso ha estado suspendido, el término vence el 19 de septiembre de 2008.

Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro del término consagrado en la ley.

CAPÍTULO SEGUNDO

LA CONTROVERSIA

- Las pretensiones de la demanda

Mediante escrito radicado el 14 de julio de 2006, la parte convocante reformó la demanda arbitral formulando las siguientes pretensiones:

“II.1. PRETENSIONES RELACIONADAS CON LA ESTACIÓN TEXACO SAN BLAS

II.1.1. PRETENSIONES PRINCIPALES

“1. Se declare que entre Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, de una parte, y de la otra Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño se configuró y existe en la actualidad una operación mercantil compuesta por los siguientes negocios jurídicos:

“1.1. Contrato de arrendamiento sobre un lote de terreno junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones, mejoras y dependencias, ubicado en esta ciudad en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, celebrado entre Marina Fandiño de Rubio como arrendadora, y Texas Petroleum Company, (hoy Chevron Petroleum Company), como arrendataria, contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá y por un plazo de veinte años”.

“1.2. Contrato de arrendamiento titulado de subarriendo, (o cualquier otra denominación que se le quiera dar), fechado 1 de febrero de 1999, modificado mediante otrosí Nº 1 del 12 de diciembre de 2003, en virtud del cual Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, obrando como arrendadora, entregó a título de arrendamiento a Marina Fandiño de Rubio y a Carlos Guillermo Rubio Fandiño, obrando como arrendataria y coarrendatario, respectivamente, la estación de servicio San Blas, (establecimiento de comercio), localizada sobre un lote de terreno, dado en arrendamiento a aquella mediante Escritura pública Nº 1766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá, canon de arrendamiento de cien mil pesos mensuales ($ 100,000.00) a pagarse dentro de los primeros cinco días de cada mes, precio reajustable anualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor”.

“2. Que, guardando concordancia con lo solicitado en el numeral anterior, se declare la existencia de los contratos a los que se refiere dicho acápite, en los que son partes Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company y Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño”.

“3. Que se declare la existencia del acuerdo conciliatorio al que se llegó en sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el día 20 de octubre de 2003”.

“4. Que se declare que el acuerdo conciliatorio al que se llegó en sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el día 20 de octubre de 2003 dejó incólumes los términos de los contratos a los que se refiere el numeral 1º del presente capítulo en cuanto no fueron objeto de modificación en el acuerdo conciliatorio”.

“5. Que se declare que el Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño es solidariamente responsable con la Sra. Marina Fandiño de Rubio de todas y cada una de las obligaciones emanadas de los contratos a los que se refiere el numeral 1º del presente capítulo y de las emanadas del acuerdo conciliatorio al que se llegó en sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el día 20 de octubre de 2003, respecto de la estación de Servicio Texaco San Blas”.

“6. Que se declare que los Sres. Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño han incumplido las obligaciones emanadas de toda la operación mercantil a la que se refiere el numeral 1º del presente capítulo, especialmente, más no únicamente, las siguientes:

“6.1. Aquellas relacionadas con los volúmenes de combustible y lubricante que se obligaron a adquirir de la sociedad demandante”.

“6.2. La obligación de comprar, vender y comercializar exclusivamente productos marca TEXACO para y en la estación de servicio San Blas, respectivamente”.

“6.3. El pago de los cánones de arrendamiento emanados del contrato de subarriendo de la estación de servicio San Blas y causados desde el 20 de octubre de 2003”.

“6.4. La obligación de no ceder o traspasar total o parcialmente el contrato de subarriendo suscrito el 1º de febrero de 1999, ni dar participación a terceros o subarrendar la estación, conforme lo establece la cláusula décima cuarta del mencionado contrato”.

“7. Que como consecuencia de la declaración anterior, se decrete la resolución únicamente del contrato de arrendamiento titulado de subarriendo, (o cualquier otra denominación que se le quiera dar), fechado 1 de febrero de 1999 y modificado mediante otrosí Nº 1 del 12 de diciembre de 2003, en virtud del cual Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, obrando como arrendadora, entregó a título de arrendamiento a Marina Fandiño de Rubio y a Carlos Guillermo Rubio Fandiño, obrando como arrendataria y coarrendatario, respectivamente, la estación de servicio San Blas, (establecimiento de comercio) , localizada sobre un lote de terreno, dado en arrendamiento a aquella mediante Escritura pública Nº 1766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá, canon de arrendamiento de cien mil pesos mensuales ($ 100,000.00) a pagarse dentro de los primeros cinco días de cada mes, precio reajustable anualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor”.

“8. Que se decrete la supervivencia y vigencia del contrato de arrendamiento existente sobre el lote de terreno , (inmueble), junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones, mejoras y dependencias, ubicado en esta ciudad en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, celebrado entre Marina Fandiño de Rubio como arrendadora, y Texas Petroleum Company, (hoy Chevron Petroleum Company), como arrendataria, contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá y por un plazo de veinte años, posteriormente prorrogados”.

“9. Que como consecuencia de la declaración anterior se ordene a la parte demandada dar estricto cumplimiento al contrato de arrendamiento existente sobre el lote de terreno , junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones, mejoras y dependencias, ubicado en esta ciudad en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, celebrado entre Marina Fandiño de Rubio como arrendadora, y Texas Petroleum Company, (hoy Chevron Petroleum Company), como arrendataria, contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá”.

“10. Que como consecuencia de las declaraciones a las que se refieren los numerales 6º, 7º y 8º del presente acápite, se condene a los demandados solidariamente a restituir a Chevron Petroleum Company l a estación de servicio TEXACO San Blas , (establecimiento de comercio, conformado por los bienes muebles e instalaciones y en general por los bienes a los que alude el art. 518 del Código de Comercio), implementada y situada en el lote de terreno ubicado en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, así como de todos y cada uno de los bienes de su propiedad y entregados a los demandados en virtud de contrato denominado de subarriendo, suscrito el 1º de febrero de 1999, modificado mediante otrosí Nº 1 del 12 de diciembre de 2003, y originalmente a aquellos entregados a título de comodato, (contrato posteriormente sustituido or el denominado de subarriendo anteriormente referido), y los cuales se encuentran discriminados en la forma TPC – 288, denominada “Transferencia de Equipos”, y en cualquier otra forma que la complemente, sustituya o reemplace”.

“11. Que como consecuencia de todas las declaraciones anteriores, se condene a los demandados solidariamente a cancelar a favor de mi mandante, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se profiera el laudo, las siguientes sumas de dinero por los siguientes conceptos:

“11.1. A título de multa originada en el incumplimiento en la obligación de adquirir volúmenes mensuales de combustibles y lubricantes, pactada en la cláusula octava del contrato denominado de subarriendo fechado el 1º de febrero de 1999, una suma equivalente al volumen inmediatamente dejado de comprar multiplicado por el margen establecido de gasolina motor corriente en resolución vigente a la fecha del incumplimiento, es decir, la suma de $ 13´372.100.oo, (correspondiente al mes de noviembre de 2003)”.

“11.2. A título de indemnización de daños materiales:

“11.2.1. La suma de $ 354´727.800.oo por concepto del valor dejado de percibir por la demandante conforme a los márgenes de utilidad correspondientes a los volúmenes de combustible dejados de comprar desde el 20 de octubre de 2003 hasta el mes de noviembre de 2005”.

“11.2.2 La suma de $ 51´121.000.oo por concepto del valor dejado de percibir por la demandante conforme a los márgenes de utilidad correspondientes al valor de los volúmenes de lubricante dejados de comprar desde el 20 de octubre de 2003 hasta el mes de noviembre de 2005”.

“11.2.3. La suma de $ 13´986.000.oo por concepto de los cánones de arrendamiento que sobre la estación de servicio Texaco San Blas han dejado de cancelar los demandados desde el 20 de octubre de 2003 hasta el mes de noviembre de 2005”.

“11.2.4. Conforme lo dispone el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, solicito que las condenas reclamadas en los numerales anteriores se extiendan a aquellas sumas de dinero que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta finalizar el proceso”.

“11.2.5. Que las sumas de dinero a las que se refieren los numerales anteriores generen intereses de mora a la máxima tasa permitida desde la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda arbitral conforme lo dispone el art. 90 del Código de Procedimiento Civil”.

“II.1.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

“1. Se declare que entre Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, de una parte, y de la otra Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño se configuró y existe en la actualidad una operación mercantil compuesta por los siguientes negocios jurídicos:

“1.1. Contrato de arrendamiento sobre un lote de terreno junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones, mejoras y dependencias, ubicado en esta ciudad en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, celebrado entre Marina Fandiño de Rubio como arrendadora, y Texas Petroleum Company, (hoy Chevron Petroleum Company), como arrendataria, contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá y por un plazo de veinte años”.

“1.2. Contrato de arrendamiento titulado de subarriendo, (o cualquier otra denominación que se le quiera dar), fechado 1º de febrero de 1999, modificado mediante otrosí Nº 1 del 12 de diciembre de 2003, en virtud del cual Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, obrando como arrendadora, entregó a título de arrendamiento a Marina Fandiño de Rubio y a Carlos Guillermo Rubio Fandiño, obrando como arrendataria y coarrendatario, respectivamente, la estación de servicio San Blas, (establecimiento de comercio) , localizada sobre un lote de terreno, dado en arrendamiento a aquella mediante Escritura pública Nº 1766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá, canon de arrendamiento de cien mil pesos mensuales ($ 100,000.00) a pagarse dentro de los primeros cinco días de cada mes, precio reajustable anualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor”.

“2. Que, guardando concordancia con lo solicitado en el numeral anterior, se declare la existencia de todos y cada uno de los contratos a los que se refiere dicho acápite, en los que son partes Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company y Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño”.

“3. Que se declare la existencia del acuerdo conciliatorio al que se llegó en sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el día 20 de octubre de 2003”.

“4. Que se declare que el acuerdo conciliatorio al que se llegó en sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el día 20 de octubre de 2003 dejó incólumes los términos de los contratos a los que se refiere el numeral 1º del presente capítulo en cuanto no fueron objeto de modificación en el acuerdo conciliatorio”.

“5. Que se declare que el Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño es solidariamente responsable con la Sra. Marina Fandiño de Rubio de todas y cada una de las obligaciones emanadas de los contratos a los que se refiere el numeral 1º del presente capítulo y de las emanadas del acuerdo conciliatorio al que se llegó en sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el día 20 de octubre de 2003, respecto de la estación de Servicio Texaco San Blas”.

“6. Que se declare que los Sres. Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño han incumplido las obligaciones emanadas de toda la operación mercantil a la que se refiere el numeral 1º del presente capítulo, especialmente, mas no únicamente, las siguientes:

“6.1. Aquellas relacionadas con los volúmenes de combustible y lubricante que se obligaron a adquirir de la sociedad demandante y

“6.2. La obligación de comprar, vender y comercializar exclusivamente productos marca TEXACO para y en la estación de servicio San Blas, respectivamente”.

“6.3. El pago de los cánones de arrendamiento emanados del contrato de subarriendo de la estación de servicio San Blas y causados desde el 20 de octubre de 2003”.

“6.4. La obligación de no ceder o traspasar total o parcialmente el contrato de subarriendo suscrito el 1º de febrero de 1999, ni dar participación a terceros o subarrendar la estación, conforme lo establece la cláusula décima cuarta del mencionado contrato.2(sic)

“7. Que como consecuencia de la declaración anterior, se decrete la resolución de la operación mercantil que se configuró y existe entre Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, de una parte, y de la otra Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño, operación mercantil compuesta por los siguientes negocios jurídicos:

“7.1. Contrato de arrendamiento sobre un lote de terreno junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones, mejoras y dependencias, ubicado en esta ciudad en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad)con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, celebrado entre Marina Fandiño de Rubio como arrendadora, y Texas Petroleum Company, (hoy Chevron Texaco Petroleum Company), como arrendataria, contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá y por un plazo de veinte años”.

“7.2. Contrato de arrendamiento titulado de subarriendo, (o cualquier otra denominación que se le quiera dar), fechado 1º de febrero de 1999 y modificado mediante otrosí Nº 1 del 12 de diciembre de 2003, en virtud del cual Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, obrando como arrendadora, entregó a título de arrendamiento a Marina Fandiño de Rubio y a Carlos Guillermo Rubio Fandiño, obrando como arrendataria y coarrendatario, respectivamente, la estación de servicio San Blas, (establecimiento de comercio), localizada sobre un lote de terreno, dado en arrendamiento a aquella mediante Escritura pública Nº 1766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá, canon de arrendamiento de cien mil pesos mensuales ($ 100,000.00) a pagarse dentro de los primeros cinco días de cada mes, precio reajustable anualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor”.

“8. Que como consecuencia de la pretensión anterior, y en concordancia con la misma, se decrete la resolución por incumplimiento de los siguientes contratos:

“8.1. Contrato de arrendamiento sobre un lote de terreno junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones, mejoras y dependencias, ubicado en esta ciudad en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, celebrado entre Marina Fandiño de Rubio como arrendadora, y Texas Petroleum Company, (hoy Chevron Texaco Petroleum Company), como arrendataria, contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá y por un plazo de veinte años”.

“8.2. Contrato de arrendamiento titulado de subarriendo, (o cualquier otra denominación que se le quiera dar), fechado 1º de febrero de 1999 en virtud del cual Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, obrando como arrendadora, entregó a título de arrendamiento a Marina Fandiño de Rubio y a Carlos Guillermo Rubio Fandiño, obrando como arrendataria y coarrendatario, respectivamente, la estación de servicio San Blas, (establecimiento de comercio) , localizada sobre un lote de terreno, dado en arrendamiento a aquella mediante Escritura pública Nº 1766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá, canon de arrendamiento de cien mil pesos mensuales ($ 100.000.oo) a pagarse dentro de los primeros cinco días de cada mes, precio reajustable anualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor”.

“9. Que como consecuencia de las declaraciones a las que se refieren los numerales 7º y 8º del presente acápite, se condene a los demandados solidariamente a restituir a Chevron Petroleum Company todos y cada uno de los bienes Y elementos de su propiedad y entregados a los demandados en su momento y originalmente a título de comodato, (contrato posteriormente sustituido por el denominado de subarriendo, suscrito el 1º de febrero de 1999, modificado mediante otrosí Nº 1 del 12 de diciembre de 2003), los cuales se encuentran discriminados en la forma TPC – 288, denominada “Transferencia de Equipos”, y en cualquier otra forma que la complemente, sustituya o reemplace”.

“10. Que como consecuencia de las declaraciones a las que se refieren los numerales 7º y 8º del presente acápite, se condene a los demandados solidariamente a restituir a Chevron Petroleum Company el valor no devengado aún de los cánones de arrendamiento pagados por anticipado dentro del contrato de arrendamiento celebrado sobre un lote de terreno junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones, mejoras y dependencias, ubicado en esta ciudad en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, celebrado entre Marina Fandiño de Rubio como arrendadora, y Texas Petroleum Company, (hoy Chevron Petroleum Company), como arrendataria, contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá y por un plazo de veintiséis años, incluida la prórroga pactada en el acuerdo conciliaorio fechado el 20 de octubre de 2003”.

“11. Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a los demandados solidariamente a reconocer a Chevron Petroleum Company una tasa de actualización equivalente al DTF anual vigente a la fecha en que se hace exigible la devolución de los cánones de arrendamiento, más cuatro puntos porcentuales que se han de liquidar desde el día en que la arrendadora recibió el pago anticipado de los cánones de arrendamiento”.

“12. Que como consecuencia de todas las declaraciones anteriores, se condene a los demandados solidariamente a cancelar a favor de mi mandante, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se profiera el laudo, las siguientes sumas de dinero por los siguientes conceptos:

“12.1. A título de multa originada en el incumplimiento en la obligación de adquirir volúmenes mensuales de combustibles y lubricantes, pactada en la cláusula octava del contrato denominado de subarriendo fechado el 1º de febrero de 1999, una suma equivalente al volumen inmediatamente dejado de comprar multiplicado por el margen establecido de gasolina motor corriente en resolución vigente a la fecha del incumplimiento, es decir, la suma de $ 13´372.100.oo, (correspondiente al mes de noviembre de 2003)”.

“12.2. A título de indemnización de daños materiales:

“12.2.1. La suma de $ 354´727.800.oo por concepto del valor dejado de percibir por la demandante conforme a los márgenes de utilidad correspondientes a los volúmenes de combustible dejados de comprar desde el 20 de octubre de 2003 hasta el mes de noviembre de 2005”.

“12.2.2. La suma de $ 51´121.000.oo por concepto del valor dejado de percibir por la demandante conforme a los márgenes de utilidad correspondientes a los volúmenes de lubricante dejados de comprar desde el 20 de octubre de 2003 hasta el mes de noviembre de 2005”.

“12.2.3. La suma de $ 13´986.000.oo por concepto de los cánones de arrendamiento que sobre la estación de servicio Texaco San Blas han dejado de cancelar los demandados desde el 20 de octubre de 2003 hasta el mes de noviembre de 2005”.

“12.2.4. Conforme lo dispone el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, solicito que las condenas reclamadas en los numerales anteriores se extiendan a aquellas sumas de dinero que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta finalizar el proceso”.

“12.2.5. Que las sumas de dinero a las que se refieren los numerales anteriores generen intereses de mora a la máxima tasa permitida desde la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda arbitral conforme lo dispone el art. 90 del Código de Procedimiento Civil”.

- Los hechos de la demanda

Los hechos que sustentan las pretensiones transcritas son los siguientes:

III.1. HECHOS RELACIONADOS CON LA ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO SAN BLAS

La estructuración de la operación mercantil

1. Mediante escritura pública Nº 1936 del 15 de noviembre de 1995 de la Notaría 46 de esta ciudad la Sra. Marina Fandiño de Rubio adquirió a título de compraventa de la sociedad Serna Melo y Cía. S. en C., el lote de terreno, con todas sus anexidades, instalaciones, dependencias y mejoras y con la edificación existente, ubicado en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, del Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), identificado con la cédula catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934.

2. En virtud de acuerdos comerciales que la Sra. Marina Fandiño de Rubio tenía con Texas Petroleum Company, (hoy Chevron Petroleum Company), en la misma escritura pública Nº 1936 del 15 de noviembre de 1995 de la Notaría 46 de esta ciudad la compradora constituyó hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor de Texas Petroleum Company sobre el inmueble al que alude el numeral anterior.

3. Conforme lo dispone la cláusula segunda del contrato de hipoteca contenido en la escritura pública Nº 1936 del 15 de noviembre de 1995 de la Notaría 46, (ampliada mediante cláusula décima quinta de la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá), la misma se constituyó para “garantizar a LA COMPAÑÍA cualquier obligación que por cualquier motivo tuviere a favor de ella el otorgante, ya sea por arriendos, préstamos, intereses, comisiones o por cualquier otra causa, siendo entendido que la presente garantía hipotecaria respalda no solamente las obligaciones contraídas por el otorgante a favor de LA COMPAÑÍA con anterioridad a la fecha de esta escritura, sino la que contraiga en lo sucesivo hasta su total cancelación, incluidas sus prórrogas o renovaciones”. De lo anterior se deduce, con plena claridad, la existencia de tratos comerciales entre mi mandante y la Sra. Marina Fandiño de Rubio.

4. Mediante escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá y por un plazo de veinte años, se celebró contrato de arrendamiento entre Marina Fandiño de Rubio como arrendadora, y Texas Petroleum Company, (hoy Chevron Petroleum Company), como arrendataria, sobre un lote de terreno junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones, mejoras y dependencias, ubicado en esta ciudad en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050- 0121934. El inmueble objeto del contrato de arrendamiento es aquel adquirido por la arrendadora mediante escritura pública Nº 1.936 del 15 de noviembre de 1995 de la Notaría 46 de Bogotá, es decir, el mismo al que se refieren los numerales 1 a 3 anteriores.

5. Conforme a la cláusula tercera del contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá el inmueble objeto del contrato de arrendamiento se ha de destinar a “la distribución de combustibles y lubricantes que venda o distribuya LA TEXAS, así como para la prestación de cualquier servicio adicional distinto de la mera distribución de combustibles, dentro de la estación de servicio que opera en el inmueble objeto de este contrato, a juicio de LA TEXAS”.

6. En el parágrafo primero de la cláusula quinta del contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá se convino que la sociedad arrendataria se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de arrendamiento en cualquier momento, sin indemnización a favor de la arrendadora, dando aviso con sesenta días de anticipación. Así mismo, en el parágrafo segundo de la misma cláusula, se estipuló entre las partes que la sociedad arrendataria puede dar por terminado el contrato de arrendamiento en cualquier momento, antes de cumplirse el plazo pactado y sin lugar a indemnización alguna, cuando, entre otras causales, la arrendadora incumpla una o varias obligaciones legales o contractuales a su cargo.

7. En la cláusula sexta del contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá se convino que en el evento de darse por terminado el contrato de arrendamiento por los eventos previstos en la cláusula quinta la arrendadora cuenta con un término de 90 días calendario para devolver a mi mandante las sumas de dinero que le adeudare, especialmente aquellas relacionadas con el pago anticipado de cánones de arrendamiento que no se hayan causado, actualizadas conforme al Índice de Precios al Consumidor acumulado en el respectivo período, habiéndose precisado que de terminarse el contrato por anticipado por las causales pactadas en la cláusula quinta del mismo, la arrendadora debe reembolsar a mi poderdante la suma de dinero actualizada por año o período proporcional que faltare para la terminación de la vigencia inicial del contrato.

8. Los hechos narrados en los numerales 6 y 7 anteriores cobran particular importancia considerando que Texas Petroleum Company canceló por anticipado a favor de la Sra. Marina Fandiño de Rubio, la arrendadora, la suma de $ 200´000.000.oo como suma única y total por concepto de cánones de arrendamiento por toda la vigencia del contrato. Dicha suma de dinero fue cancelada en marzo de 1999, tal como consta en la cláusula séptima del contrato en mención.

9. En el parágrafo de la cláusula séptima del contrato contenido en la escritura pública Nº 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá se convino que en el evento de darse por terminado el contrato de arrendamiento por cualquier causa la arrendadora, Sra. Marina Fandiño de Rubio, se compromete a devolver lo cánones de arrendamiento a ella cancelados por anticipado y no causados, más una tasa de actualización equivalente al DTF anual vigente a la fecha en que se hace exigible la devolución de los cánones de arrendamiento, más cuatro puntos porcentuales que se han de liquidar desde el día en que la arrendadora recibió el pago anticipado de cánones de arrendamiento.

10. Conforme se convino en la cláusula décima del contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública Nº 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá se convino que en el evento de darse por terminado el contrato de arrendamiento la entidad arrendataria devolvería el inmueble arrendado con las instalaciones y equipos que le corresponda, pudiendo retirar aquellos relacionados en la forma TPC 288 “Transferencia de Equipos, por cuanto pertenecen a Chevron Petroleum Company.

11. En la cláusula décima tercera del contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública Nº 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá se estipuló que para garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento, y especialmente el pago de la multa por incumplimiento o cualquier suma que la arrendadora llegare a adeudar a mi mandante, mediante escritura pública Nº 1.936 del 15 de noviembre de 1995 de la Notaría 46 de Bogotá aquella constituyó hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor de Texas Petroleum Company sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento. Así mismo en la cláusula décima quinta del mismo contrato se procedió a aclarar la escritura pública Nº 1.936 del 15 de noviembre de 1995 de la Notaría 46 de Bogotá precisando las obligaciones garantizadas con el gravamen real.

12. Retrocediendo en el tiempo y a efectos de hilar adecuadamente los sucesos conforme a lo indicado en los numerales 1º a 3º del presente capítulo, con fecha de 1 de diciembre del 1995 se suscribió un contrato de Comodato entre Texas Petroleum Company, representada por el Sr. Guillermo Muñoz Martínez, y la Sra. Marina Fandiño de Rubio en su carácter de comodataria, del que hace parte la forma TPC – 288, denominada “Transferencia de Equipos” y en la que obran los elementos que la entidad demandante entregó a título de comodato. Adicionalmente se pactó que hace parte del contrato toda otra forma TPC 288 posterior que implique entrega a título de comodato de otros bienes a los inicialmente entregados. Dicho contrato de comodato fue sustituido por el contrato de arrendamiento titulado subarriendo fechado el 1º de febrero de 1999.

13. En la cláusula tercera se acordó que los equipos y elementos recibidos por el comodatario, (Marina Fandiño de Rubio), son de propiedad de Chevron Petroleum Company, y solo pueden ser usados para almacenamiento, venta o uso de productos o artículos que distribuya, entregue o venda LA TEXAS.

Igualmente se convino que la utilización parcial o total de los equipos dados en comodato para almacenar o vender productos de compañías distintas a LA TEXAS, sin causa justificada, constituye causal inmediata para dar por terminado el contrato y dará lugar al retiro de los equipos.

14. En las cláusulas novena y décima del contrato de comodato al que se refieren los numerales anteriores LA TEXAS se reservó el derecho de dar por terminado unilateralmente el contrato en cualquier tiempo en los siguientes eventos, entre otros: En caso de que el comodatario incumpliera las obligaciones legales o contractuales, o -por quiebra, concordato o insolvencia suya, - cesión no autorizada del contrato, cambio de localización de los bienes En los casos anteriores se debe restituir los equipos, restitución que también procederá, conjuntamente con la terminación del contrato, en los eventos previstos en el artículo 2205 del Código Civil.

15. Para consolidar la operación mercantil, con fecha del 12 de diciembre de 1995 se suscribió el contrato denominado Estaciones de Servicio Open Dealer, entre Texas Petroleum Company y la Sra. Marina Fandiño de Rubio, quien se denominó la distribuidora minorista, propietaria de una estación de servicio que funciona en un lote de su propiedad situado en el Barrio San Blas, en Bogotá, Cundinamarca e identificado con matrícula inmobiliaria Nº 505-121934. El término de duración del contrato se pactó en 10 años, y su objeto consistió en el compromiso de la distribuidora minorista de comprar exclusivamente a LA TEXAS, para comercializarlos en la estación de servicio de la que es propietaria, los siguientes volúmenes mensuales de productos: Combustible, 250,000 GLS/Mes, Lubricantes 500 GLS/Mes, los volúmenes anteriormente mencionados se debían incrementar en un 5% en ambos casos a partir del primer día del segundo año del contrato.

16. En la cláusula quinta del contrato al que se refiere el numeral anterior se pactó, de manera expresa, la obligación de la distribuidora minorista, Sra. Marina Fandiño de Rubio, de comprar exclusivamente y únicamente productos a LA TEXAS, y se obligó a no obtener prestaciones de la misma naturaleza de las contratadas de terceros y a no proveer con medios propios a la producción de bienes y servicios objeto del contrato. La estipulación es perfectamente lógica si se tiene en cuenta que en virtud del contrato de comodato la distribuidora minorista y comodataria se hizo, a título precario, a bienes de propiedad de Texas Petroleum Company, con la propaganda de Texaco y con la asistencia y tecnología de Texaco, por lo que es natural que tan solo pueda comercializar bienes producidos por Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company.

17. Con el fin de solucionar los impasses que se venían presentando en la operación de la estación de servicio TEXACO San Blas, (incumplimiento de las obligaciones asumidas por los Sres. Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño), y para sostener la operación comercial que se venía ejecutando y desarrollando, la operación mercantil se replanteó y los contratos de comodato y estaciones de servicio open dealer fueron sustituidos por una nueva modalidad contractual; con fecha 1º de febrero de 1999 se celebró un contrato de subarriendo en virtud del cual Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, obrando como arrendadora, entregó a título de arrendamiento a Marina Fandiño de Rubio y a Carlos Guillermo Rubio Fandiño, obrando como arrendataria y coarrendatario, respectivamente, la estación de servicio San Blas, (establecimiento de comercio) , localizada sobre un lote de terreno, en su momento dado en arrendamiento a LA TEXAS mediante Escritura pública Nº 1766 del 20 de octubre de 1998 de a Notaría 44, en la ciudad de Santafé de Bogotá y al que se refiere el numeral 4º del presente capítulo. El canon de arrendamiento de la estación de servicio se pactó en la suma de cien mil pesos mensuales ($ 100,000.oo) a pagarse dentro de los primeros cinco días de cada mes , precio que se reajustaría anualmente por LA TEXAS de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor. El término del contrato se convino en 20 años contados a partir de la suscripción del acta de entrega correspondiente. El inmueble se encuentra ubicado en camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, del Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad).

Así las cosas, los contratos de comodato y estaciones de servicio open dealer dejaron de existir jurídicamente y fueron subsumidos por el contrato de subarriendo fechado el 1º de febrero de 1999, bajo cuya regulación los demandados siguieron detentando a título precario los bienes de propiedad de mi mandante, relacionados en la forma TPC 288 denominada “Transferencia de Equipos”.

18. En la cláusula tercera del contrato de subarriendo se convino que la estación de servicio concedida en arrendamiento se destinaría a la explotación de actividades relacionadas con el negocio de estaciones de servicio para vehículos automotores únicamente, conforme a las políticas de imagen de LA TEXAS y bajo el sistema “Estrella de Mercadeo Texaco”. Adicionalmente los arrendatarios asumieron la obligación de no permitir el funcionamiento de negocios distintos a los autorizados por LA TEXAS, y a no permitir el estacionamiento de vehículos de tal forma que la estación de servicios fuese utilizada como parqueadero automotor, con el cual violaría normas de seguridad y el denominado “Sistema Estrella de Mercadeo de Campo”. Los arrendatarios manifestaron expresamente conocer los sistemas “Estrella de Mercadeo Texaco” y “Sistema Estrella de Mercadeo de Campo”.

19. En el parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato denominado subarriendo, y en relación con las marcas, los arrendatarios asumieron las siguientes obligaciones, entre otras: Solamente utilizar las marcas en la forma como lo señale LA TEXAS; Solamente utilizar las marcas con relación a la operación de la estación de servicio y conceptos adicionales; Se admitió que el uso de las marcas en una forma diferente a la autorizada en el contrato es un uso impropio de las mismas que afecta los derechos de LA TEXAS; Abstenerse de usar las marcas de tal forma que se tienda a hacer creer que les pertenecen.

20. Con relación al suministro de productos, lubricantes y combustibles, en la cláusula séptima del convenio se acordó: Que los arrendatarios se comprometen con LA TEXAS a comprarlos a esta de manera exclusiva y única , a título definitivo en su planta de Puente Aranda; Que en la estación de servicio el arrendatario venderá al público por su cuenta y riesgo los lubricantes, combustibles y otros productos que le venda o distribuya LA TEXAS; Que los productos adquiridos serán transportados en vehículos autorizados por LA TEXAS; Que el compromiso del arrendatario de comercializar en la estación de servicio exclusivamente productos distribuidos por LA TEXAS se suspenderá solamente por el tiempo durante el cual esta no pueda abastecer por razones ajenas a su control.

Es un elemento esencial del contrato, entonces, la exclusividad pactada, que se entiende convenida en dos sentidos: a) por un lado la obligación de los arrendatarios de comprar de manera exclusiva productos marca TEXACO a la entidad demandante; y b) la obligación de los mismos de vender y comercializar en la estación de servicio exclusivamente productos marca TEXACO.

21. En la cláusula octava del contrato denominado subarriendo el arrendatario se comprometió a comprar, de manera exclusiva , a LA TEXAS un volumen mínimo de trescientos mil galones (300.000 GLS/Mes) de combustibles al mes y mil galones (1.000 GLS/Mes) de lubricantes mensuales. El incumplimiento de las obligaciones en mención otorga el derecho a LA TEXAS de hacer cesar el contrato y a exigir a título de multa una suma equivalente al volumen inmediatamente dejado de comprar multiplicado por el margen establecido de gasolina motor corriente en resolución vigente a la fecha del incumplimiento. Si se llegaren a liberar precios, se tendrá en cuenta el margen ponderado de utilidad de la demandante en la venta de combustibles a la fecha en que se dé el incumplimiento, multiplicado por la cantidad de galones dejados de comprar conforme a la cláusula.

Además, se previó que en caso de liberación total o parcial por parte del gobierno, para determinar la indemnización se aplicarán los precios de combustibles no controlados a precios fijados por LA TEXAS para venta al público en su plante de abastos de Puente Aranda.

22. En la cláusula novena del contrato denominado subarriendo se fijaron las condiciones de funcionamiento y operación de la estación de servicio y se dispuso que las mismas se desarrollarían conforme a las políticas y programas fijadas por LA TEXAS, especialmente en lo relativo al “Sistema Estrella de Mercadeo de Campo”, comprometiéndose el arrendatario a ajustarse a los estándares de funcionamiento y presentación y a implementar las recomendaciones y requerimientos que aquella formule. Como puntos esenciales a destacar respecto de las obligaciones a las que se refiere el presente numeral, resaltan: la posibilidad de fijar propaganda de artículos y productos distintos a los distribuidos o autorizados por LA TEXAS mediando autorización de esta; la posibilidad que tiene LA TEXAS de ingresar a la estación de servicio y dar por terminado el contrato si el arrendatario deja de atender la estación por más de tres días calendario sin justificación; la obligación de operar la estación los siete días de la semana, 24horas al día.

23. La cláusula décima cuarta del convenio bajo estudio previó la imposibilidad del arrendatario de subarrendar la estación de servicio, la de ceder o traspasar el contrato total o parcialmente y la de dar participación a terceros. Expresamente se convino como causal de terminación inmediata del contrato la cesión del mismo, o la concesión de participación a terceros o el subarriendo sin consentimiento de LA TEXAS, o la anuencia del arrendatario a que un tercero ejecute las funciones de arrendatario, casos en los que la estación debe ser entregada a LA TEXAS dentro de los cinco días siguientes a la ocurrencia de la causal.

24. Como causales de terminación del contrato, además del mutuo acuerdo, las cláusulas décima sexta y décima séptima establecieron, entre otras: La decisión libre de LA TEXAS que ha de ser comunicada con un mes de anticipación, sin lugar a indemnización alguna; El incumplimiento del distribuidor a cualquiera de las obligaciones, permitiendo exigir la entrega de los bienes arrendados; El no acatamiento del arrendatario de las observaciones que LA TEXAS formule por escrito en torno a la atención al público y el no implementar estándares de imagen y servicio requeridos en las estaciones que operan con su identificación; La alteración de los registros de los surtidores afectando las cantidades o los precios; La mezcla o alteración de los productos que se expenden en la estación; El incumplimiento a la obligación de comprar los productos, combustibles o lubricantes que LA TEXAS le distribuya o autorice.

25. En la cláusula décima séptima del contrato de subarriendo, para las causales de terminación a las que se ha aludido en el numeral anterior, expresamente se convino: "En todos los casos contemplados en esta causal, queda a salvo el derecho de LA TEXAS de pedir la indemnización que pudiera corresponderle por los posibles perjuicios que se le causen." 26. En la cláusula décima novena del contrato se pactó la solidaridad entre el arrendatario y el coarrendatario por las deudas y obligaciones que tengan para con LA TEXAS, originadas en el arrendamiento o en el suministro de combustibles, lubricantes o cualquier otro producto.

27. La cláusula vigésima segunda contiene la cláusula compromisoria en virtud de la cual toda diferencia entre las partes relacionada con la liquidación del contrato de arrendamiento, la entrega de los bienes concedidos a cualquier título, (precario, naturalmente), y las eventuales obligaciones que surjan a cargo de las partes serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento con sede en Bogotá, integrado por tres árbitros quienes fallarán en derecho.

28. Con fecha 1º de febrero de 1999, entre Texas Petroleum Company y Marina Fandiño de Rubio como arrendataria de la estación de servicio San Blas, se suscribió el acta de inventario y entrega de equipos de la primera a la segunda.

29. Mediante documento privado suscrito el 12 de diciembre de 2003, denominado otrosí Nº 1 al contrato de subarriendo de estación de servicio Texaco San Blas suscrito entre Chevron Texaco Petroleum Company y los Sres. Marina Fandiño de Rubio y Carlos G. Rubio Fandiño, (que obra en documento privado del 1º de febrero de 1999), las partes introdujeron modificaciones a este en los siguientes términos:

29.1. Se modificó la cláusula décima sexta del contrato prorrogando el término del mismo y precisando que será de 26 años contados a partir del 1º de febrero de 1999. Chevron Texaco se reservó el derecho de dar por terminado el contrato mediante comunicación escrita en la que exprese la justa causa de incumplimiento, y el de recuperar los bienes dados en arrendamiento y tomar las medidas precautelares que considere convenientes, e incluso suspender la venta de productos.

29.2. Se modificó la cláusula octava del contrato disminuyendo los volúmenes mínimos que debe comprar la subarrendataria estableciendo que: En el caso del combustible, debe comprar y luego vender 70.000 galones por mes; En el caso de lubricantes, debe comprar y luego vender 100 galones por mes; Se convino que el incumplimiento de la obligación de compra mínima de productos dará pleno derecho a la hoy demandante a hacer cesar el contrato y a exigir a título de multa una suma equivalente al volumen inmediato dejado de comprar multiplicado por el margen establecido de gasolina motor corriente en la resolución vigente al momento del incumplimiento. Se convino igualmente que en caso de liberarse el precio, para aplicar la multa se tendrá en cuanta el margen ponderado de utilidad de Chevron Texaco Petroleum Company en la venta de combustibles a la fecha que se presente el incumplimiento, multiplicado por la cantidad de galones dejados de comprar y estipulados en la cláusula. Por último, si la liberación fuere total parcial por parte del gobierno, se aplicarán los precios de combustible fijados, no controlados y se aplicarán los precios fijados por la demandante para su venta al público en su planta de abastos de Puente Aranda.

Los antecedentes de la operación comercial

30. Con fecha 23 de noviembre de 1.993 el Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño dirigió una comunicación a TEXACO, (Texas Petroleum Company), en la que puso de presente su intención de desarrollar un proyecto consistente en implementar una estación de servicio en predio de su propiedad, ubicado sobre la carretera a Oriente Nº 17-57 Sur, considerando su experiencia de 23 años en la operación de estaciones de servicio Mobil. Para el efecto solicitó la asignación de tres tanques de 10.400 galones para gasolina motor corriente, uno de 5.200 galones para gasolina extra, otro de 5.200 galones para ACPM y ocho surtidores.

Complementario a lo anterior se solicitó asesoría técnica para el desarrollo del proyecto en la parte civil y arquitectónica y financiación económica, para lo cual ofreció como prenda hipotecaria el inmueble aludido.

31. En respuesta a la comunicación referida en el numeral anterior, TEXACO dio inicio a la investigación y a la evaluación del proyecto, que naturalmente fue dispendiosa y con fecha 10 de abril de 1995 dirigió una comunicación al Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño en la que ratificó la conversación relacionada con la construcción de la estación de servicio en el lote de propiedad de aquel y fijó las siguientes condiciones: concesión de un préstamo a largo plazo por $ 130´000.000.oo, a siete años, con un plazo de gracia de seis meses y una tasa de interés del 32% anual; préstamo del equipo al que se refiere la mencionada comunicación; constitución de hipoteca abierta, sin límite de cuantía a favor de Texas Petroleum Company del lote en el que se ubica la estación de servicio, y la suscripción de los contratos de suministro y comodato por el préstamo del equipo a diez años.

32. Una vez avaluado el inmueble, (el 20 de abril de 1995), y constituida la hipoteca correspondiente, se autorizó el giro del primer contado por valor de $ 65´000.000.oo a la Sra. Marina Fandiño de Rubio. La ejecución de las obras de adecuación del inmueble fue encomendada a la firma Serrano & Ponce de León Arquitectos – Ingenieros, la que presentó un informe de avance de obras que resultó no ser cierto, como consta en documentos internos de Chevron Texaco Petroleum Company como lo son los denominados interoffice memorandum fechados el 9 y el 15 de enero de 1996.

El incumplimiento de la operación comercial inicialmente concertada por parte de los demandados

33. El incumplimiento a los términos de los contratos se inicia en los primeros meses de operación de la estación de servicio San Blas, como se pone en evidencia con la comunicación Nº MER 454/96 fechada el 5 de junio de 1996, a los Sres. Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño dirigida por el gerente de zona central de Texas Petroleum Company, en la que se señaló la presencia de un negocio de comida rápida en las instalaciones de la estación, todo lo cual contraría los estándares e instructivos impartidos para operar la estación bajo la marca TEXACO.

34. En correo electrónico fechado el jueves 7 de mayo de 1998, por el Sr. Hernando Ramírez dirigido a la Sra. Graciela Lozano, se planteó la sospecha sobre la posible evasión por parte de los operadores de la estación Texaco San Blas, quienes estarían utilizando la estación, también a su cargo, ubicada en Une, Cundinamarca. En la misiva electrónica se especifica la forma como puede estar canalizándose la operación y se menciona la negativa del Sr. Rubio a elaborar la S81, a lo que está obligado.

35. En comunicación del 17 de junio de 1998 el gerente de la zona centro comunicó al Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley en lo referente a la sobretasa a la gasolina y solicitó el diligenciamiento del informe S-81.

36. Como consta en correo electrónico interno fechado el 27 de noviembre de 1998, para dicha fecha los contratantes presentaban quince (15) cuotas en mora del crédito que había sido concedido por la entidad demandante.

37. Para el 30 de noviembre de 1998 existía incumplimiento de pagos, con los siguientes saldos por cancelar:

Deuda a Largo Plazo: $ 122,252,408.oo

Intereses corrientes: $ 46,904,966.oo

Intereses de mora: $ 992,477.oo

En vista de lo anterior, a través de correo electrónico interno del Sr. Alfonso Bernal, dirigido al Sr. Hernando Ramírez (ventas), se indicó que para la construcción de Estación de Servicio San Blas se había otorgado un préstamo de $ 130´000,000.oo a la Sra. Marina Fandiño de Rubio, que fue suspendido en septiembre de 1997 por incumplimiento en el pago de las cuotas del mismo; el Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño, para dar solución al impasse, se comprometió a suscribir un contrato de arriendo de 12 años adicionales al contrato vigente para noviembre de 1998, con un valor total por concepto de cánones de $ 200,000,000.oo, a ser cancelados por anticipado por Texas Petroleum Company, suma con la que se cancelaría el crédito de $ 130´000,000.oo, con un subarriendo a cargo de los Sres. Rubio Fandiño de $ 100.000.oo mensuales más el incremento del IPC. Lo anteriormente anotado contó con respaldo en la G-45, análisis de proyecto aprobado el 25 de febrero de 1998.

38. Para marzo de 1999, a pesar de los incumplimientos, los miembros del grupo familiar Rubio Fandiño tenían habilitados los siguientes códigos para su operación con Texas Petroleum Company:

Corporativo: 310303

Hijos: 460455, 460677, 460682, 460902

El código correspondiente a la estación de servicio San Blas es el Nº 460455.

39. En documento interno fechado el 16 de marzo de 1999 se expuso el caso del Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño, quien a esa fecha operaba cuatro estaciones de servicios, y se detalla el estado de incumplimiento:

a) Deuda pendiente por $ 238´000.000.oo por compra de combustible y lubricantes,

b) Volúmenes de productos dejados de consumir: 700.000 galones de combustible y 5.000 galones de lubricantes, durante el mes de marzo de 1999.

Adicionalmente se mencionó que el cliente se encontraba bloqueado y facturando en la competencia. Ello se constata, además, con los cuadros de “Volúmenes históricos de las estaciones del Sr. Rubio años 1997 y 1998” y “Deuda actual del Sr. Rubio”.

40. Con fecha 24 de marzo de 1999 el Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño, operador de la estación de servicio San Blas, solicitó a TEXAS PETROLEUM COMPANY estudiar la posibilidad de cancelar los saldos insolutos que arrojan los códigos a su nombre, por un monto total de $ 238´000.000.oo, en seis cuotas iguales a partir de 29 de marzo de 1999.

41. Con fecha marzo 16 de 1999 la Sra. Marina Fandiño de Rubio dirigió una comunicación a Texas Petroleum Company autorizando al Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño, coarrendatario y administrador de la estación de servicio San Blas, para recibir un cheque por valor de $ 77´747.592.oo correspondiente al pago adelantado del canon de arrendamiento pactado en el contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública Nº 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá, una vez compensado el saldo a cargo de los Sres. Rubio Fandiño y a favor de Texas Petroleum Company, (coloquialmente, una vez verificado el “cruce de cuentas” considerando las sumas adeudadas a la entidad demandante).

Además, la Sra. Marina Fandiño de Rubio autorizó a Texas Petroleum Company para facturar al Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño, coarrendatario y administrador, el valor correspondiente a combustibles y lubricantes.

42. El 30 de junio de 1999 el Sr. Alfonso Bernal de Texas Petroleum Company dirigió una comunicación al Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño en la que pone de presente el valor de la deuda por concepto de facturas pendientes por la compra de combustible y lubricantes, que en el caso de la estación San Blas ascendía a la suma de $ 215´560.210 conforme a relación anexa.

43. El 24 de noviembre de 1999 el Dr. Santiago Machado Ángel, Gerente de la Regional Zona Centro (e) de TEXAS PETROLEUM COMPANY remitió comunicación al Sr. Carlos G. Rubio Fandiño en la que indicó que el control estadístico efectuado llevó a establecer que los pedidos que el Sr. Fandiño venía haciendo por las estaciones de servicio de Santa María y San Blas se estaban haciendo a nombre de la estación de servicio Une, ocasionando que la causación y pago de sobretasa a la gasolina motor y ACPM se estuviera trasladando a un municipio diferente a aquel en el que se verifica su consumo, en contravención al art. 118 de la Ley 488 de 1998, que establece como hecho generador de la sobretasa el consumo de gasolina en la jurisdicción de cada municipio, distrito o departamento. Por ello se responsabilizó al Sr. Rubio Fandiño por el pago de sanciones e intereses de mora provenientes de la corrección de las declaraciones como consecuencia de haber suministrado información errada.

El Sr. Rubio Fandiño se negó a firmar en señal de recibo la comunicación aludida, como consta en la anotación que obra en el texto de la misma.

44. En documento interno TPC-F54 del 27 de marzo de 2000 se detallaron las obligaciones en mora a cargo del Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño, con códigos de operación Nos. 460455-460677-460682-460692 y código corporativo 310303, las que ascendían a la suma de $ 387´435.935.oo, que se descomponía en combustible y lubricantes adeudados, cánones de arrendamiento y sobretasas vencidas. En vista de la situación, de la compra de productos a la competencia y del agotamiento del capital de trabajo, se recomendó proceder judicialmente.

45. El 28 de junio de 2000 el Sr. Carlos Guillermo Rubio dirigió una comunicación a la Dra. Valeria Restrepo, asistente de Vicepresidente de Texas Petroleum Company, en la que reiteró la solicitud presentada de obtener una tabla de amortización de las obligaciones a su cargo y manifestó urgirle la remisión de la información indicada para cancelar la deuda a su cargo y reiniciar las relaciones comerciales con la demandante.

46. Con fecha 29 de agosto del 2000 el Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño remitió una comunicación al Sr. Santiago Machado Ángel, Gerente Región Central de TEXAS PETROLEUM COMPANY, en la que planteó su interés por cancelar la deuda a su cargo, por lo que solicitó concertar una cita para aclarar el monto de la misma y analizar alternativas de pago y así poder reiniciar compras a TEXACO.

47. El 10 de octubre del 2000 el Dr. Santiago Machado de Texas Petroleum Company envió comunicación a Esso Mobil de Colombia At. Santiago Bancalari precisando que la estación de servicios San Blas pertenece a la red de Estaciones de Servicio Texaco, que por lo tanto distribuye y vende combustible y productos amparados bajo la marca Texaco, y que tiene contrato vigente con Texas Petroleum Company que lo obliga a abastecerse de productos TEXACO y continuar como estación de servicio TEXACO por más de 10 años. Es por ello que con fundamento en la Ley 256 de 1996 y la normatividad sobre competencia solicitó suspender y/ o abstenerse de efectuar o ejecutar directa o indirectamente acciones que conlleven al cliente a infringir deberes contractuales o distribuir bajo amparo Texaco productos diferentes a esta marca.

48. El 16 de enero del 2001 el Sr. Carlos G. Rubio Fandiño remitió comunicación al Sr. Sergio Neira Restrepo, Gerente de Mercadeo de Texas Petroleum Company, en la que expresó haber intentado solucionar el problema de la deuda a su cargo por seis meses sin haber logrado respuesta alguna. Manifestó haber presentado una propuesta de pago que no fue aceptada, sin que se le hubiera propuesto fórmula alguna. Señaló igualmente haber intentado una reunión con el Departamento Legal y otras dependencias de la Compañía, sin resultado positivo.

49. El 19 de febrero del 2001 el Sr. Carlos G. Rubio Fandiño dirigió una misiva al Dr. Héctor Francisco Arévalo F., justificando su incumplimiento de contratos y señalando a la conducta de la hoy demandante como origen del incumplimiento, básicamente por un supuesto caos en las cuentas correspondientes a los años 1999 y 2000, la suspensión de los despachos a pesar de haber entregado cheques para efectuar pagos de contado y la solicitud de citas para revisar las cuentas.

No obstante sus aseveraciones, ofreció como solución a las obligaciones insolutas el pago del capital por concepto de producto, el pago de los cánones de arrendamiento pendientes a la fecha de la misiva y el reconocimiento del 40% de los intereses más los honorarios de abogado.

50. Con fecha 27 de marzo del 2001 el Sr. Carlos G. Rubio Fandiño dirigió nueva comunicación al Sr. Luis Francisco Arévalo, en la que resumió lo acordado en reunión de 26 de marzo del 2001 e hizo referencia a la cancelación de deuda por compra de productos, arrendamientos, honorarios de abogados e intereses, para lo cual propuso cancelar la suma de $ 438,000,000.00, propuesta que fue sometida a estudio por parte de la hoy demandante, que con fecha 17 de abril de 2.001 remitió una comunicación vía fax.

51. Con fecha 19 de abril del 2001 el Sr. Carlos G. Rubio Fandiño, dirigió a Texas Petroleum Company, a través del Dr. Sergio Neira Restrepo, una propuesta de pago por la suma de $ 460,000,000.oo, que cancelaría en siete mensualidades, cada una por valor de $ 65´714.285.oo., todo ello para lograr la suspensión del proceso ejecutivo adelantado por la hoy demandante, y reanudar la relación comercial.

El acuerdo conciliatorio ante la Cámara de Comercio

52. Considerando el reiterado incumplimiento de los demandados, el 10 de julio de 2003 Chevron Texaco Petroleum Company solicitó convocar a audiencia de conciliación prejudicial ante la Cámara de Comercio, audiencia que se llevó a cabo el 20 de octubre del 2003 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y en la que se debatió el incumplimiento de los demandados de los contratos de arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles relacionados con algunas estaciones de servicio, entre ellas la estación San Blas, establecimiento de comercio concedido en arrendamiento a los Sres. Marina Fandiño de Rubio y Carlos G. Rubio Fandiño por parte de Chevron Texaco mediante documento privado de fecha 1º de febrero de 1999.

Naturalmente, Chevron Texaco Petroleum Company obró como convocante y en calidad de arrendadora y los Sres. Marina Fandiño de Rubio, Carlos Guillermo Rubio Fandiño y Fernando Rubio Fandiño, convocados, en calidad de arrendatarios solidarios. Una vez planteados los antecedentes, respecto de la estación de servicio San Blas en el acuerdo conciliatorio los convocados se obligaron a:

- Modificar, el 3 de noviembre de 2003 en la Notaría 15de Bogotá, el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en el Camino al Oriente Nº 17-54, Interior 59, contenido en la Escritura pública Nº 1766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de esta ciudad, ampliando el término del contrato en un término de seis años adicionales al inicialmente pactado.

- Modificar, el 3 de noviembre de 2003, el contrato de arrendamiento del establecimiento de comercio que consta e documento privado del 1º de febrero de 1999.

- Suscribir las escritura públicas y los documentos privados modificatorios los Sres. Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño como arrendataria y coarrendatario solidario, respectivamente.

- Sanear las medidas cautelares que pesaban para entonces sobre el inmueble ubicado en el Camino al Oriente Nº 17-54, interior 59 del Barrio San Blas de esta ciudad, identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934 y a mantenerlos libres de embargos y medidas cautelares durante la vigencia de la hipoteca.

- Realizar un avalúo del inmueble, a su costa, dentro de los quince días siguientes a la fecha del acuerdo, (20 de octubre de 2003).

- Vender en la estación de servicios Texaco San Blas, en forma exclusiva, productos TEXACO con los siguientes volúmenes mínimos, revisables anualmente: a) 70,000 galones mensuales de combustible y b) 100 galones mensuales de lubricantes marca Texaco. Se convino que la hoy demandante incluiría en las facturas correspondientes el valor de los impuestos a la sobretasa y global a cargo de los distribuidores minoristas.

- Pagar la suma de $ 70,000,000.00 en tres contados a favor de Chevron Texaco Petroleum Company de la siguiente manera: $ 24´000.000 dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia; $ 23´000.000 el 20 de noviembre de 2003; $ 23´000.000 el 20 de diciembre de 2003.

Una vez cancelada la totalidad de la suma indicada, se entendería que todas las obligaciones dinerarias insolutas hasta la fecha quedaban satisfechas.

Además de las obligaciones a las que se ha hecho alusión, los distribuidores minoristas aceptaron que los pagos por el producto vendido por Chevron Texaco Petroleum Company se harían de contado con cheque contra entrega y que de resultar devuelto algún cheque, el pago se tendría que verificar mediante prepago o consignación en efectivo previa al suministro del combustible.

53. En el acuerdo conciliatorio del 20 de octubre de 2003 Chevron Texaco Petroleum Company se obligó a levantar las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo que adelantaba para entonces contra los hoy demandados una vez estos dieran cumplimiento a las obligaciones dinerarias a las que se alude en el aparte inmediatamente anterior, lo que efectivamente hizo.

54. En la cláusula décima del acuerdo se pactó la cláusula compromisoria, (compromiso), en la que se estipuló que “toda diferencia que surja con motivo del cumplimiento del presente acuerdo conciliatorio, así como de los contratos referidos en los hechos, objeto de modificación con el presente acuerdo, serán resueltas de conformidad con el contrato de compromiso contenido en la presente acta de conciliación, que se adopta en los siguientes términos: a) El tribunal estará integrado por tres árbitros designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no fuera posible su designación de común acuerdo, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquier de las partes. B) El Tribunal decidirá en derecho”.

Igualmente se convino que el acuerdo conciliatorio sustituye y deja sin efecto cualquier convenio verbal o escrito celebrado con anterioridad por las partes con el mismo objeto, (solucionar los inconvenientes por los incumplimientos).

El incumplimiento del acuerdo conciliatorio por parte de los demandados

55. El 30 de junio del 2004 Chevron Texaco Petroleum Company, a través del Dr. Mauricio Ocampo Sierra, remitió comunicación a Carlos Guillermo Rubio Fandiño como coarrendatario y a Marina Fandiño de Rubio como arrendataria de la Estación de Servicios San Blas, requiriendo cumplimiento de Acuerdo Conciliatorio de fecha 20 de octubre del 2003, ya que existía incumplimiento en los volúmenes de compra de productos acordados así: Combustible 70,000 GLS/Mes para un total hasta la fecha de 560,000 GLS no comprados; Lubricantes 100 GLS/Mes para un total hasta la fecha de 800 GLS no comprados.

56. En respuesta a la misiva referida en el numeral anterior, con fecha 1 de julio del 2004 el Sr. Carlos G. Rubio Fandiño dirigió una comunicación al Dr. Mauricio Ocampo Sierra, de Chevron Texaco P.C., excusando el incumplimiento en que hasta la fecha no se le había asignado código para realizar las compras acordadas.

57. Respondiendo los términos de la comunicación del 1º de julio de 2004, con fecha 10 de julio del 2004, el Sr. Mauricio Ocampo S. dirigió una nueva comunicación al Sr. Carlos G. Rubio Fandiño en la que recordó que en varias oportunidades se le informó de los requisitos para crear el código de Marina Fandiño y Carlos G. Rubio Fandiño y resaltó que a pesar de estar perfectamente enterado de los mismos, ni ha cumplido ni se ha allanado a cumplir los requisitos mínimos ni compromisos de adquisición de productos, acordados en el acuerdo conciliatorio, por lo que se le requirió para que procediera al cumplimiento.

58. El 21 de julio de 2004 el Sr. Carlos Guillermo Rubio Fandiño negó que se le hubiera informado de los requisitos para crear un código que ya tenía creado e indicó que no había dado cumplimiento al acuerdo conciliatorio por cuanto no contaba con código reactivado.

59. Con fecha 19 de agosto del 2004 nuevamente Chevron Texaco Petroleum Company, a través del Sr. Mauricio Ocampo Sierra, remitió comunicación al Sr. Carlos G. Rubio Fandiño, en la que recordó que en visitas realizadas por funcionarios de aquella a la estación de servicio San Blas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2004 se informaron lo pasos y requisitos necesarios para crear los códigos reclamados, requisitos que reiteró en la misiva. Adicionalmente solicitó la remisión de la documentación a la mayor brevedad y recordó el permanente estado de incumplimiento, exhortándolo al cabal cumplimiento del acuerdo conciliatorio.

Circunstancia de particular importancia, que resalta el incumplimiento de los demandados, la constituye el hecho de que el señor Fernando Rubio Fandiño, hijo y hermano de los demandados, operador de la estación de servicio Texaco Bosa, quien igualmente suscribió el acuerdo conciliatorio fechado el 20 de octubre de 2003 dentro de la conciliación que se llevó a cabo ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, entendió y dio cumplimiento a todos los requisitos exigidos para la apertura del código y el inicio de compras, y hasta la fecha está dando cumplimiento a lo convenido en el mencionado Acuerdo Conciliatorio, todo lo cual es conocido por los demandados.

60. En vista del incumplimiento de los Sres. Carlos Guillermo Rubio Fandiño y Marina Fandiño de Rubio, y por el hecho de no allanarse estos a cumplir, con fecha 13 de julio del 2004 y con fundamento en lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 446 de 1998 Chevron Texaco Petroleum Company solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. – Centro de Arbitraje y Conciliación comisionar al Inspector Distrital de Policía para que practicara la diligencia de restitución del establecimiento de comercio estación de servicio San Blas, incluido el inmueble en el que se ubica. El 16 de julio de 2004 la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., comisionó al Juez Civil Municipal de Bogotá ante el incumplimiento de acuerdo conciliatorio y de conformidad al arto,(sic) para la realización de la entrega del inmueble.

61. El oficio correspondiente, con la copia autenticada del acta contentiva del acuerdo conciliatorio se radicó en la oficina judicial el 26 de julio de 2004, correspondiendo por reparto al Juzgado 68 Civil Municipal, despacho judicial que negó la práctica de la diligencia de restitución.

62. Retirada la documentación y vuelta a presentar ante la oficina judicial el 8 de septiembre de 2004, correspondió por reparto al Juzgado 18 Civil Municipal de Bogotá el conocimiento del asunto, despacho judicial que también negó la práctica de la diligencia de restitución mediante auto del 11 de octubre de 2004, providencia contra la cual se interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación con resultados negativos.

63. Durante el año 2004 y parte de 2005 los demandados, sin autorización alguna y sin previo aviso de y a, respectivamente, Chevron Texaco Petroleum Company, entregaron la explotación de la estación de servicio Texaco San Blas al Sr. Germán Díaz, persona esta que, curiosamente, es socia y representante legal suplente de la sociedad Distribuidora de Combustibles Luriger Ltda., propietaria del vehículo camión carro tanque de placas SUK 068, filmado en septiembre de 2004 mientras se ejecutaban labores de llenado de los tanques subterráneos de la estación.

64. A la fecha de elaboración de la demanda los demandados han incumplido en los siguientes puntos las obligaciones asumidas, lo que arroja los siguientes rubros:

64.1. Ausencia total de compra de combustible y lubricantes, comoquiera que desde la firma del acuerdo conciliatorio no se ha adquirido cantidad alguna de los mismos.

Combustibles: 1´750.000 galones dejados de comprar

Lubricantes: 2500 galones dejados de comprar

CombustiblesLubricantesArriendoTotal
$ 354´727.800.oo$ 51´121.000.oo$ 13´986.000.oo$ 419´834.800.oo

El cuadro anteriormente expuesto, y aquel que se anexa como prueba documental, relaciona los datos de márgenes Margen Mayorista Gasolina Corriente sep-2005 $196.09 y octubre 2005 $ 195.20, suministrados por la gerente de planning and pricing y por la parte comercial de la entidad demandante.

El margen de gasolina corriente para el distribuidor mayorista es de $ 0.085 centavos de dólar, mientras que los márgenes en pesos colombianos se calcularon a la Tasa Representativa del Mercado de los últimos 25 días de cada mes así:

Sep-2005 $ 196.09 (US$ 0.085 X TRM $ 2,306.97)

Oct-2005 $ 195.20 (US$ 0.085 X TRM $ 2,296,46)

64.2. Falta de pago de los cánones de arrendamiento pactado en el contrato de subarriendo fechado el 1º de febrero de 1999 causados desde el 20 de octubre de 2003.

64.3. Venta de productos de marcas diferentes a Texaco, (combustibles, lubricantes, etc.).

64.4. La obligación de no ceder o traspasar total o parcialmente el contrato de subarriendo suscrito el 1º de febrero de 1999, ni dar participación a terceros o subarrendar la estación, conforme lo establece la cláusula décima cuarta del mencionado contrato.

65. Chevron Texaco Petroleum Company, (hoy Chevron Petroleum Company), ha filmado en dos ocasiones la operación de la estación de servicio Texaco San Blas, filmaciones en las que se pone de presente la operación de la estación, la adquisición y tanqueo de combustibles, la compra de bienes diferentes a combustible, todo lo cual pone de presente el incumplimiento contractual. Las mismas fueron efectuadas en la primera semana de septiembre de 2004, y entre el 25 y el 28 de octubre de 2005.

En la primera fecha se logró establecer que el camión-tanque de placas SDK 706 ingresó a la estación Texaco San Blas y depositó combustible en los tanques subterráneos de la misma; lo propio sucedió en la segunda de las grabaciones, en las que se puede constatar que el camión-tanque de placas SUK 068 ingresa en varias ocasiones a la estación y desocupa su tanque en los tanques subterráneos de la estación. Así mismo se puede apreciar cómo un usuario obtiene productos distintos a combustible que no son ni producidos ni proveídos por la entidad demandante.

66. Ni antes de la suscripción del acuerdo conciliatorio fechado el 20 de octubre de 2003, ni después del mismo, Chevron Texaco Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, ha despachado combustibles, lubricantes u otros productos a la estación Texaco San Blas, directa o indirectamente, de tal suerte que los servicios que presta la estación en la actualidad y los productos que expende no han sido adquiridos de la entidad demandante como lo previenen los contratos suscritos por las partes.

67. En la actualidad el establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio San Blas, con el número de matrícula mercantil Nº 00683293 se encuentra embargado por Green Oil de Colombia Ltda. dentro del proceso ejecutivo que esta sigue contra Marina Fandiño de Rubio ante el Juzgado 4 Civil de Circuito de esta ciudad, todo lo cual implica un incumplimiento de los términos de la operación comercial de la que se duele el Sr. Apoderado de los demandados y pone en serio riesgo las garantías constituidas a favor de la entidad demandante.

68. Como consta en el certificado de matrícula de establecimiento de comercio, respecto de la Estación de Servicio San Blas no se renovado la matrícula mercantil, obligación legal de todo comerciante.

- La contestación de la demanda

Según se relató en el capítulo de antecedentes, los señores MARINA FANDIÑO DE RUBIO Y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, dieron contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones, aceptando algunos hechos y negando otros. Adicionalmente formularon las siguientes excepciones de mérito:

1) Inexistencia de la denominada Operación Mercantil y de los supuestos contratos que la componen (arrendamiento y subarriendo).

2) El contrato celebrado no es de subarriendo sino de franquicia.

3) La denominada “operación mercantil” no está cubierta por los términos de la cláusula compromisoria que se invoca -falta de competencia-.

4) El acuerdo conciliatorio no dejó incólumes los términos de los contratos referidos.

5) Inexistencia de solidaridad entre MARINA FANDIÑO DE RUBIO Y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, en relación con el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos de fecha 20 de octubre de 1988, 1º de febrero de 1999 y las surgidas del acuerdo conciliatorio.

6) No existió incumplimiento de las obligaciones emanadas de la denominada “operación mercantil”, por parte de los convocados.

7) No existe incumplimiento si la obligación no es valida – pacto desleal de exclusividad.

8) Falta de competencia del Tribunal de Arbitramento.

9) Nadie está obligado a lo imposible.

10) El pago anticipado hace parte del precio y no puede entenderse como un préstamo que, por ende, deba devolverse.

11) Inexistencia de daños o perjuicios.

12) Indebida integración del Tribunal de Arbitramento.

En materia de excepciones, en el alegato de conclusión la parte convocada adicionalmente expuso las siguientes:

1) Cosa Juzgada.

2) Contrato no cumplido, nadie está obligado a cumplir si su contraparte no lo ha hecho previamente.

3) Abuso del derecho-violación del principio de buena fe contractual.

4) El ejercicio contradictorio de los derechos- Teoría de los actos propios.

5) Abuso de la posición dominante.

CAPÍTULO TERCERO

PRESUPUESTOS PROCESALES

Síguese del recuento efectuado en los apartes precedentes que la relación procesal existente en el caso presente se constituyó regularmente y que en el desenvolvimiento de la misma no se configura defecto alguno que, por tener la trascendencia legalmente requerida para invalidar en todo o en parte la actuación surtida y no haberse saneado, imponga darle aplicación al art. 145 del C de P.C., motivos que permiten decidir el mérito de la controversia sometida a arbitraje por las partes convocante y convocada.

CAPÍTULO CUARTO

CONSIDERACIONES

1. La Competencia del Tribunal.

Constituye este el primer tema a abordar en esta decisión final por cuanto la parte convocada esgrimió en el escrito de contestación de la demanda, la “Falta de competencia del Tribunal de Arbitramento”(12). Y a pesar de haberse resuelto el tema en el curso de la primera audiencia de trámite, se considera conveniente en esta instancia, retomar brevemente el asunto.

Sostiene el excepcionante en la contestación a la demanda, que en atención a que sus representados “nunca tuvieron la intención (y no creen haberla manifestado) de celebrar un negocio jurídico denominado o que pueda denominarse ‘operación mercantil’, así como tampoco creen que dicho negocio pueda surgir de la mera suscripción y firma de dos documentos que contienen negocios comerciales totalmente autónomos, independientes y diferentes, mal podría en estos momentos aceptarse que existe un pacto arbitral, sea en su modalidad de compromiso o de cláusula compromisoria, que haya sido pactado por las partes para dirimir las diferencias surgidas en relación con tal ‘operación mercantil’”(13).

Agrega que “En consecuencia, se solicita desestimar, en la oportunidad procesal que corresponda, dicha pretensión Nº 7 y la 8 consecuencial, por ausencia de competencia del Tribunal de Arbitramento”(14).

Posteriormente, en el alegato de conclusión, extiende el apoderado de la parte demandada la supuesta falta de competencia a todas aquellas pretensiones que versan sobre el contrato de arrendamiento suscrito entre la señora Marina Fandiño de Rubio y la sociedad convocante. Invoca como sustento de ese argumento el hecho de que (i) el contrato de arrendamiento se suscribió por escritura pública y de que en esa escritura no aparece convenio arbitral en ninguna de sus cláusulas, y (ii) que no se puede considerar que el pacto arbitral acordado en acta de conciliación suscrita por las partes, cobija la escritura pública contentiva del arrendamiento por cuanto cualquier modificación que a ella se quiera incorporar tiene que realizarse con las mismas formalidades.

En otras palabras, el Tribunal en lo que se refiere a la alegada falta de competencia encuentra unos argumentos claros y precisos en la contestación de la demanda, y otros nuevos en el alegato de conclusión, que se encaminan a negar su competencia respecto de unas pretensiones sobre las que inicialmente nada se dijo al responder la convocatoria.

Por ello, y por tener esa circunstancia un efecto fundamental en el arbitraje, es menester pronunciarse separadamente respecto de lo expuesto en la contestación de la demanda, y respecto de lo planteado, como nuevo, en el alegato de conclusión.

1.1. Sobre los argumentos expuestos en la contestación a la demanda.

Se observa en primer término, que la alegada falta de competencia, la limita el apoderado de la convocante, en la contestación de la demanda inicial, a las pretensiones 7 y 8 de la demanda, es decir a aquellas relativas a la resolución de la denominada operación mercantil y a aquellas encaminadas a la resolución, por incumplimiento, de los contratos de arrendamiento y subarriendo suscritos por las partes.

Sobre el particular debe precisarse que en la reforma de la demanda, el apoderado de la parte convocante eliminó la pretensión 7(15) inicialmente planteada, por lo cual y por sustracción de materia, resulta improcedente efectuar estudio alguno sobre la competencia para resolver de esa petición.

En lo que se refiere a la pretensión 8, cabe destacar que en la reforma de la demanda, ella fue replanteada, limitándose su alcance a una declaratoria de “supervivencia y vigencia” del contrato de arrendamiento existente sobre el lote de terreno en el que opera la Estación de Servicio San Blas.

Sobre el particular encuentra el Tribunal que el contrato de arrendamiento en mención se encuentra incluido dentro de los asuntos y controversias que fueron objeto del acuerdo conciliatorio celebrado por las partes el 20 de octubre de 2003(16). Igualmente debe destacarse que en ese acuerdo la convocante y los convocados estipularon un convenio arbitral cuyo objeto recayó, entre otros, sobre las eventuales diferencias que pudieran surgir del acuerdo mismo y sobre aquellas relativas a los contratos “referidos en los hechos”, por lo cual resulta inobjetable que el propósito de la referida pretensión 8 se encuentra perfectamente cobijado por el convenio de arbitraje suscrito por las partes y por ende, este Tribunal reitera en esta instancia su competencia para conocer de esa pretensión y de todas las demás contenidas en la demanda reformada.

1.2. Sobre los argumentos expuestos en el alegato de conclusión.

Considera el apoderado de los convocados que no se pueden extender los efectos del convenio arbitral contenido en el acta de conciliación de 20 de octubre de 2003 al contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública 1766 por cuanto ello implica una modificación a su texto, la cual debe efectuarse con la idéntica solemnidad a la observada para la celebración del contrato.

Sobre este argumento encuentra el Tribunal en primer lugar, que su invocación solamente se efectuó en la audiencia de alegatos de conclusión, es decir, no se alegó oportunamente como legalmente corresponde hacerlo en el proceso arbitral. En efecto la oportunidad procesal para alegar la falta competencia se presenta ya sea mediante un recurso de reposición contra el auto admisorio, mediante la proposición de una excepción al contestar la demanda o mediante la impugnación del auto por el cual el Tribunal resuelve sobre competencia.

A pesar de lo anterior y revisado el expediente, se encuentra que en ninguna de esas oportunidades procesales haya invocado la parte demandada, el argumento que ahora pretende esgrimir en sus alegaciones finales, con lo cual sería suficiente para rechazarlo por tratarse – se reitera – de un tema de competencia que debió ser invocado en otra oportunidad procesal.

Sin embargo y para abundar en razones, considera el Tribunal que la particular redacción que las partes dieron a la cláusula relativa al arbitraje en el acta de conciliación, no puede interpretarse como una modificación introducida a los contratos de arrendamiento o subarriendo, sino que se trata, en términos de la doctrina moderna, de un verdadero contrato de arbitraje, independiente y autónomo de los negocios jurídicos que comprende y que por esa razón goza de unas características propias.

No se trata de una cláusula compromisoria que debiera haberse incorporado por medio de otrosí modificatorio al contrato de arrendamiento o al de subarriendo, sino que se trata de un contrato separado de aquellos, cuyo objeto era que las eventuales diferencias que surgieran de varios negocios jurídicos entrelazados entre sí, pudieran ser resueltas por árbitros.

Por las anteriores razones, unas de carácter procesal y otras de carácter sustantivo, habrá de negarse el argumento invocado por la parte demandada en el alegato de conclusión, encaminado a que se declare la falta de competencia de este Tribunal.

De esta forma y más adelante en el texto de esta providencia, habrá de resolver desfavorablemente la excepción relativa a la falta de competencia, y así mismo, se procederá, como se hace a continuación, a abordar el estudio de fondo de la controversia sometida a su consideración.

2. Las Pretensiones de la Demanda.

Para efectos de orden en el estudio de los temas planteados por las partes, el Tribunal habrá de seguir el mismo orden propuesto en las pretensiones de la demanda.

2.1. La existencia de una operación mercantil.

Se encamina la pretensión primera de la convocatoria, a que el Tribunal declare la existencia de una “operación mercantil” entre las partes del proceso, operación que en su concepto se encuentra conformada por dos contratos, a saber, uno de arrendamiento de un inmueble celebrado entre Marina Fandiño de Rubio y la convocante, y otro denominado de subarriendo suscrito entre esta última y los dos convocados.

La figura de las “operaciones mercantiles” si bien aparece mencionada en el título segundo del Código de Comercio, no está definida ni claramente diferenciada en esas normas, de los denominados “actos mercantiles”.

En el derecho comparado no aparece tampoco definida en el Código de Comercio español, ni en el Código de Comercio argentino.

El artículo 20 del Estatuto Mercantil colombiano, enuncia el listado de aquellas actuaciones que para efectos legales se consideran mercantiles, y solamente en su numeral 7 utiliza la expresión “operaciones” para referirse a negocios bancarios, de bolsa o de martillos.

De esta manera, bien podría darse una primera interpretación consistente en equiparar las operaciones mercantiles a los actos de comercio, pues de la lectura del referido título 2 del código, no pareciera haberse hecho por el legislador distinción alguna.

Sin embargo si se quiere intentar proponer un elemento diferenciador entre el acto de comercio y la operación mercantil, atendiendo al principio de interpretación de las normas conforme al cual estas deben tener un efecto útil, podría sostenerse que la segunda, es una sucesión o acumulación de actos de comercio relacionados entre sí y tendientes a la realización de un fin u objetivo específico con vocación de permanencia en el tiempo.

En otras palabras, cuando dos o más comerciantes aúnan sus voluntades para obtener una finalidad concreta y duradera en el tiempo, y para ello entrelazan o ejecutan actos de comercio, están ejecutando una operación mercantil.

Sobre la base de estas premisas, no cabe duda que en el presente proceso, aparece acreditado que convocante y convocados se reunieron en torno a objetivo mercantil específico: la explotación de una estación de servicio.

Para ese efecto, la señora Marina Fandiño de Rubio, propietaria de un inmueble celebró un contrato de arrendamiento en favor de Chevron Petroleum Company, y a su turno esta procedió a subarrendar el establecimiento de comercio ubicado en ese inmueble, a la mencionada señora Fandiño de Rubio y al señor Carlos Guillermo Rubio Fandiño.

Tenían como propósito esos contratos, la explotación de una estación de servicio por parte de los convocados, estación que a su turno estaría afiliada a la firma Texaco, y que vendería exclusivamente los productos elaborados o suministrados por aquella.

De esta forma, es claro que si se quiere hablar de “operación mercantil” como se hace en la demanda, no cabe duda de que los contratos antes mencionados hacen parte de la referida operación, pero la misma no se limita a ellos como se circunscribe en la pretensión primera de la demanda, pues lo cierto es aquella debía cobijar otros actos mercantiles y otros contratos, tales como el de comodato que aparece aportado como prueba con la demanda(17), o aquel denominado por las partes “estaciones de servicio open dealer”(18) .

De esta forma, si se quiere hablar de “operación mercantil” y se solicita la declaratoria judicial de su existencia, no puede el Tribunal acceder a lo solicitado en los términos del primer petitum de la demanda, por cuanto si se acepta la existencia de la operación mercantil, ella no puede quedar circunscrita a los dos negocios jurídicos a los que la intenta reducir el señor apoderado de la parte actora.

Con fundamento en estas consideraciones, habrá de negarse la pretensión primera de la demanda, la cual por lo demás, y como se verá más adelante, carece de toda conexidad y relevancia respecto de las demás pretensiones de la convocatoria.

2.2. La declaratoria de existencia de los contratos de arrendamiento y de subarriendo.

Solicita a continuación la parte demandante, que se declare que existe el contrato de arrendamiento del lote sobre el cual está construida la estación de servicio y el contrato de subarriendo del establecimiento de comercio Estación de Servicio San Blas.

Sobre el particular observa en primer lugar el Tribunal que al expediente fue aportada copia auténtica de la escritura pública Nº 1766 otorgada el 20 de octubre de 1998 en la Notaría 44 del Círculo de Bogotá(19), en la cual la señora Marina Fandiño de Rubio arrienda el lote de terreno ubicado en “el camino al oriente 17 – 54 interior 59” a la firma Texas Petroleum Company, quien en esa actuación aparece representada por un apoderado especial, el señor Hernando Ramírez Mejía.

Sostiene la parte demandada en uno de sus medios de defensa que el mencionado apoderado no contaba con la capacidad suficiente para la celebración de ese negocio, pues tenía una limitante de setenta mil dólares de los Estados Unidos de América, la cual en su concepto es inferior al monto del valor del contrato.

Sobre el particular considera el Tribunal que examinado el certificado de existencia y representación legal de Chevron Texaco que fue protocolizado con la escritura pública contentiva del arrendamiento(20), se encuentra que la cantidad de 70.000 USD como techo de facultades, está determinada, entre otros, por: “los siguientes actos o contratos: A) Contratos de arrendamiento de estaciones de servicio y sus correspondientes modificaciones, cuya (sic) cuantía no exceda de 70.000 USD o sus equivalentes en moneda legal colombiana”.

Sin embargo, el contrato a que se refiere la escritura 1766, es de arrendamiento de un inmueble consistente en un lote de terreno. No lo es de una estación de servicio. Por ello, su celebración tal como aparece protocolizado(21) requirió del poder especial otorgado por el Apoderado General de Texas Petroleum Company, al señor Hernando Ramírez Mejía: “para que en nombre y representación de Texas Petroleum Company, suscriba contrato de arrendamiento y aclaración de hipoteca por escritura pública sobre el siguiente inmueble: Un lote de terreno, junto con la edificación en él existente, en el estado que se encuentra actualmente, junto con sus anexidades, instalaciones mejoras y dependencias, situado en Santafé de Bogotá, D.C., en EL CAMINO AL ORIENTE 17-54 INTERIOR 59 (...)”.

De esta forma, no encuentra el Tribunal sustentada ni demostrada la alegada falta de capacidad del apoderado especial de la convocante que suscribió la escritura pública de constitución del arrendamiento del lote, y en consecuencia, en lo que respecta a ese contrato, accederá a la pretensión.

En lo tocante al contrato de subarriendo del establecimiento de comercio, reposa en el expediente el texto de tal negocio en el cuaderno de pruebas Nº 1(22).

Sobre el mismo, invoca la parte demandada idéntico reparo, en el sentido de que el apoderado de la actora que lo suscribió carecía de facultades para ello. Sin embargo revisadas las cuantías, como se explicará más adelante al momento de estudiar la excepción correspondiente, concluye el Tribunal que no adolece el contrato de vicio que lo pueda invalidar.

Corolario de lo anterior, habrá que acceder a la pretensión segunda de la demanda.

2.3. La declaratoria de existencia del acuerdo conciliatorio.

Respecto de esta petición será suficiente hacer remisión al texto del documento que reposa en fotocopia autenticada a folio 43 del cuaderno de pruebas Nº 1, el cual contiene los términos del acuerdo conciliatorio celebrado por las partes ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

Respecto del mismo no existe tacha alguna de la parte convocada y adicionalmente se destaca que al dar respuesta al hecho 52 de la demanda en el que se hace mención al acuerdo, la parte pasiva acepta el hecho como cierto.

En esos términos habrá de accederse a la pretensión 3 del libelo.

2.4. La declaratoria de que el acuerdo conciliatorio dejó incólumes los términos de los contratos de arriendo y subarriendo.

Sobre esta petición, es menester destacar en primer término, que de la revisión del texto del acuerdo celebrado ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se puede concluir que las partes se obligaron a modificar los contratos de arrendamiento y subarriendo.

En efecto en la cláusula segunda de ese documento, los suscribientes convinieron prorrogar el plazo del contrato de arrendamiento celebrado entre la señora Marina Fandiño de Rubio y la sociedad demandante.

Igualmente se obligaron a modificar el contrato de subarriendo del establecimiento de comercio ubicado en el inmueble arrendado, como efectivamente ocurrió, tanto en su término de vigencia como en el volumen de galones de combustible y de lubricantes que debían ser adquiridos por los convocados.

En la cláusula quinta de ese convenio los convocantes se obligaron a vender en la Estación de Servicio San Blas 70.000 galones mensuales de combustible y 100 galones mensuales de lubricantes frente a los 300.000 y 1.000 a los que respectivamente se habían obligado en la cláusula octava del contrato de subarriendo de la estación. No se puede negar que se trata de una modificación novatoria de la obligación de compra de combustibles y lubricantes, que tiene pleno efecto para las partes.

De esta manera no puede pasarse por alto que por tratarse de un documento válido, quedaron de una parte, modificadas unas obligaciones contractuales y, de la otra quedó radicado en cabeza de las partes, el deber de instrumentalizar la demás modificaciones convenidas respecto del contrato de arrendamiento.

En esos términos no podrá accederse a lo solicitado por la actora en su pretensión 4.

2.5. La declaratoria de solidaridad entre Carlos Guillermo Rubio Fandiño y Marina Fandiño de Rubio.

Se encamina la petición 5 de la convocatoria a que se declare que entre los dos demandados existe solidaridad respecto de “todas y cada una de las obligaciones emanadas de los contratos a los que se refiere el numeral 1º del presente capítulo y de las emanadas del acuerdo conciliatorio…”.

Respecto del primero de esos contratos, el de arrendamiento, debe precisarse que las partes del mismo son la señora Marina Fandiño de Rubio, como arrendadora, y Texas Petroleum Company, como arrendataria. No aparece como parte del mismo el convocado Carlos Guillermo Rubio Fandiño, y por ende los únicos obligados por esa relación negocial son las personas mencionadas.

En virtud de lo anterior, resulta imposible respecto de ese contrato, declarar como deudor solidario de la señora Fandiño de Rudio, al demandado Carlos Guillermo Rubio por la potísima razón de que para él no surgieron obligaciones de ese arrendamiento.

Ahora bien, si se quisiera derivar del acuerdo conciliatorio una solidaridad pasiva del señor Rubio respecto de las obligaciones surgidas del contrato de arrendamiento, tendría igualmente que llegarse a la conclusión de que ella no se puede dar pues a aquel, por no gozar de la calidad de propietario del bien, le resultaría imposible el cumplimiento de las prestaciones propias del arrendador.

Situación contraria acontece respecto del contrato de subarriendo del establecimiento de comercio pues en su texto(23) acordaron las partes que la mencionada señora prestaba su consentimiento en calidad de arrendataria, y el señor Rubio lo hacía en calidad de coarrendatario. Y específicamente en la cláusula décima novena del mismo, convinieron los contratantes que “el COARRENDATARIO responde solidariamente con el ARRENDATARIO por las deudas a cargo de ellos y a favor de la TEXAS, en cualquier tiempo y desde que ellas se hagan exigibles, ya sean causadas por el arrendamiento propiamente dicho o que resulten del suministro de los combustibles, lubricantes o de cualesquiera productos o elementos hechos por la TEXAS”(24).

La claridad de esta estipulación, a más de la calidad de comerciantes de los demandados y con ella la aplicación de la previsión del artículo 825 del Estatuto Mercantil(25), constituyen suficiente sustento para el éxito parcial de la pretensión, y en consecuencia a ella habrá de accederse de esa forma en la parte resolutiva de esta providencia.

A idéntica conclusión puede arribarse en lo tocante con las obligaciones derivadas del acuerdo conciliatorio, con la salvedad referida al contrato de arrendamiento, pues dicho acuerdo fue suscrito conjuntamente por los demandados en su calidad de comerciantes, lo cual conlleva la aplicación de la presunción legal contenida en el antedicho artículo 825, por lo que en este aspecto tendrá igualmente éxito la pretensión.

2.6. La declaratoria de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los convocados.

Solicita el apoderado de la parte actora la declaratoria de incumplimiento de las siguientes obligaciones:

• Aquellas relacionadas con los volúmenes de combustible y de lubricantes que los demandados se obligaron a adquirir.

• La obligación de comprar y vender exclusivamente los productos marca Texaco.

• La obligación del pago de los cánones de arrendamiento del establecimiento de comercio.

• La obligación de no ceder o traspasar total o parcialmente el contrato de subarriendo.

Procede entonces el Tribunal a analizar cada uno de los incumplimientos invocados, con base en el material probatorio recaudado.

2.6.1. Los volúmenes de combustible y lubricantes que los convocados se obligaron a comprar:

De conformidad con lo acordado en la cláusula quinta del acuerdo conciliatorio tantas veces mencionado y como ya se dijo, los convocados se comprometieron a vender en la estación de servicio San Blas “70.000 galones mensuales de combustible y 100 galones mensuales de lubricantes”, volúmenes estos que obviamente debían comprar a la actora.

A pesar de la claridad de esa obligación, en el expediente aparece acreditada con suficiencia su inobservancia. De esas pruebas encuentra el Tribunal contundente la confesión del convocado Carlos Guillermo Rubio Fandiño quien en su interrogatorio de parte rendido el de 14 de febrero de 2008, aceptó expresamente que no compra a Texaco combustibles ni lubricantes para la mencionada estación de servicio(26).

Aparece reforzada la prueba de ese incumplimiento con lo observado de manera directa por el Tribunal en el curso de la inspección judicial realizada a las instalaciones de la Estación, en la cual pudo encontrar facturas de compra de combustible a Esso Mobil de Colombia(27) y con las manifestaciones del testigo Germán Alejandro Díaz Barragán, quien expresamente reconoció que el convocado compraba “a través suyo” combustible a la “Esso Colombiana, a Brío de Colombia y a veces acá en Petrobrás”(28).

Estando entonces acreditada la existencia de la obligación y su incumplimiento, corresponde analizar, si esa inobservancia es imputable a los convocados. Lo anterior con mayor razón por cuanto si bien el apoderado de los convocados reconoce expresamente en su alegato de conclusión la existencia del incumplimiento, lo atribuye sin embargo a la conducta de la convocada(29).

Sostiene en su alegación final que “CHEVRON se encargó de obstruir y obstaculizar la consecución de dicho fin primordial” refiriéndose a la solución de los impases que de tiempo atrás se venían presentando entre las partes y que intentaron superarse con el arreglo conciliatorio. Endilga a la actora la imposición de requerimientos y exigencias que nunca se acordaron en la conciliación.

Visto desde el punto de vista de la responsabilidad, pretende la parte convocada eximirse del incumplimiento de su obligación, imputando la causa del mismo a la convocante.

Sobre el particular observa el Tribunal que si bien es cierto aparece acreditado en el proceso que Chevron exigía para la venta de sus productos la asignación de un “código” a sus distribuidores, y para la obtención del mismo era necesario el cumplimiento de una serie de requisitos formales, no es menos cierto que los demandados conocían la existencia de esos requerimientos de tiempo atrás pues su relación comercial con la actora no se originó con el acuerdo conciliatorio, sino que venía ejecutándose de antaño.

No pueden en consecuencia llamarse a sorpresa los demandados sobre la necesidad de cumplir esas exigencias formales para obtener el llamado “código” e iniciar con él la compra de productos, pues con anterioridad a la conciliación eran conscientes de que la relación contractual se ejecutaba de esa forma y de hecho así lo habían cumplido previamente.

No encuentra entonces el Tribunal acreditada la existencia de una eximente de responsabilidad que tenga la virtualidad de exonerar el incumplimiento, y por ende, habrá de acceder a la petición de incumplimiento relativa a obligación de compra de combustibles y lubricantes.

2.6.2. La obligación de vender exclusivamente los productos de Texaco.

Con fundamento en las pruebas mencionadas al estudiar el incumplimiento inmediatamente anterior, y con la demostración obtenida de manera directa por el Tribunal en la inspección judicial, de que la Estación de Servicio San Blas continua operando, se tiene necesariamente que concluir que la obligación de vender exclusivamente productos de Texaco, se encuentra igualmente incumplida.

Quedó ya mencionado que el testigo Germán Alejandro Díaz Barragán reconoció adquirir por su conducto productos de otros mayoristas para la estación, y de ello dejó igualmente constancia el Tribunal en el acta de la diligencia de inspección judicial al haber encontrado por ejemplo en la bodega, productos marca Mobil o marca Shell(30).

A lo anterior se puedan agregar además las conclusiones del dictamen pericial contenidas en la respuesta a la pregunta Nº 1 en la cual la experta claramente advierte la existencia de remisiones de combustible de Mobil de Colombia y de compras a la empresa Lubriger Limitada.

Por ello sin lucubraciones adicionales, se impone declarar igualmente el incumplimiento de la obligación en estudio, y acceder en consecuencia a la prosperidad de la pretensión en ese sentido, al no encontrarse tampoco eximente de responsabilidad demostrada por la parte pasiva.

2.6.3. La obligación del pago de los cánones de arrendamiento del establecimiento de comercio.

Sostiene el apoderado de la actora en el hecho 64.2 de la demanda, que los convocados se encuentran en mora de pagar los cánones del contrato de subarriendo desde el 20 de octubre de 2003.

Al dar respuesta a ese hecho el apoderado de la parte pasiva respondió expresamente “Es cierto que no se han pagado los cánones de arrendamiento causados desde el 20 de octubre de 2003”.

No requiere el Tribunal efectuar mayor análisis al respecto para acceder a la prosperidad de la pretensión correspondiente, lo cual se verá reflejado en la parte resolutiva.

2.6.4. La obligación de no ceder o traspasar total o parcialmente el contrato de subarriendo.

En lo tocante con esta obligación, encontró el Tribunal en el curso de la inspección judicial realizada a la Estación de Servicio, una particular situación consistente en que la contabilidad de la misma no se encontraba allí sino que era llevada por el señor Germán Díaz, persona con quien se “venía haciendo una alianza de salvación” del negocio, según se informó(31). Igualmente se incorporó al expediente copia de una de las facturas utilizadas para la venta de combustible a los usuarios, documentos en los que aparece la denominación “Estación de Servicio San Blas, A y E Combustibles y Lubricantes E.U.”(32).

Al ser preguntado en la diligencia de interrogatorio de parte sobre la propiedad de esa empresa unipersonal, manifestó el convocado que ella pertenecía al mencionado señor Germán Díaz.

A su turno, la señora perito en su dictamen pericial conceptuó que al solicitar la revisión de la contabilidad de la estación, le fue entregada la que corresponde a la empresa A y E Combustibles y Lubricantes E.U.

Concluye entonces el Tribunal, que el establecimiento de comercio está siendo explotado por la antedicha empresa unipersonal que es de propiedad de Germán Díaz; en otras palabras no son los convocados quienes la explotan.

Explicación parcial más no suficiente de esa circunstancia puede encontrarse en el testimonio del señor Díaz, persona que rindió declaración el día 28 de septiembre de 2007(33). De ella vale la pena destacar el hecho de que el testigo reconoció tener un “convenio” con el señor Guillermo Rubio “que no es de arriendo, ni de nada, sino de un dinero que él me debía, hicimos una conciliación de palabra con él y él administra su negocio y yo lo único que hago en ese negocio que tiene él es tener un dinero ahí invertido y sacarle un porcentaje de ganancias (…)”. Y agregó el deponente que su gestión en la Estación San Blas consistía en “administrar los gastos” con la finalidad de que con los ingresos de la operación se fuera pagando una obligación existente de tiempo atrás a favor suyo y a cargo del demandado.

Si bien el testigo explica en cierta medida la razón de su intervención en la operación del establecimiento mercantil, lo cierto es que las demás pruebas llevan a la conclusión que por encima de una simple “administración de gastos” existe una empresa que explota el negocio y que no es de propiedad de ninguno de los demandados.

Se abre paso en consecuencia la prosperidad de la declaratoria del incumplimiento de la obligación de no ceder el contrato de subarriendo, y así se reflejará en la parte dispositiva de este laudo.

2.7. La resolución del contrato de subarriendo.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, acude la convocante, en la pretensión 7 de la demanda, a la facultad de solicitar la resolución del contrato de subarriendo, conforme lo prevén las disposiciones de los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, que en su orden disponen “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”. y “En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización de los perjuicios moratorios”.

Se trata de un elemento natural que se entiende incorporado a los contratos bilaterales y que consiste en el derecho que tiene el contratante cumplido para que, como consecuencia del incumplimiento de su cocontratante, se solicite al juez la resolución del contrato.

Obsérvese que el incumplimiento del contrato por uno de los contratantes es el presupuesto en que se funda la ley para concederle al otro contratante la acción resolutoria, y de ello dependerá que el contrato se mantenga con efectos propios o que llegue a su fin.

Estando acreditada la inobservancia de las obligaciones como quedó expuesto anteriormente y el cumplimiento de aquellas que corresponde a la actora, procederá igualmente el Tribunal a decretar la resolución del contrato de subarriendo celebrado sobre el establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio San Blas.

2.8. La declaratoria de vigencia del contrato de arrendamiento celebrado sobre el lote de terreno en el que se encuentra la Estación.

En lo que se refiere a la pretensión 8 de la demanda, encaminada a que se declare la “supervivencia y vigencia del contrato de arrendamiento” existente sobre el lote de terreno en que se encuentra la Estación de Servicio San Blas, no advierte el Tribunal acreditada circunstancia alguna que afecte su existencia o que lo invalide, por lo cual declarará lo solicitado por el demandante.

2.9. La orden a la demandada Marina Fandiño de Rubio de dar cumplimiento al contrato de arrendamiento celebrado sobre el inmueble en que se encuentra la Estación.

No obra en el proceso, prueba alguna de que la señora Marina Fandiño de Rubio haya incumplido o se encuentre incumpliendo las obligaciones que para ella surgen del contrato de arrendamiento del inmueble sobre el cual se encuentra la Estación de Servicio.

Por esa razón se considera que una declaratoria de “estricto cumplimiento” de ese contrato, como se solicita en la pretensión, sería consecuencia de la desatención de una o varias de sus obligaciones, circunstancias que por no haberse demostrado no permiten acceder a una tal solicitud.

Para el Tribunal es claro que el referido negocio jurídico se encuentra vigente y que deberá continuarse su ejecución y cumplimiento en respeto del principio del pacta sunt servanda.

2.10. La orden de restitución de la Estación de Servicio San Blas.

Tal y como se expresó en acápite anterior, la resolución del contrato implica la restitución de las partes a la situación en que se encontraban antes de su celebración, y en consecuencia como el Tribunal ha consentido en la declaratoria de resolución del contrato de subarriendo, deberán los convocados restituir la Estación de Servicio San Blas a la sociedad demandante.

2.11. Las condenas económicas.

Adicionalmente a las pretensiones consecuenciales ya examinadas, solicita la actora en la pretensión undécima la imposición de las condenas económicas que a continuación pasan a estudiarse.

2.11.1. La aplicación de la multa.

Se encamina esta solicitud a que el Tribunal proceda a imponer la multa originada en el incumplimiento de la obligación de adquirir volúmenes mensuales de combustible y lubricantes, pactada en la cláusula octava y modificada posteriormente por la estipulación quinta del acuerdo de conciliación.

Conforme a esa estipulación el “arrendatario” se comprometía inicialmente con la actora a comprarle de manera exclusiva un volumen mínimo mensual de 300.000 galones de combustible y 1.000 galones de lubricantes, valores que posteriormente fueron reducidos en la conciliación a 70.000 y 100 respectivamente. En caso de no cumplir con esas metas se convino una multa equivalente al volumen “inmediatamente dejado de comprar multiplicado por el margen establecido de gasolina motor corriente en la resolución vigente al momento del incumplimiento”(34).

Encontrándose acreditado con suficiencia el incumplimiento de esta obligación, considera el Tribunal procedente la aplicación de la multa acordada por las partes, y en consecuencia habrá de imponerla en la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($ 13.372.100.).

2.11.2. La indemnización de perjuicios.

Se centran a continuación las pretensiones 11.2.2 a 11.2.5 a solicitar el pago de los perjuicios padecidos por la actora como consecuencia de la no venta de sus productos, del no pago de los cánones del subarriendo y los consecuentes intereses.

El perjuicio se encuentra efectivamente acreditado, y por ende en capítulo posterior habrán de efectuarse las correspondientes liquidaciones con base en los siguientes parámetros:

• Para el cálculo de los márgenes de utilidad dejados de percibir por la actora por la falta de compra de combustible: se multiplicará la utilidad fijada para el mayorista por el número de galones mensuales dejado de comprar por los demandados durante el período comprendido entre el 20 de octubre de 2003 (fecha de la suscripción del acuerdo conciliatorio que contiene una modificación novatoria de esas obligaciones) y la fecha de este laudo. Esa suma conforme al cuadro Nº 1 anexo a este Laudo, asciende a $ 770.873.250.

• Para el cálculo de los márgenes de utilidad dejados de percibir por la actora por la falta de compra de lubricantes: se multiplicará la utilidad acreditada por Texaco en el cuadro aportado por la parte convocante con la demanda (folio 54 del C. de Pruebas Nº 1) fijada para el mayorista por el número de galones mensuales dejado de comprar por los demandados durante el período comprendido entre el 20 de octubre de 2003 (fecha de la suscripción del acuerdo conciliatorio que contiene una modificación novatoria de esas obligaciones) y la fecha de este laudo. Destaca el Tribunal que ese margen no fue controvertido por la parte convocada. Esa suma conforme al cuadro Nº 2 anexo a este Laudo, asciende a $ 122.187.707.

• Para el cálculo de los cánones de arrendamiento dejados de pagar: se multiplicará el valor de ese canon –incrementado año a año con el IPC, de acuerdo con lo pactado en el contrato por el número de meses que va desde el 20 de octubre de 2003 hasta la fecha de este laudo. Esa cifra asciende a $ 8.619.133 conforme al cuadro Nº 3.

• Para efectos del cálculo de los intereses moratorios el Tribunal habrá de dividir la liquidación teniendo en cuenta dos períodos, a saber, el comprendido entre el 20 de octubre de 2003 y el 8 de junio de 2006, fecha de notificación del auto admisorio de la demanda; y aquel corrido entre esta última fecha y el 16 de mayo de 2008. Para el primer período procederá a determinar la cifra total de capital que para el 8 de junio de 2006 correspondía a cada uno de los conceptos anteriores. A ese capital aplicará los intereses de mora a la máxima tasa legal permitida conforme a lo dispuesto por el artículo 884 del C. de Co. Lo anterior por cuanto esa fecha corresponde a la de notificación de la demanda y a partir de ella es que debe aplicarse la previsión del artículo 90 del CPC en concordancia con lo solicitado en la pretensión 11.2.5. El monto de los intereses moratorios causados en por los tres conceptos reclamados, asciende a:

i) Combustible: $ 240.988.717 de acuerdo con la liquidación contenida en el Cuadro Nº 4.

ii) Lubricantes: $ 36.133.639 de acuerdo con la liquidación contenida en el Cuadro Nº 5, y

iii) Canon de arrendamiento: $ 2.556.974, de acuerdo con la liquidación contenida en el cuadro 6.

En cuanto al segundo período (8 de junio de 2006 a 16 de mayo de 2008) se tomarán las cifras mensuales correspondientes a cada uno de los conceptos reclamados, y para cada una de ellas se aplicará el interés moratorio correspondiente a ese mes, y ello se multiplicará por el número de días. El monto de los intereses moratorios causados por los tres conceptos reclamados asciende a:

i) Combustible: $ 84.108.638. de acuerdo con la liquidación contenida en el Cuadro Nº 7.

ii) Lubricantes: $ 14.561.697 de acuerdo con la liquidación contenida en el Cuadro Nº 8, y

iii) Canon de arrendamiento: $ 1.006.424, de acuerdo con la liquidación contenida en el cuadro 9.

2.12. Las pretensiones subsidiarias.

Vista la forma como se encuentran planteadas las pretensiones subsidiarias de la demanda, advierte el Tribunal que resulta innecesario abordar su estudio pues ellas están presentadas como un bloque integral de peticiones que habrían de analizarse en caso de no prosperar aquellas planteadas como principales.

Sin embargo atendiendo a la prosperidad mayoritaria de los pedimentos fundamentales, se impone el relevo del estudio de las demás.

3. Excepciones.

3.1. Inexistencia de la Denominada Operación Mercantil y de los Supuestos Contratos que la Componen (Arrendamiento y Subarriendo).

La parte Convocada alega la no existencia de la operación mercantil, por la no existencia de los contratos (negocios jurídicos) que la componen o configuran o al menos uno de ellos.

A. El Contrato de Arrendamiento del Lote.

Como ya se dijo, respecto del arrendamiento del lote sostiene la Convocada que el apoderado de la Convocante que concurrió a suscribir la escritura pública 1766 de la Notaría 44 de Bogotá, fechada el 20 de octubre de 1998, lo hizo con poder especial no suficiente para el otorgamiento del acto realizado. Para ello sostiene que las facultades del apoderado tenían un límite de 70.000 dólares de los Estados Unidos de América, límite que era superado por el valor del arriendo contenido en la escritura pública 1766 del 20 de octubre de 1998, ya que, según él, el valor convertido a dólares de los 200 millones de pesos, era de 125.142,35 dólares.

Reitera en este punto el Tribunal lo afirmado anteriormente, en el sentido de que la limitante de 70.000 USD está fijada para contratos de arrendamiento de estaciones de servicio y sus correspondientes modificaciones, y que el contrato a que se refiere la escritura 1766, es de arrendamiento de un lote y no de una estación de servicio.

Por ello no están llamadas a prosperar las excepciones consagradas a folios 419 y 420 literal A. i), ii) y iii) ya que el Apoderado General de la Texas Chevron: Héctor José Fajardo Olarte sí estaba facultado para otorgar poderes especiales sobre lo que versaran sus facultades tal como aparece en el Certificado de Cámara de Comercio de la Convocante que obra en el expediente a folios 700 y 701 del Cuaderno Principal.

En efecto, allí está explícito que dentro de sus facultades estaba la de: “tomar y dar en arrendamiento cualesquiera bienes inmuebles tales como terrenos, edificios, oficinas, ...”.

B. El Contrato de Subarriendo.

Alega el apoderado de la Convocada, las mismas razones respecto a la personería del apoderado, Hernando Ramírez Mejía, incurriendo en el mismo error referido anteriormente. El señor Ramírez actúa en este caso en ejercicio de las facultades a él otorgadas, no por poder especial ya que el contrato de subarriendo (o de arrendamiento de establecimiento comercial) tiene un canon de $ 100.000 mensuales (cláusula segunda – canon) por una vigencia de 20 años – Cláusula Décima Octava, es decir de 19 a 20 años, lo cual a la tasa de cambio utilizada por el propio apoderado de la Convocada en su líbelo de contestación a la demanda (folio 420) corresponde a una autorización de hasta 70.000 USD equivalentes a 111.872.600 pesos colombianos y el monto del contrato, si se toman los 20 años, sería de $ 24.000.000 y los 19 de $ 22.800.000. Por lo tanto, la excepción alegada en el literal i) no está llamada a prosperar. Así las cosas, los dos referidos contratos fueron válidamente celebrados.

3.2. El Contrato Celebrado no es de Subarriendo sino de Franquicia.

Sostiene la Convocada que el contrato titulado por las partes no es de subarriendo, sino de franquicia.

Para el Tribunal, la acepción que a los contratos se otorgue no puede superar la que emane de su naturaleza. En el presente caso, y como lo reconoce la propia Convocante, el llamado contrato de subarriendo no es propiamente de subarriendo, ya que no emana ni surge como consecuencia de un arriendo previo cedido a la Convocada.

Respecto a la naturaleza del contrato de Franquicia, modalidad de la concesión comercial como la Convocada apropiadamente denomina el contrato en estudio, es necesario establecer los elementos fundamentales, los cuales según la Unidroit, citada en su libro: El Contrato de Franquicia Internacional del Autor Fabián López Guzmán, pag. 172, Editorial Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, son:

“UNIDROIT propone la siguiente definición de franquicia: “Es una operación de franquicia la operación contractual entre un franquiciante y un franquiciado, en la cual el franquiciante ofrece o es obligado a mantener un interés permanente en el negocio del franquiciado, en aspectos tales como del know how y la asistencia técnica. El franquiciado opera bajo un nombre comercial conocido, un método y un procedimiento que pertenece, o que es controlado por el franquiciante, y en el cual el franquiciado ha hecho o hará una inversión sustancial en su propio negocio con sus propios recursos” (Subrayas fuera de texto). 

De ello, se desprende que en la franquicia es primordial la licencia de uso de una marca, así como la transferencia de un Know-How. Pero, fundamentalmente el que la franquicia surge como un vehículo jurídico que permite al franquiciante (quien la otorga) que alguien (el Franquiciado) desarrolle la inversión necesaria para expandir los negocios del Franquiciador, de tal manera que este último pueda expandirse sin incurrir en los gastos de capital que su crecimiento requiere. Así las cosas, en el presente caso, no existe inversión por parte de la Convocada para el desarrollo de la expansión de la Convocante. Por el contrario, esta última entrega en arriendo o en comodato los elementos propios de la estación de servicio para su operación, así como el propio establecimiento de comercio.

Pero, independiente de la naturaleza del contrato aquí analizado, las pretensiones de la demanda se refieren a la existencia de negocios jurídicos entre la Convocante y los Convocados: Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño, negocios que no son desconocidos por la parte Convocada; por el contrario reconoce su existencia (aunque alega su invalidez por carencia de facultades para comprometer a la Convocante, lo cual ya se respondió anteriormente). Siendo ello así, la presente excepción tampoco está llamada a prosperar.

3.3. La denominada “Operación Mercantil” no está cubierta por los términos de la cláusula compromisoria que se invoca -falta de competencia-.

En relación con la denominada operación mercantil, como se dijo en auto 18: “no cabe duda de que la intención de las partes al suscribir el referido convenio era que un juez arbitral fuera el encargado de resolver las diferencias que pudieran surgir, no solo del acuerdo conciliatorio que la contiene sino en general de las relaciones jurídicas entre ellas”. Es así como el Tribunal considera, como ya analizó anteriormente, que sin importar la existencia o no de la “operación mercantil”, tanto para el contrato de arrendamiento del inmueble como para el denominado de subarriendo, el Tribunal es competente. Sin embargo se reitera que en lo que se refiere a la existencia de una operación mercantil para los propósitos de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de las partes surgidas de los negocios jurídicos probados como existentes entre ellos, se vuelve una figura inocua.

3.4. El acuerdo conciliatorio no dejó incólumes los términos de los contratos referidos.

En concordancia con lo analizado en el capítulo correspondiente a las pretensiones, el Tribunal encuentra que esta excepción debe prosperar en el sentido de que el acuerdo conciliatorio sí modificó los contratos de arriendo y el denominado de subarriendo, puesto que como bien lo manifiesta el señor apoderado de la Convocada tanto las cláusulas quinta, sexta y décima del conciliatorio establecieron modificaciones a los contratos pretendidamente incólumes.

Basta revisar sus textos, en cuanto a volúmenes mínimos de compra, modalidad de pago y cláusula de arbitramento.

3.5. Inexistencia de solidaridad entre MARINA FANDIÑO DE RUBIO Y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, en relación con el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos de fecha 20 de octubre de 1988, 1º de febrero de 1999 y las surgidas del acuerdo conciliatorio.

Reclama la Convocada que se decrete inexistencia de solidaridad entre los demandados porque:

a) Carlos Guillermo Rubio F., no firmó el contrato de 20 de octubre de 1998 (Escritura Nº 1776 contentiva del contrato de arrendamiento de bien inmueble).

b) Solo debe aplicarse solidaridad en el contrato de subarriendo, respecto a la cláusula décima novena en cuanto ella se refiere a las deudas a cargo de ellos (Marina Fandiño de Rubio y Carlos Guillermo Rubio Fandiño) y no respecto al resto del contrato, y

c) En cuanto al acuerdo conciliatorio, también suscrito por Carlos Guillermo Rubio Fandiño, reconoce que solo aplica la solidaridad frente a la obligación cumplida de cancelación de la suma de $ 70.000.000, prestación consagrada en la cláusula 7 de dicho acuerdo.

Conforme a lo analizado anteriormente respecto de la pretensión 5 de la demanda, encuentra el Tribunal que esta excepción habrá de prosperar parcialmente de manera exclusiva en lo tocante con el contrato de arrendamiento del lote.

En lo que se refiere a los demás negocios jurídicos celebrados entre las partes olvida el señor apoderado de la Convocada la cadena secuencial de compromisos adquiridos por el señor Carlos Guillermo Rubio Fandiño ya que siendo cierto que no suscribió el contrato de arriendo (Escritura 1766) seguidamente, sí suscribió como parte coarrendataria, el llamado contrato de subarriendo, donde en la cláusula décima novena se destacan precisas obligaciones tales como: “responder solidariamente por las deudas a cargo de ellos a favor de la Texas, en cualquier tiempo y desde que ellas se hagan exigibles, ya sean causadas por el arrendamiento propiamente dicho o que resulten del suministro de los combustibles lubricantes o de cualesquiera productos o elementos hechos por la Texas al arrendatario” (Subrayas fuera del texto).

Debe entenderse que aquellas deudas, son las obligaciones que se causen en virtud del contrato que el coarrendatario solidario –como lo dice al inicio de contrato- suscribe como parte del contrato, y es evidente que la expresión “deudas”, debe entenderse en su acepción de obligación para que armonice con lo que en la misma cláusula se expresa y se subraya, así como en el resto del clausulado del contrato.

Pero si lo anterior no fuere suficiente, el tercero de los contratos de la cadena secuencial aquí en análisis, el Acuerdo Conciliatorio, suscrito también por Marina Fandiño destaca y asevera, en el punto 2.2 del Contrato (Folio 5, Cuaderno de Pruebas) que Carlos Guillermo Rubio Fandiño suscribió el contrato “en calidad de subcoarrendatario solidario”, reconociendo además dicha suscripción como la de aquella parte denominada según la legislación de distribución de combustibles, como: Distribuidores Minoristas, y asumiendo las obligaciones allí consagradas en su calidad de “titular arrendatario: Marina Fandiño de Rubio” “y como coarrendatario solidario el señor Carlos Guillermo Rubio Fandiño” (Parágrafo Único de la Cláusula Segunda del Acuerdo Conciliatorio Subraya fuera de Texto).

Las obligaciones adquiridas allí, consagradas en las cláusulas tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena y décima, se refieren todas al saneamiento y cumplimiento de los contratos previos, particularmente al denominado de subarriendo, y en dichos compromisos las partes actúan en consenso y solidariamente; concluyendo que de existir diferencias con la contraparte, estas, las surgidas de las obligaciones aquí adquiridas, de cumplimiento y saneamiento de la situación contractual que motivó la celebración del Acta Conciliatoria, se zanjarán mediante proceso arbitral.

Y por si lo anterior fuera poco, como ya se manifestó no puede pasarse por alto que los convocados son comerciantes (Artículo 825 del C de Co, solidaridad del comerciante).

3.6. No existió incumplimiento de las obligaciones emanadas de la denominada “Operación Mercantil”, por parte de los convocados.

En atención a que el Tribunal habrá de negar la prosperidad de la pretensión relativa a la declaratoria de existencia de una operación mercantil, procederá al estudio de esta excepción separadamente para el contrato de arrendamiento del lote y para el contrato de subarriendo.

Adicionalmente como lo entiende el Tribunal, el incumplimiento o no de obligaciones emanadas de ella, de la operación mercantil, hacen no pertinente su análisis, dado que finalmente las obligaciones emanan de los contratos no de la operación mercantil. Ella no es fuente de obligaciones, lo que es pertinente es el análisis de si en los contratos suscritos por las partes, existen o no obligaciones incumplidas. Al respecto, argumenta el apoderado de la Convocada en el literal i) del punto 6 de las excepciones que, previo al incumplimiento de su poderdante, la Convocante incumplió con la obligación de suministrar los productos objeto del acuerdo conciliatorio, acuerdo que saneó las obligaciones previas a él, porque la Convocada no obtuvo el código que permitía el acceso a la condición de adquirente. Consta en las declaraciones testimoniales y de parte, como ya se dijo en otro aparte de esta decisión, que los Convocados sí habían tenido los códigos, que por ende conocían de su existencia como requisito para el suministro de los combustibles por la Convocante y que en razón de la situación conyugal (separación) en que se encontraba el señor Carlos Guillermo Rubio, este tuvo que recurrir a buscar inclusive que el código se radicara en cabeza de la testigo, Marina Garzón, su compañera sentimental.

Como se desprende de los testimonios acopiados y de la misma aseveración del apoderado de los Convocados en su alegato de conclusión(35): “Desde el principio el señor Carlos Guillermo Rubio, quien se convirtió en vocero de la parte contractual obligada a consumir los volúmenes mínimos e hizo evidente que le era materialmente imposible a él, y a su señora madre (MARINA FANDIÑO DE RUBIO) acreditar y entregar la totalidad de la información que CHEVRON le exigió para la apertura del código”, la razón por la cual no se entregaba la información y documentación requerida por Chevron – Texaco no era la de no querer abrir un código, era la de que, según lo afirma su apoderado en el escrito de alegato de conclusión: “quedó claramente demostrado que la imposibilidad de entregar la información solicitada, tuvo origen en las dificultades de orden conyugal que aquel tenía con su ex esposa Yolanda Ardila, conflicto este que trajo como efecto colateral los embargos y demás medidas que aquella tomó en contra de sus bienes”(36).

Pero por qué se exigía esa documentación y códigos nuevos al señor vocero de los Convocados, como lo denomina su apoderado, pues porque la señora Marina Fandiño, “no quiso aceptarlo por razones de su edad” (Testimonio de Marina Garzón(37) citado por el apoderado de los Convocados en su alegato de Conclusiones)(38) y porque: “por eso habíamos tenido que tomar la decisión de pedirle el documento, porque estaba en una situación de incumplimiento con la compañía”. Testimonio de Mauricio Ocampo(39), citado por el apoderado de los convocados en su alegato de conclusiones(40).

Así las cosas, es claro que el incumplimiento del Acuerdo Conciliatorio se origina, en cuanto a la presente excepción, en el incumplimiento de los Convocados, no de la Convocante. La señora Marina Fandiño, se niega por razones de edad y el señor Carlos Guillermo atraviesa situación complicada de orden conyugal que le acarrea embargos de sus bienes lo que le imposibilita proveer información para la realización del negocio. Lo interesante y paradójico, que causa perplejidad, es que a Chevron, le interesa vender sus productos y al comerciante hacer lo propio; mal puede darse una situación en que las partes alegan el incumplimiento del poder cumplir su cometido de vender, porque la otra actúa en contra de su proceder normal como hombre de negocios. Explicaciones tienen los Convocados para no cumplir pero ellas, las de la edad, carencia de pasado judicial y situación conyugal no justifican el incumplimiento de las compras y pagos que requiere el desarrollo del contrato. No prospera por ende la excepción argumentada.

3.7. No existe incumplimiento si la obligación no es válida – pacto desleal de exclusividad.

Excepciona la parte Convocada, argumentando que son ilegales los pactos de exclusividad por compra exclusiva de productos al proveedor, absteniéndose de acceder a otras opciones de mercado.

Transcribe el texto de la Ley 256 de 1996, artículo 19, que reza:

“Artículo 19. Pactos desleales de exclusividad. Se considera desleal pactar en los contratos de suministro cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizar la distribución de productos o servicios, excepto en las industrias licoreras mientras estas sean de propiedad de los entes territoriales” (Se subraya).

Al respecto, bástenos señalar como lo ha anotado en múltiples oportunidades la jurisprudencia, que los pactos de exclusividad per se no están prohibidos como práctica comercial, es más, la definición del código nuestro para el contrato de agencia o distribución, lo consagra como una opción válida de la distribución de productos por parte de un empresario a través de sus distribuidores. En el presente caso, es palmario, que los Convocados pactaron el compromiso de adquirir para revender en forma exclusiva los productos de la Convocante; dicho pacto en nada conduce a atentar contra la ley de competencia de los mercados (Ley 256 de 1996) ya que el distribuir exclusivamente los productos de un productor no impide que otros competidores puedan, en el mercado, distribuir también los mismos productos o de competidores, si el pacto de los otros partícipes en el mercado es con los competidores.

Esto es lo que busca la ley de la Competencia que puedan coexistir muchos partícipes en el mercado exclusivos o no, pero que no se restrinja a ninguno de participar en el mercado, bien a título de exclusivo distribuidor, o de no exclusivo. Es ese retringir el acceso de los competidores lo que sanciona la ley, no la exclusividad en un distribuidor o suministrado. No prospera por ende la excepción.

3.8. Falta de competencia del Tribunal de Arbitramento.

Sin necesidad de que el Tribunal tenga que reiterar en este punto los argumentos ya expuestos sobre su competencia, es claro que esta excepción está llamada al fracaso.

3.9. Nadie está obligado a lo imposible.

En cuanto la presente excepción se refiere al escrito de la Demanda Inicial, en su pretensión 9, y no al escrito de la reforma – lo válido para el presente- no prospera, y particularmente porque la parte relacionada con el imposible de la devolución del lote en arriendo fue reemplazada por la de ratificar la existencia y vigencia del contrato de arriendo. Es decir todo lo contrario.

3.10. El pago anticipado hace parte del precio y no puede entenderse como un préstamo que, por ende, deba devolverse.

Tampoco prospera la presente, merced a que el Tribunal considera que el contrato de arriendo ha de permanecer. Como consecuencia, tórnase inocuo lo aquí pretendido ya que no se podrá reclamar el pago o anticipo no causado, en atención a la vigencia del contrato de arriendo que subsistirá.

3.11. Inexistencia de daños o perjuicios.

La presente excepción hace referencia a la carencia de daños o perjuicios infringidos por la parte Convocada como consecuencia de la no existencia de incumplimiento alguno. Al no ser esto así, como quedó probado, el Tribunal señalará y establecerá los perjuicios causados por el no cumplimiento de los acuerdos.

En cuanto al cobro de la multa no se está planteando ante el Tribunal una pretensión ejecutiva como equivocadamente lo sostiene el apoderado de los convocados, sino que se está solicitando la declaratoria de su exigibilidad por haberse dado los presupuestos fácticos previstos en la cláusula contractual para su imposición. El carácter ejecutivo de la multa pactada en la cláusula octava es simplemente una cualidad de la que las partes quisieron dotar a dicha sanción, mas no una condición para su cobro. El que se establezca que pueda prestar mérito ejecutivo no afecta la posibilidad de que un juez arbitral pueda declarar ocurridas las condiciones que la hacen exigible. En el presente caso la convocante ha solicitado el reconocimiento del derecho a cobrar esa multa que no a su cobro ejecutivo. El Tribunal debe distinguir entre la posibilidad de solicitar la declaración de que se tiene derecho a la multa (pretensión declarativa propia del arbitraje) y el cobro de la misma por vía ejecutiva.

3.12. Indebida Integración del Tribunal de Arbitramento.

La figura de la indebida integración de un tribunal de arbitramento se presenta cuando este es conformado contrariando lo previsto en el convenio arbitral o en la ley. Así por ejemplo cuando en la cláusula compromisoria está establecido un número plural de árbitros y se nombra solo uno o cuando la designación corresponde a las partes y la hace un tercero. Se trata de una protección a la potestad autoregulatoria de las partes recogida en el convenio de arbitraje que la ley busca proteger haciendo respetar lo acordado en relación con la forma como debe integrarse el tribunal.

No se refiere ella a las facultades del apoderado contenidas en el mandato judicial sino al cumplimiento estricto de la voluntad de las partes sobre las condiciones en que debía conformarse el tribunal arbitral.

Soporta esta excepción el apoderado de la parte convocada en el hecho de que el poder con que ha actuado el apoderado de la parte convocante se refiere al proceso arbitral que surge del “incumplimiento de los contratos de arrendamiento contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 198 de la Notaría 44 de Bogotá, y subarriendo fechado el 1 de febrero de 1999, modificado mediante otrosí Nº 1 del 12 de diciembre de 2003 (...)”.

Pasa por alto la Convocada, el hecho de que en el acuerdo conciliatorio, las partes acordaron en su cláusula décima que: “todas las diferencias que surjan con motivo del cumplimiento del presente acuerdo conciliatorio, así como de los contratos referidos en los hechos , objeto de modificación con el presente acuerdo, serán resueltas de conformidad con el contrato de compromiso concluido en la presente acta de conciliación, que se adopta en los siguientes términos: a) El Tribunal estará integrado por tres árbitros designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no fuere posible su designación de común acuerdo, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes. b) El Tribunal decidirá en derecho”. Las subrayas destacan los contratos a que se refieren los hechos y antecedentes del acuerdo y estos son precisamente a los que hace referencia el poder otorgado al apoderado de la Convocante(41). La misma razón ampara la convocatoria del presente Tribunal y por ende su debida integración, ya que a todo ello se refiere el Acuerdo Conciliatorio en la citada cláusula décima, es decir: las obligaciones del acuerdo, y de los contratos en él referenciados, que no son otros diferentes a los expresamente citados en el poder otorgado al apoderado de la Convocante.

La integración del Tribunal se ajusta a las cláusulas pertinentes del acuerdo conciliatorio, tantas veces transcritas, así las cosas:

El Pacto Arbitral no solo cobija el Acuerdo Conciliatorio, sino los contratos referidos recogidos en el Acuerdo Conciliatorio, por lo tanto las controversias de esos contratos deben ser resueltas por un Tribunal de Arbitramento.

Este Tribunal se conformó tal como lo acordaron las partes en el Pacto Arbitral.

Si lo que el Convocado alega es una insuficiencia de poder, —que el Tribunal no encuentra probada— ha debido plantearlo como un defecto de la demanda por vía de recurso de reposición contra el auto admisorio a pesar de lo cual no lo hizo. Y aún en la hipótesis de que hubiera insuficiencia de poder esa insuficiencia en nada afecta la forma como se integró el Tribunal, por cuanto las pretensiones de la demanda efectivamente se circunscriben al incumplimiento de los contratos y a sus consecuencias y para ello se otorgó el poder. No prospera la excepción.

3.13. Cosa Juzgada.

Trae la parte Convocada, en su escrito de conclusión una nueva excepción, la que titula “Cosa Juzgada”, y sobre ella expresa que “comoquiera que precisamente a partir de dicha conciliación operó, por virtud de Ley, el fenómeno de COSA JUZGADA” añadiendo que “no otra cosa se desprende de lo establecido en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998, el cual dispone lo siguiente:

“ART. 66 – EFECTOS. El Acuerdo conciliatorio hace tránsito de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo” para concluir: “En síntesis, le quedó prohibido a aquellos (se refiere a las partes) volver a ventilar en un proceso los incumplimientos que dieron lugar a tal conciliación”.

Olvida la Convocada, que no es precisamente aquello zanjado lo que aquí se debate. No, son los incumplimientos que surgieron ex post a la celebración del acuerdo conciliatorio y de los que dan cuenta tanto los hechos como las pruebas acopiadas, así como la misma defensa basada en su mayor parte en la pretendida justificación de los incumplimientos de las obligaciones adquiridas con motivo del acuerdo. Y si bien el surgimiento de esas obligaciones se puede predicar de contratos anteriores al referido acuerdo, ello no implica que la conciliación haya extinguido esos contratos, sino que simplemente los modificó en algunos apartes, y en el resto los integró al acuerdo. La conciliación fue el vehículo con el que se intentó superar las dificultades de ejecución contractual de los negocios tantas veces mencionados, pero sus términos y obligaciones, salvo en lo que ella modificó continuaron existiendo jurídicamente y produciendo todos su efectos. No prospera.

3.14. Contrato no cumplido. Nadie está obligado a cumplir si su contraparte no lo ha hecho previamente.

La aquí traída excepción en el escrito de conclusiones, ya ha quedado resulta por el Tribunal cuando se refiere en el numeral VI a la excepción de: NO EXISTIÓ INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE LA DENOMINADA “OPERACIÓN MERCANTIL” POR PARTE DE LOS CONVOCADOS, pues allí el Tribunal establece que el “incumplimiento de los Convocados, no de la Convocante. La Señora Marina Fandiño se niega por razones de edad y el señor Carlos Guillermo Fandiño, atraviesa situación complicada de orden conyugal que le acarrea embargos de sus bienes lo que le imposibilita proveer información para la realización del negocios”. Es decir el incumplimiento al ser de parte de la Convocada, no permite la prosperidad de esta defensa.

3.15. Abuso del derecho – Violación del principio de buena fe contractual.

Trae como nueva excepción la Convocada la aquí intitulada como aparece en el numeral previo citado.

Fundamenta la existencia del abuso del derecho en el hecho de que “nunca se estableció en los contratos que celebraron mis representados y Chevron que aquellos estaban obligados a abrir o reactivar un nuevo código (para realizar a través de él la compra de los productos)”. Está claramente demostrado que los convocados conocían de la existencia de los códigos para la adquisición de los productos, es más llegaron a tener hasta 5 de ellos según consta en el expediente probatorio; lo que sucedió fue que las circunstancias personales de uno de los convocados en relación con su ex esposa, le impedían tener un código a su nombre, merced a que ello implicaba la posible presencia de medias cautelares sobre bienes y derechos que figuraren a su nombre. Así quedó claro de la propia declaración rendida por el Convocado. Así las cosas no es posible predicar la existencia de un abuso del ejercicio de un derecho cuando la causal para su inoperancia radica en la propia culpa de quien la argumenta. No prospera.

3.15. Ejercicio contradictorio de los derechos – Teoría de los actos propios.

Insiste la Convocada, con una visión alternativa del abuso del derecho, preconizando que: “Actos como el de exigir la nueva apertura de un código, teniendo en cuenta que mis representados ya habían obtenido la apertura de códigos que los identificaba al interior de la Empresa; el de cambiar los procedimientos para la apertura del código; el de exigir una información que materialmente le era imposible aportar a mis representados y el de no aceptar, por el contrario, lo que aquellos le ofrecieron; representan en la práctica las muestras más claras de que la conducta posterior de Chevron, fue contraria y contradictoria con la que inicialmente había desplegado al momento en el que las partes dieron por solucionados sus anteriores diferencias”.

Lo que a los ojos del Tribunal se evidencia es la consecuente conducta de la Convocante quien siempre había exigido los códigos de referencia para habilitar a sus compradores; los convocados hasta 5 de ellos llegaron a poseer, pero circunstancias ajenas a la Convocante, tantas veces aquí descritas, impidieron a los Convocados obtener dichos registros, mas sí pudieron adquirir productos de Chevron y de otros proveedores de lubricantes en forma por demás violatoria de los compromisos adquiridos. Esto último sí se podría preconizar como un acto propio contradictorio, pues no obtenían por su propia culpa, la información y requisitos del código, pero si lograban adquirir a través y mediante tercero, como el señor Germán Alejandro Díaz B. lo reconoce, productos Chevron y de otros competidores. No es procedente la excepción.

3.16. Abuso de la posición dominante.

Argumenta la Convocada como soporte para la tesis del Abuso de la Posición Dominante; el que: “Chevron no solo creó el Código Interno como requisito sine qua non para que mis representados pudiesen comprar los volúmenes mínimos de combustible, sino que adicionalmente se atribuyó la faculta de definir en que momento y bajo qué circunstancia dicho código podrá se otorgado”.

Como previamente se analizó, la exclusividad pactada en la relación comercial de las partes, es legítima y de recibo en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, no puede sobre la base de la existencia de una exclusividad edificarse una teoría del abuso de posición dominante, cuando el requisito de información para tener un código de comprador autorizado, se incumple por razones ajenas a quien exige el requisito. Pero, si además se procura que dicho código radique en cabeza de otra persona, con el fin de solucionar la dificultad de los posibles embargos en cabeza de la persona Convocada, y esta tercera manifiesta no haber obtenido el pasado judicial para acceder al código, no puede llamarse abuso de posición dominante; como atrás se dijo, nadie puede alegar su propia culpa para exculparse.

4. Costas.

Observa el Tribunal que la parte actora no solicita condena en costas dentro de sus pretensiones. Adicionalmente como no todas las pretensiones prosperaron, y a la vez prosperaron algunas de las excepciones, encuentra el Tribunal que es viable que dar aplicación a la orientación señalada por la H. Corte Suprema de Justicia quien advierte, en sentencia de mayo 8 de 1981, que “cabe abstenerse de hacer esta condena o de hacerla solo en la forma parcial cuando la demanda no prospere totalmente”, lo que no es nada diverso a la aplicación del numeral 6º del art. 392 del C. de P.C., que, a la letra, prescribe: “En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.

Por tal razón y atendidos los fundamentos antes señalados, el Tribunal en su discrecionalidad que basa en la norma transcrita no hará condena en costas y, por ende, cada parte asume los gastos del proceso que realizaron, así como los honorarios de sus apoderados judiciales.

Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida “Protocolización, registro y otros”, se ordenará su devolución si a ello hubiera lugar. En el evento de que la suma disponible a la fecha no resulte suficiente para cubrir los gastos de protocolización del expediente, que debe ordenarse en el laudo, el valor faltante deberá ser sufragado en proporciones iguales por las partes.

CAPÍTULO QUINTO

DECISIÓN

Por las razones expuestas en las consideraciones precedentes, el Tribunal de Arbitramento conformado para resolver en derecho las controversias suscitadas entre CHEVRON PETROLEUM COMPANY y MARINA FANDIÑO DE RUBIO Y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, con el voto unánime de sus miembros, administrando justicia por autoridad de la ley y en cumplimiento de la misión encomendada por las partes para tal fin,

RESUELVE:

1. Declarar no probadas las pretensiones primera, cuarta y novena de la demanda, en los términos que se consignan en la parte motiva de esta providencia.

2. Declarar probada la excepción denominada “El acuerdo conciliatorio no dejó incólumes los términos de los contratos referidos”.

3. Declarar parcialmente probadas las excepciones denominadas “Inexistencia de la denominada operación mercantil y de los supuestos contratos que la componen (arrendamiento y subarriendo)”; “Inexistencia de solidaridad entre MARINA FANDIÑO DE RUBIO y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO en relación con el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos de 20 de octubre de 1998, y de febrero 1º de 1999, y la surgidas del acuerdo conciliatorio”; “No existió incumplimiento de las obligaciones emanadas de la denominada “Operación Mercantil” por parte de las convocadas”.

4. Denegar las demás excepciones contenidas en la contestación de la demanda y en el alegato de conclusión presentado por la parte convocada.

5. Acoger la segunda pretensión principal de la demanda y en tal virtud declarar la existencia de los siguientes contratos:

a) Contrato de arrendamiento sobre un lote de terreno junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones mejoras y dependencias ubicado en esta ciudad, en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este, Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, celebrado entre MARINA FANDIÑO DE RUBIO como arrendadora, y TEXAS PETROLEUM COMPANY, (hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY), como arrendataria, contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá y por un plazo de veinte años.

b) Contrato de subarriendo, fechado 1º de febrero de 1999, modificado mediante otrosí Nº 1 del 12 de diciembre de 2003, en virtud del cual TEXAS PETROLEUM COMPANY, (hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY), obrando como arrendadora, entregó a título de arrendamiento a MARINA FANDIÑO DE RUBIO y a CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, obrando como arrendataria y coarrendatario, respectivamente, la estación de servicio San Blas, (establecimiento de comercio), localizada sobre un lote de terreno, dado en arrendamiento a aquella mediante Escritura Pública Nº 1766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá.

6. Acoger la tercera pretensión principal de la demanda y en tal virtud declarar la existencia del acuerdo conciliatorio al que se llegó en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 20 de octubre de 2003.

7. Acoger parcialmente la quinta pretensión principal de la demanda y en tal virtud declarar que:

a) El señor CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO es solidariamente responsable con la señora MARINA FANDIÑO DE RUBIO en relación con las obligaciones derivadas del contrato de subarriendo suscrito el 1º de febrero de 1999 con TEXAS PETROLEUM COMPANY, hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY respecto de la estación de Servicio San Blas, localizada en el terreno ubicado en esta ciudad, en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas).

b) El señor CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO es solidariamente responsable con la señora MARINA FANDIÑO DE RUBIO en relación con las obligaciones emanadas del acuerdo conciliatorio al que se llegó en sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. el día 20 de octubre de 2003, exceptuadas las del contrato de arrendamiento del lote de terreno sobre el cual está edificada la Estación de Servicio San Blas.

c) No existe solidaridad entre el señor CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO y la señora MARINA FANDIÑO DE RUBIO en relación con el contrato de arrendamiento sobre un lote de terreno junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones mejoras y dependencias ubicado en esta ciudad, en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, celebrado entre MARINA FANDIÑO DE RUBIO como arrendadora, y TEXAS PETROLEUM COMPANY, (hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY), como arrendataria, contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá y por un plazo de veinte años.

8. Acoger la sexta pretensión principal de la demanda, y en tal virtud declarar que MARINA FANDIÑO DE RUBIO y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO incumplieron las obligaciones derivadas del contrato de subarriendo referido en el literal b) de numeral quinto anterior, relacionadas con i) los volúmenes de combustible y lubricante que se obligaron a adquirir de la sociedad demandante; ii) la obligación de comprar, vender y comercializar exclusivamente productos marca TEXACO para y en la estación de servicio San Blas; iii) la obligación de pagar los cánones de arrendamiento emanados del citado contrato de subarriendo de la estación de servicio San Blas, causados desde el 20 de octubre de 2003; iv) la obligación de no ceder o traspasar total o parcialmente el citado contrato de subarriendo de la estación de servicio San Blas, ni dar participación a terceros o subarrendar la estación.

9. En la forma solicitada en la séptima pretensión principal de la demanda, que prospera, decretar la resolución del contrato de subarriendo, fechado 1º de febrero de 1999, modificado mediante otrosí Nº 1 del 12 de diciembre de 2003, en virtud del cual Texas Petroleum Company, (hoy Chevron Petroleum Company), obrando como arrendadora, entregó a título de arrendamiento a MARINA FANDIÑO DE RUBIO y a CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO, obrando como arrendataria y coarrendatario, respectivamente, la estación de servicio San Blas, (establecimiento de comercio) , localizada sobre un lote de terreno ubicado en esta ciudad, en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, dado en arrendamiento a aquella mediante Escritura pública Nº 1766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá.

10. Acoger la octava pretensión principal de la demanda y en consecuencia declarar la supervivencia y vigencia del contrato de arrendamiento sobre el lote de terreno junto con la edificación en él existente, sus anexidades, instalaciones mejoras y dependencias ubicado en esta ciudad, en el camino al oriente Nº 17-54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050-0121934, celebrado entre MARINA FANDIÑO DE RUBIO como arrendadora, y TEXAS PETROLEUM COMPANY, (hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY), como arrendataria, contenido en la escritura pública 1.766 del 20 de octubre de 1998 de la Notaría 44 de Bogotá.

11. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a los demandados MARINA FANDIÑO DE RUBIO Y CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO solidariamente a restituir a CHEVRON PETROLEUM COMPANY la estación de servicio Texaco San Blas, (establecimiento de comercio, conformado por los bienes muebles e instalaciones y en general por los bienes a los que alude el art. 518 del Código de Comercio), implementada y situada en el lote de terreno ubicado en el camino al oriente Nº 17- 54, Interior 59, Barrio San Blas, (hoy Carrera 1ª Este Nº 20-50 Sur, o Calle 11 Sur Nº 1-13 Este Barrio San Blas de esta ciudad), con registro catastral Nº 31S 11E 59 y matrícula inmobiliaria Nº 050- 0121934, así como de todos y cada uno de los bienes de su propiedad y entregados a los demandados en virtud de contrato denominado de subarriendo, suscrito el 1º de febrero de 1999, modificado mediante otrosí Nº 1 del 12 de diciembre de 2003, y originalmente a aquellos entregados a título de comodato, (contrato posteriormente sustituido por el denominado de subarriendo), y los cuales se encuentran discriminados en la forma TPC – 288, denominada “Transferencia de Equipos”, y en cualquier otra forma que la complemente, sustituya o reemplace.

12. En la forma solicitada en la décimo primera pretensión principal de la demanda, que prospera, condenar en forma solidaria a MARINA FANDIÑO DE RUBIO y a CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO a pagar a CHEVRON PETROLEUM COMPANY, como consecuencia del incumplimiento contractual declarado en el numeral octavo precedente y conforme a la liquidación contenida en los cuadros 1, 2 y 3 anexos, las siguientes sumas de dinero:

a) A título de multa originada en el incumplimiento en la obligación de adquirir volúmenes mensuales de combustibles y lubricantes, pactada en la cláusula octava del contrato denominado de subarriendo fechado el 1º de febrero de 1999, la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($ 13.372.100).

b) A título de indemnización de daños materiales:

i) La suma de SETECIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 770.873.250) por concepto del valor dejado de percibir por la demandante conforme a los márgenes de utilidad correspondientes a los volúmenes de combustible dejados de comprar desde el 20 de octubre de 2003 hasta la fecha de este laudo (Cuadro Nº 1).

ii) La suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE ($ 122.187.707) por concepto del valor dejado de percibir por la demandante conforme a los márgenes de utilidad correspondientes al valor de los volúmenes de lubricantes dejados de comprar desde el 20 de octubre de 2003 hasta la fecha de este laudo (Cuadro Nº 2).

iii) La suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($ 8.619.133) por concepto de los cánones de arrendamiento que sobre la estación de servicio Texaco San Blas han dejado de cancelar los demandados desde el 20 de octubre de 2003 hasta la fecha de este laudo (Cuadro Nº 3).

13. Condenar en forma solidaria a MARINA FANDIÑO DE RUBIO y a CARLOS GUILLERMO RUBIO FANDIÑO al pago a favor de CHEVRON PETROLEUM COMPANY de las sumas que se indican a continuación, por concepto de intereses moratorios a la máxima tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia causados desde el 8 de junio de 2006 y hasta la fecha de este laudo, conforme a la liquidación contenida en los cuadros 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexos:

i) La suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 325.097.355) por concepto de intereses moratorios causados respecto del valor dejado de percibir por la demandante sobre los márgenes de utilidad correspondientes a los volúmenes de combustible dejados de comprar desde el 20 de octubre de 2003 hasta la fecha de este laudo (Cuadros Nos. 4 y 7).

ii) La suma de CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 50.695.336) por concepto de intereses moratorios causados respecto de lo dejado de percibir por la demandante sobre los márgenes de utilidad correspondientes al valor de los volúmenes de lubricantes dejados de comprar desde el 20 de octubre de 2003 hasta la fecha de este laudo (Cuadros 5 y 8).

iii) La suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 3.563.398) por concepto de intereses moratorios causados respecto de los cánones de arrendamiento que sobre la estación de servicio Texaco San Blas han dejado de cancelar los demandados desde el 20 de octubre de 2003 hasta la fecha de este laudo (Cuadros 6 y 9.).

14. Abstenerse de estudiar las pretensiones subsidiarias de la demanda.

15. Abstenerse de imponer condena en costas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

16. Disponer la protocolización del expediente en una de las notarías del Círculo de Bogotá. En caso de que el rubro previsto para protocolización no sea suficiente, deberán las partes pagar la suma que sea necesaria al efecto.

17. Procédase por la Presidencia del Tribunal a elaborar y presentarle a las partes la cuenta final de gastos de la partida “Protocolización, registro y otros”, ordenando la restitución de las sumas remanentes a que hubiere lugar.

18. Declarar causado el saldo final de honorarios de los Árbitros y de la Secretaria. El Presidente efectuará los pagos correspondientes.

19. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas de este laudo con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Esta providencia queda notificada en estrados.

CÚMPLASE,

Cristian Mosquera Casas, presidente—Aurelio Martínez Canabal, árbitro—Antonio Pabón Santander, árbitro. 

Gabriela Monroy Torres, secretaria. 

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