Tribunal de Arbitramento

Comercial Okasa Ltda.

v.

Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.

Mayo 27 de 2004

Laudo Arbitral

Bogotá, veintisiete (27) de mayo de dos mil cuatro (2004)

Encontrándose surtidas todas las actuaciones prearbitrales y arbitrales previstas en la ley y siendo la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia de fallo, este tribunal de arbitramento profiere el laudo correspondiente dentro del proceso arbitral integrado para dirimir las controversias existentes entre Comercial Okasa Ltda. (en adelante “Comercial Okasa”) y Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. (en adelante “Banco Colpatria”), surgidas con ocasión del contrato de prestación de servicios suscrito en su momento entre la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria -UPAC-Colpatria- y la sociedad convocante el 19 de mayo de 1995, el cual se profiere en derecho.

1. Antecedentes.

1.1. El contrato.

El 19 de mayo de 1995, Comercial Okasa y la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria -UPAC- Colpatria-, que fue absorbida por el Banco Colpatria, suscribieron un contrato de prestación de servicios, cuyo objeto era la prestación de servicios de “outsourcing” para la captura de información contenida en los comprobantes de consignación de “bauchers” de tarjeta de crédito, junto con la recolección de los soportes en las diferentes oficinas de Bogotá, el cual fue modificado mediante otrosí del 14 de junio de 1995.

1.2. El pacto arbitral.

En la demanda se adujo como tal el contenido en la cláusula décimo segunda del referido contrato, la cual reúne los requisitos legales y es del siguiente tenor:

“Las partes acuerdan que las diferencias que ocurran durante la ejecución del presente contrato o que posteriormente tengan origen en el mismo, serán sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento que funcionará en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C. integrado por tres árbitros designados de la lista de la cámara de comercio local, y uno por cada parte y otro por la entidad citada, quienes fallarán en derecho de acuerdo con lo alegado y probado en el trámite pertinente. Los árbitros se sujetarán a la normatividad del Decreto 2279 del 7 de octubre de 1989, la Ley 23 de 1991 y demás normas vigentes aplicables”.

En la reunión que tuvo lugar en el Centro de Arbitraje el 25 de septiembre de 2003 las partes, de común acuerdo, modificaron el pacto arbitral, el cual quedó así:

“Toda controversia o diferencia relativa al presente contrato, su ejecución o liquidación, se resolverá por un árbitro, seleccionado de común acuerdo entre las partes, de la lista de árbitros de la cámara de comercio de Bogotá, D.C., la instalación y funcionamiento se sujetarán al reglamento interno que para tal efecto tenga la cámara, así como, las disposiciones previstas en la ley. Las actuaciones y decisiones que se adopten se harán en derecho de conformidad con las normas vigentes que regulen el adelantamiento de los procesos arbitrales”.

En esa reunión, se designó de común acuerdo como árbitro principal al doctor Manuel Garrido Díaz y como primer suplente al doctor Cesar Torrente Bayona. El 30 de septiembre de 2003 el doctor Garrido manifestó su imposibilidad para aceptar el nombramiento, luego lo cuál, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá comunicó su designación al suscrito, que en el término legal manifestó su aceptación.

1.3.1. El trámite del proceso.

a) El día 3 de septiembre de 2003 Comercial Okasa solicitó la convocatoria de este tribunal de arbitramento formulando demanda contra Banco Colpatria ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

b) El centro de arbitraje invitó a las partes a varias reuniones a fin de que ellas hicieran la designación de los árbitros, el cual recayó en el suscrito árbitro, según se señaló en el último párrafo del numeral 1.2. anterior.

c) La parte convocante reformó la demanda en escrito presentado el 2 de octubre de 2003 (fls. 50 y ss.).

d) Luego de efectuadas las comunicaciones y conocida la aceptación del suscrito árbitro, en desarrollo de lo previsto en el artículo 122 de la Ley 446 de 1998, las partes concurrieron a la audiencia de instalación de este tribunal, que tuvo lugar el día 6 de octubre de 2003. En dicha audiencia el tribunal designó como secretario al doctor Roberto Aguilar Díaz, quien igualmente aceptó el cargo. En la misma oportunidad el tribunal fijó su sede en el centro de arbitraje y señaló las sumas de honorarios y gastos.

e) En esa misma oportunidad el tribunal admitió la demanda con su modificación y de ella ordenó correr traslado a la parte convocada.

f) En escrito del 21 de octubre de 2003 el Banco Colpatria dio contestación a la demanda en el cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló excepciones de mérito.

g) Mediante escrito del 29 de octubre de 2003 la parte convocante descorrió el traslado de las excepciones de mérito.

h) En cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 121 de la Ley 446 de 1998 el tribunal citó a las partes a audiencia de conciliación, la cual tuvo lugar el 12 de noviembre de 2003, pero se dio por concluida y fracasada ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

i) En virtud de lo anterior, en esa misma oportunidad se dio inicio a la primera audiencia de trámite y en ella, mediante auto 5, el tribunal asumió competencia para conocer y decidir las controversias surgidas entre las partes y por auto 6 decretó pruebas y señaló las audiencias y diligencias para recaudarlas.

j) Entre el 19 de noviembre de 2003 y el 4 de marzo de 2004 se surtió el debate probatorio.

k) En audiencia que tuvo lugar el 19 de abril de 2004 los apoderados de las partes expusieron sus alegatos de manera oral y al final presentaron los correspondientes resúmenes escritos.

l) El presente proceso se tramitó en seis (6) audiencias, en las cuales se asumió competencia, se decretaron y practicaron pruebas, se resolvieron varias solicitudes de las partes, se recibieron sus alegaciones finales y ahora se profiere el presente laudo.

m) Corresponde ahora entonces al tribunal mediante el presente laudo, decidir en derecho las controversias planteadas, lo cual hace en tiempo oportuno. En efecto, la primera audiencia de trámite se inició el 12 de noviembre de 2003, pero quedó suspendida hasta el 20 de noviembre de 2003 con el decreto de las pruebas que solicitaron por las partes después de la audiencia de conciliación dentro del término a que se refiere el inciso 3º del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, por solicitud de las partes, el proceso se suspendió entre el 20 de abril y el 6 de mayo de 2004 y entre el 8 y el 26 de mayo de 2004, de manera que dicho plazo se extendió hasta el 25 de junio de 2004, de suerte que el pronunciamiento del laudo en esta fecha es oportuno.

1.3. La demanda y su contestación.

1.3.1. Los hechos de la demanda.

a) La demanda planteó los hechos en que apoya sus pretensiones, los cuales pueden resumirse así:

b) En el primer trimestre de 1995 el banco demandado efectuó una convocatoria privada con el objeto de contratar la prestación de servicios de “outsourcing” para la captura de información contenida en los comprobantes de consignación de “bauchers” de tarjeta de crédito, junto con la recolección de los soportes en las diferentes oficinas de Bogotá, la cual fue aceptada, por lo cual las partes suscribieron el contrato el 19 de mayo de 1995.

c) El contrato tenía un término de duración inicial de 18 meses pero fue prorrogado en tres ocasiones.

d) Desde mayo de 1995 hasta abril de 2000 la parte convocante cumplió con la totalidad de las condiciones exigidas en el contrato.

e) Por exigencia de Banco Colpatria en el año de 1999 Comercial Okasa debió efectuar algunos ajustes en el programa de captura utilizado para la digitación de los comprobantes de consignación de las tarjetas.

f) El cumplimiento de tales exigencias implicó para la demandante contraer obligaciones con profesionales de sistemas, quienes adelantaron los ajustes requeridos, particularmente por el cambio de milenio.

g) En comunicación del 3 de abril de 2000 el Banco Colpatria dio por terminado unilateralmente el contrato con base en la causal prevista en la cláusula novena.

h) En carta del 4 de abril de 2000 Comercial Okasa le indicó a la parte convocada que era imposible dar por terminado el contrato en forma unilateral.

i) En respuesta a la anterior comunicación con carta del 7 de abril el banco demandado manifestó que la terminación del contrato se daba por invocación de la “cláusula décima penal” del contrato.

j) Comercial Okasa buscó un arreglo amigable y el resarcimiento de los perjuicios derivados de la terminación pero esa gestión resultó infructuosa porque el banco argumentó “que la decisión venía directamente de la presidencia del Banco Colpatria, en consideración a que se había adquirido un software general que recogía todos los procesos de captura” y porque se decidió “como mecanismo para ahorrar costos a la entidad, la ejecución de la mensajería y recolección documental por un sola empresa”.

1.3.2. Oposición a las pretensiones.

El Banco Colpatria se opuso expresamente a todas las pretensiones y al efecto formuló las siguientes excepciones de mérito:

“Indebida representación judicial y/o arbitral del demandante”.

“Inexistencia de incumplimiento del contrato por parte del Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. –terminación unilateral basada en causal contractual y legal”.

“Excepción de contrato no cumplido”.

“Excepciones derivadas de la procedencia y monto o cuantum de indemnización de perjuicios solicitado”.

Igualmente se opuso a los perjuicios solicitados y se refirió a su improcedencia.

1.3.3. Pronunciamiento sobre los hechos de la demanda.

El Banco Colpatria dio respuesta a cada uno de los hechos de la demanda, pronunciamiento que puede resumirse así:

a) Reconoce la oferta, la aceptación y la celebración del contrato de prestación de servicios pero aclara que este fue suscrito por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria UPAC Colpatria que fue absorbida por el Banco Colpatria.

b) Niega que el plazo de ejecución del contrato deba comenzar a contarse desde el 19 de mayo de 1995 porque la fecha cierta del mismo solo puede ser el 9 de noviembre de 1996 en que fue reconocida la firma por Comercial Okasa, es decir una año y medio después.

c) Niega que la demandante haya cumplido sus obligaciones contractuales ya que jamás constituyó la póliza de cumplimiento y el banco tuvo que contratar un software o sistema que implementara y realizara de manera adecuada los servicios deficientemente prestados por aquella.

d) Reconoce la existencia del requerimiento de ajustes en el programa pero niega que la convocante los hubiera cumplido a satisfacción.

e) Niega que la actualización de los sistemas por el cambio del milenio tenga relación con el contrato porque fue producto de la necesidad para todas las empresas a nivel mundial de agregar un dígito en las bases de datos.

f) Aunque reconoce la terminación unilateral del contrato indica que no tuvo nada que ver con los esfuerzos económicos realizados por Comercial Okasa para actualizarse tecnológicamente. Agrega que la causa de dicha terminación unilateral fue la deficiente prestación del servicio y el incumplimiento de las obligaciones por parte de la convocante, que obligaron a la adquisición de un nuevo sistema que implementara de manera adecuada y más económica las funciones o servicios prestados por la demandante.

g) Aclara que la fecha de terminación del contrato era el 18 de mayo de 2001 y que así lo reconoció Comercial Okasa en su carta del 4 de abril de 2000.

h) Afirma que la segunda carta de desahucio o terminación anticipada del contrato de fecha 7 de abril de 2000 obedeció exclusivamente a la inminente necesidad de terminar el contrato por el incumplimiento referido.

i) Dice no constarle los acercamientos extrajudiciales para solucionar las diferencias.

2. Presupuestos procesales.

Los presupuestos procesales están dados. En efecto, como se señaló en la primera audiencia de trámite, las partes son plenamente capaces y están debidamente representadas. En efecto, Comercial Okasa es una sociedad comercial, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá y su representante legal es mayor de edad y está debidamente facultado; y Banco Colpatria es una entidad bancaria de derecho privado, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, cuenta con autorización de funcionamiento de la (*)Superintendencia Bancaria y su representante legal es mayor de edad y está debidamente facultado.

Igualmente, ambas partes actuaron por conducto de sus apoderados reconocidos en el proceso.

Al analizar su competencia, el suscrito árbitro encontró que el tribunal estaba debidamente integrado e instalado, que las controversias planteadas son susceptibles de transacción y que las partes tienen capacidad para transigir.

Finalmente, el proceso se adelantó con el cumplimiento de las normas previstas sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación.

3. Pruebas practicadas.

Como prueba de los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones o excepciones, las partes aportaron varios documentos y solicitaron la incorporación de otros, los cuales fueron incorporados al expediente con las formalidades legales.

A solicitud de las partes se recibieron varios testimonios.

De la misma manera se recibieron los interrogatorios a los representantes legales de las partes.

Se decretaron y practicaron sendas exhibiciones de documentos que estaban en poder de las partes y un dictamen pericial contable.

En esta forma se concluyó la instrucción del proceso durante la cual las partes tuvieron la oportunidad de controvertir las pruebas en los términos de ley.

4. Consideraciones.

Analizados entonces, todos los antecedentes del caso sometido a este tribunal de arbitramento, es necesario entra a dilucidar varios aspectos con el fin de decidir sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones formuladas en la contestación de la demanda.

4.1. Cuestiones probatorias de resolución previa - objeción al dictamen pericial.

Debe el tribunal, en primer lugar, analizar la objeción que presentó el apoderado de la convocada al dictamen pericial.

El apoderado de la convocada formuló objeción parcial al dictamen pericial y a su aclaración y complementación “...única y exclusivamente en lo que tiene que ver con la inclusión de los rubros “gastos de conciliación” y honorarios profesionales” en memorial recibido el 25 de febrero de 2004.

La objeción se fundamenta, entre otros aspectos, en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil según los cuales se trata de rubros que deben ser materia del laudo.

Para resolver la objeción, basta con señalar que este tribunal comparte plenamente los argumentos del apoderado de la convocada planteados en la objeción porque los gastos de la conciliación no son propios de este proceso judicial y porque la ley ha previsto la fijación de agencias en derecho a favor de la parte vencedora por lo que no pueden considerarse los honorarios de abogado pagados por las partes. En consecuencia, al analizar el dictamen pericial no tendrá en cuenta los rubros válidamente objetados. Sin embargo, ello no entraña un error desde el punto de vista de la ciencia contable y mucho menos un error con la entidad de “grave”, razón por la cual se declarará que la objeción no prospera.

En todo caso, debe el tribunal advertir que tomará este peritaje como una prueba más que será valorada en conjunto y dentro de la totalidad del acervo probatorio recaudado y conforme a las reglas de la sana crítica. En lo demás aspectos, el tribunal advierte desde ya que encuentra en el dictamen pericial, un trabajo serio y profesional, que será aprovechado en la medida de lo necesario para fundar su decisión.

4.2. Las pretensiones de la demanda.

“Primero. Declarar incumplido el contrato de prestación de servicios suscrito el 19 de mayo de 1995, entre el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., antes Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria – UPAC – Colpatria, en calidad de contratante y la Sociedad Comercial Okasa Ltda, en calidad de contratista, como consecuencia de la decisión unilateral e injustificada proveniente de el demandado de dar por terminado el contrato.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior condenar al demandado, Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. al resarcimiento y pago efectivo de todos los perjuicios económicos ocasionados a mi representada, a consecuencia de la terminación unilateral del contrato; teniendo en cuenta para tal efecto, las cuantías y sumas de dinero que se establezca en el proceso, mediante las pruebas aportadas y practicadas, el dictamen pericial pertinente, la estimación del lucro cesante y el daño emergente.

Tercera. Condenar al demandado Banco Colpatria – Red Multibanca Colpatria S.A., a cancelar los intereses corrientes liquidados sobre la suma de dinero determinados como perjuicios, y que de conformidad con la ley y la jurisprudencia vigente sean susceptibles de la aplicación de los mismos. La sanción mencionada deberá calcularse desde la fecha en que se causó la erogación de dinero o perjuicio y hasta la fecha en que el pago efectivo se materialice, estimados a la tasa máxima autorizada por la (*)Superintendencia Bancaria de Colombia.

Cuarta. Condenar al demandado Banco Colpatria – Red Multibanca Colpatria S.A., a cancelar la corrección monetaria sobre las sumas de dinero determinadas como perjuicios, y que de conformidad con la ley y la jurisprudencia vigente no son susceptibles de la aplicación y reconocimiento de los intereses corrientes. La actualización deberá practicarse desde el momento en que se generaron los pagos o perjuicios y hasta la fecha en que el pago efectivo se materialice, utilizando los medios públicos previstos en la ley para calcularlos.

Quinta. Condenar en su oportunidad a el demandado a pagar los gastos, agencias en derecho y demás costas generadas por el presente trámite”.

Se trata, en consecuencia, de una acción de responsabilidad contractual, en la que se solicita se declare el incumplimiento contractual y como consecuencia se efectúen las condenas antes relacionadas y a todas ellas se referirá este tribunal en la medida en que desarrolle las diversas cuestiones debatidas en el proceso.

4.3. Excepción de “indebida representación judicial y/o arbitral del demandante”.

Si bien esta excepción fue planteada por el apoderado de la convocada en la contestación de la demanda, alegando que el poder presentado fue otorgado a la doctora Luisa Fernanda Pinillos Medina y no al doctor Fabio León, lo cual constituía “... una clara violación al principio procesal de la correcta representación judicial que degenera en un verdadero impedimento para proferir fallo de fondo...”, también es cierto que dentro del expediente obra el poder otorgado al doctor León, como se pudo verificar en audiencia y lo reconoció el propio apoderado de la convocada. Por esta razón esta excepción de fondo no estará llamada a prosperar.

4.4. Excepción de “contrato no cumplido”.

El apoderado de la convocada plantea esta excepción con base en el artículo 1609 del Código Civil y en que la convocante no cumplió con su obligación de constituir y entregar las pólizas de seguros previstas en el contrato.

Sobre este aspecto cabe simplemente recordar lo que el propio apoderado de la convocada reconoció en varios apartes de sus alegatos de conclusión así:

“... ante la escasez de documentación que me fuera suministrada por mi mandante dentro del plazo de contestación de la demanda, elegí como defensa la inexistencia de deber indemnizatorio por incumplimiento de los términos del contrato por parte de la sociedad convocante, especialmente por falta de constitución de pólizas de seguro”.

“... Resulta necesario y acorde con la lealtad procesal reconocer que el principal argumento esgrimido en la contestación de la demanda, cual fue imputar la terminación unilateral del contrato por parte del Banco Colpatria a un incumplimiento de Comercial Okasa en su obligación de constitución de pólizas y/o a una ejecución tardía o imperfecta de sus obligaciones, fue totalmente desvirtuado.

En efecto, nótese como el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal del Banco Colpatria, reconoce que tal terminación unilateral obedeció única y exclusivamente a la adquisición por parte del banco de un software que cumplía las funciones del contratista, razón por la cual mantener vigente el contrato de prestación de servicios carecía de todo objeto”.

En consecuencia, además de reconocer la lealtad procesal de la parte en cuestión, y dada la contundencia de las pruebas aportadas, deberá el tribunal igualmente rechazar esta excepción.

4.5. Excepción de “inexistencia de incumplimiento de contrato por parte del Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.- terminación unilateral basada en causal contractual y legal”.

Sobre esta excepción el apoderado de la convocada señaló en su contestación de la demanda lo siguiente:

“En palabras sencillas, el Banco Colpatria hizo uso de la facultad de terminación anticipada del contrato plasmada en la cláusula novena del mismo, especificando (en respuesta de la comunicación recibida de Comercial Okasa, de fecha abril 4 de 2000), con claridad en la comunicación del 7 de abril de 2000 que tal terminación obedecía al fenómeno plasmado en la cláusula décima del mismo contrato, es decir, debido al incumplimiento de las obligaciones del contrato”.

Para terminar su argumentación de esta excepción de fondo, el apoderado de la convocada señaló:

“El incumplimiento de la obligación de mantener vigentes pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual mermó seriamente la confianza del Banco Colpatria en su contratista y lo puso en situación de riesgo jurídico frente a terceros por eventuales daños que pudieran surgir con ocasión de la ejecución del objeto contractual. Tenemos entonces que la terminación unilateral anticipada no solo encontró soporte contractual sino además justificación legal frente al incumplimiento de las obligaciones del hoy accionante, razón de más justificable de la terminación del mismo”.

Verificadas las pruebas aportadas al proceso, en especial el interrogatorio de parte del representante legal del Banco Colpatria y lo expresado sobre este tema por el apoderado de la convocada en sus alegatos de conclusión, resulta claro para el tribunal que la terminación unilateral obedeció exclusivamente a la adquisición de un software por parte del banco que hacía innecesario seguir contando con los servicios de Comercial Okasa. De otra parte, tampoco se logró demostrar incumplimiento contractual alguno de esta última.

Por estas razones, y por los motivos señalados en el numeral anterior el tribunal rechazará igualmente esta excepción.

4.6. La cláusula penal, sus características y sus efectos.

Despejadas entonces las excepciones de fondo enumeradas como I, II y III, por el apoderado de la convocada en su contestación de la demanda, procede este tribunal a analizar lo que este mismo apoderado denominó en sus alegatos de conclusión “... inexistencia de deber indemnizatorio en cabeza del Banco Colpatria”, advirtiendo desde ya que no era esa la oportunidad procesal para plantear nuevas excepciones.

No obstante lo anterior, el tribunal considera que este es el centro del debate jurídico planteado, al cual las partes se refirieron in extenso en sus alegatos de conclusión y es también el punto central para resolver sobre las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, es necesario recordar que la cláusula original del contrato objeto de esta controversia era del siguiente tenor:

“Décima. Cláusula penal. El incumplimiento de las obligaciones previstas en este contrato, acarreará como sanción a la parte responsable del cumplimiento; la obligación de cancelar a la parte cumplida la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), como estimación anticipada de perjuicios”.

También es cierto, y así aparece demostrado en el proceso, que mediante otrosí 1 al contrato, la cláusula fue modificada quedando del siguiente tenor:

“Cuarta. Adicionar la cláusula décima, la cual quedará así; cláusula penal: el incumplimiento de las obligaciones previstas en este contrato, acarreará como sanción a la parte responsable del incumplimiento, la obligación de cancelar a la parte cumplida la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000), como estimación anticipada de estos; sin perjuicio para la parte cumplida, de iniciar las acciones pertinentes para el resarcimiento de los daños ocasionados”.

De la simple lectura de los textos, se llega a la conclusión según la cual el objeto de la modificación de la cláusula fue introducir la siguiente frase: “...sin perjuicio para la parte cumplida, de iniciar las acciones pertinentes para el resarcimiento de los daños ocasionados”.

Resulta entonces imperativo para este tribunal interpretar cuáles deben ser los efectos de esta cláusula y cuál debe ser la interpretación de la misma para poder resolver este litigio.

La convocada considera que interpretarla de forma tal que le permitiera, (a Comercial Okasa) a pesar de haber facturado y recibido la totalidad del dinero estipulado como indemnización de perjuicios, intentar reclamaciones por sumas adicionales por resarcimiento de daños, sería “...contradictorio, leonino y contrario a la definición misma de la cláusula penal que implica la estimación anticipada entre las partes de los perjuicios que un incumplimiento pueda generar a la parte cumplida”.

Igualmente señala la apoderada de la convocada en sus alegatos que “...se demostró como entre las mismas partes y por la misma época del contrato cuestionado, se celebraron al menos otros dos contratos de prestación de servicios, y en especial el contrato para la validación de los comprobantes de multas y comparendos de la Secretaría de Tránsito de Bogotá, donde igualmente el Banco Colpatria procedió a la terminación unilateral y anticipada del contrato, cancelando a Comercial Okasa la correspondiente indemnización de perjuicios.

“El anterior patrón de conducta implica entre las partes se estableció como práctica comercial o procedimiento natural para la terminación anticipada de los contratos suscritos el reconocimiento anticipado de un incumplimiento de los términos del contrato por parte del Banco Colpatria, incumplimiento por el cual Comercial Okasa aceptaba el pago de la correspondiente indemnización, al punto de facturarla especificando su concepto, liquidando de esta manera, cualquier relación jurídica entre las partes derivada de la ejecución y terminación del contrato”.

No obstante lo anterior, este tribunal se aparta de tal interpretación por los motivos que se señalan a continuación.

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil, la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal.

Ha coincidido la doctrina en señalar como principales objetivos de la cláusula penal los siguientes:

a) Servir de apremio al deudor

En cuanto su estipulación ejerce una presión sicológica sobre la voluntad del deudor que le induce a dar cumplimiento a la prestación debida, so pena de tener que pagar la cláusula penal pactada. En efecto, el carácter de verdadero apremio de dicha cláusula toma relevancia como lo afirma Guillermo Ospina Fernández, si se observa que la ley permite estipular que la pena no remplace ni la obligación principal (C.C., art. 1594) ni su indemnización compensatoria (C.C., art. 1600), al igual que autoriza que la cláusula penal se pacte en favor de un tercero distinto del acreedor (C.C., art. 1593) quien en manera alguna sufre perjuicio por el incumplimiento de la obligación principal y sin embargo queda investido de una acción cuyo significado no es otro que apremiar al deudor.

b) Servir de garantía.

Sostiene A. Alessandri que la cláusula penal sirve de caución o garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación, asimilándola en su finalidad a la fianza, a la prenda y la hipoteca. No obstante, Guillermo Ospina señala, a nuestro juicio acertadamente, que estrictamente hablando, la función de garantía solo se ofrece cuando la pena se estipuló a cargo de un tercero, en cuanto solamente en este caso el acreedor tiene la alternativa de hacer efectiva la obligación principal sobre el patrimonio del deudor o exigir la pena a dicho tercero garante. En tanto que si la pena está también en cabeza del deudor no existirá ese otro patrimonio que le preste la garantía adicional.

c) Servir de estimación anticipada de perjuicios.

Ha sido destacada por la doctrina y la jurisprudencia como la función principal de la cláusula penal, en cuanto se ha entendido que su estipulación constituye un avalúo anticipado y convencional de los perjuicios que pueden tener lugar por el incumplimiento de la prestación debida o por el retardo de la misma. Por virtud de dicha estipulación el acreedor queda exonerado de probar los perjuicios derivados del mencionado incumplimiento o retardo (C.C., art. 1599), al igual que no deberá probar ni la naturaleza de tales perjuicios, ni su monto el cual ha sido fijado de antemano. De otra parte, dado que el incumplimiento de la obligación principal hace presumir la culpa del deudor, el acreedor que exige la pena queda exonerado de probar dicha culpa. Además de los beneficios señalados, la estimación anticipada de perjuicios permite que estos se ajusten más a la realidad, en cuanto son las partes las que verdaderamente pueden señalarlos, y evita las dificultades prácticas de su prueba.

En consecuencia, debe recordarse que son múltiples las funciones que puede cumplir la cláusula penal, sin que su aplicación pueda circunscribirse a la limitada función de “estimación anticipada de perjuicios” que pretende darle al convocada.

Además de lo anterior, no puede olvidar este tribunal que el artículo 1600 del Código Civil señala que es posible pedir a la vez la pena y la indemnización de perjuicios si así se estipuló por las partes, estando en todo caso al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o la pena.

Como corolario de lo anterior, debe dilucidar este tribunal cuál es el verdadero alcance y la interpretación que debe dársele a la estipulación de las partes, en particular a la última frase que se le incorporó a la cláusula penal con el otrosí al que se ha hecho referencia.

En opinión de este tribunal, la partícula adicionada significa que la convocada quedaba facultada para iniciar las acciones pertinentes para el resarcimiento de la totalidad de los daños ocasionados, sin que por ello estos se limitaran a los $5 millones pactados.

Si bien debe reconocerse que la reforma introducida en el otrosí no goza de la claridad deseada, también es cierto que pretender darle la interpretación planteada por la convocada es tanto como dejar sin efecto alguno la partícula introducida en el otrosí.

Es bien sabido, que es obligación imperativa del juez interpretar las cláusulas oscuras de los contratos, obligación que nace de un principio básico, cual es la fidelidad a la voluntad, a la intención, o a los móviles de los contratantes. Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de agosto 27 de 1971 señaló : “Obrar de otro modo, es traicionar la personalidad del sujeto comprometido en el acto jurídico, o en otros términos, adulterar o desvirtuar la voluntad plasmada en él. Por lo mismo y con el objeto de asegurar siempre el imperio de la voluntad, las declaraciones vagas, confusas, oscuras o inconsonantes deben ser interpretadas, ya que todo proceso del querer persigue un fin. No interpretarlas sería anularlas, cancelarlas como expresión de la voluntad, y por ello, su augusta función que toca con las más altas prerrogativas humanas, la de desentrañar el verdadero sentido de los actos jurídicos”.

Además de lo anterior, considera el tribunal que debe aplicar el artículo 1620 del Código Civil, sobre interpretación lógica de los contratos, ampliamente conocido, y según el cuál “..el sentido que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no se capaz de producir efecto alguno”.

Previas estas consideraciones el tribunal considera inaceptable la interpretación propuesta por la convocada, pues de acuerdo con ella la partícula introducida en el otrosí solamente servía para recordarle a las partes su derecho constitucional de acceso a la justicia para lograr el resarcimiento de unos daños estimados anticipadamente en esa cláusula penal. Esta interpretación, lleva a que esa partícula del otrosí no produzca efecto alguno con lo cuál se violarían los principios de interpretación antes señalados.

Por el contrario, y con el ánimo de realizar una interpretación lógica de la cláusula en comento, encuentra el tribunal, luego de verificar los hechos probados en el proceso y de escudriñar en la intención de las partes, que la interpretación no puede ser otra que aquella según la cuál la convocante podía intentar reclamaciones para exigir la indemnización de perjuicios cuando estos fueran mayores que el monto de la pena pactada. Esta interpretación es la única que permite darle sentido a la cláusula, para así permitir al acreedor exigir la indemnización a la que tiene derecho, previa deducción, como se verá más delante y se ordenará en la parte resolutiva, de la pena ya cobrada. Sobre este aspecto resulta muy esclarecedora la jurisprudencia citada por el apoderado dela convocante en sus alegatos de conclusión así: “En fin, a este respecto importa fijar la atención en el segundo colon del dicho. artículo 1600, que le otorga al acreedor, pese a la estipulación penal, opción para acogerse a esta o para prescindir de ella y exigir la indemnización de los perjuicios, lo que sucedería cuando estos fueran mayores que el monto de la pena pactada. Esta regla , que data del derecho romano, se suele defender diciendo que la equidad exige que el acreedor insatisfecho resulte siempre ileso, por lo cual, si la estimación convencional es inferior a los perjuicios realmente sufridos por él, aunque la pena le haya sido pagada, tiene derecho a cobrar la diferencia. Estimamos nosotros que, como la regla en cuestión es de índole meramente supletiva, ella no puede tener aplicación cuando del acto aparezca claramente que la intensión de los interesados ha sido la de limitar a la pena la responsabilidad del deudor, conforme a la expresa autorización que para el efecto les confiere el artículo 1616 del Código Civil”.

De otra parte, tampoco considera de recibo este tribunal el argumento según el cual se había convertido en práctica comercial o procedimiento natural para la terminación anticipada de los contratos suscritos, el reconocimiento anticipado de un incumplimiento de los términos del contrato por parte del Banco Colpatria, incumplimiento por el cual Comercial Okasa aceptaba el pago de la correspondiente indemnización, al punto de facturarla especificando su concepto, liquidando de esta manera, cualquier relación jurídica entre las partes derivada de la ejecución y terminación del contrato. Resulta evidente, que el contrato al que se refiere la convocada, tal y como se demostró en el proceso, se vencía en muy corto tiempo y dada su pequeña envergadura no produjo los perjuicios que sí produjo la terminación del contrato que aquí se debate; sin la existencia de perjuicios (tal y como se deriva del acervo probatorio) mal podría la convocante iniciar una acción similar a la aquí incoada, motivo por el cual no puede hablarse de este hecho como una práctica comercial entre las partes que permitiera llegar a la interpretación de la cláusula en el sentido que pretende darle la convocada.

4.7. El incumplimiento contractual de la convocada.

Del análisis probatorio resulta evidente que la convocada ejecutó normalmente las obligaciones derivadas del contrato, hasta el 7 de abril de 2000, fecha en la cual dio por terminado el contrato de manera unilateral desconociendo la cláusula quinta del mismo cuyo texto es el siguiente:

“Quinta. Duración: el término de duración del presente contrato será de diez y ocho (18) meses contados a partir de la firma del mismo, prorrogables automáticamente por períodos similares”.

Teniendo en cuenta que la fecha de suscripción del contrato es el 19 de mayo de 1995, su término inicial debió ir hasta el 19 de noviembre de 1996, su primera prórroga hasta el 19 de mayo de 1998, su segunda prórroga hasta noviembre 19 de 1999 y su tercera prórroga hasta mayo 19 de 2001. No obstante lo anterior, el 7 de abril de 2000, es decir, más de un año antes de la fecha de terminación prevista en el contrato, la convocada, terminó el contrato suscrito y en ejecución, sin atender los plazos y condiciones de orden contractual y legal.

Dada la confesión del representante legal de la convocada, reconocida además por su apoderado en los alegatos de conclusión, no parece necesario que este tribunal se extienda demasiado sobre el punto. En efecto, el representante legal del Banco Colpatria, al referirse a los motivos para dar por terminado el contrato, señaló en el interrogatorio de parte:

“... fue porque el banco había adquirido el software necesario para la ejecución de la gestión que se enmarcaba dentro del objeto social del contrato y por ende procedió a comunicar la decisión a Comercial Okasa de la terminación del vinculo contractual y para tal fin se enviaron las comunicaciones respectivas”.

De lo anterior se deduce con claridad meridiana que la terminación unilateral nada tuvo que ver con supuestos incumplimientos de la convocada, sino a una circunstancia particular y especial del Banco Colpatria, consistente en la adquisición de un software que realizaba las labores para las cuáles se había contratado a la convocante y que hacia innecesario continuar utilizando y pagando sus servicios.

Frente a este claro incumplimiento contractual, debe derivarse una responsabilidad para la convocada, que en opinión de este tribunal no constituye ”...un verdadero abuso del derecho ...” como lo señala la convocada en sus alegatos de conclusión, sino que se trata de una responsabilidad que se deriva de la obligación de indemnizar los perjuicios causados de conformidad con la ley, tal y como se examinará a continuación.

4.8. La responsabilidad contractual y la indemnización de perjuicios.

Sin duda estamos frente a un tema de responsabilidad civil contractual que se origina en el incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato para una de las partes. Como es bien conocido, tanto la responsabilidad civil contractual como la extra-contractual comparten los siguientes elementos: una acción u omisión; la existencia de un perjuicio; y la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta del demandado y el perjuicio sufrido por la otra parte.

En el caso de la responsabilidad contractual se requiere además, que el contrato sea válido y que exista un daño proveniente de un incumplimiento contractual, esto es que el daño surja del incumplimiento del contrato. Adicionalmente, debe aclararse que no es necesario que quien incumpla el contrato tenga la intención de causar un daño sino que basta el incumplimiento deliberado y la generación del consecuente perjuicio.

Previas las anteriores consideraciones legales, se examinarán cada uno de los requisitos para que se configure la responsabilidad contractual en el caso sub judice.

4.8.1. El contrato. Se trata de un contrato válidamente celebrado entre las partes cuya vigencia se inició el 19 de mayo de 1995. Si bien en la contestación de la demanda la convocada argumentó, al referirse a los hechos, que la diligencia de reconocimiento de contenido y firma ante notario solo se realizó el día 9 de noviembre de 1996, también lo es, que las demás pruebas aportadas al proceso señalan claramente que desde esa fecha se cumplió el contrato, y que tratándose de un contrato de naturaleza comercial debe primar el principio de la consensualidad. Por lo demás, la convocada en ningún momento cuestionó la validez del contrato, de sus cláusulas o de su otrosí, sino que por el contrario reconoció que se había ejecutado desde esa fecha y además trajo a colación otros contratos entre las mismas partes para tratar de establecer una práctica comercial que no logró demostrar como se señaló en su oportunidad. En tal virtud, estamos frente a un contrato válidamente celebrado entre las partes.

4.8.2. El incumplimiento del demandado. Como se señaló en el numeral 4.4. anterior, verificadas las pruebas aportadas al proceso, en especial la confesión del interrogatorio de parte del representante legal del Banco Colpatria y lo expresado sobre este tema por el apoderado de la convocada en sus alegatos de conclusión, resulta claro para el tribunal que existió una terminación unilateral injustificada, que únicamente obedeció a la adquisición de un software por parte del banco que hacia innecesario seguir contando con los servicios de Comercial Okasa. Esta terminación unilateral conlleva un obvio incumplimiento del término de ejecución del contrato previsto en la cláusula quinta del mismo, toda vez que cómo se vio, el banco dio por terminado el contrato mucho antes de que expirara el término de los 18 meses previsto para la última prórroga del mismo.

4.8.3. Los perjuicios. Si bien la demanda trae una serie de cifras y consideraciones sobre el daño emergente y el lucro cesante y en la contestación de la demanda se encuentran argumentaciones en contra de los mismos, debe recordarse que las pretensiones de la demanda no establecen cifras, sino que por el contrario hacen referencia a “...las cuantías y sumas de dinero que se establezcan en el proceso mediante las pruebas aportadas y practicadas, el dictamen pericial pertinente...”.

En consecuencia, este tribunal para decidir sobre los mismos se basará en las pruebas y en el dictamen pericial decretado en el proceso, el cuál solo fue objetado por la convocada en el punto relativo a “gastos de conciliación” y honorarios profesionales”, aspecto ya dilucidado en este laudo arbitral.

Igualmente aclara el tribunal que para resolver sobre este aspecto deberá atenerse a las pretensiones de la demanda tal y como quedaron consignadas en el memorial del 2 de octubre de 2003 y no como lo solicita el apoderado de la convocante en sus alegatos de conclusión, “...en las cuantías y cifras previstas en el numeral 12 de la demanda...” pues carecería entonces este laudo de la correlación obvia que debe existir entre las pretensiones y las condenas respectivas.

En consecuencia, se analizará cada una de las pretensiones relativas a los perjuicios, (segunda a quinta) frente al dictamen pericial, para determinar si es conducente o no acceder a ellas, dejando de lado el tema relativo a la objeción parcial, que como se señaló será objeto de capítulo especial.

4.8.3.1. Daño emergente.

Si bien el apoderado de la convocante nada dijo a manera de conclusión o ilustración del tribunal sobre el dictamen y los perjuicios, sobre este aspecto el tribunal habrá de tener en cuenta el dictamen pericial, la objeción parcial al mismo, e igualmente las consideraciones planteadas por el apoderado de la convocada en sus alegatos de conclusión.

a) Indemnización de proveedores y contratistas. De conformidad con la respuesta del perito a la pregunta b) del cuestionario presentado por el apoderado de la convocante, verificados los libros auxiliares de contabilidad y los comprobantes de pago se llega a la suma de $19.187.065 por concepto de indemnización a proveedores y contratistas y a la suma de $640.288 por concepto de intereses cancelados por los dineros tomados en contratos de mutuo con interés, para un total de $19.827.353. A esta suma se le deberán adicionar los pagos efectuados a Avantel en mayo y junio del 2000 por un valor de $2.235.337 para un gran total de $22.062.690.

b) Intereses corrientes sobre la suma señalada en el literal anterior. De conformidad con la respuesta del perito a la pregunta c) del cuestionario presentado por el apoderado de la convocante, este tribunal, por las razones que fundamentaron la objeción parcial del dictamen, no aceptará los conceptos relativos a:

i) “Gastos conciliación Cámara de Comercio”, por la suma de $538.000.

ii) “Honorarios abogado proceso” por la suma de $10.000.000.

iii) “Gastos notariales por autenticaciones” por $165.996.

Pero sí aceptará los demás conceptos denominados:

1. “Indemnizaciones a proveedores y contratistas” por $19.187.065.

2. “Pagos efectuados a Avantel” en mayo y junio de 2000 por $2.235.337, y

3. “Intereses de financiación por prestamos”, por $640.288.

Para un total de $22.062.690, cifra a la cual luego de aplicarle la fórmula propuesta por el perito para llegar al valor presente más intereses (tomando el IPC del 30 de abril de 2004) nos lleva a la suma de $36.379.019, que se habrá de reconocer por este concepto en la parte resolutiva de este laudo, previa deducción de los $5.000.000 ya pagados con ocasión de la cláusula penal, para un total de $31.379.019

4.8.3.2. Lucro cesante.

Sobre este punto de la litis, este tribunal concuerda con el apoderado de la convocada y con el señor perito en que una cosa son los ingresos proyectados por la ejecución de un eventual contrato y otra muy diferente el posible margen de utilidad dejado de percibir por la ejecución del contrato. En efecto, de conformidad con el dictamen pericial si bien los ingresos proyectados por la ejecución del contrato eran de $169.151.623 (ver respuesta a la pregunta a)), también es cierto que los gastos proyectados ascenderían a la suma de $101.125.515, motivo por el cual el margen de utilidad proyectada la conclusión del contrato sería de $68.030.108, tal y como se señala en la respuesta a la pregunta d del dictamen pericial y al anexo 1 del mismo.

De conformidad con las pretensiones de la demanda esta suma indexada desde la fecha de la terminación unilateral del contrato, de conformidad con la respuesta a la pregunta g) del dictamen pericial, utilizando la misma fórmula pero el IPC a 30 de abril de 2004, asciende a la suma de $84.728.992.

4.9. Costas y agencias en derecho.

Las costas y agencias en derecho, como lo viene afirmando la doctrina reiteradamente, pretenden que el derecho del contendiente procesal que resulte vencedor, es decir, que el derecho jurisdiccionalmente reconocido, no se vea mermado por la necesidad de acudir a la heterocomposición, ante la negativa de su contraparte para reconocer voluntariamente este mismo derecho. En otras palabras, que quien haya dado lugar al proceso asuma las consecuencias de esta conducta.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 794 de 2003, “La liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez...”; igualmente señala que “...Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

En el caso presente han prosperado las pretensiones de la demanda de Comercial Okasa y no han tenido prosperidad las excepciones de Banco Colpatria, razón por la cual de conformidad con la ley resulta procedente condenar en costas y agencias en derecho.

Para este efecto el tribunal habrá de tener en cuenta, el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El objetivo de ese acuerdo es establecer, a nivel nacional, las tarifas de agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales.

De conformidad con el artículo segundo del acuerdo, “Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento”.

Por su parte el artículo 3º señaló: “El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones. Parágrafo. En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.

Señala igualmente el artículo 4º que las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. Parágrafo. En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o esta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Y el artículo 5º establece que los asuntos no contemplados en este acuerdo se regirán por las tarifas establecidas para asuntos similares, incluyendo los asuntos que conocen las autoridades administrativas en ejercicio de funciones judiciales.

En virtud de lo anterior, el tribunal condena a Banco Colpatria a reembolsarle a Comercial Okasa S.A. a título de gastos judiciales la suma de los siguientes valores:

1. 50% de gastos y honorarios del tribunal de arbitramento$5.250.000
2. 50% del valor del Dictamen pericial$ 750.000
Total de la condena en costas$6.000.000

En cuanto hace referencia a las agencias en derecho ni el Código de Procedimiento Civil ni el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura regulan el tema frente a los procesos arbitrales. Dicho acuerdo prevé para los procesos verbales de única instancia ante la jurisdicción ordinaria un porcentaje hasta del 15% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia sin establecer un mínimo. Sin embargo, es evidente que la celeridad del proceso arbitral no permite una condena de ese orden y que la carga probatoria en este caso no fue muy grande, por lo cual el tribunal señala a título de agencias en derecho la suma de $5.000.000.

En consecuencia el rubro total por concepto de costas será de $11.000.000.

Fallo arbitral.

En mérito de lo expuesto este tribunal de arbitramento administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Declarar que no prospera la objeción por error grave formulada por la parte convocada al dictamen pericial.

Segundo. Negar las excepciones perentorias propuestas por el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. y, en consecuencia, declarar la prosperidad de las pretensiones de Comercial Okasa Ltda. en la forma indicada en las consideraciones de este laudo arbitral.

Tercero. En consecuencia, declarar incumplido el contrato de prestación de servicios suscrito el 19 de mayo de 1995, entre el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., antes Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria – UPAC – Colpatria, en calidad de contratante y la Sociedad Comercial Okasa Ltda., en calidad de contratista, como consecuencia de la decisión unilateral e injustificada proveniente de el demandado de dar por terminado el contrato.

Cuarto. CONDENAR AL DEMANDADO, Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. al pago de la suma de treinta y un millones trescientos setenta y nueve mil diecinueve pesos ($31.379.019) moneda corriente, por concepto del daño emergente (pretensión segunda) y los intereses correspondientes (pretensión tercera).

Quinto. CONDENAR AL DEMANDADO, Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. al pago de la suma de ochenta y cuatro millones setecientos veintiocho mil novecientos noventa y dos pesos ($84.728.992) moneda corriente, por concepto del lucro cesante (pretensión segunda) y la corrección monetaria (pretensión cuarta).

Sexto. Por haber prosperado las pretensiones de la demanda se condena a Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. a pagar a Comercial Okasa Ltda. la suma once millones ($11.000.000) de pesos a título de costas y agencias en derecho (pretensión quinta de la demanda).

Séptimo. Entregar a la Procuraduría General de la Nación y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, copia de este laudo arbitral.

Octavo. Entregar por secretaría copia auténtica de este laudo arbitral, con constancia de ejecutoria, a cada una de las partes.

Noveno. Disponer que una vez termine la actuación se protocolice el expediente en una notaría del Círculo de Bogotá y, para esos efectos, prevenir a las partes sobre su obligación de cubrir por mitades esas expensas, o lo que faltare si la suma decretada y recibida para esos efectos resultare insuficiente.

Notifíquese.

César Torrente Bayona, árbitro. 

Roberto Aguilar Díaz, Secretario.

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