Laudo Arbitral

Constructora Ática Estudio Internacional Ltda.

v.

Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Educación Distrital

Octubre 24 de 2000

Audiencia de laudo

Acta 7

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2000, siendo las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), en las dependencias del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicadas en la calle 72 Nº 7-82 (piso 8º) de esta ciudad, se reunió el tribunal de arbitramento integrado para dirimir las diferencias entre Constructora Ática Estudio Internacional Ltda., parte convocante, y el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Educación, parte convocada, integrado por los árbitros, doctores Marco Tulio Gutiérrez Morad, quien lo preside, Juan Manuel Turbay Marulanda y Martín Gustavo Ibarra Pardo, y el suscrito secretario.

La audiencia tenía por fin proferir el laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es acogido en forma unánime por los árbitros que integran el tribunal.

En la audiencia se encontraban presentes los apoderados de las partes, doctores Jorge Alberto Cely Amézquita, de la parte convocante, y Martha Yolanda Amaya Salazar, de la parte convocada, a quienes se les notificó en estrados al término de la audiencia de alegaciones, la providencia que fijó fecha y hora para la audiencia de laudo.

Abierta la audiencia, el presidente autorizó al secretario para que diera lectura a las partes más relevantes del laudo arbitral, como en efecto así se hizo.

Laudo Arbitral

Bogotá, octubre 24 de 2000.

El Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir, en derecho, las diferencias presentadas entre la sociedad Constructora Ática Estudio Internacional Ltda., parte convocante, en adelante y para todos los efectos del presente laudo arbitral Constructora Ática o simplemente Ática, y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá-Secretaría Distrital de Educación, parte convocada y a la cual para todos los efectos de esta providencia se le denominará El Distrito, profiere el presente laudo arbitral por el cual se pone fin al proceso, el cual es acogido por unanimidad de sus integrantes.

CAPÍTULO PRIMERO

Antecedentes

El desarrollo de la fase prearbitral

Con el lleno de los requisitos formales, el 24 de septiembre de 1999 la parte demandante presentó en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, un escrito que contenía la convocatoria arbitral que dio origen al presente proceso.

Dicha solicitud fue admitida mediante auto del 28 de los mismos mes y año, de la dirección del mencionado centro de arbitraje.

A la convocatoria se le imprimió el trámite que indica el Código de Procedimiento Civil, y el 1º de octubre de 1999 se notificó a la parte demandada, que le dio oportuna contestación el 14 de los mismos mes y año por conducto de apoderado judicial debidamente constituido.

Para llevar a cabo la audiencia de conciliación señalada en la ley como propia de la etapa prearbitral, mediante auto del 3 de noviembre de 1999 se señaló la hora de las 10:00 a.m. del día 29 de noviembre de 1999.

En esa fecha y hora y bajo la coordinación del doctor Leonardo David Beltrán se desarrolló dicha audiencia, quedando clara la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.

De igual forma se señaló mediante providencia de esa misma fecha, la hora de las 2:30 p.m. del 15 de diciembre de 1999, para la audiencia de nombramiento de árbitros.

En esa fecha y hora, por solicitud conjunta de los apoderados de las partes, se convino en suspender la audiencia para el día 13 de enero del presente año, fecha en la cual las partes conjuntamente designaron a los siguientes profesionales del derecho para que integraran el tribunal:

PrincipalesSuplentes
Martín Gustavo Ibarra PardoJuan Carlos Henao Pérez
Álvaro Tafur GalvisJuan Manuel Turbay Marulanda
Marco Tulio Gutiérrez MoradAlirio Gómez Lobo

El doctor Tafur Galvis se dirigió al Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante comunicación del 8 de febrero de 2000, mediante la cual expresó su imposibilidad de aceptar la designación de que había sido objeto.

Lo propio hizo el doctor Juan Carlos Henao Pérez mediante nota escrita del 22 de febrero de 2000.

En consideración a lo anterior, se procedió a comunicar su designación al doctor Juan Manuel Turbay Marulanda, quien aceptó oportunamente tal como lo hicieron los doctores Gutiérrez e Ibarra.

Mediante auto del 23 de marzo de 2000, la dirección del centro de arbitraje fijó como fecha para la instalación del tribunal el 25 de abril, fecha en la cual las partes representadas por sus apoderados se hicieron presentes. Los árbitros nombraron como presidente del tribunal al doctor Marco Tulio Gutiérrez Morad y como secretario a Juan Pablo Riveros Lara, quien aceptó y tomó posesión oportunamente ante el presidente según consta en el expediente.

En la audiencia de instalación se profirió el auto 1 mediante el cual se fijaron los gastos del proceso y los honorarios de los integrantes del tribunal. Dicha providencia no fue recurrida por ninguno de los sujetos procesales.

La parte convocante canceló la suma a ella correspondiente oportunamente. No así la parte convocada, que dentro del término de ley guardó silencio, correspondiéndole a la demandante el pago del 50% de los gastos y honorarios del proceso a cargo de la parte demandada, también dentro del término legal.

Una vez que el presidente del tribunal informó sobre la oportuna cancelación de los gastos y honorarios del proceso bajo las circunstancias antes anotadas, mediante auto 2 proferido el 26 de mayo de 2000, se fijó fecha y hora para la primera audiencia del trámite, que tuvo lugar el 2 de junio del presente año.

El trámite arbitral

Se inició con la primera audiencia del trámite, que como se anotó tuvo lugar el 2 de junio de 2000.

La misma se inició con el informe secretarial que dio cuenta al tribunal sobre la notificación que por secretaría se hizo a la Procuraduría General de la Nación sobre la instalación del tribunal. Mediante delegado, esa entidad dispuso el examen del expediente.

Seguidamente el tribunal analizó el pacto arbitral con base en el cual el mismo fue convocado, encontrándolo ajustado a las prescripciones legales vigentes y tomándolo en consecuencia como base para resolver, mediante providencia que no fue objeto de ningún recurso, declararse competente para conocer y decidir las diferencias puestas en su conocimiento.

En el curso de la misma audiencia, fue proferido el auto 5 por el cual se decretaron las pruebas del proceso, accediéndose a decretar las documentales y a librar los oficios solicitados y denegándose la práctica de un testimonio deficientemente solicitado por la parte demandada.

Del mismo modo y en esa oportunidad el tribunal decretó oficiosamente una prueba consistente en la remisión con destino al proceso por parte de la convocada, de los antecedentes administrativos del contrato debatido en el proceso.

El auto por el cual se decretaron las pruebas del proceso no fue objeto de ningún recurso.

El trámite se desarrolló en siete sesiones en el curso de las cuales se decretaron y practicaron las pruebas del proceso, se recibieron las alegaciones finales de las partes —que fueron expuestas en audiencia por los apoderados y resumidas mediante sendos escritos que obran al expediente— y se profirió el laudo que puso fin al proceso.

La primera audiencia de trámite se inició y terminó el 2 de junio de 2000, por lo cual se encuentra el tribunal dentro del término de seis meses señalado en la ley como máximo para el proferimiento del fallo que pone fin a las diferencias puestas en su conocimiento.

Las dos partes concurrieron al proceso por conducto de apoderados judiciales debidamente constituidos.

CAPÍTULO SEGUNDO

Controversias sometidas a la decisión del tribunal

a) Las pretensiones de la demanda

La parte demandante solicitó que se accediera a las siguientes o similares declaraciones y condenas:

“1. Que el Distrito Capital de Santafé de Bogotá-Secretaría de Educación, es responsable patrimonialmente y por ende está obligado en virtud del contrato de consultoría 559 de fecha 30 de diciembre de 1996, celebrado con la sociedad demandante al restablecimiento de la equivalencia económica del citado contrato consistente en el reconocimiento y pago de la mayor cantidad de metros cuadrados de diseño que excedieron en 2.317 m 2 a los 1.400 m 2 inicialmente contratados.

2. Que en razón de la declaración anterior se condene, al pago de cuarenta y cinco millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos siete pesos m/cte. ($ 45.537.437) correspondientes a la mayor cantidad de metros cuadrados ejecutados, suma que deberá pagarse actualizada desde la fecha de liquidación del contrato, esto fue, el 3 de septiembre de 1997, junto con los intereses de mora causados desde esa fecha y hasta cuando se verifique el pago”.

b) Las excepciones y medios de defensa contenidos la contestación de la demanda

La convocada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de mérito que a continuación se mencionan:

1. Inepta demanda.

2. Cobro de lo no debido.

3. Falta de causa petendi.

CAPÍTULO TERCERO

Posiciones de las partes

a) Los hechos en que se basan las pretensiones de la demanda

Se sintetizan así:

Entre las partes del proceso se suscribió el contrato de consultoría 559 de fecha 30 de diciembre de 1996, cuyo objeto, según se expresa en la demanda, fue “la realización de los estudios y diseños técnicos, levantamiento topográfico, estudio, análisis y cálculo para la estabilización de cimentación y estructura existente, estudios de suelos, para desarrollar la remodelación del Polideportivo Piloto unidad Uribe Uribe, ubicado en la localidad 06 Tunjuelito, ubicado en la carrera (sic) 25 Nº 47 - 00 sur de Santafé de Bogotá”.

La ejecución del proyecto contratado se inició el 8 de abril de 1997 según consta en el acta correspondiente; el valor inicial del contrato era de $ 30.000.000; el plazo para su ejecución fue 90 días calendario, es decir entre el 8 de abril y el 7 de julio de 1997; los metros cuadrados de diseño inicialmente contratados fueron 1.410.

Mediante comunicación dirigida por el contratista a la entidad contratante el 10 de junio de 1997, el primero solicitó a la segunda una ampliación del plazo debido tanto a la demora de esta en la entrega a aquella de los términos de la referencia del contrato, como, y esto último especialmente, a la ampliación de las áreas en el programa arquitectónico que había sido aprobada por el coordinador de interventoría de la Secretaría de Educación.

La interventoría, que no es contratada, tiene vocación de representar a la entidad contratante, según está estipulado en la cláusula octava del contrato.

Por medio de la adición 1 al contrato, se amplió el plazo del mismo en 60 días calendario contados entre junio 8 y septiembre 8 de 1997.

Por medio de la adición 2 el valor del contrato se incrementó en $ 10.000.000, “quedando a la espera de la adición que cubriera la mayor cantidad de metros cuadrados de diseño”.

De acuerdo con el acta de entrega del proyecto, el incremento del área de diseños fue de 2.317 metros cuadrados toda vez que inicialmente fueron contratados 1.400 y finalmente fueron ejecutados 3.717.60. Al tenor de la citada acta —que aparece suscrita por el interventor coordinador general de planta física, el coordinador técnico y el contratista— el proyecto fue entregado a satisfacción de la entidad contratante y aprobado en su totalidad por la interventoría, incluido el aumento de las áreas, que fue necesario “para dar respuesta a las necesidades reales del sector”.

Toda vez que el valor de los metros cuadrados de diseño ejecutados no está cubierto por el valor final del contrato que consta en las actas de entrega y de liquidación final, la contratista presentó a la contratante la reclamación AT 001 en diciembre 3 del año 1997 por valor de $ 45.537.437.

En el acta final de liquidación del contrato consta que Constructora Ática le había presentado a la entidad contratante una reclamación por los conceptos a que se ha hecho anterior referencia, y que esta reclamación estaba pendiente de ser resuelta.

Mediante el oficio de la coordinación general jurídica de la Secretaría de Educación fechado el 21 de enero de 1998, esa entidad respondió a la sociedad contratista que no podía entrar a reconocer directamente por la reclamación de diciembre de 1997 en forma que el actor califica como “lacónica”.

Con posterioridad a la fecha de la antedicha respuesta, los representantes de la demandante sostuvieron múltiples reuniones con el señor Roberto Luna de la Vega, coordinador de plantas físicas de la Secretaría de Educación, quien siempre se mostró partidario de llegar a un acuerdo, incluso mediante la adjudicación de otros contratos, ofrecimientos que nunca se hicieron realidad.

El 19 de abril de 1999 se presentó ante la procuraduría 55 judicial, una solicitud de conciliación prejudicial por parte de la sociedad contratista, la cual no tuvo ningún éxito por la inasistencia de un representante del distrito capital, omisión que le valió una sanción pecuniaria a la parte demandada.

La suma a que ascienden las pretensiones de la demanda debe reconocerse a fin de restablecerse en equilibrio perdido y repararse el daño patrimonial que le fue causado, a cuyo fin deberán reconocerse las actualizaciones e intereses de mora invocados en la convocatoria arbitral.

b) El pronunciamiento de la parte demandada sobre los fundamentos de hecho de la demanda

Se concreta en los siguientes aspectos principales:

Aceptó la veracidad de los cuatro primeros hechos, es decir aquellos que guardan relación con la celebración del contrato, el plazo de ejecución del mismo y su valor inicial.

Omitió pronunciarse sobre el hecho quinto, que es aquel que versa sobre el área inicialmente contratada.

Aceptó parcialmente como cierto que el contratista solicitó el 11 de junio a la contratante adición del contrato, pero en su valor y no con relación a su plazo y negó que fuera cierto que la entidad demandada hubiera incumplido en la entrega de los términos de referencia ya que, según reza el acta de iniciación de los trabajos, estos se entienden recibidos “como presupuestos de la iniciación”.

Aceptó el hecho séptimo, de acuerdo con el cual la interventoría de los trabajos la realizó la Secretaría de Educación, a través de la división de plantas físicas.

Aceptó lo afirmado en el hecho octavo, es decir, la existencia de la adición 1 del contrato por medio de la cual se amplió el plazo del mismo.

Aceptó parcialmente lo afirmado en el hecho noveno, en cuanto que reconoció la existencia de una segunda adición del contrato por virtud de la cual se incrementó su valor, pero negó que hubiera quedado pendiente de celebrarse otra adición para cubrir la mayor cantidad de metros cuadrados de diseño porque cuando el contratista solicitó adición se contemplaron 1800 metros cuadrados —390 más de los inicialmente contratados— según consta en el oficio del 11 de junio de 1997 suscrito por el contratista y que fue la base de la adición.

Dijo no constarle lo afirmado en el hecho décimo relativo al tenor del área final del proyecto reflejada en el contenido del acta de entrega del proyecto.

Manifestó atenerse a lo que resultara probado sobre el hecho undécimo tocante con el contenido de la mencionada acta respecto del recibo a satisfacción del trabajo contratado y de la mención sobre las áreas finales del mismo.

Expresó que el duodécimo hecho de la demanda, relativo a que el valor final del contrato no cubría las cantidades de diseño ejecutado. Aclaró que el valor del contrato correspondía con lo expresado en el contrato.

Aceptó como parcialmente cierto el décimotercer hecho, afirmando que la reclamación AT001 es extemporánea.

Negó la veracidad del décimocuarto hecho aclarando que la reclamación a que se hace referencia en el mismo fue presentada a la entidad contratante con posterioridad a la suscripción del acta final de liquidación del contrato.

Aceptó como cierto el décimoquinto hecho sobre la negativa de la contratante a acceder a la reclamación AT001 fechada el 21 de enero de 1998.

Dijo no constarle y atenerse a lo que resultara probado en el proceso respecto de lo afirmado en el décimo sexto hecho de la demanda relativo a las conversaciones sostenidas entre la contratista y el coordinador general de plantas físicas de la Secretaría de Educación.

Aceptó como cierto el contenido del décimoseptimo hecho atinente a la fallida conciliación prejudicial que tuvo lugar ante la procuraduría 55 judicial el 19 de abril de 1999.

Sobre el décimoctavo hecho se abstuvo de darle contestación por entenderlo como una pretensión.

Respecto del hecho décimonoveno, tampoco dio contestación al mismo por tratarse de un punto de derecho.

CAPÍTULO CUARTO

Presupuestos procesales

El tribunal los encuentra reunidos en su totalidad y no observa la ocurrencia de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, por lo cual procede a examinar y decidir el fondo del asunto que fue sometido a su consideración.

CAPÍTULO QUINTO

Consideraciones del tribunal

Sobre las pretensiones de la demanda

El marco legal aplicable al caso concreto

La parte demandante pretende que este tribunal declare que la demandada es responsable patrimonialmente y tiene la consecuente obligación de restablecer el equilibrio económico o financiero del contrato 559 celebrado el 30 de diciembre de 1996.

Como quiera que los fundamentos de hecho de tal pretensión y su consecuencial de condena están resumidos en la presente providencia, pasa a continuación el tribunal a expresar sus consideraciones en torno al marco legislativo y jurisprudencial existente en Colombia sobre los presupuestos que hacen predicable, en relación con el contrato administrativo, el alegado rompimiento del equilibrio económico.

Sin ahondar en consideraciones sobre el tratamiento y evolución contenidos en la ley colombiana respecto del rompimiento de la ecuación económica de los contratos de la administración, baste con partir de una premisa que ha de orientar el subsiguiente análisis: la Ley 80 de 1993 tiene consagrado con meridiana claridad el aludido, como uno de los principios rectores de la actividad contractual de la administración pública.

Son varios los artículos del citado estatuto los que hacen patente la validez del anterior aserto, siendo el 27 el que verdadera e indudablemente lo consagra en los siguientes términos:

“En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimientos de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate”.

Otras disposiciones del estatuto general de contratación de la administración pública que se refieren y convalidan el principio del artículo 27 son, entre otras, los numerales 8º y 9º del artículo 4º, de señalada importancia para lo que es objeto de esta decisión; el numeral 1º del artículo 5º; los numerales 13 y 14 del artículo 25 y el artículo 28, norma esta última que lo tiene como una herramienta más de interpretación del contrato.

De la norma contenida en el artículo 27, el tribunal resalta los siguientes elementos que en su sentir y de acuerdo con la jurisprudencia imperante, señalan el derrotero para la cabal aplicación del principio que ocupa su atención:

a) La equivalencia económica de las prestaciones de las partes del contrato estatal ha de ser vista con relación al momento de proponer o de contratar, según sea el caso. En el contrato que se debatió en el proceso, las cláusulas primera y segunda señalan con toda claridad, la primera de ellas, el objeto del negocio jurídico; la segunda, el valor de la prestación económica a cargo de la entidad para remunerar las actividades del contratista.

La defensa planteó en la contestación de la demanda, al negar la veracidad de lo afirmado en el hecho quinto del escrito de convocatoria arbitral, que ni el contrato ni los términos de referencia que le dieron origen señalan una cantidad de metros cuadrados de diseño contratados, presentación que el tribunal entiende encaminada a hacer caer de su base la pretensión por indefinición del equilibrio cuya ruptura se alega.

No es de recibo para el tribunal la tesis de acuerdo con la cual el contrato estatal presta utilidad como un mero punto de referencia y que en tal medida la variación de su objeto, bien por aumento o disminución de las obligaciones del contratista, es inocuo a la hora de determinar si la hipótesis que se analiza puede o no dar pie al pretendido rompimiento de la ecuación económica que se dieron las partes al proponer o al celebrar el contrato.

Sobre este particular el tribunal se pronunciará más adelante;

b) El rompimiento de la ecuación financiera del contrato ha de sobrevenir por causas no imputables a quien resulte afectado. La denuncia que las pretensiones bajo análisis contiene, se contrae a que la sociedad contratista le propuso a la contratante el diseño de mil cuatrocientos metros cuadrados (1.400 mts 2 ) para acometer la remodelación del Polideportivo Rafael Uribe Uribe, propuesta que fue la acogida por la administración, y que por causas no imputables al contratista terminó ejecutando dos mil trescientos diecisiete metros cuadrados (2.317 mts 2 ) más de los inicialmente previstos.

El tribunal destaca en punto al aspecto que se viene tratando, que de la lectura de los antecedentes administrativos del contrato 559, se deduce que la administración conocía y tenía previsto el alcance y, por supuesto, la extensión de las obras cuyo diseño contrató con la firma demandante en el presente proceso.

Así las cosas se tiene por satisfecho este segundo presupuesto, en la medida en que fueron las acciones de la propia administración, nunca la iniciativa o deficiencia del contratista, los motivos que implicaron el considerable aumento del objeto del contrato;

c) Si se presenta una situación de desequilibrio, es deber de las partes proceder a su inmediato restablecimiento. Tal es el claro mandato legal de que se ocupa el artículo 27 del estatuto de contratación de la administración.

En lo que toca con la actividad desarrollada por el contratista a ese efecto, quedó demostrado en el proceso que en su condición de tal, Constructora Ática se ocupó en hacer conocer a la administración el hecho que ahora alega como fuente de derechos y que dio origen al presente trámite arbitral.

No se observa, tal como sostuvo la parte demandada en la excepción de mérito a la cual denominó “Falta de causa petendi” que la manifestación de su inconformidad por parte del contratista hubiera sido extemporánea por el hecho de haber quedado formalizada con posterioridad a la fecha en que fue suscrita el acta final de liquidación del contrato 559, pues en ella se lee la expresa manifestación de la inconformidad del contratista en texto que se transcribe para mayor claridad:

“Las Partes (sic) de común acuerdo dan por terminado el contrato 559 correspondiente a la realización de los estudios técnicos del Polideportivo Piloto Unidad Rafael Uribe Uribe localidad 6 Tunjuelito. No obstante lo anterior queda pendiente por parte de la Secretaría de Educación el análisis de la reclamación por mayor cantidad de diseño técnico y por ende mayor valor del contrato, presentada por la contratista Constructora Ática Estudio Internacional Ltda.”.

El texto anteriormente transcrito hace parte del acta mencionada y lleva la firma del funcionario interventor, del contratista y del propio secretario de educación distrital. Y obra a folio 30 del cuaderno de pruebas 1.

Con respecto a la carga que las entidades tienen de proveer al restablecimiento del equilibrio roto, el tantas veces citado artículo 27 de la Ley 80 de 1993, segundo inciso, es perentorio en señalar en qué forma se encuentra obligada a actuar la administración con el fin de evitar o impedir la extensión de los efectos de la irregular situación;

d) La situación generadora del desequilibrio del contrato puede afectar a cualquiera de las partes del contrato estatal. Así lo tiene previsto la ley, en atención a que al ser de cabal aplicación en la contratación administrativa el principio de la autonomía de la voluntad, la regla pacta sunt servanda puede dejar de ser observada en los casos en que se presenten hechos excepcionales que hagan en exceso onerosa la carga de cualquiera de las partes del contrato.

Excepción, la anteriormente comentada, que se ve acentuada en el campo de la contratación administrativa, porque el interés público puede verse comprometido siempre que surjan hechos imprevistos y/o imprevisibles que afecten el desarrollo de un contrato de esta índole cuyo propósito es la realización de los fines del Estado.

Diferencia esencial entre el derecho civil y el administrativo en torno al punto que se analiza, radica en que, en el campo del derecho civil, la equivalencia entre las prestaciones de las partes es subjetiva al tratarse de prestaciones que se miran como equivalentes (1) , en tanto que en el campo del derecho administrativo, particularmente de la contratación estatal, las prestaciones que las partes recíprocamente se deben, deben ser equivalentes en atención a la concepción objetiva que tiene consagrada la Ley 80, de acuerdo con la cual el precio debe reflejar los costos reales de la prestación del contratista más un margen de utilidad razonable que el Estado le debe garantizar.

Sobre el particular sostiene el doctor Pedro José Bautista Moller (2) :

“En cuanto al alcance del citado artículo 27, hemos de anotar que el desequilibrio puede predicarse respecto de cualquiera de las dos partes y no solamente del contratista. La redacción del inciso primero del artículo 27 no motiva dudas sobre esta realidad, pues su texto no alude a una de las partes sino que se refiere a ellas genéricamente (…).

De este primer inciso surge otra situación, cual es que si el equilibrio se rompe por causas imputables a la parte que resulta lesionada, no hay lugar al restablecimiento.

Además no se trata de que cualquier costo adicional en que haya incurrido el contratista dará lugar al pago que consagra el artículo 27 del estatuto contractual. Si la ejecución contractual se encarece por acciones, omisiones u otras circunstancias imputables al contratista, es obvio que ese costo adicional corre por cuenta exclusiva de él y de ninguna manera puede solicitarse a la entidad ni siquiera que colabore con el pago del costo hasta el punto de no pérdida”.

Eventos en los que se presenta el desequilibrio económico del contrato estatal

Varios son los escenarios en los que, de acuerdo con la doctrina imperante, se puede presentar el rompimiento del equilibrio económico del contrato y abrirse paso, consecuentemente, la necesidad de indemnizar los perjuicios de allí derivados.

Rodrigo Escobar Gil (3) los divide en forma que el tribunal comparte plenamente, en hechos en los que intervienen los entes públicos y eventos atribuibles que se presentan sin la intervención de estos, así: en la primera categoría ubica a la potestas variandi , el hecho del príncipe y la responsabilidad contractual. Dentro de los segundos se encuentran la teoría de la imprevisión, la revisión de precios y las dificultades materiales imprevistas.

Hecha la anterior claridad, el tribunal se propone analizar algunas de las situaciones de hecho antes mencionadas en diverso orden al señalado por el doctor Escobar Gil, siguiéndose más por los planteamientos contenidos en la demanda y su contestación que por el autor citado, con el propósito inequívoco de no extender innecesariamente esta providencia.

La teoría de la imprevisión

Por cuanto hace al fenómeno de la teoría de la imprevisión, a continuación se reproduce, por considerarla suficientemente clara e ilustrativa, la síntesis que en el laudo arbitral del 4 de junio de 1998 hizo sobre la jurisprudencia nacional el tribunal de arbitramento que dirimió las diferencias entre Procables y la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá:

“Para la jurisprudencia, las características de la teoría de la imprevisión —como móvil para acceder a la implorada declaratoria de rompimiento del equilibrio económico del contrato agrega este tribunal— son las siguientes:

a) Debe tratarse de circunstancias que sobrevengan a la celebración del contrato, durante su ejecución;

b) Esos acontecimientos deben haber hecho más gravoso el cumplimiento para una de las partes, desequilibrando la ecuación financiera del contrato;

c) Ese quebranto de la ecuación económica debe ser superior al alea normal de ejecución del contrato, sin que pueda servir de instrumento para cubrir los déficits de una mala administración del contrato por parte del contratista ni las consecuencias de hechos que le sean imputables;

d) Tales eventos deben presentarse por causas ajenas a las partes contratantes, y

e) Las circunstancias que ocasionen el mayor costo en la ejecución del contrato deben ser de aquellas que normalmente no eran previsibles”.

Como antes se expresó, no estima este tribunal que sea dentro del marco de la teoría de la imprevisión que se hubiere presentado, si lo hubo, el desequilibrio económico del contrato 559 de 1996.

Y no lo estima así, porque de acuerdo con la afortunada síntesis que se permitió transcribir, en el presente caso no fueron causas ajenas a las partes las que motivaron la reclamación que dio origen al presente proceso.

La parte convocante ha sido explícita en señalar que fue debido a hechos de la administración como se presentó la ruptura de la equivalencia de las prestaciones acordadas en la fecha de perfeccionamiento del contrato que se debate en el proceso.

Por encontrar evidente que la teoría de la imprevisión no es el expediente que le permita al tribunal decidir sobre las diferencias puestas en su conocimiento, pasa a continuación a analizarse sucintamente la teoría del hecho del príncipe.

El hecho del príncipe (factum principis)

Con el fin de delimitar adecuadamente el contenido y alcance esta institución y en aras de la brevedad del presente escrito, el tribunal transcribe para total claridad la definición que sobre el hecho del príncipe ( factum principis ) plantea el tratadista Rodrigo Escobar Gil (4)

“Desde la perspectiva del derecho colombiano, el factum principis es una figura jurídica, que le permite al contratista solicitar el reconocimiento de una indemnización o compensación económica, en los casos en que se presente una ruptura de la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar, imputable a una medida general y abstracta que legítimamente adopte el Estado en ejercicio de sus poderes normativos de intervención en la sociedad y en la economía, y que no fue prevista por las partes al momento de la celebración del contrato”. (las negrillas son del tribunal para destacar)

Sin entrar en mayores análisis, para el tribunal es fácil determinar que las diferencias que motivan el proceso arbitral que hoy se dirime, no tienen origen en el “hecho del príncipe” ya que ninguna de las pruebas del proceso, ni los hechos de la demanda, apunta a que se pueda deducir responsabilidad alguna en cabeza del ente contratante con fundamento en el desequilibrio que pudo haber sobrevenido como consecuencia del legítimo ejercicio de una potestad estatal por parte de la administración.

Muy por el contrario, y a ese efecto el tribunal se atiene a los hechos de la demanda (en especial los distinguidos con los números 10, 12, 13 y 15 a 18) y a los alegatos de conclusión de los sujetos procesales, para descartar el propuesto como escenario para desatar el litigio puesto en su conocimiento.

El ejercicio de lapotestas variandi

Pasa entonces a analizarse a la luz de las pruebas del proceso si el desequilibrio económico que la parte actora alega como fuente de la indemnización que reclama, puede tener cabida bajo el supuesto denominado como la potestas variandi.

Tiene fundamento esta teoría, como la totalidad de las que reconocen la necesidad de indemnizar al contratista —colaborador de la administración, en la conveniencia de garantizar la prevalencia y mantenimiento de los “principios de garantía del patrimonio de los ciudadanos, de la buena fe y de la reciprocidad de las prestaciones” (5) .

Ubicada dentro del marco propuesto, la potestas variandi puede definirse como la introducción de las modificaciones a las condiciones del contrato que la administración se encuentra facultada a hacer como manifestación directa e inequívoca del poder de imperium que caracteriza su actividad como gestora y garante del interés general.

Se diferencia la potestas variandi del hecho del príncipe, como fuente de indemnización, en que este último se configura cuando la administración adopta medidas generales y abstractas que afectan al contratista, al tiempo que la potestas variandi corresponde al ejercicio de las facultades de imperium por parte de la entidad contratante, respecto del contrato, afectando así directamente al contratista por tener relación con el objeto mismo del negocio jurídico celebrado entre la administración y el contratista.

Ya lo había advertido el tribunal al hacer algunas consideraciones introductorias en la parte motiva de esta providencia. La potestad que legítimamente puede ejercer la administración como contratante de variar ciertos aspectos de los negocios jurídicos que celebra no vulnera, desconoce ni se opone al principio rector de todos los contratos enunciado con la expresión pacta sunt servanda.

Y no lo vulnera, justamente porque en su condición de depositaria del poder de imperium, la administración puede variar algunas condiciones de sus contratos si así lo indican consideraciones en que esté comprometido el interés general, debiendo sí, mantener el principio de intangibilidad de la remuneración del contratista, so pena de causarle un daño a quien es su más directo colaborador en la consecución de los fines del Estado.

Citando a la Corte Constitucional (6) sobre este particular, señala el doctor Rodrigo Escobar en su obra Teoría General de los Contratos de la Administración Pública (pág. 481):

“Por lo tanto, se puede predicar razonablemente, que el derecho del contratista al reconocimiento de una indemnización por el ejercicio de la potestas variandi, se encuadra dogmáticamente en la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado, y específicamente, en la de la naturaleza extracontractual derivada de la intervención legítima de la administración en la esfera jurídica de los particulares, y no en la de carácter contractual, que tan solo resulta del incumplimiento de las obligaciones del contrato”.

Para que el ejercicio de la potestas variandi pueda ser tenido como fuente de indemnización para el contratista, el tantas veces citado doctor Rodrigo Escobar Gil, en cuya obra se apoya el tribunal por considerarla de gran claridad, puntualiza los requisitos que en su entender hacen procedente una solicitud como la que ocupa la atención de este fallador en el presente caso:

1. Que exista un uso legítimo de la potestas variandi: esto es, que se trate de modificaciones cuantitativas o cualitativas del objeto o del plazo contractuales.

2. Que se presente un detrimento real en la remuneración pactada a favor del contratista, que normalmente se presenta en forma de incremento de los costos o disminución de sus utilidades y que el contratista no tiene el deber jurídico de soportar.

3. Que exista un nexo causal entre el detrimento patrimonial del contratista y el ejercicio de la potestas variandi por parte de la administración contratante.

Centrándose en el thema decidendum, el tribunal sintetiza así sus consideraciones a efectos de determinar si a la luz de los presupuestos precedentes tienen o no cabida las pretensiones de la demanda.

Sea lo primero determinar que en el proceso resultó probado que tanto el objeto como el plazo y el valor del contrato 559 de 1996 fueron modificados.

Los hechos de la demanda son claros en señalar que la cantidad de metros cuadrados de diseño contratados por la Secretaría de Educación Distrital a la sociedad Constructora Ática Ltda., fueron 1400.

Observada la contestación de la demanda, el tribunal encuentra que sobre ese hecho (quinto de la demanda) la parte convocada guardó silencio, dejando pasar así la oportunidad que de acuerdo con el artículo 92 —numeral 2º— del Código de Procedimiento Civil tenía para pronunciarse sobre él reconociéndolo o desconociéndolo.

En los hechos octavo y noveno de la demanda, la parte actora afirmó que el contrato 559 fue objeto de dos adiciones, una que versó sobre el plazo y la otra sobre el valor contratado. Ninguno de esos dos hechos fue negado por la parte demandada.

En los hechos décimo y décimoprimero del escrito de convocatoria arbitral, la sociedad demandante afirmó que la cantidad de metros cuadrados de diseño aumentó de 1.400 a 3.717.60 y que la entidad contratante declaró recibido a satisfacción el proyecto contratado.

La parte demandada señaló que se atendría a lo que en el proceso resultara probado, como en efecto lo fue, en especial por medio de la prueba documental. Contrario sensu, en el proceso brilló por su ausencia prueba de algo contrario o al menos diverso de lo alegado en su favor por la parte actora.

El hecho décimocuarto de la demanda expresa, como puede corroborarse con la lectura de la pieza procesal pertinente (obrante a fls. 29 y 30 del cdno. de pruebas 1), que la parte convocante no estuvo conforme con el tenor del acta de liquidación final del contrato y formuló reparos al contenido de la misma, si bien la suscribió.

En la contestación de la demanda se tildó de falso ese hecho, lo que pugna abiertamente con lo que resultó probado en el proceso.

En los alegatos de conclusión que oportunamente fueron presentados por las partes del proceso, la parte demandada justificó su posición en el hecho de que el contratista no podía reclamar por las áreas que finalmente arrojó el proyecto de diseño que le fue adjudicado, toda vez que en ninguna parte de los términos de referencia se hacía alusión al área del proyecto.

El tribunal encuentra que esa alegación carece por completo de fundamento, pues aceptar la tesis que ella tiene implícita, sería tanto como admitir que el contrato jamás señaló un equilibrio entre las prestaciones de quienes concurrieron a su formación. Ello no solo hubiera sido ilógico sino abiertamente injurídico; rompería con las más elementales nociones de equilibrio, que como se ha visto no son ajenas a la contratación estatal y allanaría el camino del más manifiesto de los abusos por parte de las entidades contratantes, lo que pugna con el régimen jurídico de la contratación administrativa, que lógicamente se informa de principios constitucionales sobre los que no es menester extenderse ahora por ser de público conocimiento.

De igual forma, la administración ha reconocido que el contrato sobre el cual se debatió en el proceso fue objeto de adiciones en su valor y en su plazo, ambas relacionadas con lo que se discute en el proceso pero insuficientes para recoger lo que finalmente se diseñó.

Otros documentos que obran al expediente y que le permiten al tribunal estimar la conducencia de las pretensiones de la demanda, son:

1. Los términos de referencia del contrato que aparecen a folios 10 a 15 del cuaderno de pruebas 1 y en los cuales están expresadas las áreas de que consta el proyecto en 1.400 metros cuadrados. Estos aparecen dirigidos mediante comunicación que obra a folio 9 del cuaderno de pruebas 1 al contratista por el arquitecto coordinador de la localidad sexta el 15 de abril de 1997, y le fueron enviados al contratista en respuesta a sus requerimientos en tal sentido, que también obran al expediente mediante comunicaciones del 18 de marzo y el 8 de abril de 1997 respectivamente (fls. 16 y 19 del cdno. de pruebas 1).

De los anunciados documentos colige el tribunal que la administración no solo le entregó tardíamente al contratista las cantidades a diseñar, sino que al hacerlo procedió con la plena conciencia de querer un diseño para el Polideportivo Uribe Uribe en extensión de 1.400 metros cuadrados y no de 3.717.60 que fue la cantidad que finalmente terminó diseñando el contratista y aceptando la contratante.

2. La comunicación que el contratista le dirigió a la entidad contratante con fecha 10 de junio de 1997 (fl. 21 del cdno. de pruebas 1) también llamó la atención del tribunal, ya que en la misma Constructora Ática le pidió a la Secretaría de Educación Distrital que ampliara el plazo del contrato, no solo por la demora en la entrega de los términos de referencia, sino también como consecuencia del aumento en las áreas a diseñar. Esta comunicación no generó ningún reparo de parte de la administración, lo que implica su aceptación de ese hecho, la que quedó corroborada con el acto administrativo por medio del cual la parte demandada accedió a la adición del plazo que le fue solicitada.

3. Las propias adiciones del contrato, que como está probado las hubo en materia de plazo y de valor del mismo según consta en el expediente, son ilustrativas de la necesidad de modificar sus términos iniciales, a lo que la administración no hubiera podido acceder de no haberse presentado una modificación al objeto del contrato.

4. El acta de liquidación final del proyecto, que aparece fechada el 3 de septiembre de 1997 y obra a folios 29 y siguientes del cuaderno de pruebas 1, en la que consta el área de diseño inicialmente contratada y el área finalmente ejecutada, la cual lleva la firma del señor secretario de educación distrital y en las oportunidades procesales no fue tachada ni desconocida por la parte demandada.

5. La reclamación que el contratista formuló a la contratante, obrante a folios 38 a 44 del cuaderno de pruebas 1, documento que tampoco fue desconocido por la parte demandada y en el que, contrariamente a como se afirmó en los alegatos de conclusión, da cuenta y razón de los fundamentos que dieron pie a la reclamación que entonces se formuló ante la propia administración, posteriormente ante la procuraduría delegada ante el contencioso administrativo y finalmente ante este tribunal de arbitramento.

6. La comunicación que en respuesta a la reclamación del 3 de diciembre le cursó al contratista la coordinadora general jurídica de la alcaldía mayor de la ciudad el 21 de enero de 1998 (fl. 45 del cdno. de pruebas 1) que es francamente deplorable porque en ella la administración alegó su propia torpeza para negar al contratista una petición que tenía pleno derecho de formular con arreglo al mandato de la Ley 80 de 1993.

7. La providencia fechada el 23 de agosto de 1999 (fls. 92 a 94 del cdno. de pruebas 1) por medio de la cual el procurador 55 judicial encargado resolvió sancionar al distrito capital por su actitud “dilatoria y omisiva” frente a la solicitud de conciliación prejudicial que el contratista le formuló a la entidad sancionada con base en los mismos hechos que hoy le corresponde resolver a este tribunal.

En conclusión y con base en las pruebas del proceso, el tribunal encuentra que en el caso bajo examen, la entidad contratante modificó —legítimamente y con el propósito de atender las necesidades reales de la comunidad— ciertas condiciones del contrato, haciendo más gravosa la situación del contratista y dando así pie a la petición indemnizatoria de que trata la demanda arbitral.

Adicionalmente, el tribunal encuentra que los tres requisitos a que hizo anterior referencia para predicar la necesidad de indemnizar al contratista por razón del ejercicio de la potestas variandi por parte de la administración, se reúnen a cabalidad en el caso bajo examen como quiera que: i) La administración, con el legítimo fin de atender las necesidades de la comunidad, modificó el contrato 559 de 1996 ampliando tanto su objeto como su plazo para incluir diseños por mayores cantidades; ii) Las modificaciones de que fue objeto el contrato, que para el tribunal son la más clara expresión de la potestas variandi, influyeron nocivamente en el patrimonio del contratista, ya que si bien el valor del contrato fue aumentado por decisión de la administración, no lo fue en forma proporcional y de manera tal que hubiera resarcido al contratista en la medida de sus esfuerzos, y; iii) Existe un nexo causal entre el ejercicio de la potestas variandi por parte de la administración y los daños patrimoniales que sufrió el contratista.

Lo anterior le impone al juez del contrato, que lo es este tribunal de arbitramento, ordenar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, que se vio roto como consecuencia de los hechos que fueron alegados por la parte demandante y resultaron demostrados en el proceso ante el silencio de la administración para proveer a su defensa, dada la evidencia de los hechos que motivaron la reclamación que hoy se decide por medio del presente laudo arbitral.

Son las consideraciones hasta aquí expuestas, más que suficientes para que en la parte resolutiva de la presente providencia se acceda a las súplicas de la demanda, lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 304 —segundo inciso— del Código de Procedimiento Civil releva al tribunal de pronunciarse sobre las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada en el proceso.

La indemnización de perjuicios solicitada en la demanda

Resta al tribunal, como a continuación lo hará, pronunciarse sobre el monto y modalidad de la indemnización pretendida por la parte demandante.

La pretensión segunda de la demanda entraña la petición de condenar a la parte demandada al pago de la cantidad de $ 45.537.437 con las actualizaciones a que haya lugar desde el 3 de septiembre de 1997, fecha de liquidación del contrato, más los intereses de mora causados desde esa misma fecha y hasta el día en que se verifique el pago.

Como anteriormente se anotó, el tribunal encuentra adecuadamente razonada la cantidad de dinero a que asciende la reclamación que en su oportunidad el contratista le formuló, la cual obra al expediente y no fue objeto de reparo alguno por parte de la administración, ni cuando le fue formulada originalmente ni cuando tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ella en la fallida conciliación prejudicial que el demandante intentó.

Ya en la etapa arbitral, en la contestación de la demanda no se lee argumento alguno que implique un reparo de fondo a la cantidad pretendida por el demandante. Tan solo en los alegatos de conclusión se leen estos lacónicos párrafos que en nada modifican la posición del tribunal:

“Es importante anotar también que la cuantía estimada por la parte solicitante no está sustentada en debida forma, no aparece demostrado, el porqué la mayor cantidad de diseño técnico cuyo reconocimiento se solicita, tiene un valor de $ 45.537.437, ya que no se especifica de dónde salió esta suma, hecho que constituye otra razón para desestimar las pretensiones incoadas.

En efecto, la entidad contratante, al presentar su reclamación, no pormenoriza el porqué del valor solicitado, se limita a expresar una cifra, de manera genérica por la mayor cantidad de diseño técnico y por ende mayor cantidad de honorarios profesionales, sin justificarla de manera concreta”.

El tribunal reitera que del estudio de las pruebas documentales arrimadas al proceso junto con el escrito que contiene la convocatoria arbitral, encuentra que la cuantía solicitada a título de indemnización se contrae a una serie de fundamentos, unos técnicos y otros de orden legal, que la parte demandada no rebatió en el proceso, por lo que considera irrelevante y contra derecho hacer las veces de esa parte del proceso y procederá a tomarla como base para imponer las condenas que le corresponde hacer en la parte resolutiva de este laudo arbitral.

Sobre el tema de la extensión de la indemnización debida al contratista, Rodrigo Escobar Gil (Op. Cit., pág. 487), cita al Consejo de Estado en lo que es materia del presente análisis (7) .

“Considera la Sala, apartándose del criterio ya tradicional en algún sector de la doctrina extranjera, e identificándose con el criterio del legislador colombiano, que el equilibrio económico del contrato comporta para el contratista una compensación integral, completa, plena y razonable, de todos aquellos mayores costos en los que debió incurrir para lograr la ejecución del contrato. En el anterior orden de ideas, se considera que frente a una situación de desequilibrio financiero del contrato, le corresponde a la administración asumir en su totalidad el compromiso de colocar a su colaborador contratista en un punto de no pérdida, y aún más, en una situación económica tal, que sus expectativas de lucro vigentes a la celebración del contrato no se vean menguadas por causas ajenas a su propia voluntad”.

Así las cosas y dando aplicación al mandato contenido en el inciso final del numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 en consonancia con el artículo 1º del Decreto Reglamentario 679 de 1994, sobre la suma reclamada como indemnización por la parte actora se calcularán intereses de mora en las tasas indicadas en las disposiciones legales invocadas a partir del 4 de septiembre de 1997 y hasta la fecha en que se profiere el presente laudo arbitral, conforme a la siguiente liquidación:

AñoVariación IPCVr. IncrementoVr. Acumulado12% (o fracción)Valor total
19967.032700%$ 3.202.511.03$ 48.739.948.33$ 1.080.857.00$ 50.640.806.32
199717.648200%$ 8.955.421.47$ 59.596.227.79$ 7.151.547.33$ 66.747.775.12
199816.70000%$ 11.146.787.45$ 77.894.653.57$ 9.347.358.43$ 87.242.012.00
19999.2311700%$ 8.053.920.82$ 95.295.932.83$ 11.435.511.94$ 106.731.444.75
20007.730800%$ 8.251.194.53$ 114.982.639.29$ 9.605.830.03$124.588.469.31

CAPÍTULO SEXTO

Costas y agencias en derecho

1. Costas

Teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda habrán de prosperar íntegramente, de conformidad con las reglas del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, se condenará al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Educación Distrital al pago del 100% de las costas del proceso, en la proporción indicada en el auto 1 proferido el 25 de abril de 2000 y por el cual se fijaron los honorarios y gastos de funcionamiento del tribunal.

Así las cosas, por concepto de costas del proceso la parte convocada deberá reconocer a la convocante la suma de $ 3.222.500, que equivalen a la totalidad de los gastos que esta última debió asumir.

Agencias en derecho

Se fijan en la suma de $ 1.000.000 a cargo de la parte demandada.

Total de costas y agencias en derecho a cargo de la parte demandada
Costas del proceso$ 3.222.500
Agencias en derecho$ 1.000.000
Total de costas y agencias en derecho$ 4.222.500

Son: Cuatro millones doscientos veintidós mil quinientos pesos colombianos.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto, el tribunal de arbitramento constituido para dirimir, en derecho, las diferencias presentadas entre la sociedad Constructora Ática Ltda., parte convocante, y el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación Distrital, parte convocada, por razón del contrato 559 de 1996 celebrado entre ellas, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Acceder a las pretensiones contenidas en la demanda arbitral promovida el 24 de septiembre de 1999 por la sociedad Constructora Ática Ltda., contra el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación Distrital por razón del contrato 559 de 1996.

2. Declarar que el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación Distrital es deudor de la sociedad Constructora Ática Ltda., en la suma de cuarenta y cinco millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos colombianos ($ 45.537.437) a que asciende el mayor valor contratado y ejecutado por el contratista.

3. Declarar que el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación Distrital es deudor de la sociedad Constructora Ática Ltda., en la suma de setenta y nueve millones cincuenta y un mil treinta y dos pesos colombianos con treinta centavos ($ 79.051.032.30) que corresponde a los intereses de mora previstos en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 1º del Decreto 679 de 1994 según la liquidación contenida en la parte motiva de la presente providencia.

4. En consecuencia, condenar al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Educación Distrital a pagar a la sociedad Constructora Ática Ltda., la suma de cuarenta y cinco millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos colombianos ($ 45.537.437) a que asciende el mayor valor contratado y ejecutado por el contratista.

5. En consecuencia, condenar al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Educación Distrital a pagar a la sociedad Constructora Ática Ltda., la suma de setenta y nueve millones cincuenta y un mil treinta y dos pesos colombianos con treinta centavos ($ 79.051.032.30) que corresponde a los intereses de mora previstos en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 1º del Decreto 679 de 1994 según la liquidación contenida en la parte motiva de la presente providencia.

6. Condenar al Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación Distrital a pagar a la sociedad constructora Ática las costas y gastos del proceso, incluidas las agencias en derecho, en la suma de cuatro millones doscientos veintidós mil quinientos pesos colombianos ($ 4.222.500) de acuerdo con la parte motiva de la presente providencia.

7. Ordenar que las sumas a que ascienden las condenas impuestas a la parte convocada sean pagadas a la parte convocante dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la ejecutoria de la misma.

8. Declarar imprósperas las excepciones de mérito propuestas contra la demanda de Constructora Ática Ltda, contra el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación Distrital.

9. Expedir copia auténtica del presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes del proceso así como al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

10. Una vez se encuentre en firme el presente laudo arbitral, el presidente procederá a protocolizarlo en una notaría del círculo de esta ciudad y reintegrará a la parte convocada cualquier remanente de la partida de gastos que quedare en su poder, junto con una cuenta razonada de la utilización de esos dineros.

Notifíquese y cúmplase.

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