Tribunal de Arbitramento

Cooperativa de Trabajo Asociado Unidades de Servicios Especiales -Uniservice-

v.

Técnicos en Combustión y Tratamientos de Aguas SAS -Compañía Operadora de Agua TECCA-

Julio 11 de 2016

Laudo Arbitral

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil dieciséis (2016).

Encontrándose surtidas en su totalidad las actuaciones procesales previstas en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Ley 1563 de 2012 para la debida instrucción del trámite arbitral, no habiéndose observado causal alguna que invalide el proceso adelantado, y siendo la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la Audiencia de Fallo, el Tribunal de Arbitramento profiere, en derecho, el Laudo conclusivo del proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias entre la sociedad COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALES -UNISERVICE-, y la sociedad TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS -COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA TECCA-, previos los siguientes antecedentes y preliminares:

I. ANTECEDENTES

1. PARTES PROCESALES

1.1. Parte Convocante

La parte convocante del presente trámite arbitral es la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALES -UNISERVICE-, entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., constituida mediante documento privado del 25 de agosto de 1996, otorgado en Junta de Socios, identificada con NIT 830.024.281-8, representada legalmente por Luz Maritza Molina Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía 52.078.159, tal como obra en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que se encuentra dentro del expediente(1).

Dentro del presente trámite la parte convocante ha estado representada judicialmente por el doctor Carlos Iván Guzmán Castañeda, como apoderado principal, y el abogado Gustavo Adolfo Peña Casas de conformidad con el poder debidamente otorgado que obra dentro del expediente(2).

1.2. Parte Convocada

La parte convocada dentro del presente trámite arbitral es la sociedad TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SAS - COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA TECCA, sociedad por acciones simplificada, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., constituida mediante escritura pública 465 del 9 de abril de 1985 de la Notaría Única de Zipaquirá, aclarada por la escritura pública 1694 del 7 de julio de 1986 de la Notaría 14 de Bogotá, identificado con NIT 860.451.858-7, representada legalmente por Carlos Emiro Flórez López, identificado con cédula de ciudadanía 79.487.963, tal como obra en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que se encuentra dentro del expediente(3).

Dentro del presente trámite la sociedad convocada ha estado representada judicialmente por el doctor Rafael Tomás Osorio García, en calidad de apoderado principal y la doctora María Nora Nieto Jaramillo, en calidad de apoderada sustituta, de conformidad con el poder debidamente otorgado que obra dentro del expediente(4).

2. EL CONTRATO Y LA CLÁUSULA COMPROMISORIA

Entre la entidad COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALES -UNISERVICE- y la sociedad TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SAS - COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA TECCA se estableció en el artículo diez del Contrato de Prestación de Servicios para Suministro de Equipos, la Operación y Administración del Sistema de Tratamiento de Agua Residual de Uniservice Cooperativa de Trabajo Asociado suscrito el 4 de octubre de 2006 una cláusula compromisoria para resolver las diferencias surgidas con ocasión del contrato, la cual es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO DIEZ: COMPROMISORIA

Toda diferencia entre las partes con ocasión al contrato que no pueda resolverse entre las partes, a menos que conste un título ejecutorio o que no sea susceptible de transacción, se resolverá por un tribunal de arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C., mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que mantenga el centro de arbitraje y conciliación mercantil de dicha Cámara. El tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, Comercial y demás normas concordantes de acuerdo con las siguientes reglas:

A. El tribunal estará integrado por un árbitro que será ciudadano colombiano y abogado en ejercicio.

B. La organización interna del tribunal se someterá a las reglas presentes para el efecto en el centro de arbitramento y conciliación mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

C. El tribunal decidirá en derecho.

D. El tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá D.C. en el centro de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C.”. 

3. HECHOS

Las pretensiones formuladas por la Parte Convocante en la demanda arbitral, están fundamentadas en los siguientes hechos(5):

1. Mi representado y aquí demandante UNISERVICE, es una entidad que presta servicios de transformación de materias primas para la obtención de productos industriales;

2. Por tal razón, la normatividad ambiental le exige efectuar tratamiento de las aguas residuales industriales, con el objeto de ajustar los niveles de contaminación a los parámetros establecidos;

3. El 6 de septiembre de 2006, recibió la propuesta técnica y económica de la Compañía Operadora de Agua TECCA SAS, para realizar el tratamiento requerido;

4. La propuesta contenía dos alternativas, una que consistía en el suministro (venta) de los equipos y la otra consistía en el servicio y mantenimientos de los equipos (Outsourcing);

5. El suministro de equipos ascendía a la suma de $ 44.000.000, instalando y poniendo en funcionamiento dichos equipos, además el contratista cobraría un valor determinado que dependía del metraje cúbico tratado, un valor adicional por los productos químicos utilizados y la mano de obra;

6. El Outsourcing consistía en el montaje de los equipos de propiedad del contratista, por lo que este cobraría un porcentaje por uso, más un valor determinado que dependía del metraje cúbico tratado, además un valor adicional por los productos químicos utilizados y la mano de obra;

7. La propuesta consistía en un proceso de tratamiento fisicoquímico y biológico que incluía las siguientes rutinas:

a. Sistema de clarificación por baches;

b. Bombeo de transferencia;

c. Sistema biológico SBR Etapa I;

d. Bombeo de transferencia;

e. Sistema biológico SBR Etapa II;

f. Tanque de equilibrio;

g. Bombeo de transferencia;

h. Filtración multimedia;

i. Filtración de carbón activado;

j. Bombeo de transferencia de lodos;

k. Deshidratación de lodos;

8. Esta propuesta además, incluía un informe de caracterización de aguas residuales industriales en la planta de producción de UNISERVICE, realizado por el proponente, en seguimiento efectuado desde el 27 de julio al 2 de agosto de 2006;

9. En octubre 4 de 2006, se decidió por la segunda opción (outsourcing), es decir el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS, LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE UNISERVICE;

10. En el contrato suscrito, las partes contrataron sobre la opción e OUTSOURCING enviada en la propuesta de septiembre 1º de 2006, en la cual, el contratista asumiría el costo de los equipos por su cuenta, incluyendo el respectivo montaje, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento;

11. La facturación del servicios comenzaría una vez se garantizaran las calidades del agua en el tratamiento contratado, de acuerdo con regulación establecida por el Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA;

12. El contrato tendría una duración de (3) tres años, prorrogables a voluntad de las partes;

13. En mayo 29 de 2007, TECCA envió un comunicado a UNISERVICE, para advertir que por inconvenientes financieros no le era posible instalar los equipos por su cuenta, advirtiendo que si UNISERVICE decidía fabricar o ensamblar el equipo por su cuenta, TECCA prestaría la asesoría requerida;

14. La modificación del contrato, fue aceptada por UNISERVICE;

15. El costo de los equipos y montaje, insumos y personal destinado a implementar el plan de contingencia para UNISERVICE, fue de $ 85.000.000 ochenta y cinco millones de pesos m/cte.;

16. En febrero 16 de 2009, UNISERVICE recibió un correo del señor JUAN CARLOS MUÑOZ, funcionario de TECCA, en el que además de realizar algunas observaciones respecto del manejo de los líquidos, es concluyente al manifestar que el objeto del contrato no se ha podido cumplir, es decir que la “planta de tratamiento no se ha logrado estabilizar”;

17. Como consecuencia de lo anterior el 18 de febrero de 2009, UNISERVICE convocó al contratista TECCA, para poner de presente sus inquietudes e inconformismo respecto a la ejecución del contrato;

18. Así mismo UNISERVICE hizo énfasis en las sanciones económicas a la que estaba expuesta por parte de autoridades vigilantes al no haber logrado estabilizar la planta de tratamiento;

19. En esta reunión, se solicitó a TECCA señalar una fecha definitiva para la estabilización de la planta;

20. En octubre 22 de 2009 UNISERVICE envió comunicado a CARLOS EMIRO FLÓREZ LÓPEZ, representante legal de TECCA, requiriéndolo para cumplimiento del contrato, toda vez que tres años después de suscrito el contrato, el objeto del mismo no se había cumplido a pesar de que UNISERVICE cumplió con todos los requerimientos técnicos y permitió la intervención de los funcionarios de TECCA, para las pruebas permanentes realizadas;

21. No hubo respuesta efectiva por parte de TECCA;

22. En septiembre 10 de 2010, UNISERVICE envió un nuevo comunicado a CARLOS EMIRO FLÓREZ LÓPEZ, representante legal de TECCA, requiriéndolo para el cumplimiento del contrato, pues no obstante del requerimiento anterior el incumplimiento persistía por parte del contratista; 

23. No hubo respuesta efectiva por parte de TECCA;

24. El 27 de enero de 2011, se efectuó una reunión en la que participaron LUZ MARITZA MOLINA RAMÍREZ, representante legal de UNISERVICE y el señor CARLOS EMIRO FLÓREZ LÓPEZ, representante legal de TECCA; 

25. En dicha reunión, el señor Flórez, manifestó que el anterior gerente comercial delegado por TECCA, quien atendía la cuenta UNISERVICE “no tenía la disposición y actitud” y que por eso el proceso había estado viciado de errores y manifestó la disposición de su empresa para asumir la responsabilidad;

26. Además el señor CARLOS EMIRO FLÓREZ LÓPEZ, manifestó que tenía tres alternativas:

a. Pagar el 50 % de la planta de tratamiento y dejar los equipos instalados a UNISERVICE;

b. Pagar la planta de tratamiento y trasladarla;

c. Delegar a un ingeniero de TECCA, para revisar la trazabilidad de otras plantas así fuesen en el exterior;

La posibilidad de visitar alguna planta del cliente principal de UNISERVICE, fue descartada, ya que se trataba de una compañía multinacional, con exagerados protocolos de confidencialidad.

27. No obstante lo anterior, fueron simples manifestaciones que no fueron concretadas por TECCA;

28. En diciembre 3 de 2013, nuevamente UNISERVICE envió comunicado a CARLOS EMIRO FLÓREZ LÓPEZ representante legal de TECCA, manifestándole su intención de dar por terminado el contrato, anunciándole que próximamente le enviaría citación a un centro de conciliación;

29. También le fue manifestado el riesgo económico de potenciales sanciones por parte de entidades vigilantes, al no cumplir con las obligaciones ambientales;

30. No hubo respuesta efectiva por parte de TECCA;

31. Desde enero 7 de 2014, TECCA dio instrucción a sus asesores técnicos de no continuar con las visitas a UNISERVICE, no obstante, los compromisos adquiridos; UNISERVICE presento la reclamación de rigor, mediante escrito de 21/01/2014;

32. Desde octubre 4 de 2006, fecha en que inició el contrato de prestación de servicios, hasta la fecha, UNISERVICE ha tenido que efectuar manejo manual de almacenamiento de agua, para reutilizar, lo que ha implicado destinar dos horas hombre diarias para atender tal rutina, generando un lucro cesante y consecuentemente daño emergente al destinar fuerza laboral ordinaria en una actividad extra ocasionada por el incumplimiento de TECCA en lo contratado;

33. Por el incumplimiento de TECCA, en la prestación del servicio contratado, UNISERVICE ha tenido que realizar gastos, sufriendo perjuicios entre otros económicos que superan los ($ 85.000.000) OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE.”. 

4. PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Con fundamento en los hechos relatados en el escrito de demanda arbitral, la parte Convocante eleva ante el Tribunal de Arbitramento las siguientes pretensiones(6):

1. Se instale tribunal de arbitramento a efectos de dirimir la controversia suscitada por el incumplimiento del aquí demandado, TECCA en su calidad de contratista;  

2. Que se declare resuelto el contrato de prestación de servicios para el suministro de Equipos, la operación y la administración del sistema de tratamiento de agua residual, suscrito entre mi representado COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALES cuya sigla es UNISERVICE, persona jurídica legalmente constituida con inscripción S0000492 del 9 de septiembre de 1996-Camara de Comercio de Bogotá y con NIT 860.024.281-8 y TECCA-TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS, cuya sigla es COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA, persona jurídica legalmente constituida con matrícula mercantil 266297 del 7 de julio de 1986-Cámara de Comercio de Bogotá y con NIT 860.451.858-7;  

3. Que se condene al demandado a indemnizar a mi poderdante por los perjuicios causados con sus incumplimientos;  

4. Que se condene al aquí demandado, al pago de lucro cesante y daño emergente ocasionados por su incumplimiento;  

5. Que los valores resultantes a cargo del aquí demandado sean indexados;  

6. Que se condene en costas al demandado, TECCA-TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS, cuya sigla es COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA”.

5. RESPUESTA A LOS HECHOS

Dentro de la contestación de la demanda, la convocada dio respuesta a los hechos(7), indicando que son ciertos los hechos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 28 y 29, que son parcialmente ciertos los hechos 12 y 20, que no son ciertos los hechos 11, 14, 18, 19, 21, 23, 27,30, 31 y que no le constan los hechos 1, 2, 15, 32 y 33, haciendo frente a cada una de sus respuestas las aclaraciones o puntualizaciones que consideró procedentes.

6. OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES PROPUESTAS

La sociedad TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS - COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA dentro de la respuesta a la solicitud arbitral señaló como no procedentes las pretensiones 1 y 2, y se opuso a las pretensiones 3, 4, 5 y 6(8), y propuso las siguientes excepciones de mérito(9):

“1. EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO. 

2. “NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS” NADIE PUEDE ALEGAR EN SU FAVOR SU PROPIA TORPEZA O CULPA.  

3. INCUMPLIMIENTO DE LA PARTE CONVOCANTE. - POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  

4. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO. 

5. GENÉRICA-”.  

7. FASE PRE-ARBITRAL

7.1. Mediante apoderado judicial, el 13 de noviembre de 2014, la entidad COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALES - UNISERVICE presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el escrito de solicitud de convocatoria de un tribunal arbitral, con la cual se dio origen al presente proceso(10).

7.2. Al tenor de lo dispuesto en el artículo diez del Contrato de Prestación de Servicios para Suministro de Equipos, la Operación y Administración del Sistema de Tratamiento de Agua Residual de Uniservice Cooperativa de Trabajo Asociado suscrito el 4 de octubre de 2006, trascrito en el numeral 2 del presente Laudo, las partes determinaron que las diferencias que no pudieran resolverse por estas serían resueltas por el Tribunal de Arbitramento, el cual debía ser integrado por un árbitro, estarse a las reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual decidirá en derecho y que tendrá como sede la ciudad el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

7.3. Por razón de la cuantía, el trámite corresponde a un proceso de menor cuantía, por ser las pretensiones inferiores a la suma equivalente a 400 smlmv, y siendo ello así el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá citó a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALES UNISERVICE y a su apoderado(11), así como a la sociedad TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS - COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA TECCA(12) a reunión de designación de árbitro para el día 20 de noviembre de 2014 a las 8:30 a.m. en sus instalaciones ubicadas en la Avenida El dorado Nº 68 D-35 piso 3 en la ciudad de Bogotá.

7.4. El día 20 de noviembre de 2014 a la hora y en el sitio fijado, se adelantó sorteo público, designando como árbitro principal al doctor Pedro Elías Ribero Tobar y como suplente a la doctora Gladys Inés Pacheco García, decisión que fue informada a las partes y al árbitro designado(13). El doctor Pedro Elías Tobas Ribero aceptó su nombramiento en la debida oportunidad(14).

7.5. Previas las citaciones respectivas(15), el 19 de enero de 2015, se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal, con la presencia del representante legal y el apoderado judicial de la convocante. Se hicieron presentes el apoderado de la parte Convocante, y el apoderado principal y la apoderada sustituta de la sociedad Convocada. El Tribunal de Arbitramento se declaró legalmente instalado y se nombró como Secretario del mismo a María Lía Mejía Uribe, quien posteriormente aceptó el encargo(16). Por Auto 2(17) (Acta 1) de la misma fecha el Tribunal inadmitió la demanda arbitral con fundamento en el artículo 82 del Código General del Proceso, otorgando un término de cinco (5) días para subsanar los defectos señalados en la parte motiva del auto inadmisorio.

7.6. El 22 de enero de 2015 la parte convocante presentó escrito de subsanación de la demanda(18).

7.7. Mediante Auto 3 (Acta 2)(19) se admitió la demanda arbitral y se ordenó la notificación del auto admisorio de la misma a la sociedad TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS - COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA TECCA.

7.8. La parte convocada fue citada por correo electrónico a las direcciones registradas en el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Bogotá y por correo físico a la dirección calle 110 Nº 9 - 25 oficina 501 de la ciudad de Bogotá para notificarse personalmente(20) del auto admisorio de la demanda, compareciendo a notificarse personalmente el abogado Rafael Tomas Osorio García, debidamente facultado para ello, el día 17 de marzo de 2015(21).

7.9. Dentro del término del traslado de la demanda, la Convocada TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS - COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA TECCA presentó contestación a la demanda arbitral, proponiendo excepciones de fondo(22).

7.10. Por medio de Auto 4 (Acta 3)(23) se corrió traslado de las excepciones propuestas por la convocada.

7.11. Mediante Auto 5 (Acta 4)(24) se citó a audiencia de conciliación para el día 14 de julio de 2015, día en el cual se adelantó la audiencia conciliación, declarándose fallida y se procedió a la fijación de gastos y honorarios por Auto 7 (Acta 5)(25). Los valores de dichos rubros fueron consignados por las partes en un cincuenta por ciento (50%) cada una, dentro de los plazos y bajo las condiciones de ley.

8. TRÁMITE ARBITRAL

8.1. La Primera Audiencia de Trámite tuvo lugar el día 1º de febrero de 2016, oportunidad en la que, mediante Auto 11 (Acta 8)(26), el Tribunal declaró cancelados los gastos y honorarios, y asumió competencia para conocer y decidir las controversias propuestas por las partes. Adicionalmente, mediante Auto 12, decretó las pruebas del proceso:

31 Cuaderno Principal 1, folios 174 a 175.

• De las pruebas solicitadas por la parte Convocante se ordenó tener las documentales enunciadas en el acápite de pruebas documentales del escrito de demanda y que se encuentran dentro del Cuaderno 1 de Pruebas, se decretaron los testimonios a William John Botía Mutis y José Jaime Mantilla Ariza y el interrogatorio de parte al representante legal de la convocada.

• De las pruebas solicitadas por la parte Convocada se ordenó tener las documentales enunciadas en el acápite de pruebas documentales del escrito de contestación de la(sic) y que se encuentran dentro del Cuaderno 2 de Pruebas, se decretó el testimonio a Juan Carlos Muñoz y el interrogatorio de parte a la representante legal de la convocante.

8.2. El presente proceso se llevó a cabo en audiencias presenciales con intervención de los apoderados de las partes, y en audiencias con presencia única del árbitro y la secretaría.

8.3. El 11 de mayo de 2016, previa la citación respectiva, se llevó a cabo la audiencia para adelantar los interrogatorios de parte al representante de la convocada Carlos Emiro Flórez López(27), a la representante de la convocante Luz Maritza Molina Ramírez(28), el testimonio de William John Botía Mutis(29) y el testimonio de Juan Carlos Muñoz(30). La parte convocante desistió del testimonio de José Jaime Mantilla Ariza.

8.4. En diligencia previamente programada y citada, el día 8 de junio de 2016 cada una de las partes presentó sus alegatos de conclusión.

8.5. Mediante Auto 16 (Acta 12)(31), proferido el 25 de mayo de 2015, el Tribunal citó a las partes para audiencia de fallo para el día 8 de julio de 2015, a las 2:00 p.m., estando dentro del término legal para proferirlo.

8.6. De conformidad con las normas que regulan la materia, el término para la expedición de laudo arbitral es de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de trámite, la cual tuvo lugar el 1º de febrero de 2016, razón por la cual el término para decidir vence el 1º de agosto de 2016. Por tanto, el Tribunal se encuentra en la oportunidad legal para proferir el fallo.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Procede el Tribunal a resolver las diferencias surgidas entre la sociedad COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALES UNISERVICE y TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS - COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA TECCA.

1. La relación contractual objeto de discusión en el presente proceso arbitral debe ser regulada por nuestra legislación comercial en los términos de la misma dadas las condiciones y calidades de cada una de las partes tanto convocante como convocada, como lo clarifica el artículo 1º de nuestro Código de Comercio que a la letra consagra: “Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas”, clarificando la misma legislación que en caso de vacío en la norma mercantil nos deberemos remitir a la legislación civil, según el artículo 2º que consagra “En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil ”.

Afianzando lo anterior, nuestra codificación comercial nos aclara quiénes son comerciantes por medio de su artículo 10 que a la letra consagra: “Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles...”.

Continuando en el sentido antes indicado, se presume la calidad de comerciante en los siguientes casos según nuestro Código de Comercio: “1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio”.

2. En dicho sentido debemos clarificar que nuestra legislación comercial determina específicamente una importancia preponderante o prelación legal específica de lo que las partes acuerden en cada contrato válidamente celebrado sobre la aplicación de normas supletivas, al consagrar en su artículo 4º que “Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles”. Por lo cual, es claro determinar desde el inicio que tenemos como objeto de discusión un contrato válidamente celebrado, cuya validez no ha sido atacada legalmente por este medio arbitral u otra vía judicial, toda vez que el convocado no ataca la validez del contrato que dio origen al presente proceso arbitral, sino en repetidas ocasiones manifiesta que el mismo se dio por terminado por medio de un principio bien particular que va a hacer resuelto más adelante sobre una posible revocación tácita por mutuo disenso de las partes.

3. Es de vital importancia en este momento refrescar puntos básicos como lo es la definición de negocio jurídico o contrato, acto jurídico que es de la esencia del que nos ocupa definir en este tribunal, para lo cual es necesario remitirnos a la definición de nuestro Código Civil, que la encontramos en el artículo 1495 que establece “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas”, definición que encontramos mucho más completa y clara en nuestra legislación comercial, que a todas luces es la legislación aplicable al tipo de relación contractual que nos ocupa, definición determinada en el artículo 864 del Código de Comercio que a la letra consagra “El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que este reciba la aceptación de la propuesta”. De igual manera es diáfano concretar que el contrato que originó la discusión arbitral que acá se define cumplía también con los requisitos mínimos de todo contrato establecidos en el Código Civil Colombiano tal como se indica en el artículo 1502 que hace referencia a la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita, y las partes ratifican dicha realidad jurídica al no invocar ningún tipo de nulidad relativa o absoluta en la existencia y validez del contrato en mención.

4. De igual manera tanto en nuestras legislaciones civil y comercial se determina claramente que los contratos son ley para la partes, tal como se define en el artículo 1602 Código Civil que consagra que: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, lo que da lugar a una claridad diáfana de que todo lo acordado en los contratos válidamente celebrados es de OBLIGATORIO cumplimiento para las partes, principio que va amarrado indiscutiblemente al principio de autonomía privada de la voluntad la cual ha sido respaldada y revisada en múltiples ocasiones por nuestras altas cortes entre ella la Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-423 del 2003, de la cual tomaremos una parte fundamental más adelante. Por lo anterior es claro definir que el contrato legalmente celebrado como el que nos ocupa, no puede ser invalidado o en caso adicional modificado si no es por el mutuo acuerdo de las partes o en caso adicionales por causas legales establecidas previamente en nuestra legislación o en el mismo texto del contrato, ya que recordemos que dichas convenciones o acuerdos son leyes para las partes, es decir los términos y condiciones contractuales son de obligatorio cumplimiento para las partes y dicha obligatoriedad implica necesariamente que dichas condiciones pueden ser modificadas solo por dos vías, o el acuerdo de las partes o una orden legal.

5. Dicho principio legal va ligado ostensiblemente al principio constitucional de autonomía privada de la voluntad, por lo cual es necesario transcribir parte de la Sentencia T-423 del 2003, en donde nuestra Corte Constitucional determina sobre este principio: “Para la Corte es claro que la alteración de los términos contractuales operada de manera unilateral por alguna de las partes desconoce la regla básica de los contratos “el contrato es ley para las partes” o pacta sunt servanda y constituye un atentado contra el derecho fundamental a la autonomía de la voluntad en relación con el contrato. En este sentido, el derecho a que los términos del contrato no sean alterados de manera unilateral por una de las partes integraría el contenido del derecho fundamental a la autonomía privada, precisamente por tratarse de una de las típicas situaciones que se encuentran dentro de su ámbito de protección. Lo anterior implica que, por regla general, cualquier modificación del contrato debe estar sometido al concurso de voluntades o consentimiento de las partes. No obstante, la Corte reconoce que esta regla tiene excepciones, algunas derivadas de la naturaleza misma de las relaciones contractuales especialmente en lo que respecta a la función de intervención del Estado en la economía”. Por lo tanto, es necesario aclarar que la terminación o modificación del contrato debe emanar indiscutiblemente o de una orden legal o de un acuerdo de las partes, acuerdo que debe ser de una u otra manera claro, tal como se hizo el negocio jurídico siguiendo el principio general del derecho de que las cosas se deshacen como se hacen.

Es de anotar que en el presente caso tenemos una relación contractual válida y vigente al momento del supuesto incumplimiento, por lo cual no podemos en ningún momento presumir que una oferta comercial posterior creara una relación contractual distinta, sin ningún tipo de pronunciamiento expreso de las partes, modificando casi que unilateralmente las condiciones del negocio jurídico único e inicial por una sola de ellas.

6. Una vez claro el tema sobre la validez del contrato y su existencia, es necesario clarificar que estamos enfrente a un contrato bilateral el cual conlleva necesariamente determinar que en los contrato bilaterales existen obligaciones para las dos partes en los términos de nuestro Código de Civil que en su artículo 1496 dispone: “... bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente....”, principio que necesariamente nos llevan a clarificar temas como la mora en los contratos bilaterales determinada en nuestra legislación comercial en el artículo 870 que consagra: “En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización de los perjuicios moratorios”. Lo anotado se complementa con el artículo 1609 de nuestro Código Civil que declara “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. Lo anterior nos lleva a analizar necesariamente qué significa en sentido jurídico el término allanarse, para saber si existió o no incumplimiento o mora en el contrato que por esencia ya sabemos que es bilateral, y dicho término hace referencia a la aceptación, y que mejor definición o expresión de aceptación de cumplimiento, que aceptar una modificación contractual por temas monetarios como lo manifestó el convocado al aceptarle al convocante mediante comunicación escrita parte del acervo probatorio, que estaba en imposibilidad de cumplir el objeto contractual principal determinado en el contrato celebrado el día 4 de octubre de 2006, por medio de comunicación del convocado de fecha mayo 29 de 2007, modificación aceptada por la parte convocante en claro ejemplo de allanarse a cumplir lo acordado en el contrato inicial, y es más, es una clara demostración de la intención de cumplir con lo acordado, así fuera necesario el cambio integral de las obligaciones iniciales y quizás asumiendo costos económicos no previsto en la relación contractual inicial. Lo anterior necesariamente nos trae a la memoria lo determinado en la obra Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos TEMIS de los maestros GUILLERMO OSPINA FERNÁNDEZ y EDUARDO OSPINA ACOSTA donde se expresa: “Sería aberrante que en un contrato Bilateral uno solo de los contratantes satisficiera sus derechos, sin que los otros pudieran obtener la restitución de lo pagado por ellos o sin que pudiera oponerse a las exigencias del contratante incumplido”.

7. De igual manera es necesario concretar que lo que se puede en sentido estricto en un contrato bilateral, como el que nos ocupa, puede ser tácito según nuestra legislación, es la condición resolutoria tácita determinada tanto en nuestra legislación civil como comercial en los siguientes términos: Código Comercio “ART. 870.—En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización de los perjuicios moratorios”; Código Civil “ART. 1546.—En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”. Lo que a todas luces se está invocando en el presente proceso arbitral.

Lo que nos conlleva a hablar del incumplimiento y de la obvia solicitud de resolución del contrato por incumplimiento, punto en el cual vemos la necesidad de citar la sentencia del 11 de septiembre de 1984, confirmando lo anotado por el maestro MELICH-ORSINI, al anotar: “En rigor jurídico es verdad que en los procesos en que se pide la resolución de un contrato bilateral por incumplimiento del demandado, es deber inexcusable del juez, para que su fallo resulte equitativo, detenerse sobre el requisito de la importancia que la ley requiere para que el incumplimiento invocado dé asidero a la pretensión deducida, en justicia el contrato no se podrá resolver si el incumplimiento de una de las partes contratantes tiene muy escasa importancia en la atención al interés de la otra”. Lo que en el caso que nos ocupa se aleja ostensiblemente de la realidad al ser el incumplimiento vital no solo para el desarrollo del contrato sino para el mismo desarrollo del objeto comercial de la entidad convocante.

8. De igual manera es necesario que toquemos el tema de la Buena fe de los contratos tanto en la época precontractual, es decir la previa a celebración del contrato, en su negociación, como la buena fe en la aplicación de las normas contractuales y para lo cual no debemos remitir primero a nuestro Código Civil que determina “ART. 1603.—Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”, de igual manera nuestro Código de Comercio en su artículo 871 determina: “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley la costumbre o la equidad natural”. Lo que nos lleva necesariamente a clarificar que en la evolución de los hechos enunciados y probados por las partes se ha manifestado buena fe del convocante al aceptar modificaciones al contrato inicial, pero que es necesario que se analice que la representación de la buena fe va amarrada también a la ejecución del contrato, lo que significaría determinar que debo como contratante y como contratista verificar el cumplimiento de lo que “la naturaleza de los mismos, según la ley la costumbre o la equidad natural”, lo que necesariamente nos lleva a determinar que el contrato objeto de estudio es también un contrato INTITUE PERSONAE, lo que significa que fue celebrado teniendo en cuenta la calidad de las partes, lo que nos lleva a evidenciar que el convocante contrató los servicios del convocado con plena certeza de sus capacidades y conocimiento en el tema del mismo, lo que con lleva a saber que es necesario que en cumplimiento del principio de buena fe el convocado debía tomar los mecanismos necesarios para cumplir el contrato, mecanismos diferentes a la intención de una modificación unilateral del contrato posterior a una modificación previa, esta sí aceptada por la parte contratante por medio de su última oferta mercantil presentada el 14 de julio de 2008, con la creencia de que la misma reemplazaría tácitamente lo acordado expresamente en un contrato válidamente celebrado de manera previa. Por lo cual era necesario que el convocado utilizara, de considerarlo necesario, los mecanismos legales que tenía a su alcance si consideraba que eran lesivas las nuevas condiciones del contrato como lo determina el artículo 868 de nuestro Código de Comercio que a la letra consagra: “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá esta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”. Lo cual ocurrió y como los hechos probados en el proceso los espacios de tiempo muy largos sin contar con información clara sobre la evolución del contrato, tiempos excesivos para un contrato de las condiciones del que nos ocupa, es más, en el interrogatorio de parte el representante legal de la sociedad convocada, manifiesta serias dudas sobre el manejo que le dio al contrato el señor GUILLERMO GARCÍA, quien en la época era el gerente comercial de la sociedad convocada.

Por lo anterior debemos citar lo dicho por nuestra Corte Suprema de Justicia en cuanto al deber del juez en la calificación de la buena fe en el cumplimiento de los contratos: “Por su particular connotación, a no dudarlo, el juez, en su labor aplicativa y hermenéutica del ordenamiento en la solución de los conflictos, debe considerarla en especial, en las relaciones obligatorias y contractuales, “cuanto principio directriz de todo sistema jurídico, del tráfico jurídico y de la convivencia social, ‘con sujeción al cual deben actuar las personas —sin distingo alguno— en el ámbito de las relaciones jurídicas e interpersonales en las que participan, bien a través del cumplimiento de deberes de índole positiva que se traducen en una determinada actuación, bien mediante la observancia de una conducta de carácter negativo (típica abstención), entre otras formas de manifestación. Este adamantino axioma, insuflado al ordenamiento jurídico —constitucional y legal— y, en concreto, engastado en un apreciable número de instituciones, grosso modo, presupone que se actúe con honradez, probidad, honorabilidad, transparencia, diligencia, responsabilidad y sin dobleces. Identifícase entonces, en sentido muy lato, la bona FIDES con la confianza, la legítima creencia, la honestidad, la lealtad, la corrección (...) La buena fe, someramente esbozada en lo que a su alcance concierne, se torna bifronte, en atención a que se desdobla, preponderantemente para efectos metodológicos, en la apellidada ‘buena fe subjetiva’ (creencia o confianza), al igual que en la ‘objetiva’ (probidad, corrección o lealtad), sin que por ello se lesione su concepción unitaria que, con un carácter más panorámico, luce unívoca de cara al ordenamiento jurídico. Al fin y al cabo, se anticipó, es un principio general -e informador- del derecho, amén que un estándar o patrón jurídicos, sobre todo en el campo de la hermenéutica negocial y de la responsabilidad civil’ (cas. civ., 2 de julio de 2001, exp. 6146). La buena fe, se identifica, con el actuar real, honesto, probo, correcto, apreciado objetivamente, o sea, ‘con determinado estándar de usos sociales y buenas costumbres’, no ‘hace referencia a la ignorancia o a la inexperiencia, sino a la ausencia de obras fraudulentas, de engaño, de reserva mental, astucia o viveza, en fin de una conducta lesiva de la buena costumbre que impera en la colectividad’, es ‘realidad actuante y no simple intención de legalidad y carencia de legitimidad’ y se equipara ‘a la conducta de quien obra con espíritu de justicia y equidad al proceder razonable del comerciante honesto y cumplidor’ (cas. civ., sentencias de 23 de junio de 1958, LXXXVIII, 234; 20 de mayo de 1936; XLIII, 46 y ss., 2 de abril de 1941, LI, 172; 24 de marzo de 1954, LXXXVIII, 129; 3 de junio de 1954, LXXXVII, 767 y ss.)” (cas. civ., sentencia de 15 de julio de 2008, exp. 68001-3103-006-2002-00196-01)” y lo que reitera nuestra Corte Constitucional en la Sentencia T-537/09. “De esta forma entiende esta Sala de Revisión que, aplicado a una relación negocial, el principio de buena fe involucra deberes de honestidad, claridad, equilibrio reciprocidad y consideración de los intereses de la contraparte, entre otros. Sin embargo, debe así mismo resaltarse que la aplicación de las reglas que derivan del principio de buena fe no puede hacerse de una manera mecánica, sino que serán los elementos propios de cada situación, la actitud de las partes en ejecución del contrato, las cláusulas específicas por estas acordadas, etc. las que determinen la interpretación que el juez haga del principio de buena fe en cada específica situación”. Y en el caso que nos ocupa principios como claridad, equilibrio y reciprocidad se ven seriamente en peligro por las actuaciones del convocado, siendo este una persona de un conocimiento específico e idóneo sobre lo acá contratado.

9. De igual manera es necesario que clarifiquemos que no existió una extinción de las obligaciones asumidas en el contrato celebrado entre las partes, es más, sería necesario reiterar lo dicho por nuestra legislación civil sobre el modo de extinción de las obligaciones, así “ART. 1625.— MODOS DE EXTINCIÓN. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: 1. Por la solución o pago efectivo. 2. Por la novación. 3. Por la transacción. 4. Por la remisión. 5. Por la compensación. 6. Por la confusión. 7. Por la pérdida de la cosa que se debe. 8. Por la declaración de nulidad o por la rescisión. 9. Por el evento de la condición resolutoria. 10. Por la prescripción..., dejándonos en un escenario lejano a poder implementar una teoría de terminación de los contratos anunciada por el convocado como lo es una posible revocación tácita por mutuo disenso de las partes, encontrado que la misma no tiene ningún soporte legal, doctrinario o jurisprudencial, menos aún, cuando no existe prueba de la misma en el acervo probatorio.

10. Lo que nos lleva a enunciar la mora del deudor en los términos de nuestro Código Civil primero en el “ART. 1608.—MORA DEL DEUDOR. El deudor está en mora: 1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. 2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor, mora que se complementa con elART. 1610.—MORA DEL DEUDOR EN OBLIGACIONES DE HACER. Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya: 1. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. 2. Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. 3. Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato”.

En consideración de todo lo expuesto, no puede aceptarse una modificación tácita al contrato en los términos expresados por la parte convocada, y lo que sí resultó probado dentro del proceso, e incluso ha sido reconocido por el mismo representante legal de la accionada es que el tratamiento del agua nunca arrojó como resultado los parámetros de norma contratados, y en ese sentido las excepciones propuestas no están llamadas a prosperar.

Por su parte, se evidenció el cumplimiento de las obligaciones contractuales por la convocante.

En atención a lo anterior, la pretensión de declarar resuelto el contrato de prestación de servicios será declarada, procediendo la correspondiente condena de perjuicios.

Dentro del juramento estimatorio presentado para la subsanación de la demanda, la parte convocante solicitó la indemnización por un valor de $ 86.729.435,oo representado en valores de insumos, valor equipos y pagos instalación de equipos de planta tratamiento de aguas residuales, valor equipo y pagos instalación de planta a través de la compañía Manuwi y cálculo estimado horas hombre.

Con respecto al primer valor que corresponde a insumos, la parte accionante presenta cuadro que obra a folio 87 del cuaderno principal, y de la revisión con respecto a la prueba se desprende, que el valor total solicitado por dicho concepto que corresponde a la suma de $ 11.703.857,oo se encuentra debidamente soportados en las facturas correspondientes anexas al plenario.

En el folio 88 del cuaderno principal se presenta cuadro por la convocante por concepto de perjuicios por concepto de equipos y pagos instalaciones de planta por valor total de $ 44.222.161,oo, valor que presenta dos inconsistencias, en tanto que con respecto a la factura 16425 la accionante dice que es por valor total de $ 233.800,oo cuando en realidad es por $ 661.000,oo y por otro lado en el acervo probatorio no se encuentra anexa la factura 27 por valor de $ 4.262.451,oo citada por la parte demandante, razón por lo cual dicho valor no está demostrado, y por tanto la suma por este concepto que será reconocida es de $ 40.386.910,oo.

En igual sentido, en el siguiente cuadro del folio 88 la demandante valora los equipos y pagos de instalación a través de la compañía Manuwi SAS por valor de $ 17.412.992,oo, pero no se encuentra en el acervo la factura 861 citada por la convocante por un supuesto valor de $ 3.712.000,oo y siendo ello así no es posible incluirla, siendo procedente únicamente una condena por $ 13.700.992,oo.

Por último, en el folio 89 se hace una relación de horas hombre de la convocante, pero no existe ninguna prueba aportada al proceso, como pudieron ser contratos, planillas de pago de seguridad social, o certificaciones de pagos, etc. que permitan certificar y corroborar el trabajo y el monto de $ 13.380.425,oo, razón por la cual dicho valor no fue demostrado.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de todo lo expuesto, el Tribunal convocado para dirimir en derecho las diferencias surgidas entre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALES UNISERVICE y TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS - COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA TECCA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar resuelto el contrato de prestación de servicios para el suministro de Equipos, la operación y la administración del sistema de tratamiento de agua residual, suscrito entre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALES cuya sigla es UNISERVICE, persona jurídica legalmente constituida con inscripción S0000492 del 9 de septiembre de 1996-Camara de Comercio de Bogotá y con NIT 860.024.281-8 y TECCA - TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS, cuya sigla es COMPAÑÍA OPERADORA DE AGUA, persona jurídica legalmente constituida con matrícula mercantil 266297 del 7 de julio de 1986-Cámara de Comercio de Bogotá y con NIT 860.451.858-7;

SEGUNDO: CONDENAR al convocado a la indemnización de los siguientes perjuicios:

— Por concepto del valor de insumos a la suma ONCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 11.703.857,oo).

— Por concepto del valor de equipos y pagos instalación equipos de planta de tratamiento de aguas residuales a la suma CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTO DIEZ PESOS ($ 40.386.910,oo)

— Por concepto del valor de equipos y pagos instalación equipos de planta de tratamiento de aguas residuales a través de la empresa Manuwi SAS a la suma TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 13.700.992,oo).

TERCERO: Indexar las sumas de condena señaladas en numeral anterior con el IPC de cada año o por fracción de año desde el momento en que se interpuso la demanda, esto es, desde el 13 de noviembre de 2014 hasta el momento en que se realice el pago efectivo de la condena.

CUARTO: En cuanto a las excepciones presentadas por la parte convocada declarar:

— Declarar no probada la EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO, al estar comprobado que el convocante cumplió.

— Declarar no probada la excepción de “NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS” NADIE PUEDE ALEGAR EN SU FAVOR SU PROPIA TORPEZA O CULPA, toda vez que no existe culpa atribuible a la convocante.

— Declarar no probada la excepción de INCUMPLIMIENTO DE LA PARTE CONVOCANTE. - POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en tanto no existe incumplimiento de la convocante según el contrato vigente.

— Declarar no probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO, en tanto que la persona que efectivamente ocasionó un daño, según la ley, está obligada a pagarlo.

— En relación con la excepción denominada GENÉRICA no se encuentra ningún medio exceptivo de la responsabilidad de la convocada.

QUINTO: CONDENAR en costas al convocado, TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGUAS SAS en la suma de cinco millones doscientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta pesos ($ 5.263.340,oo).

SEXTO: Declarar causada la suma restante de los honorarios del árbitro y secretario.

SÉPTIMO: Disponer que, en firme este laudo, se entregue el expediente del presente proceso al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo, de conformidad con el Reglamento del citado Centro.

OCTAVO: Por la presidencia del Tribunal, ríndanse las cuentas de rigor y procédase a la restitución a las partes de las sumas a que hubiera lugar.

NOVENO: Por secretaría expídanse copias auténticas de este laudo con destino a cada una de las partes con las constancias de ley.

Notifíquese y Cúmplase.

Pedro Elías Ribero Tobar, Árbitro Único.

María Lía Mejía Uribe, Secretaria.