Tribunal de Arbitramento

Corpoaseo Total S.A. ESP

v.

AMA SpA

Septiembre 8 de 2005

Laudo Arbitral

Encontrándose surtidas en su totalidad las actuaciones procesales previstas en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991 y la Ley 446 de 1998 para la debida instrucción del trámite arbitral, y siendo la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia de fallo, el tribunal de arbitramento profiere el laudo conclusivo del proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias entre Corpoaseo Total S.A. ESP, parte convocante y AMA SpA, parte convocada, surgidas con ocasión del “Acuerdo de Unión Temporal” de fecha 24 de febrero de 2003, previos los siguientes antecedentes y preliminares:

1. Antecedentes.

1.1. El contrato.

Las sociedades Corpoaseo Total S.A. ESP, AMA SpA, Velzea Ltda., Hera Segasa S.L. y Tecnoventas S.A. celebraron el 24 de febrero de 2003 un “acuerdo de unión temporal” con el fin de “presentar conjuntamente oferta para la licitación pública 001 de 2002 de la unidad ejecutiva de servicios públicos “UESP” del Distrito Capital de Bogotá “concesión para la recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte de césped y transporte de los residuos al sitio de disposición final en el Distrito Capital de Bogotá”(1).

1.2. El pacto arbitral.

Las controversias que se deciden mediante el presente laudo se originan en el “acuerdo de unión temporal” celebrado el 24 de febrero de 2003, en cuya cláusula décima primera, se acordó el siguiente pacto arbitral:

“Décima primera. Cláusula compromisoria. Las empresas convienen en que cualquier conflicto que se presente entre ellas o con la unión temporal que no pueda ser dirimido directamente con motivo de la interpretación, cumplimiento o ejecución del presente acuerdo se someterá a la decisión de un tribunal arbitral que tendrá su sede en la ciudad de Bogotá, D.C., que fallará en derecho y que se integrará de común acuerdo entre las partes de la lista de árbitros que contenga el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o en su defecto, de la lista de árbitros de cualquier otro centro de arbitraje legalmente constituido en la sede.

En el evento en que no hubiera acuerdo para integrar el tribunal arbitral o parte de él, se aplicará la ley comercial sobre la materia”.

1.3. Trámite.

1.3.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria, la sociedad Corpoaseo Total S.A. ESP, presentó el 30 de marzo de 2004 solicitud de convocatoria y demanda arbitral frente a AMA SpA (cdno. ppal., fls. 1 a 30).

1.3.2. Para dar cumplimiento a lo acordado en la cláusula compromisoria sobre la integración del tribunal, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá citó a las partes a la audiencia de nombramiento de árbitros, la cual se inició el 13 de abril de 2004 y se suspendió para continuarla el 26 de abril siguiente; en esa oportunidad igualmente se suspendió hasta el 6 de mayo, fecha en la cual las partes, de común acuerdo, designaron a los doctores Andrés E. Ordóñez Ordóñez y Fernando Pabón Santander como árbitros, y con memorial conjunto presentado el 12 de mayo siguiente informaron que el tercer árbitro que integraría el tribunal sería el doctor William Namen Vargas; a los nombrados se les informó sobre su designación por el director del centro y manifestaron su aceptación oportunamente.

1.3.3. Previas las citaciones por parte del centro de arbitraje a las partes, los apoderados y los árbitros, el tribunal de arbitramento se instaló en audiencia de 20 de mayo de 2004 en sesión realizada en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; en ella se designó como presidente al doctor Andrés E. Ordóñez Ordóñez y como secretaria a la doctora Florencia Lozano Revéiz, se fijó la sede del tribunal y se determinaron las sumas de honorarios de sus miembros, así como las partidas de gastos de funcionamiento (acta 1, fls. 73 a 76, cdno. ppal. 1).

1.3.4. El 2 de junio de 2004 los apoderados de las partes presentaron memorial conjunto solicitando la suspensión del proceso entre el 3 y el 17 de junio, la cual fue decretada por auto de esa misma fecha (fls. 78 y 79, cdno. ppal. 1). Reanudado el término del proceso, y al tenor de lo establecido en el inciso primero del artículo 144 del Decreto 1818 de 1998, las partes consignaron las sumas fijadas en las proporciones correspondientes.

1.3.5. Instalado en legal forma el tribunal de arbitramento, mediante auto proferido el 24 de junio de 2004, admitió la solicitud de convocatoria y demanda arbitral y ordenó correr traslado de ella por el término de diez (10) días a AMA SpA. En dicho auto, además, se reconoció personería al doctor José Maximino Gómez González como apoderado de Corpoaseo Total S.A. ESP (acta 3, fls. 82 a 86, cdno. ppal. 1).

1.3.6. El 6 de julio de 2004 se notificó personalmente el auto admisorio de la demanda arbitral al apoderado de AMA SpA y se le corrió traslado por el término legal (fl. 88 cdno. ppal. 1).

1.3.7. Para dar cumplimiento al Decreto 262 de 2000, el 13 de julio de 2004 se ofició por secretaría a la Procuraduría General de la Nación informando sobre la constitución de este tribunal.

1.3.8. El 21 de julio de 2004 el apoderado de la parte convocada contestó la demanda con expresa oposición a las pretensiones, solicitud de pruebas e interposición de excepciones perentorias (cdno. ppal. 1, fls. 90 a 171).

1.3.9. De las excepciones propuestas se corrió traslado a la parte convocante quien con memorial de 29 de julio de 2004 se pronunció sobre ellas y solicitó pruebas adicionales (fls. 175 a 192 cdno. ppal. 1).

1.3.10. Por auto de 3 de agosto de 2004 el tribunal fijó fecha para la audiencia de conciliación y, en caso de que fracasara total o parcialmente, para realizar la primera de trámite. Esta providencia se notificó a las partes y a sus apoderados.

1.3.11. El 23 de agosto de 2004 se realizó la audiencia de conciliación que se declaró fallida; por ello se ordenó continuar el proceso y enseguida se realizó la primera audiencia de trámite, en la que se profirió el auto 6, por el cual se asumió competencia para conocer de las controversias planteadas por las partes.

1.4. Partes procesales.

1.4.1. Parte convocante: es Corpoaseo Total S.A. ESP, sociedad anónima colombiana, constituida por escritura pública 3031 de 13 de diciembre de 1999 de la Notaría 57 del Círculo de Bogotá, con domicilio principal en esta ciudad y representada legalmente por su gerente, doctora Lina Marcela Salazar Álvarez, quien otorgó poder para incoar esta acción; su existencia y representación legal está acreditada con certificado expedido el 27 de febrero de 2004 por la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 32 a 34 cdno. ppal. 1).

En este proceso está representada judicialmente por el doctor José Maximino Gómez González, abogado en ejercicio, con T.P. Nº 53.035 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el poder visible a folio 31 del cuaderno principal 1.

1.4.2. Parte convocada: es la sociedad extranjera AMA SpA (Azienda Municipale Ambiente Societa per Azioni) constituida de acuerdo con las leyes de la República de Italia, con domicilio principal en la ciudad de Roma y representada legalmente por el señor Domenico Tudini, en su calidad de administrador delegado; su existencia y representación legal está acreditada con el certificado de inscripción en la sesión ordinaria expedido el 13 de febrero de 2003 por la “Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma” (Cámara de Comercio Industria Artesanía y Agricultura de Roma), Oficina del Libro de Empresas, con sello de Apostilla, y su respectiva traducción oficial que obra a folios 26 a 49 del cuaderno de pruebas 5, y que hace parte de la oferta presentada para la licitación 001 de 2002 por la Unión Temporal CESPI, que en copia auténtica, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP, fue aportada al expediente por la parte convocada.

En este trámite arbitral AMA SpA está representada judicialmente por el doctor Daniel Posse Velásquez, abogado en ejercicio, con T.P. Nº 42.259 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el poder visible a folio 1 del cuaderno de pruebas 4.

1.5. Trámite arbitral.

1.5.1. Primera audiencia de trámite.

Como quedó dicho antes, el 23 de agosto de 2004, acta 4, se inició la primera audiencia de trámite, en la que se leyeron la cláusula compromisoria, las pretensiones de la parte demandante contenidas en su demanda arbitral, las excepciones perentorias formuladas por la parte convocada y la indicación de la cuantía.

En esta audiencia el tribunal se declaró competente para conocer y decidir en derecho todas las controversias de contenido particular y patrimonial surgidas entre las partes, a que se refieren la demanda, su contestación y las excepciones propuestas; esta decisión fue recurrida por el apoderado de la convocada y confirmada por el tribunal en audiencia de 30 de agosto siguiente (acta 5 cdno. ppal. 1, fls. 246 a 254).

1.5.2. Audiencias de instrucción del proceso.

El presente proceso se tramitó en 20 audiencias, en las cuales se asumió competencia, se decretaron y practicaron las pruebas decretadas, se recibieron los alegatos de conclusión y se profiere este laudo.

1.5.3. Pruebas decretadas y practicadas.

Como prueba de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones y excepciones, las partes aportaron varios documentos y solicitaron la incorporación de otros. Por su parte el tribunal, de oficio, decretó algunas pruebas documentales. Todas ellas obran en el expediente y fueron aportadas en los términos de las solicitudes de las partes y en cumplimiento de la disposición oficiosa del tribunal.

Según consta en el acta 5 que obra a folios 246 a 254 del cuaderno principal 1 del expediente, en audiencia que tuvo lugar el 30 de agosto de 2004, el tribunal, luego de ratificar su competencia, decretó las pruebas del proceso, las cuales se practicaron de la siguiente manera:

1.5.3.1. Documentales: se ordenó tener como pruebas los documentos relacionados por la convocante en la demanda y en la modificación a su solicitud de pruebas, y los relacionados por la convocada en la contestación de la demanda

1.5.3.2. Oficios: por secretaría se libraron oficios así:

a) A la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP del Distrito Capital para que remitiera copia de algunos documentos relacionados con la licitación pública 001 de 2002;

b) A la procuraduría para que remitiera copia del oficio 003387 de 20 de mayo de 2003 dirigido a la UESP y relacionado con la licitación 001 de 2002;

c) Al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, secretaría Sección Tercera, para que certificara sobre la existencia del proceso 2003-1579 del Consorcio Sil Kpital contra el Distrito Capital de Bogotá/UESP, e informara cuáles son las pretensiones de la demanda, las acciones surtidas, el estado del proceso y se enviara copia de la demanda con el respectivo auto admisorio; y

d) Al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, secretaría secciones Primera y Tercera, para que certificaran sobre la presentación de demandas contra el Distrito Capital de Bogotá y/o contra la UESP o contra actos separables o no, expedidos dentro de la licitación en comento, o contra los contratos celebrados como consecuencia de dicha licitación.

Las respuestas a estos oficios se incorporaron a los cuadernos de pruebas del expediente.

1.5.3.3. Declaración de terceros: el tribunal decretó y recibió los testimonios de Luis Alfonso Sánchez Parra (acta 6, fl. 351), Luis Fernando Sánchez López (acta 6, fl. 352), Jorge Plata García (acta 7, fl. 360), Andrés Castañeda Giraldo (acta , fl. 364), Gabriel Parra Rodríguez (acta 8, fl. 365), Gabriel Eduardo Castañeda Giraldo (acta 9, fl. 374), Edson Ricardo Delgado Charcas (acta 9, fl. 375), Carlo Marchetti (acta 10, fl. 403), Alejandro Copete Ramos (acta 10, fl. 404) Daniela Fravolini (acta 11, fl. 420), Francesca Viola (acta 10, fl. 421), Jaime Eduardo Vélez (acta 11, fl. 422), Chad Gabriel Muñoz Suárez (acta 11, fl. 423) y Carlos Alberto Giraldo López (acta 11, fl. 424). Para efectos de la traducción, en la declaración de las nacionales italianas Daniela Fravolini y Francesca Viola fueron auxiliadas por el traductor designado por el tribunal, señor Lino Forte.

Las transcripciones de las grabaciones de estos testimonios se pusieron a disposición de las partes y se agregaron al cuaderno de pruebas 12 del expediente, junto con los documentos aportados en dichas declaraciones. En traslado de las trascripciones el apoderado de la parte convocante hizo algunas correcciones sobre ellas que el tribunal ordenó tener en cuenta (acta 16).

El apoderado de la parte convocante desistió de los testimonios de Fernando Sotomonte (acta 8, fl. 366), Eduardo Geovo Almanza y Jorge Guarnizo (acta 10, fl. 406) y de Leopoldo Sánchez Galeano (acta 12, fl. 434). A su vez el apoderado de la parte convocada desistió de los testimonios de Óscar Salazar (acta 8, fl. 366), y de Paolo Cianfanelli y Carlos Díaz (acta 12, fl. 434); en su oportunidad el tribunal aceptó tales desistimientos.

1.5.3.4. Declaraciones de parte: el 4 de noviembre de 2004 se practicaron los interrogatorios de parte de Domenico Tudini, representante legal de la parte convocada, y de Óscar Salazar Franco, representante legal de la parte convocante, (acta 12, fls. 432 y 433, respectivamente) Para efectos de la traducción, en su declaración, el señor Domenico Tudini fue auxiliado por el traductor designado por el tribunal. La trascripción correspondiente se puso a disposición de las partes y se agregó al cuaderno de pruebas 2 del expediente, junto con los documentos aportados durante estas declaraciones.

1.5.3.5. Dictámenes periciales.

Se decretó la práctica de dictámenes periciales así:

a) Dictamen pericial por experto en asuntos contables y financieros, que fue rendido por la doctora Gloria Zady Correa Palacio en los términos solicitados por la parte convocante. El correspondiente informe fue presentado al tribunal el día 3 de noviembre de 2004 y obra a folios 56 a 132 del cuaderno de pruebas 13. Las partes presentaron en su debido tiempo solicitudes de aclaración y complementación, las cuales fueron rendidas el 13 de diciembre siguiente y obran a folios 133 a 195 del cuaderno de pruebas 13.

Este dictamen fue objetado por error grave por la parte convocada, quien para su demostración solicitó la práctica de un nuevo dictamen pericial que decretado se rindió oportunamente por la perito designada Esperanza Ortiz Bautista el 13 de junio de 2005 y, respecto del cual, las partes solicitaron aclaraciones y complementaciones que fueron presentadas el 5 de julio siguiente. Sobre la objeción al dictamen pericial el tribunal se pronunciará más adelante en esta providencia.

b) Dictamen pericial por ingeniero con conocimientos financieros, que fue rendido por el doctor Semir Belage en los términos solicitados por la parte convocada. El correspondiente informe fue presentado al tribunal el 13 de octubre de 2004 y obra a folios 1 a 43 del cuaderno de pruebas 13. Las partes presentaron en su debido tiempo solicitudes de aclaración y complementación, las cuales fueron rendidas el 29 de noviembre siguiente y obran a folios 44 a 55 del cuaderno de pruebas 13.

1.5.4. Audiencia de alegatos de conclusión.

Concluida la etapa probatoria, los señores apoderados de las partes en audiencia de 19 de agosto de 2005 expusieron sus alegatos de manera oral y al final presentaron los correspondientes escritos.

El señor apoderado de la parte convocante en su alegato solicitó al tribunal un pronunciamiento favorable sobre las pretensiones incoadas en la demanda.

El señor apoderado de la parte convocada solicitó en su alegato que sean negadas por el tribunal las súplicas de la demanda y que en su lugar se declaren probadas las excepciones propuestas, toda vez que no existen fundamentos de hecho o de derecho para su prosperidad.

1.6. Audiencia de fallo.

El tribunal por auto de 19 de agosto anterior señaló el presente día y hora para la audiencia de fallo que se incorpora al acta 20.

1.7. Término de duración del proceso.

Conforme lo dispuso el tribunal al asumir competencia, el término de duración de este proceso es de 6 meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, según lo dispone el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, término “al cual se adicionarán los días que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso”.

La primera audiencia de trámite se inició el día 23 de agosto de 2004 y finalizó el 30 de agosto siguiente, oportunidad en la que se decretaron las pruebas solicitadas por las partes; de acuerdo a lo anterior, el término de este proceso iría inicialmente hasta el 28 de febrero de 2005.

Debe tenerse en cuenta que por petición conjunta de las partes el proceso se suspendió entre las siguientes fechas:

1. 6 de octubre y 2 de noviembre de 2004, (acta 10, fl. 406): 28 días;

2. 9 y 16 de noviembre de 2004 (acta 12, fl. 434): 8 días; y

3. 12 de julio y 18 de agosto de 2005, (acta 18, fl. 594): 38 días.

Además, según consta en acta 14 de 23 de noviembre de 2004, en virtud de la citación al proceso de las sociedades Velzea Ltda., Hera Segasa S.L. y Tecnoventas S.A. en calidad de litisconsortes necesarios, el tribunal decretó la suspensión del proceso durante el término que tenían para comparecer los citados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. Consta en el expediente que una vez se cumplió el trámite de notificación de las sociedades antes mencionadas, el tribunal ordenó la reanudación del proceso arbitral, el cual para el efecto anterior estuvo suspendido entre el 24 de noviembre de 2004 y el 1º de mayo de 2005, decisión que no fue objeto de recursos por las partes (acta 15 de 2 de mayo de 2005). Esta suspensión fue de 159 días.

En conclusión, el proceso se suspendió legalmente durante 233 días, por lo cual el término iría hasta el 19 de octubre de 2005, razón por la cual el tribunal se halla dentro de la oportunidad legal para proferir el laudo.

1.8. La demanda y su contestación.

1.8.1. Las pretensiones de Corpoaseo Total S.A. ESP.

En su solicitud de convocatoria y demanda arbitral, LA CONVOCANTE, incoa como pretensiones la declaración de nulidad absoluta de la “Cláusula tercera” del acuerdo de unión temporal de fecha 24 de febrero de 2003 o, en su defecto, de ineficacia, en cuanto exonera de responsabilidad a los miembros de la unión temporal por el rechazo de la propuesta y, como consecuencia, se pretende la declaración de una conducta gravemente culposa de AMA SpA al suministrar información inexacta para la elaboración y presentación de la oferta por la Unión Temporal CESPI en la licitación pública internacional 001 de 2002, con lo cual incumplió el acuerdo de unión temporal y, por lo anterior, las condenas e indemnizaciones respectivas.

Más adelante se volverá a las pretensiones incoadas en la demanda, cuando el tribunal se ocupe de su análisis.

1.8.2. Los hechos de la demanda, su contestación y excepciones perentorias.

Las pretensiones formuladas por la parte convocante están fundamentadas en los hechos que se resumen a continuación con su respectiva respuesta.

1. El 2 de diciembre de 2002, mediante Resolución 131, el Distrito Capital de Bogotá, a través de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP, ordenó la apertura de la licitación pública 001 de 2002, con el objeto de celebrar un contrato de concesión para la prestación del servicio público de recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final en el Distrito Capital de Bogotá (h. 1).

Respuesta: es cierto.

2. El 24 de febrero de 2003, las sociedades AMA SpA, Corpoaseo Total S.A. ESP, Velzea Ltda., Hera Segasa SL y Tecnoventas S.A. celebraron “acuerdo de unión temporal”, mediante el cual las partes se comprometieron a constituir la unión temporal denominada Unión Temporal CESPI con el objeto de participar de manera conjunta en la licitación pública 001 de 2002 de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley y en los pliegos de condiciones, para obtener la adjudicación de al menos dos áreas de servicio exclusivo (h. 2, 3 y 4).

Respuesta: es cierto que las sociedades constituyeron la “Unión Temporal CESPI”, pero no es cierto que el objeto del acuerdo se circunscribiera a obtener la adjudicación de dos áreas. AMA SpA, no se comprometió a garantizar el resultado. La propuesta fue elaborada antes del acuerdo de unión temporal, razón por la cual todos los miembros ya la conocían en su integridad, “y el que más la conocía era Corpoaseo, el experto, por haberla preparado, liderado”.

La autorización del consejo de administración de AMA al representante de dicha sociedad estaba condicionada a “relevar explícitamente a AMA SpA de cualquier responsabilidad en relación a la eventual exclusión por falta de uno o más requisitos por parte de AMA SpA y/o AMA Internacional SpA”, en consecuencia, si la cláusula tercera es declarada nula, el acuerdo es inoponible a AMA por extralimitación de las facultades del apoderado.

3. Así mismo, el 24 de febrero de 2003, las sociedades mencionadas suscribieron un contrato de promesa de constitución de una sociedad prestadora de servicios públicos en el evento en que el contrato de concesión fuese adjudicado a la Unión Temporal CESPI (h. 3).

Respuesta: la promesa de constitución de la empresa de servicios públicos se otorgó mediante un documento independiente suscrito por las partes en la misma fecha.

4. La Unión Temporal CESPI presentó su propuesta, cuyo objeto era obtener la adjudicación de dos (2) de las seis (6) áreas de servicio exclusivo, dentro del término fijado para la recepción de ofertas (h. 8).

Respuesta: la Unión Temporal CESPI presentó la propuesta, tan solo pocas horas después de haber suscrito el acuerdo de unión temporal y el acuerdo interno Cespi, por lo tanto la propuesta ya existía al momento de celebrarse el acuerdo y en consecuencia, todos los miembros de la unión conocían el formato 2 y sus notas explicativas.

La sola aspiración de obtener la concesión de 2 ASE´s no implicaba garantía alguna de obtener la adjudicación debido a la incertidumbre inherente a un concurso público y al hecho que todos los miembros conocían la forma en que se presentaría el formato.

5. El 11 de abril de 2003, la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos a través del “Documento de evaluación de las propuestas presentadas en la licitación pública internacional 001 de 2002”, rechazó la propuesta presentada por la Unión Temporal CESPI con fundamento en el numeral 16 del pliego de condiciones por cuanto, según la demanda, en el formato 2, atinente a la información financiera de la sociedad convocada y diligenciado “exclusivamente” por ella, dicha sociedad “eliminó los pasivos que tenía con la municipalidad de Roma”, generando una inconsistencia contable, y presentó como propias las certificaciones de calificación de deuda emitidas por las agencias Standard & Poor´s y Fitch Ibca con respecto a la Municipalidad de Roma” (h.11-16 y 23).

Respuesta: constituía requisito de elegibilidad de las propuestas que en ellas se acreditara experiencia en “recolección y transporte de residuos sólidos” y “barrido”. Sin embargo, Corpoaseo “no acreditó ni estaba en capacidad de acreditar con posibilidad cierta de éxito, experiencia en la licitación”.

Adicionalmente, la sociedad convocante tenía su experiencia “manchada con tinta indeleble” toda vez que su cedente había sido multada, situación que “garantizaba perder en la licitación”.

Es válido asumir que la causal establecida en el numeral 16 literal j) fue la disposición considerada por la UESP para rechazar la propuesta de la Unión Temporal CESPI. Sin embargo, fue en consideración a dicha causal que se pactó la cláusula tercera del acuerdo de unión temporal. “La forma en que se presentaría el formato 2 de AMA fue la consideración esencial que la llevó a exigir esta cláusula como condición para asociarse y presentar ofertas… Sin esa cláusula el acuerdo de unión temporal es todo nulo”.

Según la sociedad convocada no fueron los errores en el formato 2 los que impidieron la adjudicación de la licitación, fue la realidad financiera de todos sus miembros, y de estos en conjunto, la que los hizo no elegibles. La “inconsistencia” del formato 2 es “tan evidente que hasta un escolar la puede detectar”.

Es “absolutamente claro” que la forma en que se presentó el mencionado formato no podía ser desconocida “sin grave negligencia por Corpoaseo”, quien además se asesoró de contadores, financieros y administradores para la presentación de la propuesta.

En el folio 244 del documento de observaciones de la UESP se establece que la propuesta de la Unión Temporal CESPI “continúa rechazada” por incumplimientos de la sociedad Hera Segasa. AMA no excluyó del balance sus deudas con la sociedad controlante; dicho balance incluía los pasivos con la municipalidad de Roma, y la exclusión del formato 2 fue informada a la UESP. AMA advirtió “expresamente” que las certificaciones de deuda eran de la municipalidad de Roma.

6. De igual manera, la UESP encontró “inconsistencias” en la información y documentación presentada por las sociedades Hera Segasa SL y Tecnoventas S.A., las cuales, según la sociedad convocante, eran “esencialmente subsanables o corregibles, de menor envergadura, gravedad y trascendencia que los errores advertidos respecto de AMA SpA” (h.15) .

Respuesta: de conformidad con el numeral 3.1.3.7 de la evaluación de propuestas del 10 de abril de 2003, la propuesta de la Unión Temporal CESPI fue rechazada por “inconsistencias en los activos, pasivos y patrimonio de los balances de AMA SpA y de Hera Segasa SL”. Adicionalmente, la inconsistencia de la sociedad Hera Segasa no fue subsanada y fue por ello que la UESP ratificó su rechazo. La Unión Temporal CESPI fue quien presentó la propuesta, de manera que todos sus miembros consintieron los actos realizados y los documentos presentados, en consecuencia, la unión temporal asumió integralmente el evento incierto del resultado.

7. Dice la demanda que dentro del término de traslado del informe de evaluación, la Unión Temporal CESPI presentó sus observaciones respecto de la evaluación de la propuesta, las cuales, señala la sociedad convocante, fueron realizadas “exclusivamente” por los asesores de AMA SpA (h.17-20).

Respuesta: las observaciones fueron presentadas por el representante legal de la Unión Temporal CESPI y no por la sociedad convocada de manera individual. De igual manera, la información financiera no fue presentada por AMA, sino por la unión temporal. La información financiera de la sociedad convocada, incluyendo el formato 2 y los estados financieros, fueron conocidos por los demás miembros de la unión temporal, en consecuencia, “no hay inducción a engaño, ni actuación cuestionable alguna por parte de AMA”.

La sociedad convocante tuvo conocimiento de la información presentada toda vez que fue esta quien preparó en su integridad la propuesta, incorporó todos los documentos a la misma, preparó los paquetes de presentación y suscribió la propuesta y las observaciones presentadas a la UESP, a través de su representante legal.

El “error” en el formato “de AMA SpA, fue “exclusivamente” producto de equivocaciones de interpretación “conciente y analizada por todos los miembros de la Unión Temporal CESPI”.

8. No obstante, mediante la Resolución 096 de 2003, la UESP adjudicó la licitación pública internacional 001 de 2002 a otros proponentes (h. 21).

Respuesta: es cierto. El apoderado de la convocada agrega: Corpoaseo sin AMA SpA “no tenía posibilidad alguna de resultar adjudicataria”. La pérdida en la adjudicación no fue producto de las inconsistencias en el formato sino del hecho de que la capacidad financiera de ambas sociedades era “insuficiente”. Así mismo, la sociedad Hera Segasa también fue causante del rechazo. Por último otro factor que incidió en la adjudicación del contrato a otros proponentes fue que se presentaron mejores propuestas que aquella de la Unión Temporal CESPI.

9. De acuerdo con la demanda, la propuesta fue rechazada “fundamental y principalmente por las inconsistencias existentes en la información financiera presentada por AMA SpA”, las cuales, son atribuibles “única y exclusivamente a la falta de diligencia y cuidado” de la sociedad convocada, toda vez que el diligenciamiento del formato 2 fue desarrollado de manera “exclusiva” por AMA SpA sin la injerencia o participación de algún otro miembro de la unión temporal (h. 23, 24 y 28).

Respuesta: no es cierto: la causa del rechazo no fue solo la información de la sociedad convocada, también lo fue la información de la sociedad Hera Segasa. La forma de presentación del formato 2 fue conocida y aprobada por la Unión Temporal CESPI, y se originó en la interpretación que del pliego tuvo dicha unión temporal. El formato 2 fue conocido por la sociedad convocante y si no fue así ello se debió a “su propia falta de diligencia y cuidado”. La realidad financiera de AMA SpA no fue alterada y fue bajo dicha realidad financiera evidenciada en sus balances que la sociedad convocante aceptó conformar la unión temporal. La sociedad convocante preparó y lideró la propuesta. Así mismo conoció y aceptó la interpretación de los pliegos de condiciones.

10. Según la sociedad convocante, la sociedad AMA SpA ingresó a formar parte de la Unión Temporal CESPI “única y exclusivamente” debido a que la convocada “aseguró” conocer los pliegos de condiciones y reunir los requisitos financieros y la capacidad patrimonial que ellos exigían (h. 25, 26, 33 y 48).

Respuesta: no es cierto. AMA SpA conocía “parcialmente” el pliego de condiciones, fue la sociedad convocante la que conoció plenamente el pliego, de ahí que fuera esta quien orientó a AMA en todo lo referente a la presentación de la propuesta y la interpretación del referido pliego.

Los expertos contratados por Corpoaseo fueron quienes prepararon la integridad de la propuesta.

Si la sociedad convocante atribuye a la situación financiera de la sociedad convocada la causa “esencial” para que esta se vinculara a la unión, entonces no fue una actuación diligente de Corpoaseo el no haber verificado dicha información. AMA no había adquirido los pliegos un mes antes del cierre de la licitación como sí lo hizo Corpoaseo. La sociedad convocada no otorgó garantía alguna de estar habilitada financieramente para la licitación, por el contrario, “puso de manifiesto sus dudas”.

11. Señala la demanda que la aseveración de la sociedad AMA SpA, aunada a la seriedad de los demás miembros de la unión temporal “creó en Corpoaseo Total S.A. ESP una seria expectativa jurídica y económicamente fundada de que se podía obtener la adjudicación de las dos (2) ASEs” (h. 34, 35 y 37).

Respuesta: no es cierto. La sociedad convocante conocía las implicaciones de la situación financiera de la sociedad AMA SpA.

Todos los miembros de la Unión Temporal CESPI afirmaron tener conocimiento de la propuesta y todos los documentos contenidos en ella a través de la cláusula tercera del acuerdo. Corpoaseo sin AMA “no tenía expectativa ni posibilidad alguna de resultar adjudicataria de ninguna ASE en la licitación”, dicha sociedad no cumplía con los requisitos financieros, de experiencia y capacidad técnica necesarios para presentar una propuesta exitosa. La sociedad Hera Segasa tampoco cumplía con los requisitos financieros exigidos. La experiencia requerida en la licitación dependía “exclusivamente” de factores objetivos.

12. De acuerdo con la demanda, la sociedad convocante creyó en la seriedad y responsabilidad de AMA SpA, primero porque dicha sociedad conocía las estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones y, segundo, “porque al tratarse de aspectos financieros que correspondían únicamente a la mencionada sociedad, no había forma de corroborar si la información que se estaba presentando era veraz” (h. 29).

Respuesta: no es cierto. Corpoaseo conocía mucho mejor que AMA los requisitos de los pliegos. Fue un hecho “evidente” para cualquiera que la información contable del formato 2 no cuadraba. La verificación de la información financiera era un procedimiento sencillo. La sociedad convocante conoció y asumió el riesgo de que la propuesta de la Unión Temporal CESPI fuera descalificada.

13. Según la sociedad convocante, la sociedad AMA SpA, “actuó de manera contraria a los postulados generales de buena fe, probidad y corrección”, al haber presentado su información financiera de manera indebida y sin el lleno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, pese a haber afirmado a los demás miembros de la unión temporal que conocía y cumplía con las estipulaciones del pliego de condiciones (h. 31, 32, 46 y 47).

Respuesta: no es cierto. La sociedad convocada obró con la expectativa de que su interpretación fuera compartida por la UESP. AMA SpA obró con transparencia y buena fe por cuanto: (i) informó a los otros miembros de la Unión Temporal CESPI, el estado de su situación financiera; (ii) realizó consultas públicas a la UESP que reflejaban su situación y así lo informó a la entidad contratante. Fue la sociedad convocante quien actuó de mala fe en el negocio jurídico toda vez que “conociendo la situación financiera de AMA y habiendo aceptado exonerarla de responsabilidad por una eventual descalificación, ahora calla ese consentimiento y reclama perjuicios”. La evaluación de la UESP no sorprendió a Corpoaseo, prueba de ello fue el comportamiento de dicha sociedad entre abril y julio de 2003.

14. Afirma la sociedad Corpoaseo Total S.A. ESP, que “la falta de seriedad en la asunción de conductas contrarias a la buena fe precontractual y contractual por parte de AMA SpA, condujeron a que la propuesta fuera rechazada” situación que le ocasionó a la sociedad convocante “graves y cuantiosos perjuicios” estimados en un valor de cuatrocientos sesenta y un millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos ($ 461.448.000) por concepto de daño emergente y una suma de ocho mil setecientos once millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatro pesos ($ 8.711.348.004) por lucro cesante, los cuales, según el apoderado de la sociedad convocante, “deben ser reparados en su integridad de conformidad con las prescripciones legales que rigen la materia y en virtud de lo establecido en el inciso final de la cláusula tercera del “acuerdo de unión temporal” (h. 38-42).

Respuesta: no es cierto. No existe algún perjuicio en el hecho de someterse a un proceso de licitación pública donde no hay certeza ni garantía que asegure la adjudicación del contrato. Corpoaseo aceptó las condiciones financieras de la sociedad convocada y asumió el riesgo de que su propuesta fuera rechazada.

Los gastos que la sociedad convocante reclama no reúnen los requisitos establecidos en los acuerdos suscritos entre las partes, en especial la cláusula quinta del acuerdo de unión temporal, para ser reembolsables. No existe un daño cierto, y su cuantía tampoco es cierta ni identificable.

La no adjudicación del contrato no es un hecho imputable a AMA, sino un riesgo asumido por todos los miembros de la Unión Temporal CESPI. No puede entonces, la sociedad convocante cuestionar la buena fe de uno de sus socios por el hecho de que la propuesta conjunta no haya sido aceptada. Los miembros de la Unión Temporal CESPI pactaron una exclusión de responsabilidad en caso de descalificación de la propuesta por la causal 16 de los términos de referencia.

15. Por otra parte, señala la demanda que el primer párrafo de la cláusula tercera del “acuerdo de unión temporal” es “nula, o por lo menos ineficaz, por estar prohibida en el ordenamiento jurídico colombiano y ser violatoria del orden público interno” toda vez que establece “la exoneración de futuras conductas constitutivas de culpa grave o dolo” en contravención de las disposiciones del artículo 1522 del Código Civil (h. 43-45).

Respuesta: no es un hecho sino una errada consideración de derecho. La cláusula no es ilegal y tiene plenos efectos vinculantes entre las partes. La sociedad convocada actuó de buena fe. No hay culpa grave ni dolo. El dolo o culpa grave constituyen una limitación a los efectos de la cláusula, mas no una causal de nulidad ni ineficacia total de la misma. Las cláusulas exonerativas de responsabilidad por sí solas no están prohibidas ni atentan contra el orden público. Otra cosa es que estas no amparen la culpa grave o el dolo, a los cuales no se extienden sus efectos.

16. Mediante comunicación de septiembre 9 de 2003, la sociedad convocante presentó reclamación formal a la sociedad AMA SpA, solicitando el pago de los perjuicios sufridos por los hechos descritos (h. 49).

Respuesta: es cierto que se presentó un reclamo. No hay perjuicio alguno que pueda ser imputado a la sociedad convocada.

17. Mediante comunicaciones de octubre 17 de 2003 y enero 20 de 2004, la sociedad convocada rechazó la reclamación efectuada (h. 49).

Respuesta: es cierto que el reclamo fue objetado.

La sociedad convocada interpuso como excepciones perentorias, de mérito o de fondo, las sustentadas en que Corpoaseo conoció la situación financiera de AMA, y en particular los datos en que fundamenta esta demanda. Corpoaseo no podía no conocer la información financiera de AMA sin haber incurrido en culpa; validez de la cláusula de exoneración de responsabilidad. Ausencia de dolo, culpa grave o mala fe de AMA. La propuesta también fue rechazada por inconsistencias en la información de Hera Segasa. Corpoaseo Total S.A. ESP no reunía solo los requisitos financieros para presentarse en la licitación. Corpoaseo Total S.A. ESP no reunía solo la experiencia técnica que le permitiera resultar adjudicatario en la licitación. Bajo componente nacional de la UT CESPI. Inoponibilidad a AMA de los actos de su apoderado si la cláusula de exoneración de responsabilidad no es válida; nulidad total del acuerdo de unión temporal; inexistencia de lucro cesante; inexistencia de daño cierto; inexistencia de relación de causalidad entre el hecho imputado a AMA y el lucro cesante alegado e inexistencia del daño emergente.

2. Consideraciones.

La controversia de las partes en torno al acuerdo de unión temporal de fecha 24 de febrero de 2003, sobre la cual debe resolver el tribunal de arbitramento, cuya competencia se encuentra delimitada por las pretensiones formuladas en la demanda y por las excepciones perentorias interpuestas con su contestación, es la siguiente:

1. La sociedad convocante pretende la nulidad absoluta o en su defecto la ineficacia de la exoneración de responsabilidad por el rechazo de la propuesta acordada en la cláusula tercera del contrato de unión temporal; el incumplimiento por AMA SpA con la declaración de una conducta gravemente culposa al suministrar información inexacta para la elaboración y presentación de la oferta por la Unión Temporal CESPI en la licitación pública internacional 001 de 2002 y las condenas e indemnizaciones respectivas.

2. La sociedad convocada demandada se opone a las pretensiones de la demanda, invocando, en síntesis, que el formato 2 y la información financiera de AMA SpA, fue conocida por los miembros de la UT con anterioridad a la presentación de la oferta; que la cláusula de exoneración de responsabilidad es válida y eficaz y constituyó un motivo determinante de la celebración del contrato, a punto que la autorización concedida al administrador delegado se condicionó a la misma y por ello, de ser nula, el contrato le sería inoponible o sería nulo en forma total porque sin la misma no lo hubiera celebrado; que la propuesta fue rechazada también por falencias en la información de Hera Segasa y, que en todo caso, no existe daño ni se causó en forma alguna.

3. Precisada la controversia planteada por las partes, para su decisión en derecho, el tribunal analizará:

I. Preliminarmente, los presupuestos procesales.

II. En segundo lugar, la objeción al dictamen pericial financiero y la tacha de sospecha de algunos testigos.

III. En tercer término, las pretensiones de la demanda, para lo cual, estudiará la naturaleza y régimen jurídico contractual de las partes, el tipo o clase de contrato celebrado y su régimen normativo, su existencia y validez, la ineficacia, el incumplimiento imputado y las prestaciones respectivas, confrontará los hechos probados en el proceso, su adecuación a los supuestos fácticos y normativos, y, según lo que resulte de esta confrontación, decidirá la situación fáctica controvertida de conformidad con el ordenamiento jurídico, los argumentos de las partes y los elementos probatorios.

IV. Por último, las excepciones perentorias.

I. Los presupuestos procesales

La totalidad de los “presupuestos procesales”(2) concurren en este proceso:

1. Demanda en forma.

La demanda con que se inició este asunto se ajusta a la plenitud de las exigencias normativas consagradas por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil.

2. Competencia.

El tribunal, según analizó detenidamente en la providencia proferida el 23 de agosto de 2004 (acta 4), es competente para el juzgamiento y decisión de las controversias contenidas en las pretensiones y excepciones, todas de contenido particular, específico y concreto, de naturaleza patrimonial, económica y susceptibles de transacción y disposición entre sujetos plenamente capaces y, por ende, de “pacto arbitral”.

En efecto, la jurisdicción arbitral como expresión de la jurisdicción del Estado, encuentra reconocimiento y legitimidad constitucional, y por su virtud, se confiere transitoriamente la función pública de administrar justicia a sujetos habilitados por las partes y el ordenamiento jurídico, quienes ostentan para el caso concreto el carácter de jueces, están sujetos a idénticos deberes y responsabilidades e investidos de iurisdictio, profieren providencias judiciales, autos de trámite, interlocutorios y una sentencia denominada laudo arbitral (C.P., art. 116; Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 270/96, arts. 8º y 13; L. 446/98, arts. 3º y 111).

En lo atañedero al juzgamiento de la pretensión de nulidad absoluta de la cláusula tercera del “acuerdo de unión temporal” o, en su defecto, de ineficacia y a las pretensiones segunda y tercera consecuenciales, por mandato constitucional y legal(3), el juez del contrato, tiene el deber de verificar la ausencia de causas de nulidad absoluta y, en su caso, declararlas oficiosamente(4) cuando quiera que el ordenamiento jurídico así lo imponga(5). Este deber no es extraño a quienes en condición de árbitros habilitados por las partes ejercen la función pública de administrar justicia y asumen la investidura de juzgadores, tanto cuanto más que el Consejo de Estado en providencia de 14 de agosto de 2003, cuyas consideraciones este tribunal comparte, concluyó que el legislador “en efecto, estableció que los tribunales de arbitramento pueden conocer procesos en los cuales se debata la existencia y validez del contrato. Así, la ley expresamente faculta a los árbitros para pronunciarse sobre las materias mencionadas”(6).

A lo anterior se agrega el principio de la autonomía e independencia de la cláusula compromisoria “con respecto de la existencia y validez del contrato del cual forma parte” pudiéndose someter “al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente”(7) (L. 446/98, art. 116; D. 1818/98, art. 118; D. 2279/89, art. 2º).

Por otra parte, la controversia planteada no atañe a la fase formativa, previa o antecedente al contrato celebrado por las partes, ni a tratos, conversaciones o negociaciones preliminares, en tanto todas las pretensiones incoadas en la solicitud de convocatoria y demanda arbitral conciernen directamente a la celebración, desarrollo y ejecución del acuerdo de unión temporal de fecha 24 de febrero de 2003 y se comprenden en la cláusula compromisoria convenida, tanto más si se pretende la invalidez o ineficacia de una de sus estipulaciones, la declaración de incumplimiento de otra de sus cláusulas y las prestaciones indemnizatorias consecuenciales, por lo cual, la controversia está vinculada directamente al contrato.

3. Capacidad.

Las partes, son sujetos plenamente capaces para comparecer a proceso y transigir, por cuanto su existencia y representación legal está debidamente acreditada, de la documentación estudiada no se encuentra restricción alguna al efecto, las diferencias surgidas entre las partes, sometidas a conocimiento y decisión de este tribunal, son susceptibles de definirse por transacción y por tratarse de un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por conducto de sus representantes legales y de sus apoderados, abogados titulados, debidamente constituidos, y por ende con “capacidad procesal” o “para comparecer a proceso”.

Análogamente el laudo, conforme a lo pactado, se profiere en derecho y dentro del término para su pronunciamiento.

II. La objeción por error grave al dictamen pericial financiero contable y la tacha de sospecha

1. La objeción por error grave al dictamen pericial financiero contable.

Mediante memorial presentado el 13 de mayo de 2005, el señor apoderado de la parte convocada formuló objeción por error grave contra el dictamen pericial financiero contable rendido el 3 de noviembre de 2004 por la perito Gloria Zady Correa Palacio.

Formulación de la objeción por error grave

La objeción se concreta a los siguientes puntos:

1. Objeción a las respuestas de los puntos 1 del cuestionario de la complementación solicitada por la parte convocante y 2.2 del cuestionario de la parte convocada, relativos a la utilidad proyectada en términos de valores actuales que correspondería a la Unión Temporal CESPI como consecuencia de habérsele adjudicado el ASE 2. El dictamen arroja una cifra de $ 3.776´807.203 y según la objeción el resultado verdadero es $ 3.659´580.284.

2. Objeción a las respuestas de las preguntas número 2 del cuestionario de la complementación solicitada por la parte convocante y 2.3 del cuestionario de la complementación solicitada por la parte convocada, relativos al valor de la utilidad que correspondería a la sociedad convocante como parte de la unión temporal, dentro del total indicado en el numeral anterior. En este caso el error es consecuencial respecto del anotado para el total de la utilidad esperada por parte de la unión temporal. Conforme a la objeción las cifras reales de utilidad esperada de Corpoaseo en términos de valores actuales serían de $ 1.601´066.374 de aplicársele una participación del 62.5% en la unión temporal, y de $ 845´363.045,70 de aplicársele una participación del 33.33%.

3. Objeción a la respuesta al punto 2 de la solicitud de complementación de la parte convocada relativa al descuento del 1% por “estímulo de la cultura de la no basura y apoyo al reciclaje”. Conforme al dictamen en la utilidad calculada si se había tenido en cuenta como costo o gasto el valor correspondiente al programa de la cultura de la no basura y apoyo al reciclaje y según la objeción esto no es así, o se tuvo en cuenta un valor inferior al real.

4. Objeción a la respuesta al punto 2 del cuestionario de la solicitud de complementación de la parte convocada relativo al descuento por incumplimiento de los indicadores de calidad-reparaciones. Conforme al peritazgo el incumplimiento de indicadores es tomado dentro del plan de contingencia que constituye un costo adicional tomado en cuenta para deducir la utilidad esperada. La objeción rechaza esta afirmación y sostiene que debe disminuirse la utilidad esperada en la suma de $ 733´559.222 que constituye en su opinión un descuento en la retribución del contratista por indicadores de calidad.

5. Objeción a las respuestas a los puntos 2.4.9.2 y 2.4.9.3 del cuestionario de la solicitud de complementación de la parte convocada, referente al valor presente de los rendimientos que hubiere podido producir el capital que hubiera debido aportar Corpoaseo. Conforme a la objeción, la perito tomó un período de 17 meses y debe ser en realidad de 84 a juicio del objetante, por lo cual en este rubro existiría un valor de $ 216´562.083,70 que debe ser descontado del valor de la utilidad. La anterior objeción se complementa con un comentario, conforme al cual la perito utilizó, para calcular el capital que hubiera debido aportar Corpoaseo al proyecto, de habérsele adjudicado a la Unión Temporal CESPI un ASE, un porcentaje de 30% correspondiente a la participación de Corpoaseo Total S.A., cuando conforme al acuerdo interno esa participación es del 70%.

6. Objeción a la pregunta del literal d) del numeral 4º del cuestionario inicial de la parte convocada, relativo a la evaluación de los gastos de Corpoaseo en cuanto a los caracteres de excesivos, personales, irrelevantes o previos a la conformación de la Unión Temporal CESPI, teniendo en cuenta la relación de causalidad directa. En este punto, la objeción se encamina a sostener que contra lo que afirma el peritazgo existen muchos gastos que carecen de esa relación directa, para concluir “En consecuencia, objeto cuando menos los gastos aquí relacionados que totalizan $ 534´487.062”.

7. Objeción a la respuesta a la pregunta 3 del cuestionario inicial de la parte convocada. En este punto la objeción se limita a sostener que existió error en la trascripción de los puntajes de los proponentes Empresas Varias y Sil capital que fueron determinantes en las conclusiones del peritazgo, pues de acuerdo con la objeción la UT CESPI “... en el escenario de nueve proponentes admisibles no hubiera sido adjudicatario de ninguna ASE”.

Como prueba de sus objeciones, la parte convocada se limitó a aportar lo que denominó “dictamen pericial presentado por el contador público José Joaquín Maldonado”, y a solicitar que se tuvieran como pruebas “todas las pruebas que obran en el expediente, así como el mismo dictamen objetado y su complementación”, señalando que muchas de las objeciones resultan probadas con el solo examen del dictamen y su complementación pues a su juicio los errores aparecen de bulto.

La parte convocante solicitó una prueba pericial que fue practicada y la expedición de un oficio dirigido a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básicos que fue diligenciado oportunamente. Dicho dictamen fue rendido por la economista Esperanza Ortiz Bautista el 13 de junio de 2005, aclarado y complementado a solicitud de las partes el 5 de julio siguiente.

Consideraciones del tribunal sobre la objeción

El artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (CPC), al disciplinar la contradicción del dictamen pericial, concede a las partes el derecho de objetarlo por error grave y señala su oportunidad, requisitos y exigencias, en particular, las de precisar, individualizar o concretar el yerro, indicando en qué consiste, de qué se predica, cuál es su gravedad e incidencia en las conclusiones y las pruebas pertinentes a su demostración en defecto de su ostensibilidad.

El error consiste en la disparidad, discordancia, disconformidad, divergencia o discrepancia entre el concepto, el juicio, la idea y la realidad o verdad y es grave cuando por su inteligencia se altera de manera prístina y grotesca la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado, sus fundamentos o conclusiones, siendo menester su verosimilitud, recognocibilidad e incidencia en el contenido o resultado de la pericia.

Es presupuesto imprescindible de la objeción al dictamen pericial, la existencia objetiva de un yerro fáctico de tal magnitud que “(...) si no hubiera sido por tal error, el dictamen no hubiera sido el mismo (...)”(8), a punto “que el error haya sido determinante de las conclusiones a que hayan llegado los peritos o porque el error se haya originado en estas” alterando de manera esencial, fundamental o determinante la realidad y, por consiguiente, de suscitar en forma tan grotesca, una falsa creencia, significativa y relevante de las conclusiones periciales (CPC, art. 238, num. 4º).

No se trata de cualquier error grave, sino de aquel que se origine o incida en las conclusiones del dictamen en forma tal que su contenido o resultado sería diferente. Por esta inteligencia ni los errores intrascendentes ni los yerros e inconsistencias de cálculo son relevantes ni graves en tal magnitud para desestimar un dictamen, al ser susceptibles de disipación o corrección a simple vista o con una elemental operación matemática.

A este respecto, debe reiterarse que no cualquier error es grave, ni cualquier error grave comporta la objeción de un dictamen pericial sino aquel de tal magnitud que altera las conclusiones o se origina en estas. Por esta virtud, los errores que no son graves y, aún los graves no determinantes ni originados en las conclusiones, no ameritan su objeción ni traen consigo la desestimación de la opinión de los expertos. Tales desaciertos deben disiparse por el juzgador en cuanto sea posible u omitirse, considerando el dictamen con sujeción a la sana crítica y la libre convicción con los restantes elementos probatorios, pero sin infirmar ni excluir la valoración del experticio ni los análisis y conclusiones que no están afectadas por el mismo.

Tampoco, son determinantes de un yerro grave, la crítica, inconformidad o divergencia con los estudios, análisis, experimentos y conclusiones de la pericia ni la diversidad de criterios u opiniones a propósito, que se han de considerar por el juzgador en su función de valoración del dictamen pericial y de los restantes medios de convicción y, en oportunidades, son significantes en la decisión, tanto cuanto más en asuntos técnicos especializados cuya complejidad lo impone(9).

Y en relación con los yerros intrascendentes, esto es, aquellos de poca importancia, así como a las contradicciones irrelevantes por ajenas a la controversia o susceptibles de disipación de acuerdo con los elementos del mismo dictamen pericial, entendido como un cuerpo armónico, sistemático y completo, ha expresado:

“Para que la objeción por error grave prospere, el error debe ser trascendente, es decir, de tal magnitud que cambia la decisión de fondo, lo cual no se presenta en el caso de estudio, por cuanto el dictamen pericial, con sus correcciones y complementaciones, se ajusta a los cálculos matemáticos y financieros que conducen a una correcta liquidación de los intereses. De otra parte, la sentencia de la honorable Corte Suprema de Justicia del 18 de octubre de 1971, señala que “ motu proprio , las peritos pueden explicar, ampliar, o aclarar el dictamen”(10).

Por otra parte, las “contradicciones” relevantes que pudieren existir en las diferentes respuestas de un dictamen, al igual que los distintos puntos de vista expresados por peritos diferentes, tampoco ameritan un error grave, son objeto de valoración de la prueba y, en oportunidades, significativas para la adopción de la decisión.

De análoga manera, los aspectos estrictamente jurídicos por mandato legal están sustraídos de la pericia y reservados al juzgador, siendo inocuas e inanes las eventuales opiniones sobre puntos de derecho e inanes las objeciones de “puro derecho” en torno de su alcance o sentido(11). En efecto, el dictamen pericial, con las restantes pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, es instrumento idóneo para el entendimiento de las materias artísticas, técnicas, científicas y especializadas comprendidas en la cuestión controvertida sin constituir decisión jurídica, pues “la misión del perito es la de ayudar al juez sin pretender sustituirlo (G.J. tomo, LXVII, pág. 161)”.

El tribunal considera no probada la objeción por error grave formulada contra el peritazgo de carácter contable y financiero, atendiendo a las siguientes razones:

1. Los cálculos sobre la utilidad esperada: el tribunal no puede admitir como prueba de error del dictamen, una opinión de otro experto elaborada privadamente a petición del objetante y simplemente acompañada por este como prueba al escrito de objeción. Un documento de esta naturaleza no tiene el carácter de prueba pericial en contrario respecto de la practicada dentro del proceso y, a lo sumo solo podría tener el valor señalado en el numeral 7º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998 y el inciso 2º del artículo 18 de la Ley 794 de 2003 que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil(12), concede a las partes en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, la facultad de presentar “experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente”.

En tal caso, las instituciones o profesionales especializados son seleccionados, contratados y pagados por la parte que pretende hacerlos valer como prueba, el cual, indefectiblemente versa sobre hechos que interesan al proceso. Pero, cuando respecto de los mismos se presenta una contradicción, el juez deberá decretar y practicar en proceso el dictamen respectivo, sin perjuicio de la valoración que corresponda respecto del “experticio” acompañado.

Por otra parte, existe una diferencia notable de procedimiento entre los cálculos hechos por la perito y los que realizó a este respecto el experto encargado por el apoderado de la convocada, que consiste, como lo anotó el apoderado de la convocante, en que en el segundo caso se dio por realizada la utilidad en el último año del período considerado, mientras que en el primero se concibió la realización de la misma utilidad año por año, lo cual a juicio del tribunal resulta más acorde con la realidad. Por lo mismo las conclusiones del peritazgo son correctas a este respecto.

2. Lo anterior supone igualmente desestimar la segunda objeción formulada por la parte convocada contra el mismo peritazgo, ya que la misma se refiere al mismo tema de la utilidad esperada ya no en términos globales sino referida a la participación particular de la sociedad convocante como miembro de la unión temporal.

3. El descuento del 1% por “estímulo de la cultura de la no basura y apoyo al reciclaje” y el descuento por incumplimiento de los indicadores de calidad - reparaciones y su incidencia en los cálculos de la utilidad esperada.

En este punto el tribunal debe manifestar que la parte convocada objetante no adujo ninguna prueba positiva de que tales descuentos, contra la afirmación contenida en el peritazgo, no habían sido tenidos en cuenta en el cálculo de la utilidad esperada; por otra parte, las propuestas y concretamente la propuesta formulada por la Unión Temporal CESPI, que contiene los modelos económicos de los cuales debe deducirse esa utilidad, que la convocada conocía, se deben presumir atenidos a los términos del pliego de condiciones y, en este punto, no existió observación alguna por parte de la entidad que presidía la licitación.

El peritaje inicial, por su parte dictaminó que tales descuentos si habían sido tenidos en cuenta, tal como se indica en el documento de respuesta a la solicitud de adiciones y complementaciones que obra a folios 135 y siguientes del cuaderno de pruebas 1.

Finalmente, a petición de la parte convocante se llevó a cabo un dictamen pericial, cuyas conclusiones por lo menos en lo que se refiere al descuento por estímulo de la cultura de la no basura y apoyo al reciclaje, son claras, tal como se lee en la página décima de dicho experticio a folio 250 del cuaderno principal: “Teniendo en cuenta las aclaraciones anteriores, en la utilidad calculada si se tuvo en cuenta como costo o gasto el valor correspondiente al programa de la cultura de la no basura y apoyo al reciclaje...”.

En la labor llevada a cabo por los dos peritos que rindieron dictamen a este respecto, se ha constatado que si bien no existió una alusión específica y literal a los conceptos mencionados, dentro de las previsiones relativas a costos y erogaciones se incluyeron otros que para los expertos no podían tener explicación distinta a su correspondencia con aquellos y, en ese sentido, solo una prueba positivamente contraria podría desvirtuar las conclusiones del experticio inicial.

En esas condiciones, el tribunal no encuentra demostración alguna del supuesto error grave en cuanto a estos aspectos se refiere.

4. Rendimientos financieros del capital que hubiera debido aportar Corpoaseo:

El tribunal a este respecto no acepta el planteamiento del objetante, en el sentido de que la utilidad esperada del contrato debe disminuirse en la medida del rendimiento financiero hipotético del capital a invertir, y que adicionalmente, dicha rentabilidad debe calcularse durante todo el tiempo previsto de duración del contrato y no durante los 17 meses que utilizó el experticio para su cálculo. No solamente por ser ese rendimiento apenas eventual o, como se dijo, hipotético, sino porque es completamente extraño a la operación cuya utilidad esperada era objeto de cálculo; de introducirse elementos de esa naturaleza, cualquier evaluación al respecto se revelaría discutible, en la medida en que también habría que tener en cuenta la rentabilidad financiera de las utilidades que el contratista pudiera liquidar periódicamente o las pérdidas derivadas de riesgos propios del inversionista en otro tipo de actividades. Por lo demás, el peritazgo limitó el cálculo a 17 meses porque ese fue el período previsto de duración del aporte conforme al modelo económico presentado por Corpoaseo que le sirve de base a dicho cálculo.

Debe anotarse también que el dictamen pericial, al calcular la utilidad esperada del proyecto no tuvo en cuenta este factor y solamente fue calculado a petición del objetante sin que se hiciera un reparo concreto al procedimiento original de cálculo. En este sentido queda desvirtuado cualquier reparo formulado al dictamen en este punto y consecuencialmente el que consiste en la cuantía del capital de aporte en razón de los porcentajes de participación previstos, de Corpoaseo en la unión temporal.

5. Evaluación sobre la naturaleza de los gastos realizados por Corpoaseo: el tribunal debe rechazar igualmente la objeción formulada a este respecto, dado que tampoco aparece una prueba positiva que desvirtúe el contenido de la contabilidad de la convocante en este aspecto.

Está demostrado que la parte convocante lleva su contabilidad en debida forma (dictamen pericial, fls. 20 y 21 del cdno. de pbas. 13); conforme a los principios consagrados en los artículos 68 y 70 del Código de Comercio, en este caso, tiene pleno mérito probatorio y solo una plena prueba en contrario sería admisible en contra de lo que aparece en dicha contabilidad.

La parte objetante se ha limitado a poner en duda la razonabilidad, pertinencia y causalidad de los gastos con meras afirmaciones no respaldadas en elementos probatorios específicos, no obstante que conforme al dictamen pericial, los gastos aparecen debidamente contabilizados dentro de un centro de costos denominado “Licitación Bogotá” y, en consecuencia han sido imputados a la elaboración de la propuesta. En tales condiciones la objeción no puede abrirse paso.

6. Resultado de comparar los eventuales puntajes de la UT CESPI con los demás proponentes, incluyendo a los que fueron declarados no elegibles.

En este punto la objeción afirma un supuesto error en la trascripción de los puntajes de dos de las empresas proponentes que fueron descalificadas, pero no se aporta prueba ninguna de que la corrección de dichos errores hubiera conducido a la no adjudicación de ninguna ASE a la UT CESPI. Lo anterior sería por sí solo suficiente para considerar desprovista de todo sustento la objeción en este punto.

No obstante, adicionalmente a lo anterior, el tribunal encuentra que lo afirmado por el objetante en los literales c) y d) del numeral 9.3 de su objeción, así como en los numerales 9.2.2 y 9.3 no es cierto. En efecto: el no tener en cuenta los 50 puntos de ISO 9000 a Silcapital para efectos del cálculo en lo que se refiere a la ASE 5, se atiene a los términos del pliego de condiciones que señala el descuento de puntos cuando cualquiera de las oferentes ha obtenido ya la adjudicación de un ASE y Silcapital ya había obtenido en el ejercicio la adjudicación del ASE 3; por otra parte al ser justa la adjudicación de los ASEs 1 y 5 a la empresa LIME, esta no podría ser adjudicataria del ASE 4 como lo afirma el objetante. En esas condiciones fuera del error que el perito reconoce en la aplicación del descuento de 25 puntos a la empresa Aseo Capital en el ejercicio correspondiente al ASE 3, las demás conclusiones del peritazgo a este respecto no se alteran.

Como consecuencia de las consideraciones anteriores, se declarará no probada en su conjunto la objeción al dictamen pericial.

2. La tacha de sospecha.

La parte convocada formuló tacha de sospecha por sus relaciones laborales o profesionales con Corpoaseo Total Ltda. a los testigos Gabriel Parra Rodríguez, Luís Alfonso Sánchez Parra, Gabriel Eduardo Castañeda Giraldo y Luís Fernando Sánchez López.

De conformidad con el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, son “sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

Tratándose de testigos sospechosos no se prescinde del testimonio e impone al juzgador un cuidado en su valoración para precisar su causa, valor y convicción del testimonio.

En este sentido, la Corte Suprema Justicia en sentencia de febrero 12 de 1980, cuyas consideraciones se comparten, defiere al juzgador la valoración de las causas de las circunstancias correspondientes, apreciando su testimonio “con mayor severidad” respecto de quienes no se encuentran en sus causas, porque “cuando existe un motivo de sospecha respecto del testigo, se pone en duda, que esté diciendo la verdad al declarar; se desconfía de su relato o de que sus respuestas corresponden a la realidad de lo que ocurrió; se supone que en él pesa más su propio interés en determinado sentido que prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los hechos debatidos”, en forma que el “valor probatorio de toda declaración de un testigo sospechoso de antemano se halla contrarrestado por la suposición de que sus afirmaciones sean no verídicas y por consiguiente, por sí solas, jamás pueden producir certeza en el juez”.

Bajo estas premisas, frente a testigos sospechosos, el juzgador debe recibir las declaraciones, considerar las causas en que se funda, determinar el grado de convicción del testimonio y, en general, apreciarlo “de acuerdo con las circunstancias de cada caso” (CPC, art. 218).

No encuentra el tribunal que las relaciones y vinculaciones que existieron entre los declarantes tachados por sospecha, con las partes, de suyo desestimen el valor de sus testimonios, el cual será analizado, valorado y apreciado conforme a las circunstancias concretas con los restantes elementos probatorios decretados y practicados en el proceso, tal como lo ha hecho el tribunal, en este laudo. Por lo tanto, se considera infundada la sospecha.

III. Las pretensiones de la demanda

Las diferencias sometidas al juzgamiento del tribunal conciernen al acuerdo de unión temporal celebrado el 24 de febrero de 2003, respecto del cual en la demanda arbitral la parte convocante, formula las siguientes pretensiones:

“Primera. Declárese absolutamente nula, por violar el orden público y recaer sobre un objeto prohibido por la ley, la cláusula tercera del “acuerdo de unión temporal” de fecha 24 de febrero de 2003, suscrito entre AMA SpA, Corpoaseo Total S.A. ESP, Velzea Ltda., Hera Segasa SL y Tecnoventas S.A., mediante el cual se constituyó la Unión Temporal CESPI, específica y concretamente del primer párrafo de la misma, en virtud del cual se exoneró totalmente a los miembros de la unión temporal de responsabilidad por el rechazo de la propuesta presentada en la licitación pública internacional 1 de 2002.

Pretensión subsidiaria de la anterior: declárese jurídicamente ineficaz la cláusula tercera del “acuerdo de unión temporal” de fecha 24 de febrero de 2003, suscrito entre AMA SpA, Corpoaseo Total S.A. ESP, Velzea Ltda. Hera Segasa SL y Tecnoventas S.A. mediante el cual se constituyó la Unión Temporal CESPI, específica y concretamente del primer párrafo de la misma, en virtud del cual se exoneró totalmente a los miembros de la unión temporal de responsabilidad por el rechazo de la propuesta presentada en la licitación pública internacional 1 de 2002.

Segunda. Como consecuencia de lo anterior, declárese que AMA SpA asumió una conducta gravemente culposa al suministrar información inexacta para la elaboración y presentación de la oferta por parte de la Unión Temporal CESPI en la licitación pública internacional 1 de 2002, con lo cual incumplió el “acuerdo de unión temporal” de fecha 24 de febrero de 2003, en virtud del cual los integrantes de la misma se comprometieron a presentar la oferta “...bajo los términos y condiciones que se exponen en los pliegos de condiciones de la licitación”.

Tercera. Como consecuencia de lo anterior, declárese que AMA SpA es civil y contractualmente responsable de los perjuicios patrimoniales, tanto en su modalidad de daño emergente como de lucro cesante, sufridos por Corpoaseo Total S.A. ESP por la descalificación y rechazo por parte del comité evaluador de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP, de la propuesta presentada por la Unión Temporal CESPI en la licitación pública internacional 1 de 2002.

Cuarta. Condénese a AMA SpA a pagar a favor de Corpoaseo Total S.A. ESP las siguientes cantidades:

a) Por concepto de daño emergente la suma de cuatrocientos sesenta y un millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos ($ 461.448.000), o la mayor que resulte demostrada en el curso del proceso, correspondiente a los dineros que AMA SpA está obligada a asumir, de acuerdo a su porcentaje de participación en la Unión Temporal CESPI, por la preparación y presentación de la propuesta en la en la licitación pública internacional 1 de 2002;

b) Por concepto de lucro cesante, la suma de ocho mil setecientos once millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatro pesos ($ 8.711.340.084.00),(sic) o la mayor que resulte demostrada en el curso del proceso, representada en las ganancias o beneficios económicos que de conformidad con los pliegos de condiciones, con la propuesta económica presentada por la Unión Temporal CESPI y con el acuerdo interno de fecha 24 de febrero de 2003, debía percibir Corpoaseo Total S.A. ESP en caso de haber obtenido la adjudicación de los contratos objeto de la licitación pública internacional 1 de 2002.

Quinta. Las anteriores sumas de dinero, o cualquiera otra que sea reconocida a la demandante, deben ser indexadas o puestas en valor presente, tomando para ello la variación del índice de precios al consumidor.

Sexta. La indemnización de los perjuicios deberá realizarse atendiendo la equidad y los criterios técnicos actuariales a fin de que la reparación sea integral, según lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Séptima. Condénese en costas a la parte demandada”.

La lectura de las pretensiones de la demanda, permite concluir que la controversia planteada atañe a una hipótesis de responsabilidad patrimonial de naturaleza contractual, por cuanto, previa declaración de nulidad absoluta o, en su defecto, de ineficacia de la exoneración de responsabilidad por el rechazo de la propuesta contenida en la cláusula tercera del acuerdo de unión temporal celebrado el 24 de febrero de 2003, se pretende su incumplimiento por la convocada al asumir una conducta gravemente culposa con el suministro de información inexacta para la elaboración y presentación de la oferta en la licitación pública internacional 1 de 2002 y, en su virtud, la de responsabilidad contractual por los daños patrimoniales con su condena consiguiente.

El tribunal, analizará la naturaleza y régimen jurídico contractual de las partes, la clase, tipo o especie de contrato celebrado, su regulación normativa, la disciplina de su nulidad e ineficacia y, en particular, la de las cláusulas exonerativas de responsabilidad, las prestaciones y el alcance de la responsabilidad, para decidir la situación fáctica controvertida de conformidad con el ordenamiento jurídico, los argumentos de las partes, los elementos probatorios y determinar si se dan los supuestos legales de las pretensiones o, en su caso, los de las excepciones perentorias incoadas.

1. Naturaleza y régimen jurídico contractual de las partes.

Corpoaseo Total S.A. ESP, es persona jurídica organizada como una sociedad comercial anónima, cuyo régimen jurídico contractual es de derecho privado.

AMA SpA, (Azienda Municipale Ambiente Societa per Azioni), es una sociedad extranjera(13)

constituida de acuerdo con las leyes de la República de Italia, cuyo patrimonio público pertenece en su totalidad al municipio de Roma(14), sujeta en lo que respecta al contrato de unión temporal a las normas internas y, por tanto, también al derecho privado.

2. La clase o tipo de contrato celebrado y su disciplina normativa.

El 24 de febrero de 2003, AMA SpA, Corpoaseo Total ESP, Velzea Ltda., Hera Segasa SL y Tecnoventas S.A., suscriben:

(1) Un “ Acuerdo de unión temporal(15), para “presentar conjuntamente oferta” en la licitación pública 001 de 2002 ante la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP , tendiente a la celebración de un contrato de “concesión para la recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte de césped y transporte de los residuos al sitio de disposición final en el Distrito Capital de Bogotá”, bajo los términos y condiciones que se exponen en los pliegos de condiciones de la licitación”, comprometiéndose “tanto a presentar oferta conjunta, a constituir la sociedad prometida de conformidad con la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, como a celebrar y ejecutar en caso de selección, el o los contratos que se lleguen a suscribir” (mayúsculas y negrillas del texto, cláusula primera).

En su contenido se pacta la conformación de la Unión Temporal “CESPI” por todas las partes, sus participaciones y estructura básica con un comité directivo y un representante (cláusulas 2ª, 3ª, 6ª, 7ª y 8ª), su vigencia, lugar de notificaciones, cláusula compromisoria, reglas singulares para la cesión, publicidad, celebración de contratos, desarrollo de actividades, confidencialidad (cláusulas 9ª, 10ª, 11ª y 12ª), la “responsabilidad de las firmas” en la preparación de los documentos de propuesta, cuyos contenidos, “incluyendo el plan de negocios, deberán ser determinados conjunta y unánimemente acordados por las partes” antes de su “entrega”, así como sus cambios anteriores “a la firma del contrato”, facultándose al representante de la unión temporal “en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la propuesta, para la modificación o corrección de la propuesta” (cláusulas 3ª, 6ª y 8ª) y, acordándose, en particular, la exoneración de responsabilidad de sus miembros por la descalificación de la propuesta y por cualquiera de las causales de rechazo previstas en el numeral 16 del pliego (cláusula 3ª).

(2) Un contrato de promesa de constitución de una empresa de servicios públicos, sujeto a la condición de la adjudicación a la unión temporal de cualquiera de los contratos de concesión derivados del proceso licitatorio 001 de 1992(16).

(3) Un “acuerdo interno” que “complementa los documentos de unión temporal y de promesa de sociedad que se presentan dentro de la propuesta y en caso de discrepancia lo estipulado en este documento tiene prelación”(17).

El análisis sistemático e integral del “acuerdo de unión temporal”, su contenido y la simple enunciación de su objeto, lo sitúa en la categoría de los contratos “atípicos”, sustentados en la autonomía privada(18)

, la libertad contractual o de contratación(19), originados en el tráfico jurídico, en los usos o prácticas sociales y susceptibles de reconocimiento normativo por su función e interés relevante.

A este propósito, la Ley 80 de 1993 en su artículo 7º, al consagrar la “propuesta conjunta” como instrumento idóneo para la formación, celebración y ejecución de los contratos estatales, enuncia los consorcios y uniones temporales, sin disciplinar la naturaleza, la clase, especie ni el tipo de contrato del cual dimana, ni sus elementos, ni su régimen normativo(20) , y los diferencia únicamente por el alcance de las sanciones del “incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato”, impuestas en las últimas, “de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros”, y, en aquellos, “afectarán a todos”(21).

Debe advertirse, empero, que estas figuras no están limitadas al ámbito del estatuto de contratación estatal (L. 80/93, arts. 6º, 7º, 22.3, 24, num. 5º, lit. a, 32, par. 2º; D. 679/94, art. 3º), son propias del tráfico jurídico y de la cooperación empresarial, donde es frecuente la gestación de modalidades contractuales de colaboración caracterizadas por el aprovechamiento recíproco de patrimonios, experiencias, infraestructuras, eficiencias, proyectos, servicios, gestión y redimensionamiento de riesgos, cuyas variadas alternativas, en veces, desarrollo de tipos legales, admiten modalidades combinatorias o específicas, pero con identidad, autonomía y caracteres propios, excluyentes de su exacta ubicación en los moldes contractuales preordenados por el legislador. Bajo estas premisas, algunas legislaciones contienen previsiones normativas específicas en el campo de la cooperación empresarial(22), en la contratación estatal(23), distinguiendo sus diversas expresiones y disciplinando sus caracteres relevantes(24).

En lo concerniente, a sus características significativas, se destacan las siguientes:

(a) Su fuente generatriz es un contrato celebrado por dos o más sujetos, sean personas naturales, sean personas jurídicas, públicas, estatales o privadas, nacionales o extranjeras, comunes o corrientes, comerciantes individuales o colectivos o empresarios.

(b) El contrato “consorcial” o de “unión temporal”, es bilateral en su formación, de prestaciones para todas las partes, con eficacia respecto de estas y con alcances frente a terceros, específicamente, respecto de la entidad estatal(25).

En el acuerdo constitutivo del consorcio o de la unión temporal, se “señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante”, designará “la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad” (L. 80/93, art. 7º, par. 1º), esto es, se disciplina la relación interna de cada uno de sus miembros, sus derechos, obligaciones, participaciones, prestaciones asumidas, la responsabilidad recíproca de cada integrante respecto del otro y los demás aspectos relevantes.

(c) Ostentan caracteres de los negocios de “colaboración”, “cooperación”, “unión”, “integración”, “coordinación” o “agrupación empresarial” 26).

(d) Comportan una comunidad, coligación o concentración de intereses e identidad de propósitos proyectada en su finalidad común, convergente u homogénea consistente en el aprovechamiento recíproco del conocimiento, experiencia e infraestructura administrativa, financiera, técnica y operativa de sus miembros, para la elaboración y presentación de una propuesta conjunta, unitaria o única en procura de su selección o escogencia, la adjudicación del contrato ulterior, su celebración, desarrollo o ejecución (27) y, en este caso, naturalmente, la realización de su función práctica o económica social.

(e) El consorcio y la unión temporal previstos en la Ley 80 de 1993, cumplen una función, orientada, en una primera etapa a la elaboración y presentación de una propuesta y, en otra ulterior, a la celebración y ejecución del contrato.

Por consiguiente, su función y duración, están circunscritas a la formación del negocio jurídico, al proceso selectivo contractual y, en caso de adjudicación, a su celebración, ejecución, terminación y liquidación.

De esta manera, elaborada y presentada la propuesta, en la hipótesis de no aceptarse y adjudicarse el contrato, concluye o termina(28) y, en caso contrario, precisa su celebración y se extiende hasta su liquidación definitiva.

En su primera fase, los miembros del consorcio o de la unión temporal, dirigen su actividad a la elaboración y presentación de la propuesta y, por tanto, exige el conocimiento, análisis, estudio, depuración y entendimiento de los términos de referencia o pliegos de licitación, la verificación de las condiciones exigibles para tal efecto y, para la celebración y ejecución del contrato.

Durante esta etapa, proyectada a la formación de un negocio jurídico, cada uno de los integrantes de la unión temporal, tiene un deber de cooperación o colaboración debiendo observar las cargas de la autonomía privada y actuar de buena fe, con probidad, honestidad o corrección(29), según “determinado standard de usos sociales y buenas costumbres”, excluyendo “la ignorancia o la inexperiencia (…) obras fraudulentas, de engaño, de reserva mental, astucia o viveza, en fin (…) una conducta lesiva de la buena costumbre que impera en la colectividad(30). La carga de corrección en este período se acentúa en consideración a las finalidades propuestas, implica adelantar los actos necesarios a su plenitud, a informar, enterar, comunicar e instruir(31), todas las circunstancias relevantes con claridad, precisión, sin reticencia alguna(32) y su omisión compromete a quien incurre en esta(33). En este sentido es conveniente dejar sentada con absoluta claridad la naturaleza contractual de la responsabilidad de los miembros de la unión temporal en cuanto se origina y surge del contrato celebrado, generatriz, en su primera fase de la prestación de hacer consistente en la elaboración y presentación de una propuesta ajustada a los términos de referencia o pliegos de licitación. En efecto, la elaboración y presentación de una propuesta constituye la obligación esencial de los integrantes de la unión temporal, dimana del contrato constitutivo, hace parte de su ejecución y su inobservancia entraña el incumplimiento del contrato y compromete la responsabilidad contractual de quien incurre en este. No se trata de una responsabilidad in contrahendo ”, esto es, inherente a la frustración de un contrato por celebrar sustentada en tratos previos, conversaciones o negociaciones preliminares, ni en una propuesta, sino en un contrato formado y celebrado de unión temporal. Se trata, en consecuencia de dos aspectos distintos, el primero, relativo a la responsabilidad recíproca de las partes del contrato de unión temporal y, el segundo, concerniente a la responsabilidad de la propuesta conjunta respecto de la entidad estatal. En la primera hipótesis, sin duda existe un contrato y, en la segunda, una propuesta, rectius , un proyecto acabado de negocio jurídico (C. de Co., art. 845) cuya finalidad es la celebración de un contrato, es decir, una es la responsabilidad interna de los contratantes de la unión temporal y otra es su responsabilidad externa por la propuesta presentada y, en caso de adjudicación, por la celebración del contrato adjudicado.

(f) El consorcio y la unión temporal carecen de personería jurídica o personificación normativa(34) e incluso de “capacidad para contratar”(35), las cuales se predican de sus miembros. Por lo mismo, el consorcio y la unión temporal constituyen un esquema específico y singular, no son personas jurídicas, ni se sitúan en los moldes societarios tradicionales, ni en la sociedad propiamente dicha, ni en la sociedad de hecho ni en el contrato de cuentas en participación(36).

No obstante, la jurisprudencia ha postulado anfibológicamente, la posibilidad de asumir una de las formas societarias u organizarse como una sociedad de hecho(37), a cuyo respecto, debe precisarse que el consorcio y la unión temporal pueden estar constituidos por una o varias personas jurídicas societarias, pero no encuentran su naturaleza y función en el régimen de estas figuras(38).

Por esta inteligencia, así se conformen “sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal”, en todo caso, “la responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en esta ley para los consorcios” (L. 80/93, art. 7º, par. 3º).

La personalidad jurídica, sus atributos y derechos, se predican de sus miembros, quienes conservan su individuación jurídica y, por tanto, la “capacidad legal”, titularidad de derechos, obligaciones, legitimación y el poder dispositivo, conforme al ordenamiento jurídico y al acuerdo constitutivo.

Análogamente, por la ausencia de personificación normativa del consorcio y de la unión temporal, la jurisprudencia contenciosa postula su carencia de “capacidad procesal”, la existencia de un litisconsorcio necesario(39) y la comparecencia a proceso de todos sus integrantes “como demandante o demandado”(40), salvo para el ejercicio de la acción de nulidad del acto de adjudicación(41), y, sin perjuicio, de la representación judicial(42) cuando se ha conferido la facultad expresa para tal efecto(43).

Oportuno poner de presente que la unión temporal no estructura una hipótesis de solidaridad activa. La solidaridad dimana ex lege o ex contractu, y no se establece de suyo por la pluralidad de acreedores o de deudores o de ambos.

La solidaridad activa, predicada de los acreedores, se establece por el ordenamiento en forma expresa y excepcional(44), a contrariedad de la pasiva o referida a los deudores, frecuente en el tráfico jurídico y de enunciación normativa(45).

Tratándose de la unión temporal, se disciplina expresamente la solidaridad pasiva de sus miembros y nada se dice respecto de la activa y, por ello, no se deduce.

En efecto, en sus relaciones con la entidad estatal, asumen responsabilidad solidaria por la seriedad de la propuesta y el cumplimiento del negocio jurídico(46), pero a diferencia del consorcio donde “las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman”, en la unión temporal, “las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal”, esto es, recaen en quien incurre en estos e imponen de acuerdo con su participación(47).

(g) La naturaleza, clase o especie del contrato consorcial o de unión temporal, es la de un negocio jurídico atípico con estructura y función propia e independiente, careciendo de disciplina normativa singular(48).

Sobre este tópico, el ordenamiento jurídico en consideración a determinada función, instituye categorías o tipos de contratos dentro de un esquema fáctico concreto definitorio de su naturaleza, clase o especie(49). En efecto, el tipo contractual es la “síntesis de sus elementos esenciales”(50), es decir, su esentialia negotia , siendo “de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente” (C.C., art. 1501), o sin las cuales no existe (C. de Co., art. 891), y, acorde con las que se precisa con independencia del nombre, rótulo o título dado por las partes(51). De acuerdo con una postura aceptable, algunos tipos contractuales, son regulados expresamente por el legislador; otros por la sociedad, surgiendo incluso de los usos y prácticas sociales y, los más, se crean en el tráfico jurídico(52), diferenciándose así los contratos típicos y nominados de los atípicos y los innominados(53). Contrato típico(54), es negocio con estructura dispuesta en la ley o en las prácticas sociales(55), esto es, con tipicidad legal o social y regulados por el ordenamiento(56); atípico, a contrario sensu , es el contrato, cuyo molde no está consagrado ni regulado en la ley, usos o prácticas sociales, por referir a su creación ex novo , a la mezcla de elementos de contratos típicos o a su combinación con elementos originarios(57) y regidos por las normas generales, análogas o próximas(58) .

Frente a la proximidad teórica y práctica de estas figuras, una primera interrogación de los contratos atípicos, concierne a su creación, unánimemente reconocida en ejercicio de la libertad contractual, libertad de contratación y autonomía privada dispositiva en cuanto procuren intereses susceptibles de reconocimiento y tutela normativa(59).

Otro aspecto atañe a la delimitación conceptual de la existencia, presupuestos de validez y normatividad reguladora de los contratos “atípicos”.

En cuanto lo primero, el contrato atípico surge por combinación o mezcla de diversas categorías típicas cuyos elementos esenciales se unen para formar un contrato diverso o por la unión de elementos esenciales de algunos contratos típicos con otros originarios o simplemente por la creación de elementos nuevos, esto es, puede resultar de la conjunción de elementos o prestaciones de una o varias categorías típicas constituyendo un tipo único y unitario (contrato mixto), sea con una contraprestación unitaria a cambio de obligaciones distintas correspondientes a diferentes tipos contractuales (contratos “gemelos”), ora de dos tipos donde las prestaciones de una de las partes corresponden a uno de estos y las de la otra a otro distinto (contratos de “doble tipo”) y, también, presentarse por la unión de diversos tipos contractuales, en cuyo caso se estructuran varios contratos unidos, cada uno con su singularidad y especificidad.

Respecto de lo segundo, el contrato atípico carece de regulación normativa concreta o específica, surgiendo el interrogante de la precisión de las normas jurídicas aplicables.

Prima facie, la disciplina general del contrato relativa a los presupuestos de validez de todo negocio jurídico (capacidad de parte, legitimación para actuar e idoneidad del objeto o, en la actual nomenclatura, capacidad, licitud de objeto y causa y ausencia de vicios de la voluntad) resulta aplicable a todo contrato y, dentro de este, al atípico; ya, en particular, esto es, en lo referente a la especie de contrato, al carecer de regulación legal concreta, se plantea la aplicación de las normas reguladoras de los tipos contractuales prevalentes o determinantes (absorción), próximos o análogos (analogía legis ), de los tipos combinados en lo compatible con la función (combinación), ora la resultante de la analogía iuris , de todas, de los usos y prácticas del tráfico jurídico o bien la propia de la singularización, autonomía e independencia del acto(60).

Cuando el contrato contiene elementos esenciales de diversos tipos contractuales, el ordenamiento puede disciplinar la aplicación de las normas del tipo contentivo de las prestaciones principales respecto de las subsidiarias o accesorias sin perjuicio de estas (v.gr., C.C., arts. 1850, 2053 y C. de Co., art. 905)(61). Por fuera de estos casos, la tesis de la absorción, según la jurisprudencia civil, aplicará tratándose de las normas relativas a un aspecto total o común al contrato y no a un sector o función concreta de uno de los contratos; respecto de los denominados contratos “gemelos”, cada prestación principal en lo relativo a cada una se regirá por las disposiciones de cada uno de los tipos, salvo cuando la regulación normativa propia de las prestaciones combinadas afectan la contraprestación, en cuyo caso, solo se aplicará simétricamente al valor de las prestaciones principales; en punto de los contratos mixtos, aplican las normas específicas del contrato tipo y en lo que esté conforme con su naturaleza en cuanto a los elementos de otro tipo las de este y, a propósito de los contratos de “doble tipo”, postula la aplicación de las normas reguladoras de todos los contratos, analizando y superando las eventuales contradicciones entre estas(62).

Desde esta perspectiva, el contrato de unión temporal tiene estructura propia, autónoma e independiente, carece de regulación normativa específica y ostenta el carácter de un negocio jurídico atípico.

Tratándose de la contratación estatal, combina elementos de diferentes categorías típicas, como por ejemplo, la obligatoriedad de la propuesta en cuanto a celebración del contrato en caso de selección y adjudicación, la representación o mandato representativo de sus distintos miembros, en su caso, la promesa de sociedad y, naturalmente, le son aplicables las previsiones consagradas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 rigiéndose preferentemente por las estipulaciones negociales concretas en todo cuanto se ajusten al ordenamiento y, en lo no previsto, por la disciplina general y la de los contratos próximos y análogos(63).

3. Las cláusulas de exoneración de responsabilidad y el régimen de la ineficacia y nulidad absoluta del contrato.

En presencia de un contrato, debe analizarse su eficacia e ineficacia, por cuanto sus efectos finales o definitivos penden de su ajuste o contrariedad con la ley, de su validez o invalidez.

Eficaz es el contrato, que siendo relevante, existe, se ajusta al orden normativo y a las directrices específicas señaladas por el ordenamiento para el acto dispositivo. Ineficacia, en sentido amplio, es la ausencia de efectos, la ineptitud para su producción o la afectación de estos, comprendiendo la inexistencia(64), categoría iuris , prejurídica, autónoma y lógica generada por la ausencia de uno, todos o algunos de los elementos esenciales (esentialia negotia) o la forma solemne(65), a contrariedad de la invalidez, que presupone la existencia del negocio.

En sentido estricto, la ineficacia consiste en la alteración de los efectos normales de un negocio jurídico por disposición particular (término, condición y modo) y, a estas nociones se agrega la llamada “ineficacia de pleno derecho”, que no corresponde a una categoría definida al denotar diversas situaciones fácticas de inexistencia, nulidad, anulabilidad, e inoponibilidad del negocio jurídico, principalmente, de inexistencia e invalidez, aún cuando, en sus resultados prácticos, se asimila a los de la inexistencia sin confundirse con esta(66), por cuanto, en los términos legales, el “acto no produce efectos”, es “ineficaz”, “nulo de pleno derecho” “se entiende por no escrito”, “sin necesidad de declaración judicial”.

Las distintas previsiones legales de esta “ineficacia” envuelven una reacción severa a conductas lesivas del ius cogens, directrices imperativas tutelares de grupos, sectores o intereses sociales importantes, paridad, simetría o regularidad de las relaciones jurídicas y una sanción” inmediata”, de conductas grotescas propias del ejercicio abusivo de poder y posición dominante, dentro de un catálogo, creciente, ambivalente y confuso.

Prima facie , se puntualiza, el carácter restrictivo, restringido y excepcional de las causas de “ineficacia”, su tipicidad legal rígida, la exclusión de la analogía legis o iuris y su limitación a las hipótesis preordenadas(67), esto es, la ineficacia del negocio jurídico con los alcances expresados en el artículo 897 del Código de Comercio, exige norma o texto legal expreso, solo es aplicable a las hipótesis expresamente establecidas por el legislador(68), sin admitirse su actuación general e “implícita” ni la posibilidad de su extensión a casos distintos.

La nulidad de un contrato, es parte de la noción más amplia de invalidez(69), se predica de los negocios jurídicos existentes, a punto que solo los contratos existentes son inválidos o nulos y, consiste en la reacción negativa del ordenamiento a su contrariedad o deficiencia, especialmente por defectos congénitos o sobrevenidos de sus presupuestos de validez(70).

En el derecho privado, las causas de nulidad del contrato son absolutas o relativas(71).

En el Código Civil, “es nulo el acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato” (C.C., art. 1740) y, son causas de nulidad absoluta la incapacidad absoluta de las partes (C.C., art. 1742), la ilicitud de la causa u objeto y la “omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos” (C.C., art. 1740); en el Código de Comercio, las causas de nulidad absoluta son la contrariedad de una “norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”; la incapacidad absoluta de las partes y, la “causa u objetos ilícitos” (C. de Co., art. 899)(72) y, en ambos ordenamientos, la incapacidad relativa de las partes, el error, fuerza y dolo y las deficiencias de la formalidades habilitantes o tutelares generan nulidad relativa (C.C., art. 1741 [2] y C. de Co., art. 900).

Desde el punto de vista del derecho común:

• Para “que una persona se obligue a otro por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1. Que sea legalmente capaz; 2. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 4. Que tenga una causa lícita...” (C.C., art. 1502).

• Hay “objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la Nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto” (C.C., art. 1519).

• No puede ser objeto de una “declaración de voluntad “un hecho moralmente imposible, entendiendo por tal el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público (C.C., art. 1518).

• “Hay objeto ilícito en la enajenación: 1. De las cosas que no están en el comercio, 2. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, 3. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello” (C.C., art. 1521).

• Hay “objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes” (C.C., art. 1523).

• “En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas aparte de las que se estipulan en los contratos” (C.C., art. 6º, inc. 2º).

• No “podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres”.

El orden público ( ius cogens ) en su sentido clásico, político, social o económico, concierne a materias no susceptibles de disposición por los particulares, dispuestas de manera imperativa para la preservación del Estado, de la sociedad, de intereses económicos o sociales determinados, en veces con orientación o dirección positiva de ordenación, protectora o encauzadora, ora con carácter negativo o de prohibición y, por esta inteligencia, no admiten posibilidad de discusión, exclusión ni modificación(73).

Las buenas costumbres ( boni more ), sin duda, atañen a la moral o ética media de la sociedad o colectividad y “constituyen un cuerpo de reglas deontológicas no formalizadas”, prejurídicas e impuestas en forma heterónoma al coincidir con parámetros abstractos objetivos de imprescindible observancia y sujeción(74).

La nulidad absoluta o relativa, puede ser total o parcial, esto es, recaer sobre todo o un segmento del contrato (C. de Co., arts. 902, 903 y 904, y L. 80/93, art. 47) y, siendo parcial, por principio solo afecta la parte y no la integridad del contrato salvo que concierna a un elemento existencial o a la forma constitutiva.

El ordenamiento mercantil, reguló la nulidad parcial (C. de Co., art. 902; C.C., art. 1419 it.), la nulidad en los negocios plurilaterales (C. de Co., art. 903; C.C., art. 1420 it.) y la conversión del negocio jurídico (C. de Co., art. 904; C.C., art. 1424 it.) en desarrollo del favor negotii, la salvación o conservación del negocio jurídico, para denotar, la ineficacia parcial del negocio en cuanto a las partes o a su contenido y, la eficacia de un negocio distinto de la cual reúna sus exigencias típicas.

En cualquier caso, la invalidez del contrato en nuestra legislación se proyecta en las nulidades absoluta y relativa (anulabilidad), cuyas características comunes son su tipicidad legal previa(75) (pas de nullité sans texte, pas de nullité sans arret), la necesidad de su declaración jurisdiccional (pas de nullité sans arret, nulla poena sine iudicio), la retrotracción al statu quo anti cuando es total o de la parte afectada no esencial cuando es parcial, como si el negocio jurídico no se hubiere celebrado —excepto, tratándose de efectos no susceptibles de deshacerse por su naturaleza, lógica o consumición—, la posibilidad de saneamiento, ratificación o convalidación(76) y de oponerse como excepción o ejercerse por acción, reservándose la legitimación en causa, interés o aptitud específica sustancial para el ejercicio de la acción a la parte o sujeto contractual.

No obstante, la nulidad absoluta es susceptible de declaración ex officio “cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato”, de invocación “por todo el que tenga interés en ello” o por el Ministerio Público o por quien “acredite un interés directo para pedir que se declare la nulidad absoluta”(77).

Puestas de presente las diferencias entre ineficacia e invalidez, sus causas y efectos, resulta imperioso precisar el alcance de las cláusulas de exoneración de responsabilidad.

Al respecto, el artículo 1604 del Código Civil consagra las pautas genéricas y comunes de la responsabilidad contractual, sin perjuicio de las disposiciones específicas de la ley o de las partes, quienes, con sujeción al ius cogens, las buenas costumbres, naturaleza del tipo negocial y a su función práctica o económica social, podrán modificarlas en determinados casos.

En efecto, el régimen ordinario de la responsabilidad contractual es susceptible de modificación por disposición legal o negocial. Concretos tipos negociales implican la asunción de ciertos riesgos y extienden la responsabilidad de las partes hasta por caso fortuito o fuerza mayor, especialmente, tratándose de prestaciones de resultado calificado, rectius, garantía y seguridad. Por fuera de estas hipótesis, las partes en ejercicio de la autonomía privada podrán modificar la responsabilidad ordinaria por inserción de las denominadas cláusulas de extensión, atenuación y exoneración (C.C., arts. 1604/4 y 1732), cuya eficacia ha sido censurada por la doctrina y la jurisprudencia con base en criterios disímiles, sustentados en la buena fe, el orden público, las buenas costumbres, en su incompatibilidad con la noción de la obligación, en la ilicitud de la causa o del objeto, igualdad de las partes, equivalencia, simetría y equilibrio prestacional.

Estos aspectos plantean la determinación de la eficacia de las cláusulas por cuya inteligencia, se exonera o excluye en forma anticipada la responsabilidad antes de su surgimiento, es decir, en hipótesis anteriores al incumplimiento y el de las estipulaciones por las cuales se excluyen concretas responsabilidades al margen del incumplimiento, v.gr. la debida diligencia y cuidado. En sentido análogo, la interrogación se extiende a la precisión de si estas cláusulas comportan renuncia anticipada de los derechos, pretensiones y acciones, a la diferenciación de las inherentes a elementos esenciales y naturales del contrato del cual dimana la obligación y la responsabilidad consecuente, o las pertinentes a las obligaciones “imperativas” y las atañederas, strictu sensu, a la exclusión o limitación de la obligación, ya porque así se estipula, ora porque la otra parte asume determinados riesgos.

La corriente más estricta, descarta estas cláusulas al constituir fuente de “impunidad”, propiciar el incumplimiento, comportamientos carentes de interés y diligencia, privar a la obligación de su carácter coactivo y convertirla en un “deber moral”,“contrariar las buenas costumbres o el orden público, dejar a la decisión potestativa del deudor el cumplimiento de la prestación, atentar contra las obligaciones imperativas o derivadas de los elementos esenciales, desnaturalizar y alterar los principios ontológicos de la responsabilidad en general. Otra doctrina, exige una expresa autorización normativa, pacto expreso de las partes y limitación a los aspectos respecto de los cuales se ha convenido, siempre que el ordenamiento no las prohíba específicamente y no impliquen contrariedad explícita o implícita de sus mandatos, v.gr. condonación de dolo futuro o culpa extrema. También se sujeta la eficacia de estas estipulaciones a la existencia de cláusulas de contraprestación o equilibrio, tales como un beneficio, lucro o provecho o realización de una actividad que por su naturaleza es potencialmente generatriz de daños o de riesgos(78).

En punto de las cláusulas de atenuación de responsabilidad, nada obsta, la modificación negocial del régimen normativo, mientras no exista un texto prohibitivo expreso de la ley en contrario, ni vulnere normas imperativas, el ius cogens, las buenas costumbres o preceptos inspirados en la dirección, orientación e intervención del Estado en consideración a determinados intereses fundamentales para la regularidad de las relaciones y del tráfico. Así, la aceptación de la herencia cuando nada se indica se entiende pura y simple, pero podrá ser con beneficio de inventario, el vendedor es responsable naturalia negotia por los vicios ocultos pero podrá atenuarse su deber (C.C., art. 1916). No obstante, la atenuación de la responsabilidad no podrá referir a materias expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico, v. gr., la condonación del dolo futuro o de la culpa grave (C.C., art. 1522), vicios ocultos conocidos y callados por el vendedor al comprador (C.C., art. 1916 y C. de Co., art. 936), daños causados por el vendedor (C.C., art. 1898), exoneración parcial de las obligaciones derivadas del transporte (C. de Co., art. 992).

Con relación a las cláusulas de exoneración de responsabilidad, se impone el análisis de la situación fáctica específica, su regulación normativa y la ausencia de prohibición expresa, sin admitirse estipulaciones de irresponsabilidad absoluta y total(79)o contrarias a las prestaciones esenciales por ser incompatible con la obligación cuya definición, estructura y contenido implica el deber debitorio y la posibilidad de su ejecución coactiva o forzada por la prestación in natura o del subrogado pecuniario y por la reparación de los daños causados en virtud de su sustracción injustificada, pretensión autónoma aunque consecuente y refleja, cuya procedencia en ningún caso puede depender del autor(80).

La jurisprudencia, ab initio , las rechazó por contradecir la noción de obligación que no puede depender del deudor(81). Después, las consideró ilícitas(82), otorgándoles el efecto de invertir la carga probatoria(83) y ulteriormente, las admitió reconociendo su eficacia cuando atañen a culpa leve o levísima(84), postulando la nulidad absoluta de las que comporten exoneración de dolo o culpa grave.

En el estado actual, la jurisprudencia precisa que dichas cláusulas de suyo y ante sí, no son ineficaces ni inválidas(85), salvo cuando estén prohibidas por el ordenamiento jurídico, se trate de dolo o culpa grave(86) , de conductas abusivas o comporten una exoneración total o absoluta.

Como se advierte, la orientación doctrinaria y jurisprudencial prevaleciente, considera ilícitas por contrariar el orden público, las cláusulas de exoneración total de responsabilidad y, también, las de exoneración parcial relativas a materias prohibidas por el legislador, a la condonación del dolo o culpa grave o cuando se trata de cláusulas abusivas(87). De igual manera, se ha expresado que estas estipulaciones desnaturalizan la noción de la obligación e implican una alteración sensible de la equivalencia, reciprocidad y simetría prestacional de las partes.

En cuanto a la reacción del ordenamiento frente a las cláusulas de exoneración, la sanción de “ineficacia” en el sentido del artículo 897 del Código de Comercio, precisa una norma concreta y, en consecuencia, se predica de los casos expresa y taxativamente preordenados por el legislador, por fuera de los cuales, se impone la nulidad. De esta manera, es nula la exoneración anticipada por dolo o culpa grave (C.C., art. 1522) o de daños causados por engaño del deudor (C.C., arts. 1898, 1916 y C. de Co., art. 936) y son ineficaces las cláusulas exoneratorias de responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores sociales por los daños causados por dolo o culpa, a la sociedad, a los socios o a terceros (C. de Co., art. 200; L. 222/95, arts. 24 y ss.) y las “que impliquen exoneración total o parcial por parte del transportador de sus obligaciones o responsabilidades”, las cuales “no producirán efectos” (C. de Co., arts. 992, 1003, 1010,1030, 1877, 1886 y ss.)(88) y, aún en determinadas hipótesis en las cuales la ley permite exoneración parcial, no obstante subsiste respecto de algunos aspectos(89).

4. El análisis de las pretensiones incoadas.

4.1. La pretensión de nulidad absoluta o en su defecto de ineficacia.

En la primera de las pretensiones de la demanda se solicita declarar la nulidad absoluta por violar el orden público y recaer sobre un objeto prohibido por la ley, o en su defecto, la ineficacia, del primer párrafo de la cláusula tercera del acuerdo de unión temporal, “en virtud del cual se exoneró totalmente a los miembros de la unión temporal de responsabilidad por el rechazo de la propuesta presentada en la licitación pública internacional 1 de 2002”.

Para la parte convocante, la exoneración de responsabilidad mencionada es nula o, cuando menos ineficaz, porque exonera del incumplimiento, de futuras conductas constitutivas de dolo o culpa grave y sus consecuencias económicas, dejando a la simple potestad de los contratantes el cumplimiento, lo que a su juicio está expresamente prohibido en los artículos 1522 y 1535 del Código Civil y es violatorio del orden público.

Agrega que con anterioridad a la celebración del acuerdo de unión temporal, AMA SpA conoció el pliego de condiciones, los requisitos financieros, la capacidad patrimonial exigida a los proponentes y la manera como debía presentarse la información; que, asimismo, previamente, solicitó y obtuvo aclaraciones de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos al respecto, diligenció y llenó el formato 2, según se desprende de la apostilla fechada a 14 de febrero de 2003 y de la comunicación anexa (fls. 249 y 250 de la propuesta) y aseguró llenar todos los requisitos a Corpoaseo, por lo cual, creyendo en su seriedad y responsabilidad, se le incorporó y vinculó a la unión temporal y, que dicho formato 2 y las certificaciones de Standard & Poor´s y Fich IBCA, “fueron conocidas únicamente” por los otros miembros “faltando un día para el cierre de la licitación, momento en el cual no existían motivos para dudar de la seriedad de la información allí suministrada”, no obstante lo cual, la propuesta de CESPI, se rechazó, “en esencia, porque el formato 2 diligenciado exclusivamente por AMA SpA, presentó serias y graves inconsistencias e irregularidades, al haberse excluido o eliminado los pasivos que esta tenía con la municipalidad de Roma, lo cual implicaba que tal formato resultara contrario o no coincidiera con la información consignada en los estados financieros”, tal como consta en el documento de evaluación de las propuestas y, en las respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes al informe de evaluación anexa a la resolución de adjudicación 096 de 2003 y, finalmente, que la exoneración anticipada de toda responsabilidad por el rechazo de la propuesta, resulta ilegal al implicar exoneración de conductas dolosas o gravemente culposas como las asumidas por AMA SpA.

La parte convocada, se opone a la nulidad o ineficacia de la cláusula exonerativa de responsabilidad porque en su sentir es válida y eficaz con las limitaciones relativas al dolo o culpa grave, caso en el cual no aplica; agrega que la propuesta fue conocida y aceptada por todos los miembros de la unión temporal; que todos los documentos financieros de AMA SpA, fueron conocidos previamente a la celebración del acuerdo y, en este, se exoneró de toda responsabilidad por el riesgo conocido y aceptado de no elegibilidad, y que esta exclusión constituyó causa esencial del consentimiento de AMA SpA, en forma que de ser nula o ineficaz, el acuerdo resultaría inoponible a su mandante porque según el acta 3 de 2003 del 19 de febrero de 2003 la autorización impartida por el consejo de administración se condicionó a relevarla explícitamente “de cualquier responsabilidad en relación a la eventual exclusión por falta de uno o más requisitos” o sería nulo en forma total por ser causa esencial del consenso.

El texto de la cláusula tercera del acuerdo de unión temporal, en lo pertinente, es el siguiente:

“TERCERA: en desarrollo del presente acuerdo, será responsabilidad de las firmas preparar los documentos de la propuesta. Todos los participantes aceptan que conocen plenamente la propuesta y todos los documentos contenidos en ella y por consiguiente la descalificación de la misma por cualquier causal de rechazo contenida en el numeral 16 de los términos de referencia, no hará responsable a ninguno de los participantes ante los demás, ni ningún otro podrá reclamar perjuicios por el rechazo, descalificación o no adjudicación de la propuesta.

(…).

Las empresas responderán solidariamente por el cumplimiento de los compromisos que se adquieren por la presente unión temporal, de conformidad con el parágrafo 3º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

Cada empresa será responsable ante la otra por las obligaciones y responsabilidades derivadas del presente acuerdo de unión temporal, de la propuesta que se presenta a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos “UESP”, de la suscripción y ejecución del contrato o de los contratos que fueren adjudicados, debiendo resarcir los daños y perjuicios que pudieran ocasionar. En caso de que un tercero, ajeno a la unión temporal, reclame daños justificados, estos serán indemnizados por la unión temporal o por la empresa involucrada en los mismos según corresponda” (resaltado ajeno al texto).

Como pone de manifiesto la trascripción, esta cláusula es contradictoria(90) en cuanto asigna a cada miembro de la unión temporal la responsabilidad de preparar los documentos de la oferta, los exonera por su rechazo o descalificación y simultáneamente los hace responsables de las obligaciones adquiridas, la propuesta, la celebración del contrato en caso de adjudicación y la reparación de daños.

Empero, al margen de esta prístina dicotomía, la estipulación, en su primer aparte, exonera de toda responsabilidad a los contratantes por la descalificación y rechazo de la propuesta en virtud de cualquiera de las causales contempladas en el numeral 16 de los pliegos de condiciones, hipótesis en la cual ninguno de los miembros de la unión temporal, será responsable frente a los otros, ni podrá reclamar perjuicios.

Sobre este tópico, el numeral 16 de los pliegos de condiciones, indica:

“16. Causales de rechazo de las propuestas.

Además de las previstas en la ley y en otros apartes del presente pliego, serán causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

a) Cuando la propuesta excluya o no contemple alguno de los componentes o actividades previstas en los numerales 1.2.1 ó 1.2.2. del presente pliego de condiciones.

b) Cuando la propuesta se presente extemporáneamente.

c) Cuando el proponente carezca de capacidad legal para participar en la presente licitación.

d) Cuando el proponente no sea elegible, de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del capítulo II del presente pliego, o no tenga la duración indicada en el numeral 6º del mismo capítulo.

e) Cuando el proponente se encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición.

f) Cuando el proponente no presente los documentos a que se refieren los numerales 17,18 y 21 del capítulo IV del presente pliego.

g) Cuando no se presente propuesta técnica, o cuando presentándose se omita alguno de los elementos considerados como referentes básicos, o cuando el proponente se exima de cumplir con los requisitos mínimos de calidad, continuidad y cobertura, establecidos en el reglamento comercial y en los criterios que se establecen para el “concepto de área limpia” en el anexo 9, o con las frecuencias mínimas previstas en los referentes básicos para la prestación del servicio.

h) Cuando no se presente la propuesta económica o ella no se ajuste a los porcentajes máximos establecidos en el numeral 1.6 del capítulo I del presente pliego, o cuando de cualquier manera se pretenda desconocer la metodología de tarifas y fórmulas tarifarias expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

i) Cuando el proponente no presente el formato 2 ni los estados financieros ni cumpla con los requisitos financieros de patrimonio, solvencia o nivel de endeudamiento, exigidos en el numeral 23 del capítulo V del presente pliego.

j) Cuando el proponente no acredite al menos uno de los contratos o proyectos establecidos en el numeral 24.1 y al menos uno de los contratos o proyectos establecidos en el numeral 24.2 del capítulo V del presente pliego, ya sea para recolección y transporte o para barrido, teniendo para estos efectos en cuenta las condiciones que para recolección, transporte y barrido establece el numeral 24.4.

k) Cuando el proponente no establezca en su propuesta la estructura administrativa que soportará la ejecución del contrato.

l) Cuando el proponente no subsane algún requisito o falta de documento, dentro del plazo que le señale la UESP.

m) Cuando la propuesta económica esté por debajo del 90% del promedio aritmético del valor del porcentaje de retribución del primer año de las propuestas hábiles presentadas para cada ASE.

La ausencia de otros requisitos o la falta de otros documentos referentes a la futura contratación o al proponente se analizará siguiendo lo previsto en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993” (cdno. de pbas. 4, fls. 32 a 34).

Para el tribunal, la exoneración de responsabilidad de los miembros de la unión temporal por el cumplimiento de la obligación esencial derivada del contrato, no es admisible, tanto más, si en el caso concreto, las causales de rechazo de las propuestas enunciadas en el numeral 16 de los pliegos de condiciones, conciernen a aspectos caracterizados por su generalidad, comprendiendo inclusive su presentación tardía o extemporánea, la carencia de requisitos financieros, técnicos, operativos, legales y, más ampliamente, la desviación significativa de los pliegos de condiciones.

A este propósito, en virtud de la unión temporal, dos o más personas presentan conjuntamente una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, responden solidariamente de su cumplimiento total y del objeto contratado, designarán representante, señalarán los términos y extensión de su participación y las reglas básicas que regulen sus relaciones internas y responsabilidad (L. 80/93, art. 7º) es decir, de este negocio jurídico surge la obligación fundamental y esencial (esentialia negotia) para los contratantes de elaborar y presentar una propuesta para la celebración de un contrato ulterior.

Desde esta perspectiva, las cláusulas de exoneración total de la responsabilidad y las inherentes a su contenido esencial, a juicio del tribunal, no son válidas, pues sería contrario a elementales principios de lógica adquirir una obligación y eximirse de toda responsabilidad por su inobservancia, lo que, en efecto, contradice el concepto de la relación obligatoria conformada por el débito y la responsabilidad y, así mismo, deja a las partes su cumplimiento o incumplimiento, lo cual, en otros términos, implicaría, una condición meramente potestativa, de suyo, nula al tenor del artículo 1535 del Código Civil.

En efecto, si la prestación asumida esencialmente por todos los miembros de la unión temporal consiste en la elaboración y presentación de la propuesta, naturalmente con sujeción a los pliegos de condiciones, no resulta ajustada al ordenamiento jurídico la exoneración de responsabilidad por su inobservancia, tanto más por causales de rechazo o descalificación concebidas en términos abstractos para sancionar disparidades de sus exigencias que deben acatar los proponentes en su formulación.

A dicho respecto, precisa el tribunal que existiendo un contrato por ocurrencia de sus elementos esenciales y, en su caso, de la formalidad constitutiva, las partes están obligadas a su cumplimiento de buena fe en todo cuanto corresponda a su contenido esencial, natural y accidental y, a lo que por ley, uso o costumbre y equidad le pertenece (C.C., arts. 1501, 1602 y 871).

Por otra parte, si bien los contratantes, en ejercicio de la autonomía privada o de la “voluntad”, la libertad contractual o de contratación pueden modificar el régimen de la responsabilidad contractual, disciplinando su extensión, atenuación o exoneración, están sujetas a restricciones lógica-funcionales (estructura y función) y éticas-políticas (“orden público”, “buenas costumbres”, normas imperativas).

Por lo anterior, debe reiterarse la ilicitud de las cláusulas de exoneración total, completa o absoluta y de las atañederas a las obligaciones derivadas esencialmente del negocio jurídico o contrato, así como las que implican condonación del dolo y, por asimilación, de la culpa grave.

En conclusión, para el tribunal, al margen de la discusión respecto del “dolo” o de la “culpa grave” planteada por las partes, la cláusula tercera del contrato de unión de temporal, en lo concerniente a la exoneración de responsabilidad de sus miembros en razón de la descalificación o rechazo de la propuesta por cualquiera o de las causales enunciadas en el numeral 16 del pliego de condiciones adolece de nulidad absoluta, contrariando lo dispuesto en los artículos 6º, 15, 16, 1518, 1519, 1521, 1523, 1524, 1535, 1604, 1740, 1741 y 1742 del Código Civil y 899 del Código de Comercio en consonancia con sus artículos 2º y 822, de una parte, por referir a la obligación esencial derivada del mismo consistente en elaborar y presentar una oferta ajustada a los mismos y, de otra parte, porque las causales de rechazo envuelven conductas cuyo cumplimiento no pueden sujetarse a la mera potestad de sus integrantes, no siendo, además admisible una exención total como la que se desprende de dicha estipulación que desnaturaliza el contenido prestacional derivado del contrato, su razón de ser y función práctica o económica social.

En consecuencia, el tribunal, declarará la nulidad absoluta del siguiente aparte de la cláusula tercera. “… y por consiguiente la descalificación de la misma por cualquier causal de rechazo contenida en el numeral 16 de los términos de referencia, no hará responsable a ninguno de los participantes ante los demás, ni ningún otro podrá reclamar perjuicios por el rechazo, descalificación o no adjudicación de la propuesta”. Declarada la nulidad absoluta formulada como pretensión primera principal, no habrá lugar a estudiar la pretensión primera subsidiaria.

4.2. La pretensión de incumplimiento del acuerdo de unión temporal.

En la pretensión segunda se solicita declarar el incumplimiento de AMA SpA del acuerdo de unión temporal en virtud de una “conducta gravemente culposa al suministrar información inexacta para la elaboración y presentación de la oferta”, por cuanto, el formato 2 diligenciado por ella, “presentó serias y graves inconsistencias e irregularidades, al haberse excluido o eliminado los pasivos que esta tenía con la municipalidad de Roma” resultando contrario con la información consignada en los estados financieros y, por presentar certificaciones expedidas por Standard & Poor´s y la Agencia Fitch Ibca “pretendiendo hacer creer que correspondían a Ama SpA” que determinaron el rechazo de la propuesta, no obstante conocer los pliegos de condiciones y haberse obligado a elaborarla y presentarla bajo sus términos y condiciones.

AMA SpA, se opone aduciendo que puso de presente a los miembros de la unión temporal en las conversaciones sostenidas con ellos desde el principio, que sus estados financieros podían implicar que no reunía los requerimientos del pliego de condiciones en esta materia y que, en consecuencia, todos los miembros de la unión temporal asumieron y compartieron a sabiendas el riesgo de descalificación por este concepto.

En observancia del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del cual “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, corresponde en este punto de esta providencia hacer un análisis y una valoración de las pruebas practicadas en el trámite, con el objeto de fundamentar las principales conclusiones a las que arribará el tribunal en lo que se refiere a la conducta asumida por las partes, y naturalmente, para determinar las razones de carácter probatorio y fáctico de las consideraciones jurídicas más relevantes y de su incidencia en las decisiones de este laudo arbitral.

El acopio de pruebas practicadas en el proceso es abundante y por ello el tribunal deberá, en primer lugar, evaluar y valorar conforme a las reglas de la sana crítica y de manera conjunta, como dispone el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, aquellas que se relacionan con los hechos relevantes y pertinentes de la litis, vale decir aquellos que constituyen el fundamento de las pretensiones de la demanda o el soporte de las defensas aducidas por la convocada, y que por lo tanto guardan relación con unas u otras. Para determinar esos hechos y su incidencia en la valoración de la conducta de ambas partes, el tribunal en un primer momento concentrará su análisis en la prueba testimonial recaudada en el proceso, las declaraciones de parte rendidas, los documentos aportados así como la prueba indiciaria que obra en los autos. Una vez establecidos esos hechos que para el tribunal resultan determinantes para las decisiones que habrá de adoptar, se concretará en el análisis de los dictámenes periciales rendidos en el trámite con el fin de definir —si hay lugar a ella— las razones y el monto de una condena.

A juicio del tribunal, los hechos que se discuten en el proceso y las controversias que mantienen las partes con relación a ellos gravitan en torno a tres puntos cardinales: (i) la información que la convocada aduce haber suministrado a la convocante en lo que atañe a su particular situación financiera y concretamente en las falencias de su formato 2; (ii) la actuación que desplegó la convocante antes de conocer dicha información y luego de que la misma fue suministrada; (iii) las circunstancias como se redactó e introdujo en el acuerdo de unión temporal la cláusula de exoneración de responsabilidad cuya nulidad depreca la convocante en sus pretensiones y (iv) la exposición al riesgo conocido con la confianza de poder evitarlo o superarlo.

Como quiera que estos hechos constituyen el núcleo de las desavenencias entre las partes, el tribunal tendrá especial esmero en su análisis y determinación, trabajo que inicia con una constatación evidente: las declaraciones de parte y los testimonios rendidos en el proceso no son coincidentes en las circunstancias como ocurrieron tales hechos, ni en las apreciaciones sobre ellas y en no pocas oportunidades resultan contradictorios. Así, se encuentra que sobre un mismo hecho los testigos rindieron versiones disímiles, razón por la cual el tribunal habrá de acudir a los expedientes que ofrecen la ley, la jurisprudencia y la doctrina, con el fin de dilucidar aquellos puntos sobre los cuales existen divergencias evidentes y sustanciales entre quienes rindieron declaración ante el tribunal.

Como es sabido, la razón de ser de la valoración o apreciación de las pruebas por parte del tribunal es hallar la convicción racional en cuanto a los hechos que proponen las partes en controversia, lo que constituye un ejercicio intelectual culminante que obedece a algunos principios que la experiencia judicial ha erigido y que la doctrina ha tenido oportunidad de sistematizar. Para el caso que se somete a decisión de este tribunal, resulta particularmente provechoso el principio de la unidad o comunidad de la prueba y de la apreciación global o de conjunto, en virtud del cual el análisis probatorio debe hacerse sobre la totalidad de los medios de prueba obrantes en el expediente, los cuales deben considerarse como una unidad o como un todo, de tal forma que el juez debe establecer las relaciones que estime necesarias entre todos los medios de prueba, sin tomar ninguno de ellos en forma aislada o separada de los demás.

Por consiguiente, el tribunal analizará los testimonios rendidos en el trámite como integrantes de un acervo probatorio complejo y contrastará las versiones de los testigos para determinar su convicción, especialmente en aquellos puntos sobre los cuales se ha encontrado disparidad de versiones y de apreciaciones.

Como lo aconseja la doctrina, “para que ese examen de conjunto sea eficiente, debe formarse, como aconsejan Wigmore y Gorphe, un cuadro esquemático de los diversos elementos de prueba, clasificándolos de la manera más lógica, relacionándolos entre sí, debido a sus conexiones más o menos estrechas, comparando los elementos de cargo con los de descargo respecto de cada hecho, a fin de comprobar si los unos neutralizan a los otros o cuáles prevalecen, de manera que al final se tenga un conjunto sintético, coherente y concluyente”(91).

Con apego a ese método que el legislador ha consagrado en el artículo 187 del estatuto procesal y que la jurisprudencia ha avalado, el tribunal establecerá las relaciones que estime pertinentes entre los testimonios, y entre estos y las pruebas documentales e indiciarias, con el objeto de dilucidar aquellos hechos que, se reitera, resultan fundamentales para las decisiones que habrán de adoptarse en esta providencia, y de esa forma brindar la claridad y precisión que no tuvieron los testigos. En ese sentido, se cumplirá con la triple tarea que se espera del juez: “fijar los diversos elementos de prueba, confrontarlos para verificar y apreciar su verosimilitud, y obtener la conclusión coherente que de ellos resulte. Para esto debe utilizarse un método crítico de conjunto, luego de analizar cada prueba aisladamente, teniendo en cuenta las necesarias conexiones, concordancias o discrepancias, con las demás”(92).

En lo que concierne a los testimonios practicados en el proceso, se encuentra que, analizados en forma conjunta, no existe coincidencia ni acuerdo entre ellos, lo que naturalmente les resta mérito probatorio para generar convicción en el tribunal. Esa particular situación de desacuerdo entre los testigos, implica que el análisis de dichas declaraciones deberá hacerse no solamente conforme a los criterios generales que autoriza el ordenamiento jurídico sino que además deberá observar con detenimiento, las condiciones subjetivas de cada testigo así como los requisitos de validez y eficacia de su declaración. Así mismo, el tribunal pondrá especial empeño en el examen de las relaciones de los testigos con las partes del proceso y con la controversia que mediante esta providencia se dirime, de tal suerte que se pueda establecer la justa medida de la fuerza probatoria de cada testimonio y así mismo determinar si existe verdadera contradicción entre sus versiones o si las divergencias se refieren simplemente a percepciones o puntos de vista.

De igual manera, habrá de observarse que “Cuando las contradicciones surgidas entre las deposiciones se mantienen irreductibles acerca de puntos suficientemente importantes, falta por averiguar de qué lado se halla el error y cuál constituye su causa, voluntaria o no. La situación difiere según que los testigos contrarios sean de la misma parte o por cada una de las contrarias. En el segundo caso, la contradicción indica tan solo que uno de los dos testimonios es falso o erróneo, y eso es todo: hay que indagar aún cuál lo es. En el primer supuesto, la contradicción puede revelar que el error se encuentra del lado por el cual los testigos contrarios han declarado: entonces nos hallamos en situación algo mejor, por la simple comparación de las deposiciones. Mas tal distinción solo es útil cuando los testigos se dividen verdaderamente en dos bandos opuestos, como las mismas partes, y no si se presentan, como es desear, con espíritu imparcial, ni en favor ni en contra de nadie”(93).

A partir de los testimonios más relevantes, en primer lugar se hará un análisis de su contenido y en seguida se consignarán las conclusiones que el tribunal infiere de ellos, luego de su valoración y examen. Se prescindirá de la mención de aquellos testimonios que a juicio del tribunal no aportan ninguna ilustración adicional al tema del conflicto, no obstante haber sido considerados.

1. Testimonio de Luís Alfonso Sánchez Parra.

Luis Alfonso Sánchez Parra es arquitecto y fue gerente de Corpoaseo durante seis años y medio (desde el 15 de abril de 1997), donde, entre otras responsabilidades, dirigió la participación de dicha sociedad en la licitación pública internacional 001 de 2002 para la contratación del servicio de aseo de Bogotá, a la que se ha hecho referencia en el presente proceso.

En lo que atañe a lo que denominó la “documentación legal” de la propuesta, vale decir, el acuerdo de unión temporal y la promesa de constitución de una futura sociedad, el testigo manifestó que se instruyó al abogado que acompañaba el proceso por parte de Corpoaseo, de elaborar dicha documentación de conformidad con las exigencias del pliego de condiciones de la licitación. Concretamente, el acuerdo de unión temporal fue elaborado la noche anterior (“pasada la media noche”) al vencimiento del término dispuesto por la UESP para presentar las ofertas. Sobre el particular, el testigo manifestó que fue un documento redactado y concebido originalmente por el abogado de Corpoaseo, que fue puesto a disposición de los representantes de AMA, quienes introdujeron algunas modificaciones al mismo, entre las cuales se incluyó la cláusula de exoneración de responsabilidad. Sobre la incorporación de dicha estipulación, el declarante manifestó que no hubo ninguna discusión al respecto, y que en últimas la introducción de dicha cláusula se hizo de manera libre, aunque sin ninguna explicación por parte de AMA.

En cuanto a las particulares condiciones financieras de AMA, que a juicio de la convocante fueron las que determinaron su descalificación del certamen, el testigo manifestó rotundamente que no había sido informado “en ningún momento, ni en el almuerzo, ni en los contactos telefónicos, ni en las reuniones que se hicieron”(94) sobre el hecho que AMA no cumplía con los requisitos señalados por la entidad contratante, circunstancia que, según el declarante, de haber sido conocida por Corpoaseo hubiera provocado que se reactivaran los contactos y los acuerdos que se habían avanzado con otra firma. Esa información, en particular el formato 2 de AMA fue diligenciada y elaborada directamente en Roma y entregada por esta “a última hora”, razón por la cual Corpoaseo no tuvo oportunidad de revisarla, a pesar de provenir de una empresa que generaba credibilidad por su trayectoria y su experiencia. La circunstancia de haberse entregado la información en último momento, explica por qué según la declaración que se examina, Corpoaseo no hizo ningún análisis sobre la información financiera de AMA, por cuanto según indicó “no había posibilidad de hacerlo”(95).

2. Testimonio de Gabriel Parra Rodríguez.

Gabriel Parra Rodríguez fue abogado de Corpoaseo y en ejercicio de tales funciones acompañó a la sociedad en el procedimiento de preparación y elaboración de la propuesta y específicamente de lo que los declarantes denominaron los documentos legales.

El testigo manifestó que dichos documentos de carácter jurídico fueron puestos en consideración la víspera del vencimiento del plazo para presentar las ofertas y fue en ese momento cuando se le solicitó la inclusión de la cláusula de exoneración de responsabilidad, a lo que el asesor jurídico se opuso por cuanto se había acordado “verbalmente” con AMA que este sería el primero de otros negocios que se esperaba hacer en forma conjunta, no solo en Colombia sino en otros países de América Latina. Su oposición a la inclusión de esta cláusula le generó un enfrentamiento con el gerente de Corpoaseo, quien a la postre le ordenó incorporar dicha estipulación en el acuerdo de unión temporal e imprimirlo para presentarlo con la oferta. Al ser inquirido sobre los detalles que rodearon la inclusión de esta cláusula, el testigo no tuvo la precisión que se hubiera esperado del asesor jurídico de Corpoaseo, por cuanto en un tema que no debería serle extraño, y que su propio dicho le causó tanto malestar, manifestó que “si mal no recuerdo era que por los poderes que traían los italianos y que el tema que era (sic) una empresa del municipio, entonces que el municipio tenía que salvaguardar no se qué tema”(96). Por tratarse de un aspecto sobre el cual el testigo dijo haber manifestado en forma vehemente su oposición por cuanto por un lado implicaba una señal de desconfianza entre las partes y por otro, una modificación al texto original que él mismo como asesor jurídico había preparado, el tribunal echa de menos la precisión que se hubiera esperado del asesor máxime como al parecer, recibió explicaciones del gerente de Corpoaseo sobre los motivos para acceder a la inclusión de la cláusula sub lite , los que se referían precisamente a la condición de AMA como empresa controlada por la municipalidad de Roma.

En ese mismo orden de cosas, el testigo informó al tribunal que a pesar de su oposición a la inclusión de la cláusula a la que se alude en el acuerdo de unión temporal no suministró mayores explicaciones a su cliente sobre las implicaciones de índole jurídica que tendría dicha estipulación, pues según su dicho se limitó a señalar reparos de redacción y de técnica jurídica, mas no las consecuencias eventuales que podría tener entre las partes que formaron parte de la unión temporal.

En cuanto a la información financiera de AMA, concretamente al formato 2, el testigo manifestó que fue entregada después de la suscripción del acuerdo de unión temporal, a pesar de haberlo solicitado con anterioridad en varias ocasiones(97). Sobre ese mismo particular el testigo contradijo el contenido de la comunicación de 7 de octubre de 2003 dirigida por Carlo Marchetti a Domenico Tudini en la que se señala que días antes de la presentación de las propuestas se celebraron varias reuniones en las que “fue objeto de particular análisis la ya referida circunstancia de los estados financieros de AMA frente a las exigencias de la licitación y las interpretaciones que harían admisible esa situación, así como los riesgos de que esas interpretaciones no fueran aceptadas”(98). El testigo manifestó que en las reuniones en las que participó con anterioridad a la presentación de la propuesta, nunca se presentaron los documentos financieros de AMA, en cuya preparación no intervinieron representantes de Corpoaseo por cuanto fueron elaborados directamente en Roma, como quiera que debía venir suscrita por el representante legal, el responsable financiero y apostillado conforme a los tratados internacionales.

En el mismo sentido, el testigo confirmó al tribunal que el equipo financiero de Corpoaseo prácticamente se redujo a la persona de Carlos Díaz, quien era el coordinador de la parte financiera de la propuesta y el responsable de verificar que las condiciones financieras habilitantes se cumplieran, pero quien no estuvo presente cuando llegó la información proveniente de AMA, razón por la cual, ningún representante de Corpoaseo, estudió o avaló los datos financieros de la sociedad italiana, los cuales se incorporaron a la propuesta tal y como fueron remitidos por esta última.

El relato del testigo, confirma el mérito del reproche a la conducta poco sagaz de la convocante, pues no resulta explicable que la persona encargada de coordinar la parte financiera de la propuesta y quien tenía la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos financieros de la misma, no hubiera estado al tanto de la información que, en principio, habilitaría a la unión temporal para participar con posibilidades de éxito en la licitación, ya que ni siquiera se encontraba presente cuando llegó la información que debía aportar AMA y que, se insiste, era esencial para poder presentar la propuesta y obtener una buena calificación por parte de la entidad contratante.

De igual modo, el testigo informó que AMA conocía los pliegos de la licitación pública, y por consiguiente, las condiciones que debían cumplir las ofertas toda vez que, por una parte, tenía un acuerdo con andina de servicios y por otra, constaba en la información de la UESP que la propia AMA había adquirido los pliegos. sobre este particular, el tribunal encuentra que la declaración del testigo brinda credibilidad, pues obra en los autos demostración del hecho que AMA conocía los pliegos de la licitación, las condiciones que debían cumplir las propuestas y que incluso, a sabiendas de que su formato 2 no satisfacía dichos requisitos, se dirigió a la UESP con el fin de obtener alguna modificación a las condiciones de contratación para participar con posibilidades en dicho certamen. En suma, el tribunal encuentra demostrado que AMA conocía el pliego de la licitación y particularmente las condiciones técnicas y financieras que exigía la entidad contratante para participar como proponente en dicho procedimiento.

3. Testimonio de Alejandro Copete Ramos.

Alejandro Copete Ramos es abogado y se desempeñó como asesor externo de Corpoaseo; ha sido igualmente asesor de empresas del señor Óscar Salazar por cerca de veinte años.

Su declaración es contradictoria en lo que concierne a las reuniones en las que participó con representantes de AMA y particularmente en lo que atañe a la información financiera de dicha sociedad. En efecto, manifestó al tribunal que había participado en cuatro o cinco reuniones con representantes de AMA y en una primera respuesta informó que el objeto de dichas sesiones era “únicamente” la definición de las participaciones que tendría cada uno de los asociados, siendo los demás temas, especialmente el financiero, secundarios, “porque realmente se sabía que dada la capacidad financiera de AMA … se estaba sobrado en los índices que estaban exigiendo”(99), lo que generó un ambiente de “optimismo exultante” en la gente que intervenía en la preparación de la propuesta.

Posteriormente, en la misma declaración el testigo manifestó que “dentro de las cosas que se trataban por supuesto estaba lo de la información financiera”(100) y concretamente lo relacionado con el formato 2 de AMA, sobre lo cual dijo no tener mayores detalles por cuanto no participó en tales discusiones. De igual manera, informó que el tema del formato 2 de AMA se había tratado en las cuatro o cinco reuniones a las que había asistido, enfatizó en que los representantes de dicha sociedad nunca habían informado acerca de la particular situación financiera de esta última antes de la elaboración de la propuesta. Las diferencias en torno a esta especial circunstancia ocurrieron después de la presentación de la oferta, cuando empezaron las discusiones sobre el asunto.

4. Testimonio de Carlo Marchetti.

Carlo Marchetti es ingeniero mecánico y representa a Aguazul, sociedad en la que la Empresa de Acueducto de Roma tiene una participación mayoritaria y por consiguiente, representaba a AMA para la fecha de preparación de las ofertas correspondientes a la licitación 001 de 2002.

Informó al tribunal que su intervención en el procedimiento licitatorio obedeció a una llamada que le hizo el gerente de Corpoaseo en la que le manifestó que esta última estaba en búsqueda de un “partenaire” internacional que cumpliera con los requisitos para participar en el certamen, es decir que según el dicho del testigo, fue Corpoaseo quien buscó a AMA para participar en la licitación 001 de 2002.

El testigo señaló que antes de iniciar negociaciones con Corpoaseo para la participación en la misma licitación, AMA había avanzado en el mismo sentido con otra sociedad (andina de servicios) con la que no se pudo cristalizar un acuerdo que permitiera la concurrencia de ambas sociedades en la licitación, principalmente por discrepancias en la participación que cada sociedad aspiraba a tener en la unión temporal. Lo anterior corrobora que efectivamente AMA conocía los pliegos de la licitación, hasta el punto que avanzó en sus conversaciones con andina de servicios con el objeto de participar en el mismo certamen que interesaba a Corpoaseo. Esta manifestación, junto con la declaración de parte del representante legal de la convocada (vd. infra) comprueban, que desde el principio de las negociaciones con la convocante, AMA conocía los requisitos financieros que debía cumplir para poder participar en el procedimiento contractual y que eran precisamente los mismos que Corpoaseo buscaba con idéntico propósito.

Adicionalmente, AMA presentaba “una debilidad financiera” relacionada con los índices de endeudamiento y de solvencia, circunstancia que le fue puesta en conocimiento de Andina y posteriormente de Corpoaseo. Esa situación también fue analizada por Corfinsura que trató de superar la coyuntura financiera que tenía AMA frente a los requisitos del pliego. Así mismo, el testigo manifestó que la propia UESP conocía esta situación, como quiera que Andina de Servicios remitió una comunicación en la que ponía de presente la situación de AMA y además el propio testigo asistió a una reunión donde la directora de la entidad para explicarle la particular situación de AMA y solicitarle que la tuviera en cuenta para que no se viera perjudicada, o al menos, en condiciones desventajosas frente a los demás proponentes. Resultado de dicha reunión fue la expedición por parte de la UESP de un adendo al pliego, que según el declarante no solucionó el problema de AMA, por cuanto exigía que la empresa proponente era la que debía cumplir con todos los requisitos del pliego, y no la propietaria o controladora, en este caso el municipio de Roma.

Posteriormente en desarrollo de las negociaciones con AMA y días antes de la presentación de la propuesta, se reunió en varias oportunidades con Corpoaseo con el objeto de analizar la situación financiera de AMA y concretamente el problema del formato 2 de dicha sociedad, y tratar de “justificar esa debilidad financiera de AMA”. Así mismo, en esas reuniones se discutieron los documentos de naturaleza jurídica que debían presentarse en la oferta, vale decir, el acuerdo de unión temporal, el acuerdo interno y la minuta del contrato de sociedad.

El testigo manifestó que, en el curso de las negociaciones con Corpoaseo, AMA entregó todas las informaciones que eran necesarias y concretamente los datos financieros se le suministraron al responsable de la parte financiera de la propuesta —Carlos Díaz—. Agregó igualmente que dichas reuniones eran abiertas en la medida en que todos podían participar, y, salvo el tema de los precios, no había reserva en los demás. Al contrario de lo expresado por otros testigos cuyos relatos se han analizado, el declarante manifestó que la información financiera, incluido el formato 2 de AMA fue entregada a Corpoaseo desde el principio de las negociaciones: “… estos documentos se entregaron el primer día que nos reunimos con todos y toda la discusión fue sobre este punto… sobre todo hablar sobre los estados financieros, que no cumplían y que cómo íbamos a hacer…”(101).

Igualmente, el testigo informó que el formato 2 de AMA fue elaborado por “los financieros de las dos partes” y concretamente “dos funcionarios que llegaron de AMA, dos funcionarios de Corpoaseo, pero yo recuerdo que fue una discusión en la cual nos metimos todos”(102), de tal suerte que esta versión contradice lo expuesto por otros declarantes, según lo cual dicho formato y en general la información financiera de AMA fue aportada a última hora por esta última, pues provenía directamente de Italia y debía estar suscrita por sus representantes legales y posteriormente traducida. Sin embargo, a pesar de esta primera afirmación, posteriormente al ser interrogado sobre la participación de las personas de AMA que se encontraban en Colombia en la elaboración del formato, respondió que no sabía quienes lo elaboraron, aun cuando sobre el mismo se discutía “todos los días y todas las horas y todo el tiempo de esa semana”.

En lo referente a la cláusula de exoneración de responsabilidad, el testigo afirmó que su incorporación se hizo de manera pacífica y no suscitó mayor discusión, pues fue aceptada como una estipulación “recíproca” cuyo fin era proteger a todos los miembros de la unión temporal. Agregó que al plantearse esa cláusula por parte de AMA, “se presentó, se aprobó y listo; que yo recuerde no hubo ningún debate, ninguna oposición”(103).

Una constatación relevante que se infiere de esta declaración, es que desde el primer momento Corpoaseo manifestó a AMA la necesidad de asociarse con una empresa que cumpliera con los requisitos financieros de la licitación, lo que guarda sentido con otras declaraciones según las cuales Corpoaseo para tener posibilidades de participar con éxito en la licitación requería ajustarse a las condiciones financieras de la misma, ya que ella no las cumplía. De suerte que, no se trataba de cualesquiera condiciones financieras; Corpoaseo requería —y así lo manifestó— de un socio que cumpliera con las exigencias de la licitación, pues de lo contrario no tendría opciones de obtener una buena calificación en la misma. Es decir, no bastaba con asociarse con una gran empresa que contara con sólido respaldo financiero, importante trayectoria y experiencia acreditada; hacía falta que dicho socio cumpliera con las exigencias de la entidad contratante.

5. Testimonio de Daniela Fravolini.

Daniela Fravolini es ingeniera mecánica y trabaja con AMA, razón por la cual vino a Colombia para encargarse de la propuesta de dicha sociedad en la licitación 001 de 2002.

La testigo manifestó que el día sábado, antes del vencimiento del plazo para presentar propuestas, sostuvo una reunión con representantes de Corpoaseo en la que se trataron en detalle los temas de la oferta y en concreto lo que atañe con la situación financiera de AMA; se estudiaron también en particular los rubros de tales estados financieros así como los índices de la empresa. Señaló que en dicha reunión Corpoaseo quiso conocer cuál era el entendimiento de AMA sobre los requisitos de la licitación, “porque se veía claramente que en este formulario [formato 2] había unas cuentas que no coincidían”(104), de tal manera que según su decir, la discusión acerca de los estados financieros y de AMA y concretamente del formato 2 no ocurrió a última hora sino desde el inicio de los contactos entre ambas sociedades.

De lo que antecede, puede colegir el tribunal que Corpoaseo pudo indagar al menos en alguna oportunidad sobre la situación financiera de AMA, pues se encontraron puntos que “no coincidían”; empero, no se tiene evidencia que en esa ocasión AMA haya manifestado con sinceridad que sus índices y determinaciones financieras no cumplían con las exigencias de la licitación, requisitos cuya evaluación y examen son, de ordinario, estrictos y severos.

En esa misma oportunidad, esto es al iniciar las conversaciones entre las dos empresas, se trabajó un borrador del documento de acuerdo de unión temporal que incluía la cláusula de exoneración de responsabilidad, como quiera que dicha estipulación la “había pedido explícitamente nuestra junta directiva, el consejo de administración para evitar que como sabíamos que teníamos riesgos de calificación en esta licitación, para evitar (sic) que alguien nos pudiera hacer (sic) una demanda”(105), de tal modo que al decir de la declarante la inclusión de la cláusula de exoneración de responsabilidad no ocurrió en el último momento como lo relataron algunos testigos sino que se hizo desde el inicio de las negociaciones, entre otras razones, por exigencia de los directivos de AMA. Los documentos legales provenientes de la convocada, vale decir, el certificado de existencia y representación, los poderes del consejo de administración y las actas del mismo órgano fueron puestos a disposición del abogado de Corpoaseo, que además recibió las explicaciones del caso no solo sobre esta documentación sino específicamente sobre el formato 2 y las demás particularidades financieras de AMA. Inclusive, la cláusula de exoneración sugerida por AMA se incluyó desde el primer borrador del acuerdo de unión temporal que fue llevado a la negociación por parte del ingeniero Giraldo.

Resulta útil la confrontación de las actas 2 y 3 de 2003 del consejo de administración de AMA, cuyas copias obran en el expediente. De ellas surge con claridad que entre el 12 de febrero de 2003 (fecha de la primera sesión) y el 19 de febrero siguiente (fecha de la segunda), AMA tuvo conciencia de “la eventual exclusión por falta de uno o más requisitos por parte de AMA SpA y/o AMA International SpA”, razón por la cual, a diferencia de las primeras deliberaciones que ocurrieron cuando inició conversaciones con andina de servicios, dispuso “relevar explícitamente a AMA SpA y AMA International SpA de cualquier responsabilidad”, lo que en últimas se tradujo en la inclusión de la cláusula de exoneración de responsabilidad impugnada por la convocante.

Mientras que las deliberaciones contenidas en el acta 2 de 12 de febrero se refieren a las decisiones necesarias para participar en un certamen licitatorio, aquellas que obran en el acta 3 de 19 de febrero denotan, por una parte, que las negociaciones con andina habían fracasado por “las condiciones contractuales propuestas por AMA” y por otra, que a raíz de ese primer fracaso se hizo necesario “modificar por lo tanto la propia deliberación n. 5/03 del 12/02/2003”, de tal suerte que de encontrar otros socios diferentes a andina de servicios, AMA debería exonerarse de toda responsabilidad por una descalificación por incumplimiento de algún requisito del pliego por parte suya, condicionamiento que no solo fue contemplado en esa segunda deliberación, esto es, cuando AMA ya conocía los pliegos de condiciones y las negociaciones con andina habían fracasado.

La narración de los hechos a cargo de la testigo demuestra que AMA tenía pleno conocimiento de que sus condiciones financieras no cumplían con los requisitos exigidos por los pliegos de la licitación, aun cuando la declarante señale que se trataba de un simple “riesgo”. El carácter general de esta apreciación corrobora la conclusión colegida por el tribunal en aparte anterior de esta providencia, según la cual AMA, a pesar de tener conciencia de que no cumplía con los requisitos financieros de la contratación, desestimó esa situación y de manera incuriosa no la hizo explícita ante Corpoaseo y concurrió tanto a la celebración del convenio de unión temporal como a la presentación de la propuesta. No de otra manera puede explicarse el hecho confirmado por las actas del consejo de administración de AMA, que dicha empresa exigió la inclusión de la cláusula de exoneración de responsabilidad para protegerse frente a los demás miembros de la unión temporal de los “riesgos” inherentes a su información financiera. Lo que para AMA era un simple riesgo, en realidad era el incumplimiento consciente de los requisitos contractuales de la licitación.

6. Testimonio de Francesca Viola.

Francesca Viola es economista y empleada de AMA, donde se encargaba de algunos asuntos administrativos, en particular la redacción de documentos para la participación en licitaciones internacionales.

Al igual que la anterior, la testigo manifestó al tribunal que desde el comienzo de las reuniones de trabajo con los representantes de Corpoaseo, se discutió el tema relacionado con la situación financiera de AMA y entre los delegados de ambas sociedades optaron por participar en el certamen y por presentar el anexo 2 de AMA en la forma como se hizo, luego de haberse discutido dicha información “no de una manera superficial sino de una forma muy detallada”.

7. Testimonio de Carlos Alberto Giraldo López.

Carlos Alberto Giraldo López es ingeniero civil y presidente del Grupo Empresarial Endepa. Acompañó a AMA desde el comienzo de las negociaciones con Andina y posteriormente con Corpoaseo.

El testigo informó que había participado en los grupos de trabajo que se conformaron desde un principio con los empleados de Corpoaseo para la elaboración de la propuesta de la unión temporal. En desarrollo de esa actividad preparó “un primer borrador de unión temporal” y estudió el tema financiero, para lo cual recibió las explicaciones de Francesca Viola sobre los ajustes y modificaciones que se le introdujeron al balance y a los estados financieros de AMA con ocasión de la expedición de un nuevo adendo por parte de la UESP. En esa misma oportunidad, por insinuación de las personas que representaban a AMA, se decidió incluir una calificación de riesgo del municipio de Roma, que pese a no ser propiamente la de AMA, por estar esta última sociedad bajo control total de la municipalidad, se podría llevar a la UESP a adoptar una interpretación amplia que favoreciera los intereses de AMA. Sin embargo, de manera contradictoria, al ser interrogado por el apoderado de la convocante manifestó que no le constaba que la señorita Viola le hubiera dado esas mismas explicaciones “a los otros miembros de la Unión Temporal CESPI”.

El testigo precisó que con “los hermanos Castañeda” se analizó el tema relativo al formato 2 de AMA y con ellos se solicitó una cita en la UESP para exponer esa situación. Igualmente concluyó que a su juicio, los miembros de la unión temporal, y específicamente la convocante, tenían conocimiento del riesgo que implicaba el formato 2 de AMA y que lo asumieron; a propósito aseveró: “Yo explícitamente pregunté, aquí un riesgo, (sic) ustedes son concientes de él, ustedes pueden en este momento decir que no quieren nada ni con AMA, ni con nosotros y nos vamos, ustedes lo aceptan o no lo aceptan; y ellos hicieron su evaluación y lo aceptaron”(106).

Según la declaración bajo examen, desde el primer borrador del documento de unión temporal, se introdujo —sin ninguna discusión ni oposición— la cláusula de exoneración de responsabilidad por exigencia de AMA, pues consciente como era de los problemas financieros que ofrecía su situación frente a las condiciones de contratación, no quiso asumir “el riesgo” de que la propuesta fuera rechazada por ese motivo.

8. Declaración de parte del representante legal de la convocada.

El representante legal de la convocada (Doménico Tudini) confirmó al tribunal que AMA conoció, estudió y evaluó los pliegos de condiciones de la licitación y concluyó que efectivamente cumplía con sus exigencias, razón por la cual decidió participar en el certamen. De igual manera, en el mismo sentido de esta declaración obra en el expediente comunicación de AMA en la que afirma que cumple con los requisitos financieros exigidos por el pliego de condiciones de la licitación(107). Posteriormente, AMA remitió una comunicación escrita a la UESP en la que puso de presente sus interpretaciones acerca del formato 2 y en general, “las peculiaridades” del balance de dicha sociedad. Toda la información financiera de la empresa, así como el formato 2 fueron elaborados antes de iniciar las negociaciones con Corpoaseo.

Así mismo, la inclusión de la cláusula de exoneración de responsabilidad fue una decisión del consejo de administración de AMA y de AMA Internacional, ante la eventualidad de una interpretación desfavorable del formato 2 de AMA que pudiera hacer la UESP y de esa manera precaver las consecuencias negativas que ello acarrearía a la sociedad. Así las cosas, y como se trataba de una exigencia del consejo de administración esa estipulación se introdujo en los documentos que se cruzaron con Andina y desde los primeros borradores que se elaboraron con Corpoaseo. De igual manera precisó que sabía que la ingeniera Fravolini le había brindado a Corpoaseo todas las explicaciones relativas a esa cláusula y a las motivaciones de AMA para exigir su incorporación en el acuerdo de unión temporal.

A la cadena de eufemismos tejida por los voceros de AMA acerca del incumplimiento de los requisitos financieros de la licitación —“debilidad financiera” (Marchetti), “falta de coincidencia” (Fravolini)— se agrega la que fue acuñada por el representante legal, para quien lo que ocurría con relación a los índices financieros de AMA consistía en una “diferencia de interpretaciones”. Sin embargo, lo que de ordinario ocurre en la contratación estatal cuando existen divergencias de interpretación acerca del cumplimiento de los requisitos mínimos de contratación entre un proponente y la entidad estatal, es que si tales divergencias no se subsanan antes del cierre para presentar propuestas, es previsible que el oferente resulte descalificado, como a la postre ocurrió en el presente asunto.

9. Declaración de parte del representante legal de la convocante.

El representante legal de la convocante (Óscar Salazar Franco) declaró ante el tribunal que durante las negociaciones que se adelantaron entre las partes, los representantes de AMA nunca explicaron la forma como se había elaborado el formato 2 de dicha empresa. Así mismo, confesó que Corpoaseo tuvo conocimiento de la totalidad de los documentos que se incorporaron en la propuesta de la unión temporal, toda vez que respondió afirmativamente a la pregunta según la cual la convocante “en su rol de líder en la preparación de la propuesta de la UT CESPI, conocía la totalidad de los documentos que se incorporaron en la propuesta y que efectivamente fueron presentados ante la UESP”. El conocimiento que sobre el contenido de dicha documentación tuvo la convocante, se corrobora con la cláusula tercera del acuerdo de unión temporal celebrado entre las partes, en cuya virtud, todos los participantes de dicha asociación hicieron manifestación de conocimiento completo de toda la propuesta y, naturalmente, de todos los documentos que la integraron.

Principales conclusiones que extrae el tribunal del análisis probatorio:

Del análisis que antecede, el tribunal puede precisar las siguientes conclusiones generales:

i) Corpoaseo buscó a AMA y desde un principio le informó que requería un socio que cumpliera con los requisitos financieros exigidos por el pliego de condiciones de la licitación 001 de 2002.

ii) AMA conocía los pliegos de condiciones de la licitación y en especial, los requisitos financieros que aquellos contenían.

iii) El formato 2 de AMA fue elaborado por dicha sociedad sin participación de los demás miembros de la unión temporal, de tal suerte que la información consignada en dicho formato era exclusivamente de su resorte.

iv) AMA sabía que no cumplía con los requisitos financieros exigidos por la entidad contratante en el pliego de condiciones de la licitación. Sin embargo, manifestó que cumplía y además creyó que podía superar cualquier dificultad en consideración a la consulta formulada por conducto de Andina de Servicios S.A. el 7 de febrero de 2003 y a los conceptos de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación.

v) A pesar de lo anterior, el tribunal encuentra probado que AMA no cumplió de una manera explícita y clara con la obligación de informar cabalmente acerca de su real estado financiero y de las falencias que evidentemente presentaba frente a los requerimientos del pliego de condiciones, hasta el punto de no existir rastro documental demostrativo de esta circunstancia, respecto de la cual los testimonios son contradictorios.

Así las cosas, a partir del acopio de pruebas que obran en el proceso el tribunal infiere que AMA, a sabiendas de que su situación financiera no cumplía con los requisitos de los pliegos de la licitación —que conocía en detalle— no informó con sinceridad y suficiencia esta situación a los demás miembros de la unión temporal y en especial a la convocante, o al menos no lo acreditó en el proceso. Por el contrario, si la presentación que hizo AMA de su situación financiera durante las negociaciones con Corpoaseo, aludía a una mera “debilidad” cuando lo que estaba en juego era la satisfacción de los requisitos de la licitación y por consiguiente la calificación misma de la unión temporal, el tribunal estima que la conducta asumida por la convocada fue equívoca y pudo llevar a la convocante a la convicción de que los defectos del formato 2 de AMA podrían soslayarse. Salvo las declaraciones de los empleados de AMA, que en ese punto contradicen las demás que se han analizado, el tribunal echa de menos la demostración de que AMA cumplió con el deber de informar a la convocante de manera sincera y adecuada, de tal forma que esta tuviera conocimiento real e invariable de la situación financiera de la convocada, que era la causa misma del negocio de asociación entre ellas.

En efecto, el tribunal encuentra que AMA no demostró en el proceso que cumplió cabalmente en beneficio de Corpoaseo, ni de los demás miembros de la unión temporal la que el derecho contemporáneo reconoce como una de las obligaciones cardinales a cargo de los contratantes: la obligación de información.

Enseña la doctrina(108), que mientras hace unos años cada contratante tenía la obligación de informarse a sí mismo sobre el alcance de las prestaciones contractuales, hoy en día el principio que gobierna los negocios jurídicos es que el contratante debe informar a su co-contratante sobre el contenido y alcance de sus obligaciones.

Dicho principio pretende salvaguardar el conocimiento y el consentimiento de quienes concurren a la celebración del contrato y por ende participa del mismo linaje que el principio de la buena fe, consagrado en el ordenamiento legal colombiano (C.C., art. 1603; C. de Co., arts. 835 y 863).

Se trata naturalmente de una forma de colaboración entre las partes del contrato, de tal manera que “el comprador no puede quejarse de que la cosa vendida no le conviene si no ha informado al vendedor el uso particular al que la va a destinar”(109).

En últimas, el propósito que inspira los principios en comento es preservar el consentimiento de las partes mediante la comunicación, la sinceridad y el conocimiento recíprocos de los hechos y circunstancias relevantes y pertinentes del negocio jurídico.

Con independencia de si la obligación de información es de naturaleza precontractual o contractual propiamente tal, se acepta que su cumplimiento afecta tanto la formación como la ejecución del contrato y su incumplimiento puede generar ora la nulidad del negocio jurídico ora responsabilidad contractual del incumplido. Así mismo, el silencio sobre una información que se conoce y debiera comunicarse ha sido denominado por la doctrina como la reticencia dolosa(110), que también puede ser causa de nulidad.

Sobre el alcance y la importancia de la obligación de información la jurisprudencia arbitral se ha pronunciado, para señalar que “es una de las obligaciones más importantes del profesional y quizá la más generalizada” y con ella se debe suministrar información exacta, pertinente y relacionada directamente con la situación a la que se refiera. En consecuencia, “para efectos de la prueba del cumplimiento de esta obligación los comentaristas indican que un profesional diligente y avisado dejará constancia escrita de las actuaciones realizadas con el fin de informar a su cliente, así como de las sugerencias y advertencias que le haya hecho, si bien la ley no exige prueba documentaria”(111). Finalmente, conviene precisar que la que se analiza en este punto es la obligación de información a cargo de los contratantes y no la obligación de asesoría, a la que se refiere la convocada en su escrito de alegación final(112), prestación esta que si bien obedece a principios similares, tiene alcances y desarrollo prácticos diferentes.

vi) AMA, conociendo con suficiencia las dificultades inherentes a su información financiera, confió en evitar o superar el riesgo conocido y se expuso a este.

vii) Corpoaseo no acreditó en el trámite haber desplegado una conducta diligente para obtener oportunamente la información financiera de AMA, ni para revisar y comprobar que la misma cumplía con los requisitos que exigía el pliego de condiciones de la licitación. Sin embargo, manifestó que conocía esa información.

Las pruebas decretadas y practicadas en este proceso ponen de manifiesto el conocimiento previo por AMA SpA de los pliegos de la licitación 1 de 2002, específicamente de los requisitos financieros exigidos, así como las dificultades y vicisitudes inherentes al formato 2.

Conocedora de estas particularidades, por conducto de Andina de Servicios Públicos S.A. ESP, mediante comunicación fechada a febrero 7 de 2003(113), previa reunión sostenida en la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, formuló consulta en torno de los índices financieros de solvencia y nivel de endeudamiento y de la participación de empresas públicas con capital ciento por ciento público cuyos estados financieros generalmente se integran con sus titulares(114). En la propuesta, AMA SpA indicó a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos esta circunstancia(115), elaboró el formato 2 y aseguró reunir los requisitos financieros(116).

Por otra parte, el informe contenido en el “Documento de evaluación de las propuestas presentadas en la licitación pública internacional 1 de 2002”, fechado a 11 de abril de 2003 del comité de evaluación de las propuestas, concluye que AMA SpA no reúne las exigencias del pliego de condiciones porque, “ROMA no es el proponente, y por tanto la información financiera que la entidad requiere no es de una entidad contratante del proponente, sino del proponente mismo”.

En el mismo sentido, el documento fechado a 13 de junio de 2003(117), “Observaciones presentadas por los proponentes al informe de evaluación, respuestas de los mismos a las observaciones que los proponentes hicieron a las ofertas de los otros oferentes, y consideraciones y respuestas de la UESP a todas las observaciones”, reitera que las presentadas por CESPI, en cuanto a la información de AMA SpA parten de supuestos equívocos porque esta y el municipio de Roma son personas jurídicas diferentes, las exigencias se predican de aquella y no de este y, por ello, su propuesta debe rechazarse(118).

De igual manera, estos documentos precisan que la propuesta de la UT en lo relativo a Hera Segasa(119) no cumplía con el requisito de la firma del contador público en el formato 2, el cual, según las observaciones a la evaluación no es exigido por la legislación española que no regula esta profesión y defiere al representante legal y al auditor de cuentas la certificación de los estados financieros y, en todo caso, era subsanable, a diferencia de los requisitos exigidos a AMA SpA, los cuales eran insubsanables al involucrar a una persona jurídica diferente.

AMA SpA, confiando en la superación de los riesgos conocidos se expuso a estos(120).

De acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo”.

Henri y León Mazeaud(121) definen la culpa como un error de conducta en que no hubiera incurrido una persona prudente y diligente colocada en las mismas circunstancias del autor del daño, destacando que en la grave, no ha querido su realización “pero se ha comportado como si lo hubiera querido”, actúa en términos de “no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño”, y en ella incurre quien ha “obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves ...” (Derecho Civil, Parte II, vol. II, pág. 110).

Jacques Ghestin(122), observa:

“Se admite generalmente que la falta grave es aquella que procede de un comportamiento anormalmente deficiente. Es entonces la amplitud de la diferencia constatada entre la conducta del demandado y aquella que él debería haber asumido, lo que revela su existencia. Otro elemento que debe tomarse en consideración para la apreciación de la gravedad de la falta, tiene que ver con la posibilidad que tenía el demandado de conocer el riesgo que efectivamente se produjo y de medir su amplitud”.

En consecuencia, la exposición imprudente a un riesgo o peligro conocido, aún bajo la confianza de poder evitarlo o superarlo, constituye un acto de culpa grave, acto de torpeza en el cual no incurriría una persona negligente o de poca prudencia colocada en el mismo marco de circunstancias, por cuanto, el conocimiento previo del riesgo y su exposición a este, sin duda implica imprudencia, falta de cuidado y diligencia incluso respecto de un sujeto negligente.

A este respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-840 de 2001, puntualizó:

“El dolo, según Enneccerus: “Es el querer un resultado contrario a derecho con la conciencia de infringirse el derecho o un deber”.

Según el Diccionario Jurídico Espasa, el dolo: “Es la forma más grave de la culpabilidad. Suele definirse como conocimiento y voluntad de un resultado típico. Actúa dolosamente quien: 1. Conoce los elementos esenciales del tipo del injusto; sabe, por ejemplo que la cosa es ajena. Además de saber que la acción que se propone está prohibida por la ley penal, (...). 2. Quiere esa acción y su resultado. Se resuelve a ejecutar aquello que sabe está prohibido. Por tanto, el dolo tiene dos elementos: el intelectual (conocimiento) y el volitivo (voluntad), referidos a un resultado típico, es decir, prohibido por la ley penal. Caben varias clasificaciones del dolo, pero la más importante distingue entre dolo directo, que comprende aquellos casos en que el autor quiere intencionalmente el resultado representado en su mente, y es el más frecuente, y dolo eventual, referido a aquellos supuestos en que el agente se representa como probable la producción del resultado y, aunque no lo quiere directamente, acepta la probabilidad de que acontezca”.

Con respecto a la culpa el artículo 63 del Código Civil prevé tres modalidades a saber:

1. “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo”.

2. “Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano”.

3. “Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado”.

Desde una perspectiva distinta pero complementaria a la anterior, la culpa puede tener lugar por imprudencia, impericia, negligencia o por violación de reglamentos. Resultando al punto probable que en el marco del artículo 90 superior la culpa grave llegue a materializarse por virtud de una conducta afectada de imprudencia, impericia, negligencia o de violación de reglamentos, dependiendo también del grado de intensidad que cada una de estas expresiones asuma en la conducta concreta del servidor público.

Ahora bien, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si las nociones de temeridad y mala fe son más restrictivas que aquellos conceptos de dolo y culpa grave, en lo que dice relación a la responsabilidad.

La temeridad está definida por el diccionario de la Real Academia Española como “... calidad de temerario. 2. Acción temeraria. 3. Juicio temerario”. Y al remitirse al significado de temerario se lee: “excesivamente imprudente arrostrando peligros. Dícese de las acciones del que obra de ese modo. 3. Que se dice, hace o piensa sin fundamento, razón o motivo”.

Por su parte el Diccionario Jurídico Espasa define a la temeridad así: “Es el comportamiento imprudente. La imprudencia temeraria consiste en omitir el cuidado y diligencia que puede exigirse a la persona menos cuidadosa, atenta o diligente”.

Del análisis de las anteriores nociones surge una contundente conclusión, cual es la de que la acepción de temeridad equivale esencialmente a la definición de culpa grave que registra el Código Civil, de donde se colige finalmente que bajo tal adjetivo calificativo no se restringe irregularmente la responsabilidad del funcionario en lo tocante al grado de diligencia y cuidado que se le exige para decretar medidas cautelares. Por el contrario, la noción de temeridad, en tanto asimilación a culpa grave, se acompasa nítidamente con las formas de culpabilidad que concentra la Constitución en su artículo 90”(123).

Por otra parte, según el artículo 1738 del Código Civil “en el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable” y de acuerdo al artículo 1604 Código Civil. “La prueba de la diligencia y cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”.

En el mismo sentido, establece que en los contratos que por su naturaleza son útiles al acreedor, el deudor no es responsable sino de la culpa lata y de la leve cuando los contratos se hacen para beneficio recíproco de las partes, y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio como en el caso del comodato o préstamo de uso, todo “sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes”.

De lo anteriormente expuesto fluye que AMA SpA, incurrió en culpa grave al exponerse imprudentemente a un riesgo conocido con la confianza de poder evitarlo o superarlo y, al no informar detenida y pormenorizadamente a los restantes miembros de la unión temporal esta circunstancia, por lo menos, no existe en el proceso prueba claramente indicativa al respecto y la prueba testimonial es contradictoria a propósito.

En el mismo sentido, concluye el tribunal que la ausencia de los requisitos financieros exigidos en el pliego de condiciones en cuanto a AMA SpA concierne, era de fondo e insubsanable en la medida en que su información refería también a una persona jurídica diferente y, por tanto, se constituye como la causa esencial y fundamental, en virtud de su insuperabilidad, del rechazo y descalificación de la propuesta.

4.3. Las pretensiones de responsabilidad y condena a la reparación de daños.

La noción de responsabilidad se utiliza en el campo jurídico desde distintos puntos de vista y, se mira en cuanto, sujeción de un sujeto jurídico preciso y la exposición de su patrimonio(124), el deber de responder por o de algo o de reparar el daño, rectius, detrimento o lesión inmotivada de un derecho o interés, ora sujeción al cumplimiento de la obligación, exposición a los poderes del acreedor y a la ejecución coactiva de la prestación, bien afectación de todo o parte del patrimonio al cumplimiento y a las consecuencias de la inobservancia injustificada de este(125), es decir, su significación es disímil y no coincidente(126).

La responsabilidad en rigor es el deber de reparar el daño, esto es, la lesión de un derecho, interés o “valor tutelado por el ordenamiento”, e indica que el autor de un daño debe repararlo.

Cuando la fuente del quebranto es un contrato, la responsabilidad es contractual. En caso contrario, esto es, cuando no existe un contrato entre las partes, es extracontractual o aquiliana, surgiendo de la inobservancia de los deberes exigibles en la vida de relación, de contacto social o más exactamente sin preexistir entre los sujetos un contrato. Por tanto, la responsabilidad contractual es la que surge del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de la obligación del deudor.

En ambos casos, la responsabilidad presupone por elementos constantes la causación de un daño y la relación de causalidad o en la terminología tradicional un acto ilícito, un daño y un nexo causal entre el acto y el daño. Si es contractual, además es menester la existencia de un contrato.

Si el incumplimiento se presenta en la fase formativa de un negocio jurídico o contrato, esto es, con anterioridad a su existencia y celebración, la responsabilidad de quien incurre en la trasgresión de sus deberes y causa un daño, denominada “in contrahendo” es de naturaleza “extracontractual” como quiera que la llamada “responsabilidad precontractual” al no situarse en la contractual, precisamente porque no existe un contrato sino que se tiende a su formación y porque carece de regulación normativa concreta.

Las diferencias de los tipos de responsabilidad se relacionan, de una parte, con su fuente generatriz, los sujetos, su contenido y alcances: en la contractual se sanciona la violación del derecho subjetivo crédito derivado del contrato y en la extracontractual, la violación de un derecho, interés o valor jurídicamente tutelado. Por ello, en la responsabilidad contractual, en principio, el autor del daño es singular y determinado, el deudor o contratante incumplido o renuente al cumplimiento, en tanto, en la extracontractual, como cualquier sujeto puede desconocer el derecho, es necesario determinarlo.

Incumplido el contrato surge la responsabilidad contractual de la parte incumplida o renuente a cumplir y el derecho a obtener la reparación de los daños, consecuencia legal del incumplimiento de las obligaciones o de su cumplimiento tardío, defectuoso o imperfecto, proporcionando a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los perjuicios causados(127) para colocarla en situación patrimonial equivalente a la preexistente y procurándose una función de simetría, nivelación o equilibrio por el efecto vinculante de la relación jurídica, la esperanza legítima del acreedor para esperar u obtener la satisfacción integral de la prestación debida y la frustración de esta expectativa por la inobservancia de la relación obligatoria.

El efecto de las obligaciones derivadas de un contrato no es otro que la posibilidad que tiene el acreedor de constreñir al deudor para que cumpla correctamente la prestación, so pena de comprometer su responsabilidad. El no cumplimiento, o el cumplimiento tardío o el incumplimiento imperfecto o defectuoso, dan origen a la responsabilidad contractual. El deudor que no cumple su obligación o la cumple tardía o defectuosamente, compromete su responsabilidad si ha obrado con culpa, la cual apreciada con un criterio netamente objetivo consiste en no ejecutar la obligación; simplemente se analiza si el deudor ha incumplido o cumplido defectuosamente sus prestaciones.

Sobre dicho respecto, expresa el profesor Christian Larroumet:

“cuando el acreedor de una obligación contractual persigue la ejecución por equivalente contra el deudor, el primero obtendrá del segundo una suma de dinero que tenga por objeto compensar la inejecución, la mala ejecución o el retardo en la ejecución de la obligación. Esta suma de dinero se califica como indemnización por daños y perjuicios en razón que repara el daño perjuicio que resulta de la inejecución o de la mala ejecución del contrato. En efecto, la idea de responsabilidad civil implica la obligación que pesa sobre un persona de reparar el daño causado a otra en el ejercicio de una actividad cualquiera, desde el momento que el daño es imputable a esa actividad”. “La ejecución por equivalente de una obligación contractual, no es más que la responsabilidad contractual o responsabilidad en razón de la inejecución de los contratos”(128).

En general, frente al incumplimiento de una obligación el acreedor debe probarla con el daño y la relación de causalidad(129) y, el deudor, es admitido a demostrar que no le es imputable, sea porque actuó con la diligencia y cuidado exigibles(130), sea por la ocurrencia de un elemento extraño, esto es, fuerza mayor o caso fortuito, intervención exclusiva del acreedor o de un tercero. Si se trata de una obligación de resultado, por lo general, el acreedor solo debe acreditar su ausencia o no obtención, que se presume imputable al deudor y este debe probar una causa extraña. Por lo común el incumplimiento, el cumplimiento tardío o el incumplimiento defectuoso, causan perjuicios al acreedor. Estos perjuicios deben determinarse en su cuantía, pues la ley, en algunas hipótesis expresas, presume la culpa contractual, pero por lo general, no presume el perjuicio, cuya demostración corresponde al actor.

Como consecuencia de lo anterior, tres son las condiciones específicas de la responsabilidad contractual: A) El hecho imputable al deudor contractual. No hay responsabilidad contractual sin un acto imputable al deudor. Por lo tanto, el hecho verdaderamente generador es el incumplimiento. B) El daño o perjuicio es un elemento de la responsabilidad civil. Si la inejecución o mala ejecución de una obligación originada por un contrato no acarrea daño para el acreedor, no habrá responsabilidad del deudor. Desde el momento en que el deudor se encuentra en mora, el acreedor tiene derecho a exigir la reparación del perjuicio que resulte de la mora como consecuencia o efecto de la misma y, atendida la naturaleza de la prestación, lo dispuesto en el título generador o en la ley. C) Debe existir una relación de causalidad entre el hecho imputable al deudor y el daño. En las obligaciones de resultado se presume la existencia de una relación de causalidad entre la actividad del deudor y el daño sufrido por el acreedor. Se trata de la presunción de causalidad, la cual no es incontrovertible, pudiendo el deudor exonerarse si prueba una causa extraña al daño, pues este es el único medio de escapar a la obligación de reparar.

De estos antecedentes se deduce que la noción de culpa contractual (especialmente culpa del deudor), solo puede configurarse en la forma expresada, es decir, como el hecho de no cumplir o cumplir tardíamente. Por lo tanto, la responsabilidad contractual tiende a ser una responsabilidad que se funda, más que en una culpa subjetiva, en la falta de prudencia, diligencia o cuidado apreciado objetivamente de una persona en calcular las posibilidades de ejecutar la prestación pactada, cálculo de posibilidades que debe examinarse en el momento de contraer la obligación.

Esencial para que se comprometa la responsabilidad de una de las partes contratantes, resulta que exista un hecho, imputable a título de culpa, a una de ellas. En este caso como ha puntualizado el tribunal, la responsabilidad pretendida se sustenta en el incumplimiento imputado a la convocante de sus obligaciones derivadas del contrato de unión temporal, específicamente, en lo relativo a la prestación de elaborar y presentar una propuesta con observancia de los requisitos consagrados en los términos de referencia o pliegos de licitación, que se afirma quebrantada al suministrar información inexacta y a contrariedad de las mismas exigencias del pliego, no obstante conocerlos previamente y asimismo haber elaborado con anterioridad a la propuesta el formato 2 y conocer las probables falencias.

Habiendo sido establecido de conformidad con las anteriores consideraciones, que la sociedad convocada incurrió al menos en una culpa grave al no obrar con las necesarias corrección y lealtad que le exigía el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de unión temporal que la vinculaban a los demás partícipes del negocio y, en especial a la sociedad convocante y que dicha culpa compromete su responsabilidad concreta o contractual frente a la misma, es preciso determinar si esa culpa causó perjuicios a Corpoaseo S.A., la cuantía de estos, y la medida en que los mismos deben ser indemnizados por AMA SpA.

Como se ha señalado, la responsabilidad que una de las partes del contrato demanda respecto de la otra, naturalmente está sometida a los principios generales de la responsabilidad civil, la cual solo puede configurarse mediante la prueba del daño causado y su causalidad, la existencia de la culpa del responsable y de la cuantificación del daño, bien sea material o subjetivo. Esta trilogía de premisas tiene el alcance de que, sin existir todas ellas, no surge la acción indemnizatoria de perjuicios.

Constituye premisa esencial que la responsabilidad civil indica siempre que el autor de un daño debe repararlo. Esta noción es común a toda responsabilidad. Debe repararse todo el daño y nada más que el daño, con lo cual se destaca aún más su importancia, como quiera que no solo su existencia es presupuesto de la responsabilidad, sino que su cuantía lo es de la condena resarcitoria.

En efecto, la jurisprudencia colombiana ha sostenido con insistencia que para que se comprometa la responsabilidad es menester que se cause un daño.

“Por todo ello cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”(131).

“Es que aun cuando se acuda a teorías como la que pregona la unidad de la culpa civil o a cualesquiera otras de alcance similar, orientadas a poner de manifiesto por diversos caminos que tan solo son accesorios o secundarios los matices diferenciales que registran los dos tipos de responsabilidad en cuestión, algo si resulta ser indiscutible y es que en la tarea de distinguirlos e imprimirles el correspondiente tratamiento jurídico, siempre habrá de tenerse en cuenta que la responsabilidad llamada “contractual”, concreta por esencia, juega de ordinario entre personas que se han ligado voluntariamente y que por lo mismo han procurado especificar el contenido de los compromisos emergentes del negocio por ellas celebrado, mientras que la responsabilidad extracontractual opera entre quienes ha vinculado únicamente el azar y la extensión de los imperativos de conducta incumplidos en los que toma causa la respectiva prestación resarcitoria del daño en que dicha responsabilidad se traduce, es definida con frecuencia por normas de notoria abstracción, lo que en ultimo análisis lleva a concluir que no es indiferente en modo alguno el régimen en que de hecho se sitúe una demanda entablada para obtener el pago de perjuicios; se trata, pues, de un factor jurídico de necesaria influencia en la configuración del título de la pretensión incoada y por eso, en guarda del principio de congruencia, no es permitido que una sentencia judicial declare la existencia de responsabilidad contractual y efectúe la consiguiente condena sino en la medida en que de esa demanda, sin abandonar desde luego y en homenaje a versátiles divagaciones los lineamientos o objetivos que la especifican en su totalidad, surja a las claras un relato fáctico adecuado para poner en evidencia que existe un vínculo concreto de la naturaleza indicada entre quien como demandante reclama por la ilicitud de una conducta y aquel que señalado como demandado es la persona a quien dicha conducta se le imputa, que esta ultima consiste en la inejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de la ley por disposición convencional es parte integrante del ameritado vínculo, y en fin, que el daño cuya reparación económica se exige consista, básicamente, en la privatización injusta de una ventaja a la cual el demandante no habría tenido derecho de no mediar la relación tantas veces mencionada”(132).

El daño es entonces, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, el elemento primordial de la responsabilidad tanto extracontractual como contractual, y de no estar presente torna inoficioso el análisis de la misma, por más que existan los otros elementos.

Sin embargo, no sobra señalar que aunque el daño sea un elemento indispensable para la existencia de la responsabilidad, no es suficiente para que ella sea declarada. En efecto, como atrás se vio, en algunos eventos no se declara la responsabilidad a pesar de haber existido daño. Es el caso de cuando existe el daño pero no se puede atribuir al demandado, como cuando aparece demostrada una de las causales exonerativas; o cuando el daño existe y es imputable, pero no existió incumplimiento de parte del imputado. Por eso, valga reiterarlo, el daño se considera un elemento indispensable para la existencia de responsabilidad, pero cuya sola presencia no convierte, de suyo, a quien lo sufre en acreedor de una indemnización.

La indemnización de perjuicios, por otra parte comprende las compensaciones relativas a las pérdidas o disminución efectiva de los bienes ( damnun emergens ) y a la privación de las ganancias o aumentos patrimoniales ( lucrum cessans ) esperados por el perjudicado, las cuales se habrían producido de no haber ocurrido el incumplimiento contractual(133), es decir, el daño emergente, o sea, “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento” (C.C., art. 1614), esto es, la pérdida, destrucción o deterioro real y efectiva del patrimonio económico, la erogación o gasto necesario para su recuperación o restablecimiento y, el lucro cesante (C.C., arts. 1613 ss.)(134), “ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento” (C.C., art. 1614), utilidad, beneficio o provecho cierto, actual o futuro, que se deja de percibir en razón del daño ocasionado y que sin este se hubiera percibido.

Al tenor del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, impera el principio de indemnización integral y, por consiguiente, la “reparación del daño debe dejar indemne a las personas, esto es, como si el daño no hubiera ocurrido, o, al menos en la situación más próxima a la que existía antes de su suceso”(135), o en otros términos, “lo propio de la responsabilidad civil consiste en que se restablezca, lo más exactamente posible, el equilibrio destruido por el daño y que se coloque de nuevo a la víctima, a expensas del responsable, en la situación en la que se encontraría si no se hubiera producido el acto dañoso”(136) o lo que es igual, comprende todo el daño causado(137), las pérdidas sufridas y las ganancias frustradas por el incumplimiento del contrato(138) en cuanto no sean eventuales ni contingentes.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia de mayo 7, 1968, puntualizó:

“El daño emergente abarca la pérdida misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales trata de deducirse la responsabilidad; en tanto que el lucro cesante, cual lo indica la expresión, está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho. Y la pretensión indemnizatoria ha de conformarse a esta clasificación y ubicar adecuadamente los varios capítulos de la lesión”.

Dado, por lo demás que en consideraciones anteriores se ha desestimado la objeción grave formulada por la parte convocada contra el dictamen pericial practicado dentro de este proceso, el mismo servirá de guía fundamental para esta parte de la decisión.

La culpa grave en que incurriera la parte convocada al haberse abstenido de informar de una manera clara y explícita lo que en su conocimiento debía entenderse como un defecto en la presentación de sus estados financieros que muy seguramente llevaría al rechazo de la propuesta para la cual su apoyo, fundamentalmente en este aspecto había sido demandado por Corpoaseo y, también por la exposición imprudente al riesgo con la confianza de su superación, determinó a juicio del tribunal el incumplimiento de las obligaciones esenciales que derivaban del contrato de Unión Temporal para AMA SpA, la consecuente inutilidad de dicha propuesta en su conjunto y su falta de idoneidad para cifrar en ella una expectativa fundada de adjudicación.

La grave culpa en que incurrió AMA SpA a este respecto determinó la frustración del esfuerzo realizado por Corpoaseo durante muchos meses para tener a punto un complejo estudio técnico que sirviera de núcleo fundamental a la propuesta con buenas posibilidades de éxito, dentro de unas circunstancias en que el apoyo financiero complementario que era requerido hubiera podido seguramente obtenerse por otros medios y en término relativamente breve.

Estas consideraciones llevan a concluir que la parte convocada debe ser condenada a resarcir los costos en que incurrió Corpoaseo en la elaboración de la propuesta, a título de daño emergente.

En lo relativo a la argumentación respecto a que la contabilidad de Corpoaseo no es prueba de que los gastos eran de esta compañía porque la misma no indica que eran “gastos por cobrar” a los miembros de la UT, para el tribunal, como concluye la perito, resulta evidente que dichos costos están registrados en la contabilidad y, por tanto, no es de recibo este argumento, en la medida en que frente a la controversia planteada, solo mediante el laudo final podría determinarse, como en efecto se determina, si es procedente la obligación a cargo de AMA SpA de reembolsarlos a título de daño emergente(139).

Como ya se dijo, la alegación de la parte convocada sobre ausencia de razonabilidad, pertinencia y relación de causalidad de dichos gastos no fue probada y, en lo que se refiere a los gastos eventualmente hechos directamente por AMA SpA el tribunal debe desestimarlos como factor influyente en este punto, dado que ellos no fueron probados como lo sugiere la misma parte convocada en su alegato y lo demuestran las precisiones que la perito hizo a este respecto en su dictamen, al señalar que para el efecto AMA SpA presentó una serie de relaciones in soporte, sin fecha de causación y sin expresión de causa, y además por cuanto, dentro del proceso estuvo claramente establecido que los costos en que AMA pudo incurrir no se relacionaron con la elaboración misma de la propuesta sino con la negociación de los términos de la unión temporal. Además, por ser parte culpable, es claro que no puede la convocada pretender obtener reparación alguna a este respecto.

Tampoco influye en el sentido de la decisión el hecho de que en la contabilidad de Corpoaseo no existiera un registro contable que asignara a AMA SpA la responsabilidad de dichos gastos, toda vez que en este caso la suma de la condena que se impone a la convocada tiene su causa en la responsabilidad civil de carácter contractual que se declara en su contra.

En cuanto al lucro cesante, consistente en la utilidad que hubiera podido esperar Corpoaseo por la adjudicación del contrato de concesión, el tribunal considera que no existe lugar a condena alguna a cargo de la convocada.

Para llegar a esta conclusión debe tenerse en cuenta que ha sido tradicionalmente polémico el tema de la indemnización debida en el caso de pérdidas o frustración de “chances”, ya que una cosa es que la víctima sea acreedora de un lucro cesante entendido como el beneficio o utilidad económica a la cual ya se tiene un derecho definido, un título consolidado, y otra muy distinta que por el hecho de otro se pierda la oportunidad de obtener ese título ya que en este caso, es claro que el derecho a obtener el beneficio no se ha adquirido aún y depende normalmente de una circunstancia futura aún no realizada.

Esto tiene que ver desde luego también con la relación de causalidad que debe existir directamente entre el hecho que se imputa al autor del daño o responsable y el daño mismo; cuando el hecho dañoso consiste en que se determina la pérdida de la oportunidad o del “chance”, el beneficio económico esperado no dependía de la no verificación del hecho dañoso sino de la realización de la oportunidad o “chance” por lo cual es indispensable en este caso observar detenidamente la probabilidad de esa realización para establecer hasta que punto es procedente ordenar el resarcimiento de un lucro cesante por este concepto.

Al respecto conviene señalar lo que sobre el tema sostienen dos conocidos autores sobre la materia. Adriano De Cupis en su obra “El Daño”, sostiene:

“Pasemos ahora a considerar algunos casos en los que la ausencia de lucro-cesante resarcible depende de la falta de un objeto cierto. Si un yoquey, al que se ha confiado un caballo de carreras para montarlo, no llega a tiempo de tomar parte en la carrera, no puede hablarse, en sentido jurídico, del daño producido al interés referente al premio que habría podido obtener, ya que la victoria es absolutamente incierta y, por consiguiente, también tal interés. Análogamente, puede sostenerse en los casos en que un pintor envía, por medio del correo, un cuadro a una exposición, pero que por causa del transporte, el cuadro se destruya o no sea entregado a tiempo, por lo que no debe ser resarcido del daño relativo a la falta de obtención del premio, dado que tal adjudicación era totalmente incierta. Y si un abogado deja de transcurrir el término útil para la presentación de un recurso de casación, no se puede considerar como objeto del daño jurídico el interés relativo al bien que se habría podido alcanzar, de haberse estimado, cosa totalmente problemática, el expresado recurso.

En lo que respecta a estos casos, debe, no obstante, tenerse en cuenta: si bien no puede hablarse de un daño consistente en no haber obtenido el triunfo (en la carrera hípica, en el certamen pictórico, en la causa judicial), tampoco puede desconocerse que la aportación del yoquey, del corredor o del abogado permite columbrar una posibilidad de victoria, que se puede plasmar en acuerdo obligacional, por lo que, parece ajustado deducir que respecto a la exclusión de la posibilidad de victoria subsista un daño jurídico. La victoria es absolutamente incierta, pero la posibilidad de alcanzarla, que es lo que el acreedor ha tratado de asegurarse, ciertamente existe, tal vez en proporciones mínimas, en el momento en que se produce el hecho por efecto del que queda excluido, por lo que se está en presencia no ya de un daño por lucro cesante en razón al triunfo impedido de alcanzar, sino de un daño emergente a consecuencia de la actual posibilidad frustrada de lograr la victoria. El montante de tal daño será valuable según los criterios que posteriormente, expondremos a propósito de la valoración equitativa del daño”(140.

Más adelante agrega:

“El daño futuro es un daño jurídicamente relevante en cuanto revista los caracteres de certidumbre, por lo que puede parificarse al daño presente en tanto en cuanto pueda aparecer como un daño cierto, ya que la simple posibilidad o eventualidad, no bastan a la hora de exigir su responsabilidad. Con la expresión cierto se significa tanto el interés a que afecta como el hecho que lo produce, y que por afectarlo motiva el nacimiento de la responsabilidad. Así retornando al ejemplo de lesión corporal, debe ser cierto que Ticio haya obtenido determinada ganancia profesional, la cual perderá por efecto del hecho dañoso; y referente al ejemplo de la epidemia, debe ser cierta tanto la expectativa de atribución en el perjudicado, como que en el futuro se desarrollarán los efectos perniciosos de la misma.

Con todo, hemos podido apreciar (núm. 38) que el lucro cesante al insertarse en un campo hipotético, no puede ser tildado de cierto, más que en un sentido relativo, por lo que, respecto de su producción futura no podrá exigirse una certidumbre absoluta. Bastará probar que Ticio, según una razonable y fundada consideración, habría obtenido determinadas ganancias profesionales y que producida la lesión, de igual manera le es ya imposible adquirir.

La función, que querríamos llamar profética, que corresponde al juez respecto a los daños futuros, está fundada en la posibilidad de un conocimiento, por descontado que imperfecto, de lo que aún no existe. Consecuencia de la imperfección de tal conocimiento es que baste para el derecho con que el juez lo vea relativamente cierto, con aquella certidumbre que permite apreciar lo que es un proyecto futuro. La liquidación judicial del daño debe pretender adecuar lo más posible la sanción del daño (resarcimiento) con la real, efectiva, entidad del daño en sí (tal como hemos expuesto en los núms. 28, 35 y 37), sin reducirse a la esfera del presente, aunque fuera de ella, su certeza se difumine, se desdibuje, dentro de los márgenes de lo aproximado y de lo posible considerarse como definitivos”(141).

Por su parte, Zannoni, sostiene al respecto:

“Cuando el daño consiste en la frustración de una esperanza, en la pérdida de una chance, de una probabilidad, existen a la vez —es decir, coexisten— un elemento de certeza y un elemento de incertidumbre. Certeza de que, de no mediar el evento dañoso —trátese de un hecho o acto ilícito o de un incumplimiento contractual—, el damnificado habría mantenido la esperanza en el futuro, que le permitiría obtener una ganancia o evitar una pérdida patrimonial. Pero, a la par, incertidumbre, definitiva ya, de si, manteniéndose la situación de hecho o de derecho que era el presupuesto de la chance, la ganancia se habría en realidad obtenido, o si la pérdida se habría evitado. “La dificultad proviene de que, en este supuesto, no resulta posible ya esperar para determinar si el perjuicio existirá o no existirá; la realización del perjuicio no depende ya de acontecimientos futuros e inciertos. La situación es definitiva; nada la modificará ya; por su culpa, el demandado ha detenido el desarrollo de una serie de hechos que podían ser fuente de ganancias o de pérdidas”.

La doctrina que ha negado la reparación por la pérdida de una chance, así como Demogue entre los clásicos, ha situado el centro de gravedad del problema en la incertidumbre definitiva que existe de que la obtención del beneficio patrimonial se concretara. En el caso de aquel caballo de carreras, Demogue argumentaba que nadie podrá, ya, afirmar, asegurar ciertamente, que habría llegado primero de haber participado en la carrera. Pero, a la vez, replicaba Lalou, el perjuicio es cierto en tanto el caballo tenía probabilidades de llegar primero, y esa probabilidad, perdida o frustrada, es indiscutible. Lalou, como la gran mayoría de la doctrina actual pone el centro de gravedad en la certidumbre de la probabilidad, como tal. Es claro, aun cuando en razón del evento dañoso la probabilidad no podrá ya convertirse en realidad, “contenía en potencia la fuerza necesaria para ello”. Se ha privado al damnificado, pues, por un acto contrario a derecho de una facultad de actuar, lícita, a través de la cual podía lograr un beneficio patrimonial.

En este punto creemos interesar el meollo mismo de la cuestión y que viene, de rondón, a verificar la razón que nos asiste al afirmar, como lo hicimos (supra 8), que por daño debe entenderse el menoscabo a todo interés —y no solo a un interés legítimo o de derecho subjetivo— que integra la esfera del actuar lícito de una persona, a consecuencia del cual ella sufre la privación de un bien procurado a través de ese actuar. La chance es la posibilidad de un beneficio probable, futuro, que integra las facultades de actuar del sujeto en cuyo favor la esperanza existe. Privar de esa esperanza al sujeto, conlleva daño, aun cuando pueda ser dificultoso estimar la medida de ese daño, porque lo perdido, lo frustrado, en realidad, es la chance y no el beneficio esperado, como tal”(142).

Por tanto, el perjuicio resarcible debe ser “cierto”, por oposición al “eventual”, que no otorga derecho a indemnización, tema complejo tratándose de “perjuicios no consolidados” cuando además estos se asocian, como en el presente caso, con situaciones que no llegaron a materializarse.

Así, en lo tocante con los daños directos o indirectos, es punto obligatorio de partida señalar que conforme al artículo 1616 del Código Civil(143), ausente estipulación contractual, el deudor solo responde por los perjuicios directos, entendiendo como tales los que son consecuencia necesaria y estricta de su obrar contrario a derecho. A “contrario sensu”, el deudor no tiene responsabilidad cuando el daño no es producto cierto y forzoso de su conducta o, en otras palabras, carece de relación de causalidad, característica que, entonces, viene a constituirse en determinante para calificar como directo un perjuicio.

En el caso que se juzga ocurre claramente que la conducta que ha sido calificada como gravemente culposa por parte de AMA SpA, determinó la inutilidad de la propuesta presentada por la Unión Temporal CESPI dentro de la licitación 001 de 2002; sin embargo, el tribunal no encuentra probado el hecho de que se habría adjudicado indefectiblemente la concesión de por lo menos una ASE, la ASE 2 a dicha unión temporal como consecuencia del agotamiento del proceso licitatorio. Esa es una eventualidad que hubiera podido suceder pero que no es seguro que hubiera sucedido, toda vez que, de hecho, las razones que determinaron la eliminación de la propuesta de la unión temporal fueron dos, una de ellas relativa a los documentos aportados por otra de las sociedades miembro de la unión temporal. Es cierto que la naturaleza de las objeciones que se plantearon a este respecto por parte de la UESP eran sustancialmente menos importantes y que posiblemente por si solas no hubieran implicado el rechazo de la propuesta, pero esto es algo que entra dentro del terreno de la conjetura.

Por otra parte, en este caso es indispensable tener en cuenta que si bien se ha definido la responsabilidad de la demandada en este caso como una responsabilidad contractual, es indispensable tener en cuenta que el marco contractual dentro del cual se cometió la falta que se le imputa y que se consideró probada, es la de un contrato sui generis, de características propias que si bien no puede definirse estrictamente como un contrato preparatorio, en la medida en que no imponía obligatoria e ineludiblemente la celebración de un contrato futuro entre las mismas partes, puesto que el mismo dependía de la decisión que tomara un tercero (la UESP dentro del marco del proceso licitatorio) y estaba orientado a la celebración de un contrato con ese tercero, sí fue un contrato que se dio dentro de la etapa previa a ese contrato futuro proyectado. Las partes cifraban todo esfuerzo en ese contrato futuro pero el mismo era por definición eventual.

Entonces, en forma similar a lo que ocurre frente a la denominada culpa in contrahendo, considera el tribunal que en este caso, la eventualidad del resultado que se esperaba no permitiría razonablemente considerar la existencia de un interés positivo afectado de parte de Corpoaseo, sino solo del interés negativo que se manifiesta como ya se dijo en el daño emergente concretado en los gastos de elaboración de la propuesta. El interés positivo único que podría considerarse estaría determinado por la demostración de que Corpoaseo perdió a instancias de la falta de AMA SpA, la posibilidad de concretar una propuesta exitosa con otros socios posibles, pero el tribunal no encuentra que ello haya sido demostrado dentro del proceso.

Tanto el representante legal de Corpoaseo como otros funcionarios suyos hicieron referencia en sus declaraciones y testimonios a la existencia de un preacuerdo con la sociedad Odinsa y a otros contactos que se hicieron con otras personas previamente al inicio de las conversaciones con la demandada, pero tales declaraciones y testimonios son vagos y no fueron respaldados con ninguna otra evidencia probatoria por lo cual el tribunal debe desestimarlos por insuficientes para acreditar el hecho de que, de no haber mediado la culpa de AMA SpA, Corpoaseo hubiera tenido éxito en obtener una adjudicación como partícipe de una propuesta presentada conjuntamente con otros socios.

Conforme al dictamen pericial, los gastos totales en los que incurrió Corpoaseo para la elaboración de la propuesta, ascienden a la suma de $ 825´173.839 (fl. 68 del cdno. de pbas. 13). En la demanda y en sus alegatos, Corpoaseo ha pretendido que de esa suma, el 51% debe correr por cuenta de la convocada, en razón de que en esa proporción la misma aceptó asumiría los costos de elaboración de la propuesta en el contrato de unión temporal. La parte convocada ha discutido la pertinencia, razonabilidad y relación de causalidad de dichos gastos, pero en este punto la objeción formulada al dictamen no ha resultado próspera como se indicó anteriormente. Por otra parte, la convocada ha sostenido que incurrió también en costos relativos a la elaboración de la propuesta que deben ser reducidos proporcionalmente de cualquier suma que llegare a deber por este concepto; no obstante sobre este punto ya se han expuesto las razones para no acceder a esta alegación.

Para el tribunal, por concepto de daño emergente, Corpoaseo tiene derecho a recuperar de AMA SpA la totalidad de los gastos realizados para la elaboración de la propuesta, salvo aquella parte de los mismos que corrían por cuenta de personas que no participaron en el proceso conforme al contrato de unión temporal.

Considera el tribunal que en punto a daño emergente la responsabilidad en que incurrió AMA SpA comporta fundamentalmente la obligación de resarcir precisamente los costos y gastos en que la parte afectada tuvo que incurrir en la etapa de preparación previa al contrato frustrado y no solo los gastos y costos que el responsable hubiera ofrecido asumir en virtud del contrato de unión temporal.

Lo anterior porque en la demanda se persigue la reparación integral del daño, incluido el “daño emergente” y como quiera que en la pretensión sexta se solicita que la indemnización de los perjuicios se realice de conformidad con lo probado en el proceso dando aplicación al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y, por tanto, atienda la equidad y los criterios técnicos actuariales, en forma que sea integral, plena y completa y, así se reflejará en la parte resolutiva de esta providencia.

En ese orden de ideas, por concepto de daño emergente Corpoaseo tiene derecho a recuperar de AMA SpA, el 81% de la suma de $ 825´173.839 probada dentro del proceso como costo de preparación de la propuesta, en términos de valores actuales a la fecha del fallo. Ese porcentaje arroja la suma de $ 668´390.810, que deberá actualizarse, tal como se encuentra pedido en la demanda, con base en la variación del índice de precios al consumidor, entre la fecha de presentación de la propuesta el día 25 de febrero de 2003 y la fecha del laudo; esta operación que es la simple aplicación matemática de los índices de variación de precios al consumidor arroja una suma de $ 755´307.137.

Ahora bien, en consideración a que de acuerdo a lo dicho anteriormente, el tribunal, no puede dejar de manifestar que se encuentra probado que Corpoaseo incurrió a su vez en una falta de diligencia por no haber inquirido de una manera más decidida y persistente acerca de las reales condiciones financieras de AMA SpA y por no haber revisado la documentación e información una vez la obtuvo, no obstante que esa falta es de naturaleza menor comparada con la incurrida por AMA frente a las obligaciones esenciales que le correspondían en desarrollo del contrato de unión temporal, la condena será reducida prudencialmente en un porcentaje del diez por ciento (10%) atendiendo la participación en menor grado de la conducta de Corpoaseo, es decir, no esencial ni determinante, el principio de la valoración integral del daño, su simetría y particularmente, en cuanto que su reparación no puede ser fuente de enriquecimiento.

IV. Las excepciones perentorias

El tribunal pasa a ocuparse de las excepciones propuestas por la parte convocada, en desarrollo de las consideraciones que se han hecho hasta el momento:

1. Corpoaseo conoció la situación financiera de AMA, y en particular los datos en que fundamenta esta demanda:

Luego del análisis probatorio que se ha llevado a cabo, para el tribunal es claro que si bien es cierto podría concluirse que Corpoaseo conoció algunas horas antes de la presentación de la propuesta la situación financiera de AMA, ese conocimiento se produjo cuando ya era imposible valorarla y conocerla detenidamente y que, por otra parte, para el tribunal fue demostrada la conducta gravemente culposa de AMA, al abstenerse de informar explícitamente con transparencia y lealtad en forma oportuna esa situación financiera y el riesgo conocido plenamente por ella al cual se expuso confiando en poder superarlo o evitarlo. Por lo mismo esta excepción no está llamada a prosperar con el efecto de inhibir las pretensiones de la demanda.

2. Corpoaseo no podía no conocer la información financiera de AMA sin haber incurrido en culpa:

Sobre esta excepción puede hacerse la misma anotación que se hace en el caso anterior.

3. Validez de la cláusula de exoneración de responsabilidad:

El tribunal ya ha expuesto las razones que le asisten para considerar que la cláusula es nula, por lo cual esta excepción debe declararse no probada.

4. Ausencia de dolo, culpa grave o mala fe de AMA:

También por las razones dadas en su momento, con base en las cuales el tribunal considera que existió culpa grave en la conducta de AMA como parte del contrato de unión temporal, esta excepción debe ser rechazada.

5. La propuesta también fue rechazada por inconsistencias en la información de Hera Segasa:

Este hecho que puede considerarse probado, no conforma una excepción en sí mismo, sino en cuanto a las consecuencias que genera desde el punto del derecho sustancial de la convocante y que se traduce en el rechazo de la pretensión de resarcimiento del lucro cesante como se indica en otros apartes de este laudo.

6. Corpoaseo no reunía solo los requisitos financieros para presentarse en la licitación:

Este es un hecho que tampoco constituye en sí mismo una excepción en la medida en que, como ha sido destacado antes, a pesar de que se encuentra probado, no implica que AMA no haya incurrido en responsabilidad.

7. Corpoaseo no reunía solo la experiencia técnica que le permitiera resultar adjudicatario en la licitación:

Sobre esta excepción se hace idéntica consideración que en el punto anterior.

8. Bajo componente nacional de la UT CESPI:

Este hecho no fue demostrado ya que tendría que haberse establecido en relación con las demás propuestas presentadas, lo que no se hizo.

9. Inoponibilidad a AMA de los actos de su apoderado si la cláusula de exoneración de responsabilidad no es válida:

En lo que respecta a la inoponibilidad y a la nulidad total del acuerdo de unión temporal invocadas por AMA SpA, como consecuencia de la nulidad de la cláusula de exoneración de responsabilidad, considera el tribunal que la autorización impartida por el consejo de administración al administrador delegado no se condicionó a la exención de responsabilidad y, por el contrario, lo facultó para celebrar la unión temporal, buscar socios en sustitución de Andina y suscribir cada acto necesario para perfeccionar el acuerdo con eventuales socios, lo cual, excluye estas figuras.

En efecto, la “inoponibilidad” del negocio jurídico, consiste en la ausencia o improducción de sus efectos respecto de o en contra de alguien(144), generalmente, por inobservancia de las cargas de conocimiento, previsión, sagacidad, probidad, corrección, tutela de la buena fe o por las circunstancias disciplinadas por la ley, a cuyo tenor, “será inoponible el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija” (C. de Co., art. 901).

La inoponibilidad, presupone la existencia y validez del negocio jurídico, no se asimila a estas(145), sus causas son variadas, no se limitan a la falta de publicidad dominus o titular del interés, en cuya esfera jurídica se radican sus efectos(146) y, en particular, respecto de la representación, hipótesis de “legitimación excepcional”, poder o aptitud de disposición de derechos e intereses ajenos ante los demás, permitiendo a un sujeto (representante) sustituir a otro (representado) en la celebración de un negocio o contrato en nombre y por cuenta del dominus o titular del interés, en cuya esfera jurídica se radican sus efectos(147) a condición de observar los límites determinados en la ley, la procura (poder) o en ambos (C.C., art. 1505, C. de Co., art. 833), su extralimitación e inobservancia, según el actual criterio jurisprudencial entraña la “inoponibilidad” del contrato, esto es, la carencia de efectos o de vinculación del representado(148).

Tratándose de las personas jurídicas y, en particular de las sociedades, la teoría “organicista” pregona la presencia de “órganos sociales” surgidos por y desde su constitución, planteando la “representación orgánica” radicada en el representante legal como órgano de ejecución y representación externa cuyas atribuciones se determinan de conformidad con el régimen jurídico aplicable a su tipo, clase o especie y sus estatutos sociales(149). Por lo general, el artículo 196 del Código de Comercio en consonancia con su artículo 99, postula el principio rector de la plenitud e integridad de las facultades del representante legal de la sociedad, sin restricciones distintas de las establecidas de manera expresa, clara y precisa en “el contrato social inscrito en el registro mercantil”, presumiendo a falta de estas, que tiene plenas facultades para celebrar y ejecutar todos los actos, negocios jurídicos y contratos comprendidos en el objeto social. En esta materia, en efecto, el ordenamiento jurídico(150), la jurisprudencia(151) y doctrina, han reiterado de manera unánime, la directriz de las plenas facultades del representante legal de la sociedad para celebrar o ejecutar todo acto o contrato comprendido en el objeto social. Sus limitaciones al constituir una excepción a la regla general, deben consignarse en términos expresos, claros y precisos(152) en el estatuto social o en las reformas estatutarias adoptadas por el órgano autorizado e inscribirse en el registro público de comercio(153), a punto de no admitirse prueba contraria a lo inscrito ni respecto de la sociedad ni de terceros(154) y de ser inoponibles las que consten en documentos internos, las introducidas por órganos sin facultad para reformar el contrato social(155) e incluso las no registradas así provengan del órgano competente.

Ahora bien, impartida la autorización exigida para la celebración de un contrato, el representante legal del ente societario se entiende autorizado para los actos inherentes a su desarrollo, ejecución y cumplimiento, incluida, naturalmente, su modificación, salvo que respecto de esta, también de manera expresa, clara y precisa, se exija bien por la ley, bien por el estatuto social inscrito en la cámara de comercio y provenga, por supuesto, del órgano social competente para disciplinar restricciones al órgano representativo.

En estas hipótesis, en garantía de la certidumbre y estabilidad de las relaciones jurídicas, por el contrario, algunas normas jurídicas, disponen que la facultad se entiende conferida no solo para la celebración del contrato sino para los actos propios inherentes al mismo, es decir, no se agota con su celebración. Verbi gratia, en la representación negocial, el artículo 840 en consonancia con el artículo 1263 del Código de Comercio, preceptúa: “El representante podrá ejecutar los actos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios cuya gestión se le haya encomendado, pero necesitará un poder especial para aquellos respecto de los cuales la ley así lo exija”. En el mismo sentido, el artículo 2156 del Código Civil, entiende facultado al mandatario para todos los actos de administración y el artículo 2168 de dicho código precisa que “el poder especial para vender comprende la facultad de recibir el precio”.

En sentir de AMA SpA, en caso de nulidad de la cláusula de exoneración de responsabilidad por el rechazo de la propuesta, “tal situación implicaría que el mandatario de AMA actuó en exceso de sus facultades contenidas en la expresa autorización del consejo directivo de AMA contenida en el acta 3/2003” y la representación “ejercida no sería oponible a AMA, porque el representante habría excedido sus facultades” o, se generaría la nulidad total del negocio jurídico porque “las partes no hubieran celebrado el acuerdo de unión temporal si no se hubiera incluido la referida cláusula tercera”.

En efecto en el acta del consejo de administración de AMA 3/2003 de 19 de febrero de 2003(156), consta la propuesta de deliberación del administrador delegado, doc. Domenico Tudini con objeto de: “Autorización para buscar un nuevo socio local en relación a la licitación internacional expedida por la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos para la asignación del contrato de concesión del servicio de higiene urbana en la ciudad de Bogotá’ (Colombia)”, indicándose: “Por lo expuesto anteriormente que: (...) que el Consejo Administración puso una condición: la posibilidad que AMA SpA después de la adjudicación por su parte del contrato, pudiera ceder sin algún prejuicio (sic) la propia cuota a AMA International SpA; relevar explícitamente AMA SpA y AMA International SpA de cualquier responsabilidad en relación a la eventual exclusión por falta de uno de o mas requisitos por parte de AMA SpA y/o AMA International SpA; que AMA SpA y AMA International SpA juntas posean el 51% del capital social; (...) quedando lo dispuesto por el consejo de administración en relación a: mayoría, cesión cuotas de AMA SpA y relevar sobre los requisitos financieros”.

No obstante, la decisión final no estableció estos condicionamientos, pues, “con base en la propuesta del administrador delegado:

“El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DELIBERA

— de autorizar AMA SpA suscribir una unión temporal con uno o varios socios diferentes de Andina de Servicios Públicos S.A. ESP para participar a la licitación expedida por la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos para la asignación del contrato de concesión del servicio de recolección y transporte de los desechos sólidos urbanos, de barrido de las vías y áreas públicas, de manutención de la zona verdes de la ciudad de Bogotá en asociación con AMA Internacional SpA y eventuales otros socios;

— de dar el mandato al administrador delegado de buscar uno o más socios locales en sustitución y suscribir cada acto necesario para perfeccionar el acuerdo con eventuales socios para la presentación a la licitación en objeto;

— de modificar por lo tanto la propia deliberación n. 5/03 del 12/02/03 en los términos anteriores manteniendo su validez para la parte restante”.

De esta manera, el consejo de administración en la deliberación autorizó expresamente al administrador delegado para suscribir una unión temporal, dar mandato para buscar uno o más socios y “suscribir cada acto necesario para perfeccionar el acuerdo con eventuales”, sin condicionarla a la exoneración de responsabilidad ni que sin esta no se hubiera celebrado el contrato de unión temporal.

Adicionalmente, no es posible invocar la inoponibilidad de un negocio jurídico sobre la hipótesis de una condición inválida como sucede en el presente asunto.

10. Nulidad total del acuerdo de unión temporal.

Por lo expuesto al analizar y decidir la excepción anterior, la nulidad parcial del acuerdo de unión temporal y, en particular de la cláusula de exoneración no comporta la inoponibilidad del contrato a AMA SpA, ni su nulidad total, pues, como se desprende de la valoración de los distintos testimonios y del interrogatorio de parte, las contradicciones a propósito son nítidas y no resulta claro para el tribunal, que sin la misma las partes no lo habrían celebrado, tanto más, si se facultó al administrador delegado para suscribir la unión temporal, así como cada acto necesario para perfeccionar el acuerdo y se modificó la propia deliberación n. 5/03 del 12/02/03 “en los términos anteriores manteniendo su validez para la parte restante”.

11. Inexistencia de lucro cesante:

Esta excepción debe considerarse probada, de conformidad con las consideraciones expuestas con anterioridad.

12. Inexistencia de daño cierto:

Habiendo prosperado la excepción de “inexistencia de lucro cesante” prospera parcialmente esta excepción a propósito de este rubro. Respecto del daño emergente, no prospera, de conformidad con las anteriores consideraciones.

13. Inexistencia de relación de causalidad entre el hecho imputado a AMA y el lucro cesante alegado:

Habiendo prosperado la excepción de inexistencia de lucro cesante no hay lugar a reconocerle mérito a esta excepción.

14. Inexistencia del daño emergente:

Esta excepción se desestima de conformidad con las consideraciones anteriores.

3. Costas

La ley procesal enseña que la parte vencida debe pagar los gastos del proceso y las agencias en derecho de su contendora; que la condena respectiva debe hacerse en la providencia que ponga fin a la actuación correspondiente; y que en caso de prosperidad parcial de las respectivas pretensiones deberán distribuirse proporcionalmente las cargas respectivas.

En consecuencia, el tribunal procederá a pronunciarse sobre este particular con fundamento en lo previsto en el artículo 154 del Decreto 1818 de 1998, y con sujeción a las reglas contenidas en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil modificados por la Ley 794 de 2003.

Considerando la prosperidad de las pretensiones primera, segunda y tercera (parcialmente) y cuarta (parcialmente) y también la prosperidad de la excepción denominada “inexistencia de lucro cesante”, el tribunal condenará en costas a la parte convocada en un setenta por ciento (70%) del total, conforme con lo previsto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

Para la liquidación de las costas el tribunal tiene en cuenta que en la audiencia de 20 de mayo de 2004 (acta 1) fijó la suma de $ 400’000.000 para gastos de funcionamiento tribunal y honorarios de sus miembros, más el IVA sobre las partidas que lo causaren ($ 58’400.000) para un total de $ 458.400.000. De acuerdo a la ley, dichos valores fueron pagados por las partes por mitades, es decir, $ 229’200.000 cada una.

Igualmente se tiene en cuenta el valor de los honorarios y gastos pagados a los peritos, y al respecto consta en el expediente que a solicitud de la parte convocante se practicó un dictamen financiero contable que fue rendido por la doctora Gloria Zady Correa Palacio, a quien el tribunal fijó la suma de $ 2’000.000 para gastos, que pagó la convocante, y $ 18’000.000 como honorarios, que pagaron el 80% la convocante y 20% la convocada. También se practicó un dictamen a petición de AMA SpA, quien pagó los gastos ($ 1’000.000) y honorarios del perito Semir Belage ($ 8’000.000), y se ordenó la traducción de unos documentos, también a cargo de dicha parte ($ 500.000). Por último se reconocerá la suma de $ 8’000.000 que la parte convocante debió pagar para cubrir los gastos de desplazamiento desde Italia del representante legal de AMA SpA.

De acuerdo a lo anterior, los gastos procesales que pagó la parte convocante con ocasión de este trámite arbitral ascienden a la suma de $ 253’600.000.

Finalmente el tribunal fija la suma de $ 100’000.000 como agencias en derecho.

En consecuencia, el total de las costas del proceso es de $ 353.600.000 de los cuales la parte convocada deberá pagar a Corpoaseo Total S.A. ESP el 70%, es decir, la suma de $ 247’520.000.

4. Parte resolutiva.

En mérito de las consideraciones que anteceden, el tribunal de arbitramento constituido para dirimir en derecho las controversias suscitadas entre Corpoaseo Total S.A. ESP, de una parte, y AMA SpA, de la otra, de que da cuenta el presente proceso arbitral, administrando justicia por habilitación de las partes, en decisión unánime, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Declarar impróspera la objeción por error grave formulada por AMA SpA contra el dictamen pericial financiero contable rendido dentro del presente proceso, por las razones expuestas sobre el particular en la parte motiva de este laudo.

Segundo. Reconocer fundamento a la excepción denominada “inexistencia de lucro cesante” y reconocer fundamento parcial a la excepción denominada “inexistencia de daño cierto”, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Declarar no probadas las demás excepciones propuestas por AMA SpA en la contestación de la demanda.

Cuarto. Declarar la nulidad absoluta del siguiente aparte de la cláusula tercera del “acuerdo de unión temporal” celebrado el 24 de febrero de 2003 por Corpoaseo Total S.A. ESP, AMA SpA, Velzea Ltda., Hera Segasa S.L. y Tecnoventas S.A.: “y por consiguiente la descalificación de la misma por cualquier causal de rechazo contenida en el numeral 16 de los términos de referencia, no hará responsable a ninguno de los participantes ante los demás, ni ningún otro podrá reclamar perjuicios por el rechazo, descalificación o no adjudicación de la propuesta”, por las razones expuestas en la parte motiva.

Quinto. Declarar que AMA SpA asumió una conducta gravemente culposa al suministrar información inexacta para la elaboración y presentación de la oferta por parte de la Unión Temporal CESPI en la licitación pública internacional 001 de 2002, con lo cual incumplió el “acuerdo de unión temporal” de fecha 24 de febrero de 2003, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.

Sexto. Declarar que AMA SpA es civil y contractualmente responsable de los perjuicios patrimoniales en su modalidad de daño emergente sufridos por Corpoaseo Total S.A. ESP por la descalificación y rechazo por parte del comité evaluador de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP, de la propuesta presentada por la Unión Temporal CESPI en la licitación pública internacional 001 de 2002, por lo expuesto en la parte motiva de este laudo. En consecuencia, prospera parcialmente la pretensión tercera de la demanda.

Séptimo. Condenar a AMA SpA a pagar a Corpoaseo Total S.A. ESP a título de daño emergente la suma total de seiscientos setenta y nueve millones setecientos setenta y seis mil cuatrocientos veintitrés pesos ($ 679’776.423), que comprende la actualización monetaria.

Octavo. Declarar que prospera la pretensión sexta de la demanda por las consideraciones consignadas en la parte expositiva de esta providencia.

Noveno. Condenar a AMA SpA a pagar a Corpoaseo Total S.A. ESP por concepto de costas procesales la suma de doscientos cuarenta y siete millones quinientos veinte mil pesos ($ 247’520.000).

Décimo. Desestimar las demás pretensiones de la demanda.

Undécimo. Disponer la entrega de los honorarios de la perito financiero así como del saldo de los honorarios de cada uno de los árbitros y de la secretaria.

Duodécimo. Ordenar que por secretaría se expida copia auténtica e íntegra de esta providencia con destino a cada una de las partes, a la Procuraduría General de la Nación y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para lo de su cargo. La copia del laudo que se entregue a la parte convocante, deberá llevar la certificación, por parte del tribunal, de ser la primera y de prestar mérito ejecutivo (CPC, art. 115, num. 2º).

Décimo tercero. Ordenar que en la oportunidad de ley, se protocolice el expediente en una de la notarías del Círculo de Bogotá y se rinda cuenta por el Presidente a las partes de lo depositado por concepto de gastos de funcionamiento y protocolización, y se restituya lo que corresponda. En el evento de que la suma disponible en esta partida no resulte suficiente para cubrir los gastos de protocolización del expediente, el valor faltante deberá ser sufragado por ambas partes.

Notifíquese.

Dado en Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del mes de septiembre de dos mil cinco (2005).

Andrés Eloy Ordóñez Ordóñez, Presidente—William Namén Vargas, Árbitro—Fernando Pabón Santander, Árbitro. 

Florencia Lozano Reveiz, Secretaria. 

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