Laudo Arbitral

Consorcio Cosacol-Hanover

v.

Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol y Empresa Colombiana de Gas, Ecogas

Agosto 28 de 2002

Laudo

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el tribunal de arbitramento a dictar el laudo que pone fin al proceso arbitral promovido por las sociedades Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., y Hanover Compressor Company, que conforman el consorcio Cosacol-Hanover, en contra de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, y la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas.

I. Antecedentes

1. El trámite arbitral

1.1. Las sociedades que conforman el consorcio Cosacol-Hanover, Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., y Hanover Compressor Company, por conducto de apoderado especial designado para el efecto, solicitaron el ocho (8) de febrero de dos mil (2000) la convocatoria de este tribunal al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y demandaron a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, y a la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, con fundamento en las cláusulas compromisorias de los contratos DIJ-1018 de mayo 24 de 1996 (fls. 3 a 15 del cdno. pbas. 1), ECG-910-97 de julio 31 de 1997 (fls. 16 a 35 del cdno. pbas. 1), ECG-131-97 de octubre de 1997 (fls. 36 a 52 del cdno. pbas. 1) y del ECG-126-97 de noviembre 26 de 1991 (fls. 53 a15 del cdno. pbas. 1).

Los cuatro contratos fueron celebrados entre el consorcio Cosacol-Hanover, de una parte, y la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, de la otra; en dichos contratos se pactó arbitramento en la cláusula vigésima cuarta —tema en el que son idénticas— en los siguientes términos:

“Cláusula vigésimo cuarta: Mecanismos de solución a controversias contractuales: Las partes contratantes, solucionarán sus diferencias observando el siguiente procedimiento; a) En primer lugar agotarán el arreglo directo para llegar a transar sus diferencias, cuya etapa no podrá ser superior a 10 días; b) Fracasada la etapa anterior, al día siguiente de su terminación, acudirán a la conciliación (o a la composición) para lo cual nombrará cada parte un conciliador (o amigable componedor), etapa que no podrá prorrogarse por más de 10 días; c) En el evento de no lograr acuerdo o si este fuere parcial, la parte no solucionada se someterá a la decisión de un tribunal de arbitramento compuesto por tres (3) árbitros, siguiendo las normas legales que regulan esta materia, para lo cual los árbitros dispondrán de 10 días para proferir su decisión; d) Cuando las diferencias fuesen de carácter técnico y no hubiese acuerdo directo entre las partes, estas serán dirimidas por una empresa que no tenga vínculos directos ni indirectos con las partes y forme parte del sistema nacional de normalización, certificación y metodología debidamente inscrita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya decisión obligará a los contratantes; e) Las peticiones y reclamaciones presentadas entre las partes y sobre las cuales la parte a quien se le solicita o reclama no se pronuncie dentro de los términos pactados en este contrato, se entenderán aceptadas y aprobadas por ella, con lo cual quedarán resueltas sin que haya lugar a suscitar nuevas controversias sobre el mismo tema. Las partes podrán prescindir de los literales b), c) y d) y pactar acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa para solucionar sus controversias”.

1.2. El centro de arbitraje y conciliación admitió la solicitud de convocatoria por auto de tres (3) de marzo de dos mil (2000) (fl. 68 cdno. ppal. 1); esta providencia fue notificada a Ecopetrol el treinta y uno (31) de marzo siguiente y se le corrió traslado de la demanda en los términos de los artículos 428 y concordantes del Código de Procedimiento Civil. El cinco (5) de abril de dos mil (2000) Ecopetrol interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la solicitud de convocatoria (fls. 74 a 78 cdno. ppal. 1); surtido el traslado correspondiente, el centro de arbitraje por auto de quince (15) de mayo siguiente confirmó su decisión (fls. 105 a 108 cdno. ppal. 1).

El treinta y uno (31) de mayo de dos mil (2000) Ecopetrol contestó la demanda y propuso excepciones de mérito (fls. 124 a 153 cdno. ppal. 1). De las excepciones se le corrió traslado a la convocante quien se opuso ellas y solicitó pruebas (fls. 262 y 263 cdno. ppal. 1).

Dentro de la oportunidad para contestar la demanda Ecopetrol llamó en garantía a la sociedad Centragas, Transportadora de Gas de la Región Central de Enron & Cía. S. en C.

1.3. El auto admisorio de la demanda se notificó a Ecogas el 23 de marzo de 2000 y se le corrió traslado de la demanda en los términos de los artículos 428 y concordantes del Código de Procedimiento Civil. El centro de arbitraje reconoció en informe no haber entregado copia de todos los traslados requeridos. Se practicó entonces nueva notificación a Ecogas el 9 de mayo de 2000 y el día 16 de mayo siguiente interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda; surtido el traslado correspondiente, el centro de arbitraje por auto de siete (7) de julio siguiente confirmó su decisión.

El doce (12) de julio de dos mil (2000) Ecogas contestó la demanda y propuso excepciones de mérito; de estas se corrió traslado a la convocante quien se opuso ellas y solicitó pruebas.

1.4. Por auto de diez (10) de octubre de dos mil (2000) aclarado por auto de primero (1º) de noviembre siguiente (fls. 288 a 291 y 298 y 299 del cdno. ppal. 1), el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por petición conjunta de los apoderados de la parte convocante y de Ecogas, ordenó notificar nuevamente el auto admisorio de la demanda a la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, diligencia que se realizó el quince (15) de noviembre siguiente. Ecogas contestó la demanda el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil (2000) y propuso excepciones de mérito (fls. 301 a 377 del cdno. ppal. 1); de estas se le corrió traslado a la convocante quien se opuso ellas y solicitó pruebas (fls. 383 y 384 cdno. ppal. 1).

Dentro de la oportunidad para contestar la demanda Ecogas llamó en garantía a su vez a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol.

1.5. En cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 141 del Decreto 1818 de 1998, y con la asistencia de los representantes legales de las partes y de sus apoderados, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil (2000) se llevó a cabo la audiencia de conciliación ante el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que resultó fallida, razón por la cual se dispuso continuar el trámite arbitral (fls. 395 a 397 cdno. ppal. 1).

1.6. En memorial conjunto presentado el diecisiete (17) de enero de dos mil uno (2001) los apoderados de las partes informaron que sus representados, de común acuerdo, designaron como árbitros para integrar este tribunal a los doctores María Cristina Morales de Barrios, César Gómez Estrada y José Alejandro Bonivento Fernández (fl. 413 cdno. ppal. 1).

Los árbitros designados fueron informados de su nombramiento por el director del centro de arbitraje y manifestaron su aceptación dentro del término legal. En la primera audiencia de trámite, los apoderados acreditaron la ratificación por las partes a la designación de los árbitros (acta 4).

1.7. Previas las citaciones correspondientes por parte del centro de arbitraje y conciliación, el tribunal de arbitramento se instaló en audiencia celebrada el catorce (14) de febrero de dos mil uno (2001) a la que asistieron los representantes legales de las partes y sus apoderados; en la audiencia fue designada como presidente la doctora María Cristina Morales de Barrios y como secretaria la doctora Florencia Lozano Reveiz.

En la audiencia de instalación los árbitros señalaron las sumas de honorarios de los miembros del tribunal, así como la partida de gastos de funcionamiento y se fijó como sede del tribunal las oficinas del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el norte (fls. 432 a 435 del cdno. ppal. 1). Dentro de la oportunidad legal las partes consignaron, en la proporción correspondiente, las sumas de gastos y honorarios del tribunal en manos de su presidente.

1.8. Una vez fue notificada de su nombramiento la secretaria aceptó el cargo y tomó posesión del mismo ante la presidente del tribunal según consta en el acta 2 de trece (13) de marzo de dos mil uno (2001) (fls. 440 y 441 cdno. ppal. 1). En esa misma oportunidad se cambió la sede de la secretaría del tribunal a las oficinas de la secretaria ubicadas en la carrera 7ª 32-33 oficina 1704 de Bogotá y se señaló fecha para la primera audiencia de trámite.

1.9. El treinta (30) de marzo de dos mil uno (2001) el apoderado de Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., y Hanover Compressor Company presentó reforma integrada de la demanda (fls. 36 a 149 cdno. ppal. 2); por auto de dos (2) de abril siguiente el tribunal corrió traslado de la misma a la parte convocada en los términos del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil (acta 3).

El veinte (20) de abril de dos mil uno (2001) la apoderada de Ecopetrol contestó la reforma de la demanda y propuso excepciones de mérito (fls. 153 a 174 del cdno. ppal. 2). En la misma fecha, el apoderado de Ecogas, a su vez, contestó la reforma de la demanda y propuso excepciones de mérito (fls. 177 a 261 del cdno. ppal. 2) y nuevamente llamó en garantía a Ecopetrol.

1.10. El treinta (30) de abril de dos mil uno (2001) se llevó a cabo la primera audiencia de trámite; en ella se leyeron las cláusulas compromisorias de los cuatro (4) contratos que dieron origen a este proceso arbitral; igualmente se leyeron las pretensiones, las excepciones propuestas y se precisó la cuantía del proceso. Por auto de esa fecha el tribunal asumió competencia para conocer y fallar en derecho las controversias patrimoniales suscitadas entre las partes de este proceso arbitral. Dicha providencia fue recurrida por la apoderada de Ecopetrol y, surtido el traslado respectivo, fue confirmada por el tribunal (acta 4, fls. 294 a 308 cdno. ppal. 2). En la audiencia de nueve (9) de mayo de 2001 (acta 5) el tribunal se pronunció respecto de los llamamientos en garantía negándolos y decretó las pruebas a instancia de las partes.

1.11. De conformidad con lo establecido por el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989 modificado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, el término de duración de este proceso es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización de la primera audiencia de trámite del tribunal —sin perjuicio de prórrogas, suspensiones o interrupciones— y según consta en el acta 5, esta se terminó el 9 de mayo de 2001. En consideración a que el término del proceso arbitral fue suspendido en varias oportunidades, por solicitud conjunta de los apoderados de las partes, por un total de 296 días y que, además, el tribunal decretó a petición de las partes la prórroga del proceso arbitral por un mes, el término de este proceso vence el 1º de octubre de 2002, lo que indica que el tribunal se encuentra dentro de la oportunidad legal para proferir laudo.

1.12. Durante el trámite del proceso el tribunal sesionó en 22 audiencias, en las que practicó las pruebas decretadas a solicitud de ambas partes. Agotada la instrucción, en la audiencia de seis (6) de junio de dos mil dos (2002) (acta 21) el tribunal realizó una audiencia de conciliación a la que asistieron los representantes legales de las partes, que fracasó. En la audiencia del cinco (5) de julio siguiente (acta 22) el tribunal oyó a los apoderados de las partes en sus alegatos de conclusión.

2. Presupuestos procesales

El tribunal encuentra cumplidos los requisitos legales indispensables para la validez del proceso arbitral, por lo cual puede proferir laudo.

En efecto, de los documentos aportados al proceso y examinados por el tribunal se estableció:

2.1. Competencia: Conforme se declaró desde la primera audiencia de trámite, el tribunal es competente para conocer y decidir las pretensiones de las partes. Las actuaciones procesales se desarrollaron con la observancia de las previsiones legales correspondientes y no se advierte causal alguna de nulidad, por lo que el tribunal de arbitramento puede dictar laudo de mérito, el cual se profiere en derecho.

2.2. Partes procesales

2.2.1. Parte demandante: Son las sociedades que conforman el consorcio Cosacol -Hanover, a saber:

a) Hanover Compressor Company: Sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware (USA), domiciliada en North Houston Rosslyn, Houston, Texas (USA) representada por Michael John Mcghan, quien ejerce el cargo de presidente de dicha compañía, según lo certifica el cónsul general de Colombia en Texas con base en el certificado de incorporación de la compañía expedido por el secretario de Estado de Delaware, USA (fl. 469 del cdno. pbas. 1) en el cual consta que la mencionada compañía existe, ejerce su objeto social y está legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica;

b) Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda.: Sociedad que de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 27 de octubre de 1999, que obra a folios 426 y 427 del cuaderno de pruebas 1, fue constituida mediante escritura pública 2199 del 24 de noviembre de 1994 de la Notaría Tercera de Bogotá y ha sido reformada en varias ocasiones. Tiene su domicilio en Bogotá, D.C. y su representante legal es el gerente, cargo que a la fecha de la certificación ejerce Fernando López Caballero.

2.2.2. Parte demandada: Son las siguientes entidades:

a) La Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, que de acuerdo con la certificación expedida el 11 de julio de 2000 por la secretaría general del Ministerio de Minas y Energía, agregada al expediente a folio 406 del cuaderno principal 1 es una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, creada por autorización de la Ley 165 de 1948, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., y se rige por estatutos aprobados por el Decreto 62 de 1970, reformados por el Decreto 1209 del 15 de junio de 1994. Su representante legal es el presidente, cargo que a la fecha de la certificación acompañada con la contestación de la demanda ejerce el doctor Alberto Calderón Zuleta;

b) La Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, entidad que de acuerdo con la certificación expedida por la secretaría general del Ministerio de Minas y Energía, agregado al expediente a folio 95 del cuaderno principal 1, es una entidad descentralizada del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con el carácter de empresa industrial y comercial del Estado, con personería jurídica autonomía administrativa, financiera y patrimonial, creada por autorización de la Ley 401 de 1997, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga (Santander). Su representante legal es el presidente, cargo que a la fecha de la certificación acompañada a la contestación de la reforma de la demanda ejerce Juan Carlos Duarte Torres.

2.3. Capacidad: Tanto las sociedades convocantes como las entidades convocadas tienen capacidad para transigir, por cuanto de la documentación estudiada no se encuentra restricción alguna al efecto. Las convocantes derivan dicha capacidad de las normas que las rigen y las convocadas por autorización de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993 que autoriza a esta clase de entidades a acudir al arbitramento; las diferencias surgidas entre ellas sometidas a conocimiento y decisión por parte de este tribunal son susceptibles de definirse por transacción.

2.4. Apoderados: Por tratarse de un arbitramento en derecho, por disponerlo así el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 80 de 1993, las partes comparecen al proceso arbitral representadas por abogados; la parte convocante está representada judicialmente por el doctor Carlos Urrutia Valenzuela y la demandada por la doctora Ana Lucia Uribe López, apoderada de Ecopetrol, y Luis Ignacio Betancur Escobar, apoderado de Ecogas, según poderes especiales a ellos conferidos por las partes que obran en el expediente. La personería de estos mandatarios fue reconocida durante el trámite prearbitral.

3. Pretensiones

Las sociedades que integran el consorcio solicitan en la reforma de la demanda a folios 69 a 126 cuaderno principal 2 que se resuelvan las siguientes:

“VI. Pretensiones

Teniendo en cuenta los hechos expuestos anteriormente, solicito a los señores árbitros hacer las siguientes declaraciones y condenas, las cuales formulo de manera independiente por cada uno contratos suscritos entre el consorcio y Ecopetrol y sobre los cuales versa esta controversia:

Contrato DIJ-1018

Principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato DIJ-1018, incumplieron el contrato DIJ-1018, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato DIJ-1018, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-11018, (sic) todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas; en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato DIJ-018.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato DIJ-1018, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato DIJ-1018, el cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato DIJ-1018, se condene solidariamente a Ecopetrol y a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DIJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato DIJ-1018, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Primera pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas; y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional el contrato DIJ-1018 (el “contrato DIJ-1018”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato DIJ-1018, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que como consecuencia de la cesión Ecogas entró a ocupar la posición contractual de Ecopetrol en el contrato DIJ-1018 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que Ecogas, en su condición de cesionaria del contrato DIJ-1018, incumplió el contrato DIJ-1018, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no ha conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatario, y (c) se ha negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas; a los equipos de la estación compresora.

4. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecogas incumplió el contrato DIJ-1018, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecogas; en cuyo beneficio se arrendó estación compresora objeto del contrato DIJ-1018.

5. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato DIJ-1018, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato DIJ-1018, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

6. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato DIJ-1018, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DIJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecogas incumplió el contrato DIJ-1018, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

7. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Segunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional el contrato DlJ-1018 (el “contrato DIJ-1018”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios lega/es inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato DIJ-1018, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que como consecuencia de la cesión Ecogas entró a ocupar la posición contractual de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en el contrato DlJ-1018 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que en la ejecución del contrato DIJ-1018 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

4. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato DIJ-1018, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato DIJ-108, (sic) lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

5. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato DIJ-1018, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DIJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

6. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Tercera pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato DlJ-1018, incumplieron el contrato DIJ-1018, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato DIJ-1018, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato DlJ-1018.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato DIJ-1018, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato DIJ-1018, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato DIJ-1018, se condene conjuntamente, de acuerdo con su grado de responsabilidad, a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DIJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato DIJ-1018, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Cuarta pretensión subsidiaria de la primera principal

1. Que se declare que Ecopetrol incumplió el contrato DIJ-1018, entre otras razones, por cuanto no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol ha incumplido el contrato DIJ-1018, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato DIJ-1018.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato DIJ-1018, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato DIJ-1018, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato DIJ-1018, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DIJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol incumplió el contrato DIJ-1018, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Quinta pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato DIJ-1018 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato DIJ-1018, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato DIJ-1018, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato DIJ-1018, se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DIJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Sexta pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato DIJ-1018 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato DIJ-1018, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato DIJ-1018, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato DIJ-1018, se condene conjuntamente, de acuerdo con su grado de responsabilidad a Ecopetrol y a Ecogas, a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DIJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Séptima pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato DIJ-1018 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato DIJ-1018, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato DIJ-1018, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato DIJ-1018, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DIJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Octava pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato DIJ-1018, incumplieron el contrato DIJ-1018, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas han incumplido el contrato DIJ-1018, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas; en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrata DIJ-1018.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato DIJ-1018 por parte de Ecopetrol y Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que, como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene solidariamente a Ecopetrol y a Ecogas a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DIJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato DIJ-1018, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Novena pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato DIJ-1018, incumplieron el contrato DIJ-1018, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas han incumplido el contrato DIJ-1018, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas; en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato DIJ-1018.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato DIJ-1018 por parte de Ecopetrol y Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que, como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio, de acuerdo con el grado responsabilidad que a cada cual le corresponda, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costas incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DlJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato DIJ-1018, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Décima pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que, por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional el contrato DIJ-1018 (el “contrato DIJ-1018”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato DIJ-1018, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que, como consecuencia de la cesión que le hizo Ecopetrol, Ecogas entró a ocupar la posición contractual de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en el contrato DIJ-1018 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente contraídas en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que Ecogas, en su condición de cesionaria del contrato DIJ-1018, incumplió el contrato DIJ-1018, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no ha conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatario, y (c) se ha negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas, a los equipos de la estación compresora.

4. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecogas ha incumplido el contrato DIJ-1018, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecogas; en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato DIJ-1018.

5. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato DIJ-1018 por parte de Ecogas; causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

6. Que como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DJl-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecogas incumplió el contrato DIJ-1018, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

7. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Decimoprimera pretensión subsidiaria de la primera principal

1. Que se declare que Ecopetrol incumplió el contrato DIJ-1018, entre otras razones, por cuanto no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol ha incumplido el contrato DIJ-1018, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato DIJ-1018.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato DIJ-1018 por parte de Ecopetrol, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato DlJ-1018, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol incumplió el contrato DIJ-1018, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Decimosegunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato DIJ-1018 han ocurrido circunstancias extraordinarias imprevistas o imprevisibles para el consorcio, y no imputables a este, que han alterado y agravado las prestaciones a su cargo en grado tal que le han resultado excesivamente onerosas pues han obligado al consorcio a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato DIJ-1018, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato DIJ-1018, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que como consecuencia de lo anterior, luego de examinar las circunstancias imprevistas o imprevisibles ocurridas en la ejecución del contrato DIJ-1018 que han alterado las bases del mismo, revise el contrato DIJ-1018 y ordene los reajustes que la equidad indique según el leal saber y entender del honorable tribunal.

Contrato ECG-910-97

Principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-910-97, incumplieron el contrato ECG-910-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-910-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG- 910-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-910-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-910-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-910-97, se condene solidariamente a Ecopetrol y a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-910-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Primera pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional, el contrato ECG-910-97 (el “contrato ECG-910-97”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato ECG-910-97, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que como consecuencia de la cesión Ecogas entró a ocupar la posición contractual de Ecopetrol en el contrato ECG-910-97 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que Ecogas, en su condición de cesionaria del contrato ECG-910-97, incumplió el contrato ECG-910-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no ha conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatario, y (c) se ha negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas, a los equipos de la estación compresora.

4. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecogas incumplió el contrato ECG-910-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG- 910-97.

5. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-910-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-910-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

6. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-910-97, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecogas incumplió el contrato ECG-910-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

7. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Segunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas; y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional, el contrato ECG-910-97 (el “contrato ECG-910-97”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato ECG-910-97, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que como consecuencia de la cesión Ecogas entró a ocupar la posición contractual de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en el contrato ECG-910-97 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-910-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aproved1ado a Ecopetrol y/o Ecogas.

4. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-910-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-910-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

5. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-910-97, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

6. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Tercera pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-910-97, incumplieron el contrato ECG-910-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-910-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG 910.-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-910-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-910-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-910-97, se condene conjuntamente, de acuerdo con su grado de responsabilidad, a Ecopetrol y Ecogas, a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-910-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Cuarta pretensión subsidiaria de la primera principal

1. Que se declare que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-910-97, entre otras razones, por cuanto no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol ha incumplido el contrato ECG-910-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-910-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-910-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-910-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-910-97, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-910-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Quinta pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-910-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los procesos pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incluidos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-910-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-910-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-910-97, se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas, a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Sexta pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-910-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él, ocurridos en la ejecución del contrato ECG-910-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-910-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-910-97, se condene conjuntamente, de acuerdo con su grado de responsabilidad a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Séptima pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-910-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-910-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-910-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-910-97, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Octava pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-910-97, incumplieron el contrato ECG-910-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas han incumplido el contrato ECG-910-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-910-97

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG- 910-97 por parte de Ecopetrol y Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que, como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene solidariamente a Ecopetrol y a Ecogas a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-910-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Novena pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-910-97, incumplieron el contrato ECG-910-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas han incumplido el contrato ECG-910-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-910-97:

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-910-97 por parte de Ecopetrol y Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que, como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio, de acuerdo con el grado responsabilidad que a cada cual le corresponda, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-910-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Décima pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que, por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional el contrato ECG-910-97 (el “contrato ECG-910-97”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato ECG-910-97, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que, como consecuencia de la cesión que le hizo Ecopetrol, Ecogas entró a ocupar la posición contractual de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en el contrato ECG-910-97 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente contraídas en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que Ecogas, en su condición de cesionaria del contrato ECG-910-97, incumplió el contrato ECG-910-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no ha conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatario, y (c) se ha negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas, a los equipos de la estación compresora.

4. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecogas ha incumplido el contrato ECG-910-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-910-97.

5. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-910-97 por parte de Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

6. Que como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecogas incumplió el contrato ECG-910-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

7. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Decimoprimera pretensión subsidiaria de la primera principal

1. Que se declare que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-910-97, entre otras razones, por cuanto no le suministro al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol ha incumplido el contrato ECG-910-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-910-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-910-97 por parte de Ecopetrol, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-910-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-910-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Decimosegunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-910-97 han ocurrido circunstancias extraordinarias imprevistas o imprevisibles para el consorcio, y no imputables a este, que han alterado y agravado las prestaciones a su cargo en grado tal que le han resultado excesivamente onerosas, pues han obligado al consorcio a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-910-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-910-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que como consecuencia de lo anterior, luego de examinar las circunstancias imprevistas o imprevisibles ocurridas en la ejecución del contrato ECG-910-97 que han alterado las bases del mismo, revise el contrato ECG-910-97 y ordene los reajustes que la equidad indique según el leal saber y entender del honorable tribunal.

Contrato ECG-131-97

Principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-131-97, incumplieron el contrato ECG-131-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de el/as, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-131-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-131-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-131-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-131-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-131-97, se condene solidariamente a Ecopetrol y a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-131-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Primera pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional el contrato ECG-131-97 (el “contrato ECG-131-97”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato ECG-131-97, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que como consecuencia de la cesión Ecogas entró a ocupar la posición contractual de Ecopetrol en el contrato ECG-131-97 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que Ecogas, en su condición de cesionaria del contrato ECG-131-97, incumplió el contrato ECG-131-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no ha conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatario,, y (c) se ha negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas, a los equipos de la estación compresora.

4. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecogas incumplió el contrato ECG-131-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-131-97.

5. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-131-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-131-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

6. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-131-97, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecogas incumplió el contrato ECG-131-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

7. Que se condene a EC0G4S al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Segunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional, el contrato ECG-131-97 (el “contrato ECG-131-97”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato ECG-131-97, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que como consecuencia de la cesión Ecogas entró a ocupar la posición contractual de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en el contrato ECG-131-97 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-131-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

4. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-131-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-131-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

5. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-131-97, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

6. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Tercera pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-131-97, incumplieron el contrato ECG-131-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-131-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-131-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-131-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-131-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-131-97, se condene conjuntamente, de acuerdo con su grado de responsabilidad, a Ecopetrol y Ecogas, a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-131-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Cuarta pretensión subsidiaria de la primera principal

1. Que se declare que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-131-97, entre otras razones, por cuanto no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol ha incumplido el contrato ECG-131-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol, en cuyo beneficio se arrendó la estación compres ora objeto del contrato ECG-131-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-131-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-131-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-131-97, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-131-91; incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Quinta pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-131-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-91; costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-131-91; tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-131-91; lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-131-91, se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-91; y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Sexta pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-131-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-91; costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-91, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-131-91; tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-131-91; lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-131-91, se condene conjuntamente, de acuerdo con su grado de responsabilidad, a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Séptima pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-131-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-91; costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-91, todo lo cual solo ha aproved1ado a Ecopetrol y/o Ecogas

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-131-91; tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-131-91; lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-131-97, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio todos los gastos y costas incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Octava pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-131-97, incumplieron el contrato ECG-131-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas han incumplido el contrato ECG-131-97, el consorcio ha incurrido en mayores costas y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeta del contrato ECG-131-97

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-131-97 por parte de Ecopetrol y Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que, como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene solidariamente a Ecopetrol y/o Ecogas a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costas incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-131-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Novena pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-131-97, incumplieron el contrato ECG-131-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas han incumplido el contrato ECG-131-97, el consorcio ha incurrido en mayores costas y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-131-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-131-97 por parte de Ecopetrol y Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que, como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio, de acuerdo con el grado responsabilidad que a cada cual le corresponda, a título de Indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-131-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Décima pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que, por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional el contrato ECG-131-97 (el “contrato ECG-131-97”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato ECG-131-97, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que, como consecuencia de la cesión que le hizo Ecopetrol, Ecogas entró a ocupar la posición contractual de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en el contrato ECG-131-97 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente contraídas en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que Ecogas; en su condición de cesionaria del contrato ECG-131-97, incumplió el contrato ECG-131-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no ha conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatario, y (c) se ha negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas, a los equipos de la estación compresora.

4. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecogas ha incumplido el contrato ECG-131-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-131-97.

5. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-131-97 por parte de Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

6. Que como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecogas incumplió el contrato ECG-131-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

7. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Decimoprimera pretensión subsidiaria de la primera principal

1. Que se declare que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-131-97, entre otras razones, por cuanto no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol ha incumplido el contrato ECG-131-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-131-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-131-97 por parte de Ecopetrol, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-131-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-131-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Decimosegunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-131-97 han ocurrido circunstancias extraordinarias imprevistas o imprevisibles para el consorcio, y no imputables a este, que han alterado y agravado las prestaciones a su cargo en grado tal que le han resultado excesivamente onerosas, pues han obligado al consorcio a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-131-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-131-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que como consecuencia de lo anterior, luego de examinar las circunstancias imprevistas o imprevisibles ocurridas en la ejecución del contrato ECG-131-97 que han alterado las bases del mismo, revise el contrato ECG-131-97 y ordene los reajustes que la equidad indique según el leal saber y entender del honorable tribunal.

Contrato ECG-126-97

Principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-126-97, incumplieron el contrato ECG-126-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-126-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precias pactados en el contrato ECG-126-97; todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-126-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-126-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-126-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-126-97, se condene solidariamente a Ecopetrol y/o Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-126-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Primera pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional el contrato ECG-126-97 (el “contrato ECG-126-97”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato ECG-126-97, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que como consecuencia de la cesión Ecogas entró a ocupar la posición contractual de Ecopetrol en el contrato ECG-126-97 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que Ecogas, en su condición de cesionaria del contrato ECG-126-97, incumplió el contrato ECG-126-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no ha conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatario, y (c) se ha negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas, a los equipos de la estación compresora.

4. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecogas incumplió el contrato ECG-126-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-126-97.

5. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-126-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-126-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

6. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-126-97, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecogas incumplió el contrato ECG-126-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

7. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Segunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional el contrato ECG-126-97 (el “contrato ECG-126-97”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato ECG-126-97, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que Como consecuencia de la cesión Ecogas entra a ocupar la posición contractual de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en el contrato ECG-126-97 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-126-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

4. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-126-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-126-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

5. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-126-97, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97, y todos los demás perjuicios sufridos por 7el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

6. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Tercera pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-126-97, incumplieron el contrato ECG-126-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, 7a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-126-97; el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97; costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97; todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-126-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-126-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-126-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-126-97, se condene conjuntamente, de acuerdo con su grado de responsabilidad, a Ecopetrol y Ecogas, a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-126-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Cuarta pretensión subsidiaria de la primera principal

1. Que se declare que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-126-97, entre otras razones, por cuanto no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas.

2. Que se declare que, como consecuencia del hed1o de que Ecopetrol ha incumplido el contrato ECG-126-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol, en cuyo beneficio se atendió la estación compresora objeto del contrato ECG-126-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-126-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-126-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

4. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-126-97, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-126-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Quinta pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-126-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97; costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-126-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-126-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-126-97, se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Sexta pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-126-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-126-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-126-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-126-97, se condene conjuntamente, de acuerdo con su grado de responsabilidad, a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Séptima pretensión subsidiaria de la principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-126-97 han ocurrido hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este, que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas:

2. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia de los hechos imprevistos y no imputables a él ocurridos en la ejecución del contrato ECG-126-97, tuvieron el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato ECG-126-97, lo cual le ha causado cuantiosos perjuicios al consorcio.

3. Que para restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato ECG-126-97, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-125-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de la ocurrencia de hechos imprevistos y no imputables a él incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

4. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Octava pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-126-97, incumplieron el contrato ECG-126-97, entre otras razones por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y (c) se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas han incumplido el contrato ECG-126-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-126-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-126-97 por parte de Ecopetrol y Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que, como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene solidariamente a Ecopetrol y a Ecogas a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-126-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene solidariamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Novena pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria del contrato ECG-126-97, incumplieron el contrato ECG-126-97, entre otras razones por cuanto (a) no le suministraron al consorcio, tan pronto como llegó al conocimiento de cada una de ellas, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no han conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatarios, y () se han negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados por culpa de Ecogas y Ecopetrol, a los equipos de la estación compresora.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol y Ecogas han incumplido el contrato ECG-126-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-126-97.

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-126-97 por parte de Ecopetrol y Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que, como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecopetrol y Ecogas a pagarle al consorcio, de acuerdo con el grado responsabilidad que a cada cual le corresponda, a título de indemnización de perjuicios todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97; y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol y Ecogas incumplieron el contrato ECG-126-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene conjuntamente a Ecopetrol y Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Décima pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que, por ministerio de la Ley 401 de 1997 y del Decreto 2829 de 1997 que regularon la creación de la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, y como consecuencia de los documentos de cesión suscritos el día 15 de febrero de 1998 entre la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, como cedente, la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, como cesionaria, y el consorcio Cosacol-Hanover compuesto por las sociedades Hanover Compressor Company y Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., como parte cedida, Ecogas asumió por cesión, de manera total e incondicional, el contrato ECG-126-97 (el “contrato ECG-126-97”), celebrado originalmente entre Ecopetrol y el consorcio, cesión que transfirió a Ecogas todos los derechos y obligaciones y todas las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato ECG-126-97, en los términos y para los efectos del artículo 895 del Código de Comercio.

2. Que se declare que, como consecuencia de la cesión que le hizo Ecopetrol, Ecogas entró a ocupar la posición contractual de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en el contrato ECG-126-97 y, por lo tanto, asumió sin reserva alguna las obligaciones originalmente contraídas en cabeza de Ecopetrol.

3. Que se declare que Ecogas, en su condición de cesionaria del contrato ECG-126-97, incumplió el contrato ECG-126-97, entre otras razones, por cuanto (a) no le suministro al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas, (b) no ha conservado la estación compresora con el cuidado que les es exigible en su condición de arrendatario, y (c) se ha negado a sufragar los gastos en que ha incurrido el consorcio para reparar los deterioros causados, por culpa de Ecogas, a los equipos de la estación Impresora.

4. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecogas ha incumplido el contrato ECG-126-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecogas, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-126-97.

5. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-126-97 por parte de Ecogas, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

6. Que como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecogas a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecogas incumplió el contrato ECG-126-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

7. Que se condene a Ecogas al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Decimoprimera pretensión subsidiaria de la primera principal

1. Que se declare que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-126-97, entre otras razones, por cuanto no le suministro al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento, toda la información correspondiente acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por la estación de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas.

2. Que se declare que, como consecuencia del hecho de que Ecopetrol ha incumplido el contrato ECG-126-97, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol, en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato ECG-126-97:

3. Que se declare que los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio como consecuencia del incumplimiento del contrato ECG-126-97 por parte de Ecopetrol, causó cuantiosos perjuicios al consorcio que le deben ser indemnizados.

4. Que como consecuencia de dicho incumplimiento, se condene a Ecopetrol a pagarle al consorcio, a título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos ni en su oferta presentada a Ecopetrol ni en el contrato ECG-126-97, y todos los demás perjuicios sufridos por el consorcio como consecuencia de que Ecopetrol incumplió el contrato ECG-126-97, incluyendo la actualización monetaria y los intereses correspondientes, en las cantidades que el consorcio pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene a Ecopetrol al pago de las costas del presente proceso (gastos y agencias en derecho).

Decimosegunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal

1. Que se declare que en la ejecución del contrato ECG-126-97 han ocurrido circunstancias extraordinarias imprevistas o imprevisibles para el consorcio, y no imputables a este, que han alterado y agravado las prestaciones a su cargo en grado tal que le han resultado excesivamente onerosas, pues han obligado al consorcio a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto del contrato ECG-126-97, costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados en el contrato ECG-126-97, todo lo cual solo ha aprovechado a Ecopetrol y/o Ecogas.

2. Que como consecuencia de lo anterior, luego de examinar las circunstancias imprevistas o imprevisibles ocurridas en la ejecución del contrato ECG-126-97 que han alterado las bases del mismo, revise el contrato ECG-126-97 y ordene los reajustes que la equidad indique según el leal saber y entender del honorable tribunal”.

4. Excepciones de mérito

Como se expuso antes en esta providencia, en la oportunidad procesal correspondiente, cada una de las entidades convocadas propuso excepciones de mérito contra las pretensiones de la demanda; en efecto, en el escrito de contestación a la reforma de la demanda presentado el 20 de abril de 2001, la apoderada Ecopetrol propuso las excepciones que denominó: a) Ausencia de legitimación en la causa pasiva contra Ecopetrol; b) Responsabilidad del contratista por la falta de diligencia y cuidado de las unidades compresoras y previsibilidad de los daños ocasionados a las mismas, y c) Culpa del contratista en el cuidado de la cosa. Estas excepciones se desarrollan en escrito que obra a folios 168 a 174 del cuaderno principal 2.

Por su parte, el apoderado de Ecogas en el escrito de contestación a la reforma de la demanda de 20 de abril de 2001, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y propuso excepciones; los argumentos correspondientes quedaron consignados en su escrito a folios 248 a 250 del cuaderno principal 2.

5. Los hechos

Los hechos de la demanda arbitral están contenidos en la reforma de la misma a folios 43 a 69 del cuaderno principal 2. La denominada “Introducción” que contiene el inicio de los hechos resume bien el problema que debe decidir el tribunal, por lo que se transcribe:

“Ecopetrol celebró con el consorcio los contratos, para tomar en arrendamiento, junto con su operación y mantenimiento, dos estaciones compresoras de gas, una ubicada en el municipio de Casacará, departamento del Cesar (contrato ECG-126-97) y otra en el municipio de Barrancabermeja (contratos DIJ-1018 del 24 de mayo de 1996, ECG- 910-97 del 31 de julio de 1997 y ECG-131-97 de octubre de 1997). Los contratos fueron posteriormente cedidos por Ecopetrol a Ecogas en virtud de lo dispuesto en la Ley 401 de 1997. Ambas estaciones fueron construidas en puntos ubicados sobre el trayecto del gasoducto denominado Ballena - Barrancabermeja y hacen parte del mismo sistema de transporte de gas, denominado Sistema de transporte del centro “Gasoducto Ballena-Barrancabermeja”. Las estaciones de compresión, una vez construidas, fueron entregadas en arrendamiento por el consorcio a Ecogas, dentro de los términos y bajo las condiciones establecidas en los contratos. En febrero de 1998, algunos meses después de iniciada la operación de las estaciones compresoras, la cual tuvo lugar en agosto de 1997 (estación compresora de Barrancabermeja) y en diciembre de 1997 (estación compresora de Casacará), se comenzó a experimentar la presencia de una cantidad anormal de sólidos en el flujo de gas, que han causado importantes daños a las estaciones compresoras. Debido a la presencia de sólidos en el flujo de gas, y con el único propósito de dar cumplimiento al objeto de los contratos, el consorcio se ha visto en la necesidad de incurrir en cuantiosos costos, pues ha tenido que reemplazar una cantidad importante de partes y piezas de las unidades compresoras, circunstancias que no fueron previstas por el consorcio ni al momento de presentar su oferta ni al celebrar los contratos, y que no le son atribuibles.

Como consecuencia de las reparaciones a los equipos que componen las estaciones compresoras, el consorcio ha incurrido en mayores costos y gastos y se le han causado perjuicios, que alteraron el equilibrio financiero de los contratos. El consorcio y Ecogas han mantenido negociaciones encaminadas a llegar a un acuerdo sobre el valor de los reclamos, pero tales negociaciones han resultado infructuosas”.

Bajo el acápite denominado “La oferta, adjudicación y firma de los contratos” el apoderado de las convocantes relata claramente en los hechos 1 a 11 como fue el proceso de selección de los contratistas por parte de Ecopetrol, las reuniones que se celebraron, la suscripción de los cuatro contratos y el objeto de los mismos. Ya en desarrollo de estos se describe la compra e importación de equipos, el financiamiento del proyecto, el montaje de las estaciones y las pruebas de campo que se efectuaron. Y finalmente se precisan las distintas fechas en que se suscribieron las actas de iniciación de arrendamiento de cada uno de los cuatro contratos, que se desarrollaron en un lapso de 14 meses.

En los hechos 12 a 16 se explica de manera precisa como fue la cesión de los contratos de Ecopetrol a Ecogas ordenada en la Ley 401 de 1997 y el Decreto Reglamentario 2829 de 1997, que se cumplió el 15 de agosto de 1998. Sobre la operación y arrendamiento de las estaciones de compresión dan cuenta los hechos 17 a 21 y en ellos se describen las etapas de compresión de gas y el número de unidades que se instalaron para el efecto en cada estación.

En los hechos 22 a 29 se precisa todo lo relativo a la presencia de sólidos en el gas y las consecuencias de los mismos, en las unidades de Barrancabermeja a partir del 3 de febrero de 1998 y en las de Casacará del 9 de marzo de 1998.

Y finalmente los hechos 30 a 40 se refieren a los daños causados y el consecuente rompimiento del equilibrio financiero de los contratos. Se detallan en ellos las actividades realizadas para la reparación de los daños en los compresores y el valor de los mismos. Se explica por qué el consorcio no tenía la obligación de instalar equipos de filtración y el problema aún latente del riesgo de dichos sólidos que no ha sido solucionado de manera definitiva por Ecogas, con el consecuente riesgo para el sistema eléctrico nacional.

En las consideraciones del tribunal al estudiar los distintos temas objeto del debate procesal se referirá a espacio sobre los hechos alegados por el convocante antes sintetizados.

6. Pruebas decretadas y practicadas

En la primera audiencia de trámite que finalizó el nueve (9) de mayo de dos mil uno (2001), el tribunal decretó las pruebas a instancia de las partes (acta 5, fls. 320 y s.s. cdno. ppal. 2). Para el sustento de la decisión que adoptará el tribunal en esta providencia, se relacionan enseguida las pruebas practicadas y las allegadas al proceso, que se incorporaron al expediente, todas los cuales fueron analizadas para definir el asunto sometido a su consideración:

6.1. Inspecciones judiciales con exhibición de documentos: Se practicaron inspecciones judiciales con exhibición de documentos en las oficinas de las entidades convocadas, así: en Ecopetrol en Bogotá (acta 10, fls. 469 y ss. cdno. ppal. 2), y en Ecogas en Bucaramanga (acta 11, fls. 482 y ss, cdno. ppal. 2).

Igualmente se practicaron inspecciones judiciales con exhibición de documentos sobre la correspondencia intercambiada con Ecopetrol y/o Ecogas relacionada con la presencia de sólidos en el gasoducto Ballena-Barrancabermeja, en la sede administrativa de: a) Texas Petroleum Company en Bogotá (acta 12, fls. 501 y ss cdno. ppal. 2); b) Isagen S.A. ESP; c) Empresas Públicas de Medellín ESP; y d) Meriléctrica ISA. y Cía S.C.A. ESP, estas tres últimas en Medellín (acta 13, fls. 518 y ss. cdno. ppal. 2).

6.2. Testimonios: El tribunal recibió los testimonios que se relacionan a continuación, cuyas transcripciones y documentos aportados en sus declaraciones se agregaron al cuaderno de pruebas 7, así: a) Jaime Castellanos Rivero (fls. 96 a 116); b) Frank Darío Martínez Sepúlveda (fls. 117 a 201); c) Fredy Enrique López Sierra (fls. 202 a 212); d) Luz Ángela Novoa Mantilla (fls. 213 a 287); e) Javier Ricardo Martínez Castillo (fls. 288 a 335); f) Héctor Quiroga Carrillo (fls. 336 a 344); g) Gustavo Correa Duque (fls. 345 a 353); h) Helber Raúl Lancheros Gaona (folios 354 a 365); i) Mauricio Enrique Campos Rocha (fls. 366 a 443); j) Carlos Julio Cortés Ochoa (fls. 444 a 466); k) Alba del Pilar Duarte de Santamaría (fls. 467 a 486); I) Gilberto Monsalve Celis (fls. 487 a 493); y m) Carlos Miguel Rodríguez Porras, cuya transcripción se agregó al cuaderno de pruebas 13 del expediente (fls. 309 a 314).

Los apoderados de las partes desistieron de los testimonios de Gabriel Funnes y Erlando de la Peña (acta 8); Manuel Leal y Luis Eduardo Flórez Annella (acta 9); Nasser Aktar y Richard M. Baldwin (acta 14); y Alan Murray (acta 16). Estos desistimientos fueron aceptados por el tribunal.

6.3. Declaraciones de parte: El tribunal recibió las declaraciones de parte de Alberto Calderón Zuleta, representante legal de Ecopetrol y de Juan Carlos Duarte Torres, representante legal de Ecogas, cuyas transcripciones y los documentos aportados en sus declaraciones se agregaron al cuaderno de pruebas 13 (fls. 1 a 100 y 101 a 112, respectivamente)

6.4. Dictámenes periciales: Se practicaron dictámenes periciales así:

6.4.1. Dictamen pericial financiero contable: rendido por las profesionales Matilde Cepeda Mantilla y Esperanza Ortiz Bautista. El dictamen y sus aclaraciones y complementaciones se encuentran en el cuaderno de pruebas 17 del expediente. La parte convocante objetó este dictamen pericial con escrito presentado el 10 de diciembre de 2001 (fls. 113 y ss .cdno. ppal. 3).

6.4.2. Dictamen pericial técnico: rendido por los Ingenieros Ricardo Becerra Prieto y Fernando Corner Da Costa. El dictamen y sus aclaraciones y complementaciones se encuentran en el cuaderno de pruebas 17 del expediente. Con escritos de 18 y 19 de marzo de 2002 Ecogas y Ecopetrol, respectivamente, objetaron por error grave el dictamen técnico (fls. 243 y ss. y 249 y ss, respectivamente, cdno. ppal. 3)

Sobre las objeciones por error grave formuladas a los dos dictámenes periciales practicados en este proceso se pronunciará el tribunal más adelante en este laudo.

6.5. Documentales: Se agregaron al expediente los documentos relacionados por las partes en la demanda, su reforma y sus contestaciones. Igualmente se incorporaron los recaudados en la práctica de las inspecciones judiciales y los recibidos en el curso de las declaraciones. Además se agregó la traducción oficial de dos documentos que hizo Mana Teresa Lara (cdno. de pbas. 15).

6.6. Experticios: Con la demanda se aportaron al proceso y se incorporaron al expediente dos experticios sobre la presencia de sólidos en el gas rendidos por los Ingenieros Claude Mahlen (fls. 431 a 447 cdno. de pbas. 1). y James Massaro (fls. 448 a 465 cdno. de pbas. 1).

6.7. Oficios: Se ofició a la (*)Superintendencia Bancaria, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y al Ministerio de Minas y Energía. Las respuestas se agregaron al cuaderno de pruebas 7 del expediente

7. Alegatos de conclusión

Los apoderados de las partes presentaron sus alegatos de conclusión en la audiencia que se realizó para el efecto el día cinco (5) de julio de 2002 —acta 22— y en la misma audiencia, luego de sus respectivas intervenciones, entregaron para el expediente los escritos que las contienen.

La parte actora en su alegato reiteró sus pretensiones iniciales, y las entidades convocadas, a su vez, fundamentaron su punto de vista divergente en distintas consideraciones jurídicas y en las pruebas del proceso.

El procurador 55 judicial doctor Augusto Reales Bermúdez, por su parte, expuso en la audiencia de alegatos el concepto del Ministerio Público en este proceso y entregó igualmente resumen de su intervención.

A todos ellos se referirá el tribunal en el análisis de la cuestión a decidir que avoca enseguida.

II. Consideraciones del tribunal

Como quiera que el tribunal encuentra cumplidos los presupuestos procesales y, no advirtiendo causal alguna de nulidad, procede a efectuar el estudio de las pretensiones de las partes a la luz de las normas jurídicas aplicables y de las pruebas aportadas al proceso y a dictar el fallo, previas las siguientes consideraciones:

1. La competencia del tribunal

El tema de la competencia de este tribunal para conocer del presente proceso, planteado inicialmente tanto por Ecopetrol como por Ecogas, ha sido objeto de la preferencia especial de Ecopetrol, tanto que en su alegato final vuelve sobre él para insistir en su tesis de que lo actuado está viciado de nulidad por tal causa. La importancia de la cuestión y la circunstancia de que a él se refiera nuevamente Ecopetrol en el alegato citado, hacen necesario o conveniente al menos, que el tribunal vuelva sus ojos sobre ella con ocasión de la expedición del presente laudo como pasa a hacerlo.

Como es de recordarlo, la cuestión surgió del hecho de que en la cláusula vigésima cuarta de los contratos materia de esta litis, o sea en la cláusula compromisoria de cada uno, se hubiera estipulado que el acceso a un tribunal de arbitramento llamado a dirimir controversias entre las partes tendría lugar después de agotar dos etapas previas: una la de que las partes intenten llegar a un acuerdo directo de transacción; otra, que fracasada la primera etapa, se acuda por las partes a una conciliación o amigable composición.

Así las cosas y ocurridos los hechos que dieron lugar al litigio, la parte convocante, o sea el consorcio, formuló la demanda dirigida al centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que dio lugar a la iniciación del presente proceso, utilizando al efecto la alternativa del arbitramento visto que, en su opinión, había llegado la oportunidad de hacerlo. Admitida la demanda, se adelantó la correspondiente etapa prearbitral, en la cual tanto Ecopetrol como Ecogas contestaron la demanda, pero alegando en su favor que el arbitramento solicitado era prematuro, dado que estaban pendientes las etapas previas del arreglo directo y la conciliación a que atrás se hizo alusión. Nombrados directamente por las partes los integrantes de este tribunal) y planteado ante él por las entidades convocadas el problema de la incompetencia enunciado) el asunto fue decidido) como correspondía) en la primera audiencia de trámite celebrada el 30 de abril de 2001 (acta 4 de la misma fecha, fls. 294 y ss. del cdno. ppal. 1) en el sentido de declararse el tribunal competente para conocer de la controversia, decisión que fue acogida expresamente por Ecogas) no así por Ecopetrol, que recurrió en reposición contra ella, resuelta también adversamente a la entidad recurrente.

Las razones en que se apoyó el tribunal para tomar dicha decisión fueron dos, estrechamente relacionadas entre sí, consistente la primera en la libertad en que están las partes que celebren un contrato para modificar lo acordado, adoptando en la práctica y de hecho fórmula distinta a la pactada (C.C., art. 1622, inc. final); y la segunda, en que con el nombramiento de árbitros hecho de común acuerdo por los apoderados de las partes y ratificados especialmente por los representantes legales de las entidades convocadas, había quedado modificada válidamente la cláusula vigésima cuarta de cada contrato, en el sentido de que había quedado aceptado que la alternativa de acudir al arbitramento fuera la que se aplicara en el presente caso.

Pues bien) como atrás se anunció, el tribunal se ocupa nuevamente del asunto, vista su trascendencia, habiendo llegado a la conclusión de que mantiene su convicción de considerarse competente para conocer del mismo, fundado en las mismas razones que adujo en la anterior ocasión, adicionada la segunda de ellas con argumentos complementarios que pasa a exponer:

Es que, en efecto, espontáneamente y sin apremio alguno, anticipándose inclusive al llamamiento que con tal finalidad se le hizo en la etapa prearbitral, sin sujetarse a limitaciones o condicionamientos de ninguna naturaleza, Ecopetrol, Ecogas y el consorcio convinieron en hacer la designación de las personas que como árbitros quedarían autorizadas y facultadas para decidir los conflictos planteados entre ellos a raíz de la presentación por el consorcio de la demanda que originó este proceso. Esta actuación inequívocamente tuvo que tener la clara significación de que quienes procedieron de esa manera dejaron aun lado o prescindieron de las dos primeras fórmulas de solución a sus conflictos previstas en la cláusula vigésima cuarta de cada contrato, es decir, de las relativas a arreglos directos y a la conciliación, centrando su interés exclusivamente en la aplicación de la fórmula arbitral allí contemplada como alternativa de solución definitiva.

Ciertamente, un acuerdo como el considerado impone admitir que con él se abrió paso amplio a la fórmula arbitral, ala vez que se eliminaron las dos primeras. Porque adoptada de esa manera la fórmula arbitral, las del arreglo directo y la conciliación necesariamente tenían que quedar desechadas, dado que perdían todo sentido y se hacía imposible su aplicación. Abierta la vía del arbitramento, automáticamente quedaron cerradas las del arreglo directo y la conciliación, que apenas renacerían en el evento de que en virtud de un nuevo acuerdo, oportunamente celebrado, llegaran a pactarse.

No cabe la menor duda, pues, acerca de la incompatibilidad que en un caso como el aquí indicado se genera entre la fórmula del arbitramento de un lado, y las de arreglo directo y conciliación, de otro, y por lo mismo la imposibilidad de que acogida aquella, puedan subsistir intactas las otras.

En verdad, designados los árbitros llamados a decidir un litigio, lo que sigue no puede ser nada distinto a que se integre el proceso respectivo con las actuaciones que legalmente le sean propias, para culminar con el proferimiento del laudo respectivo. Esas, indudablemente, son la ruta y la meta por lograr en hipótesis como la aquí examinada. No otra distinta, como sería, por ejemplo, la de llegar a conseguir la nulidad de la actuación arbitral, que aparentemente fue la que indujo a Ecopetrol, según sus tesis al respecto, a participar en la designación de árbitros objeto de estos comentarios. Porque, evidentemente, no se nombran árbitros con la sola finalidad de que se declaren incompetentes para conocer el asunto de que se trate, máxime si, según aquí sucedió, esa supuesta incompetencia quedó superada.

De esta suerte, pues, cabe decir que la participación de Ecopetrol en la designación de árbitros habría generado efectos contraproducentes respecto a ella, pues dio lugar, precisamente a que el tribunal adquiriera la competencia que luego se le ha venido discutiendo. Acaso para Ecopetrol habría sido preferible abstenerse de participar en el nombramiento directo de árbitros, para dejar así que el centro de conciliación y arbitraje los designara, pues de haber sido así, posiblemente se habrían conservado intactas las alternativas que la cláusula vigésima cuarta de los contratos reconocía.

Con relación a la competencia del tribunal el señor representante del Ministerio Público en este proceso, doctor Augusto Reales, en el escrito que presentó en la audiencia de alegatos de conclusión, ratifica la tesis de la competencia del tribunal al decir:

“Como se puede observar en la cláusula compromisoria antes resaltada, previa la convocatoria de un tribunal de arbitramento, las partes pactaron arreglo directo, amigable componedor y conciliación; esta ultima institución para las empresas estatales que presten servicios públicos esenciales domiciliarios, estaba atribuida forma compleja: Cámara de Comercio, procuraduría y, posiblemente, contencioso administrativo, hoy en día, solo es posible ante los procuradores judiciales, que intervienen ante el contencioso administrativo y, aprobada o improbada por este último. Y por ello ha de entenderse que solo se trataba de los dos primeros mecanismos, mencionados en la cláusula. Las partes agotaron el arreglo directo y, una de ellas, solicitó la convocatoria: el consorcio. La Cámara de Comercio convocó al tribunal y, en principio, con la oposición de las convocadas, pero, en el transcurso del trámite prearbitral, las partes consensaron en la escogencia de los árbitros.

“Esta escogencia voluntaria, significa que las partes querían implícitamente, la solución de sus diferencias, a esa altura del debate, por un tribunal de arbitramento. Sobre el particular, Tito Carnacini, en su obra El Arbitraje, Ediciones Jurídicas Europa América, 1961, precisó:

“...baste aquí tener presente que el elemento esencial que perfecciona el nacimiento de la relación procesal arbitral, dando plena relevancia y completo desarrollo al acuerdo de las partes compromitentes, es la convergente y la manifestada voluntad de los árbitros nombrados: la aceptación por parte de ellos del encargo conferido”.

“El elemento esencial, en nuestro ordenamiento jurídico, para la solución de conflictos, a través de la justicia transitoria, para el caso, llamado tribunal de arbitramento, es el consenso. En primer lugar, la cláusula compromisoria y, en segundo lugar, la escogencia de los árbitros de común acuerdo, significa que lo que se quiere es la solución de las diferencias, a través del tribunal de arbitramento (art. 116 de la Constitución Nacional y arts. 115, 118 y 122 del D. 1818 de 1998)” (fls. 478 y 479 cdno. ppal. 4).

2. Las pretensiones de la demanda

Por razón del carácter excepcional de la función jurisdiccional que las partes conceden a los árbitros mediante el pacto arbitral y por la precisión del campo en el cual aquella puede ejercerse, es necesario en este momento procesal, determinar, en primer lugar, el alcance de las peticiones de la demanda para, así mismo, demarcar el ámbito de la decisión que habrá de tomarse.

Al asumir competencia el Tribunal de Arbitramento, lo hizo en forma genérica, referida esta a las pretensiones de la demanda y a las defensas formuladas por las convocadas; empero, en esta oportunidad, que es la correspondiente a la decisión arbitral y teniendo en cuenta la normatividad que impone al juez el respeto de los elementos esenciales de la demanda para ajustarse a sus límites y proferir una decisión congruente o consonante con aquellas, el tribunal procede a ubicar jurídicamente las diversas pretensiones formuladas, principales y subsidiarias, por contener planteamientos diversos y enfoques orientados a campos diferentes del derecho.

• El grupo de peticiones que conforma la pretensión principal, incluida en la reforma de la demanda presentada por el consorcio integrado por las sociedades Cosacol-Hanover, en adelante el consorcio, se repite para cada uno de los cuatro contratos que generan este debate. El primer punto contiene una solicitud de carácter declarativo, compuesta de los siguientes elementos:

a) Su alcance subjetivo se refiere a las dos convocadas Ecopetrol y Ecogas, esta última en su condición de cesionaria de la relación contractual;

b) La declaración que solicita es de incumplimiento contractual por parte de las convocadas, por tres razones que así señala:

i. Falta de información al consorcio acerca de las condiciones y características del gas que habría de comprimirse, particularmente referida a la presencia de sólidos; esta obligación, la ubica el peticionario en el momento en que “llegó al conocimiento de cada una de ellas”.

ii. Falta de cuidado en la conservación de la estación compresora, obligación derivada de la condición de arrendatarias de las convocadas.

iii. Negativa de las convocadas a sufragar los gastos de reparación de la estación compresora, incurridos por el consorcio por culpa de aquellas.

El punto 2, de la pretensión principal es consecuencial y requiere la declaración referida a que los costos y gastos en que incurrió el consorcio excedieron los pactados contractualmente, por lo cual han aprovechado a las convocadas “en cuyo beneficio se arrendó la estación compresora objeto del contrato...”.

El punto 3, de la pretensión principal, también de carácter declarativo, requiere el pronunciamiento arbitral sobre el rompimiento del equilibrio económico-financiero del contrato como efecto de los costos y gastos incurridos por el consorcio, calificados como “cuantiosos perjuicios”.

El punto 4, de la pretensión principal, por su parte, se fundamenta en el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante la solicitud de la condena a las convocadas del pago al consorcio de los costos, gastos y demás perjuicios causados por su incumplimiento contractual. Incluye la solicitud de actualizar y calcular intereses sobre las cantidades que resulten demostradas en el proceso.

Finalmente, el punto 5, de la pretensión principal solicita condenar solidariamente a las demandadas al pago de las costas del proceso.

• El grupo que conforma la denominada primera pretensión subsidiaria de la pretensión principal está compuesto por siete peticiones que, al igual que el grupo analizado, contiene algunas declarativas y otras de condena, a saber:

El punto 1, solicita la declaración de los efectos de la cesión realizada entre Ecopetrol y Ecogas por ministerio de la Ley 401 de 1997 y el Decreto 2829 de 1997 y por razón de los documentos de cesión suscritos el 15 de febrero de 1998 entre dichas empresas. Esta solicitud, al igual que la siguiente (punto 2) se endereza a que el tribunal declare que Ecogas asumió total e incondicionalmente la posición contractual originalmente constituida por Ecopetrol, en los términos del artículo 895 del Código de Comercio, es decir, con todas las acciones, privilegios, derechos y obligaciones, sin reserva alguna.

El punto 3, de este grupo, solicita la declaración de incumplimiento de la relación contractual por parte de Ecogas —en su condición de cesionaria— por las tres mismas razones planteadas en la pretensión principal (1) (falta de información sobre la calidad del gas, falta de conservación de la estación como arrendataria y falta de pago de los costos de reparación de la estación).

Los puntos numerados 4, 5, 6 y 7, de este grupo que se analiza, se refieren al rompimiento del equilibrio económico del contrato como efecto de los gastos y costos de reparación de la estación compresora en que incurrió el consorcio, los cuales se califican como perjuicios y cuyo reconocimiento es solicitado por vía de condena a Ecogas para el restablecimiento de la ecuación financiera contractual. Este grupo de pretensiones incluye la petición de actualización, cálculo de intereses y condena en costas para Ecogas.

• El grupo que conforma la segunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal, en las peticiones numeradas 1 y 2, solicita que el tribunal declare que Ecogas ocupó la posición contractual de Ecopetrol sin reserva alguna.

El punto 3, solicita al tribunal que declare la ocurrencia de hechos imprevistos por el consorcio y que no le son imputables, que le obligaron a incurrir en costos y gastos que hicieron gravoso el cumplimiento del contrato; señala que la ocurrencia de tales hechos imprevistos tuvo el efecto de romper el equilibrio financiero del contrato (punto 4), para cuyo restablecimiento solicita la condena a Ecogas del pago al consorcio de los costos y gastos de reparación de la estación compresora, actualizados y con intereses, además de las costas del proceso a cargo de Ecogas .

• El grupo que conforma la tercera pretensión subsidiaria de la pretensión principal en sus puntos 1, 2 y 3, solicita declaraciones de incumplimiento contractual de Ecopetrol y Ecogas por idénticas razones de la pretensión principal (1, 2 y 3); en cuanto a las peticiones de condena (puntos 4 y 5), solicita que se determinen contra Ecopetrol y Ecogas “conjuntamente en cuanto al grado de responsabilidad de cada una”, con el fin de obtener el restablecimiento de la ecuación económica del contrato. Solicita también actualización, intereses y costas procesales a cargo de las dos convocadas.

• El grupo que conforma la cuarta pretensión subsidiaria de la principal solicita la declaración de incumplimiento contractual de Ecopetrol por no haberle informado al consorcio sobre !as condiciones y características del gas que debía comprimirse, particularmente en lo referido a la presencia de sólidos en el flujo de gas. Consecuencial de la declaración anterior solicita el reconocimiento de los costos y gastos en que incurrió el consorcio, los cuales solo aprovecharon a Ecopetrol como arrendataria de la estación pues no estaban previstos en el contrato (punto 2) y por tanto, tuvieron el efecto de romper su equilibrio financiero. Tales costos deben calcularse con actualización e intereses; además se solicita condenar en costas a Ecopetrol.

• El grupo que conforma la quinta pretensión subsidiaria de la principal solicita la declaratoria de la ocurrencia de hechos no previstos por el consorcio y que no le son imputables, los cuales, generaron costos que al no estar contemplados en los precios pactados en el contrato lo obligaron a incurrir en gastos que solamente aprovechan a Ecopetrol y a Ecogas. Como consecuencia de lo anterior solicita la declaración del rompimiento de la ecuación económica del contrato (punto 2) cuyo restablecimiento pide mediante la condena solidaria a Ecopetrol y Ecogas del pago de costos, gastos y demás perjuicios sufridos por el consorcio; solicita también actualización, intereses y costas procesales a cargo de las dos convocadas.

• El grupo que conforma la sexta pretensión subsidiaria de la principal contiene idéntico enfoque jurídico que el grupo anterior en las peticiones declarativas (puntos 1 y 2), variado en las peticiones de condena contra Ecopetrol y Ecogas (puntos 3 y 4), en cuanto a que tales condenas se realicen “conjuntamente de acuerdo con su grado de responsabilidad”.

• El grupo que integra la séptima pretensión subsidiaria de la principal contiene idéntico enfoque jurídico que los dos grupos anteriores en las pretensiones declarativas (puntos 1 y 2), en tanto que las de condena se dirigen únicamente contra Ecopetrol.

• El grupo que integra la octava pretensión subsidiaria de la principal, en sus puntos 1 y 2, repite las peticiones declarativas contenidas en la pretensión principal contra Ecopetrol y Ecogas, en los puntos 3 y 4 (incumplimiento del contrato de arrendamiento ), e introduce el concepto de indemnización de perjuicios y solicita la condena solidaria a dichas empresas por razón de los costos y gastos en que incurrió el consorcio para la reparación de las estaciones compresoras, junto con su actualización e intereses, además de las costas del proceso.

• El grupo que integra la novena pretensión subsidiaria de la pretensión principal, reitera el enfoque jurídico del grupo anterior en sus peticiones declarativas contra Ecopetrol y Ecogas, en tanto que en las señaladas como 3, 4 y 5 solicita la condena de dichas empresas “de acuerdo con el grado de responsabilidad que a cada cual le corresponda”.

• El grupo que integra la décima pretensión subsidiaria de la pretensión principal, al igual que el grupo que integra la primera pretensión subsidiaria, solicita al tribunal en los puntos 1 y 2 que declare que por efectos de la cesión de Ecopetrol a Ecogas de los contratos objeto de este arbitraje, esta empresa ocupó su posición contractual sin reserva alguna. También en los puntos 3 y 4 repite las pretensiones declarativas de la primera pretensión subsidiaria (incumplimiento de contrato de arrendamiento) contra Ecogas y en los puntos 5, 6 y 7 solicita la condena de esta empresa al pago al consorcio “a título de indemnización de perjuicios de todos los gastos y costos incurridos por el consorcio y no previstos en su oferta ..., ni en el contrato...”. Esta condena incluye actualización, intereses y las costas procesales.

• El grupo que integra la decimoprimera pretensión subsidiaria de la primera principal, solicita, al igual que en la cuarta pretensión subsidiaria, la declaración de incumplimiento contractual de Ecopetrol por no haber informado al consorcio sobre las condiciones del gas; como consecuencia de tal incumplimiento solicita se condene a dicha empresa a indemnizar todos los perjuicios causados al consorcio.

• El grupo que integra la decimosegunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal solicita la declaración de la ocurrencia, durante la ejecución del contrato, de circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles para el consorcio, que alteraron o agravaron las prestaciones a su cargo, obligándolo a incurrir en costos y gastos no contemplados en los precios pactados contractualmente, los cuales aprovecharon a Ecopetrol y/o Ecogas. Como consecuencia de la declaración solicitada, pide la revisión del contrato y el reajuste “que la equidad implique según el leal saber y entender del honorable tribunal”.

Formulada así la pretensión principal, que contiene peticiones declarativas y de condena —como se vio—, y las doce pretensiones subsidiarias de aquella, el tribunal demarca su actividad jurisdiccional en los siguientes términos:

a) La pretensión principal, al igual que las pretensiones tercera, quinta, sexta, octava, novena y decimosegunda subsidiarias, se dirigen en sus peticiones declarativas y de condena contra Ecopetrol y Ecogas. Las pretensiones primera, segunda y décima subsidiarias se dirigen contra Ecogas en tanto que las pretensiones cuarta, séptima y decimoprimera subsidiarias se dirigen contra Ecopetrol únicamente;

b) Tanto la pretensión principal como las subsidiarias primera, tercera, cuarta, octava, novena, décima y decimoprimera, se sustentan en el incumplimiento contractual de las convocadas (conjunta o individualmente, como se vio), invocando en todas, la naturaleza jurídica de arrendamiento de la relación contractual;

c) Las pretensiones segunda, quinta, sexta y séptima subsidiarias de la principal solicitan que el tribunal declare la ocurrencia, durante la ejecución del contrato, de hechos no previstos ni imputables al consorcio, generadores de costos, que al no estar incluidos en el contrato, le representaron mayores gastos y solo aprovecharon a Ecopetrol y/o Ecogas (conjunta o individualmente, según se vio);

d) Tanto la pretensión principal como las subsidiarias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, como consecuencia de las peticiones declarativas, solicitan condenas contra las convocadas (conjunta o individualmente, como se vio) para obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato; es decir ubican el debate en el campo de la contratación estatal (arts. 27, 28 L. 80/93)(1).

e) Las pretensiones octava, novena, décima y decimoprimera subsidiarias de la principal, en sus peticiones de condena, solicitan el reconocimiento de los mayores costos y gastos incurridos por el consorcio a cargo de las convocadas (conjunta o individualmente, como se vio) a título de indemnización de perjuicios; es decir, despojan el debate de la proyección jurídica propia de la contratación administrativa en el campo de la contratación estatal;

1) La pretensión principal, al igual que la quinta y octava subsidiarias, solicita que las, condenas se realicen en forma solidaria contra Ecopetrol y Ecogas; por su parte, las pretensiones tercera, sexta y novena subsidiarias solicitan la condena conjunta a tales empresas, de acuerdo con el grado de responsabilidad que a cada una le corresponda; es decir, solicitan el seña1amiento por parte del tribunal de una concurrencia de culpas que implicaría la previa determinación de obligaciones conjuntas o de participación simultánea o sucesiva de las convocadas, para cuantificar proporcionalmente las condenas solicitadas (C.C., art. 1591);

g) La decimosegunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal se enmarca, tanto en la petición declarativa (punto 1) como en la de condena (punto 2) en el régimen del derecho comercial que contempla la revisión del contrato conmutativo por razón de la ocurrencia de hechos imprevistos e imprevisibles al momento de contratar, que hace que las prestaciones pactadas se alteren económicamente, por causas no imputables a quien resultare afectado (C. de Co., art. 868).

Según lo expuesto, el orden del análisis se desarrollará entonces determinando, en primer lugar, la legislación aplicable a los contratos, para definir el régimen público o privado a que están sometidos; posteriormente debe examinar los elementos esenciales de aquellos mediante el análisis de las obligaciones que las partes convinieron a su cargo para examinar su cumplimiento o atención, según los hechos que aparecen demostrados en el proceso.

Todo lo anterior irá precedido de la definición del alcance de los efectos de la cesión de los contratos entre Ecopetrol y Ecogas por razón de la escisión, para poder indicar responsabilidades conjuntas, individuales o solidarias, según fuere el caso.

3. Alcance general de contratación en la Ley 142 de 1994

La Ley 142 de 1994, vigente para la época de la celebración de los cuatro contratos, en el artículo 1º señala el ámbito de aplicación de dicha ley a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía móvil en el sector rural y la extiende a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos, en los términos y con la clasificación del artículo 1.5 de la ley, a las actividades complementarias que la misma ley define y a otros servicios que leyes especiales dispongan. Es decir, no se limita la aplicación a las entidades oficiales o privadas que directamente prestan los servicios públicos mencionados sino abarca a aquellas entidades que desarrollan o cumplen actividades complementarias.

Por eso la ley se encarga de señalar las distintas personas que prestan los servicios públicos, entre las que se cuentan las empresas de servicios públicos —ESP— (art. 15-1); al mismo tiempo, perfila las definiciones sobre las empresas de servicios públicos oficiales, mixtas y privadas y de lo que se ha de entender por cada uno de los servicios públicos domiciliarios. Así, por ejemplo, define el servicio público domiciliario de gas combustible como “...el conjunto de actividades ordenadas a la distribución, de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria” (art. 14.28). No se puede confundir, pues, el servicio público en sí con las empresas que prestan dicho servicio. Lo primero hace relación con el conjunto de actividades que desarrollan y lo segundo concierne a las entidades que especialmente prestan el servicio, que pueden ser públicas, mixtas o privadas.

Así mismo, la Ley 142 precisa la naturaleza de las empresas de servicios públicos al consagrar en el artículo 17 “...que son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta ley” o entidades descentralizadas que adopten la forma de empresa industrial y comercial del Estado, y destaca el objeto de la empresa en la prestación de los servicios públicos o en la realización de una o varias actividades complementarias, o una y otra cosa (art. 18).

La Ley 142 también se encarga, entre los muchos aspectos que regula, de identificar el régimen jurídico de los contratos de las empresas de servicios públicos, con el criterio de unidad en dicho régimen, o sea procurar que no haya distinción sobre el particular, y guardar, de esa manera, concordancia con el estatuto de contratación estatal (L. 80/93) que hace viable que determinados contratos celebrados por entidades estatales que se mencionan en el artículo 2º de la precitada ley y que prestan los servicios públicos no queden por completo sujetos al imperio y gobierno de la Ley 80 sino regidos por disposiciones especiales, aun cuando sigan reputándose contratos estatales, como lo define el artículo 32 del estatuto de contratación pública: “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo se definen a continuación...”, con sujeción en el parágrafo 1º de dicho precepto, que deja por fuera de aplicación de la Ley 80 a los contratos que se regulen por disposiciones especiales.

Precisamente, consagraba el artículo 31 de la Ley 142: “Concordancia con el estatuto general de contratación pública. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y por la presente ley, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa... Las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos en los que se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa”. Vale decir, que las disposiciones de la Ley 142 prevalecían sobre cualquier otra cuando las entidades estatales que prestaban los servicios públicos en cuanto celebraban contratos que tuvieran por objeto la prestación de esos servicios. Esto es, para que los contratos de las entidades estatales se rigieran por el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80, al amparo de disposiciones especiales, se requería que dicha entidad celebrara contrato cuyo objeto fuera, precisamente, la prestación de los servicios públicos y no otra clase de objeto de la relación obligatoria.

Sin embargo, el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, modificó el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, en el sentido de suprimir la expresión referida a los contratos celebrados por las entidades estatales “...que tengan por objeto la prestación de servicios...” y la remisión expresa al parágrafo 1º de la Ley 80, para preceptuar: “Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del estatuto general de contratación de la administración pública, salvo en lo que la presente ley disponga...”. En otras palabras, a partir de la vigencia de la Ley 689 de 2001, los contratos de las entidades estatales que presten los servicios públicos, sin distingo en el objeto, no quedan sujetos a las disposiciones del estatuto general de contratación de la administración pública sino a las normas especiales de la Ley 142; mientras que los contratos celebrados bajo la vigencia del artículo 31, después modificado, estaban regidos por la Ley 80 siempre que tuvieran por objeto la prestación de servicios. Dicho de otra manera: los contratos de las entidades estatales de prestación de servicios celebrados antes de la vigencia de la Ley 689 de 2001 que tenían por finalidad dichas prestaciones se regían por la Ley 142. Si no tenían por objeto esas prestaciones se gobernaban por la Ley 80, es decir, por las normas generales de contratación pública.

Por otro lado, los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos, que se mencionaron anteriormente, se regirán de manera exclusiva por las reglas de derecho privado, como dispone el artículo 32 de la Ley 142: “Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado... La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender el porcentaje que sus aportes, representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce”.

Como puede observarse, el artículo 32 regula otra situación: la sujeción a las reglas de derecho privado de los actos y constitución de todas las empresas de servicios públicos. La previsión del precitado precepto, entonces, es la consagración de otra excepción legal a la aplicación de las normas de la Ley 80 si los actos son celebrados por entidad estatal organizada como empresa prestadora del servicio público. Esto es, encaja dentro de los eventos de excepción de que trata el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Empero, no pueden confundirse las situaciones reguladas en el artículo 31, modificado por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001 y en el 32 de la Ley 142. El primer precepto, para llevar a la disciplina y gobierno de las reglas de derecho privado, se refiere a los contratos que celebren las entidades estatales que prestan servicios públicos y el segundo a los actos y constitución de las empresas de servicios públicos que, como se expuso atrás, son aquellas que se organizan como sociedades o entidades descentralizadas que adopten la forma de empresa industrial y comercial del Estado para prestar uno o varios servicios públicos o desarrollar actividades complementarias.

Claro está que los contratos y actos referidos en las circunstancias previstas en los artículos 31, después de la modificación que le introdujo la Ley 689, y 32, aun cuando sean entidades estatales, se regulan por las normas de derecho privado y no por las reglas de la contratación pública, por ubicarse dentro de los casos excepcionales que permite el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80. Con esta precisión: los contratos celebrados por entidades estatales que prestaban los servicios públicos a que se refiere la Ley 142, cuyo objeto no fuera la prestación de esos servicios no se gobernaban por el derecho privado sino por el estatuto general de contratación pública, tal como se expuso en líneas pasadas.

4. Naturaleza jurídica de los contratos DIJ-1018, ECG-910-97, ECG-131-97 y ECG-126-97 y régimen jurídico aplicable

Sin perjuicio que el tribunal se ocupe más adelante del análisis pormenorizado de los cuatro contratos traídos a este debate arbitral, considera que ahora debe entrar a precisar la naturaleza jurídica de esos negocios por ser un aspecto que debe quedar suficientemente explícito en este laudo.

Ciertamente, cuando los cuatro contratos se celebraron, entre Ecopetrol y el consorcio, ya estaba vigente la Ley 142 de 1994, que como se expuso se aplica a los servicios públicos domiciliarios, a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos y a las actividades complementarias. Esto permite la afirmación de que la citada ley debe ser observada en lo pertinente en aquellas relaciones obligatorias que se convinieron en derredor de esos supuestos, de conformidad con lo mandado por el artículo 18 de la Ley 153 de 1887 en cuanto en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, salvo las excepciones/previstas en dicho precepto.

Y como se dijo, el tema del régimen jurídico de los contratos ocupa un espacio normativo importante en la precitada ley, porque necesariamente se tiene que concretar si los cuatro contratos plurimencionados se deben regir por la Ley 80 de 1993 o de manera exclusiva por las reglas de derecho privado.

En todos los contratos está consignada esta cláusula: “Legislación aplicable: El presente contrato estará sometido a las normas del Código Civil y del Código de Comercio y las pertinentes al presente contrato de la Ley 80 de 1993 y sus reglamentos. También se entienden incorporadas al presente contrato las disposiciones del artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y del capítulo segundo del título tercero de la Ley 104 de 1993”. Quiere decir que las partes expresamente estipularon la legislación a ser tenida en cuenta en su relación negocial, que coincide con lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 80: “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinente, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”. O sea, la autonomía de la voluntad en la contratación estatal tiene que acoplarse o sujetarse a las reglas de la Ley 80.

Sin embargo, la misma Ley 80 como se expuso atrás, deja abierta la posibilidad de que determinados contratos por ella señalados, o que disposiciones especiales así lo prevean, no se regulen en un todo por la ley de contratación pública sino por normas privadas.

Como también se dijo, la Ley 142 al tratar el régimen de contratación dejó previsto que ciertos contratos y actos celebrados por entidades estatales no se rijan del todo por la Ley 80 sino por normas de derecho privado. Y entre esos casos están los contratos celebrados por entidades que prestan servicios públicos que, inicialmente, debían tener por objeto la prestación de esos servicios (art. 31), Juego extendido sin esa limitación por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001.

En ese orden de cosas, se debe hacer esta precisión: los cuatro contratos están regidos, se repite, por el artículo 31 de la Ley 142. Con esto se debe saber si esos contratos tenían por objeto la prestación de los servicios públicos, o si la contratante Ecopetrol era, para esa época, empresa estatal prestadora de servicios públicos, porque de ser afirmativa la conclusión esos actos se regirían por las normas de derecho privado, fundamentalmente, y no por el estatuto de contratación estatal.

Como está acreditado y es sabido, Ecopetrol es una empresa industrial y comercial del Estado y no tiene el carácter de empresa de servicio público domiciliario, ni está organizada como tal. Esto excluye, sin lugar a dudas, cualquier aproximación al mandato del artículo 32 de la Ley 142 que permite, como se dijo, que los actos que celebren las entidades estatales organizadas como empresas prestadoras de servicios públicos se rijan por las reglas de derecho privado. Esto es, al no tener Ecopetrol esa categoría, el régimen aplicable es, en lo pertinente, el de la Ley 80.

Ecopetrol para la época de la celebración de los cuatro contratos prestaba actividad complementaria de servicios públicos que consistían en la comercialización desde la producción y/o transporte de gasoducto principal de gas combustible. De esa manera, reitérase, los contratos por ella celebrados, como entidad estatal que prestaba el servicio público de gas para ese entonces, y tuviesen por objeto la prestación de servicios quedaban sometidos al régimen de excepción aceptado por el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80, o sea por el artículo 31 de la Ley 142, mas no por el estatuto general de contratación pública.

En este proceso arbitral no está demostrado que los cuatro contratos en comento tienen por objeto prestar servicios públicos mencionados en el artículo 10 de la Ley 142. Basta reparar el objeto de cada uno de ellos para observar que la prestación no recae sobre el servicio público de gas ni ningún otro. Los contratos DIJ-1018, ECG-910-97 y ECG- 131-97 incorporan la misma estipulación sobre el objeto, a saber: “Cláusula primera: Objeto. El contratista entregará en arrendamiento, operará y efectuará el mantenimiento de una estación de gas natural para 60 MPDO, que estará localizada en el área del sector denominado Eurocan; al nororiente del complejo industrial de Barrancabermeja. Para ello el contratista, se obliga para con Ecopetrol a ejecutar con sus propios medios materiales, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final los trabajos correspondientes para entrega en arrendamiento de las instalaciones necesarias para la compresión de gas natural en Barrancabermeja...”.

Y el contrato ECG-126-97 conserva, con algunos cambios de redacción, el mismo objeto en la cláusula primera, en los siguientes términos: “El contratista se obliga a entregar en arrendamiento, operar, medir el gas comprimido y efectuar el mantenimiento de las unidades de compresión y medición para 148 MPCDO a partir de la fecha de iniciación de la compresión y hasta la fecha de terminación de la compresión, con arreglo a lo estipulado en este contrato. Dichas unidades de compresión y sus equipos y elementos accesorios e instalaciones, conforman la estación de compresión que se localizará en el municipio de Casacará, departamento del Cesar, en proximidades de la trampa de raspadores del gasoducto Ballena-Barrancabermeja, ubicada en tal municipio. PAR.—Para lo anterior el contratista, se obliga para con Ecopetrol ejecutar con sus propios medios, materiales, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes para entregar en arrendamiento y operar las instalaciones necesarias para la compresión de gas natural, su medición y comunicaciones, con capacidad mínima de 148 MPCDO así: a) tres (3 )unidades de compresión nuevas con capacidad cada una de 29.1 MPCDO, y b) dos (2) unidades de compresión usadas con capacidad cada una de 32.24 MPCDO, según especificaciones que se detallan en la oferta del contratista…”.

Siendo, entonces, el objeto de cada uno de los contratos el arrendamiento de estaciones con operación y mantenimiento de las mismas para el servicio de compresión de gas, y no la prestación de servicio domiciliario de gas, ni ninguno otro, esos actos jurídicos no encajan en el segundo supuesto del artículo 31 de la Ley 142, vigente, se repite, para la época de la celebración.

Entonces, a los cuatro contratos no le son ajenas las normas de la contratación general de la administración pública, por cuanto Ecopetrol como entidad estatal que está denominada como tal en el artículo 2º de la Ley 80, en la contratación ha de regirse, para la época de la celebración, por las disposiciones de esta ley, salvo en aquellas relaciones obligatorias que, por excepción, puedan aplicarse las normas de derecho privado.

Cuando Ecopetrol, como entidad estatal desarrollaba, en los términos de los artículos 14.2 y 14.28 de la Ley 142, actividad complementaria de servicio público, se sujetaba a las disposiciones de dicha ley pero no necesariamente todos los contratos que celebraba, antes de la vigencia de la Ley 689 de 2001, se regían por las normas de derecho privado porque para que ello aconteciera requería que las relaciones obligatorias tuvieran por objeto la prestación de los servicios públicos de gas, en consideración a la misma Ley 142 que imponía este tratamiento normativo especial.

Lo anterior permite al tribunal llegar a la conclusión siguiente: Ecopetrol prestaba actividades complementarias de servicios públicos de gas y los cuatro contratos forman parte del sistema de transporte de gas combustible desde un gasoducto principal, en la modalidad del servicio de compresión y sobre él gira el objeto, que no puede confundirse como de prestación de servicios públicos domiciliarios como están enlistados en el artículo 1º de la Ley 142. En consecuencia, a los contratos DIJ-1018, ECG-910-97, ECG-131-97 y ECG-126-97 se le aplican las normas de la Ley 80 y en lo no previsto en ella por disposiciones civiles y comerciales, por las razones expuestas.

5. Estipulaciones de los contratos DIJ-1018, ECG-910-97, ECG-131-97 y ECG-126-97

En verdad, los tres primeros contratos citados tienen cláusulas comunes y solo el último recoge algunas estipulaciones especiales de estilo y presentación, pero sin modificar lo fundamental del contenido de los otros. Esto sirve para que se puedan formular algunas consideraciones sobre! las estipulaciones contractuales de manera similar o coincidente, particularmente de aquellas que interesan precisarse en este proceso arbitral.

Anteriormente se transcribió el objeto de los cuatro contratos, que como puede observarse exterioriza varios fines negociales: I. La construcción de instalaciones de las estaciones para la compresión de gas natural por el consorcio; II. El arrendamiento del consorcio a Ecopetrol de las estaciones; y III. La operación y mantenimiento de las estaciones de compresión por parte del consorcio, y en el contrato ECG-126-97 la medición del gas natural por este. Además, se incorporaron estipulaciones para cada uno de los puntos que constituyen elementos que desarrollan el objeto de los negocios, como el alcance de los trabajos, las obligaciones de las partes, plazo de ejecución, el precio y la forma de pago, así se incluyen otras previsiones como las causales de terminación, multas, calificación de la fuerza mayor o caso fortuito, mecanismo de solución de conflictos, legislación aplicable y cesión del contrato.

El consorcio se obligó a construir las instalaciones de las estaciones para luego arrendarlas a Ecopetrol, es decir, aquel asumió un deber de ejecutar los trabajos, con sus propios medios, materiales, equipos y personal y de acuerdo con las condiciones señaladas en anexo, que si bien se levantaban en terrenos de Ecopetrol, se convertía en una modalidad del contrato de obra, como está definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 2053 y siguientes del Código Civil. Con este propósito, se incorporaron ciertas obligaciones especiales que giran alrededor de la ingeniería, compras construcción, montaje y puesta en marcha, plazo de ejecución como aparecen consignadas en las cláusulas cuarta de los contratos. El tribunal, por consiguiente, no comparte la apreciación del apoderado de la convocante de que se trata de arrendamiento de bien mueble cuando los trabajos materiales de construcción de las estaciones se realizaron sobre bienes inmuebles, y menos la de que se trata es solo de prestación de servicios, con exclusión del contrato inicial de obra.

Construidas las estaciones, el consorcio las entregaba en arrendamiento a Ecopetrol, mediante la suscripción de acta de iniciación. Esto es, al momento de la celebración de los contratos se pactaba el arrendamiento de cosa futura, bajo la condición, como era obvio, de que llegare a existir, como sucedió con todas las estaciones. Y como este aspecto no tiene influencia en este proceso arbitral, por no existir discrepancia sobre el particular, el tribunal prescinde de mayores referencias bajo el entendimiento de que todas las estaciones compresor as de gas se construyeron y, también, se firmaron las respectivas actas de iniciación. Sin embargo, se ha discutido si, en verdad, se celebraron contratos de arrendamiento o, por el contrario, acordaron otra clase de negocio jurídico y las obligaciones que emanan de los actos.

Dirigieron las voluntades las partes para acordar el arrendamiento de las estaciones compresoras de gas y para ello incluyeron estipulaciones especiales, incorporadas en la cláusula cuarta.

Y finalmente, como parte del objeto se acordó lo que en verdad iba a convertirse en el punto central y esencial de la relación jurídica y durante el período del arrendamiento: el servicio de compresión de gas a cargo de el consorcio. Pero bueno es observar que el consorcio era solo colaborador de Ecopetrol, a cuyo cargo estaba propiamente la prestación del servicio. La colaboración del consorcio equivalía a una especie de outsourcing en punto a operación y mantenimiento. La administración y lo que ella implica era a cargo de Ecopetrol. En las cláusulas cuarta de los cuatro contratos se fijaron los deberes comunes del consorcio y solo en el ECG-126.97 se incluyeron unos especiales.

En la cláusula novena convinieron las partes el valor de cada contrato y pactaron que “...cubre la totalidad de los costos, gastos, administración imprevistos y utilidades del contratista a causa de la ejecución de los trabajos, por cuanto corresponde al valor ofrecido basado en el estudio cuidadoso de los documentos de la solicitud de oferta, del alcance de los trabajos a ejecutar, su naturaleza, localización, condiciones geológicas topográficas, metereológicas, viales, limitaciones de espacio y disponibilidad de materiales, instalaciones temporales, servicios públicos, equipos, transporte, mano de obra, etc., fueron factores considerados para formular la propuesta, razón por la cual el contratista renuncia a cualquier tipo de reajuste, compensación, indemnización o reclamación, que por estas causas o por dificultades ocasionadas por estos factores, se produzcan durante el desarrollo de los trabajos. PAR. 1º—El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar el canon mensual de arrendamiento por los meses durante los cuales se pacta el arrendamiento de las estaciones...”.

En la cláusula décima se convino la forma de pago de cada contrato, como canon mensual de arrendamiento; en la decimoprimera el procedimiento de facturación y pago; la decimosegunda los ajustes anuales al canon de arrendamiento.

En la cláusula vigésima cuarta se incluyeron los mecanismos de solución de conflictos en los términos transcritos en los antecedentes de este laudo y las normas aplicables. También se incluyeron, en las cláusulas vigésima séptima, como causal de exoneración de responsabilidad, la fuerza mayor y el caso fortuito.

Igualmente regularon las partes el tema de la cesión del contrato y subcontrato en la cláusula vigésima octava: “El contratista podrá ceder —total o parcialmente— este contrato o celebrar subcontratos —bajo su responsabilidad— solicitando previamente y por escrito la respectiva autorización y visto bueno del administrador del contrato. PAR. 1º—En cada subcontrato deberá estipularse que entre Ecopetrol y el subcontratista no existe relación contractual alguna y que, en consecuencia, el subcontratista no podrá formular reclamaciones contra Ecopetrol. PAR. 2º—El contratista terminará los subcontratos cuando se establezca que el subcontratista incurrió en algunas de las conductas previstas en el artículo 25 de la Ley 40 del 19 de enero de 1993, o en el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993, o cuando se lo solicite Ecopetrol o cualquier autoridad competente. PAR. 3º—El contratista tiene prohibido ceder sus derechos y obligaciones en este contrato sin el previo consentimiento escrito de Ecopetrol. Cualquier intento de hacerlo sin el consentimiento escrito de Ecopetrol se entenderá nulo y sin fundamento. En el evento de que Ecopetrol consienta en cualquier cesión queda entendido que a dicho cesionario no se le permitirá ceder adicionalmente sus derechos sin el precio consentimiento escrito de Ecopetrol. PAR. 4º—A Ecopetrol le será permitido ceder sus derechos en este contrato, previendo, sin embargo, que en el evento de una cesión, el cesionario deberá asumir todas las obligaciones de Ecopetrol”.

De todas maneras, las estipulaciones de los contratos aportados sirven para concluir que no determinan una naturaleza típica de los negocios jurídicos, pues recogen elementos prestacionales de variada estructura sustancial, unos que permiten ubicarlos o identificarlos en los códigos y otros, por el contrario, sin disciplina legal, pero que bien pueden combinarse.

6. La escisión y la cesión de los contratos DIJ-1018, ECG-910-97, ECG-131-97 y ECG-126-97

La escisión, regulada en la Ley 222 de 1995, opera cuando una sociedad, sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o varias sociedades existentes o las destina a su creación o cuando una sociedad, se disuelve sin liquidarse, divide su patrimonio en dos o más partes que se transfiere a sociedades existentes o destinadas a su creación.

La escisión como operación jurídica es de estirpe comercial que se reserva a aquellas sociedades que están sometidas al control y vigilancia de la (*)Superintendencia Bancaria, con la finalidad económica de fraccionar el patrimonio, con la transferencia en bloque, en procura de mejores rendimientos y eficaz gestión económica.

En la Ley 222 se consagran las reglas sobre el perfeccionamiento de la escisión y la fijación de los efectos de la transferencia en bloque de los activos y pasivos de la sociedad escindente, pero dejando que la tradición o modificación del derecho de dominio se haga con sujeción a las normas pertinentes, esto es, mediante la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente en tratándose de inmuebles. En todo caso, la sociedad beneficiaria de la transferencia de los bienes asumirá las obligaciones que le correspondan en el acuerdo de escisión y adquirirá los privilegios y derechos inherentes a la parte patrimonial transferida, bajo el entendido de que sustituye a la sociedad escindente en la posición jurídica que esta tiene.

Y si bien la Ley 222 no hace expresa regulación de la manera de hacerse la transferencia o sustitución de los contratos hay que entender que deben realizarse con el cumplimiento de las formas previstas por la ley para esos efectos. Como sostuvo la Superintendencia de Sociedades en el concepto de 4 de enero de 1995: “...Ahora bien, en consideración a que no todos los negocios o relaciones jurídicas son susceptibles de ser transferidos o sustituidos o, no obstante serio, requieren del agotamiento o cumplimiento de algún imperativo legal o estipulación convencional, es menester que se observen tales preceptivas en aras de lograr la sustitución o transferencia aludida, como sería el caso de los contratos mercantiles que no requieren de la aceptación del contratante cedido (art. 887 y ss del C. de Co.), evento en el cual deberá procederse de conformidad con lo regulado en cada una de las eventualidades en cuanto a formalidades y demás circunstancias atinentes, en aras del perfeccionamiento de la indicada sustitución...”.

Además de los efectos anotados, en el artículo 10 de la Ley 222 se consagra la responsabilidad de las sociedades participantes de la escisión con el siguiente texto: “Cuando una sociedad beneficiaria incumpla alguna de las obligaciones que asumió por la escisión o lo haga la escindente respecto de obligaciones anteriores a la misma, las demás sociedades participantes responderán solidariamente por el cumplimiento de la respectiva obligación. En este caso, la responsabilidad se limitará a los activos netos que hubieren correspondido en el acuerdo de escisión”. Tanto la solidaridad que plantea la norma transcrita como la garantía patrimonial de los activos netos, encuentra una fácil explicación o justificación: no puede exonerarse la sociedad escindente de plano, ante sus acreedores, de las obligaciones contraídas al amparo de la escisión patrimonial, pero tampoco dejar que se asuma una responsabilidad patrimonial más allá de los activos transferidos.

Aunque la solidaridad que consagra el artículo 10 es sobre obligaciones, no puede entenderse que solamente se contrae a deberes indiscutibles. La solidaridad de las sociedades participantes se proyecta del mismo modo para la defensa ante pretensiones que procuran la declaración de incumplimiento de los negocios jurídicos transferidos. En otras palabras: si la sociedad beneficiaria no cumple una obligación que asumió por la escisión o la escindente de una obligación anterior a la escisión, las dos participantes pueden ser demandadas para la satisfacción de la prestación. Pero si se procura que se declare el incumplimiento, la misma solidaridad permite que tanto la beneficiaria como la escindente intervengan con la misma posición procesal en defensa de sus derechos.

Ahora bien, la escisión de que trata este proceso arbitral es resultado de un mandato legal creador de una entidad descentralizada de orden nacional con el carácter de empresa industrial y comercial del Estado —Ecogas—, que para el capital y patrimonio que se forma, separan del patrimonio de Ecopetrol los activos y derechos vinculados a la actividad de transporte de gas natural, así como de los contratos relativos a dicha actividad para incorporárselo a la entidad constituida; y autorizando al Gobierno Nacional para determinar los activos por entregar, los contratos por ceder, y las relaciones jurídicas que surjan entre la empresa escindente Ecopetrol, y la empresa beneficiaria —Ecogas— en derredor de los contratos de construcción, operación, mantenimiento y transferencia entre los cuales está Ballena-Barrancabermeja.

Si bien las entidades participantes de la escisión no son sociedades comerciales, si son empresas industriales y comerciales del Estado que, como dispone el artículo 6º del Decreto 1050 de 1968, son organismos creados por ley o autorizados por esta para desarrollar actividades conforme a las reglas de derecho privado, esto es, se someten al régimen del Código Civil o del Código de Comercio, para actuar como particulares, según la situación que encaje en uno u otro ordenamiento. Esto último quiere significar que la escisión patrimonial en bloque que se hizo por medio de la Ley 401 de 1997, se rige, en lo pertinente, por las normas de la Ley 222 de 1995.

En el artículo 8º de la Ley 401 de 1997 y en cumplimiento del artículo 6º del Decreto 2829 de 1997, expedido por el Gobierno Nacional por autorización concedida por aquella, Ecopetrol, como escindente, cedió, el 15 de febrero de 1997, a Ecogas los cuatro contratos traídos a este debate arbitral, con todos los derechos y obligaciones emanados de estos. El negocio de cesión contó al mismo tiempo con la aceptación y sin reservas del contratante cedido, es decir, del consorcio, ni de la cesionaria Ecogas.

También como estaba ordenado en el citado artículo 8º de la Ley 401, el artículo 60 del Decreto reglamentario 2829 dispuso que Ecopetrol y Ecogas celebraran entre sí los actos conducentes ala cesión por la primera a la segunda de los contratos relacionados con la actividad de transporte de gas, lo que podrían hacer bajo modalidades de disposición, uso y asunción de los derechos y obligaciones emanados de los referidos contratos, haciendo alusión particular a los proyectos en curso que versaran sobre transporte de gas natural. De igual manera y diciendo obrar en armonía con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8º del Decreto 2829 que se comenta manda que dentro del término que allí se señala entre Ecopetrol y Ecogas se suscriban acuerdos interadministrativos que regulen las relaciones entre ellos derivadas de la escisión patrimonial ya mencionada, en particular al “manejo de litigios, reclamaciones, controversias y demás contingencias actuales y futuras, previendo que los conflictos actualmente en curso, así como aquellos que surjan con posterioridad a la fecha efectiva de escisión, han de ser asumidos en su totalidad por Ecopetrol”.

Obedeciendo a lo ordenado por el artículo 9º del Decreto 2829 de 1997, según atrás se anunció, Ecopetrol y Ecogas celebraron el acuerdo interadministrativo a que se refiere dicho precepto (fls. 01864 a 01878 del cdno. 6). Pues bien, acerca del punto especial que se aludió atrás, o sea sobre el tratamiento que se le daría a los litigios y controversias que se suscitaran con relación a los bienes materia de la escisión, en la cláusula 22 se estipuló lo que a continuación se transcribe: “Procesos que se inicien después de la escisión. Los procesos, reclamaciones o controversias que se inicien con posterioridad al primero de enero de 1998, fecha efectiva de cesión, que tengan su origen en hechos o actos ocurridos antes de la misma, serán atendidos por Ecopetrol, y las prestaciones económicas que de ellos se deriven serán asumidas o beneficiarán en su total a dicha empresa”, y en la cláusula 23 se lee lo siguiente: “Procesos relacionados con hechos posteriores. Los procesos, reclamaciones o controversias que se inicien con posterioridad al 10 de enero de 1998, fecha efectiva de cesión, y que tengan su origen en hechos ocurridos con posterioridad a dicha fecha, serán responsabilidad exclusiva de Ecogas”.

Miradas así las cosas hasta aquí, podría pensarse que el problema de la legitimación en causa habrá quedado resuelto con las cláusulas que acaban de transcribirse, tomadas del acuerdo interadministrativo nombrado. Pero no es así de simple, si se tiene en cuenta que el referido acuerdo no pasa de ser un pacto bilateral celebrado entre Ecopetrol y Ecogas, que como tal solo vincula y obliga jurídicamente a las entidades que lo celebraron, conforme al principio de la relatividad de los actos jurídicos consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, de suerte que tal acuerdo se presenta inoponible al consorcio, que es, precisamente, el contratante cedido.

Mientras el Código Civil disciplina la cesión de crédito o derechos personales individualizados, y no se ocupa de la figura de la cesión de contrato, en particular del contrato bilateral o con prestaciones u obligaciones recíprocas, salvo lo que disponen los artículos 2004, 2020 y 2023 del Código Civil en materia de sucesión a título singular del contrato de arrendamiento, el Código de Comercio reglamenta la cesión de contratos, como forma de circulación integral para permitir que un tercero ajeno a la relación inicial se vincule o se sustituya como parte de una relación obligatoria, Dispone el artículo 887 del Código de Comercio: “En los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las acciones derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, si por ley o por estipulación de las mismas no se ha prohibido o limitado dicha sustitución”.

Con la cesión, el cesionario y el contratante cedido asumen recíprocamente la calidad de parte y los derechos y obligaciones derivados del negocio, hasta el extremo que la responsabilidad del cedente con el cesionario y con el contratante cedido se contraiga a la existencia y validez del mismo y de las garantías pero no del cumplimiento, Sin embargo, por estipulación expresa, el cedente puede asumir la responsabilidad por el incumplimiento del cesionario o del contratante cedido, mediante la reserva que se haga sobre el particular y con los efectos y eficacia previstos en los artículos 891 y 893 del Código de Comercio.

En el presente proceso arbitral está plenamente demostrado que, por virtud de la escisión dispuesta en la Ley 401 de 1997, los contratos DIJ-1018, ECG-910-97, ECG-131-97 y ECG-126-97 formaron parte de la transferencia patrimonial en bloque que Ecopetrol le hiciera a Ecogas, y que la cesión se formalizó con sujeción a las normas legales, entendida esta no como un acto particular o autónomo sino como el desarrollo y aplicación del artículo 6º del Decreto 2829, tal como de manera expresa se consignara en cada uno de los documentos de endoso, pero atada al régimen jurídico de la escisión, en la que está incorporada la responsabilidad señalada en el artículo 10 de la Ley 222 de 1995, que se traduce, como es obvio, en la solidaridad de las entidades participantes de la escisión: Ecopetrol y Ecogas.

De todo lo dicho, concluye el tribunal que al demandar el consorcio solidariamente a Ecogas y a Ecopetrol, esta se encuentra legitimada, por pasiva, para intervenir en este debate arbitral, como entidad escindente, y asumir con la beneficiaria Ecogas la controversia suscitada alrededor de los contratos transferidos y en los que se pactaron, corno se ha consignado varias veces, cláusulas compromisorias.

Por último, la solidaridad que nació entre Ecopetrol y Ecogas, no puede fragmentarse en el sentido que cada una de ellas respondiera de partes en la ejecución de los contratos hasta el momento de la escisión, sino de las obligaciones incumplidas y asumidas por la ocurrencia de esta figura, en los términos del artículo 10 de la Ley 222 de 1995.

7. El principio del restablecimiento del equilibrio económico de los contratos estatales frente a las situaciones imprevistas y al incumplimiento

Como es sabido, a los contratos estatales se les ha reconocido de tiempo atrás, como principio imperativo, la preservación del equilibrio económico; inicialmente mediante la estipulación de fórmulas de ajustes por la variación de los factores de los costos (L. 4ª/64) y luego de adicionar los contratos cuando se presentaran circunstancias imprevistas, suficientes para modificar el valor de los contratos (L. 36/66). Pero fue en el primer estatuto integral de contratación administrativa (D. L. 150/76) en el que se admitió, para los contratos a precio alzado o precios unitarios, que podían, por pacto, revisarse periódicamente en consideración a las alteraciones que se presentaren en los elementos de costos. Posteriormente, el Decreto 222 de 1983 hizo una especial consagración de esa figura en aquellos casos que en la administración modificaba el contrato o lo daba por terminado unilateralmente y dejaba abierta la posibilidad de la revisión de los precios si llegaren a ocurrir cambios en los costos.

El estatuto general de contratación de la administración pública que se encuentra en la Ley 80 de 1993, sin lugar a dudas, con apoyo en los antecedentes legislativos nacionales y foráneos y la jurisprudencia del Consejo de Estado, suministra un conjunto de preceptos para regular el principio del equilibrio económico que debe imperar en los contratos estatales: artículos 4º, numerales 3º, 8º y 9º, 5º, numeral 1º, 14, numeral 1º y 27.

Con tal fin, entre los derechos y deberes de las entidades estatales, en el artículo 4º, consagra el de solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato (num. 3º); el de adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer cuando estuviere precedida de licitación o concurso, o de contratar cuando haya sido directa la contratación, para lo cual podrán utilizar los mecanismos de ajuste y revisión de precios y acudir a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos (num. 8º); y el de actuar de manera que por causas de las entidades estatales, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista (9º).

Y entre los derechos y deberes de los contratistas, así mismo, acoge el principio en comentario en el numeral 1º del artículo 5º al preceptuar: “Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada ya que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato... En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato”.

Como se consignara en la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993: “El precitado artículo 5º en su numeral 1º contempla dos causales conducentes al restablecimiento de la ecuación económica alterada. Las unas concernientes a causas imputables al Estado y a hechos imprevistos ajenos a las partes, las otras.

“La responsabilidad contractual del Estado por el incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones que nacen del contrato estatal; el ejercicio de cualquiera de las potestades o derechos de que se reviste a la administración en el contrato y cuya aplicación resulte fundada por razones de conveniencia y por ende, ajena a la conducta contractual del particular, y por último la expedición de una decisión administrativa que ocasione una verdadera “alteración o trastorno en el contenido del contrato, o cuando la ley o el reglamento afecten alguna circunstancia que pueda considerarse que fue esencial, determinante en la contratación y que en este sentido fue decisiva para el contratante” (Miguel S. Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, tomo III-A, Contratos administrativos, Teoría general. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983, pág. 482), se originen en los móviles que pueden agruparse dentro de las primeras de las causales descritas, vale decir, las imputables al Estado. Al efecto, conviene precisar que la última de las circunstancias delineadas corresponde a lo que la doctrina y jurisprudencia ha dado en llamar “el hecho del príncipe”.

“Los motivos propiciadores de la restauración del equilibrio financiero que ampara la segunda hipótesis, es decir, la “ocurrencia de situaciones imprevistas” que no sean imputables al contratista se enmarcan dentro de la “teoría de la imprevisión”. Se trata, pues, de situaciones extraordinarias ajenas a las partes, imprevisibles, que siendo posteriores a la celebración del contrato, alteran la ecuación contractual en forma notoria pero que no imposibilitan su ejecución. De modo que también tendría que de ellas predicarse su temporalidad o transitoriedad

“Así pues, el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas confieren al contratista el derecho a recibir la remuneración pactada ya que esta permanezca intangible durante la vida contractual. La intangibilidad de la ecuación puede lograr se a través de mecanismos tales como la revisión de los precios, el ajuste de los mismos y la indemnización de perjuicios. Todos ellos de aplicación directa por parte de la propia administración pública”.

Cuando la entidad estatal hace uso de las facultades excepcionales que la misma ley le otorga deberá, para mantener la ecuación o equilibrio inicial, proceder a reconocer y ordenar el pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas con el empleo o aplicación de los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar.

Y, por último, el artículo 27 vuelve sobre el principio del restablecimiento del equilibrio económico: “En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.

Las previsiones de los numerales 8º y 9º del artículo 4º de la Ley 80 se encaminan a obligar a las entidades estatales a que adopten las medidas necesarias para mantener las condiciones del contrato y actúen para evitar que sobrevengan factores de onerosidad en el cumplimiento. Mientras que las reglas de los artículos 5º, 14 y 27 de la ley, se instituyen para que se preserve el equilibrio económico en los contratos estatales por distintas causas.

Precisamente, con fundamento en estas últimas normas de la Ley 80, la doctrina de autores, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la arbitral, se han encargado de precisar las circunstancias que constituyen factores o causas de alteración del equilibrio económico en los contratos estatales y que dan, motivo a su restablecimiento: 1. Por el comportamiento de la entidad estatal, como sería el empleo de las facultades excepcionales o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo; 2. Por los actos de la administración —Hecho del Príncipe—; y 3. Por situaciones imprevistas no imputables a las partes o factores ajenos a estas.

Ha dicho el Consejo de Estado, en sentencia de 21 de julio de 1999, de la Sección Tercera: “Como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia, el equilibrio económico puede verse alterado durante la ejecución del contrato, por las siguientes causas:

“1. Por actos o hechos de la entidad administrativa contratante.

“2. Por actos de la administración como Estado —Hecho del Príncipe—.

“3. Por factores exógenos a las partes del negocio. Teoría inicialmente llamada de la imprevisión.

“La primera causa se presenta cuando el rompimiento de la ecuación financiera del contrato estatal se produce por la sola actuación de la administración como contratante, por ejemplo, no cumple en la forma debida con las obligaciones derivadas del contrato, de cuyo comportamiento deriva la responsabilidad para la administración.

“La segunda causa, conocida como Hecho del Príncipe, se presenta por causas imputables al Estado, como el ejercicio de sus potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general.

“La tercera causa, tiene que ver con la teoría inicialmente enunciada como de la imprevisión, que involucra circunstancias no imputables al Estado, externas al contrato pero con incidencia en él”.

La ecuación económica, a que alude el artículo 5º de la Ley 80, se fundamenta en dos aspectos centrales: a) en la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas, apenas como una aproximación sustancial a la teoría de la imprevisión, desconocida por el Código Civil más aceptada por la doctrina de Corte Suprema desde 1936 e incorporada en el Código de Comercio en el artículo 868 con esta presentación normativa: “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que resulte excesivamente onerosa...”; b) Por el incumplimiento de la entidad estatal contratante.

Cuando el desequilibrio gira alrededor de la ocurrencia de situaciones imprevistas, se parte de la noción de que los hechos y circunstancias que las motivaron o las consecuencias producidas, no se hubieran podido prever o considerar por la parte que sufre el menoscabo económico al momento de la celebración del contrato y se extienden a acontecimientos y consecuencias que debieron preverse.

Por eso se ha sostenido que el contrato es un acto de previsión que implica, igualmente, una distribución de riesgos. El contratista desde el momento mismo que pretende su vinculación sustancial debe saber o entender que pueden presentarse riesgos dentro del alea normal del contrato que, por tanto, son previsibles. Esto es, en un contrato estatal los riesgos por alea normal los asume el contratista, bajo el entendido de que los hechos y circunstancias, cualesquiera sean, permitan el restablecimiento del desequilibrio económico que pueda ocurrir. El Consejo de Estado Sección Tercera, se ha ocupado de esta materia en sentencia de 25 de noviembre de 1999: “...La doctrina ha entendido que en todo contrato con el Estado, el contratista debe soportar a su propio costo y riegos el alea normal de toda negociación, no así el alea anormal, cuyas consecuencias deben serle resarcidas o atenuadas. Lo que significa que la situación del cocontratante debe ser finalmente tal que pueda lograr la ganancia razonable que habría obtenido de cumplirse el contrato en las condiciones normales...”.

Y anteriormente, en sentencia de 9 de mayo de 1996, la Sección Tercera del Consejo de Estado había dicho: “...La Sala no pretende desconocer que todo contratista con el Estado, asume la obligación de soportar un riesgo contractual de carácter normal y si se quiere inherente a todo tipo de contratación pública. Pero tampoco podrá admitirse que en una relación contractual de derecho público, el contratista deba asumir riegos anormales o extraordinarios, de suficiente entidad como para afectar la estructura económica del contrato, hasta el punto de impedirle obtener los beneficios, utilidades o provechos pecuniarios contractualmente presupuestados. Aquellas contingencias implicarían en su contra un indebido sacrificio frente a la satisfacción de un interés general, cuya beneficiaria si bien directamente es la comunidad, viene a serio pero por la gestión de la propia administración, pero con clara desproporción económica del contrato como consecuencia inmediata de la pérdida del equilibrio financiero del mismo, cuyo restablecimiento en últimas corresponde disponerlo al juzgador a falta de acuerdo conciliatorio entre las partes”.

También la doctrina arbitral se ha ocupado del riesgo contractual: “…De acuerdo con las normas transcritas de la Ley 80 de 1993 —que regulan lo concerniente al principio del mantenimiento del equilibrio económico en los contratos celebrados por entidades estatales— así como a la luz de la jurisprudencia y doctrina reseñadas, bien puede afirmarse que el mencionado principio está consagrado para resarcir al contratista cuando quiera que circunstancias ajenas a él y por fuera de su control tales como el incumplimiento de la entidad contratante, o decisiones legítimas adoptadas por esta o por otros órganos de la administración, propias del ejercicio del “ius variandi” o manifestaciones del “Hecho del Príncipe”, según el caso, o, en fin, por acaecimientos imprevistos e imprevisibles, le generan perjuicios que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y la equidad, no le corresponde asumir al contratista, toda vez que los deméritos económicos que se producen en tales circunstancias no le son imputables a este, en ninguna medida, pues su comportamiento acucioso y providente no da lugar a ningún reproche, ni permite una valoración negativa de su conducta…” (laudo de 29 de abr. de 2002 - tribunal de arbitraje de ICA contra IDU).

En el laudo arbitral de ICA contra IDU, ya citado se afirma: “…Así las cosas, el principio de la preservación de la ecuación financiera del contrato, no es un mecanismo para corregir errores cometidos en la fase de negociación del negocio jurídico, ni durante su ejecución. Tampoco ofrece una oportunidad para consolidar el exceso de optimismo o de osadía del contratista al diseñar su oferta, con el propósito de lograr a toda costa la adjudicación del negocio; ni para remediar a posteriori su arrojo o temeridad al asumir riesgos y prestaciones sin exigir una contraprestación adecuada; ni puede ser un instrumento para mejorar su rentabilidad; pues a lo máximo que podía aspirar sería a obtener las utilidades que normalmente se derivarían de los precios que cotizó, de las obligaciones que contrajo y de los riesgos que deliberadamente asumió.

“La jurisprudencia ha reiterado que, como en todo contrato, en los de las entidades públicas se presenta también una distribución de los riesgos, de manera que el contratista puede asumir las consecuencias de ciertas contingencias, siempre que se trate de los riesgos normales propios de su actividad y no de riesgos que vayan más allá, es decir, que puedan calificarse como anormales.

“El carácter de normal o anormal de un riesgo depende de si se trata de una ocurrencia usual, común o frecuente o si, por el contrario, es extraña, o extraordinaria. Lo normal tiene así una estrecha relación con lo previsible, en tanto que lo anormal es difícil o imposible de predecir y, por tanto, de anticipar. Le corresponde al juez apreciar la frecuencia o la rareza, o repentinidad del acontecimiento de que se trate para deducir si el riesgo de su acaecimiento era normal o extraordinario.

“Ahora bien, la previsibilidad no es una noción objetiva, sino subjetiva, en el sentido de que debe apreciarse teniendo en cuenta las condiciones particulares del contratista, vale decir, sus conocimientos y experiencia en una determinada profesión o negocio, toda vez que quien desarrolla habitualmente una actividad; está en una mejor posición que los profanos para prever los riesgos inherentes a dicha actividad. Por tanto, si un profesional —teniendo elementos de juicio y capacidad— para anticipar un riesgo, no lo prevé o lo acepta espontáneamente, habrá de entenderse que se trata de la asunción voluntaria o incluso temeraria del riesgo, de manera que quien así se obliga deberá afrontar las consecuencias jurídicas y económicas de su estipulación, más aun cuando los riesgos que llegue a aceptar el contratista pueden jugar un papel determinante en la escogencia de su oferta, frente a otras más conservadoras, para la adjudicación del contrato”.

Él numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 fija los criterios para restablecer el equilibrio de la ecuación económica de los contratos estatales por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables al contratista “...a un punto de no pérdida...”, que se traduce en que el contratista no se afecte en una disminución del resultado económico de la prestación pretendida al tiempo del convenio o los mayores costos que asume por virtud de las situaciones imprevistas que se originan. No es cualquier clase de beneficio o utilidad o de costos los que pueden apreciarse en derredor del equilibrio económico que se rompe o altera. No. El restablecimiento se enmarca en la disminución patrimonial y en los costos causados por las situaciones imprevistas y todo dentro del concepto de daño emergente únicamente.

De igual manera, las situaciones imprevistas, para que puedan servir de fundamento a la preservación de la ecuación económica, deben girar en torno, por lo menos, de los siguientes supuestos: a) No deben ser imputables al contratista o razonablemente previstas por este, esto es, no puede entrar en la composición la conducta del contratista en la ocurrencia de las situaciones imprevistas; b) Deben provenir de hechos posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva —imprevistos, imprevisibles y excepcionales—; c) Deben ser de tal naturaleza que la previsión humana no sea suficientemente apta o capaz para conjurar su ocurrencia.

Como se expuso, el incumplimiento de la entidad estatal así mismo puede dar motivo a que el contratista se afecte o sufra un menoscabo económico que, de ocurrir, debe resarcírsele para que el equilibrio contractual alcance su vigencia, porque el dolo y la culpa o, en síntesis, el comportamiento causante de un daño antijurídico de la entidad estatal contratante no puede amparar o prohijar la fractura económica de la relación obligatoria.

En el campo general de la responsabilidad contractual, el incumplimiento legitima a la parte cumplida o dispuesta a cumplir a recabar el cumplimiento con perjuicios o la resolución o terminación del contrato bilateral, también con perjuicios. y en el ámbito de la contratación estatal surge como otro remedio especial la regla del restablecimiento del equilibrio financiero si por la desatención de los deberes negociales de la entidad estatal surge precisamente que el contratista haya tenido que asumir mayores costos para cumplir con sus obligaciones, o la pérdida o disminución de las utilidades que aspiraba alcanzar de la ejecución del contrato. Claro está que para que la causa del incumplimiento de la entidad estatal se considere, en procura de la equivalencia económica del contrato, se requiere que se acredite el hecho causante del daño como factor determinante para el reconocimiento del derecho a la preservación del equilibrio económico de los contratos estatales. Y la obligación de restablecimiento ha de cubrir tanto el daño emergente —esto es, lo perdido por el contratista, el reembolso de los gastos y costos, etc.— como el lucro cesante, o sea, las ganancias ciertas que se dejan de percibir por motivo de hecho dañino.

También es posible que el incumplimiento no afecte la ejecución del contrato pero sí puede introducir elementos que desestabilizan la equivalencia del contrato y son estos, precisamente, los que se deben apreciar para el restablecimiento del equilibrio financiero.

Por último, si el restablecimiento del equilibrio económico procede por situaciones imprevistas, la parte afectada solo podrá aspirar a que se le reconozca el daño emergente o sea a un punto de no pérdida. y si la aplicación del principio de la preservación de la ecuación financiera se logra por el incumplimiento de la entidad estatal de sus deberes contractuales, causante precisamente, del rompimiento de la equivalencia contractual, tendrá derecho el contratista tanto al daño emergente como a las utilidades dejadas de percibir.

8. De la teoría de la imprevisión en el derecho privado

Como quiera que la imprevisión se ha constituido en un instituto cercano para la aplicación del principio del equilibrio económico en los contratos estatales, y además una de las pretensiones del consorcio convocante se encamina a que se declare la revisión de los contratos por la ocurrencia de la imprevisión, considera el tribunal oportuno hacer algunos comentarios sobre esa teoría en el ámbito del derecho privado.

Todo contrato, como dispone el artículo 1602 del Código Civil y aplicable a toda clase de relación obligatoria, es una ley para las partes. Lo acordado es lo que obliga, lo que compromete, a lo que sujetan los contratantes sus vinculaciones, o simplemente lo convenido compone o integra la esfera obligacional.

Sin embargo, de tiempo atrás se ha tratado de morigerar esa regla con la aceptación de la teoría que los doctrinantes han denominado de la imprevisión y que la Corte Suprema de Justicia, en materia civil, acogió en sentencia de 29 de mayo de 1938 cuando sostuvo: “Esta teoría radicalmente distinta de la noción de error y de fuerza mayor, tiene por base la imprevisión, es decir, que se trate de hechos extraordinarios posteriores al contrato, que no hayan sido posible ser previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligación, lo dificultan en forma extrema, haciéndolo tan oneroso, que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad. No se trata en suma de una imposibilidad absoluta de cumplir, lo que constituye ya fuerza mayor, sino de una imposibilidad relativa, como la proveniente de una grave crisis económica, de una guerra, etc.

“Consistiendo en un remedio de aplicación extraordinaria, débese establecer con creces que las nuevas circunstancias exceden en mucho las previsiones que racionalmente podían hacerse al tiempo de contratar, y que esos acontecimientos son de tal carácter y gravedad que hacen intolerable la carga de la obligación para una de las partes, amén de injusta y desorbitante ante las nuevas circunstancias. Todo esto, como es obvio, requiere la concurrencia de un conjunto de hechos complejos y variados, que deben alegarse y probarse y es materia de decisiones especiales de los jueces de instancia...”.

Mas el Código de Comercio de 1971, como se anotó precedentemente, incluyó en su normatividad la imprevisión en el artículo 868: “Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte exclusivamente onerosa, podrá pedir su revisión.

“El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrato, el juez decretará la terminación del contrato.

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea.

Sin lugar a dudas, la existencia en el ordenamiento jurídico privado de un texto expreso consagratorio de la imprevisión, como el pretranscrito, debe llevar a los juzgadores, si se plantea como factor para remediar o acoger eventuales desequilibrios que sobrevengan de la celebración de un negocio jurídico —no que existan al momento de la celebración— a que analicen esta figura con todas sus perspectivas en derecho aun cuando en equidad se pueda encontrar la fórmula de ajuste por vía de la revisión.

El artículo 868 del Código de Comercio evidencia los requisitos que la parte que aduce la imprevisión en un contrato debe demostrar en aras de alcanzar un pronunciamiento judicial favorable: a) que se trate de contrato conmutativo de ejecución sucesiva o periódica; b) Que produzca una excesiva onerosidad en la prestación futura a cumplirse por alguna de las partes; c) Que ocurran circunstancias extraordinarias e imprevisibles posteriores a la celebración del contrato.

a) Que se trate de contrato conmutativo de ejecución sucesiva. La conmutatividad se convierte en una característica necesaria para que la imprevisión sea considerada alrededor de un contrato, pues la equivalencia buscada por las partes debe, en principio, mantenerse. También la periodicidad o perduración de las prestaciones, bajo el entendido que estas no se agoten inmediatamente sino que las obligaciones se mantengan en el tiempo, debe ser de la naturaleza del contrato a revisarse. Por eso, la parte final del artículo 868 excluye la aplicación de la imprevisión a los contratos aleatorios y de ejecución instantánea;

b) Que se produzca una excesiva onerosidad en la prestación futura a cumplir. El contrato es oneroso, como reza el artículo 1497 del Código Civil, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. La utilidad y la afectación perseguidas por las partes, por la conmutatividad, deben mirarse o apreciarse como equivalentes; y en esa dirección expresan sus voluntades. Entonces, cuando se produce un rompimiento sobreviniente del equilibrio negocial, más sacrificios que ventajas, sin que se imposibilite cumplir la prestación, como sucedería con la fuerza mayor o el caso fortuito, la imprevisión entra a jugar un papel relevante en la ejecución futura del contrato, y

c) Que ocurran circunstancias extraordinarias e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato. Los acontecimientos ordinarios en el desarrollo de un contrato de ejecución sucesiva suponen que las prestaciones se atienden por el cauce normal, en cumplimiento de la función práctica de todo contrato. Pero cuando se presentan circunstancias extraordinarias que alteran o agravan la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado que resulte excesivamente onerosa, el asunto cambia para abrir paso, si se llegare a demostrar el acaecer fuera del orden o regla natural o porque sucede rara vez o se sale de lo que es habitual (Diccionario de la Academia Española de Lengua), a que se revise el contrato, si fuere posible, o la terminación del contrato.

También las circunstancias deben ser imprevisibles, o sea que no se pueda conocer razonablemente, con algunas señales o indicios, lo que ha de suceder. O aquello que la actividad normal no tenía por qué apreciarlo o considerarlo al momento de celebrar el contrato. La parte que alega el hecho no debe haber incurrido en culpa o previsto aquello que por su experiencia o idoneidad estaba en capacidad de prever con mediana diligencia, y debe ser ajeno al deudor.

9. La renuncia del contratista a reajuste, compensación, indemnización o reclamación

Las entidades convocadas han sostenido que no procede ninguna clase de restablecimiento del equilibrio económico, por hechos imprevistos, pues en las cláusulas novenas de los cuatro contratos se estipularon expresamente las renuncias a cualquier reclamación sobre el particular; además que en los precios pactados van incluidos los imprevistos.

Evidentemente, la cláusula novena de los contratos reza, como se transcribió:

“Valor. El presente contrato se estima y cubre la totalidad de costos, gastos, administración, imprevistos, utilidades del contratista a causa de la ejecución de los trabajos, por corresponder al valor ofrecido basado en el estudio cuidadoso del alcance de los trabajos a ejecutar, su naturaleza, localización, condiciones geológicas, metereológicas viales, limitaciones de espacio y disponibilidad de materiales instalaciones de materiales, servicios públicos equipos, transporte, mano de obra, etc., factores considerados para formular la propuesta, razón por la cual el contratista renuncia a cualquier reclamación, tipo de reajuste, compensación, indemnización o reclamación, que por estas causas o por dificultades ocasionadas por estos factores se produzcan durante el desarrollo de los trabajos...”.

Como puede observarse de la transcripción de la cláusula novena, el supuesto pago de los costos, que incluye imprevistos, hace referencia expresa a uno de los fines del objeto del contrato, esto es, la ejecución de los trabajos de construcción de las estaciones de compresión de gas. Mientras que la pretensión por el restablecimiento del equilibrio económico se fundamenta en factores de incumplimiento o de imprevisión. De ese modo, la renuncia a la que se le pretende imprimirle eficacia no comprende este especial aspecto de las pretensiones.

Más aún: la preservación del equilibrio económico que se persigue sea reconocida judicialmente, se construye en razones de orden público y con fundamento en el carácter imperativo que tiene la Ley 80 de 1993. En verdad, se comprometen los intereses generales de la sociedad por encima de los particulares de los asociados. Asumir de antemano cualquier costo que resultare de la ejecución de un contrato es quitarle, en una eventualidad que no puede ser compartida por un ordenamiento que se edifica en la prevalencia de los intereses generales de la contratación estatal, estabilidad y equivalencia a los contratos que se celebren con entidades estatales.

El carácter de orden público, propio del principio del restablecimiento del equilibrio económico, que proclama la Ley 80 de 1993, impulsa una conclusión: la renuncia anticipada que se haga a cualquier reconocimiento económico, carece de fuerza sustancial.

La renuncia general y anticipada, por tanto, no puede servir de argumento o pretexto ala entidad estatal contratante para oponerse o impedir que haya un pronunciamiento sobre el rompimiento de la ecuación económica alegada por el consorcio convocante si llegaren a darse los supuestos de ley para un reconocimiento de aquel principio.

Cuestión distinta sería que la renuncia se hiciera de manera concreta y ante una situación determinada en cuanto el contratista renuncie a las prestaciones que le correspondan por motivo del restablecimiento del equilibrio económico, que no es la que se invoca por las entidades convocadas. Como ha dicho la doctrina arbitral: “Desde este punto de vista a juicio del tribunal el carácter imperativo del principio del restablecimiento del equilibrio económico impide que las partes estipulen de manera general y por anticipado que en un determinado contrato no habrá restablecimiento del equilibrio económico.

“Sin embargo, ello no impide que en un caso concreto y ante una citación determinada el contratista libre y voluntariamente renuncia a prestaciones que le corresponden por razón del restablecimiento del equilibrio económico.

“En efecto, en el primer caso, se trata de una renuncia que precisamente puede dar lugar a los peligros que la ley quiere evitar, esto es que ante circunstancias imprevisibles el contratista se encuentre en incapacidad de ejecutar debidamente el contrato, con la siguiente lesión para el interés público.

“La situación es por el contrario distinta cuando ante un hecho concreto el contratista renuncia al restablecimiento del equilibrio, pues en tal evento el mismo puede apreciar la incidencia de dichos factores y la forma en que los mismos pueden afectar su capacidad para cumplir el contrato y si decide renunciar a ellos es porque considera que en todo caso está en capacidad de ejecutar el contrato.

“Adicionalmente, en esta materia puede también acudirse a la distinción entre orden público de dirección y orden público de protección. El primero se refiere a aquellas disposiciones que tienen por propósito dirigir la economía. El segundo a aquellos preceptos que buscan proteger a los contratantes. Y una de las grandes consecuencias de la diferencia entre las disposiciones que corresponden a cada uno de ellos es el hecho de que en el primer caso no es posible pactar contra las normas respectivas ni renunciar a ellas, en tanto que en el segundo caso, una vez adquirido el derecho concreto, es posible renunciar al beneficio respectivo, siempre que ello se haga voluntariamente...” (laudo de 15 de mar. de 2002 arbitramento de Augusto Moreno Murcia y otros contra Invías).

10. De la tacha de los testigos

Antes de iniciar el estudio de la pretensión principal de la demanda, el tribunal debe determinar la eficacia de aquellos testimonios rendidos en el proceso, que fueron tachados por el señor apoderado de las sociedades convocantes, previo el inicio de la audiencia correspondiente.

En efecto, la tacha se formuló por razón de la vinculación laboral con Ecopetrol de los siguientes comparecientes: Herber Raúl Lancheros Gaona, ingeniero electricista, especializado en sistemas de distribución, transmisión de datos de alta tensión de energía y especialización en alta gerencia, funcionario de Ecopetrol (17 años); Mauricio Enrique Campo Rocha, ingeniero químico vinculado a Ecopetrol (21 años), actualmente en la gerencia de comercialización de gas en la coordinación de área técnica; Carlos Julio Cortés, ingeniero químico, funcionario de Ecopetrol (4 años), vinculado actualmente en la gerencia, en aspectos de producción, calidad, transporte, distribución y aplicación final del gas natural; y Alba del Pilar Duarte de Santamaría, ingeniera química vinculada a Ecopetrol desde hace 20 años, con desempeño actual en el área de planeación de la gerencia de comercialización de gas.

Es evidente que el motivo de la tacha está demostrado, pues los ingenieros efectivamente están vinculados laboralmente con Ecopetrol y cumplen especiales funciones técnicas en materia de gas desde sus diversos aspectos operativos. Sin embargo ello, por sí solo, no puede descalificar la imparcialidad de los declarantes; por el contrario, son las personas idóneas para informar sobre los hechos que presenciaron y de que tuvieron conocimiento, precisamente por ser funcionarios de Ecopetrol. Al escuchar sus testimonios el tribunal encontró total coherencia en sus informaciones y respuestas, las cuales, como se verá, fueron de especial importancia para las definiciones de este laudo arbitral.

El señor agente de la procuraduría en este proceso, presentó en su alegato de conclusión un cuidadoso análisis sobre las tachas propuestas, para concluir que no pueden prosperar por tratarse de técnicos que, por su nivel profesional e intelectual, garantizan la independencia de sus declaraciones, las cuales, de otra parte, son contestes con las de los demás testigos que acudieron al proceso, funcionarios de Ecogas, Centroriente, Centragas, etc., y, con las conclusiones del dictamen pericial técnico.

El tribunal hace suyos los anteriores planteamientos por considerarlos ajustados a la apreciación probatoria que realizará posteriormente, y desecha las tachas formuladas, por considerar la plena eficacia de los testimonios, todos los cuales, además, encajan en el concepto de los testigos técnicos, habilitados, no solo para relatar los hechos que conozcan sobre la materia del proceso, sino también para emitir conceptos basados en su propia formación y experiencia científica.

11. De las objeciones por error grave a los dictámenes periciales

Previo el análisis de las pruebas de los hechos debatidos por las partes, como sustento de las pretensiones y de las excepciones, es necesario determinar la eficacia probatoria de los dictámenes periciales rendidos en el proceso, por cuanto fueron objetados por error grave.

El peritazgo técnico fue decretado a solicitud del consorcio convocante, y tendido por los ingenieros Ricardo Becerra Prieto y Fernando Comer D''Costa, quienes realizaron aclaraciones y complementaciones según peticiones de todas las partes.

Oportunamente los apoderados de Ecogas y Ecopetrol formularon separadamente objeciones por error grave para cuya demostración, el primero, aportó documentos, además de solicitar la exhibición de otros en las oficinas de Centroriente; también solicitó dos testimonios y la práctica de un dictamen pericial. Por su parte, la apoderada de Ecopetrol invocó como prueba de los errores graves, los documentos obrantes en el proceso que fueron citados en su memorial de objeciones (acta 18).

El tribunal no decretó las pruebas solicitadas por Ecogas, por considerar que se orientaban a la demostración de hechos que no fueron objeto del dictamen pericial, pues no formaron parte de los cuestionarios formulados a los señores peritos; estos hechos son los referidos al funcionamiento de los equipos de filtrado y medición del COGB, asunto que no forma parte del debate procesal (acta 19).

El peritazgo contable fue decretado a solicitud de las sociedades convocantes y rendido por las señoras Esperanza Ortiz y Ana Matilde Cepeda, economista y contadora respectivamente, quienes también realizaron las aclaraciones y complementaciones pedidas por las partes. El señor apoderado del consorcio demandante formuló oportunamente objeciones por error grave; para su demostración solicitó práctica de pruebas que el tribunal negó por no considerarlas necesarias para resolver sobre la existencia de los errores señalados (acta 16).

Antes de entrar en el análisis particular de los errores planteados por las partes a los dos peritazgos, el tribunal considera procedente establecer los elementos del error grave, para luego determinar si están presentes en los señalamientos formulados y por tanto, tienen la entidad suficiente para restarle eficacia probatoria a los peritazgos objetados.

El numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil al facultar a las partes para objetar el dictamen “por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en estas”, está delimitando el alcance de tal impugnación, sin permitir que las discrepancias de carácter conceptual o las criticas a las conclusiones técnicas, sin argumento diferente al de interpretaciones diversas a las consignadas en el dictamen, constituyan los defectos previstos en la ley como errores graves.

De otra parte, el peritazgo es por sí mismo un medio probatorio de carácter indirecto, y se produce dentro del proceso con la intervención de expertos, quienes en razón de encargo judicial contribuyen con su concepto especializado a integrar la percepción del juez de los hechos objeto de la litis; esto significa que, al igual que los demás medios probatorios, este debe ser analizado en conjunto con las otras pruebas recaudadas en el proceso y debe

ser apreciado conforme a las reglas de la sana critica, teniendo en cuenta la calidad de sus fundamentos y la competencia de los peritos (CPC, art. 241); por tanto el que su resultado no sea concordante con otras pruebas, no significa que sea errado o equivocado, ya que su carácter conceptual puede referirse a enfoques diferentes, que de todas formas tienen que ser apreciados por el juez.

En otras palabras, para señalar un error grave no basta con manifestar desacuerdo con la metodología o conclusión pericial, sino que debe glosarse esta o aquella mediante la evidencia de la equivocación en el peritazgo y de lo que ha debido ser el resultado, de no haberse incluido el predicado error.

Bajo este marco analizará el tribunal los errores graves planteados por las partes.

11.1. Objeciones al dictamen pericial técnico

a) Objeciones formuladas por Ecopetrol

— Primer error

Se sustenta en las siguientes afirmaciones de los peritos, que a su juicio son contradictorias, y además riñen con otras pruebas del proceso:

• Los sistemas de filtración son indispensables para garantizar la calidad del gas y proteger los sistemas de medición y compresión.

• Al estar ubicadas las estaciones de compresión aproximadamente 100 metros aguas abajo de un sistema de compresión, no se debieran esperar afluencias repentinas de sólidos.

• Instalar otro sistema de filtración entre el existente y la succión no constituiría protección adicional sino que, además, sería técnicamente inconveniente.

• La oleada de sólidos también hubiera inundado los filtros adicionales, de existir estos; los daños de la estación no ocurrieron por ausencia de filtros adicionales en serie.

• La filtración, separación de líquidos y medición del gas están excluidos del alcance del contrato.

Según la señora apoderada de Ecopetrol, la afirmación de que instalar equipos de filtrado adicionales es “técnicamente inconveniente y económicamente injustificado”, es una suposición que carece de soporte probatorio; en primer lugar, porque los peritos no demostraron el grado de pérdida de presión que generaría el filtro adicional y por otra parte, tampoco realizaron su evaluación costo-beneficio. De otra parte, el COGB contiene cuatro sistemas de filtración en menos de 300 metros, pero cada uno tiene un propósito diverso: el sistema de filtros dispuesto 100 metros arriba de los compresores está diseñado para proteger equipos de medición y no los de compresión del consorcio; además el consorcio no debía confiarse en sistemas de filtros operados por otras personas, como es el caso de Centroriente.

Sobre la necesidad de instalar filtros adicionales, a contrario de la afirmación parcial, invoca la señora apoderada las condiciones pactadas en el contrato de leasing entre Maintech Entreprises Inc., dueño y arrendador de los equipos y el consorcio Cosacol-Hanover, donde se establece que el “depurador provisto por el arrendador con el equipo es solo un depurador de emergencia”.

De otro lado, considera la objetante que no es cierto que la afluencia de sólidos fuere “significativa y repentina”, pues los reportes del consorcio informan que los síntomas de alta temperatura se repitieron los días 3, 4, 5 y 6 de febrero, lo que indica que la entrada de sólidos fue paulatina. Además, afirma que la llegada de sólidos es normal y por ello no hubo colapso en los filtros de alta presión de Ecogas, ni en los de Centroriente que recolectaron 60 K, de sólidos durante 15 horas y 20 minutos el 3 de febrero de 1998, fecha en que entró la línea de alta presión en operación. A su juicio, esto significa que los filtros si pueden retener cantidades significativas de sólidos y que de existir filtros antes de la succión de los compresores del consorcio, hubieran sido efectivos para detenerlos.

Finalmente, advierte la apoderada, que el concepto pericial en cuanto a que las labores de separación de líquidos, filtración y medición están excluidas del contrato, además de rebasar su función técnica, es errado, pues confunde la necesidad de filtración para proteger los equipos de medición con la necesidad de filtración para proteger la integridad de los compresores.

— Segundo error

Se sustenta en la afirmación de los peritos referida a la duda sobre la efectividad de las limpiezas de alistamiento y mantenimiento del gasoducto, por razón de la presencia de desechos de construcción, dos años después de su entrada en funcionamiento. Según la señora apoderada de Ecopetrol, esto riñe con otra afirmación del peritazgo según la cual, “con la información disponible no es posible afirmar que el acueducto se limpió adecuadamente, de conformidad con las normas de la industria antes de ser puesto en servicio” (pág. 35 dictamen). Además, debe tenerse en cuenta, sostiene la objetante, que no existe en el mundo una técnica de marraneo que garantice una limpieza absoluta de los gasoductos.

— Tercer error

Se sustenta en las siguientes afirmaciones de los peritos:

• En la línea de alta presión (300 metros de proyección horizontal) comprendida entre la válvula ubicada dentro de la estación Centragas y la unidad de filtración del COGE, que corresponde al Gasoducto Centroriente, fue donde se presentó la acumulación de sólidos que generó la avalancha de febrero de 1998;

• La causa del problema fue la acumulación excesiva de polvo negro en dicho tramo, que no fue sometido a adecuada limpieza.

Estas afirmaciones, a juicio de la objetante, contradicen los reportes del consorcio, según los cuales, los sólidos no llegaron en forma de avalancha; por tanto, la causa de los daños fue la no implementación de los sistemas de filtración por parte del consorcio antes de la succión. Además, no hay prueba de la diligencia del consorcio para cerciorarse de las condiciones de la línea de alta presión, al momento de poner en marcha los equipos de compresión de la fase III.

— Cuarto error

Se sustenta en la afirmación de los peritos de que además de la inadecuada limpieza de la línea de alta, este tramo adolece de un “inadecuado diseño”.

La señora apoderada de Ecopetrol señala un error grave en tal concepto con el razonamiento de que al no haberse presentado posteriormente más daños en los compresores “...a pesar de que la presencia de sólidos continúa...”, se desvirtúa tal conclusión equivocada.

— Quinto error

Se genera en las afirmaciones de los peritos que indican que los filtros de Centragas y de Coge son apropiados para garantizar la calidad del gas a la entrada de los compresores, y permiten retener el 99% de sólidos pues su tolerancia es de 360 a 480 micras, “o sea, en promedio 420 veces mejor que el máximo tamaño de partícula que el filtro permite pasar”; además conceptúa el dictamen que un separador de menor eficiencia sería suficiente para proveer una adecuada calidad de gas.

La señora apoderada de Ecopetrol señala un error grave en estas conclusiones pues sostiene que no es comparable el tamaño de la partícula que cabe entre la camisa y el pistón de las unidades con el tamaño de la partícula que retienen los sistemas de filtración; por tanto la conclusión acerca de la tolerancia al paso de sólidos es errada. Esto se demuestra con el informe Centragas/Ecogas, de septiembre 11 de 1998, que forma parte del expediente, en el cual se afirma que los compresores del consorcio no permiten ninguna tolerancia de sólidos. Así las cosas, según la objetante, los sistemas de filtración previstos por Centroriente y Centragas no pueden proteger las estaciones por su grado de sensibilidad.

— Sexto, séptimo y octavo error

Considera la objetante que se originan en la interpretación pericial de la nota 1 del plano “Estación de compresión de gas diagrama de tubería e instrumentación (P&ID) sistema de compresión” que establece que el gas de la Guajira será recibido por el COGB filtrado, y sus líquidos separados, al concluir que:

“La única interpretación probable de la lectura textual de la nota es que ya se ha dispuesto que las funciones de filtración en ese punto de entrega sean atendidas por otro operador”.

De otra parte, los señores peritos advierten que esta nota elimina la posibilidad de que potenciales proponentes incluyan equipos superfluos en sus ofertas y resaltan también que el gas entregado al COGB debe cumplir con estándares de calidad, independientemente de quien lo reciba primero.

A juicio de la objetante tanto la interpretación como la conclusión anteriores son erróneas, pues la nota 1 hace referencia únicamente a la línea de baja presión procedente de Centragas que transporta el gas a 300 psig al COGB, y no a la de alta presión que transporta el gas a 650 psig con destino al centro del país, pasando a través del COGB, sin entrar a la estación de compresión. Desde otro punto de vista, la observación acerca del propósito de la nota 1 para futuros proponentes es una mera suposición.

— Noveno error

Según la apoderada de Ecopetrol se configura en la calificación que se hace en el peritazgo de “inevitable” la dependencia de unos operadores con otros, pues esto significa que era imposible colocar equipos de filtración a los compresores, lo que constituye un despropósito.

— Décimo error

Se constituye en la afirmación de los peritos referida a la capacidad de los sistemas de alarma y parada de los compresores frente a lo repentino y súbito de la falla, pues, según la objetante, adolece de dos errores: el primero en cuanto no está demostrado lo súbito y repentino de la falla de los compresores y el segundo, en que tampoco está demostrado que los “instrumentos de emergencia (Emergency Shut Down - ESD)” estaban operando al momento de ocurrir los daños. Según la auditoría, realizada en 1998 por la firma “Control y Controles Industriales” gran parte de la instrumentación asociada con los ESD no estaba operando efectivamente.

— Undécimo error

Se genera en la interpretación por los peritos del contrato de leasing suscrito entre Maintech, dueño de los equipos y el consorcio Cosacol-Hanover, que advierte que el compresor debe operarse no solo con el depurador que forma parte de este, sino con los filtros del COGB.

— Duodécimo error

Lo constituyen las apreciaciones de los peritos referidas a la respuesta relativa a las acciones propias de un experto en compresión, que eliminan, a juicio de la señora apoderada, su responsabilidad por fuera del límite de batería, es decir, sobre otros tramos del sistema, pues ello implica que las labores de coordinación entre unos y otros operadores no son propias de un técnico diligente y prudente.

— Decimotercer error

Se origina en la afirmación de los peritos, según la cual para efectos del diseño de las estaciones no es necesario conocer de antemano las especificaciones de tolerancia de los equipos, sino prever que el sistema de filtración cumpla su función de protegerlos en un grado estándar, como sucedió en este caso, con la selección de filtros de 0.5 micras.

Según la objetante, esta es una aseveración perfectamente inadmisible, por cuanto contradice los conceptos referidos a las buenas prácticas de ingeniería básica, además contradice el informe de Nalco Exxon Energy Chemicals que certificó la tolerancia cero de los equipos.

— Decimocuarto error

Se ubica en la conclusión referida a los términos de referencia. Según los peritos, el no incluir la necesidad de instalar filtros, no debe entenderse como un deber del proponente de hacerlo. La señora apoderada de Ecopetrol califica de grave esta aseveración por cuanto no tiene en cuenta que el diseño de la estación era de competencia exclusiva del proponente y que el fabricante había advertido tal necesidad.

— Decimoquinto error

Se configura en la conclusión pericial sobre las medidas que hubieran evitado los daños, consistentes en evitar la acumulación de sólidos o removerlos antes de poner en marcha la estación de compresión. Según la objetante, los peritos no consideraron el evento sucedido el 2 de febrero de 1998, cuando el brazo 1 del filtro de alta presión del COGB demostró que pudo retener 60 k de sólidos en 15 o 16 horas, evitando que entraran en los compresores. Señala que las partículas que pasaron fueron menores de 0.5 micras por lo cual no fueron toleradas por los sistemas de compresión.

b) Objeción formulada por Ecogas

A juicio del señor apoderado el error grave se genera en las afirmaciones de los señores peritos, referidas a que la presencia masiva y repentina de los sólidos en el gasoducto se originó al poner en funcionamiento la línea de alta presión —ubicada entre la estación de Centragas y la unidad de filtración del COGB—, al entrar en servicio la tercera etapa de compresión.

El error consiste, en que de ser cierto lo anterior, los equipos de medición del COGB han debido dañarse, lo que no sucedió.

Considera el tribunal

El tribunal comienza por advertir que, en lo que respecta a Ecopetrol, la señora apoderada, a lo largo de su alegato de conclusión invoca permanentemente la eficacia del peritazgo técnico como prueba de los hechos alegados en defensa de su poderdante, reiterando su critica en los mismos puntos que se acaban de reseñar. Tales planteamientos con excepción de los que a continuación se examinan, según lo visto, no son más que desacuerdos o inconformidades, propios más bien de esta etapa procesal de alegaciones pues constituyen un análisis integral de todo el tema del debate y sus pruebas.

Con relación a los numerados como errores primero y noveno, es verdad que la interpretación pericial del alcance del contrato de leasing suscrito entre Maintech Enterprises Inc. y el consorcio Cosacol-Hanover (error primero y error undécimo), rebasa la función técnica del dictamen; sin embargo, ello por sí solo, no constituye error grave, pues es al tribunal a quien corresponde la valoración individual del medio probatorio y la asignación de su valor jurídico.

Respecto de los errores quinto y sexto, los planteamientos técnicos de la objetante, efectivamente contradicen el dicho de los peritos en cuanto a la tolerancia de los equipos y en cuanto a la interpretación técnica de la nota 1 del plano “Estación de compresión de gas diagrama de tubería e instrumentación (P&D) sistema de compresión”, lo cual merece particular atención:

En el caso del error quinto que se refiere a la conclusión “equivocada, que la tolerancia está en un promedio de 420 (sic) veces mayor que el tamaño de la partícula que recibe después de filtros” y que “la tolerancia se debe medir es entre las dos superficies que fraccionan, es decir entre el anillo y la camisa y no entre la camisa y el pistón...”, encuentra el tribunal que la afirmación pericial se basa en el documento señalado (como “Referencia 13” de las fuentes del dictamen (pág. 1-13, sexto renglón), que es el manual técnico del fabricante de los compresores.

Este documento se refiere a la tolerancia como un concepto mecánico entre dos dimensiones y según allí se lee, ya toma en consideración la distancia de los anillos; de otra parte, la mención de la señora apoderada al reporte Nalco Exxon, para demostrar el supuesto error, se refiere a una interpretación subjetiva referida al origen de los sólidos. En consecuencia, no encuentra el tribunal el error grave alegado.

En cuanto al alcance de la nota 1 del citado plano —“Estación de compresión de gas diagrama de tubería e instrumentación (P&D) sistema de compresión”— (error sexto), el tribunal no comparte con la objetante el sentido que le endilga a la respuesta de los peritos, pues de su lectura infiere que estos se limitaron a interpretar el texto, sin expresar referencias a la línea de alta o de baja presión; por tanto, el supuesto error se fundamenta en una conclusión propia de la señora apoderada. En consecuencia, tampoco esta objeción puede considerarse como error grave del dictamen técnico.

En cuanto al error formulado por el señor apoderado de Ecogas, el tribunal entiende que se establece en un razonamiento de carácter lógico, sustentado en un silogismo compuesto por las siguientes premisas:

Premisa mayor: La línea de alta tensión acumuló sólidos por falta de limpieza y al entrar en operación, estos fueron dirigidos a las estaciones compresoras ocasionando los daños que son objeto de este proceso.

Premisa menor: En el recorrido entre línea de alta presión y las estaciones compresoras existen los filtros del COGB, operados por Centragas y estos no sufrieron el impacto de los sólidos.

Conclusión: Los sólidos que generaron los daños no estaban depositados en la línea de alta presión.

Al igual que en los planteamientos de la señora apoderada de Ecopetrol, el tribunal encuentra que este se fundamenta en unas teorías propias del señor apoderado de Ecogas, que por demás contradicen otras pruebas del proceso, como se verá. El estado de los filtros del COGB, ubicados en este recorrido del gas no fue examinado por los señores peritos por no ser materia de los cuestionarios propuestos, así como tampoco fue objeto de debate o controversia en el proceso, lo cual es más que suficiente para que no se configure el error grave del dictamen en los términos previstos por la ley, aspecto que, por lo demás, será materia del análisis integral del acervo probatorio por parte del tribunal. Sin embargo, el tribunal advierte que los peritos sí consideraron el tema (págs. 31 y ss.), por lo cual su conclusión en cuanto a la causa de la presencia de los sólidos es técnicamente coherente y, como también se verá, se encuentra plenamente respaldada en diversas pruebas del proceso. En consecuencia, el error formulado no fue demostrado, por lo cual no prosperará la objeción que se analiza.

11.2. Objeciones al dictamen pericial contable

Fueron formuladas por el señor apoderado de la parte convocante y se refieren

a los siguientes aspectos:

“1. El registro tardío de los libros de contabilidad del consorcio no puede ser un elemento descalificador de su contabilidad.

2. Las erogaciones en dólares efectuadas por el consorcio, referidas a las facturas en dólares 061, 151 y 152 presentadas a Ecogas han debido incluirse por las señoras peritos en los estados de resultados del consorcio, independientemente de cómo se hayan registrado contablemente.

3. Las peritos han debido tener en cuenta los soportes y comprobantes de las erogaciones referentes a las facturas 061, 151, y 152, para afectar los estados de resultados.

4. Las peritos omitieron los cálculos de intereses y ajuste monetario referidos a las facturas 061, 15, y 152, tal como se les solicitó; tampoco afrontaron el tema cambiario correspondiente a los pagos realizados en dólares, para efectos de calcular las variaciones económicas soportadas por el consorcio por la tasa de cambio.

Según el objetante, todo lo anterior afecta las conclusiones del dictamen, pues al no incluir las erogaciones en dólares realizadas por el consorcio en los estados de resultados, se desconocieron todos los elementos de juicio puestos a disposición de las señoras peritos, que les permitían determinar los costos de los equipos y repuestos utilizados para reparar los compresores.

Considera el tribunal

Sobre la legalidad de los libros de comercio del consorcio, el tribunal advierte que el peritazgo se limitó a revisar objetivamente los aspectos que conforme con las normas que regulan la materia, son los que determinan su idoneidad, desde el punto de vista probatorio; así por ejemplo, al tener en cuenta el Decreto 2649 de 1998 que en su artículo 126 dice: “Registro de los libros. Cuando la ley así lo exija, para que puedan servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su diligenciamiento, ante las autoridades o entidades competentes en el lugar de su domicilio principal ...” concluyó que la inscripción y registro de los libros oficiales de contabilidad del consorcio se llevó a cabo con posterioridad al inicio de las operaciones en ellos incorporadas.

De otra parte, conforme con las normas pertinentes del Código de Comercio y del Decreto 2160 de 1986, señaló que los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad de acuerdo con las prescripciones legales; además, examinada la contabilidad del consorcio y de las sociedades consorciadas, destacó varios defectos de técnica contable, de los cuales derivó su conclusión de que la contabilidad no se ajusta alas normas vigentes. Señala, por ejemplo, que en las cuentas figuran incorporados al gasto únicamente por el concepto relacionado con los hechos económicos reclamados, la suma de $ 353.883.624. Sobre las facturas 0061, 0151 y 0152, en dólares, el peritazgo anota que estas no se refieren al gasto sino a “Cuentas por cobrar en el activo deudores – cuentas corrientes – compañías vinculadas 131010”.

De otra parte, anota el dictamen, que no se registró contablemente el gasto por repuestos utilizados por el consorcio en 1998.

Así las cosas no encuentra el tribunal el error grave señalado por el objetante, pues no puede perder de vista que la naturaleza y objeto del peritazgo fue el de verificar las erogaciones del consorcio y/o las sociedades consorciadas para la reparación de sus equipos. Por tanto, las anotaciones periciales son precisamente descripciones de la técnica contable utilizada, la cual, si bien no es el objeto de este debate, sí influye en la eficacia probatoria de los libros de comercio a la luz de las normas del Código de Comercio y del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la mención del objetante de que el consorcio no tiene la obligación legal de llevar libros de comercio, el tribunal anota que, aun dejando de lado el carácter de comerciante de las sociedades consorciadas y del consorcio como contratista de Ecopetrol en los contratos que generan este arbitraje, no puede desconocerse que toda persona o entidad que lleve contabilidad en Colombia debe ajustarse a las normas que regulan la materia; por ello es indiferente, en este caso, que el consorcio estuviera o no obligado legal o contractualmente a llevarla, pues lo que no admite discusión es que debe estar ajustada a las normas vigentes (C. Co., arts. 48 y ss.). En síntesis, las observaciones de las señoras peritos corresponden a su función pericial verificadora y sus conclusiones respecto del registro de los libros son objetivas frente a las claras disposiciones legales, sin que ello pueda constituir error alguno.

En cuanto a la eficacia probatoria de la contabilidad, según las glosas del peritazgo, es evidente que no podrá tenerse como prueba de los gastos reclamados por no haber sido llevada de acuerdo con lo ordenado por la ley al respecto.

No obstante lo anterior, no significa que estas irregularidades tengan el efecto de eliminar del acervo probatorio los papeles que fueron debidamente aportados al proceso, como elementos probatorios del daño reclamado. El artículo 51 del Código de Comercio, junto con los artículos 56 y 124 del Decreto 2649 de 1993, otorgan a los comprobantes, recibos, facturas y demás papeles que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros de comercio, la entidad suficiente de elemento probatorio, siempre y cuando, reúnan las condiciones de legalidad que se requieren para ser apreciados como tales. Sobre este aspecto realizará el tribunal un análisis especial.

En el presente caso, la no inclusión de las peritos en su análisis contable de las facturas en dólares, además de no constituir un error, según todo lo dicho, no impide al tribunal su examen —en caso que deba hacerlo— según las consideraciones que siguen, así como tampoco está relevado de estudiar el concepto de gastos bajo el cual fueron contabilizadas en Colombia las facturas en pesos. Lo anterior para determinar la relación de causalidad entre los hechos debatidos y los costos reclamados.

En consecuencia, no se declararán los errores graves del dictamen contable.

12. Las pretensiones por incumplimiento de los contratos

Al contrario de la manera uniforme y unitaria como el consorcio relaciona y describe conjuntamente los hechos de la demanda, aplicándolos a los cuatro contratos en grupo, base de la litis, al momento de la formulación de las pretensiones lo hace refiriéndose, uno por uno, a cada contrato, separadamente, repitiendo respecto de cada contrato lo esencial de las mismas peticiones tanto principales como subsidiarias formuladas a propósito de los demás. Dentro de ese plan, la demanda propone, en primer lugar un grupo de siete pretensiones que califica como principales respecto de cada contrato, ya continuación doce grupos distintos de pretensiones que para el conjunto de cada grupo de principales califica de subsidiarias como ya se vio. En síntesis, hay cuatro grupos de pretensiones principales, una por cada contrato, y doce grupos de pretensiones subsidiarias de aquellas.

Al seguirse el orden en que las pretensiones vienen formuladas a propósito de cada contrato, se tiene que la inicial en cada caso es la que pretende que se declare que la parte convocada incumplió cada contrato en cuanto: a) no le suministró al consorcio, tan pronto como llegó a su conocimiento toda la información acerca de las condiciones y características del gas que habría de ser tratado por las estaciones de compresión, particularmente la información relacionada con la significativa presencia de sólidos en el flujo de gas; b) no haber conservado las estaciones compresoras con el cuidado que le era exigible a Ecopetrol en su condición de arrendataria; c) haberse negado a sufragar los gastos en que incurrió el consorcio para reparar los deterioros causados por culpa de la parte demandada. Y como consecuencia de lo anterior, solicita que se declare que el consorcio incurrió en mayores costos y gastos para el cumplimiento de los contratos, no contemplados dentro de los precios de los mismos y que dieron lugar al rompimiento del equilibrio de la ecuación económica que debe restablecerse, además, con la condena al pago de las costas del proceso.

El grupo de pretensiones principales señaladas gira en derredor de una de las causas que el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 tiene en cuenta para la aplicación del principio del restablecimiento del equilibrio económico: el incumplimiento de la entidad contratante de sus obligaciones y que, según el demandante, se enmarca en los tres supuestos de desatención mencionados y que el tribunal estudia y analiza en el mismo orden presentados.

12.1. No habérsele proporcionado al consorcio toda la información acerca de las condiciones y características del gas y de la presencia de sólidos

Como se ve, la declaración de incumplimiento contractual se hace consistir, en primer término, en que los contratos en que se apoya fundamentalmente la demanda fueron incumplidos por la parte convocada al no haber suministrado al consorcio la información acerca de las condiciones y características del gas, en especial de la presencia de sólidos en el gas por comprimir. Sin embargo, no hay la precisión sobre el momento en que el consorcio requería conocer sobre las condiciones y características del gas y, por consiguiente, de la presencia de sólidos. Mas entiende el tribunal que la queja del convocante se sitúa en la etapa de formación y celebración de los contratos porque si bien es cierto que expresa en el escrito de convocatoria que no le suministraron toda la información “tan pronto como llegó al conocimiento...” sobre esos aspectos por parte de la convocada, la omisión debe ser al momento del contrato o provenir de una estipulación contractual o un deber de estirpe legal de información. Y se hace esta precisión porque no puede referirse a un hecho antijurídico que no tenga su fuente en una relación obligatoria si se duele precisamente del incumplimiento de los contratos.

Con este planteamiento, debe suponerse que efectivamente Ecopetrol, entidad que celebró los contratos, asumió frente al consorcio la obligación de suministrar a este información en aquel sentido. Pero resulta que en la propia demanda el consorcio reconoce y admite, es decir, confiesa, que el tema relativo a la eventual presencia de sólidos en el gas que habría de ser objeto de compresión, a través de las estaciones materia de los contratos, no fue tenido en cuenta por estos y ni siquiera mencionado en estos.

En efecto, en el aparte Introducción del capítulo V —Hechos— de la demanda, luego de anotar como en agosto y en diciembre de 1997 se advirtió la presencia de una cantidad anormal de sólidos en el gas, se dice que el consorcio se vio en la necesidad “...con el único propósito de dar cumplimiento al objeto del contrato...” de reemplazar partes y piezas de las unidades compresoras; y termina expresando, en relación con la presencia anormal de sólidos atrás mencionada, que estas “...son circunstancias que no fueron previstas por el consorcio ni al momento de presentar su oferta ni al celebrar los contratos, y que no le son atribuibles...”. Y más adelante, en el aparte “la oferta, adjudicación, y firma de los contratos”, insistiendo en el tema de que la presencia de sólidos pasó en silencio y con alusión a la documentación consistente en los “términos de referencia” y anexos, expresa que en ellos “...no se hizo mención ni de la presencia de sólidos en el flujo de gas, ni de la necesidad de proveer filtración en las líneas de succión de las estaciones por parte del contratista”. Y a continuación habla de las reuniones informativas celebradas en noviembre y diciembre de 1995, para destacar que en ninguna de esas reuniones “...se hizo mención alguna por parte de Ecopetrol acerca de la presencia de sólidos en el flujo de gas”.

Otras afirmaciones de la demanda concurren a sustentar la afirmación del consorcio de que el tema de los sólidos en el gas no fue tenido en cuenta para la determinación del objeto del contrato, son las que se hacen en los hechos 22, 23, 24 y 26. Este último numeral, en especial, que contiene una negación absoluta que como tal no requiere ser demostrada, reconoce que, precisamente por cuanto Ecopetrol no exigió la instalación de unidades de filtrado salvo en la de medición de Casacará, el consorcio no las cotizó.

Coincide claramente con la posición del consorcio en el sentido de que el tema de los filtros no fue materia que hiciera parte integrante de los contratos, la circunstancia de que el consorcio hubiera callado respecto a ese punto en su propuesta como licitante y, más todavía, que dicha propuesta hubiera sido aceptada sin reparo por Ecopetrol; y más que en los contratos definitivos se hubiera guardado silencio sobre el particular.

Si se supone que por su experiencia y conocimientos profesionales fuera natural que el consorcio debiera haber tenido en cuenta el riesgo de los sólidos y por lo mismo preverlo, aquella suposición habría que admitirla en sus justos límites, que no podían ser otros que los proporcionales a los riesgos normales que el sistema de filtros está llamado a precaver y controlar, no los aptos o convenientes para superar riesgos anormales, como todo indica que lo fueron los que se manifestaron en la avalancha mayor de que aquí se trata. La ocurrencia de riesgos mayores a los normalmente previsibles, no podían dar lugar a incumplimiento de los contratos, salvo que expresamente se hubiera estipulado otra cosa.

Pero no solo la manifestación de la parte convocante sirve para concluir que el tema de la información de las condiciones, características y presencia de sólidos en el flujo de gas no fue materia de consideración en la etapa de la licitación, ni omisión involuntaria en los contratos, que tanto las afirmaciones de los peritos técnicos como la declaración del presidente de Ecopetrol, referida a los términos de referencia, permiten la aseveración, por la clase profesional del contratista y por la naturaleza de la prestación del servicio de compresión que surgía del objeto de los contratos, que fue un punto no considerado por las partes ni debía estipularse como alega el consorcio.

Los peritos técnicos afirman que aunque es usual el análisis del gas como una pieza de información “normalmente incluida a manera de especificación técnica para que el contratista pueda armar su propuesta … los sólidos naturales no aparecen usualmente en los análisis de composición de gases naturales” (págs. 18 y 19 - Dictamen técnico).

Por su parte el doctor Alberto Calderón expresa: “...en los términos de referencia están unas exigencias mínimas, pero el grueso de la responsabilidad, y para eso se estaba contratando un experto, era yo necesito unos equipos de compresión que me funcionen y usted póngale los equipos necesarios para garantizar su integridad…” (pág. 9, versión escrita).

Los testimonios de los ingenieros de Ecopetrol, señores Mauricio Campo Rocha (págs. 11 y 12), Carlos Julio Cortés (págs. 4 y 5), así como los de los ingenieros de Centroriente, Gilberto Monsalve y Freddy López, y el del ingeniero Jaime Castellanos, son concordantes al informar sobre la normalidad de los sólidos procedentes de la corrosión del gasoducto en el torrente del gas transportado.

Tampoco puede convenirse que la parte convocada infringió los contratos porque en parte alguna de estos se observa estipulación que se le impusiera al contratante la obligación de suministrar información acerca de las condiciones, características del gas y de la presencia de sólidos, ni existe prueba dentro de este proceso arbitral que permita la afirmación de la existencia de esa prestación.

Ahora bien, caer en el campo de las suposiciones tampoco es de aceptación en el ordenamiento jurídico que impera en el mundo de los contratos. Los contratos surgen ciertamente de la declaración libre de voluntades cuando las partes acuerdan, por lo menos, expresa o tácitamente los extremos de la relación negocial. De ahí que se obligue quien conviene o tiene intención de obligarse.

Del mismo modo, el tribunal no comparte los argumentos de la parte convocante en el sentido de que el principio de interpretación de los contratos, regulado en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil, sirve para apoyar el incumplimiento que alega en su escrito de convocatoria. En el alegato de conclusión sostiene el apoderado del consorcio: “...El principio previsto en el artículo 1.620 consistente en que debe preferirse el sentido en que una cláusula pueda producir efecto alguno a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Así, por ejemplo, las especificaciones previstas en la nota 1 del diagrama de tubería e instrumentación (pág. 1D) (cdno. de pbas. 4, fl. 1147) que corresponde a las especificaciones del COGB y que indica que “el gas se entregará filtrado”, deben interpretarse en el sentido lógico de que el gas se le entrega al contratista después de pasar los filtros adecuados para limpiarlo de impurezas y asegura que cumpla con los estándares nacionales e internacionales, que enseñan que el gas debe estar comercialmente limpio... La regla prevista en el artículo 1.621 que enseña que cuando no apareciere voluntad contraria, es menester estarse a aquella interpretación que mejor se ajuste a la naturaleza del contrato. Dado que de acuerdo con los estándares de la industria a nivel internacional, el transportador de gas asume la responsabilidad de transportar gas comercialmente limpio, es claro que en el presente caso la naturaleza de los contratos lleva necesariamente a que el riesgo propio de la calidad de gas sea asunto que le corresponde garantizar a Ecopetrol. Para los efectos de aplicación del principio consagrado en el artículo 1621, ello significa que como en los contratos no se estipuló que el contratista debería responsabilizarse de verificar con toda diligencia y cuidado las características del gas a ser comprimido, la interpretación que mejor cuadra con la naturaleza de los contratos es la que lleva a concluir que es atribuible a Ecopetrol, y a su cesionaria Ecogas, todo lo relacionado con las características de gas y con la responsabilidad de que él cumpla con los estándares internacionales de limpieza y de carencia de sólidos...”.

Como es sabido, también, se acude a la aplicación del principio de interpretación de los contratos cuando a las distintas manifestaciones de los contratantes, sobre los alcances y sentido de las cláusulas, estos les dan variadas interpretaciones. Es decir, el entendimiento de un contrato va relacionado con la intención y declaración de las partes pero bajo la circunstancia de las cláusulas o estipulaciones que se han convenido. Si no se ha acordado una determinada prestación no es del caso darle un alcance que no tiene por vía de las reglas de interpretación, porque como preceptúa el artículo 1619 del Código Civil: “Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia que se ha contratado”. Y si se busca a través del principio de integración de los contratos la consecuencia o situación obligacional que pretende el consorcio, el tribunal también desestima la posibilidad de establecer prestaciones o deberes por no encontrar o localizar voluntad presunta que así se exteriorice o de reglas secundarias de conducta nacidas de las relaciones contractuales creadas.

Insiste el tribunal que no se puede acudir al expediente de que determinados comportamientos que no se incluyen como deberes negociales puedan ser materia de interpretación para extraer consecuencias antijurídicas derivadas de la ejecución de un contrato, porque solo cuando las partes dirigen sus voluntades, pueden merecer distintas apreciaciones, para lo cual se podría escoger, en última, aquella que guarde conformidad con el sentido que le darían personas sensatas puestas en las mismas circunstancias; pero si las voluntades no se exteriorizan tampoco se contará con criterios de interpretación.

Si bien es cierto que los cuatro contratos aportados al proceso no son dechado de técnica contractual, no se puede por esto afirmar que la falta de estipulación sobre las condiciones y características del gas y la presencia de sólidos, son ambiguas, ya que solo cuando existen cláusulas se puede hablar de estipulaciones que no son claras.

De todo lo anterior se concluye que por vía de la causal a) señalada en las pretensiones principales contenidas en la demanda no puede ser reconocido aquí el incumplimiento contractual alegado como causa petendi de las prestaciones indemnizatorias consecuenciales del restablecimiento del equilibrio económico.

12.2. Incumplimiento por no haberse conservado las estaciones compresoras

El convocante aduce, así mismo, como causa petendi de la pretensión de incumplimiento de cada petición principal consistente en que la parte demandada “... no ha conservado la estación compresora con el cuidado que le es exigible en su condición de arrendataria”.

El reparo que de inmediato es susceptible de ser opuesto contra este elemento de incumplimiento radica en que, como consta en cada uno de los contratos referenciados y se dejó explicado atrás, la operación y mantenimiento de las estaciones de compresión y de las unidades que las integran fueron objeto de pacto especial con el consorcio, al que le fueron encomendadas esas tareas: “... hacer el mantenimiento a los elementos que son parte integrante de la estación de una forma ágil y a mantener repuestos para evitar paradas no prolongadas del sistema ...”. Si conforme al verbo mantener, una de cuyas acepciones según el DRAE es “conservar una cosa en su ser, darle vigor y permanencia”, no es difícil deducir que mantenimiento significa, para lo que aquí interesa, que las estaciones de compresión y sus equipos debían conservarse permanentemente en estado de cabal funcionamiento o disponibilidad (término este último tan mencionado en los contratos), todo lo cual supone que el obligado a velar por el mantenimiento de un bien es el que debe cuidar de que el objeto del mismo esté protegido en todo momento contra cualquier riesgo.

Significa lo anterior, por consiguiente, que los deberes de cuidado y vigilancia que se derivan del mantenimiento de las estaciones de compresión y sus unidades, estaban a cargo del consorcio, y que era sobre él, por lo tanto, que tenía que recaer la responsabilidad por desentenderse de ellos, máxime si a la vez tenía la calidad de dueño y arrendador de los mismos, Es claro, pues, que en esas circunstancias el arrendatario, o sea, Ecopetrol no estaba obligado a responder ante el arrendador si este al mismo tiempo tenía el carácter de mantenedor de la cosa arrendada.

Si el consorcio, como arrendador, asumió el deber de mantenimiento de los elementos que son parte integrante de las estaciones y en todo caso inherente a todo el que tiene esa condición en un contrato de locación, no le puede luego exigir al contratante estatal que tiene o dice tener la calidad de arrendatario que adquiera, contrariando la naturaleza de la obligación jurídica obligatoria, la obligación que supera el deber de conservación de la cosa, como lo pretende la parte convocante en este proceso arbitral, y encaminada imponerle una carga que ni los contratos ni la naturaleza de los mismos prevén. Menos aún, si se tiene de presente que el consorcio, por la modalidad negocial convenida, ejercía y ejerce sobre las estaciones compresoras una relación de hecho derivada de la prestación del servicio de compresión, e incluso de derecho como propietario de dichos elementos.

Y obsérvese, adicionalmente, que en este proceso no obra prueba alguna que acredite que la entidad arrendataria haya incurrido en culpa que repercuta en daño de los bienes arrendados.

Estas breves precisiones le sirven al tribunal para concluir que tampoco tiene viabilidad la pretensión de incumplimiento de los contratos aducida por el consorcio, en este punto, contra la parte convocada.

12.3. Incumplimiento por no sufragarse los gastos de reparación por los deterioros de las unidades de compresión

Para la parte convocante, las entidades demandadas se han negado a sufragar los gastos en que incurrió al tener que atender la reparación de los daños sufridos por las unidades de las estaciones compresoras y, por consiguiente, han incumplido los contratos.

La inconsistencia de este argumento, en realidad, es ostensible y manifiesta, si se tiene en cuenta que en forma prematura y precipitada el consorcio pretende dar por ocurrido, de manera anticipada, el incumplimiento que mediante, precisamente, la pretensión busca que el tribunal declare. El incumplimiento invocado podría tenerse jurídicamente como hecho sucedido y, por lo mismo como relevante en el presente caso, en el evento de que en este laudo así se declare. Por lo mismo, mal puede afirmarse con anterioridad, como aquí se hace, que tal incumplimiento sea ya una realidad. Entonces, no se puede hacer una declaración en tal sentido como pretende el consorcio convocante.

13. Las pretensiones por aplicación de la teoría de la imprevisión comercial

En el grupo que integra la decimosegunda pretensión subsidiaria de la pretensión principal se solicita que se declare que, en relación con cada contrato, ocurrieron circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles para el consorcio, y no imputables a este, que alteraron o agravaron las prestaciones a su cargo, excesivamente onerosas, que lo obligaron a mayores costos y gastos para el cumplimiento de los contratos y no contemplados dentro de los precios pactados; y como consecuencia de esa declaración se revise los contratos y se ordene los reajustes que la equidad indique según el leal saber y entender del tribunal.

Ni en el escrito de convocatoria ni en el alegato de conclusión, el consorcio hace particulares comentarios a los hechos que en sí serían constitutivos para la aplicación de la teoría de la imprevisión regulada en el artículo 868 del Código de Comercio; sin embargo, el texto del grupo decimosegundo de la pretensión subsidiaria de la pretensión principal apunta a ubicar los hechos alrededor de esa figura.

El tribunal se ocupó de formular algunas consideraciones en torno de la teoría de la imprevisión tanto en el ámbito civil como el comercial, que no es del caso de repetir en esta parte del laudo. Y encuentra que, como se expuso, la imprevisión se ha apreciado alrededor de la causa que el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 consagra para las situaciones imprevistas e imprevisibles en los contratos estatales.

Entonces, al dirigir el análisis el tribunal sobre la figura del restablecimiento del desequilibrio económico, por tratarse de contratos, materia de esta controversia, de estirpe estatal, la imprevisión que debe considerarse, ha de regirse por las normas de la Ley 80, significando, por tanto, que los preceptos privados no sean de aplicación en este debate porque, como se sabe, las normas de la contratación estatal son de empleo preferencial si expresamente regulan el asunto que se discute, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 sobre la normatividad aplicable a los contratos estatales: “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias reguladas en esta ley...”.

En suma, al regularse los contratos controvertidos en este proceso, por el estatuto general de la contratación administrativa, la situación imprevista debe considerarse, se insiste, a la luz del mandato de la Ley 80 de 1993 y no la aplicación de la imprevisión disciplinada en el Código de Comercio, por cuanto se tendría en cuenta este ordenamiento si la materia de los contratos no fuera de estirpe estatal y no estuviera regulado como tal.

14. Las pretensiones por hechos o situaciones no previstos

Como quedó descrito, el grupo de la quinta pretensión subsidiaria se fundamenta en la ocurrencia “de hechos no previstos por el consorcio, y no imputables a este que lo han obligado a incurrir en mayores costos y gastos para el cumplimiento del objeto...” de cada uno de los cuatro contratos “...costos y gastos que no estuvieron contemplados dentro de los precios pactados...” y se pretende que se declare que los mayores costos y gastos tuvieron el efecto de romper el equilibrio económico y se condene solidariamente a Ecopetrol y a Ecogas al pago correspondiente.

Sin lugar a dudas, este grupo de pretensiones se sustenta en el mandato de la Ley 80 de 1993 que regula en varios preceptos el principio de restablecimiento del equilibrio económico. Y dentro del contexto general de la demanda se podrá afirmar que el soporte legal es el artículo 5º de la citada ley en cuanto un contratista tiene derecho a que si llegare a alterarse o modificarse durante la vigencia de un contrato estatal, la administración le restablezca el equilibrio de la ecuación económica “...a un punto de no pérdida...” por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables al contratista.

Para el consorcio la inesperada e imprevista presencia de una cantidad considerable de sólidos en el gas produjo daños en los equipos de los compresores de Barrancabermeja y de Casacará a partir del mes de febrero de 1998. En los hechos 29 y 30 de la demanda se puntualizan las circunstancias que, en sentir del consorcio, son imprevistas.

Describe el convocante en relación con el sistema de Barrancabermeja: que el día 2 de febrero de 1998 se comenzaron a notar cambios en los parámetros de operación de las unidades que se manifestaron en paradas y en altas temperaturas de descarga de los cilindros de los compresores; que entre ese día y el 5 se cambiaron las válvulas de las unidades; que el día siguiente quedó por fuera de servicio una de las unidades (1492), como consecuencia de las altas temperaturas presentadas en los cilindros tanto en la parte de succión como de descarga; que inspeccionadas las unidades se encontraron daños severos en distintas partes y piezas que debían ser sustituidas, ordenándose la importación de los repuestos con la llegada de dos técnicos de los Estados Unidos para adelantar las actividades de reparación; que el consorcio le comunicó a Ecogas el día 21 de febrero de 1998 la finalización de las actividades de reparación de la unidad 1492, pero reiteró la necesidad de coordinar los actos de limpieza en las líneas de baja presión; que el mismo 21 uno de los operadores del transporte de gas, Centroriente, con la participación del consorcio, realizó una limpieza en las tuberías del centro operacional de Barrancabermeja, incluidas las tuberías de la estación compresora; que la limpieza mostró presencia de sólidos; y que el día 22 “... no obstante la manifestación del consorcio de su temor acerca de la presencia de sólidos en el gas se puso en operación una de las unidades recién reparadas por el consorcio, previa instrucción de Ecogas. A los pocos segundos de iniciada la operación de dicha unidad; se detectó que en los cilindros se había subido a niveles bajo los cuales la unidad no puede ser operada. Por lo tanto, fue necesario detener su operación y demostrar la unidad para inspeccionarla. En la inspección se encontró uno de los cilindros totalmente rayado y se detectó la presencia de sólidos, los cuales obstruyeron los filtros de protección”.

Respecto de la presencia de sólidos en las unidades de Casacará, anota el convocante que el día 9 de marzo de 1998, una vez realizada la limpieza del gasoducto Ballena-Barrancabermeja, se detectó la presencia de sólidos a raíz del incremento exagerado de la temperatura de los equipos de compresión, situación que se mantuvo hasta el día 22 del mismo mes y año, fecha en la que se encontró una masiva cantidad de sólidos en el sistema, que generó daños significativos en todas las unidades compresoras, saliendo de operación para las reparaciones de rigor; que a pesar de que Ecogas decidiera instalar filtros aguas arriba de la estación compresora de Casacará no han resultado detener de manera efectiva los sólidos, los cuales continúan llegando a las unidades.

Ecopetrol al contestar la demanda no negó los hechos anteriores sino que se opuso a la aplicación de la teoría de la imprevisión por considerar que la presencia de sólidos no es un suceso excepcional en el transporte de gas y por tanto no es imprevisible su ocurrencia para un contratista experimentado; de otra parte, sostiene que fue negligente el contratista al continuar operando las estaciones después de ocurrido el primer daño.

Ecogas por su parte también sostuvo que la presencia de sólidos no era un evento inesperado para el consorcio, además de que, entre sus obligaciones estaba la de prevenir tal suceso y proteger sus propias máquinas. Afirmó que en la etapa inicial de transporte de gas, al poner en marcha un gasoducto, aparecen usualmente sólidos provenientes de la construcción, aun cuando se haya realizado limpieza con la diligencia que corresponde. Además la operación misma del gasoducto sin revestimiento interno produce sólidos provenientes de la corrosión del tubo. En cuanto a los hechos de la demanda, anteriormente reseñados, manifestó no constarle su ocurrencia, oponiéndose al calificativo de “anormal” referido a la cantidad de sólidos aparecida, por considerar el hecho como previsible y la conducta del consorcio como negligente en el diseño de las estaciones, el cual fue de su absoluta responsabilidad. De otro lado, sostiene, que tendría que haber considerado que iba a entrar en operación una línea de alta presión, cuya “construcción por sí misma tendría sólidos, cuya remoción sería más dispendiosa, por la mayor presencia de codos, lo cual hace necesario más labor de soldadura, residuos, etc.”, por tanto ha debido prepararse para los efectos que esa mayor producción de sólidos tendría, una vez puesto en operación dicho tramo.

Sobre los hechos anteriores las partes aportaron grandes volúmenes de documentación, además de la que fue recaudada por el tribunal durante las inspecciones judiciales con exhibición de documentos llevadas acabo en las oficinas de la Texas y de Ecopetrol en Bogotá, de Ecogas en Bucaramanga, de las Empresas Públicas de Medellín ESP, de Isagen, y en las oficinas de Meriléctrica ESP, estas tres últimas en Medellín. Varios testigos de carácter técnico rindieron sus declaraciones en el proceso, así como los representantes de la parte convocada absolvieron los interrogatorios formulados en la audiencia correspondiente. Por solicitud de las convocantes se decretó y rindió un dictamen pericial de naturaleza técnica a cargo de los ingenieros especialistas en transporte de gas, quienes respondieron los cuestionarios formulados y oportunamente realizaron las aclaraciones y complementaciones al mismo.

Con la demanda se aportaron al proceso, en uso de la facultad conferida a las partes en el artículo 10 de la Ley 446 de 1998, dos experticios sobre la presencia de sólidos en el transporte de gas, rendidos a solicitud del consorcio por dos ingenieros expertos en compresión de gas, residentes en Houston, Texas, señores James Massaro y Claude Mahlen.

Considerando que el debate entre las demandantes y las demandadas se ubica fundamentalmente en el hecho de la presencia repentina de sólidos en los compresores, como causa de los daños en las estaciones y su condición de imprevisibilidad y anormalidad invocadas por el consorcio, y que las circunstancias imprevistas a que se refiere el consorcio, causantes de los daños en las unidades compresoras de Barrancabermeja y de Casacará, ni en el tiempo ni en los supuestos fácticos pueden confundirse, el tribunal hará el análisis separado de esos elementos, como procede a precisar.

Para avocar el estudio de la alegada anormalidad en la aparición de sólidos en el gas que debía ser comprimido en las estaciones a cargo del consorcio Cosacol-Hanover, debe establecerse primero cuáles son las condiciones de normalidad y previsibilidad que técnicamente se manejan para el transporte de gas. En primer término debe establecerse la condición física y química del gas que se va a transportar, como punto de partida del análisis.

14.1. El gas transportado

Obran en el proceso diversas pruebas de las especificaciones del gas que se extrae del yacimiento de Ballena en la Guajira y que es el que se transporta por la línea Ballena-Barrancabermeja para ser luego distribuido en el interior del país.

Varios de los técnicos que declararon en el proceso, a solicitud de las partes, se refirieron al tema en cuestión, siendo relevante la información proporcionada por la doctora Luz Ángela Novoa, ingeniera química, especializada en gas, funcionaria desde hace 14 años en el Instituto Colombiano de Petróleos, dependencia técnica de Ecopetrol, quien manifestó al respecto: “A nivel internacional y a nivel nuestro por lo que nos regula a nosotros, en el país hay unas especificaciones de calidad en cuanto a la composición química del gas y cuando el gas cumple con esas especificaciones pues lo llamamos un gas limpio, es un gas que tiene muy pocos contaminantes que nos vayan a generar procesos muy graves de corrosión ... es un gas que tiene muy pocos hidrocarburos pesados, de manera que poco tratamiento le tenemos que hacer; ese gas es muy diferente al gas en Cusiana ... es un gas que prácticamente lo único que hay que hacerle es quitarle la humedad que trae del yacimiento ... Entonces el gas cumple con todos esos parámetros y desde ese punto de vista decimos que es un gas de muy buena calidad y que es un gas limpio..., lo que queda claro es que a pesar de que tenga todas esas características tan buenas no está exento de que vaya a generar problemas de corrosión” (págs. 29 y 30).

Los señores peritos técnicos se refirieron repetidamente al tema(2), confirmando el dicho de la doctora Novoa e informando sobre los parámetros de gas limpio a nivel internacional: “...el propósito de una norma de calidad de gas es el de definir una calidad mínima que permita garantizar la integridad de los elementos del sistema y la seguridad en el uso por parte del usuario final. Lo que se exige, en fin, es un gas “comercialmente limpio y no químicamente puro””.

De lo expuesto, advierte el tribunal, que a pesar del alto grado de pureza del gas a comprimir, este no es ajeno a la presencia de sólidos que se generan en el proceso de la corrosión del material del que está compuesta la tubería del gasoducto; es decir, existe una presencia normal de óxido en la corriente de gas que no altera su limpieza y condición.

El peritazgo técnico así se refiere al tema:

“... Ante todo cabe anotar que la presencia de sólidos en un gasoducto puede tener dos orígenes: sólidos provenientes de las facilidades de producción o sólidos generados por el gasoducto, ya sea como remanentes de construcción, productos de la corrosión de los tubos o contaminación sufrida en las operaciones de mantenimiento. Todas estas causas son normales y, se podrá decir aún más, inevitables… Así como es previsible el arrastre de partículas sólidas presentes en el gasoducto, es difícil prever sus cantidades, por cuanto estas se pueden depositar en sitios bajos en condiciones de baja velocidad y ser arrastradas nuevamente al aumentar la velocidad. El potencial efecto nocivo de estas partículas se mitiga mediante práctica de limpieza y dotación de separadores (usualmente filtros). Si la presencia de sólidos en este tipo de gasoducto es natural e inevitable, el hecho es evidente y la información oficiosa sobre el mismo parece innecesaria y superflua...”.

Al respecto, varios de los declarantes informaron al tribunal:

El ingeniero químico Mauricio Campo, vinculado a Ecopetrol desde hace 21 años, y en la actualidad con desempeño en la gerencia de comercialización de gas, manifestó que en octubre de 1997, “la cantidad de sólidos, que ya se recolectaban en ese gasoducto eran mínimos, si eso lo traducimos de unidades absolutas a unidades de concentración, es decir unidades de cantidad por unidad de volumen, que es la gráfica que se ve a continuación, observarán que para los meses a que hago alusión, entre septiembre y noviembre de 1997, el contenido de sólidos en el gasoducto ya estaba del orden de 0.5 gramos por cada mil pies cúbicos de gas ... normalmente las líneas de gas contienen del orden de 0.7 gramos por cada mil pies cúbicos, entonces bajo esa consideración y bajo estudios internacionales que se han hecho, 0.3 o 0.4 gramos por mil pies cúbicos era el considerado o es considerado un contenido normal del manejo de sólidos en un gasoducto” (pág. 12 versión escrita).

Por su parte el presidente de Ecopetrol, al absolver el interrogatorio de parte formulado en audiencia por el apoderado de las convocantes, afirmó tener conocimiento, sobre que en 1997 hubo presencia normal de sólidos en el gasoducto “...e inclusive un poco por debajo de lo normal de sólido” (pág. 7 versión escrita).

Sobre este hecho y su origen fue ilustrado también el tribunal, al explicarse el fenómeno químico de corrosión de la tubería, del cual no está exento ningún gasoducto en el mundo. Los ingenieros Gilberto Monsalve (Centroriente), Jaime Castellanos (Ecogas), y Fredy López (Centroriente), conocedores y operadores del sistema de transporte de gas, desde sus diversas funciones así se refirieron a la imposibilidad de encontrar un gasoducto 100% libre de sólidos:

“...de todas maneras, por el mismo hecho de la procedencia del producto que se transporta, viene desde un yacimiento dentro de la tierra y por el mismo hecho, por donde se transporta no es algo, digamos que sea pulido, de las tuberías puede presentarse deterioro, pueden presentarse fenómenos que generan procesos de partículas de sólidos” ... (Monsalve, pág. 11 versión escrita).

“...el sólido, se puede decir, que es inherente a la operación porque cualquier metal tiende a su estado natural, entonces si yo tengo acero, el acero está compuesto por carbón y hierro, y el hierro tiende a volver a su estado natural, que es el óxido, entonces lo normal de un gasoducto es que haya óxido, el mugrecito que estamos diciendo, el sólido es óxido ... entonces el óxido lo puede causar o bien la sola degradación del gasoducto o bien porque entren bacterias factoreductoras, o bien porque yo pueda traer, de pronto, un poco de mugre del yacimiento...” (Castellanos, pág. 5 versión escrita).

“En todas partes del mundo se manejan problemas, al menos que conozca, no hay ningún gasoducto que pueda decir que no maneja sólidos “... “tampoco se garantiza que esté 100% limpio...” (López, pág. 19 versión escrita).

Por su parte, los peritos técnicos confirmaron plenamente lo anterior, resaltando además que esta es la causa técnica de la necesidad de efectuar limpiezas periódicas a la tubería y también la de colocar filtros para la protección de los equipos que se sitúan a lo largo del gasoducto con propósitos diferentes, tales como los de medición y compresión.

Así las cosas, el tribunal tiene certeza de que la calidad del gas transportado desde Ballena es de alta pureza y que la presencia de sólidos en las cantidades informadas por todos los expertos que se refirieron al tema, son normales dentro de los parámetros de medición internacionales; también tiene certeza, derivada de todo lo anterior, que el origen de esos sólidos se encuentra en el natural proceso de corrosión de la tubería del gasoducto, razón por la cual los compuestos de tales sólidos son básicamente elementos de corrosión.

También de las amplias exposiciones técnicas de los declarantes, el tribunal pudo determinar la importancia de la limpieza del gasoducto, como una medida periódica de prevención para el mantenimiento de la calidad del gas y la conservación de los equipos, pues es natural que los sólidos que, como se vio, son de normal presencia en la corriente de gas, se acumulen, arriesgando la operación del gasoducto; por tanto, es importante indagar sobre este tema, que sin duda hace parte de las condiciones de normalidad para el transporte del gas.

14.2. La limpieza del gasoducto

Dado que en Colombia, la operación de transportar gas por gasoducto era de reciente iniciación, pues había comenzado en 1996, y por tanto las cantidades transportadas no comprometían toda la capacidad de la línea Ballena-Barranca para grandes volúmenes de gas hacia el centro del país, la limpieza de la tubería no se había realizado repetidamente; sin embargo, en 1997, antes de la ocurrencia de los hechos de febrero de 1998, se realizó una con las finalidades antes dichas. Así lo informaron varios de los técnicos.

Los ingenieros Mauricio Campo y Carlos Julio Cortés, técnicos de Ecopetrol, se refirieron al tema en cuestión:

“... si observan ustedes el gasoducto inició su operación en marzo de 1996 y las primeras evidencias de sólidos se dieron alrededor de enero o febrero de 1997; en ese momento, en ese año de operación del gasoducto, se transportó un volumen relativamente bajo que se iba incrementando a medida que se iba desarrollando el mercado de gas en el interior del país. Una vez se detectó la presencia de esos sistemas, se observó que el gasoducto en su primer año de funcionamiento no había tenido una limpieza...” (Campo, pág. 11 versión escrita).

“...desde comienzos del año 1997, pudimos tener conocimiento de aparición de sólidos en el gasoducto Ballena-Barranca; este gasoducto, como ya había comentado, comenzó operaciones en el año 96, un año antes estuvo en operación, pero a comienzos del año 97, empiezan a presentarse sólidos, se reportaron varias presencias de sólidos durante el año 97, asociada la mayoría de ellas con procesos de limpieza interna del gasoducto con un raspador que va por dentro de la tubería y esto hace que el sólido o el material que va dentro de la tubería, como efecto normal del uso, este material lo arrastra...” (Cortés, pág. 2 versión escrita).

“... Inicialmente, cuando el gasoducto entró en operación, los volúmenes eran supremamente bajos y no daban una velocidad suficiente para mover un raspador ... por eso, durante casi un año que arrancó ese gasoducto no se limpió la tubería” (Cortés, pág. 13 versión escrita).

Sobre todos los aspectos analizados: composición del gas, presencia de sólidos como una constante normal en el flujo del gas a comprimir y técnicas de limpieza de la línea de transporte del gas por parte del operador del sistema o sus agentes, es determinante para el análisis que se está realizando, indagar sobre el conocimiento del consorcio contratista sobre tales temas. Ello para estimar el grado de prevención y de previsibilidad para asumir sus obligaciones dentro de los límites de su relación contractual.

14.3. Previsibilidad técnica del contratista. Profesionalismo. Alea normal

Quedó ampliamente estudiado el alcance y naturaleza jurídicos del contrato, en sus diversas fases, siendo de especial importancia, en este punto del análisis, determinar la condición técnica y profesional del contratista, así como el entendimiento de las etapas contractuales y su manejo.

Del objeto de los contratos es fácil deducir que la intención de Ecopetrol al abrir su invitación a presentar ofertas, para la construcción e instalación de equipos en Barrancabermeja y Casacará, para la compresión del gas transportado desde Ballena, con el fin de distribuirlo en el interior del país, era la de aprovechar todos los conocimientos y experiencias de una compañía experta y conocedora a fondo de este tema, desconocido en el país por no haberse manejado la industria del transporte del gas hasta 1997, época de las invitaciones o sondeos de mercado. Basta volver sobre el parágrafo de la cláusula primera de los contratos que advierte que para cumplir su objeto, el contratista, “...se obliga para con Ecopetrol a ejecutar con sus propios medios, materiales, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa...”, para interpretar claramente la necesidad de Ecopetrol de la colaboración de un experto en la compresión del gas.

El presidente de esta empresa al declarar en el proceso reiteró tal propósito al manifestar que esa era la orientación de los términos de referencia: “...yo lo diría en términos jurídicos, como un contrato llave en mano, en donde lo que uno quiere es el servicio, yo quiero que me compriman un gas, es un contrato de resultados, y estoy contratando un técnico que es experto en eso, y ese es el que tiene que encargarse porque es el experto ... su obligación es entregarnos unas estaciones de compresión, que nos compriman el gas y que estén en muy buen funcionamiento” (pág. 4 - 2ª parte declaración).

Así las cosas, el tribunal entiende que el nivel de profesionalismo del consorcio era una de las calidades exigidas para la adjudicación de los contratos y, también entiende, que como profesional en el tema de transporte de gas, su responsabilidad era la de conocer las condiciones técnicas de ello; todas, claro está, dentro del marco de normalidad ya referido: gas limpio, dentro del standard comercial de pureza, esto es, con presencia de sólidos provenientes de la corrosión normal del tubo, en los índices normales ya citados y generados también de los procesos de limpieza del gasoducto.

Tal como se dijo atrás en el capítulo correspondiente, el aspecto jurídico del principio del restablecimiento del equilibrio económico de los contratos estatales, los riesgos y alea normal en la contratación estatal los asume el contratista (a menos de reservas expresas), por la elemental razón de que son los previsibles para un profesional en la materia. En los últimos años se ha venido implementando doctrinaria y jurisprudencialmente el tema de la responsabilidad profesional con gran énfasis en la asunción de los riesgos inherentes a la actividad contratada(3), por parte de quien debe conocerlos bien por su formación y experiencia técnicas, y por tanto, prevenirlos y manejarlos sin alterar los propósitos contratados.

• Laudo ICA – IDU, ya citado.

El señor apoderado del consorcio preguntó a varios de los técnicos declarantes y al presidente de Ecopetrol, así como a los peritos, sobre el significado de la nota que aparece al pie del plano denominado “Estación de compresión de gas. Diagrama de tubería e instrumentación (P&TD) sistema de compresión” que establece que el gas de la Guajira será recibido por el COGB filtrado y sin líquidos separados. Este plano, entiende el tribunal, hizo parte de los términos de referencia entregados a los proponentes para la adjudicación de los contratos, razón por la cual su ilustración técnica hacía parte de las condiciones y especificaciones que debían tener en cuenta las firmas licitantes.

Sobre el particular los peritos expresaron:

“Al respecto” el plano establece:

* En la nota 1: “Tanto el gas del centro Opón como el de la Guajira, será recibido por COGB una vez filtrados y sus líquidos separados, medidos con compensación por presión, temperatura y análisis de su composición y contenido calórico, en una brida en los límites del respectivo terminal”. Lo anterior excluye del alcance del suministro los sistemas de filtración, separación de líquidos y medición.

• En la nota 4: “El COGB entregará el gas medido en una brida, en los límites de su terminal, a cada uno de los usuarios”. Se reitera la exclusión del alcance de suministro del sistema de medición” .

Además, en las aclaraciones recalcaron:

“Sí: la filtración de líquidos y la medición del gas de alimentación de la estación están implícitamente excluidos del alcance del contrato de compresión, por las razones antes expuestas.

(...).

“... Además, toda vez que la filtración debe hacerse inmediatamente antes de la medición, sería bastante extraño que el contratista de compresión tuviera dentro del alcance de su suministro la filtración y la compresión, mas no la medición” (pág. 60).

Todos los comparecientes fueron contestes al señalar que el término “gas filtrado” corresponde a un concepto relativo(4) que cada uno de los operadores del sistema del transporte de gas tiene que manejar en forma diferente, según la sensibilidad de sus equipos y según su posición en la cadena de funciones; de otra parte, el proponente debe saber dónde están ubicados los filtros a lo largo de la línea del gasoducto, pues de ahí dependerá su previsión profesional.

El dictamen pericial técnico al analizar las condiciones de los términos de referencia y de la oferta, en este aspecto de la prevención a los riesgos descritos resalta que “en ninguno de los contratos se hace referencia a la transferencia de custodia, es decir que el consorcio no tenía participación en la medición de gas” (pág. 12 Aclaraciones), que es una actividad necesaria cuando el gas cambia de operador y requiere de entrega de uno a otro operador(5).

Y concluyendo el tema en cuestión manifestaron: “Como se expresó ampliamente en e/ dictamen, constituye buena práctica de ingeniería proteger todo equipo sensible y específicamente los compresores reciprocantes, mediante filtros ... Además, los filtros son generalmente utilizados para cumplir con los requerimientos de calidad de gas que exigen la medición y la transferencia de custodia” (pág. 13 Aclaraciones).

Sobre el tema del filtrado del gas, el tribunal fue ilustrado gráficamente por varios de los declarantes, inclusive por el propio presidente de Ecopetrol, quien además presentó un video durante su interrogatorio, sobre el esquema que integra el sistema de transporte de gas desde el yacimiento de Ballena hasta el centro operacional de gas de Barrancabermeja, señalando la ubicación de los filtros que están colocados a lo largo del trayecto: “El operador, esto es lo que tengo entendido, es Texaco. Sí hay equipos de filtrado y de separación a la salida de los pozos; los instala Texaco para el propósito de obtener efectivamente ese gas y efectivamente el COGB recibe un gas filtrado y deshidratado” (pág. 15).

Por su parte, tanto los peritos técnicos, como los funcionarios de Centroriente que acudieron al proceso como testigos, señalaron al tribunal en este esquema, la presencia de filtros aproximadamente a 500 metros de las estaciones de compresión instaladas por el consorcio Cosacol-Hanover, ubicados antes del tren de medición de Centragas para la protección de tal equipo. (Ver diagramas dictamen pericial págs. finales).

De lo anteriormente referido, el tribunal puede destacar cuáles eran los riesgos conocidos por el consorcio, tanto en su condición de profesional, como en su calidad de contratista, y cuáles las previsiones que, desde la autonomía técnica acordada en el contrato, asumió para el cumplimiento de sus obligaciones. En otras palabras, la composición del gas, la usual presencia de sólidos como producto de corrosión del gasoducto o de las limpiezas periódicas de este; la función de los filtros operados por otras empresas encargadas de funciones diferentes, específicamente los más cercanos a sus estaciones en el COGB, y la no participación en la medición del gas recibido, constituyeron las especificaciones del contrato y los consecuentes riesgos normales asumidos. Este será el marco de normalidad que servirá de base al tribunal para examinar, si los hechos ocurridos en febrero de 1998 excedieron tales límites para constituirse en extraordinarios, imprevistos e imprevisibles y por tanto fuente del desequilibrio económico alegado por las convocantes; o por el contrario, como lo afirma Ecopetrol, correspondían al ámbito normal de sus contratos,

14.4. Las situaciones generadas en las unidades de Barrancabermeja

a) Los hechos ocurridos el 3 de febrero de 1998

La demanda relata la ocurrencia de hechos intempestivos que generaron altas temperaturas que ocasionaron la suspensión del servicio de la unidad de compresión 1492, en los días siguientes al 3 de febrero de 1998; relata también la actividad del consorcio en los días siguientes, en procura de su reparación y puesta en funcionamiento, con el fin de no suspender el servicio de compresión. Obra en el expediente la carta suscrita por los gerentes de operaciones de Cosacol y de Hanover, dirigida al ingeniero Benito Vega Osorio, vicepresidente de operaciones de Ecogas, fechada el 11 de febrero de 1998 en Bucaramanga, que hace un resumen sobre el particular:

“Como se menciona en el informe adjunto, a partir del 2 de febrero, una vez puesta en servicio el sistema de alta de la estación se empezaron a detectar fallos continuos en las diferentes unidades de compresión a tal punto que el día 6 de febrero la unidad 1492 quedó fuera de servicio por las altas temperaturas presentadas en el sistema de succión y descarga de la primera etapa; como es de su conocimiento, el día 6 de febrero se realizó una visita conjunta de campo en la cual se inspeccionó la unidad anteriormente mencionada encontrándose material extraño en el interior de la sección de válvulas, con lo cual se determinó el desarme total del sistema de compresión ... Vale la pena aclarar que la unidad 1492 es nueva, tan solo con 300 horas de operación; … Reiteramos que el consorcio está haciendo todos los esfuerzos a su alcance para restaurar nuestra capacidad máxima de compresión” .

También está aportada al proceso el acta de la reunión efectuada el 7 de febrero de 1998, de funcionarios de Ecogas, Centroriente y el consorcio, con el fin de analizar el estado de la estación compresora. En el acta mencionada se recogieron las propuestas de los asistentes orientadas a determinar las causas de los daños y a prevenir su repetición, así:

“Centroriente propone revisar la tubería para chequear si el producto pasó por esta unidad de medición. Esta actividad se realizará el lunes 9-2-98.

“El consorcio realizará análisis del material encontrado en los filtros y cilindros. Centroriente tiene muestras...”.

(...).

“Se analizará un sistema de limpieza de la línea”

“Se programa una reunión de campo para el día lunes 9-2-98 para chequeo filtros en Centragas”.

“Se realizará un monitoreo en conjunto de temperatura y presión de ... <Consorcio y Centroriente.

“El representante de Ecogas informará sobre la situación y la gravedad de la situación y la creación y análisis de la contingencia general a solucionar”.

“Se realizó visita a campo observando partes afectadas ... fase III”.

Ecogas, en comunicación de 13 de marzo/98, así se dirigió al consorcio:

“Como es de su conocimiento, existe un grave problema por la presencia de sólidos y condensados a lo largo del gasoducto Ballena-Barrancabermeja, en las compresoras de Casacará y COGB, y en algunas térmicas, esto requiere una acción muy rápida de todos nosotros, por lo tanto, solicitamos su cooperación, la cual, ustedes muy gentilmente ofrecieron en la reunión efectuada en Bucaramanga el día 5 de marzo del año en curso...” (pág. 151 cdno. pbas. 1).

Estos documentos son suficientes para dar certeza al tribunal sobre el evento extraordinario de las alzas intempestivas de temperatura que se presentaron en las estaciones de compresión los citados días y sobre lo sorpresivo de la situación, no solo para el consorcio sino para Ecogas como coordinador general del sistema, para Centroriente, contratista de Ecogas para el mantenimiento del gasoducto y operador de los filtros y del tren de medición, equipos ubicados antes de las unidades de compresión. También advierte el tribunal que en la reunión del 7 de febrero no se tenía certeza sobre la causa de los daños y apenas se concertaban medidas de urgencia orientadas a ubicar el origen de los elementos extraños que comenzaban a aparecen en las muestras recaudadas en las primeras revisiones de los equipos deteriorados.

El Instituto Colombiano del Petróleo, por solicitud del consorcio, analizó siete muestras de residuos sólidos con el objeto de determinar su composición metálica y el posible origen de las mismas. Las muestras provenían de diferentes puntos de la estación compresora (filtros y compresores), y se habían recaudado en fechas diferentes, a partir del 6 de febrero de 1998 hasta el 23 del mismo mes y año.

El resultado del análisis cuantitativo arrojó que los sólidos estaban compuestos de tres grupos principales como son: óxidos de hierro, óxidos de silicio y aglomerado de minerales; el resultado del análisis cuantitativo determinó que “el hierro (Fe) es el elemento más abundante en las muestras, variando entre 25 y 48% en peso, que expresado como óxido (Fe3O4) está entre el 34 y el 66% en peso; correspondientes a residuos de corrosión de acuerdo a los resultados del análisis cualitativo”. Respecto del tamaño de las partículas encontradas en cada una de las muestras, midió sus tamaños en micras, presentando estas un promedio entre 13 y 186 micras (Análisis de muestras sólidas. IPC —jun. 24 de 1998— cdno. pbas. 1).

b) Las cantidades de sólidos encontradas

El consorcio afirma que las cantidades fueron extraordinarias y por su parte Ecopetrol y Ecogas, sostienen que fueron normales, y que además, no existe prueba de su volumen. En efecto, los señores peritos técnicos señalan en su dictamen que no contaron con elementos directos para determinar las cantidades de sólidos que se presentaron en las unidades de Barrancabermeja; pero esa situación no impedía calificar que los sólidos que llegaron sí tenían alcance y proyección para afectar los equipos. Dicen los peritos “...Sobre las cantidades reales de sólidos recibidas por los equipos de compresión del consorcio no se tienen acceso a registros cuantitativos, lo que es comprensible si se tiene en cuenta la dificultad de recolección de los sólidos, en especial de aquellos que fueron retirados mediante soplado para limpiar el sistema. Para efectos de la presente respuesta se consideraron los registros fílmicos y las gráficas de las cantidades de sólidos registrados en los mantenimientos de los filtros...” (pág. 26 dictamen).

Más adelante reiteran los expertos: “Después de analizar la correspondencia del consorcio a Ecogas disponible en el expediente, se puede afirmar que los daños a los que se hace referencia son del tipo de los que se esperarían fueran causados por la presencia de sólidos por fuera de los límites de tolerancia de los equipos, no necesariamente aportados en forma de “sIugs”. ...” (pág. 49 dictamen).

Sobre el mismo tema de la cantidad anormal de sólidos, son ilustrativas las declaraciones de los funcionarios de Centroriente, ingenieros Frank Darío Martínez y Gilberto Monsalve, quienes también presenciaron la afectación del sistema por el fenómeno de la presencia de sólidos en febrero de 1998, por razón de tener los equipos a cargo de esta sociedad ubicados inmediatamente antes de los de compresión del consorcio. Al respecto el ingeniero Martínez se refirió a una presencia anormal de sólidos en 1998 que aumentó la frecuencia en el mantenimiento de los filtros, obligando a Centroriente a su cambio (págs. 3 a 5). Explicó que es posible que a pesar de haber cumplido los filtros con el propósito de detener la gran cantidad de los sólidos que traía la corriente de gas, pasaron las partículas de tamaño menor de 5 micras; explicó que la razón de que tales partículas no dañaran los equipos de medición y sí los de compresión, es porque son más tolerantes los primeros (pág. 7).

El ingeniero Monsalve reiteró lo inusual del volumen de sólidos que se presentó en la época de febrero y marzo de 1998, relatando también la necesidad de incrementar las revisiones de los filtros: “La fecha con respecto a la revisión de filtros se intensificó más en febrero, marzo y parte de abril que era bastante frecuente, ya después bajaron los volúmenes de gas y también se bajó, se espació el mantenimiento o la revisión de los filtros; pero lo que es en febrero, marzo, si fue bastante frecuente, y diariamente, hasta dos veces a día revisar el filtro y a tantas horas de operación volver a revisar … Los filtros en sí se revisan ... ellos vienen diseñados para estar revisando filtros con la presión diferencial que está en un valor de 13 PCID, digamos, el lapso de tiempo antes del problema estaba realmente como cada tres meses, cada cuatro meses, durante el problema muchas veces se desarrollaba en el mismo día que se había cambiado el filtro ... En un mismo día se podía estar saturando el filtro” (págs. 2 y 3).

También el ingeniero Gustavo Correa, funcionario de Centragas S.A. sociedad encargada del mantenimiento del gasoducto en el Distrito de Barrancabermeja manifestó sobre el tema en cuestión: “Cuando empezó lo de sólidos, empezó primero quien tenía la culpa; quien es el culpable porque supuestamente no se sabía de donde venía, si se hacían limpiezas de marraneo ... Básicamente el problema seguía y la idea de nosotros era estar abriendo semanalmente los filtros ... Normalmente se abrían mensualmente” (pág. 8).

Por su parte, el ingeniero Javier Ricardo Martínez, funcionario de una firma contratada por Ecogas para hacer un informe sobre los equipos de compresión a raíz de los daños presentados en febrero de 1998 y sobre la parte operativa del sistema, participó en la limpieza de filtros y advirtió el taponamiento en la succión de las máquinas, Al responder sobre la severidad del problema, manifestó: “Si, porque se notaba el taponamiento de los filtros, tenía los filtros sucios de Centroriente, creo que le habían dañado unos medidores del flujo de caja … entonces se estaba determinando que por la línea de alta venía la suciedad; se encontraron tanto en los filtros como en los cilindros de los compresores, en las válvulas, eso sí no queda la menor duda”.

Con todo lo anterior, se puede dar por probado en este proceso arbitral:

I. La presencia de sólidos en las unidades de compresión, que si bien no se cuantificó, se puede estimar que no es normal o, mejor, que no es el resultado del proceso ordinario de corrosión que suele presentarse en cualquier sistema de conducción de gas;

II. La presencia significativa de sólidos de gas en las unidades de compresión de Barrancabermeja a partir de febrero 3 de 1998, fue inesperada;

III. Los sólidos que llegaron a las unidades de compresión afectaron los equipos, con la consecuencia de su necesaria reparación y cambio de partes dañadas.

c) La reparación de la estación compresora 1492 y medidas de prevención

El consorcio, con el fin de continuar con la prestación del servicio de compresión en los términos contractuales inició, desde el día 3 de febrero de 1998, día siguiente al daño de la estación 1492, los trámites para su reparación, tratando de ubicar las causas del problema, Lo anterior se demuestra en las comunicaciones de 19 y 22 de febrero del consorcio a Ecogas en las cuales pone de presente la urgencia de la reparación:

“Aunque el consorcio Cosacol-Hanover, ha realizado todos los esfuerzos para habilitar en el menor tiempo posible la capacidad total de compresión de la estación de la referencia, no hemos podido lograr los avances esperados, pues de una manera u otra el apoyo ofrecido para los trámites aduaneros, ejecución de trabajos especiales de taller y algún suministro de equipo, no ha sido el esperado de acuerdo a los múltiples ofrecimientos” (fl. 123, cdno. pbas.).

“Según estaba previsto, durante la tarde del día sábado 21 de febrero de 1998, se efectuó la limpieza de los cabezales de succión de la estación compresora de Barranca, aplicándoles barrido con gas del sistema de baja presión. Esta operación reveló la existencia de cantidades considerables de condensados, agua y de sustancias sólidas a las que ocasionaron el problema de desgaste que tanto daño ha generado en las unidades compresoras…

“Tal circunstancia nos obliga a exteriorizar nuestro recelo a poner en servicio la unidad compresora de la tercera fase de la ECB cuya prematura rehabilitación estamos a punto de finalizar, pues, a nuestro juicio, no existe ninguna garantía de la limpieza del gas y pensamos que el arrastre de sólidos abrasivos podría repetirse en cualquier momento en el futuro cercano. Ante esa evidencia, sería irresponsable de nuestra parte no advertir sobre esa posibilidad y es por ello que les transmitimos esta inquietud con el ánimo de que se busque la manera de limpiar el sistema por un medio que garantice la pureza del gas a niveles razonablemente seguros. Nos permitimos acompañar el original de esta correspondencia con una filmación de los pasajes más reveladores de la operación de barrido; como un testimonio gráfico de lo aquí expresado” (feb. 22/98 – fl. 131 cdno. pbas. 1).

“De acuerdo con nuestra conversación de la mañana de hoy y cumpliendo con sus precisas instrucciones, hemos acatado su decisión de poner en servicio la unidad compresora 1492 (Wartsilia/Ariel J6C-6) de la tercera fase de la estación compresora de Barrancabermeja. Queremos, sin embargo, reiterar una vez más, nuestro desacuerdo con dicha decisión, pues, como le manifestamos en dicha conversación, la limpieza realizada en el sistema de succión de baja presión de la estación mostró evidentes señales de la existencia de cantidades importantes, de la misma sustancia que originó el problema de desgaste acelerado de los cilindros compresores de primera etapa de esta unidad y sus accesorios …” (feb. 22/98, fl. 0122 cdno. 1).

“A pesar de todas las medidas tomadas en lo referente a cambio de filtros, reenrutamiento del gas de baja presión a través del sistema de filtración de alta, limpieza de líneas mediante soplado, etc., etc., las condiciones de pureza del gas no son las esperadas. Por el contrario, cada día que pasa, las cantidades de condensado arrastradas son mayores, como también lo son los riesgos a los cuales están sometidas las unidades compresoras. Se ha observado durante los últimos días un incremento en la frecuencia de reemplazos de los elementos filtrantes de los sistemas aguas arriba de la estación…, sin embargo, los resultados obtenidos luego de cada reemplazo han sido precarios…” (mar. 2/98 – fl. 124 cdno. pbas. 1).

“Como es conocido, la presencia de sólidos en el gas, aunque ha disminuido, aún no para su presencia 100%...” (ago. 18/98 – fl. 126).

De lo anterior, es fácil para el tribunal deducir y reiterar:

1. La presencia de sólidos de febrero de 1998 en los equipos de compresión de gas del consorcio Cosacol-Hanover fue imprevisible para el contratista y generó daños importantes en sus instalaciones.

2. Afectó también los filtros de Centroriente, ubicados aguas arriba de los equipos de compresión, ocasionando la necesidad de cambiarlos y un gran incremento en su mantenimiento y vaciado.

3. La causa de la presencia de sólidos era desconocida para el consorcio y para los demás operadores del sistema de transporte de gas, como Centroriente, Centragas y Ecogas, quienes participaron activamente en diseñar las medidas de urgencia tomadas para detener el paso de los sólidos y lograr su disminución y retorno a la normalidad.

4. Aunque se barajaron diversas hipótesis de carácter técnico sobre lo ocurrido, la coincidencia del suceso con la puesta en marcha de la tercera fase de compresión y el correspondiente aumento de la succión de los compresores fue la hipótesis generalmente aceptada, por razón del aumento de la presión y de la velocidad del gas, la cual arrastró todos los sólidos acumulados en la tubería.

5. La limpieza de la línea de baja presión dio como resultado una enorme presencia de sólidos en el gasoducto, pero no detuvo su desplazamiento hacia los compresores, por cuanto la acumulación importante estaba en la línea de alta presión.

d) Era una situación técnicamente previsible por el contratista?

Atrás quedaron demarcados los límites de la responsabilidad técnica del consorcio y su nivel de asunción de riesgos en el contexto contractual. Ecopetrol y Ecogas han resaltado su imprevisión por no haber puesto filtros propios y no tener alarmas o sistemas de aviso para destacar cualquier anormalidad que llegare a presentarse. Es decir, las entidades demandadas afirman que el suceso no era irresistible, y que el consorcio se confió imprudentemente de la filtración de Centroriente, la cual era idónea para los equipos de medición de Centragas, mas no para los de compresión del consorcio.

La señora apoderada de Ecopetrol destaca las previsiones pactadas en el contrato de leasing entre el dueño de los equipos de compresión Maintech Enterprises Inc. y el consorcio Cosacol-Hanover, que advertían que este debería proveer un separador de los sólidos y líquidos que pudieran presentarse en la corriente del gas, pues el sistema de protección con que contaba el equipo era solo un depurador de emergencia.

Los peritos técnicos al referirse a este tema de la protección adecuada o inadecuada de los equipos de compresión del consorcio conceptuaron:

“La estación de compresión localizada en el COGB cuenta con filtros aproximadamente 100 m aguas arriba de la succión de alta presión. Este hecho fue advertido en los términos de referencia (plano PNG-073-95 Nº 02: Estación de compresión de gas / Diagrama de tubería e instrumentación/ (P&ID). La instalación de otro sistema de filtración en serie entre el existente y la succión no solamente no constituiría protección adicional sino que hubiera sido técnicamente inconveniente (genera pérdidas de cabeza innecesarias) y económicamente injustificado” (Aclaración y complementación a preguntas formuladas por el consorcio Cosacol-Hanover, pág. 17).

“Es de anotar que la llegada a la estación de compresión de Barrancabermeja de una cantidad perjudicial de sólidos no se debe a que el “grado filtrado” de los filtros de Centragas o el COGB fuera inadecuado, sino al hecho de que, como lo expresa James Massaro en la cita que aparece en el dictamen dentro de la respuesta a la pregunta 54 del consorcio: “Los filtros de Ecogas se inundaron (overwhelmed, en el original, cuya mejor traducción es “colmataron”) y colapsaron por la oleada de sólidos y líquidos. Los filtros adicionales también se hubieran inundado (owerwhelmed, en el original, cuya mejor traducción es (“colmatado”)” (aclaración y complementación a preguntas formuladas por el consorcio Cosacol-Hanover, págs. 51 y 52).

La señora apoderada de Ecopetrol objetó por error grave las respuestas anteriores, mediante argumentos de carácter subjetivo, sin aportar pruebas en contra de lo dicho por los peritos, razón por la cual el tribunal, como se vio, no consideró la procedencia de tales objeciones. Por el contrario, la prueba pericial reúne todos los elementos de confiabilidad, en cuanto a la seriedad y fundamentación de sus análisis y razonamientos en cuanto a la lógica y coherencia de sus conclusiones y en cuanto a la idoneidad de los señores peritos, por su profesionalismo y experiencia en la materia.

Así las cosas, para el tribunal, dentro de su labor de apreciación conjunta del acervo probatorio considera lógicas las afirmaciones técnicas del peritazgo, que lo llevan a concluir que la situación de los sólidos en febrero de 1998, fue imprevista, imprevisible y anormal, tanto para el consorcio Cosacol-Hanover, como para los demás operadores del sistema de gas. Es evidente que tales hechos causaron una crisis en el transporte del gas al no poderse comprimir adecuadamente para el envío de las cantidades requeridas por los usuarios; además al debilitar la posibilidad de aumentar los volúmenes transportados, de requerirse un racionamiento en el sector energético del país, por los efectos del fenómeno del niño, que por tal época se presentaba en Colombia. En síntesis, el tribunal encuentra que todo lo sucedido contiene elementos de la imprevisión, como fuente del desequilibrio económico, quedando por determinar para su aplicación al caso, si los sucesos examinados fueron imputables o no al contratista.

e) La causa de la presencia anormal de sólidos

Para los peritos la operación de compresión de gas puede provocar el arrastre de sólidos que estuvieran adheridos a la tubería y que en condiciones de no compresión se mantuvieron inmóviles “...el caso que plantea la pregunta, es perfectamente posible que partículas adheridas o inmóviles (depositadas) bajo cierta condición de flujo debido a que las fuerzas de arrastre correspondientes a la velocidad presente del fluido no fueran capaces de arrastrarlas, podrían ser arrastradas por la corriente de gas si se aumenta la velocidad de este...”.

Se evidencia en el proceso que la presencia de los sólidos ocurre para la época del arranque de la tercera etapa de compresión y que, según los peritos, impulsaron los sólidos que estaban o permanecían quietos o estancados en un sector del gasoducto cerca de la estación de compresión, concretamente entre la válvula de la estación de Centragas y las unidades de filtración del COGB. Precisamente los peritos técnicos en el dictamen anotan:

“...Los daños en la estación de compresión se presentan a partir de la entrada en servicio de la tercera etapa de compresión, ya que la estación se alimenta para el efecto a través de la línea de alta presión que cuenta con los filtros del COGB... Es la conclusión del presente peritaje, pues, que los sólidos que llegaron de manera masiva y repentina a la estación compresora provinieron de depósitos de sólidos en la línea de alta, especialmente en el tramo entre la estación Centragas y los filtros del COGB, al ser arrastrados por la alta velocidad del gas causada por la entrada en servicio de la tercera etapa de compresión. Los filtros del COGB fueron insuficientes para retener la cantidad de sólidos que afluyó de manera inmediata...”.

“Como conclusión, sobre un fenómeno como el ocurrido con los compresores del COGB, se puede afirmar: No es razonable que estuviera previsto en los términos de referencia, tanto por la dificultad de determinar de antemano las cantidades de sólidos generados y su tránsito, depósito y activación a lo largo de la vida del gasoducto; como porque este tipo de contingencias operativas escapan al alcance y propósito de un proceso licitatorio... No fue detectado por operadores localizados aguas arriba porque seguramente el tarugo se generó inmediatamente antes de los filtros del COGB, y se puso en movimiento en el mismo momento de la puesta en marcha de la tercera fase de compresión. El consorcio no pudo gozar, por lo tanto, de un aviso de advertencia por parte de otros operadores… A pesar de la comodidad que representa ser “profeta de hechos cumplidos”, la explicación aquí presentada no permite otra conclusión distinta de que un análisis juicioso y detallado por parte del consorcio o cualquiera de los operadores involucrados hubiera permitido prever el hecho. Ante la dificultad de conocer de antemano la cantidad y tipo de sóIidos depositados, la insuficiencia de los filtros del COGB, sin embargo, no era factible de prever…” (págs. 32 y 33 dictamen).

Y previamente los peritos advierten: “...línea de alta no estaba sometida a filtración en Centragas sino en el COGB y los flujos requeridos por esta operación son moderados, lo que lleva a concluir que los sólidos arrastrados por la porción de flujo que se derivaba por la línea de alta hacia el COGB y que (debido al flujo moderado y a la geometría de la línea) no lograban llegar al filtro, se depositaron en considerable cantidad en dicha línea de alta, especialmente en el tramo entre la estación Centragas y los filtros del COGB, sin que llamaran la atención de ningún operador...” (pág. 31 dictamen).

En el informe rendido por James Massaro, que citan los peritos, se hace la misma afirmación: “...Es dudoso que Ecogas hubiera encontrado sólidos aun si los hubiera buscado en la corriente de gas fluyendo antes de aumentar la velocidad causada por la nueva compresión. En situaciones como esta los sólidos tienden a reunirse en puntos bajos con líquidos. Pueden quedarse ahí indefinidamente o hasta que la velocidad aumente lo suficiente para iniciar el movimiento. Una vez que empiecen a moverse los sólidos y los líquidos tienden a moverse en tarugos que pueden inundar los filtros y los separadores...”.

Esta conclusión es concordante con la primera hipótesis formulada por el consorcio a Ecogas al día siguiente de la repentina aparición de sólidos que originó las alzas de temperatura y los daños de las compresoras (carta de feb. 11, atrás transcrita parcialmente).

También el ingeniero Mauricio Campo, funcionario de Ecopetrol explicó claramente esta misma causa:

“La explicación la podemos tener en que las fases 1 y 2 de su arranque hasta febrero de 1998, trabajaron con el sistema de baja presión, si regresamos al diagrama de Centragas, el sistema de baja presión que es un sistema que contaba con unas unidades de filtración en Centragas, a partir de febrero/98 se utiliza la línea de alta presión, la de 600 libras y esa línea no cuenta con un sistema de filtrado, adicionalmente es una línea estancada porque una vez la operación se hace por compresores, ya no había presión suficiente para mantener operando esa línea, entonces simplemente se cerró y es una línea de tipo estancada, es decir no había fluido y en todo el tramo entre Centragas y en la estación Barrancabermeja, la operacional de Barrancabermeja pudo haberse acumulado una cantidad de sedimentos” (pág. 14 versión escrita).

Igualmente la doctora Alba del Pilar Duarte de Santamaría, ingeniera química, funcionaria de Ecopetrol en el área de planeación de la gerencia de comercialización del gas, relató:

“Lo que tengo entendido sin que sea el foco de mi análisis, es que la gran cantidad de sólidos de que se habló en febrero se presentó en los compresores cuando se alinearon a través de la línea de succión de alta presión, la de 600 libras y la conexión con la linea de alta presión había sido terminada en los días anteriores a cuando se presentó el daño catastrófico.

“Al parecer, la linea fue puesta en servicio sin la exhaustiva limpieza que requiere una linea nueva, que se conecta a la succión de unos compresores porque nunca se presentó daño cuando los compresores estaban succionando de la linea de baja presión, que sí tenía las protecciones de filtración de que hablamos; el daño se presentó cuando la compresión se alineó a través de la línea de alta presión que no tenía protección de filtración.

“Le menciono esto, porque se mencionó en todas las reuniones a las que asistí para tratar este problema, pero no quisiera entrar en mucho en el detalle técnico de la filtración y la presión porque no el campo de mi especialidad; creo que ya lo debieron agotar con los dos técnicos anteriores que rindieron declaración porque ellos sí han estado muy en el detalle técnico” (págs. 11 y 12 versión escrita).

El señor apoderado de Ecogas, no obstante haber mencionado al contestar la demanda este posible hecho, como causa de la presencia pasiva de los sólidos, objetó el concepto pericial en esta conclusión al considerar que es errónea, pues de ser cierta, afirma, también se hubieran dañado los filtros de Centroriente, que como se sabe, se encuentran entre la línea de alta presión y las unidades de compresión deterioradas. Ya el tribunal determinó que tal planteamiento no corresponde al de error grave en los términos de la ley, pero advirtió que el hecho sería examinado a la luz de todas las pruebas del proceso, lo que procede a continuación:

Puede verse, en el recuento y estudio probatorio realizado, que los hechos causantes del daño de los compresores, afectaron también los filtros de Controriente; si bien no hay certeza de daños en tales equipos, sí la hay respecto de la gran actividad que en los mismos días se generó para vaciarlos repetidamente, con una frecuencia inusitada, según lo declararon sus propios funcionarios y también el ingeniero Gustavo Correa de Centragas SCA(6).

El ingeniero Frank Darío Martínez Sepúlveda, gerente general de Centroriente S.A., reiteró lo anterior, en cuanto a la frecuencia en la revisión y cambio de los filtros; por petición del tribunal aportó posteriormente los registros de mantenimiento de filtros en el COGB, correspondientes a los años 1998 a 2001, siendo de importancia para el tema las notas de los reportes correspondientes a febrero de 1998, en las cuales se ve claramente la intensa actividad relacionada con los elementos filtrantes y la frecuencia de los cambios de los filtros; en febrero 25 de 1998, se dejó la siguiente observación:

“Se cambiaron los dos filtros tipo canasta. Estos filtros tenían aproximadamente dos horas de operación” (fl. 166 cdno. pbas. 7).

En febrero 27 se dejó la siguiente observación:

“Se desmontó sistema automático de drenaje para poder desarenar unidad de filtración separación, se colocaron 18 elementos filtrantes separadores nuevos” (fl. 164 cdno. pbas. 7).

En marzo 1º de 1998 se dejó la siguiente observación:

“Se cambiaron los 18 elementos filtrantes nuevos, los filtros antiguos se encontraron con condensado...” (fl. 161 cdno. pbas. 7).

En marzo 2 de 1998, se dejó la siguiente observación:

“Se cambiaron los 18 elementos filtrantes nuevos. Los filtros que se cambiaron se encontraron humedecidos con condensados y polvillo” (fl. 160 cdno. pbas. 7).

Todo lo anterior conduce al tribunal a concluir que los sólidos que ocasionaron los daños en las estaciones de compresión del consorcio afectaron los equipos de filtración de Centroriente, entidad que debió realizar una gran actividad para el cambio y mantenimiento de tales filtros, con el fin de que cumplieran con su función de detener parcialmente la cantidad inusual de sólidos que en esta época se presentaron. Lo anterior confiere al tribunal la absoluta certeza de que la causa de la alteración del sistema del transporte de gas en la línea Ballena-Barranca en febrero de 1998, fue el desplazamiento de los sólidos que se encontraban acumulados en la línea de alta presión, la cual no había sido limpiada desde su construcción, una vez puesta en marcha la tercera fase de compresión del gas.

En conclusión:

Para el tribunal, con apoyo en el análisis probatorio anterior, queda evidenciado en este proceso arbitral, que la cantidad de sólidos que llegó a las unidades de compresión a partir de febrero 3 de 1998 no es la que suele presentarse por los fenómenos corrosivos de los tubos del gasoducto ni por la calidad del gas, que tendría carácter normal por lo común o usual. Todo obedeció a la intempestiva movilización de aquellos sólidos que por falta de limpieza de un trayecto del gasoducto permitió que se depositaran en un sector del mismo y que entraran en movimiento cuando hubo mayor impulso del gas por la entrada en operación de la tercera etapa de la compresión. Y aquí se impone no solo el juicio de valor de los hechos por parte de los peritos técnicos sino la lógica: únicamente una circunstancia especial o extraordinaria, y no la frecuente u ordinaria, podía arrastrar una cantidad de sólidos en un gasoducto que había entrado en operación tiempo atrás y tal circunstancia fue el aumento de la presión, como se vio.

Y para el tribunal no es del. caso establecer la responsabilidad por la falta de limpieza del sector en que se acumularon o depositaron cantidades significativas de sólidos. La presencia de estos en las unidades del compresor se convierte en un acontecimiento ajeno al consorcio —contratista— o, como dice el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, no imputable a este que, por consiguiente, no podía prever.

En este escenario, el. tribunal encuentra que los factores que se enunciaron atrás: la presencia de sólidos en las unidades de compresión, la afectación de los equipos por la presencia significativa de los mismos y lo sorpresivo o intempestivo de la llegada de los sólidos a las unidades, por el hecho de que en un sector del gasoducto se habían acumulado o depositado cantidades significativas de sólidos, por falta de una adecuada limpieza, imprimen un carácter anormal al riesgo empresarial.

Como ya se dijo: los contratos DIJ-1018, ECG-910-97 y ECG-131-97, que se relacionan con el sistema de compresión de Barrancabermeja, son estatales y se rigen por el estatuto general de contratación pública, no solo porque una de las partes es entidad estatal —empresa industrial y comercial del Estado—, como expresamente menciona el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, sino, como también se expuso, la Ley 142 de 1994 reguladora del estatuto de los servicios públicos domiciliarios, no conviene, como interpretó el tribunal el artículo 31 de dicha ley y vigente para la época de la celebración, que se rijan por normas de derecho privado sino preferentemente por la Ley 80 en cuanto el objeto de los contratos no es el de prestación de servicios públicos domiciliarios sino actividades complementarias de dichos servicios.

Consecuencia de lo anterior: los tres contratos citados se rigen por la Ley 80 de 1993, como además acordaron las partes, y, por tanto, el principio del restablecimiento del equilibrio económico por efecto de los hechos imprevistos es de aplicación en esta controversia arbitral al colmarse los supuestos legales exigidos para tal efecto.

Ya se expuso y el tribunal reitera, el principio del restablecimiento del equilibrio económico en la contratación estatal se inspira en razones de interés general y de orden público para que el particular que celebre contrato con una entidad estatal pueda mantener la equivalencia pactada y atender plenamente sus compromisos, sin sufrir afectaciones patrimoniales. Las alteraciones o modificaciones del valor intrínseco de las prestaciones que lleguen a ocurrir deben ser corregidas o equiIibradas para preservar la ecuación económica del contrato, la reciprocidad de las prestaciones y la buena fe.

Por eso, el tribunal vuelve sobre el artículo 50 de la Ley 80 que dispone, ante la alteración o modificación de las prestaciones, que la ocurrencia de situaciones imprevistas no imputables al contratista permiten el restablecimiento del equilibrio económico a un punto de no pérdida.

Así las cosas, el tribunal considera que la presencia de sólidos en las unidades de compresión de Barrancabermeja en febrero de 1998, en las condiciones advertidas, creó una situación imprevista para el consorcio, cuando cantidades significativas de sólidos de gas entraron al sistema de compresión, con el resultado de dañar varias piezas de las unidades. En verdad, con o sin filtros en la estación de Barrancabermeja como sostienen los peritos técnicos, se habrían dañado las unidades compresoras porque el depósito de sólidos en un determinado sector del gasoducto, por una parte, y por la otra el impulso extraordinario del gas, con ocasión de entrar en servicio la tercera etapa de compresión, determinó necesariamente que la acumulación de cantidades de sólidos desconocida en ese momento se desplazara anormalmente por los equipos de compresión.

Se puede preguntar por qué, una vez que se habían cambiado las válvulas de las unidades y reparadas las otras piezas con anterioridad al 22 de febrero de 1998, no se evitó la repetición de hechos que afectarían al equipo de compresión, o en otras palabras, a partir del primer recalentamiento y cambio de válvulas no se adoptaron las medidas para evitar más daños? .Como se destacó anteriormente el consorcio advirtió a Ecogas por escrito esta posibilidad, sin embargo es evidente que no pudieron identificarse, en tal momento, las causas de la presencia de sólidos en cantidades significativas, y en cambio se llevó a cabo una limpieza en el COGB, que hizo pensar, no obstante la advertencia del consorcio, que estaba superada la situación ya que se había recurrido a un proceso común u ordinario, en esas actividades de transporte de gas, de limpieza del gasoducto. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo es que los depósitos de sólidos permanecieron por más tiempo en un sitio del gasoducto que no permitían cabal limpieza ni saber que estaban depositados en cantidades importantes y que, luego de las reparaciones, continuaron llegando a las unidades de compresión de Barrancabermeja.

Todo ese cúmulo de hechos permite concluir que ocurrieron dificultades materiales o circunstancias sobrevinientes, no imperantes al momento de la celebración de los contratos, que pueden considerarse de imprevistas e imprevisibles para el contratista convocante y que por tanto lo legitiman para reclamar el restablecimiento del equilibrio económico de los contratos en punto de no pérdida, o sea, el reconocimiento del daño emergente.

14.5. Las situaciones generadas en las unidades de Casacará

El consorcio convocante, con fundamento en el contrato ECG-126-97 busca, con similares argumentos a los invocados para las pretensiones relacionadas con los otros contratos, que se declare la ocurrencia de hechos imprevistos que no le son imputables, que le ocasionaron costos no contemplados en el contrato y que lo obligaron a incurrir en gastos que solo aprovecharon a Ecopetrol ya Ecogas; y como consecuencia de esa declaración se restablezca el equilibrio económico.

En la demanda se hace referencia a que entre el 9 de marzo y 22 abril de 1998, se detectó en las unidades compresoras de Casacará presencia masiva de sólidos que le causaron daños significativos; se relata, que este hecho sucedió posteriormente a la realización de la limpieza del gasoducto Ballena - Barrancabermeja, por razón de los eventos reportados en la estación compresora del COGB. Se afirma, que con ocasión de la presencia de sólidos el citado día, las unidades compresoras salieron de operación debiendo ser reparadas, lo cual duró 5 días. Se informa además que esta es la razón por la cual Ecogas decidió instalar filtros aguas arriba de la estación compresora de Casacará, los cuales también han resultado insuficientes para detener los sólidos que continúan llegando a las unidades.

Como anteriormente advirtió el tribunal, la presencia masiva de sólidos a que alude el convocante en las unidades de compresión de Casacará no tiene la misma presentación con lo acontecido en Barrancabermeja. Mientras lo sucedido en esta, como se expuso, se debió a que en un sector del gasoducto cercano a sus unidades se depositaron sólidos que luego fueron impulsados con ocasión de entrar en servicio la tercera etapa de compresión, en Casacará, lo que está demostrado es que la presencia de sólidos proviene del proceso normal e inevitable de corrosión de la tubería del trayecto del gasoducto de Ballena a Casacará, y que, como se verá, coincidió con una limpieza de la línea realizada en abril de 1998.

Como se dejó establecido en el análisis relativo a los hechos ocurridos en las estaciones de Barrancabermeja, los peritos técnicos formulan unas apreciaciones generales sobre el arrastre de impurezas en los gasoductos, que se reiteran en el presente estudio, por ser igualmente aplicables:

“Sin embargo, es preciso anotar que no todas las impurezas presentes en el gas “provienen de las instalaciones de producción” ni se pueden eliminar en estas. El gas se puede contaminar durante su transporte al arrastrar impurezas (polvo, arena, escurrimientos y escoria de soldadura, desechos de construcción, basura, etc.), remanentes del proceso de construcción del gasoducto o de sus mantenimientos. Durante la operación del gasoducto, la corrosión que afecta a las tuberías no recubiertas genera compuestos sólidos que igualmente pueden contaminar el gas a todo lo largo de la tubería ...” (pág. 14 dictamen).

Los peritos técnicos, como se destacó, califican de normales las causas de la presencia de sólidos en los gasoductos, lo cual es completamente aplicable al estudio relacionado con la línea Ballena - Casacará:

“...Ante todo cabe anotar que la presencia de sólidos en un gasoducto puede tener dos orígenes: sólidos provenientes de las facilidades de producción o sólidos generados por el gasoducto, ya sea como remanentes de construcción, productos de la corrosión de los tubos o contaminación sufrida en las operaciones de mantenimiento. Todas esas causas son normales y, se podría decir aun más, inevitables” (pág. 21 dictamen).

Más adelante reiteran: “...Por otra parte, la presencia de sólidos es, en general, un hecho normal e inevitable en un gasoducto de las características del que plantea la pregunta ( si bien prácticamente imposible de cuantificar de antemano); hecho ante el cual las buenas prácticas de ingeniería recomiendan protegerse...” (pág. 52 dictamen).

Para el tribunal, también en el caso de Casacará son aplicables las mismas condiciones del gas estudiadas anteriormente, así como la usual presencia de sólidos en su corriente, originada en la corrosión normal de la tubería, por formar parte de la misma conducción del gas desde el yacimiento de Ballena; por ello, considera que desde el punto de vista técnico, su conocimiento profesional de esta materia ha debido ser el utilizado como criterio para la oferta en cuanto a la construcción, mantenimiento y operación de las estaciones de compresión de Casacará. Dado que, estas instalaciones no cumplían solamente la misma función que las ubicadas en el COGB, el tribunal deberá analizar las condiciones particulares acordadas para ello.

a) Condiciones contractuales particulares para las estaciones de Casacará

El contrato ECG-126-97, cuyo objeto es el relacionado con la operación y mantenimiento de la estación compresora ubicada en el municipio de Casacará (Cesar), para su servicio en el gasoducto Ballena - Barrancabermeja, en el literal k) del numeral 2º de la cláusula cuarta dispone:

“El contratista deberá diseñar el sistema de medición a la entrada y salida de la estación de compresión de acuerdo con las indicaciones dadas en el documento anexo al acta de reunión 1 informativa del sondeo de mercado, de fecha 18 de junio de 1997, la cual entre otros puntos compromete al contratista a instalar el sistema de medición tipo “tubo medidor de oficio” con sus correspondientes computadores de flujo y las interfases correspondientes, debiendo ser equipos similares a los utilizados por Centragas, propietario del gasoducto Ballena - Barrancabermeja y de aceptación por Ecopetrol. PAR.—Adicional a lo anterior, el sistema de tea y las unidades compresoras deberán contar con un medidor independiente de gas” (fls. 55 y 56 cdno. pbas. 1).

Por su parte, el literal o) del numeral 5º de la misma cláusula contractual advierte: “Es entendido por las partes que corresponde al contratista la custodia del gas una vez es entregado por el propietario del gasoducto Ballena —Barrancabermeja y hasta que es entregado ya comprimido nuevamente al gasoducto Ballena— Barrancabermeja”.

Además, el literal d.1 del numeral 5º de la cláusula cuarta determina: “Es responsabilidad especial y exclusiva del contratista mantener durante todo momento, la calidad del gas de salida de la estación de compresión en iguales condiciones a la calidad del gas de entrada a la estación de compresión. El gas de salida de la estación de compresión, deberá estar libre de aceite y de cualquier otro elemento o producto que pueda generar daño o deterioro en el gasoducto Ballena - Barrancabermeja. Esta obligación es aplicable durante todo momento, a partir del inicio de las pruebas y puesta en marcha de la estación de compresión. Los perjuicios que se ocasionen al propietario del gasoducto Ballena - Barrancabermeja como consecuencia del incumplimiento de esta obligación, serán a cargo exclusivo del contratista,...” (fl. 53 cdno. pbas. 1).

En el acta de la reunión 1 informativa del sondeo de mercado, aportada al expediente (fls. 555 a 565 cdno. pbas. 2), realizada en las oficinas de Ecogas en Bogotá el 18 de julio de 1997, con representantes de todos los proponentes a la adjudicación de los contratos que originan estas controversias, se determinó por parte de Centragas que “...la estación de medición debe contar con filtros” (fl. 559 cdno. pbas. 2).

Lo anterior conduce al tribunal a advertir que en el contrato relativo a los equipos de Casacará, el consorcio se comprometía a realizar una función más allá de la compresión misma del gas, cual es la de medición y que esta función, según lo informado en el peritazgo, requiere de un manejo especial sobre el mantenimiento de la calidad del gas, que implica su filtración.

Sobre el particular, los peritos técnicos dictaminaron: “En general, toda norma de calidad de gas expresa los requerimientos mínimos del gas en los puntos de transferencia de custodia. Específicamente en lo referente a sólidos, las distintas normas de calidad del gas pueden o no cuantificar la presencia admisible de los mismos, pero todas coinciden en que el gas no debe contener una cantidad nociva de sólidos” ... (pág. 7 aclaraciones dictamen).

“Por su parte la succión de la estación de compresión de Casacará es un punto definido contractualmente en el contrato ECG-126/97 como de transferencia de custodia, como aparece en el numeral 5º, literal o) de la cláusula cuarta”.

(...).

“A pesar de que no se hace en el texto del contrato referencia explícita a sistemas de filtración, el contrato sí dispone que el diseño de los equipos de medición debe ceñirse a lo tratado en la reunión informativa 1, donde se aclaró que deben contar con filtros; a la vez establece que se debe tratar de equipos de medición similares a los de Centragas cuyas especificaciones, como se mencionó, también hacen referencia expresa a la inclusión de filtros” (págs. 7 y 11 Aclaraciones dictamen).

b) Previsibilidad por parte del contratista

Revisada la oferta del contratista Cosacol-Hanover, formulada a Ecopetrol, en el capítulo referente a “Depuradores”, expresa: “La planta no requerirá de depurador en la succión. Filtros separadores son instalados a la descarga antes del sistema de medición correspondiente” (fl. 658 cdno. pbas. 2).

Al respecto el dictamen técnico conceptuó: “Es natural, pues, que en los puntos de transferencia de custodia existan filtros, independientemente de quién los suministró o instaló. Por otra parte, tal como se expresó en el dictamen pericial, se debe reconocer que la decisión de diseño de no incluir filtros a la entrada de la estación de compresión de Casacará dejó expuestos los compresores al efecto potencialmente nocivo de condensados y/o de sólidos generados en el tramo de tubería entre las instalaciones de producción y Casacará” (fls. 14 y 14 Aclaraciones dictamen).

Tal como quedó atrás estudiado, la asunción de riesgos por parte de un profesional en el tema que es materia de la relación contractual, pertenece a su propia alea; en el presente caso ya se resaltó que el consorcio Cosacol-Hanover tenía libre disposición sobre las especificaciones técnicas de las estaciones y contaba con autonomía para su diseño, en tanto fueran idóneas para la prestación del servicio contratado. Definido como quedó el concepto de gas limpio y la normalidad en cuanto al contenido de sólidos producto de la corrosión de la tubería, es evidente que el contratista ha debido prever la presencia de sólidos en la corriente del gas que iba a recibir en Casacará no solo para su compresión, sino para su medición, y ha debido también prever que dicho caudal aumenta después de los períodos de limpieza de la línea; por tanto, conocedor de las especificaciones que se requieren cuando una de sus funciones es la medición del gas, ha debido acoger las prácticas conocidas de inclusión de filtros para sus equipos. Sin duda, esta omisión se enmarca en una conducta negligente y en consecuencia, los hechos ocurridos a partir del 22 de abril de 1998 era previsible y se habrían podido manejar técnicamente mediante el funcionamiento correcto de los filtros.

Anota el tribunal además, que la situación tampoco fue imprevista, pues debe tenerse en cuenta que la crisis presentada en las unidades de compresión del COGB había sucedido en febrero y marzo del mismo año, y que en abril todavía se estaba indagando sobre las causas de ello sin tener claridad sobre las mismas. De otra parte, las limpiezas del gasoducto en esa época eran precisamente medidas de prevención para intentar detener el fenómeno que atentaba contra la seguridad del sistema de transporte de gas, y de ellas estaba totalmente enterado el consorcio.

En carta de 28 de abril de 1998, Ecogas se dirigió al consorcio para reprocharle su incumplimiento en cuanto el mantenimiento de las estaciones de compresión en Casacará; a folios 48 y 49 del cuaderno 12 de pruebas, se lee en la citada comunicación:

“El incumplimiento en las entregas de gas a las térmicas y demás remitentes le genera a Ecogas multas, que se pueden evitar si existe una planeación adecuada de las operaciones de mantenimiento de las estaciones de compresión. El consorcio hace paradas en las unidades de compresión, sin que medie programación o se puedan prever las mismas. El problema de la presencia de sólidos en el gasoducto Ballena - Barrancabermeja no es nuevo y a pesar de eso, el consorcio no ha presentado el programa de mantenimiento ni ha presentado un programa que incluya revisiones periódicas previamente programadas con Ecogas y con el centro coordinador de transporte de gas”.

“Ecogas no recibió aviso previo sobre la parada de la estación de Casacará, durante los días 21 de abril a partir de las 8:00 p.m. hasta el 26 de abril de 1998, ni Cosacol aprovechó que la estación estuvo parada desde el día lunes 20 de abril a las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. del 22 de abril de 1998, para hacer mantenimiento preventivo o para hacer un diagnóstico, que permitiera establecer un plan de trabajo que no entorpeciera el funcionamiento de la estación compresora ni concluyera en la parada de todos los compresores en forma simultánea, perjudicando la credibilidad en el sistema de entregas de gas y obligando a disminuir en forma intempestiva las nominaciones de gas a los remitentes ... Ecogas considera que hubo un manejo inapropiado de esta situación y por ende descontará de la factura correspondiente al mes de abril los días en que se adelantó este mantenimiento”.

En la misma fecha Ecogas, envió otra comunicación al consorcio, en la cual le notifica el incumplimiento de su obligación en cuanto a la medición del gas: “Desde el inicio del período de arrendamiento, el consorcio no ha efectuado medición en el punto de recibo y en el punto en los medidores internos de la estación de compresión, obligación claramente contemplada en los apartes del contrato citados con anterioridad. Esto implica que una de las obligaciones principales objeto del contrato se encuentra incumplida” (fls. 450 a 454 cdno. pbas. 12).

Los anteriores documentos son suficientes para determinar la improvidente conducta del consorcio en cuanto a la protección de sus equipos y a la atención de sus obligaciones. Es evidente que se expuso imprudentemente al riesgo de recibir distintas cantidades de sólidos en los compresores de Casacará, por todas las razones analizadas anteriormente; en el dictamen se hace una expresa referencia a las posibilidades de la presencia de sólidos en los compresores de Casacará: “...No se puede descartar que en la estación de Casacará, que estuvo (con el resto del sistema) sometida hacia finales de 1997 y principios de 1998 a velocidades de flujo relativamente altas, presumiblemente expuesta de manera continua a un alto contenido de sólidos en la corriente de gas como resultado de las primeras y tardías limpiezas del tubo y sin contar con la protección de filtros, se haya producido un desgaste abrasivo acelerado cuya ocurrencia y magnitud exacta, sin embargo, es imposible de determinar... No sería este el caso de las instalaciones del consorcio en el COGB, donde los compresores estuvieron protegidos por los filtros de Centragas y Centroriente, y donde los inconvenientes se presentaron por la avalancha repentina de sólidos que taponó el sistema de manera muy rápida...” (pág. 42).

Afirman, así mismo, los peritos: “...En el caso de Casacará llama la atención la no inclusión de filtros lo que hace de esta una estación a todas luces vulnerable si se tiene en cuenta la considerable distancia entre la misma y los separadores más cercanos (Ballena) situados aproximadamente 238 km aguas arriba, y el hecho de que, así el gas entregado por el productor sea limpio, esos 238 km de tubería no revestida internamente deben generar necesariamente algunos productos de corrosión, sin mencionar el hecho de que la tubería fue puesta en servicio sin haber sido sometida a una limpieza adecuada... En el caso de los compresores situados en el COGB es diferente, ya que se encuentran aproximadamente (por la alimentación de alta, en uso en el momento de los daños) 100 m aguas abajo de un sistema de filtración de 0.5 micras...” (pág. 53).

Enseguida dicen los peritos: “...En lo que respecta a Casacará, y tal como quedó consignado en la respuesta anterior, el consorcio estaba en capacidad de evaluar de antemano (es decir, en el momento de dimensionar el alcance de su oferta) la necesidad o conveniencia de contar con un sistema de filtración...”. (pág. 54)

Concretan los peritos: “...Por otra parte, y a pesar de la afirmación del señor Fernando Navarré recogida por el experticio del señor James Massaro (“El gas es muy limpio...)... con la que dicho experticio pretende justificar la no inclusión de filtros en Casacará, se debe reconocer que esta decisión de diseño deja expuestos los compresores al efecto potencialmente nocivo de condensados y/o sólidos generados en el tramo de tubería entre las instalaciones de producción y Casacará...” (pág. 65).

El ingeniero Mauricio Campo, funcionario de Ecopetrol, así se refirió a los hechos que se analizan: “Otro punto interesante de anotar ahí con relación a Casacará y Barrancabermeja es que Casacará entró en operación en diciembre de 1997 y los daños de Casacará ocurrieron a finales de abril, comienzos de junio, no estoy exactamente ubicado en 1998. Si uno hubiera prevenido una alta carga de sólidos en el sistema o en el transporte del sistema que venía con el gas, lo lógico es que en febrero de 1998 se hubiera dañado primero la estación de Casacará porque es la primera que hay en el sistema; no Barrancabermeja que es la última ... ocurrió fue lo contrario, primero se dañó Barrancabermeja y los compresores de Casacará funcionaron a pesar de no tener sistemas de filtración ni nada por el estilo entre diciembre de 1997 y junio de 1998, cuando se comenzaron a evidenciar los problemas de altas temperaturas en el compresor, en este caso y comenzaron a hacerse reparaciones y reparaciones, pero no a eliminar directamente el origen del problema” (fl. 21, versión escrita).

Concluye el tribunal:

Con base en todos esos elementos, el tribunal arriba a una conclusión: la presencia de sólidos en los compresores de Casacará no tuvo su origen por la ocurrencia de algún acontecimiento extraordinario o anormal, o por lo menos no está probada, sino, por el contrario, por circunstancias que bien pueden calificarse de normales en un proceso de uso de las tuberías de gasoducto que de Ballena llega a Casacará, o que hubiera podido prever si el contratista hubiera empleado medios de protección de los compresores, como filtros, tal como advierten los peritos técnicos y los testigos.

El consorcio, en su condición de profesional que instala, mantiene y opera compresores, debía saber o no ignorar que la buena práctica de ingeniería recomienda la protección de los respectivos equipos. Con mayor razón si sabia que cerca de la estación compresora no estaban instalados filtros, que Ecopetrol no había asumido el deber de colocarlos y que entre sus funciones como contratista estaba también la de medir el gas que recibía.

En ese orden de cosas, se hace relevante que el consorcio asumió el riesgo o alea de la presencia normal de sólidos en los compresores de Casacará. Además, no está acreditado que entre marzo y abril de 1998 se presentaron sólidos en cantidades anormales o extraordinarias, sino únicamente aumentadas por razón de las limpiezas que se venían efectuando con ocasión de los daños en el COGB.

Vuelve, pues, el tribunal, sobre las consideraciones hechas sobre la procedencia del reconocimiento del restablecimiento del equilibrio económico cuando se acude a la causa de situaciones imprevistas o imprevisibles no imputable al contratista: Como ya se transcribió y se reitera: “...Ahora bien, la previsibilidad no es una noción objetiva, sino subjetiva, en el sentido de que debe apreciarse teniendo en cuenta las condiciones particulares del contratista, vale decir, sus conocimientos y experiencia en una determinada profesión o negocio, toda vez que quien desarrolla habitualmente una actividad, está en una mejor posición que los profanos para prever los riesgos inherentes a dicha actividad. Por tanto, si un profesional teniendo elementos de juicio y capacidad para anticipar un riesgo, no lo prevé o lo acepta espontáneamente, habrá de entenderse que se trata de la asunción voluntaria o incluso temeraria del riesgo, de manera que quien así se obliga deberá afrontar las consecuencias jurídicas y económicas de su estipulación…”.

Todo lo dicho, lleva al tribunal a concluir que no procede restablecimiento del equilibrio económico pretendido por el consorcio convocante por las situaciones de Casacará al no darse los supuestos que las normas y la doctrina precisan para aquel efecto. En consecuencia, no habrá condena por este pretendido concepto.

15. El restablecimiento económico del equilibrio de los contratos

Tal como el tribunal examinó en capítulo especial como un corolario obligado de la demostración del desequilibrio financiero de los contratos, procede la definición de su restablecimiento, pues los contratos estatales se caracterizan por la equivalencia que debe mediar entre las prestaciones a cargo de las entidades contratantes de un lado y las de los contratistas de otro.

Esta interdependencia económica entre la labor que se obliga a realizar el contratista, frente al pago que se obliga a cancelar la entidad, es sin duda el punto de equilibrio que las partes proyectan desde el origen mismo de la contratación, en términos definidos y concretos, pues de allí se deriva la seguridad jurídica y económica de los extremos de la relación. Sin duda alguna, allí impera también el elemento de la buena fe que debe estar presente desde la génesis misma del contrato, es decir, desde el período licitatorio hasta su liquidación final. Por ello,los sucesos imprevistos, como los que ya se han acreditado en este proceso, sucedidos en Barrancabermeja —además del incumplimiento de la administración, el hecho del príncipe, el ius variandi, etc., cuyo análisis no viene al caso—, alteran ese equilibrio, el cual debe ser restablecido mediante el reconocimiento y pago al contratante que resulte afectado.

El contratista tiene entonces derecho a que el precio pactado, que es cierto y concreto, deba incluirse en el contrato; si bien no se puede todas las veces con cifras exactas, sí deben aparecer los elementos para su cálculo final, estimando en principio, la base que permite la expectativa de una remuneración que no sufrirá alteraciones durante la vida normal del contrato. Este derecho, llamado por la doctrina el derecho ala intangibilidad de la remuneración del contratista, es el que se ampara mediante el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato.

El artículo 5º numeral 1º de la Ley 80 de 1993, le da amplio alcance a esta garantía, cuando prescribe que los contratistas tendrán derecho a recibir la remuneración pactada ya que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. Por tanto, al surgir hechos que configuran la denominada teoría de la imprevisión, doctrina del riesgo imprevisible, lesión sobreviviente o mayor onerosidad sobrevenida, que afectan al contratista, es necesario que la entidad contratante restablezca el equilibrio financiero de sus prestaciones. El deber de colaboración del contratista con el Estado, no puede en forma alguna imponerle cargas extraordinarias, pues el ideal de la contratación estatal es precisamente el equilibrio entre la función pública de la administración y los intereses de la comunidad.

La doctrina ha reconocido cuáles son los elementos para que proceda el restablecimiento económico a favor del contratista y a cargo de la administración, una vez demostrado que el hecho imprevisto no proviene del contratista; estos se refieren a que tal hecho suceda en la fase de ejecución contractual, a que tenga el efecto de romper la equivalencia económica del contrato ya que exista una adecuada relación de causalidad entre el fenómeno imprevisto y el incremento de los costos asumidos por el contratista para poder cumplir con sus obligaciones.

Con relación a la extensión de tal restablecimiento económico, ha sido unánime la jurisprudencia extranjera y nacional sobre que el reconocimiento a que tiene derecho el contratista es el de una compensación que le elimine el déficit ocasionado por la ocurrencia del hecho extraordinario.

La Ley 80 de 1993, estatuto vigente de la contratación administrativa, al regular el tema en cuestión (art. 5º Nº 1), dispone que el contratista tiene derecho al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato a punto de no pérdida, por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no le sean imputables.

Bajo estas pautas, el tribunal analizará el restablecimiento del equilibrio económico de los contratos objeto de este debate del consorcio Cosacol-Hanover, por razón de la ruptura ocasionada por los hechos demostrados en las estaciones de Barrancabermeja, como quedó determinado en las consideraciones anteriores.

16. El restablecimiento del equilibrio económico de los contratos DIJ-1018, ECG-910-97, ECG-131-97

Según las consideraciones anteriores, el tribunal encontró mérito para ordenar el restablecimiento económico de los contratos objeto de este arbitraje, con excepción del ECG-126-97 referente ala estación compresora y su medición, ubicada en el municipio de Casacará.

En los hechos de la demanda se describen los daños sufridos y las actividades realizadas para la reparación de las unidades; se afirma que la gravedad de los daños se generó por la destrucción de partes y piezas esenciales de las estaciones, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de capacidad de compresión.

Como actividades realizadas para su reparación, señaló el desmonte de botellas de pulsación, de válvulas compresoras de succión y descarga, de la caja de parking del compresor y del sistema barra-pistón; también resaltó la necesidad de inspección, evaluación y diagnóstico de los elementos desmontados, así como la necesidad de cambio de partes para realizar posteriormente el montaje de las válvulas compresoras de succión y descarga, de la caja de parking, del compresor y del sistema barra pistón, además del lavado de las botellas de pulsación y de los “scrubber”.

El hecho 32 de la demanda informa sobre la necesidad de la intervención de técnicos extranjeros, venidos al país desde Houston durante los meses de febrero, marzo y abril de 1998, para dirigir las reparaciones de los equipos. Por su parte, el hecho 33 de la demanda presenta un cuadro en el cual resume las reparaciones realizadas con el costo de los repuestos y mano de obra utilizados, advirtiendo no incluir el costo financiero de los mismos, para señalar un total de US$ 1.209.406 y de $ 522.411.493.

Siguiendo la pauta legal y jurisprudencial referida al tema en cuestión, puede decirse que el equilibrio económico inicial de estos contratos es la relación entre el valor global pactado por las partes y las actividades que se obligó a realizar el contratista; así fundamentaron financieramente sus expectativas: costos más utilidades por parte del contratista y utilización de equipos en las condiciones enumeradas, a título de arrendamiento y prestación de servicios de compresión de gas, por parte de Ecopetrol.

Al definir el tribunal que los sólidos que se presentaron en las unidades del COGB en Barrancabermeja, fueron imprevistos e imprevisibles y que excedieron el alea normal asumida por el contratista, por su carácter extraordinario e inusual, deberá indagar sobre la demostración de los daños que ocasionaron y sobre los costos de las reparaciones que el contratista afirma debió realizar para continuar con la ejecución de los contratos, pues estos conceptos, al no hacer parte de las previsiones contractuales, ni de los imprevistos allí incluidos, como ya lo determinó el tribunal, son los que afectan el equilibrio económico de los contratos y en consecuencia, deben ser objeto de reparación. Por consiguiente, se convierte en el daño antijurídico por constituir un menoscabo o detrimento patrimonial que debe resarcirse pues el contratista no debe soportar lo que en principio debe consistir en una reparación integral mediante el restablecimiento de todo el equilibrio vulnerado. Empero, la ley puede establecer los límites indemnizatorios como acontece con el mandato del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 a un punto de no pérdida que se traduce al daño emergente.

En el dictamen pericial y sus aclaraciones, las señoras peritos, por solicitud de la parte convocante calcularon las utilidades (valor positivo) o pérdidas (valor negativo) para cada contrato, año a año, en pesos colombianos, lo cual dio como resultado utilidades en todos los contratos, excepto en 1999; sin embargo, también advirtieron que tales resultados no incluyen el registro de las facturas en dólares, correspondientes, que según afirman las convocantes, hicieron parte de los costos de reparación de los equipos pagados en esa divisa; por ello, estos balances de utilidades o pérdidas no pueden ser tenidos por el tribunal como prueba del desequilibrio económico del contrato.

Sobre este particular el consorcio aportó con su demanda documentación y solicitó la práctica de inspección judicial con intervención de peritos sobre los libros y papeles de su contabilidad, diligencia que fue negada por tratarse de documentos propios (acta 5 mayo 9/2001). También solicitó un peritazgo contable para determinar la cuantía del reclamo, mediante la verificación por expertos de los mayores costos, en que debió incurrir, según sostiene, por razón de los hechos acaecidos en 1998.

Ecopetrol, al contestar la demanda manifestó no constarle las reparaciones ni sus costos, ateniéndose a la prueba procesalmente recaudada; por su parte, Ecogas, además de manifestar su desconocimiento respecto de los costos alegados por el consorcio, advirtió que los equipos de compresión no se encontraban en óptimas condiciones de operación y funcionamiento cuando sucedieron los hechos; para sustentar esta afirmación invoca el Informe de auditoría elaborado a solicitud de Ecogas, por la firma Control y Controles Industriales Ltda., después de un mes de supervisión de los equipos y su funcionamiento, en abril de 1998.

16.1. Análisis probatorio

De la documentación aportada con la demanda (cdno. pbas. 1) se resaltan especialmente las cartas del consorcio a Ecogas de 11 de febrero (fl. 097), 22 de febrero (fls. 121 y 122), 19 de feb. (fl. 123), 2 de marzo (fl. 125), 29 de abril (fl. 272), 8 de agosto (fl. 126), 20 de octubre (fls. 129 a 132), todas de 1998, en las cuales informa detalladamente sobre el desarrollo de los trabajos de reparación de las unidades y sobre la evolución de la causa del problema en cuanto a la disminución gradual de los sólidos, mas no de su desaparición total.

A folios 139 a 150 del mismo cuaderno obran las actas de las reuniones efectuadas el 5 y el 11 de marzo de 1998, con el fin de discutir, en la primera, la problemática actual de las compresoras (fl. 139), con asistencia de diversos representantes y técnicos del consorcio, de Centragas, de Texaco, de Ecopetrol, de Centroriente, de Ecogas y del Instituto Colombiano del Petróleo; y en la segunda, con el propósito de analizar la “presencia de sólidos en gasoducto Ballena-Barranca”, esta con intervención de técnicos del ICP (Instituto Colombiano del Petróleo), Ecogas, Texaco y Ecopetrol.

Es evidente para el tribunal, que si bien en estas reuniones no se determinaron concretamente y en detalle los daños de las compresoras, sí se dejó clara la preocupación general por la disminución de su capacidad y, especialmente el interés por su inmediata reparación para garantizar al país la normal distribución y transporte de gas en las cantidades requeridas.

También se aportó con la demanda un informe realizado por la sociedad Fabricantes de Oriente Ltda., después de una inspección el 13 de febrero de 1998 a las unidades de Barranca, “con motivo del problema ocurrido a la unidad compresora Ariel de motor wartsila, el cual queda fuera de servicio” (fls. 305 y ss.). Como resultado de esta visita se concluyó que “los cilindros presentan “desgaste abrasivo” en estado crítico con pérdida de tolerancia, quedando inservibles para mantener la eficiencia de producción”, como resultado de “las partículas sólidas (tierra, arena, materiales ferrosos) dentro del juego dinámico del sistema cilindro-pistón...”; también se concluyó que el gas a alta presión acompañado de partículas sólidas en suspensión impactó las válvulas causando un “desgaste corrosivo” sobre las superficies metálicas. Finalmente descartó un problema del lubricante como causa de los daños, para reiterar que estos se generaron “por la contaminación, excesiva de partículas abrasivas dentro de la unidad compresora” (fl. 318).

La firma Inspeq Ltda., en julio 10 de 1998, a solicitud del consorcio también inspeccionó las unidades de compresión, tanto las de Barranca como las de Casacará, con el fin de determinar el espesor de los accesorios y realizar medición de los espesores de pared, para concluir que en efecto existían abolladuras, corrosión severa, espárragos y tuercas en mal estado, etc. (fls. 319 a 355 cdno. pbas. 1).

Según lo visto, el tribunal tiene la certeza de que los sólidos que se presentaron en Barrancabermeja, a partir del 2 de febrero de 1998, fueron los que ocasionaron daños a las estaciones de compresión y también tiene la certeza de que el consorcio atendió con urgencia las reparaciones requeridas, sin suspender totalmente la prestación del servicio de compresión en Barrancabermeja, sino regulándolo en la medida en que la capacidad de las instalaciones se iba recuperando. Sobre el informe mencionado por Ecogas, realizado por la firma Control y Controles Industriales Ltda., el tribunal advierte que sus conclusiones no tienen ningún efecto en este caso, dado que el carácter extraordinario de los hechos, según las consideraciones realizadas al respecto, elimina cualquier incidencia de carácter técnico que hubieran podido tener las deficiencias allí anotadas.

En comunicación de abril 29 de 1998, el consorcio manifestó a Ecogas:

“Para que se surta el trámite necesario y mientras evaluamos y reparamos los daños en Casacará, le estamos enviando las facturas de cobro correspondientes a la sustitución de repuestos y reparaciones en general para ser cancelados al consorcio ... con el propósito de obtener el resarcimiento de estos daños ... Es importante anotar que en este momento tenemos que remplazar 14 cilindros adicionales de una gran complejidad para obtenerlos, ya que estos están diseñados para 15 años y la fábrica no los produce para tenerlos en inventario, ya que por obvias razones, su rotación no lo justifica” (énfasis añadido).

Anexo a la carta anterior, se enviaron las facturas cambiarias 0060, por la suma de $ 136.473.069, y la 0061 por la suma de US$ 438.320.15, ambas expedidas por el consorcio el 30 de abril de 1998, por concepto de “Reparación parcial de las unidades compresoras por daños causados por la presencia de sólidos en el gas a comprimir” (fls. 274 y 275). Obra a continuación, en el expediente, una nota aclaratoria del consorcio, relacionada con las facturas 0060 y 0061 en la cual informa a Ecogas variaciones en los pagos de los impuestos de aduana, razón por la cual existe en la factura 060 un “Saldo a favor de ustedes de $ 1.251.446”; la misma nota advierte que la factura C98056, por valor de US$ 49.108.08, no fue incluida en la factura en dólares.

A partir del folio 278, hasta el 304, del mismo cuaderno de pruebas 1, obran los reportes diarios de reparación unidades de compresión “Estación compresora de Barrancabermeja”, del consorcio Cosacol -Hanover, donde se detallan a partir del 16 de febrero hasta el 15 de marzo de 1998, los “Recursos empleados en la reparación de las Unidades”, especificando la “Unidad en reparación” (71702, 71233, 71231, 71702, 71702 Wartsila 1-71155 CAT.-F-2, 1487 CAT F-2, 1492 Wartsila F-3 71232 CAT F-1), y los recursos empleados (personal, materiales y repuestos, herramientas y equipos y resumen de actividades).

A folios 356, y 358, aparecen las facturas cambiarias 0151 y 0153, con fecha de expedición el 13 de noviembre de 1998, por concepto de “Reparación parcial de las unidades compresoras por daños causados por la presencia de sólidos en gas a comprimir en la estación de Barrancabermeja rentada a Ecogas, según contratos DIJ-1018, ECG-910 y ECG-131”, por valores de US$ 329.845.08 y $ 112.567.664.00 (en los fls. 357 y ss obran las facturas cambiarias 0152 y 0144 de la misma fecha, correspondientes a la reparación de la unidad compresora de Casacará, las cuales no se incluyen en este análisis, por no haber el tribunal considerado los daños allí alegados, como materia reparable, según lo dicho anteriormente).

En el proceso se practicó un peritazgo de carácter contable, cuya eficacia probatoria ya fue definida por el tribunal al desestimar las objeciones por error grave formuladas por las convocantes, antecedente que le permite al tribunal otorgarle confiabilidad y certeza sobre su análisis y conclusiones, tanto por la seriedad y cuidado de sus fundamentos como por la idoneidad de las profesionales que prestaron la función de peritos.

Las convocantes solicitaron la verificación de los estados financieros de cada contrato, para establecer las pérdidas y ganancias en cada uno, cuyo resultado no puede ser acogido por el tribunal por no estar allí incluidos los conceptos de las facturas en dólares, como ya se anotó; por su parte Ecopetrol, sobre el tema de los costos reclamados, se preocupó especialmente porque el peritazgo determinara la existencia de los soportes contables de las facturas cambiarias de abril 30 y de 13 de noviembre de 1998 del consorcio a Ecogas. A su vez Ecogas orientó su cuestionario únicamente al análisis de las facturas cambiarias presentadas por el consorcio a Ecogas y las glosas a las mismas elaboradas por esta compañía.

Pericialmente se determinó que el consorcio lleva una contabilidad independiente de las consorciadas para el registro contable de los ingresos, costos y gastos generados en los contratos DIJ-1018, ECO-910-97, ECO 131-97 y ECO-126-97, y que las sociedades miembros llevan en sus contabilidades los registros de los ingresos, costos y deducciones de acuerdo al porcentaje de participación en el consorcio; el peritazgo se refirió a la contabilidad de la sucursal en Colombia de Hanover Compressor Company, que tuvo a disposición para su análisis.

Ya el tribunal advirtió que las conclusiones que arroja el peritazgo sobre la contabilidad del consorcio y de las consorciadas (la sucursal de Hanover en Colombia), aunque no es tema de debate en este proceso, su descalificación pericial desde el punto de vista técnico contable sí incide en su eficacia probatoria, razón por la cual no será suficiente, para tener como demostración de los costos en que incurrió el consorcio por razón de la reparación de las estaciones de Barrancabermeja, el que allí aparezcan registrados, sino que sea evidente en el proceso, mediante otros medios probatorios, que estén demostrados sus conceptos y por consiguiente sea clara su relación de causalidad con las estaciones del COGB reparadas, en cuanto a las fechas y daños efectivamente causados por los sólidos que se presentaron en febrero de 1998.

De los documentos aportados y del dictamen pericial bajo examen, se deduce que entre los costos reclamados por el consorcio a Ecogas y sus conceptos, por razón de las reparaciones a las unidades de Barrancabermeja, se encuentran los que figuran en las siguientes facturas:

• 0060 de abril 30 de 1998, por $ 136.473.069(7).

• 0061 de abril 30 de 1998, por US$ 438.320.15(8).

• 0153 de noviembre 13 de 1998, por $ 112.567.664.

• 0151 de noviembre 13 de 1998, por US$ 329.845.08

Por tanto, el tribunal examinará individualmente cada una de las facturas citadas y sus soportes, teniendo como base, los documentos aportados, el dictamen pericial y sus anexos.

De la posición asumida por Ecogas al recibir las facturas 0060 y 0061 en abril de 1998, el tribunal solo ha encontrado, en el anexo B del dictamen contable (fl. 5) una comunicación de agosto 5 de 1998 dirigida por el representante del consorcio a Ecogas, en la cual le dice: “De acuerdo con su solicitud, estamos remiténdoles los soportes de las facturas de cobro 0060 y 0061 por costos de reparación parcial de la estación compresora de Barrancabermeja, por la presencia de sólidos en el gas a comprimir. Esperando de esta manera completar todos los requisitos exigidos para el trámite de esta (sic) factura”.

Posteriormente Ecogas remitió al consorcio una extensa comunicación (COS- PRE-178 nov. 12/98), en respuesta de la carta remisoria de las facturas 151, 152, 153, y 154 y sus soportes(9), de fecha noviembre 13 de 1998, en la cual formula argumentos de discrepancia de carácter jurídico, analizando la naturaleza privada de los contratos, los elementos de la viabilidad de revisión de los mismos a la luz de las normas comerciales, la relación de las condiciones pactadas en los términos de referencia y en los textos contractuales. También señala Ecogas los aspectos técnicos en discrepancia, para resaltar las conclusiones de la firma Control y Controles Industriales Ltda., que auditó los equipos y su operación entre febrero y marzo de 1998, según las cuales se reportaron deficiencias en el mantenimiento de las máquinas, en su programación y seguimiento, en los sistemas de control e instrumentación, así como en las señales de alarma por alzas de temperatura. Todo lo anterior para concluir que: “De acuerdo con lo anterior, entre otros, nos permitimos devolver las facturas presentadas, agradeciendo que se continúe con el servicio de conformidad con el alcance de los contratos ceIebrados” .

Esta negativa de Ecogas originó que el consorcio anulara las facturas de cobro y efectuara la reversión de sus registros contables, según informan las aclaraciones del peritazgo (pág. 35).

El dictamen pericial al responder la solicitud de Ecopetrol (pregunta 17) de informar sobre la inclusión de los soportes de las facturas en el expediente, advirtió que “...la pericia deja a disposición del honorable tribunal los soportes recibidos del consorcio” (pág. 51). Por petición expresa de Ecopetrol al solicitar aclaraciones al dictamen, las señoras peritos anexaron al expediente todos los soportes en que fundamentaron las aseveraciones consignadas tanto en el dictamen inicial con las del documento de aclaraciones del mismo: “La documentación básica correspondiente a esta prueba se está entregando junto con este informe en copias ordenadas en los anexos A, E, C, D” (pág. 37). En la página 35 de las aclaraciones al dictamen las expertas señalaron: “De los documentos tenidos a la vista por la pericia, en los folios 274, 275, 356, 357, 358 y 359 del cuaderno de pruebas del expediente figuran fotocopias de las facturas cambiarias 60, 61, 151, 152, 153 y 154, mas no así de sus soportes” (pág. 35 Aclaraciones dictamen).

Así las cosas, el tribunal encuentra que los comprobantes o soportes de todas las facturas fueron allegados al expediente por las señoras peritos, a solicitud de Ecopetrol, Con las Aclaraciones al dictamen pericial, razón por la cual serán tenidos por el tribunal como fundamentación del experticio y de sus conclusiones, mas no como prueba documental autónoma, por cuanto su llegada al proceso se efectuó en la oportunidad del traslado de las aclaraciones, procedente únicamente para formular objeciones por error grave. El artículo 183 del Código de Procedimiento Civil, determina para la apreciación de la prueba documental el que se haya acompañado a los escritos de la demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones. También exige que el juez resuelva expresamente sobre la admisión de dicha prueba documental cuando las partes soliciten su ingreso al proceso.

Es necesario anotar que Ecogas se opuso en diciembre de 1998 al pago de las mismas, pero no incluyó ninguna glosa particular al contenido de las facturas, soportes, a sus conceptos o cantidades reclamadas, como tampoco lo hizo en la contestación de la demanda o en los alegatos de conclusión. Ecopetrol por su parte, sí se ha opuesto a lo largo del proceso al reconocimiento al consorcio de los gastos reclamados, por el hecho probatoriamente demostrado de las deficiencias de que adolece su contabilidad y la ausencia de relación de causalidad que a su juicio arrojan las facturas en estudio (pág. 79 y ss. alegato Ecopetrol).

El tribunal analizará en conjunto las facturas en pesos y en dólares, iniciando su estudio en las que contienen cifras en pesos colombianos, así:

16.2. Facturas 0060 de abril 30 de 1998, por $ 136.473.069, y 0153 de noviembre 13 de 1998, por $ 112.567.664

Sobre la factura 60 se advierte que tiene un sello de recibido, Proyecto Ecogas, y una “Firma autorizada consorcio Cosacol-Hanover”. Su detalle registra trece conceptos para un total de $ 109.178.455, más un porcentaje del 25% de administración, que suma $ 27.294.614.

En esta factura el dictamen pericial descompuso cada uno de los conceptos, según los soportes acompañados, y además informó su contabilización como gasto en la contabilidad del consorcio (págs. 51 y 52 dictamen). En las aclaraciones del dictamen respecto de esta factura, las peritos advirtieron: “Se deja la anotación que para la factura 60 se presentaron diferencias entre valores incluidos y los valores realmente cancelados por el consorcio. Ver partidas identificadas con anexo C, 81, 87 y 94, para las cuales no se dispuso soporte” (pág. 10).

También advirtieron que el rubro cobrado por administración correspondiente a un 25% del total de los conceptos cobrados, carece de soporte; además señalaron que existe diferencia entre el valor de la factura y el registrado en la contabilidad, pues este último es de $ 135.608.940.

El tribunal, teniendo en cuenta la fecha de la factura, los conceptos de los cobros y la ausencia de controversia respecto de estos y de su cuantía por parte de Ecogas, que fue quien las recibió, dado que no se pronunció en contra de las conclusiones periciales y los soportes que las fundamentan, relacionados a folios 8 y 9 de las Aclaraciones, acompañados en el anexo C, considera que efectivamente tales gastos fueron los que el consorcio realizó para el pago de los rubros allí descritos. Esta conclusión, está reforzada además, por el registro que el consorcio hizo en su contabilidad según lo informado por las peritos, en la partida de gastos, lo cual significa “Que se codificaron con el código 5 de gastos, significando o representando un cargo operativo en que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad” (fl. 36 Aclaraciones dictamen contable).

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil consagra la noción de la carga de la prueba como un criterio de autorresponsabilidad procesal en el sentido de requerir una conducta activa en cabeza de quien pretende obtener los beneficios estatuidos en las normas jurídicas que invoca(10). Dicha conducta, meramente facultativa, se desarrolla en procura de demostrar los supuestos fácticos que sustentan su proposición. También la noción de carga de la prueba incluye para el juzgador una regla de juicio que le indica cómo debe fallar cuando no encuentra la demostración de los hechos en que se fundamenta la pretensión o la excepción(11).

El punto bajo análisis, esto es, la demostración de los daños causados por los sólidos en febrero de 1998 a las unidades de compresión de Barrancabermeja, y los costos de sus reparaciones con el fin de continuar con su normal funcionamiento, en los términos del contrato, sin duda alguna corresponde a una carga procesal de las convocantes, como integrantes del consorcio contratista, pues el restablecimiento del equilibrio económico de los contratos es sin duda el fundamento jurídico de su pretensión. Sobre este particular, el tribunal encuentra que el consorcio logró demostrar las reparaciones efectuadas en el COGB y sus costos en pesos, como se verá.

En cuanto al porcentaje del 25% cobrado por el consorcio por concepto de administración, el tribunal advierte que dicho concepto, fue una manifestación unilateral del contratista que automáticamente no puede ser factor de desequilibrio contractual. El que no tenga soporte contable, según informaron las peritos, no es la razón para negar su reconocimiento, pues el concepto reclamado era susceptible de estimación o cálculo pericial. Sin duda, se trata de un hecho de carácter económico, susceptible de demostración por estar integrado por eventuales extracostos del consorcio, incurridos por razón de actividades extraordinarias que pudo haber realizado durante la época de tales reparaciones; en consecuencia, este rubro no será reconocido como factor de desequilibrio contractual, por no aparecer la prueba correspondiente de su causación y de su cuantía.

Las mismas consideraciones que anteceden, son procedentes para la factura 153 de noviembre 13 de 1998, en la cual aparecen cinco conceptos, agrupados bajo el rubro de “Subtotal costos directos”, por valor de $ 90.054.131, más un porcentaje de 25% de administración, para un valor total de $ 112.567.664.

De las manifestaciones asumidas por las convocadas en su oposición procesal acerca de los gastos realizados por el consorcio para la reparación de las unidades, no deriva el tribunal ninguna prueba que desvirtúe la relación de causalidad entre los gastos cobrados en las dos facturas que se analizan y la reparación de las unidades de Barrancabermeja, por el efecto dañino de los sólidos. Los defectos contables anotados por las peritos y resaltados por la señora apoderada de Ecopetrol no tienen la virtualidad de eliminar la existencia de los costos y sus pagos, según la apreciación probatoria efectuada.

En síntesis, el tribunal considera que los costos en pesos reclamados por el consorcio a Ecogas, incluidos en las facturas 60 y 153 deben restituirsele, con la eliminación del porcentaje del 25% por concepto de administración, para obtener el restablecimiento del equilibrio de los contratos DIJ-1018, ECG-910-97, ECG 131-97, al punto de no pérdida, como lo establece el 1 del artículo 5º de la Ley 80 de 1993. De otra parte, el tribunal descontará la cantidad señalada en la nota aclaratoria (cdno. pbas. 1, fl. 276), que además coincide en su cuantía con las observaciones del peritazgo sobre la falta de soportes de esta factura (pág. 10 Aclaraciones dictamen).

16.3. Las facturas 61 de abril 30 de 1998, por US$ 438.320.15, y 151 de noviembre 13 de 1998, por US$ 329.845.08

Aunque estas facturas fueron presentadas a Ecogas para su cobro en las mismas fechas que las anteriores, esto es en 1998, abril 30 la primera y noviembre 13 la segunda, su estudio requiere de un análisis adicional al anterior, por cuanto no fueron registradas en la contabilidad del consorcio como gastos, como sí lo fueron las elaboradas en pesos colombianos, que se acaban de analizar. Estas facturas aparecen en la contabilidad del consorcio en “Cuentas por cobrar en el activo: Deudores – Cuentas corrientes comerciales -Compañías vinculadas 131010 con Nit 830.026.681-1 “Hanover Compresor Company” (ver registros contables anexo D en 8 fls.) y los correspondientes pagos de giros al exterior a través de Fidupacífico” (pág. 13 aclaración dictamen).

Al respecto las peritos opinaron: “La pericia no se pronuncia sobre si las referidas importaciones fueron destinadas a reparar las unidades en mención por no contar con elementos de sustento” (págs. 13, 34).

“Los soportes de las facturas 61, 151 y 152 (en dólares) según pagos a través de giros al exterior, por Fidupacífico; que por ser tema cambiario (compensaciones por concepto de operaciones efectuadas durante los años 1997, 1998, 2000 y 2001) para el consorcio y para sus consorciadas, sujeto en la actualidad a un estudio por parte de la firma especializada en este aspecto y el cual podrá arrojar como resultado posibles ajustes generadores de variaciones tanto en la parte contable como en la cambiaria: esta pericia se abstiene de conceptuar en definitiva respecto de giros en el exterior” (págs. 14, 21 y 22).

“No se evidencia en los libros de contabilidad del consorcio, exhibidos a la pericia, registro alguno de los soportes de las facturas 61, 151 y 152 como un gasto y como tal lo certifica la firma Price Waterhouse Cooper en el numeral 7º, ni la cuenta por cobrar como certifica en el numeral 7º a Hanover Maintech, sino a Hanover Compresor Company Nit. 830.050.405-4” (págs. 22, 34 Aclaraciones).

“Los soportes de las facturas 61, 151 y 152 ( en dólares) que hacen parte de la reclamación, hacen referencia a erogaciones de importaciones al proveedor Maintech Enterprises y The Hanover Company Servicios técnicos extranjeros y fletes. El registro contable que se advierte en la contabilidad del consorcio, no afecta la cuenta de inventario, repuestos y otros activos, situación por la cual no se evidenció su entrada y su salida de almacén; dicho registro contable representó una cuenta por cobrar o débito a la cuenta del activo Deudores -Cuentas corrientes comerciales - Compañías vinculadas 131010 con Nit 830.026.681-1 Hanover Compresor Company y acreditando la cuenta 124505 también del activo - Derechos fiduciarios por el valor del giro. En el anexo D se adjuntan los registros contables” (pág. 32 Aclaraciones). (resaltados del tribunal)

Sin embargo, también anotaron en la página 35 de las Aclaraciones, con relación a la falta de registro de estas facturas en la contabilidad: “Desde el punto de vista económico, la anulación de la factura y la reversión del registro contable respectivo, no desaparece el hecho económico; podría quedar en entredicho es a quien corresponde cumplir con la obligación, pero ya aquí se entraría en los límites de definición del honorable tribunal” (Aclaraciones pág. 35), lo cual conduce al tribunal a examinar todas las pruebas pertinentes que obren en el proceso.

Revisadas las facturas en cuestión, el tribunal encuentra que la 61 de abril 30 de 1998, detalla los siguientes conceptos de cobro a Ecogas:

“Valor repuestos según factura de la empresa The Hanover Company adjuntaUS$ 373.653.60
“Valor de los servicios técnicos, pasajes y gastos según factura de la empresa The Hanover Company adjuntaUS$ 64.666.55
TotalUS$ 438.320.15”

Por su parte, la factura 151 expedida el 13 de noviembre de 1998 detalló los siguientes conceptos de cobro a Ecogas:

“Valor repuestos según factura 280987 de la empresa Hanover Compressor Company y soportes adjuntosUS$ 300.282.04
“Valor servicio técnico, pasajes y gastos según factura 280987 de la empresa Hanover Compressor Company y soportes adjuntosUS$ 29.563.04
Total facturaUS$ 329.845.08

Ya se transcribió el concepto pericial sobre el registro inicial y reversión posterior de estas facturas, así como también su registro posterior en el rubro de “Activo cuentas por cobrar, a Hanover Compresor Company”, lo que, a pesar de las deficiencias de la contabilidad anotadas por el mismo peritazgo, le genera dubitación al tribunal por cuanto esto significa que el consorcio tiene registrada Ja expectativa de pago de esas facturas por parte de la sociedad extranjera y no de Ecogas, empresa a quien presentó las facturas para su cobro en abril y en noviembre de 1998.

Sobre este tema, a folio 54 del dictamen pericial, las peritos advirtieron respecto de las facturas en dólares: “Se contabilizaron y anularon en las cuentas del consorcio. A la fecha no figura saldo por cobrar a Ecogas o importe a gastos por dicho concepto en la contabilidad del consorcio”. En la misma página el peritazgo relaciona diversas facturas, correspondientes a los soportes de las facturas 61, 151 y 152, por conceptos de importaciones, de fechas 11, 13, 19 y 20 de febrero de 1998, 24 y 30 de abril, 11 de mayo de 1998 y 26 de enero de 1999, con valores en dólares, bajo el concepto “Partes importadas” US$ 1.066.776.52. Posteriormente señala en tres rubros en inglés con sus costos en dólares para integrar el concepto “Adicionales C O sin soporte” US$ 35.588.08, para ajustar un total de US$ 1.102.364.60, cifra adicionada con el concepto “Servicio técnico extranjero” por la suma de US$ 94.229.59. Todo lo anterior arroja un resultado de US$ 1.196.594.19. Sobre el particular advierten las peritos: “Se exhibió a la pericia certificación emitida por contadores “Larkin, Ervin & Shirley L.L.P.”, donde consta la contabilización en los libros de Hanover Compressor Company (de los gastos de emergencia)”.

En los anexos A y B de las aclaraciones, las peritos incluyeron fotocopias de los soportes de las facturas en dólares. Allí aparecen copias de documentos en inglés, poco legibles, con membrete de Hanover Compressor Company, de Panalpina S.A., de declaraciones de importación, de conocimientos de embarque y de facturas de Maintech Enterprises.

Examinados tales soportes, el tribunal encuentra:

1. Que en algunos de estos, con dificultad pueden leerse separados los conceptos Casacará y Barrancabermeja (ver fl. 213) “Invoice number - C98157, Date 5/11/98”. Igual sucede en el que aparece a folio 208 del mismo anexo: “Invoice number 280987, date, may 27/98”. Sin embargo, esto no sucede en el “Invoice number C 98056”, folio 210 (fecha ilegible) o en el “Invoice number C 98140, date 30/04/98” (fl. 211), o en el “Invoice number C 98133” (fecha ilegible, fl. 212), ni en los relativos a los registros de importación o demás soportes por otros conceptos.

2. Que no coinciden todas las cifras que los peritos indican en la página 54 de las Aclaraciones, con las de los soportes en análisis, relativos a las facturas 61, 151 y 152. A modo de ejemplo, la “Invoice number C 98043”, de 17 de febrero de 1998 (relacionada en el 2º renglón del cuadro de la citada pág. 42 del dictamen) aparece allí por US$ 6.591.60, y en el folio 92 del anexo B aparece por “$ 7.172.04” (se infiere que son dólares).

3. Que los soportes C 99020 y C 99025, relacionados en el dictamen en la misma página 54, por US$ 258.105.58 y US$ 24.621.41 son de fecha 26 de enero de 1999, razón por la cual no pueden corresponder a ninguna de las tres facturas que señalan las peritos, pues estas son de abril 30 de 1998 (la 61) y de noviembre 13 del mismo año las 151 y 152, esta última de Casacará.

4. Con relación a la “certificación” entregada a las señoras peritos, según afirman en la misma página del dictamen, anexa a folios 13 y 14 del anexo D de las Aclaraciones del dictamen, además de no poderse apreciar como prueba documental sino como fundamento del concepto pericial por lo ya dicho, se advierte que fue elaborada en julio 30 de 2001 (después de iniciado este proceso) y que ni siquiera fue traducida al castellano como lo ordena el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.

Revisando el anexo D de las Aclaraciones del peritazgo, el tribunal encuentra que las peritos también adjuntaron una certificación suscrita por Luisa Fernanda Salcedo, contadora pública, de fecha 2 de noviembre de 2001, que aparece en hojas con el nombre impreso de Price Waterhouse Coopers; en ella se relacionan los soportes de las facturas en dólares que se vienen analizando, precedida de la siguiente afirmación:

“1. Según información y registros contables que nos fueron suministrados en la fecha de esta certificación, las facturas anunciadas a continuación dirigidas al consorcio, correspondientes a importación de repuestos y servicios técnicos, fueron contabilizadas en pesos colombianos en los registros auxiliares del consorcio en las fechas.

Sobre este documento y su eficacia probatoria el tribunal tiene las siguientes reservas:

a) Al igual que los soportes contables de todas las facturas, su aporte al proceso se realizó con el documento de aclaraciones del dictamen, razón por la cual su controversia no se surtió en los términos previstos legalmente para la prueba documental (CPC, art. 183).

Se trata de un documento proveniente de un tercero, que si bien la ley ha despojado de ratificación, si las partes no lo solicitan expresamente, debe tenerse en cuenta que fue conocido por ellas a raíz del traslado de las Aclaraciones al dictamen pericial, en un término previsto únicamente para objetarlo por error grave, como atrás se advirtió. Ese tercero, es su suscriptora, persona de quien no hay rastro alguno en el proceso; su relación con la firma Price Waterhouse es desconocida, pues no se advierte en parte alguna del expediente que esta haya sido la compañía, revisora fiscal del consorcio cuando ocurrieron los hechos, ni actualmente;

b) La creación del documento es posterior a la iniciación del proceso, más aún, es posterior a la presentación del dictamen pericial para su traslado original (sep. 12/2001 - Acta 13) y, finalmente, la afirmación transcrita, en que basa su constancia, es contraria a las afirmaciones periciales sobre el particular, también transcritas anteriormente.

No puede finalmente el tribunal, dejar de agregar a todas las inconsistencias anotadas, la manifestación de la señora Luz Aydée Castellanos, contadora aparentemente del consorcio Cosacol-Hanover, de fecha noviembre 30 de 2001, al responder a las señoras peritos la solicitud de obtener información contable, según la cual “... En cuanto a los informes solicitados con relación a la contabilidad y en especial referidos al tema cambiario, en este momento se está trabajando en una serie de ajustes que afectarían, tanto la parte contable como cambiaria, por lo anterior, esta información se les hará llegar en el momento en que se definan los procedimientos y registros correspondientes a este tema” (fl. 23 anexo D aclaraciones dictamen contable). Esto sin duda señala la dificultad que las peritos encontraron en el análisis de los registros de los costos en dólares reclamados y por tanto la falta de respuesta al tema cambiarlo en el dictamen contable.

Sobre las pruebas anteriormente descritas el tribunal considera:

a) Aunque la contabilidad del consorcio no se ajusta a las normas técnico contables, como concluyeron las peritos, el registro de estas cifras en dólares, en el rubro “Cuentas por cobrar” a la casa matriz de Hanover Compressor Company en Houston, es indicativo para el tribunal, de que el consorcio como contratista de los contratos que originan este debate, no es quien soporta actualmente el déficit por las supuestas erogaciones en dólares; tampoco lo es la sucursal en Colombia de Hanover Compressor Company. No hay prueba idónea en el proceso que conduzca a la certeza de que la sociedad Hanover Compressor Company, con domicilio en Houston, haya realizado las erogaciones en dólares relacionadas en las facturas en dólares 61 y 153 de 30 de abril y 13 de noviembre de 1998;

b) La carga de aportar al proceso los soportes de las facturas en dólares anunciados a Ecogas en sus textos correspondientes, era de las convocantes, quienes no lo hicieron, pues aquellos llegaron al proceso en los anexos de las Aclaraciones al dictamen pericial contable, entregados por solicitud de Ecopetrol, razón por la cual, no serán tenidos en cuenta como prueba documental autónoma (CPC, art. 183). De otra parte, tales soportes presentan las inconsistencias anotadas, que imposibilitan determinar la relación de causalidad entre los daños causados a las estaciones y su reparación, eliminando la eficacia probatoria del dictamen pericial en este punto, y

c) En la cláusula séptima de los contratos, el consorcio contratista se obligó a “...guardar, conservar y poner a disposición de Ecopetrol todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionados con las cuentas de este contrato durante el plazo del mismo y dos años más”, lo que sin duda no observó a cabalidad, y por tanto no permite la demostración fehaciente de los costos en dólares que reclama.

1.6.4. Determinación de la reparación o indemnización

El consorcio convocante, como se anotó desde el inicio del análisis de este punto, tenía la carga de demostrar la cuantía de los costos en dólares en que incurrió para la reparación de las unidades de compresión del COGB por razón de la presencia extraordinaria de los sólidos en febrero de 1998, lo que no hizo, pues al aportar con su demanda únicamente las facturas en dólares, sin los soportes allí anunciados, no acreditó el detrimento del consorcio como contratista. Tampoco el dictamen contable, por todas las observaciones ya anotadas, fue medio eficaz para demostrar el detrimento económico de la sociedad Hanover Compressor Company, miembro del consorcio, como se dejó explicado. Los resultados de la prueba contable, sin duda, no aportan al tribunal, como se vio, la certeza requerida para ordenar la condena en dólares que pretende. En consecuencia, el tribunal no reconocerá las partidas en dólares reclamadas.

16.5. Gastos sin facturar a Ecogas

En las aclaraciones al dictamen pericial contable, las señoras peritos relacionaron un listado de valores registrados en la contabilidad del consorcio como Gastos, pero sin facturar a Ecogas (págs. 6 y 7).

El tribunal examinó los soportes de estas cantidades, obrantes en el anexo C de las Aclaraciones del dictamen, con el propósito de establecer la relación de causalidad que pudiera existir entre tales conceptos y las reparaciones de las unidades de compresión de Barrancabermeja.

Al respecto anota que los soportes analizados son de febrero de 1999 en su gran mayoría; muchos de ellos corresponden a las estaciones de Casacará (v. gr. anexos 16, 20, 22, 31, 54, 55, 63) y que de los conceptos que allí aparecen escritos no le es claro deducir el nexo causal con las reparaciones que, según afirma el consorcio, se realizaron en las unidades de compresión del COGB por razón de los sólidos que se presentaron en febrero de 1998. En consecuencia el tribunal no reconocerá estos gastos como factor del desequilibrio contractual alegado

17. Las condenas. Actualización. Intereses

Aunque las pretensiones de la demanda se formularon individualmente para cada uno de los cuatro contratos en cuestión, según todo lo analizado, los hechos relativos a las estaciones de Barrancabermeja (contratos DIJ-1018, ECG-910-97, ECG-131-97), se estudiaron en conjunto, así como los hechos relativos a la estación de Casacará, por separado (contrato ECG-126-97).

Según las consideraciones anteriores, el tribunal encontró demostrados los gastos en pesos en que incurrió el consorcio por razón de las reparaciones a las estaciones en Barrancabermeja, los cuales corresponden a cifras globales relativas a los tres contratos citados; dado que, ni los hechos que causaron los daños, ni estos ni sus reparaciones se demostraron individualmente para las estaciones de cada contrato, las condenas que se establecen a continuación resuelven conjuntamente las pretensiones relativas a los tres contratos (DIJ-1018, ECG-910-97, ECG-131-97).

Como se vio, los gastos que se reconocerán son los relacionados en las facturas en pesos 60 de abril 30 de 1998 y 153 de noviembre 13 de 1998.

Teniendo en cuenta que el tribunal no consideró demostrado el rubro del 25% cobrado en las dos facturas por concepto de administración y que en la 60 realizó los ajustes de la nota aclaratoria proveniente del consorcio Cosacol-Hanover, las cantidades que Ecopetrol y Ecogas solidariamente pagarán como resultado de todo lo dicho en este laudo son:

Valor histórico: Factura 60 – abril 30 de 1998: $ 107.927.009.

Factura 153 – Noviembre 13 de 1998: $ 90.054.131.

Dado que la reparación debe hacerse apunto de no pérdida —Ley 80 de 1993, artículo 5º—, el tribunal actualizará las sumas anteriores, desde el momento en que han debido pagarse, hasta la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda (CPC, art. 90).

Las fechas de iniciación del cálculo de dicha actualización deben fijarse en concordancia con la estipulación contractual relacionada con la facturación y pagos establecida en los contratos. En efecto, la cláusula undécima de todos los contratos, dispone para el pago al contratista de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la presentación de las facturas correspondientes. En los dos casos, atendiendo la previsión acordada, la actualización monetaria se hará aplicando el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, correspondiente al siguiente mes de la presentación de cada factura, fecha sobre la cual no hay discusión alguna entre las partes, así:

— Factura 60 – Índice de mayo de 1998: 96.6036750;

— Factura 153 – Índice diciembre de 1998: 100.0000.

De otra parte, en el expediente constan las fechas de las notificaciones personales del auto admisorio de la demanda a los representantes de Ecopetrol: 31 de marzo de 2000 y de Ecogas: 15 de noviembre de 2000.

Por ser la solidaridad indivisible y la plenitud de sus efectos generarse por igual para todos los deudores solidarios, la fecha de la primera notificación produce el efecto de constitución en mora, tanto para Ecopetrol como para Ecogas, desde tal oportunidad, es decir, desde el 31 de marzo de 2000, así:

— Factura 60 – $ 107.927.623 (valor histórico).

Valor actualizado desde marzo de 1998 hasta marzo/2000: $ 128.617.623.

— Factura 153 – $ 90.054.131 (valor histórico)

Valor actualizado desde diciembre de 1998 hasta marzo /2000: $ 103.673.468.

La ley procesal (art. 90) contempla el efecto de constitución en mora al deudor a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda; en el presente caso, las condenas solidarias a cargo de Ecopetrol y Ecogas se declaran en este laudo, pues se derivan de hechos imprevistos cuya demostración fue la materia del litigio; por ello, es aplicable la norma en cuestión, para efectos del punto de partida de la causación de intereses moratorios a la tasa comercial más alta desde tal oportunidad.

El artículo 4º numeral 8º de la Ley 80 de 1993 dispone que “Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado”. Este precepto haría pensar que el punto de los intereses de mora en la contratación administrativa está completamente regulado, en el sentido de que no podría reconocerse un interés moratorio superior al 12% anual, o sea, el doble del 6% anual civil.

Entiende el tribunal que esta norma tiene en cierta medida, un carácter supletorio, pues permite que los contratantes pacten un interés de mora distinto; la norma comprende la indemnización a que se obliga por ley la entidad estatal cuando se incumple (retarda o desatiende) la obligación de pagar el precio convenido en el contrato, pero no en aquellos casos, como en el presente, en que la prestación es sobreviniente, por los gastos causados con ocasión de la situación imprevista ocurrida en las unidades de compresión de Barrancabermeja.

Por eso, se reconocerán intereses moratorios comerciales, en consideración a que las reglas del ordenamiento mercantil le son aplicables.

Así las cosas, sobre los valores actualizados el tribunal calcula los intereses moratorios a la tasa mercantil más alta, con base en las certificaciones de la (*)Superintendencia Bancaria (D. 2150/95, art. 98), así:

— Factura 60 – Valor actualizado: $ 128.617.623

Con intereses moratorios desde marzo de 2000 hasta agosto 28 de 2002: $ 221.158.813

— Factura 153 - Valor actualizado: $ 103.673.468

Con intereses moratorios desde marzo 2002 hasta agosto 28 de 2002: $ 178.267.181

18. Las excepciones de merito formuladas por las convocadas

1. Ausencia de legitimación en la causa pasiva contra Ecopetrol

Ecopetrol ha alegado en su defensa procesal la ausencia de legitimación en la causa pasiva, por razón de las cesiones de los contratos efectuadas a Ecogas en cumplimiento de la escisión ordenada por la Ley 401 de 1997 y el Decreto 2829 del mismo año. Invoca también el acuerdo interadministrativo celebrado entre Ecopetrol y Ecogas que contiene la regulación referida a los procesos y reclamaciones que surgieran posteriormente a las citadas cesiones.

En capítulo especial, el tribunal analizó los efectos de estos actos jurídicos para concluir, por las razones allí examinadas, que existe solidaridad entre Ecopetrol y Ecogas en la responsabilidad contractual de las relaciones que originan este debate arbitral, por no entenderse la cesión realizada como un acto procedente de la autonomía de la voluntad de las empresas cedente y cesionaria, sino como el desarrollo y aplicación de la escisión ordenada legalmente.

Ecogas, aunque formalmente no alegó en su favor la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, sí sostuvo que no podría derivarse responsabilidad alguna a su poderdante por los hechos relativos a la falta de información invocada por las demandantes, como factor de incumplimiento, por la simple razón de que en la época de la contratación, aún no había ocurrido la cesión.

No comparte el tribunal esta posición, pues la solidaridad generada en la escisión que nació entre Ecopetrol y Ecogas no puede fragmentarse en el sentido de que cada una respondiera parcialmente de las obligaciones contraídas en el contrato. De otra parte, no hubo reserva alguna al momento de

la cesión, como se vio.

En consecuencia, el tribunal no declarará I, prosperidad de la excepción, que se analiza y las condenas económicas se impondrán solidariamente a cargo de Ecopetrol y de Ecogas.

2 y 3. “Responsabilidad del contratista por la falta de diligencia y cuidado de las unidades compresoras y previsibilidad de los daños ocasionados a las mismas” y “Culpa del contratista en el cuidado de la cosa”

Aunque Ecopetrol separa la que denomina de responsabilidad del contratista y la de culpa del contratista, el tribunal las define conjuntamente, pues ambas parten del supuesto del error de conducta que se endilga al contratista y que no se ha probado dentro del proceso. Además, los hechos que sirven al tribunal para reconocer el restablecimiento del equilibrio económico en el punto de no pérdida provienen de situaciones imprevistas tanto para el consorcio como para las convocadas, sin que haya sido determinante la existencia de comportamientos culposos de ninguna de las partes. En efecto, la defensa invoca un eximente de responsabilidad derivado de la conducta del contratista, contraria a sus deberes profesionales y técnicos, que no tiene cabida en la estimación de imprevistos elaborada por el tribunal al analizar los hechos debatidos. En consecuencia, no prosperan las excepciones formuladas.

III. Costas

El tribunal, teniendo en cuenta que no prosperó el grupo de las pretensiones principales, sino que lo fue el de las quintas pretensiones subsidiarias, y que prosperaron parcialmente las pretensiones de condena correspondientes, se abstiene de condenar en costas a las partes procesales, según lo previsto en el numeral 5º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

IV. Parte resolutiva

En mérito de las consideraciones que anteceden, el tribunal de arbitramento constituido para dirimir en derecho las controversias patrimoniales suscitadas entre Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., y Hanover Compressor Company, sociedades que conforman el consorcio Cosacol-Hanover, por una parte, y la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, y la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, por la otra, de que da cuenta el presente proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Decláranse no probadas las tachas formuladas a los testigos, las objeciones por error grave formuladas al dictamen pericial contable por el señor apoderado de las sociedades convocantes, y las objeciones por error grave formuladas al dictamen pericial técnico por la parte convocada.

2. Declárase que en la ejecución de los contratos DU-1018, ECG-910-97 y ECG-131-97, ocurrieron hechos o situaciones no previstos por el consorcio y no imputables a este que lo obligaron a incurrir en mayores costos y gastos para su cumplimiento.

3. Condénase solidariamente a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, y a la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, “a pagar a las sociedades Cosa Colombia Ltda., Cosacol Ltda., y Hanover Compressor Company, sociedades que conforman el consorcio Cosacol-Hanover, con el fin de restablecer el equilibrio de la ecuación financiera de los contratos DIJ-1018, lCG-910-97 y ECG-131-97, la suma de trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos noventa y cuatro pesos ($ 399.425.994). Esta cantidad incluye los conceptos de actualización e intereses moratorios según la parte motiva del laudo.

4. Decláranse no probadas las excepciones de mérito formuladas por las convocadas.

5. Niéganse todas las demás pretensiones formuladas en la demanda y en su reforma.

6. Sin costas por las razones expuestas en la parte motiva.

7. Expídanse copias auténticas del presente laudo a cada una de las partes y al representante de la Procuraduría General de la Nación, con las constancias de ley (CPC, art. 115, num. 2º).

8. Protocolícese, por la presidente de este tribunal, el expediente contentivo de este laudo en una de las notarías del Círculo de Bogotá, D.C.

Notifíquese y cúmplase.

Salvedad: No considero que el artículo 10 de la Ley 222 de 1995, visto su tenor literal, genere en este caso solidaridad entre Ecopetrol y Ecogas.

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