TRIBUNAL ARBITRAL DE EQUIRENT BLINDADOS LTDA., CONTRA BTAXIS SAS

LAUDO ARBITRAL

Bogotá D.C., ocho de febrero de dos mil dieciséis.

Surtidas como se encuentran la totalidad de las actuaciones procesales previstas en la Ley 1563 de 2012, y siendo la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia de laudo dentro del presente proceso arbitral, el Tribunal Arbitral profiere en derecho el Laudo que pone fin al proceso arbitral convocado para dirimir las controversias surgidas entre la sociedad EQUIRENT BLINDADOS LTDA y la sociedad BTAXIS S.A.S, con ocasión del contrato de arrendamiento de vehículos blindados 381 celebrado entre las partes del presente proceso arbitral, previos los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.1. PARTES PROCESALES.

1.1.1. Parte Convocante.

La parte convocante de este trámite arbitral es la sociedad EQUIRENT BLINDADOS LTDA. sociedad comercial, constituida mediante escritura pública 2052 de la notaria 32 del círculo de Bogotá D.C., del día 18 de septiembre de 2008, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el señor ERNESTO SARRIA PLATA, según certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (Cuaderno Principal 1 folios 9 y 10).

En este trámite arbitral la sociedad está representada judicialmente por el doctor ANTONIO JOSÉ RESTREPO LINCE, abogado de profesión, con tarjeta profesional 48.642 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con el poder que obra en el expediente (Cuaderno Principal 1, folios 7 y 08).

1.1.2. Parte Convocada.

La parte convocada en el presente trámite arbitral es la sociedad BTAXIS S.A.S., sociedad comercial debidamente constituida mediante Acta1 del 13 de abril de 2012, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 18 de abril de 2012 bajo el Nº 241.623 del libro respectivo, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla y representada por el señor EDWIN PARRA CAMARGO según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y que obra en el expediente. (Cuaderno Principal 1 folios 11 a 13).

En el presente trámite arbitral la sociedad BTAXIS S.A.S. no designó apoderado judicial.

1.2. EL CONTRATO.

Las controversias suscitadas entre las partes del presente trámite arbitral, devienen del contrato de arrendamiento de vehículos blindados Nº 00381, suscrito entre EQUIRENT BLINDADOS LTDA y BTAXIS S.A.S, el día primero (1) de diciembre de dos mil trece (2013) y cuyo objeto, según la cláusula primera, es el siguiente:

Primera - Objeto: En virtud del presente contrato EL ARRENDADOR entrega a título de mera tenencia a EL ARRENDATARIO el uso y el goce del bien o bienes que se describen en las Actas de Identificación del Vehículo, las cuales son parte integrante del presente contrato y serán suscritas por EL ARRENDATARIO. EL ARRENDATARIO sabe que los vehículos que se le entregan en arriendo son de propiedad de EL ARRENDADOR o de terceras personas, pero EL ARRENDADOR se obliga a garantizarle el goce pacífico de los vehículos arrendados durante la vigencia del contrato. Los vehículos objeto del presente contrato se relacionarán con todas sus características en las Actas de Identificación.

1.3. EL PACTO ARBITRAL.

Las partes del presente proceso arbitral acordaron someter la solución de sus controversias a un tribunal de arbitramento, mediante la inclusión de clausula compromisoria en el Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381, en los siguientes términos:

“DÉCIMA NOVENA — TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. Toda diferencia que surja entre EL ARRENDADOR y EL ARRENDATARIO por la interpretación del presente contrato, su ejecución, su cumplimiento, su terminación o las consecuencias futuras del mismo, que no pueda arreglarse amigablemente entre las partes, será sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, integrado por (1) un árbitro que fallará en derecho y será designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, siguiendo en todo caso las disposiciones legales sobre la materia. El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá D.C. y la demanda arbitral se presentará ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de la misma ciudad. El fallo pronunciado por el árbitro será dictado en derecho y los gastos que ocasionaré el juicio arbitral serán por cuenta de la parte vencida.”

1.4. INICIACIÓN DEL TRÁMITE.

1.4.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria transcrita, por intermedio de apoderado judicial, la sociedad EQUIRENT BLINDADOS LTDA., presentó el día veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015), solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento y demanda arbitral en contra de la sociedad BTAXIS S.A.S.

1.4.2. Mediante sorteo público de árbitros, realizado el 28 de mayo de 2015 por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y al cual fueron invitadas previamente las partes por dicho Centro, fue designado como árbitro único, el doctor JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ, quien, encontrándose dentro del término de ley previsto por la Ley 1563 de 2012, aceptó la designación efectuada.

1.4.3. La aceptación del árbitro único, fue puesta en conocimiento de las partes, sin que existiera manifestación alguna de las mismas al respecto.

1.4.4. El 7 de julio de 2015, habiéndose citado oportunamente a las partes, y con la presencia del árbitro único, y del apoderado de la parte convocante, se instaló el Tribunal Arbitral, se designó como secretario al doctor DANIEL VILLARROEL BARRERA, quién aceptó y se posesionó ante el Tribunal en la misma audiencia, y se inadmitió la demanda presentada por las causales expuestas en el Auto 2 (Cuaderno principal 1, folios 83 a 86).

1.4.5. Encontrándose dentro del término de ley, el apoderado de la parte convocante presentó el 14 de julio de 2015, escrito de subsanación de demanda, que el Tribunal encontró conforme a la ley y, mediante Auto 3 de 23 de julio de 2015, admitió la misma y ordenó notificar personalmente la providencia a la parte convocada y correr traslado por el término de 20 días.

1.4.6. El 24 de agosto de 2015, de conformidad con lo ordenado por el Auto 3 proferido por el Tribunal, lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 y lo dispuesto por el Tribunal en el numeral 6 del Auto 1, a través de correo electrónico certificado y con destino a la dirección de correo electrónico incluida en el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad BTAXIS S.A.S. como dirección de correo electrónico de notificación judicial (ioseparraabtaxis.com), fue notificado por el secretario del Tribunal el auto admisorio de la demanda (Auto 3)(1). Para todos los efectos, en dicho mensaje electrónico dirigido a la parte convocada, se remitió copia del Acta 1 que contiene los Autos 1 y 2, del Acta 2 que contiene el Auto 3, de la demanda con sus anexos y del documento de subsanación de la demanda para el correspondiente traslado. El secretario solicitó un nuevo certificado de existencia y representación legal de la parte convocada, expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, el cual obra en el expediente (Cuaderno Principal 1, folios 98 a 100), en el cual se verificó y confirmó la información de dirección de notificación de la parte convocada.

1.4.7. El 29 de julio de 2015, el apoderado de la parte actora presentó escrito denominado “Solicitud de Secuestro”, solicitando la práctica de una medida cautelar, sobre el bien dado en arrendamiento en el Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381.

1.4.8. Mediante Auto 4 de 1º de octubre de 2015, el Tribunal encontró procedente la solicitud de decreto de medidas cautelares hecha por la parte actora y fijo caución para su práctica.

1.4.9. La parte cumplió y presto caución en los términos establecidos por el Tribunal Arbitral, con la constitución de la póliza judicial 31 JU005072 (Cuaderno de medidas cautelares, folios 2 a 4), por lo que, mediante Auto 9 de 21 de octubre de 2015, el Tribunal ordenó el secuestro del bien dado en arrendamiento en el Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381, comisionando al Juez Civil Municipal de Barranquilla (reparto) para la práctica de la correspondiente medida cautelar.

1.4.10. Habiendo transcurrido el término dispuesto para el traslado de la demanda, la parte convocada no se pronunció.

1.4.11. Ante la falta de pronunciamiento de la parte convocada, y con el fin de dar continuidad al proceso arbitral, el Tribunal fijó a través de Auto 5 como fecha para la realización de la audiencia de conciliación de que trata el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012, el día 21 de octubre de 2015.

1.4.12. A la audiencia de conciliación del presente proceso arbitral, únicamente compareció la parte convocante y su apoderado, razón por la cual el Tribunal declaró como fracasada la misma y ordenó la continuación del trámite arbitral, fijando, mediante Auto 7, los honorarios y gastos del Tribunal de conformidad con la Ley 1563 y demás disposiciones aplicables. Estando presente la parte actora, el apoderado de la misma presentó recurso de reposición en contra del Auto 7, poniendo se presente, entre otras consideraciones, el valor del vehículo del Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381, la incertidumbre sobre su situación y la proporcionalidad de las circunstancias especiales. Estudiado el recurso presentado, el Tribunal decidió revocar el auto impugnado y en su lugar fijó los honorarios y gastos de conformidad con lo indicado en el Auto 8.

1.4.13. En la oportunidad debida, la parte convocante pagó su porción correspondiente a los honorarios y gastos de funcionamiento del Tribunal. Frente al no pago de la porción correspondiente a la parte convocada, la parte actora, encontrándose dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, efectuó el pago de la porción correspondiente a la parte convocada.

1.5. TRÁMITE ARBITRAL.

1.5.1. El dos (2) de diciembre de 2015, según consta en los Autos 11 y 12 contenidos en el Acta 7, se realizó la primera audiencia de trámite del presente proceso arbitral de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1563 de 2015. El Tribunal se declaró competente para conocer y decidir en derecho sobre las controversias planteadas en la demanda arbitral.

1.5.2. Ejecutoriada la providencia de asunción de competencia, en la misma audiencia celebrada el dos (02) de diciembre de 2015, se resolvió tener como pruebas los documentos aportados por la parte convocante en su escrito de demanda y, se decretó de oficio, la prueba documental consistente en la acreditación de los requerimientos de incumplimiento que hiciere la parte actora a la parte demandada, en cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381.

1.5.3. El 9 de diciembre de 2015, el apoderado de la parte actora, remitió comunicación al Tribunal indicando que “me permito enviar los requerimientos efectuados a la parte demandada para el cumplimiento de contrato dentro de los términos pactados”, acompañando a dicha comunicación, diez y ocho (18) correos electrónicos y otros archivos adjuntos.

1.5.4. Practicadas todas las pruebas, se declaró cerrado el período probatorio y se citó a audiencia de alegatos de conclusión.

1.5.5. Audiencia de alegatos de conclusión.

El señor apoderado de la parte convocante, de manera oral y por escrito, en audiencia del día dieciséis (16) de diciembre de 2015, expuso sus alegatos y presentó resumen escrito(2).

1.5.6. Audiencia de Fallo.

Mediante Auto 15 contenido en el Acta 10 del tres (03) de febrero de 2015, el Tribunal señaló el día ocho (08) de febrero de 2016, para audiencia de laudo.

1.6. TÉRMINO PARA FALLAR.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 “Si en el pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso, este será de seis (6) meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Dentro del término de duración del proceso, deberá proferirse y notificarse, incluso, la providencia que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o adición.

Dicho término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello”.

El Tribunal se encuentra en término para fallar, toda vez que culminada la primera audiencia de trámite del presente proceso arbitral, el dos (2) de diciembre de 2015, el término inicial de los seis meses vencería entonces el dos (2) de junio de 2016. Por consiguiente, el Tribunal se encuentra en la oportunidad legal para proferir el laudo.

1.7. La Demanda.

1.7.1. Pretensiones.

En la demanda, el doctor ANTONIO JOSÉ RESTREPO LINCE en calidad de apoderado judicial de la parte convocante, formuló las siguientes pretensiones, que se transcriben tal y como fueron formuladas:

“1. Que se decrete que EL ARRENDATARIO incumplió sus obligaciones, al incurrir en mora en el pago del canon a partir del día veinte de febrero de 2014 respecto al vehículo mencionado y descrito en el hecho cuarto de la demanda.

2. Que en consecuencia se declare terminado el contrato de ARRENDAMIENTO, celebrado entre mi mandante EQUIRENT BLINDADOS LTDA y BTAXIS S.A.S.

3. Que se ordene al demandado convocado a restituir a EQUIRENT BLINDADOS LTDA el vehículo que recibió y que se identifican como sigue: CAMPERO MITSUBISHI NEW NATIVA, MODELO 2013, CHASIS NMBGRKH8ODF000119, MOTOR Nº 4M41UCAY4130, COLOR NEGRO MICA, SERVICIO PARTICULAR, DE PLACAS HJS961.

4. Que se condene en costas a la sociedad demandada”.

1.7.2 Los hechos de la demanda.

Las pretensiones formuladas por la parte convocante están fundamentadas en los hechos, que se resumen a continuación:

1. El día primero (1) de diciembre de dos mil trece (2013), por documento privado suscrito entre EQUIRENT BLINDADOS LTDA., en calidad de arrendador y BTAXIS S.A.S. en calidad de arrendatario, se celebró contrato de arrendamiento de vehículos blindados Nº 381.

2. El arrendatario se obligó a pagar a la sociedad arrendadora, en sus oficinas en Bogotá, un canon mensual de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 3.239.748), los días 20 de cada mes, a partir del 20 de febrero de 2014.

3. El contrato de arrendamiento de vehículos blindados 381 tenía un término de duración de 60 meses.

4. El arrendatario incumplió su obligación de pagar el valor acordado en el contrato.

5. El arrendatario incurrió en mora por el solo hecho del no pago del canon mencionado y sin necesidad de requerimiento alguno, a los cuales renunció expresamente, tal y como consta en el contrato.

II. CONSIDERACIONES

Para su decisión en derecho, el Tribunal analizará los siguientes aspectos de la controversia: 1. Los presupuestos procesales, y 2. La evaluación de la relación contractual y las pretensiones de la demanda.

1. Los presupuestos procesales.

Previo al análisis de la controversia, el Tribunal pone de presente que el proceso reúne los presupuestos procesales requeridos para su validez y para la adopción del fallo. En efecto:

a. De conformidad con los certificados de existencia y representación legal acompañados al presente proceso, tanto la parte convocante como la parte convocada son personas jurídicas legalmente formadas y representadas.

b. El Tribunal constató que: i. Había sido integrado e instalado en debida forma; ii. Las partes eran plenamente capaces; iii. Se consignaron oportunamente las sumas por concepto de gastos del arbitraje y honorarios del árbitro único y del secretario.

c. El proceso se adelantó en todas sus fases con observancia de las normas procesales pertinentes y con pleno respeto de los derechos de defensa de las partes.

d. En relación con el hecho que la parte convocada no hubiese contestado la demanda ni designado apoderado, debe indicarse que: (i) De conformidad con el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, la comunicación se debe remitir a la dirección que aparece registrada en la Cámara de Comercio. Asimismo, establece el parágrafo de dicho artículo 315, que las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia, deberán registrar en la Cámara de Comercio la dirección donde recibirán notificaciones judiciales, y con el mismo propósito, deberán registrar una dirección electrónica. Verificado nuevamente por el Tribunal, todas las comunicaciones dirigidas a la parte convocada, las mismas fueron remitidas a la dirección de notificaciones que aparece en el certificado de existencia y representación de la parte convocada para las notificaciones judiciales, (ii) de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1563, en el proceso arbitral podrán utilizarse medios electrónicos en todas las actuaciones y, en particular, para llevar a cabo todas las comunicaciones, tanto del tribunal con las partes como con terceros, para la notificación de las providencias, la presentación de memoriales y la realización de audiencias, así como para la guarda de la versión de las mismas y su posterior consulta, (iii) tal como se vislumbra en los documentos que obran en el expediente, las comunicaciones fueron remitidas a la dirección de notificaciones de la parte convocada, se adelantaron a través de correo electrónico certificado, de donde se evidencia tanto su recepción, como la apertura en varias oportunidades de dichas comunicaciones por la parte convocada, y (iv) finalmente, el Tribunal por distintos medios, brindó a la parte convocada medios adicionales para su participación en el presente proceso arbitral, incluyendo la facilitación de medios de conexión remota para participar en las audiencias adelantas, comunicaciones adicionales indicando las fechas de cada audiencia, y el contacto por parte de la secretaría con las oficinas de la parte convocada, informando sobre lo adelantado en el presente proceso arbitral.

e. No obra causal de nulidad que afecte la actuación

2. Evaluación de las pretensiones de la demanda.

En función de las pretensiones de la demanda, el Tribunal acomete a renglón seguido el análisis y evaluación de los aspectos que siguen.

2. (sic) La evaluación de la relación contractual y las pretensiones de la demanda.

El conflicto materia de este arbitraje se centra en la solicitud de terminación y la consecuente restitución del bien objeto del Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381 suscrito entre las partes, con ocasión del incumplimiento alegado por la parte convocante, respecto del no pago del canon de arrendamiento por la parte convocada, en su calidad de arrendataria, desde el 20 de febrero de 2014.

Sea lo primero indicar, que el contrato de arrendamiento es definido por el artículo 1973 del Código Civil, en los siguientes términos: “El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”.

Como prueba de la relación sustancial entre las partes, se allegó con la demanda, un contrato de arrendamiento, suscrito por ambas partes, y donde se encuentra el sello de la parte convocada en cada una de sus páginas (Cuaderno de pruebas, folios 1 a 9). Asimismo, el acta de entrega AT — 40522, (Cuaderno de pruebas, folios 10 a 17), documento que igualmente se presentó con la demanda, donde se incluye, entre otros aspectos, la entrega del vehículo objeto del contrato de arrendamiento, el estado del vehículo, la identificación del vehículo, la identificación de las partes, las condiciones, variaciones y fechas del canon y el mantenimiento del vehículo, también se encuentra suscrita por la parte convocada.

En el Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381 y el acta de entrega AT — 0040522, se encuentra plenamente identificado el bien objeto del mismo, correspondiente al CAMPERO MITSUBISHI NEW NATIVA, MODELO 2013, CHASIS Nº NMBGRKH8ODF000119, MOTOR 4M41UCAY4130, COLOR NEGRO MICA, SERVICIO PARTICULAR, DE PLACAS HJS961.

Por otro lado, como consta en el acta de entrega AT — 0040522, la parte convocante en calidad de arrendador, hizo entrega real y material a la parte convocada, del bien mueble objeto del contrato de arrendamiento, quién lo declaró recibido.

Debe señalarse, que el acta de entrega AT — 0040522, que se reitera, fue suscrita por ambas partes, es parte integral del Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381, tal como se deduce de la propia voluntad de las partes, incorporada en el propio contrato.

Ante lo anterior, y la ausencia de controversia alguna respecto de la autenticidad de los documentos mencionados o tacha alguna respecto del contrato de arrendamiento, este Tribunal debe concluir sin análisis adicionales, que media una relación jurídica de índole sustancial entre las partes convocante y convocada, y que el Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381 es prueba de la misma.

El régimen aplicable al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes

La relación sustancial concretada en el Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381 como la presente controversia se da entre dos sociedades comerciales. Asimismo, el contrato controvertido, en especial, al recaer sobre un bien mueble, -y sin entrar a discutir el carácter mercantil del arrendamiento de bienes inmuebles por no ser esta la oportunidad pertinente-, corresponde a un acto de comercio, de los expresamente indicados en el numeral 2º del artículo 20 del código de comercio: “2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos”. Ante estas dos circunstancias que derivan el marcado carácter mercantil de la relación entre las partes, la consecuencia inmediata, es por lo tanto, la aplicación al contrato de arrendamiento de las normas comerciales y las demás fuentes especiales que contempla el sistema jurídico mercantil.

No obstante lo anterior, el Tribunal debe observar para el análisis e interpretación del contrato de arrendamiento controvertido, que como es sabido, el Código de Comercio no reguló la figura del contrato de arrendamiento “el legislador mercantil no lo reglamentó en el libro pertinente, a lo mejor, porque consideró suficiente la estructura general de este contrato que se contempla en el Código Civil, la cual se aplica a los arrendamientos mercantiles en virtud de la remisión directa que realiza el artículo 822 del estatuto mercantil(3); lo anterior debe entenderse, sin perjuicio de la regulación del contrato de arrendamiento de establecimiento de comercio que sí incluyó el legislador en el estatuto mercantil, pero que no es aplicable al presente caso, cuyo objeto versa sobre el arriendo de un vehículo.

Ante esta ausencia de desarrollo normativo del contrato de arrendamiento en el derecho mercantil, es necesario acudir a lo dispuesto en el título preliminar del Código de Comercio (artículos 1º a 9º), en donde se establece las fuentes del derecho comercial, entiéndase para el caso concreto, las fuente a aplicar para la cuestión controvertida, las cuales son, en su orden, las siguientes:

1. La Ley imperativa comercial (artículo 1º del C. de Co.).

2. La Ley comercial dispositiva por vía principal (artículo 1º del C. de Co.).

3. Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados (artículo 4º del C. de Co.).

4. Normas comerciales supletivas.

5. Costumbres comerciales.

6. La legislación civil, siempre que no se trate de remisión directa de la ley mercantil (artículo 2º del C. de Co.).

7. Las fuentes auxiliares, a saber, los tratados o convenciones internacionales de comercio no ratificados por Colombia, la costumbre mercantil internacional y los principios general del derecho comercial.

Una vez hecho mención a las fuentes y el análisis de su aplicabilidad ante el contrato de arrendamiento objeto del proceso arbitral, debe concluirse sobre este tópico, que:

i. Las estipulaciones del Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381, se preferirán en su aplicación, en virtud del artículo 4º del Código de Comercio, siempre y cuando no contraríen normas imperativas y el orden público.

ii. En relación con la formación, efectos interpretación, extinción, anulación o rescisión de las obligaciones y del Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381, se aplicarán las disposiciones del derecho civil, en virtud de la remisión expresa a dicho régimen del artículo 822 del Código de Comercio, “Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa...”. Debe señalarse, que la remisión expresa al régimen civil incorporada en el artículo 822 del Código de Comercio, excluye la posibilidad que las normas civiles sobre extinción de actos, contratos y obligaciones se encuentren como la sexta fuente del derecho mercantil en los términos de la clasificación indicada, sino que, reputándose como verdaderas normas comerciales oscilan entre la primera y tercera fuente, dependiendo del carácter imperativo o supletivo de las mismas.

iii. Ante la ausencia de reglamentación de algún aspecto o vacíos del Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381, se aplicarán las disposiciones del código civil que regulan el contrato de arriendo.

Una vez determinado, en los términos indicados, el régimen que regula el Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381, incluyendo lo referente a las controversias sobre el incumplimiento del contrato por el no pago del canon de arrendamiento como la consecuente terminación y restitución pretendida, es necesario atenerse a la voluntad de las partes, a través de las estipulaciones del contrato válidamente celebrado, como fuente reguladora de derechos, como a las disposiciones —en caso de existir—, del Código Civil sobre la terminación del contrato, y en caso de ausencia de estipulación contractual, sobre un aspecto distinto a los indicados en el artículo 822 del código de comercio- se debe acudir, de forma posterior, a las normas supletivas.

Lo anterior, quiere resaltar el Tribunal, debe entenderse bajo el marco de la autonomía de la voluntad que irradia nuestro ordenamiento jurídico civil y comercial. El desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, conlleva a que, el contrato, como especie del negocio jurídico, constituye una de las fuentes de las obligaciones, el cual, celebrado con plenitud de los requisitos de capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos, constituye ley para las partes (art. 1602 del C.C.); teniendo de tal manera, las normas que regulan los respectivos contratos, el carácter de supletorias de la voluntad de los contratantes.

De esta manera, se ha desarrollado el postulado de otorgar a los contratos celebrados en estas condiciones fuerza de ley, de forma tal, que únicamente pueden ser invalidados por causales legales o por el consentimiento de quiénes confluyeron a su celebración, debiendo ser dirimido el conflicto jurídico de intereses surgido con ocasión de una relación contractual, acudiendo como primera medida a las estipulaciones contractuales, siempre y cuando no vayan contra el orden público y las buenas costumbres y, sucedáneamente, a las normas legales.

Entonces, siguiendo el orden lógico del discurso hasta ahora expuesto, a continuación se adelantará, bajo este marco, el análisis respecto de (i) la obligación del pago del canon de arrendamiento, (ii) la terminación del contrato de arrendamiento y (iii) la restitución del bien objeto del contrato de arrendamiento.

(i) La obligación del pago del canon de arrendamiento

El precio es un elemento esencial del contrato típico de arrendamiento. Sin necesidad de discusión alguna, el pago del canon del arrendamiento, es una obligación atribuible al arrendatario, y es tal vez, de forma coetánea con la obligación de conservación de la cosa dada en arrendamiento, la obligación principal del arrendatario.

En efecto, como se indicó, el artículo 1.973 del Código Civil, tipifica el contrato de arrendamiento como “un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado” (subrayado fuera de texto), agregando el artículo 1.975 que “el precio puede consistir ya en dinero, ya en frutos naturales de la cosa arrendada, y en éste segundo caso puede fijarse una cantidad determinada o una cuota de los frutos de la cosecha. Llamase renta cuando se paga periódicamente”

Tal es la magnitud y entidad de dicha obligación de pago a cargo del arrendatario, que el legislador estableció que, en los eventos en que la causa objeto de una demanda de restitución sea la falta de pago, el arrendatario demandado no será oído hasta que demuestre el pago de los cánones adeudados (artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, recogido igualmente en el artículo 384 del Código General del Proceso).

Asimismo, establece el artículo 2000 del Código Civil —sin necesidad de mayor desarrollo- que “El arrendatario es obligado al pago del precio o renta”, obligación que también se encuentra recogida expresamente en el Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381 “NOVENA OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. EL ARENDATARIO se obliga a:...a) A Pagar el canon de arrendamiento en la forma estipulada en el contrato”.

Por otro lado, respecto de la carga de la prueba de pago, es punto pacifico, que a quién le sea imputable la obligación de pago, le corresponde la carga de prueba de dicho pago; y que para el caso específico del no pago de los cánones de arrendamiento, la carga de la prueba sobre la falta de pago aducida como causal para la terminación del contrato de arrendamiento, no corresponde al actor “la causal de terminación del contrato de arrendamiento por falta de pago de los cánones de arrendamiento, cuando ésta es invocada por el demandante para exigir la restitución del inmueble, coloca al arrendador ante la imposibilidad de demostrar un hecho indefinido: el no pago. No es lógico aplicar a este evento el principio general del derecho probatorio según el cual “incumbe al actor probar los hechos en los que basa su pretensión”. Si ello fuera así, el demandante se vería ante la necesidad de probar que el arrendatario no le ha pagado en ningún momento, en ningún lugar y bajo ninguna modalidad, lo cual resultaría imposible dadas las infinitas posibilidades en que pudo verificarse el pago. Precisamente por la calidad indefinida de la negación —no pago— es que se opera, por virtud de la ley, la inversión de la carga de la prueba. Al arrendatario le corresponde entonces desvirtuar la causal invocada por el demandante, ya que para ello le bastará con la simple presentación de los recibos o consignaciones correspondientes exigidos como requisito procesal para rendir sus descargos...”(4).

De lo anterior y de los documentos que obran en el expediente, en especial, de la demanda y los alegatos de conclusión, se infiere sin problema que la parte demandante cumplió con esta carga, afirmaciones que no fueron controvertidas por la parte convocada. Adicionalmente, debe anotarse que, de conformidad con el acervo probatorio que obra en el presente proceso, la parte demandante en múltiples comunicaciones electrónicas, dirigidas a la dirección de notificaciones judiciales de la parte demandada, puso de presente el no pago de los cánones pendientes, requiriéndola para que se allanara a cumplir.

(ii) La terminación del contrato de arrendamiento

Las partes respecto de este punto, lo regularon en el Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381 de la siguiente manera:

“DÉCIMA CUARTA — CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO... B. TERMINACIÓN POR PARTE DEL ARRENDADOR: EL ARRENDADOR podrá dar por terminado este contrato antes del vencimiento del término y exigir la devolución de los vehículos así como las demás prestaciones a que hubiera lugar, en cualquiera de las siguientes situaciones: 1) El no pago oportuno del canon mensual por parte de EL ARRENDATARIO por más de dos (2) períodos”.

Del contraste de esta disposición con el hecho de la falta de pago de los cánones del contrato de arrendamiento en los términos indicados, falta de pago que ampliamente ha excedido los dos (2) períodos requeridos para la procedencia de la causal de terminación, fácilmente se infiere que se activó la causal de terminación pactada por las partes.

En relación con las cláusulas quinta y décima cuarta del Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381 respecto de la necesidad de requerimientos previos para la procedencia de la terminación del contrato mencionado, el apoderado de la parte convocante, en la audiencia de alegatos, puso de presente que dichos requerimientos sólo tenían aplicación para los eventos de terminación unilateral del contrato por las propias partes contractuales, pero al tratarse el presente caso, de la solicitud de terminación por vía judicial —entiéndase el proceso arbitral—, dichos requerimientos no son procedentes. En todo caso, el apoderado de la parte convocante, dejando dicha salvedad, allegó dentro de la oportunidad procesal debida, múltiples correos electrónicos sobre los requerimientos hechos a la parte convocada. Frente a esta situación, el Tribunal advierte, que nuevamente, bajo el sustento del principio de autonomía de la voluntad

que irriga todo nuestro ordenamiento jurídico, y se insiste, en virtud del artículo 4º del Código de Comercio que indica que “Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles” las disposiciones contractuales son vinculantes para las partes, tal como se señaló previamente en las consideraciones sobre el régimen aplicable, y de una debida interpretación del Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381, debe entenderse que de dicha voluntad de que gozan las partes, la cual sólo podría estar limitada por el orden público y las normas imperativas, ellas establecieron unos requerimientos previos y privados para que tuviera lugar la terminación del contrato, los cuales son exigibles y aplicables para el caso en estudio.

Las disposiciones que revisten el carácter de imperativas se caracterizan por cuanto frente a lo dispuesto en ellas no tiene eficacia la disposición de las partes, al paso que las supletivas cumplen una función integradora de la voluntad de ellas cuando estas no han dispuesto sobre un tema específico o han dispuesto deficientemente.

El profesor José Ignacio Narváez García, señala que “las [normas] imperativas imponen limitaciones a la autonomía de la voluntad, vale decir, a la libertad de contratación, o determinan sanciones, o establecen regulaciones que no son susceptibles de modificación o derogación por acuerdos privados. Se inspiran en principios estrechamente ligados a la noción de orden público en su triple dimensión de seguridad del estado, moralidad de la comunidad y protección de terceros. Por eso son siempre de ineludible cumplimiento y se manifiestan en textos expresos e inequívocos que, desde otro ángulo consideradas, son de interpretación estricta y aplicación restrictiva”(5).

Por lo anterior, y del contraste de las disposiciones contractuales y las normas imperativas, en especial del examen del Código Civil, capítulo IV en el título XXVI del Libro Cuarto, “De la expiración del arrendamiento de cosas” las cláusulas quinta y décima del Contrato de Arrendamiento de Vehículos Blindados 381 no adolecen de irregularidad alguna en cuanto a la regulación de las condiciones para la terminación del mismo, siendo los mismos, por lo tanto, exigibles para las partes. Una vez definido, lo anterior, el Tribunal debe determinar, si dichos requerimientos previos para la terminación, que se insiste, son válidos y exigibles, se cumplieron por la parte convocante.

De las pruebas remitidas por el apoderado de la parte convocante, de que dan fe dieciocho (18) correos electrónicos enviados a la dirección de notificaciones judiciales de la parte convocada, se vislumbra claramente, que la parte convocante, requirió a la parte convocada, poniendo de presente la falta de pago de los cánones, y entre otros aspectos, haciendo mención expresa al incumplimiento del contrato de arrendamiento, de donde se puede inferir, sin duda alguna, que los requerimientos establecidos en el contrato, tal cual como se estipularon, fueron cumplidos en debida forma por la parte convocante. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que no hubo contradicción u oposición a dichas pruebas, debe entenderse que es procedente la terminación del contrato de arrendamiento.

Por otro lado, tratándose de un proceso de restitución, y en relación con los requerimientos privados a que hace mención el numeral 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil respecto del artículo 2035 del Código Civil, aunque si hipotéticamente existiera la discusión sobre si dichos requerimientos fueran igualmente necesarios para los casos de restitución de bien mueble arrendado, en la medida que dicho artículo 2035 del Código Civil fue derogado expresamente por la Ley 820 de 2003, se entiende modificado por supresión lo indicado en le (sic) numeral 2º del artículo 424 del código citado, no siendo necesario, por lo tanto, requerimiento alguno adicional.

(iii) La restitución del bien objeto del contrato de arrendamiento

El ordenamiento procesal —Código de Procedimiento Civil en sus artículos 424 a 426 y artículos 384 y 385 del Código General del Proceso— prevén la acción de restitución con el fin de restituir la tenencia de los bienes dados en arrendamiento o bajo otro título, bien sean inmuebles o muebles “consagrando el trámite único para toda clase de procesos de restitución de tenencia, sea de vivienda ora de locales u oficinas comerciales o de bienes muebles, pues respecto de estos últimos, como se verá, en lo pertinente se aplican las mismas disposiciones procesales”(6).

En relación con la restitución, el artículo 2005 del Código Civil establece: “El arrendatario es obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento. Deberá restituir en el estado en que le fue entregada...”.

Por otro lado, respecto de la acumulación de pretensiones del libelo para obtener tanto la terminación como la restitución del bien dado en arrendamiento, debe señalarse que tal como se indica en las pretensiones de la demanda, y como es propio de las finalidades de la restitución, la búsqueda del mismo se refiere a la restitución de la tenencia del bien otorgado “Existe un malentendido generalizado respecto a la finalidad de este proceso pues se estima que busca el pago de cánones adeudados. En absoluto, mediante el lanzamiento se procura, primordialmente, la restitución de la tenencia otorgada por el arrendador al arrendatario y las indemnizaciones a que haya lugar, y no el pago de los cánones adeudados o de multas pactadas en caso de incumplimiento, los cuales se deben hacer efectivos por un proceso de ejecución independiente...”(7).

En relación con la pretensión de restitución de la tenencia del bien dado en arrendamiento acompañada de la terminación del contrato de arrendamiento, se consideró en algún momento, al menos ante la vía de la jurisdicción ordinaria, que debían tratarse como proceso diferentes, y que en el caso de alegar la terminación, lo que en todo caso llevaría a la restitución en caso de prosperar, debía seguirse otro tipo de proceso declarativo(8).

Sin embargo, de conformidad con el decantamiento de esta figura procesal desde la expedición del Código de Procedimiento Civil y los antecedentes jurisprudenciales, nada pugna para solicitar la restitución y de manera subsidiaria la terminación o en sentido diferente, lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones particulares y especiales del proceso arbitral incorporadas en la Ley 1563 de 2012, que no hacen distinción frente a los distintos tipos de procesos.

Al haber invocado en el libelo el no pago de los cánones —rentas o precio del contrato de arrendamiento— desde el mes de febrero de 2014, sin que la parte convocada hubiese demostrado lo contrario, así como haberse probado el cumplimiento por la parte convocante de los requerimientos previos de terminación establecidos autónomamente por las partes en el contrato, se debe predicar el incumplimiento del contrato de arrendamiento que determina, por este solo aspecto y sin lugar a consideraciones adicionales, la prosperidad de las pretensiones deprecadas, tanto en relación con la terminación de dicho negocio jurídico como frente a la consecuencial restitución del bien mueble.

IV. COSTAS

Conforme a lo dispuesto por los artículos 392 y 393 de Código de Procedimiento Civil., considerando la prosperidad de las pretensiones de la demanda, se le impondrán a la sociedad BTAXIS S.A.S. las costas del proceso, quién por lo demás, tendrá que reconocer el 100% de la suma que por honorarios y gastos administrativos y de secretaría señaló el Tribunal en el Auto 8, correspondientes a diez millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos colombianos (COP10.384.000) —incluyendo el IVA del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá—, teniendo en cuenta que en su oportunidad, no procedió al pago del 50% que le correspondía y el mismo fue cubierto por el demandante según lo autoriza el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012. Adicionalmente, debe advertirse que no consta en el proceso, que la parte convocada hubiese reembolsado a la parte convocante la suma señalada a su cargo, ni tampoco que esta última hubiese iniciado proceso ejecutivo por ese concepto, en tanto no media solicitud al Tribunal de la certificación de que trata el artículo 27 mencionado.

En cuanto a las agencias en derecho, el Tribunal considera razonable establecerlas en dos salarios mínimos legales mensuales vigentes considerando los lineamientos y topes del Acuerdo 1881 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, como sus modificaciones y adiciones.

En conclusión, la parte demandada deberá pagar a la parte demandante por concepto de costas la suma de diez millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos colombianos (COP10.384.000) más dos salarios mínimos legales mensuales vigentes correspondiente a agencias en derecho.

V. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, este Tribunal Arbitral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. Declarar el incumplimiento de la sociedad BTAXIS S.A.S. del contrato de arrendamiento de vehículos blindados 381, celebrado el día primero (1) de diciembre de dos mil trece (2013) entre la sociedad EQUIRENT BLINDADOS LTDA y la sociedad BTAXIS S.A.S.

2. Declarar la terminación del contrato de arrendamiento de vehículos blindados 381, celebrado el día primero (1) de diciembre de dos mil trece (2013) entre la sociedad EQUIRENT BLINDADOS LTDA y la sociedad BTAXIS S.A.S.

3. Ordenar a la sociedad BTAXIS S.A.S que restituya a la sociedad EQUIRENT BLINDADOS LTDA dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente laudo el vehículo Campero, marca Mitsubishi — New Nativa, Placa HJS961, modelo 2013, color negro, Chasis MMBGRKH8ODF000119 y Nº de motor 4M41UCAY4130.

Para ello se comisiona al juez civil municipal de la ciudad de Barranquilla a quien por reparto corresponda el respectivo despacho, funcionario que, de mediar contumacia por parte de la sociedad BTAXIS S.A.S., dará cumplimiento a la restitución aquí ordenada en la forma prevista por las normas aplicables. Por la secretaría del Tribunal se librará el correspondiente Despacho Comisorio, adjuntando copia del presente laudo.

4. Condenar a la sociedad BTAXIS S.A.S a pagar a la sociedad EQUIRENT BLINDADO LTDA., la suma de diez millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos colombianos (COP10.384.000) más dos salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de agencias en derecho y costas.

5. Ordenar que se expidan copias auténticas de este laudo a cada una de las partes con las constancias de ley.

6. En firme este laudo, entréguese el expediente el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para los efectos legales pertinentes.

JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUÍZ

Árbitro

DANIEL FELIPE VILLARROEL BARRERA

Secretario