Laudo Arbitral

Eugenio Schmidt Reitz, Ilse Helena Schmidt de Ritzl y Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle

v.

Aurora Ramírez de Baquero

Octubre 10 de 1994

Acta 20

Audiencia de fallo

En Santafé de Bogotá, D.C., a los diez días (10) del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), a las tres de la tarde (3:00 p.m.), se reunieron en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede del tribunal, los doctores José Ignacio Narváez García, árbitro único y Florencia Lozano Reveiz, secretaria, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de fallo convocada por providencia de octubre 5 de 1994, la cual fue notificada en debida forma. Asistieron los apoderados de las partes, doctores Gilberto Peña Castrillón y Luis Alonso Gutiérrez Ríos.

Abierta la sesión el árbitro autorizó a la secretaria para dar lectura al laudo que pone fin al proceso, estando dentro del término legal, laudo que se pronuncia en conciencia y se suscribe por el árbitro y la secretaria.

Laudo

Santafé de Bogotá, D.C., octubre diez (10) de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Agotado el trámite legal correspondiente, se procede a proferir el fallo con el cual concluye este proceso arbitral promovido por Eugenio Schmidt Reitz, Ilse Helena Schmidt de Ritzl y Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle como demandantes, para dirimir sus diferencias con la señora Aurora Ramírez de Baquero como demandada, socios todos de “Palmeras Los Araguatos Limitada”.

Y como el laudo es “en conciencia”, conviene mencionar el artículo 116 de la Constitución Política por cuanto prevé que los árbitros profieran “fallos en derecho o en equidad”, no en conciencia. Así mismo el Código de Procedimiento Civil enumera, entre los poderes del juez, el de “resolver los procesos en equidad, si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza”; y en el artículo 304 ordena que en la motivación de la sentencia se expongan con brevedad y precisión “los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios” indispensable para fundar las conclusiones.

¿Y qué es la equidad? El jurista español Manuel Osorio y Florit la define así: Justicia distributiva; es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. Moderación en la aplicación de la ley, atemperando según el criterio de justicia el rigor de la letra. Principios generales que deben guiar la facultad discrecional del juez (Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Edit. Heliasta, Buenos Aires, 1979, pág. 288).

Claro que el fallo en equidad solo puede pronunciarse cuando —como en este caso— un acuerdo expreso de las partes libera al juzgador del deber de fallar en derecho. Y de las directrices que han de orientar al fallador en equidad se destacan estas: a) decidir cuando se trata de derechos disponibles de las partes y susceptibles de transacción; b) atacar, como si la sentencia fuera en derecho, todas las reglas procedimentales y sobre pruebas, pues inclusive de estas el citado artículo 304 del Código de Procedimiento Civil exige “un examen crítico”; y c) por sobre todo, amplicar el principio del debido proceso, derecho fundamental (C.P., art. 29) que impone “la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, vale decir, ceñirse a las normas procedimentales así como a las demás que por su carácter de orden público implican ineludible cumplimiento. De manera que la igualdad y proporcionalidad así como la moderación y el atemperamiento de los preceptos escritos, a que alude Osorio y Florit, se circunscriben a la aplicación de los del derecho positivo sustancial, siempre que no ostenten la impronta de imperativos.

I. Antecedentes

1. En la escritura 706 del 24 de junio de 1985, otorgada en la Notaria Única de Acacías, departamento del Meta, mediante la cual se constituyó la sociedad “Palmeras Los Araguatos Limitada”, se previó que en caso de surgir diferencias entre los socios y la sociedad o entre ellos mismos, una vez realizados ciertos intentos tendientes a solucionarlos, sin lograrlo, “el asunto se someterá a decisión de un árbitro nombrado por la Cámara de Comercio de Bogotá a solicitud de uno de los socios y su decisión será en conciencia...” (art. décimo quinto). Tal cláusula fue invocada por los socios Schmidt ante la Cámara de Comercio para que integrara este tribunal, porque “actos de intromisión o interferencias de hecho en la empresa” por parte de los herederos de don Rosendo Baquero, y la falta de colaboración del representante designado por ellos, originaron serias diferencias que no se han solucionado con el ingreso como socia de doña Aurora Ramírez de Baquero. La solicitud fue admitida en providencia del 15 de octubre de 1993.

2. Con poder conferido por doña Aurora Ramírez de Baquero, el doctor Luis Alonso Gutiérrez Ríos contestó oportunamente la demanda, por lo cual el centro de arbitraje y conciliación mercantiles inició el 27 de enero y concluyó el 10 de febrero del presente año la audiencia de conciliación entre las partes, sin que se lograra acuerdo alguno.

3. La Cámara de Comercio designó árbitro único al suscrito José Ignacio Narváez García y el 28 de febrero último se llevó a cabo la audiencia de instalación del tribunal, en la cual se designó como secretaria a la doctora Florencia Lozano Reveiz, se señaló la suma para honorarios y gastos de funcionamiento y se fijó como sede del tribunal este centro de conciliación y arbitraje.

4. El tribunal, en acatamiento a la tarifa vigente en este centro de conciliación y arbitraje, fijó la suma $ 10.000.000 para honorarios del árbitro y la secretaria, gastos de funcionamiento, protocolización del expediente, registro y otros. Don Eugenio Schmidt consignó el 50% y en vista de que la demandada no sufragó el otro 50%, lo canceló oportunamente el mismo señor Schmidt.

5. En la fecha y hora señalada para la primera audiencia de trámite, los apoderados de las partes solicitaron suspensión del proceso. Este se decretó entre los días 14 y 27 de abril del año en curso. Fue así como dicha audiencia solo se efectuó el veintiocho de abril pasado, en la cual habiéndose dado cumplimiento al artículo 107 de la Ley 23 de 1991, el tribunal asumió competencia para conocer las cuestiones sometidas a su decisión y decretó las pruebas pedidas.

6. Se practicaron las pruebas solicitadas por las partes, con excepción de aquellas de las cuales desistieron. Y concluida la etapa la etapa probatoria, en vista de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2279 de 1989, el tribunal convocó a las partes a una audiencia especial para exponer varias posibles fórmulas de arreglo de sus diferencias, en ejercicio de la facultad para procurar la conciliación de las opuestas pretensiones. Y como fueron inútiles tales esfuerzos, se fijaron fecha y hora para la audiencia de alegatos de conclusión.

ll. Pretensiones de los demandantes y oposición de la demandada

Primera. Que entre los demandantes Eugenio Schmidt Reitz, Ilse Helena Schmidt de Ritzl y Rosario Ingeborg de Eberle, por una parte, y la demandada, señora Aurora Ramírez de Baquero, ha dejado de existir ánimo societario que permita la tranquilidad y productiva ejecución de los negocios de la sociedad Palmeras Los Araguatos Limitada, de tal manera que se impone una solución que trate de preservar la empresa.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior se decrete la escisión de la empresa, sobre las siguientes bases y todas las demás de carácter jurídico y económico que se demuestren en el proceso:

a) Como los demandantes tienen interés en continuar con la sociedad esta no se disuelve, ni liquida; la sociedad continuaría con los socios Eugenio Schmidt, Ilse Helena Schmidt de Ritzl y Rosario Ingeborg Schmidt.

b) Se dividen los inmuebles que conforman la unidad de explotación agraria (palma africana) de la sociedad, ubicados en San Carlos de Guaroa, Meta, identificado como se expresa en sus respectivos folios de matrícula inmobiliaria, de tal manera que teniendo en cuenta las participaciones societarias, y los pasivos y los créditos de los socios, queden todas esas obligaciones compensadas. De igual manera se hará con los muebles de la sociedad y, en resumen con todo su patrimonio.

c) Como la sociedad tiene importantes pasivos con el municipio, el Banco Ganadero y otros acreedores, si tales pasivos debieren continuar en cabeza de la sociedad, se harán las compensaciones que resulten necesarias con los bienes que hubiere que adjudicar a la demandada si esta no asumiere esos pasivos por alguna razón.

d) Que como consecuencia de lo anterior y en la forma que lo decrete el laudo, la sociedad no sufre ninguna solución de continuidad pero, a partir del laudo, su capital social queda reducido a $ 46.000.000 dividido en 46.000 cuotas sociales de $ 1.000 cada una, efectivamente pagado y cuyos propietarios son los mismos demandantes, en la proporción que en cada caso indique el laudo.

e) Que se ordene el registro o inscripción de las partes pertinentes del laudo tanto en la Cámara de Comercio de Bogotá, para los efectos de la sociedad Palmeras Los Araguatos Limitada, y en la oficina de registro de instrumentos públicos de San Martín, Meta, para lo que resulte pertinente, con relación a los inmuebles y en las oficinas de registro automotor correspondiente, si fuere el caso.

Tercera. En subsidio de la segunda declaración, esto es, si no acogiere o no fuere posible la escisión de la empresa que se decrete la exclusión de la socia Aurora Ramírez de Baquero, por la misma causa declarada en la primera pretensión y se determina la manera de volver y pagar su aporte, se decrete la reducción del capital social, todo ello tomando en cuenta la situación de iliquidez de la sociedad y de los demandantes.

Cuarta. En subsidio de la segunda y tercera declaraciones, se decretará la disolución y liquidación de la sociedad por la misma causa declarada en la primera pretensión llevándose a efecto, dentro de este mismo proceso arbitral, todo el trámite liquidatorio que disponga el tribunal, habida cuenta de que la decisión arbitral debe proferirse en conciencia.

Quinta. Que se condene en costas a la parte demandada”.

En la contestación de la demanda el apoderado de la señora Aurora Ramírez de Baquero, en relación con las pretensiones antes transcritas, manifestó: “me opongo. A todas y cada una de ellas, por carecer estas de todo fundamento jurídico y comercial”.

En la audiencia de alegatos de conclusión el apoderado de los demandantes desistió de la pretensión cuarta antes transcrita, petición que fue aceptada por el tribunal.

III. Los hechos expuestos en la demanda y su aceptación o rechazo

Los hechos enumerados en la demanda así como las manifestaciones de la parte demandada en la relación con los mismo, se sintetizan así:

1. Los señores Eugenio Schmidt y Rosendo Baquero acordaron en los primeros meses de 1984 asociarse para cultivar palma africana, para lo cual el segundo aportaba la tierra y el primero la siembra de palma. En la contestación de la demanda se expresa: “Falso, que se pruebe”.

2. En ese acuerdo don Eugenio Schmidt se comprometió a hacer el vivero con la semilla producida en la Hacienda Montelíbano, de su propiedad, y atenderlo durante aproximadamente un año para luego sembrarlo en el sitio definitivo, previo trazado o estaquillado del terreno en procura de una alineación perfecta, ahoyar dicho terreno y sembrar las plántulas escogidas del vivero. En la contestación de la demanda se dice: “Falso, que se pruebe”.

3. Las conversaciones y planes de Eugenio Schmidt y Rosendo Baquero dieron como resultado la constitución de “Palmeras Los Araguatos Limitada”, mediante escritura 706 del 24 de junio de 1985, de la notaría de Acacías, departamento del Meta, con un capital de $ 25.000.000 dividido en 25.000 cuotas de $ 1.000 cada una, distribuidas así: Rosendo Baquero Gutiérrez 12.500; Ilse Elena Schmidt de Ritzl 5.625; Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle 5.625; y Eugenio Schmidt Reitz 1.250 cuotas. En la contestación de la demanda se lee: “Falso, que se pruebe en dónde y de qué manera fue consignado el supuesto aporte, que afirma el grupo Schmidt haber hecho en dinero efectivo para la constitución de la sociedad.

4. Mediante escritura 408 del 14 de abril de 1987, otorgada en la Notaría de Acacías, Meta, se aumentó el capital social a $ 52.000.000 dividido en 52.000 cuotas de $ 1.000 cada una, distribuidas así: Rosendo Baquero Gutiérrez 26.000; Ilse Helena Schmidt de Ritzl 11.700; Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle 11.700; y Eugenio Schmidt Reitz 2.600. En la contestación de la demanda se manifiesta: “Falso, que se pruebe con las respectivas consignaciones u otro medio idóneo; la forma como fue aportado el dinero efectivo, que dicen haber aportado”.

5. Mediante escritura 20 del 13 de enero de 1988, de la Notaría de Acacías, Meta, se aumentó el capital social a la suma de $ 92.000.000 dividido en 92.000 cuotas de $ 1.000 cada una distribuidas así: Rosendo Baquero Gutiérrez 46.000; Ilse Helena Schmidt de Ritzl 20.700; Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle 20.700; Eugenio Schmidt Reitz 4.600 cuotas. En la contestación de la demanda se afirma: “Falso, que pruebe igualmente el grupo Schmidt, de qué manera, cómo, fue que realizó el supuesto aporte, que se muestren los documentos correspondientes”.

6. “La sociedad se constituyó sobre la base del aporte de los terrenos para las plantaciones por parte de don Rosendo Baquero, y del aporte de la siembra de la palma por don Eugenio Schmidt,...” “...y puesto que se trataba de un cultivo que representaba una inversión cuya producción debía esperarse a largo plazo, la sociedad debía utilizar las facilidades de crédito del mercado y también, como parte muy importante de la financiación de la empresa, el aporte directo de dinero, abonos, trabajo, horas de maquinaria, etc., por partes iguales” “...Así funcionó la empresa y así manejaron sus intereses en ella los grupos Baquero y Schmidt hasta poco antes de la muerte de don Rosendo Baquero”. En la contestación de la demanda se asevera: “Falso”.

7. Muerto el socio Rosendo Baquero, sus herederos designaron como su representante ante la sociedad al doctor Víctor Ramón Baquero Ramírez, según consta en acta 23 del 17 de septiembre de 1992 de la junta de socios de la sociedad. En la contestación de la demanda se expresa: “Falso, que se pruebe”.

8. En la sucesión de Rosendo Baquero Gutiérrez se le adjudicó a doña Aurora Ramírez de Baquero la totalidad de las cuotas que aquel tenía en “Palmeras Los Araguatos Limitada”. Tal adjudicación consta en la escritura 967 del 30 de abril de 1993, “inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 28 de junio del mismo año, bajo el número 410.581”. Por consiguiente, los socios actuales de la sociedad y su participación en el capital social son los siguientes: Aurora Ramírez de Baquero 46.000 cuotas; Ilse Helena Schmidt 20.700 cuotas; Rosario Ingeborg Schmidt 20.700 cuotas; y Eugenio Schmidt Reitz 4.600 cuotas. En la contestación de la demanda se afirma: “Cierto, en cuanto a la liquidación de herencia y liquidación de la sociedad conyugal Baquero-Ramírez. Falso, en cuanto a los supuestos aportes”.

9. A partir de la muerte de Rosendo Baquero, sus herederos “han realizado innumerables actos de interferencias de hecho que revelan claramente la pérdida del ánimo de permanecer en sociedad” y la imposibilidad práctica de que los Schmidt “sigan en sociedad con la demandada”. “La indebida intromisión o interferencia en la empresa (actos positivos) y la negligencia en la colaboración debida a la misma (actos negativos), se manifiestan especialmente en las conductas” (se relacionan en las págs. 8 y 9 de la demanda) “como meros ejemplos” ya que existen otros que también “constituyen una expresión inequívoca de no tener ningún ánimo societario, en la sociedad Palmeras Los Araguatos Limitada”. En la contestación de la demanda el apoderado expresa: “Falso, en cuanto a la sociedad. Cierto, en cuanto a que no solamente mi mandante, sino que también sus hijos, hoy herederos, han hecho y seguirán haciendo actos de señor y dueño, frente a los predios que como de propiedad del causante tienen”.

10. Desde la muerte de Rosendo Baquero, sus herederos “se han venido negando sistemáticamente a hacer las contribuciones que se describen en el hecho sexto...”; esto “sumando a los actos de interferencia de que da cuenta el hecho noveno, demuestran no solo la pérdida de interés o ánimo societario por parte del grupo Baquero (hoy la demandada) para continuar la explotación económica de la sociedad, sino que constituyen, en la práctica, una imposibilidad para continuar en sociedad con la demandada”. En la contestación de la demanda se lee: “Falso, no está obligado””.

11. Frente a una situación de emergencia y al incumplimiento de un crédito a favor del Banco Ganadero, Eugenio Schmidt ha tenido que prestarle a la sociedad importantes sumas de dinero que esta no tiene como reintegrarle, “situación a la que tuvo que llegar el socio referido para impedir que aquel banco iniciara la ejecución contra la sociedad por la totalidad del crédito”. En la contestación de la demanda se asevera: “Es cierto, en cuanto que se están y se han afectado los intereses del grupo Baquero”.

12. “El grupo Schmidt está interesado seriamente en continuar tanto con la sociedad Palmeras Los Araguatos Limitada, como con su explotación económica, siempre y cuando el grupo Baquero, ahora sucedido por la demandada, señora Aura Ramírez de Baquero, se retire de la sociedad, o sea excluida, se acuerde una decisión de la empresa comercial o, en el peor de los casos ateniéndose a la disolución y liquidación de la sociedad por traumática que pueda resultar esta última solución para todos los asociados”. En la contestación de la demanda se manifiesta: “Para los herederos, la sociedad no existe, no se hicieron los aportes correspondientes, por parte del grupo Schmidt, siendo un principio comercial, que no existe sociedad donde no haya igualdad en los aportes o donde no se ha cumplido con estos”.

13. Los demandantes intentaron un acuerdo con los herederos de Rosendo Baquero antes de la partición de la herencia, y después con doña Aurora Ramírez de Baquero, adjudicataria de la totalidad de sus cuotas en “Palmeras Los Araguatos Limitada”, sin resultado positivo. En consecuencia, están cumplidos los presupuestos para suscitar la conformación del Tribunal de Arbitramento, con fundamento en el artículo décimo quinto de la escritura constitutiva. En la contestación de la demanda se refuta: “Falso, no se ha cumplido, que se demuestre”.

IV. Consideraciones del tribunal

Reunidos como aparecen los presupuestos procesales y por no haber causal de nulidad de lo actuado, el tribunal procede a decidir sobre las “excepciones de fondo” esgrimidas por la parte demandada, y luego acerca de las tachas de testigos, antes de analizar y resolver todas y cada una de las pretensiones de los demandantes frente a la oposición a las mismas por parte de la demandada, con fundamento en la confrontación de los hechos invocados y las pruebas allegadas al proceso

A. Excepciones de mérito

El señor apoderado de la demandada alegó dos medios de defensa que por versar sobre la aplicabilidad o no de la cláusula compromisoria, hubieran podido ser propuestos a la Cámara de Comercio con el fin de que si se los encontraba probados, se abstuviera de dar trámite a la solicitud de integración del tribunal; o formularse como excepciones previas (falta de jurisdicción o falta de competencia, enunciadas en el art. 97 del CPC tal como quedó modificado por el num. 46 del art. 1º del D. 2282 de 1989), y ser objeto de resolución en la audiencia en la cual el tribunal se declaró competente para conocer de las diferencias entre los socios. Mas por haber sido planteadas como “excepciones de fondo”, se estudian y deciden enseguida, en el orden de su presentación.

1. “Inexistencia de la comunicación transferida por la parte promotora de este Tribunal de Arbitramento, a mi representada con treinta (30) días de anticipación, conforme lo establece el artículo quince (15) de la escritura pública 706 de junio 24 de 1985”

Conforme al artículo décimo quinto de los estatutos de la sociedad, contenidos en la citada escritura 706 de junio 24 de 1985, de la Notaría Única de Acacías (Meta), “En caso de surgir diferencias entre los socios y la sociedad o entre ellos mismos, cualquiera de las partes podrá avisar por escrito a la otra parte de la existencia de dicha divergencia”, y si dentro de los treinta días siguientes “no se logra un entendimiento”, una u otra procede a solicitar a la Cámara de Comercio la designación del árbitro único. Al respecto es pertinente resaltar que en ese artículo ni en ningún otro de los estatutos se estipula que la comunicación a que allí se alude deba enviarse “con treinta (30) días de anticipación”, como afirma el excepcionante.

El vocablo “podrá” empleado por los contratantes en esa cláusula estatutaria, indica a las claras que ellos no se impusieron un deber.

Simplemente se concedieron de modo recíproco una facultad, susceptible como todo derecho subjetivo, de ejercer o no, a voluntad de su respectivo titular. No obstante, don Eugenio Schmidt, en su nombre y como representante de sus hijas, consocias en “Palmeras Los Araguatos Limitada”, hizo uso de dicha facultad. En efecto, entre las pruebas presentadas con la demanda instaurada ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, aparece la carta de fecha 21 de mayo de 1993 que el señor Schmidt dirigió al doctor Víctor Ramón Baquero Ramírez, representante de los herederos de don Rosendo Baquero ante la sociedad “Palmeras Los Araguatos Limitada”, en la que le notifica que si no se solucionan los desacuerdos que él estima de “suma gravedad”, mediante la disolución voluntaria y amigable de la sociedad, “apelaré a la Cámara de Comercio para que dirima esta situación”.

Tanto la carta en mención como los poderes conferidos por Ilse Helena y Rosario Schmidt a don Eugenio Schmidt fueron anexados a la demanda. De manera que la comunicación a que alude la cláusula compromisoria de los estatutos sociales, a pesar de no ser obligatoria sino meramente facultativa, precedió a la actuación de la Cámara de Comercio de Bogotá en desarrollo de dicha cláusula. Así lo entendió su centro de arbitraje y conciliación, pues en auto del 15 de octubre de 1993 admitió la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento, ordenó correr traslado de la misma a la demandada y reconoció al doctor Gilberto Peña Castrillón como apoderado de los demandantes. Esa providencia fue notificada personalmente a doña Aurora Ramírez de Baquero el dos de noviembre de 1993. Contra la misma no se interpuso recurso alguno, y quedó en firme.

En las circunstancias anotadas y por las razones expuestas, ha de rechazarse la pretendida inexistencia de la comunicación, vale decir, la excepción identificada con la letra “A”, planteada en la contestación de la demandada.

2. La otra excepción consiste en la “inexistencia de las causales alegadas por el grupo Schmidt, para acudir a la Cámara de Comercio, a fin de pedir nombramiento de un árbitro para la escisión, exclusión, y/o disolución y liquidación de la sociedad”

El excepcionante la apoyó así: “Como ha sido manifestado a lo largo de la contestación de la demanda, en ningún momento mi representada ni los herederos del señor Rosendo Baquero, han admitido ni admiten la existencia de la sociedad, en razón, a la carencia de consignación de los aportes, por parte del llamado grupo Schmidt, tanto los previstos en la acta de constitución, como en las escrituras 408/87 y 020/88 de la Notaría Única de Acacías”.

Estas afirmaciones destacan las diferencias que han distanciado a los socios de “Palmera Los Araguatos Limitada”, atañen a la existencia misma de la sociedad, y se contraponen a los siguientes documentos:

a) A la escritura 706, otorgada el 24 de junio de 1985 en la notaría de Acacías, departamento del Meta, en la cual consta que Rosendo Baquero Gutiérrez, en su propio nombre, y Eugenio Schmidt Reitz, obrando en nombre propio y como apoderado de Ilse Helena Schmidt de Ritzl y de Ingeborg Schmidt de Eberle, constituyeron la sociedad denominada “Palmeras Los Araguatos Limitada”, con domicilio en Bogotá, cuyo objeto principal consiste en “la siembra, cultivo y comercialización de especies oleaginosas, especialmente palma africana”, con un capital de veinticinco millones de pesos dividido en veinticinco mil cuotas de mil pesos cada una, pagado así: Rosendo Baquero Gutiérrez, 12.500 cuotas, o sea doce millones quinientos mil pesos; Ilse Helena Schmidt de Ritzl, 5.625 cuotas, es decir, cinco millones seiscientos veinticinco mil pesos; Rosario Ingeborg Schmidt de Eberle, 5.625 cuotas, o sea cinco millones seiscientos veinticinco mil pesos; y Eugenio Schmidt Reitz 1.250 cuotas, es decir, un millón doscientos cincuenta mil pesos. Y en el parágrafo segundo del artículo quinto de esa misma escritura consta que para pagar su aporte el socio Rosendo Baquero Gutiérrez transfirió a la sociedad “Palmeras Los Araguatos Limitada” el dominio sobre un globo de terreno, con sus anexidades, mejoras y servidumbres, ubicado en el corregimiento de Surimena, municipio de Acacías. Y en el parágrafo tercero se especifica que ese inmueble “tiene una extensión superficiaria de mil quinientas hectáreas (1.500 Has.) segregado del de mayor extensión de la finca denominada “Los Araguatos”, que para efecto de su matrícula, se denominó “La Raya” y “Guaroa”, comprendido dentro de los linderos que allí se expresan “tomados del plano que los contratantes presentan para su protocolización”.

b) A las escrituras 408 del 14 de abril de 1987 y 20 del 13 de enero de 1988, otorgadas ambas en la notaría de Acacías. En la primera consta que el capital inicial de la sociedad se aumentó a cincuenta y dos millones de pesos; y en la segunda que se aumentó a $ 92.000.000 dividido en 92.000 cuotas de valor de mil pesos cada una, totalmente pagado por los socios así: Rosendo Baquero Gutiérrez, 46.000 cuotas, o sean $ 46.000.000; Ilse Helena Schmidt, 20.700 cuotas, o sean $ 20.700.000; Rosario Ingeborg Schmidt, 20.700 cuotas, o sean $ 20.700.000; y Eugenio Schmidt Reitz, 4.600 cuotas, o sean $ 4.600.000.

c) Al certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 23 de agosto de 1993, prueba por excelencia de la existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato social (C. Co., art. 117), y del registro de la escritura 967 del 30 de abril de 1993, a la cual se refiere el hecho octavo de la demanda (aceptado como cierto en la contestación de la misma, en cuanto a la liquidación de la herencia de Rosendo Baquero y de la sociedad conyugal Baquero-Ramírez) sobre adjudicación a la demandada de todas las cuotas que en “Palmeras Los Araguatos Limitada”, tenía Rosendo Baquero.

d) A las cartas dirigidas al gerente “Palmeras Los Araguatos Limitada”, cuyas fotocopias autenticadas aparecen en los folios 47 y 59 del cuaderno del contenido los documentos exigidos al representante legal de la misma. El primero, autenticado en septiembre de 1992, fue suscrito por Aurora Ramírez de Baquero, Germán Enrique Baquero, Carol Iván Baquero y Víctor Ramón Baquero Ramírez, en el que se afirma que en cumplimiento del artículo duodécimo de la escritura 706 de junio de 1985, “mediante la cual se constituye la sociedad Palmeras Los Araguatos Limitada, actuando como herederos universales del socio Rosendo Baquero Gutiérrez, conferimos poder especial, amplio y suficiente a Víctor Ramón Baquero Ramírez con cédula de ciudadanía 17.410.890 de Acacías, para que en nuestro nombre y representación intervenga en el funcionamiento de la sociedad Palmeras Los Araguatos Limitada, y haga valer en la misma nuestros derechos sociales como el proyecto a desarrollar en la misma”. El segundo es el poder que con fecha 24 de junio de 1993 otorgó doña Aurora Ramírez de Baquero a los doctores Luis Alonso Gutiérrez Ríos y Víctor Ramón Baquero para representarla en el funcionamiento de la sociedad.

Y aunque este tribunal decide en equidad, carece de aptitud legal y jurídica para hacer abstracción del certificado que comprueba la existencia de “Palmeras Los Araguatos Limitada” o de cualquiera de los documentos antes relacionados, todos los cuales presuponen que la sociedad existe. Y respecto del argumento acerca del no pago de los aportes iniciales por los socios Schmidt, encuentra también una barrera legal, o sea el artículo 118 del Código de Comercio, que con carácter imperativo dispone: “Frente a la sociedad y a terceros no se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas con sujeción a los artículos 110 y 113 ni para justificar la existencia de pactos no expresados en ellas”. El legislador imprimió así seguridad a las relaciones generadas en el acto social constitutivo mediante la intangibilidad de las declaraciones de voluntad expresadas en la escritura otorgada por los constituyentes de toda sociedad comercial y cerrando la posibilidad de controversias sobre la falsedad o irrealidad de su estipulaciones, pues en estos casos lo procedente es impetrar ante la justicia ordinaria la nulidad por simulación o cualquiera otra causa.

En cuanto concierne a que los aumentos de capital no se efectuaron realmente, es cierto que en las actas de las reuniones extraordinarias de la junta de socios, 005 del 4 de abril y 008 de 28 de agosto de 1987, consta que el representante legal de la compañía, doctor Víctor Ramón Baquero Ramírez, solicitó a la junta recapitalizar la sociedad, primero en $ 27.000.000 y luego en $ 40.000.000 para satisfacer exigencias del Banco de la República en relación con el crédito que por $ 100.000.000 obtuvo la sociedad del Fondo Financiero Agrario por conducto del Banco Ganadero. Pero precisar si las escrituras sobre aumentos del capital social solo se otorgaron para cumplir la formalidad exigida por el Banco de la República sin que los socios aportaran suma igual, es cuestión que rebasa el ámbito de este proceso. Si en la demanda o en una contrademanda (reconvención) se hubiese propuesto esa pretensión, quizás este Tribunal de Arbitramento tendría competencia para verificar si lo afirmado en dichas escrituras sobre aumentos del capital es contrario a la realidad y, en caso afirmativo, declarar lo pertinente y dar traslado a al autoridad respectiva, para lo de su incumbencia, de las piezas procesales que revelen la comisión de un posible ilícito.

Ahora bien, las divergencias que suelen surgir en el seno de una sociedad constituyen un aspecto diferente de las consecuencias que estas pueden generar. Pero para decidir sobre la excepción propuesta basta tomar en cuenta los elementos probatorios de las desaveniencias entre los socios, en verdad vinculados por la cláusula compromisoria que el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá consideró aplicable en este caso. Aparte de la carta del 21 de mayo de 1993 a la que se hizo referencia en los acápites sobre la excepción “A”, en el expediente hay otros documentos reveladores de las tensas relaciones entre el socio Schmidt y el doctor Víctor Ramón Baquero, apoderado primero de los herederos de don Rosendo Baquero y ahora de su madre, doña Aurora Ramírez de Baquero. Son: a) la copia de la querella de amparo policivo por perturbaciones de la posesión en predios de la sociedad, presentada en la Inspección de Policía de San Carlos de Guaroa el 28 de mayo de 1993 por el apoderado de la sociedad, Tulio Santamaría Florez, contra Víctor Ramón, Germán Enrique y Carol Iván Baquero Ramírez; y, b) la copia del memorial presentado a la Inspección 1ª Municipal de Policía de Acacías el 12 de agosto de 1993, por don Eugenio Schmidt y el gerente de “Palmeras Los Araguatos Limitada” contra el doctor Víctor Ramón Baquero, en la que el señor Schmidt expresa que a raíz de la comunicación que envió a este el 21 de mayo del año 93, ese mismo día “el señor Víctor Ramón Baquero Ramírez irrumpió en mi oficina emitiendo toda clase de improperios y ofendiéndome de palabra; así mismo días después en la misma oficina reincidió en los hechos contra mi y mi señora esposa Nohora Mejía Bahamón”. Agrega que “con posterioridad al día 21 de mayo, doña Aurora Ramírez viuda de Baquero personalmente presentó ante la sociedad copia de la escritura de sucesión notarial de los bienes de don Rosendo Baquero Gutiérrez, en la cual certifica que ella es la heredera de las acciones de Palmeras Los Araguatos Limitada, quien para su representación ante la sociedad confiere poder compartido al doctor Alonso Gutiérrez y Víctor Ramón Baquero Ramírez, a pesar de que yo le rogué el favor a doña Aurora Ramírez de excluir al señor Víctor Ramón Baquero Ramírez como representante, debido a las dificultades de comunicación y trato que conducen a los hechos violentos protagonizados por el señor Víctor Ramón Baquero Ramírez”.

En consecuencia, debe desestimarse la excepción identificada con la letra “B”, propuesta por el personero de la demandada, en razón a que sí existieron motivos graves para que los socios Schmidt acudieran a la Cámara de Comercio de Bogotá en procura de que tuviera efectividad la cláusula compromisoria.

B. Tachas de testigos

De esta facultad procesal (CPC, art. 218) hicieron uso los apoderados de ambas partes.

Cuando comenzó la audiencia del 25 de mayo de 1994, señalada para la recepción del testimonio de Ana Olga Pereira García, el doctor Gilberto Peña formuló oralmente la tacha así: “Habiendo escuchado que la declarante es esposa de don Juan Rivera, yo quiero poner en conocimiento del honorable tribunal, que mis clientes tienen una diferencia pendiente de solución patrimonial. En estas circunstancias yo tacho este testimonio, ni siquiera de sospechoso, sino algo más, por la relación de afinidad que hay con una contraparte de mis clientes, así no haya proceso todavía...”.

En verdad al deponer sobre los generales de ley la testigo manifestó: “Bueno mire yo soy en este momento la esposa de Juan Rivera, uno de los socios de Eugenio Schmidt,...” e hizo un recuento de la forma como ella y Rivera concertaron una sociedad con dicho señor Schmidt.

Así mismo cuando se inició la audiencia del 8 de junio de este año, señalada para la recepción del testimonio de Juan Rivera Orjuela, el mismo doctor Peña Castrillón formuló oralmente esta tacha: “...Me permito tachar a don Juan Rivera como testigo dentro de este proceso, la razón es bastante sencilla. El tiene una controversia planteada con don Eugenio Schmidt alrededor de otra sociedad y de una plantación de palma africana, de tal manera que es una persona que tiene evidentemente pendiente de resolución, de definición un debate patrimonial con don Eugenio Schmidt. Como prueba de la tacha aduzco, en primer lugar la declaración que ha rendido acá doña Olga Pereira quien dijo ser su esposa y refirió este conflicto, para completar la prueba, usted lo interrogará, si ella es su esposa o tiene alguna relación estable o permanente”. Y preguntado el señor Rivera si Ana Olga Pereira García es su esposa, contesto: “Es mi compañera, soy separado”. Luego confirmó lo relativo a la sociedad con el señor Schmidt, para cultivar palma africana en la finca la Ucrania, y las diferencias surgidas entre los socios.

Los testigos no refutaron las razones expuestas como fundamentos de la tacha y a pesar de la misma, no ocultaron en sus exposiciones la animadversión que sienten contra Eugenio Schmidt por un negocio semejante al que se debate en este proceso. Además, las tachas fueron propuestas cada una en el instante procesal indicado en la ley. De manera que existiendo serios motivos para dudar de la imparcialidad de ambos deponentes, las tachas formuladas contra estos son procedentes y así lo acepta el tribunal.

El señor apoderado de la parte demandada también tachó al testigo Julián Villegas Jaramillo, “por advertir que tiene estrechas relaciones con el grupo Schmidt”. En verdad cuando el doctor Gutiérrez lo interrogó acerca de las empresas de palmeras que administra en las que son socios don Eugenio Schmidt o sus hijas, respondió que en la actualidad es representante legal de Palmeras Montelíbano Limitada, sociedad puramente familiar del grupo Schmidt; de Palmeras Los Araguatos; de Palmeras Ucrania Limitada donde el 50% de las cuotas son del grupo Schmidt; de Palmeras Matupa Limitada, en liquidación. De manera que prima facie el testigo está en circunstancias que afectan su credibilidad o su imparcialidad por la amistad y grado de confianza y dependencia económica respecto del mencionado grupo Schmidt. Sin embargo, es evidente que su testimonio ha brindado al tribunal una importante y útil información que en otra forma no habría conseguido. Además, su declaración fue rendida en forma muy ponderada y con tantos detalles, que dan la impresión de tener pleno conocimiento de los hechos acerca de los cuales depuso.

El artículo 218 del Código de Procedimiento Civil solo prevé dos oportunidades para tachar un testigo, a saber: 1. “por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio”, y 2. “oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a estos”. En ninguna de esta dos ocasiones fue tachado Julián Villegas. La tacha de este testigo fue formulada extemporáneamente, vale decir cuando él ya había concluido su exposición (véase pág. 26, acta 9, jun. 15/94), tan extensa que fue necesario recepcionarla en dos sesiones de días distintos.

Y aunque el testigo Julián Villegas Jaramillo puede considerarse dentro de los declarantes que el artículo 217 del Código del Procedimiento Civil califica de sospechosos, en razón de su constante vinculación de vieja data a una de las partes, la tacha contra él fue formulada extemporáneamente. En consecuencia, no prospera.

C. Objeciones contra los dictámenes periciales

En la audiencia realizada el veintidós (22) de julio pasado el tribunal ordenó anexar al expediente el experticio de los ingenieros Hernán García y Juan Agustín Carrizosa y correr traslado de tal dictamen “a los apoderados de las partes por tres (3) días” y fijó el veintiocho (28) del mismo mes para llevar a cabo la siguiente audiencia (véase acta 12) con el fin de surtir el trámite de rigor si se pedían aclaraciones o ampliaciones y/o se formulaba objeciones durante el término del traslado que expiró el veintisiete (27) de dicho mes. Y ocurrió que el apoderado de la demanda hizo entrega a la secretaría de un memorial de objeciones precisamente cuando se iba a iniciar la audiencia del día veintiocho (28), y obviamente el tribunal no le dio curso por haber sido presentado fuera de término.

El dictamen de los peritos Francisco Reyes y Jorge Torres también fue objetado por la parte demandada. Pero como este experticio se basó primordialmente en el rendido por los expertos García y Carrrizosa, las glosas se encaminaron a desvirtuar las apreciaciones y justiprecios contenidos en este, el cual quedó en firme porque la objeción extemporánea equivale a no haber sido formulada. Además, ninguna de las glosas ni todas en conjunto configuran el error grave que la ley exige como requisito fundamental de la objeción de toda pericia.

El tribunal se esmeró en designar peritos muy idóneos desde el punto de vista de la solvencia moral y de la capacidad profesional por sus conocimientos especializados en las tareas que se les encomendó. Y la evidencia es que el primero de los dictámenes es muy completo por cuanto de una visión panorámica del sector donde tiene sus instalaciones “Palmeras Los Araguatos Limitada”; luego describe los inmuebles de esta con sus linderos, dimensiones y áreas de los lotes que los integran, de las construcciones y los servicios con que cuentan, y es pesponsivo de las cuestiones planteadas, y respaldado con anexos cartográfico y fotográfico así como con el inventario general a 31 de mayo de 1994 y demás estados financieros básicos. De manera que sus fundamentos ostentan firmeza, precisión, calidad, solidez y cierta concordancia por demás útil con otras pruebas que obran en este proceso. Y como el segundo dictamen es un desarrollo del anterior, a pesar de ser esquemático y no abundar en información como el que le sirvió de orientación, también se ajusta a los más exigentes postulados de la sana crítica. Por consiguiente, se rechaza la objeción propuesta contra el dictamen de los expertos Reyes Villamizar y Torres Lozano. Y tanto este como el de los peritos García y Carrizosa merecen ser tomados en cuenta por el tribunal para efectos de cualquier decisión con que culmine el presente laudo.

D. La falta de ánimo para continuar en sociedad

En la primera pretensión contenida en la demanda se asevera que “ha dejado de existir ánimo societario que permita la tranquila y productiva ejecución de los negocios de la sociedad”. Tal afirmación al parecer encuentra sustentación en los actos a que aluden los hechos noveno, décimo, y undécimo de la misma demanda. Y en realidad en el expediente obran probanzas de esos hechos así como de las disensiones de don Eugenio Schmidt y el doctor Víctor Ramón Baquero, quien ha actuado en la junta de socios primero como heredero y apoderado de los demás herederos de su padre, y ahora como representante ante la sociedad de su madre Aurora Ramírez de Baquero. Algunas de las pruebas sirvieron de base al centro de conciliación y arbitraje para estimar aplicable la cláusula compromisoria. Otras, como el interrogatorio de parte de don Eugenio Schmidt y el testimonio del ingeniero Julián Villegas Jaramillo, actual gerente de la compañía, corroboran las discrepancias que han cimentado en los socios Schmidt la convicción de que solo podrían continuar en “Palmeras Los Araguatos Limitada”, siempre y cuando “la demandada, señora Aurora Ramírez de Baquero, se retire de la sociedad, o sea excluida, se acuerde una escisión de la empresa comercial”, tal como se expresa en el hecho 12 de la demanda.

Igualmente se han allegado a este proceso elementos probatorios que develan los motivos que han influido para la insatisfacción de la parte demandada, a saber: los resultados negativos de los negocios sociales después de ocho o nueve años; y en especial la forma, a su juicio irreal e inequitativa, de integración del capital social. En efecto:

a) En la contestación de la demanda, los hechos tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo que se refieren precisamente a los aportes iniciales y a los aumentos del capital social, el apoderado de la demandada los calificó de falsos y manifestó que los aportes en dinero debían probarse “con los documentos correspondientes” sobre consignaciones o pagos. Y en relación con el hecho duodécimo expresó: “Para los herederos, la sociedad no existe, no se hicieron los aportes correspondientes, por parte del grupo Schmidt ...”.

b) El ex gerente de la sociedad, doctor Víctor Ramón Baquero, declaró que el acuerdo del cual nació la sociedad consistió en que Rosendo Baquero aportaba “el uso de la tierra, dar en servicio 1.500 hectáreas a favor de esa sociedad, aportarlas durante 25 años, ese fue el compromiso inicial de Rosendo Baquero Gutiérrez”, compromiso que cumplió según la escritura de constitución. Y que don Eugenio Schmidt contrajo el “compromiso de sembrar las 1.500 hectáreas, abonarlas y sostenerlas durante un año ...”, pero solo “sembró 500 hectáreas en el año 85”, y así “empezó don Eugenio Schmidt a incumplir el primer acuerdo ...” (acta 3 de la audiencia de mayo 4/94);

c) En el interrogatorio de parte formulado a Eugenio Schmidt, el apoderado de la demandada le preguntó sobre “la razón por la cual no se sembraron por cuenta suya las 1.500 hectáreas de tierra”, y él explicó: “Cuando se hizo el negocio con don Rosendo, eso se habló a finales del año 1984, entonces se acordó que don Rosendo aportaba las tierras y el grupo Schmidt aportaría el siembro de la palma, pero don Rosendo quedaba obligado a entregar la tierra preparada para el siembro de la palma. Entonces se hizo un vivero a finales o principios del 85, de unas 172.000 matas allá en San Carlos de Guaroa y estas matas estaban listas para sembrarlas más o menos alrededor de la mitad del año 85”. Y agregó: “Nunca se habló de la cantidad de palma específica que se iba a sembrar, sino se hizo un vivero, 172.000 matas, es un vivero que en 1.000 hectáreas entran unas 143.000 plántulas, entonces estaba sobrado el vivero para sembrar más extensión, pero los terrenos aptos para el siembro de la palma no alcanzaron sino para sembrar unas mil ciento y pico de hectáreas en ese terreno de 1.500 hectáreas, eso quedan chucuas, eso quedan los bordes de los caños, que ni el Inderena autoriza para tumbarlos, para arreglarlos para un siembro, porque hay que cuidar las aguas y entonces al fondo había una montaña que era de aproximadamente de unas 80 a 100 hectáreas, la cual hubiera sido mucho más costoso acondicionarla para el siembro de la palma que comprar otra tierra que estuviera ya en mejores condiciones” (acta 10 de la audiencia de jun. 22/94);

d) Jaime Rodríguez Forero atestiguó que en su condición de contratista de Eugenio Schmidt llegó a Palmeras Los Araguatos “a tener un vivero con 172.000 palmas, con un equipo de riego y con un sistema de fertilización arranqué en ese momento de principios del año 84, hasta casi finales del 85, donde dejé sembradas aproximadamente 500 hectáreas...”. Y cuando el apoderado de la parte actora lo interrogó sobre si técnicamente era cultivable o sembrable en palma la totalidad del predio de la sociedad, contesto que eso no es posible por las chucuas y matas de monte que se presentan, aclarando que “chucuas son pantanos, lagunas incluso y otros terrenos que no son aptos o matas de monte que por ser orillas de caños o tal no se deben derribar, entonces no se puede sembrar ...” (acta 11 de la audiencia de jun. 29/94). Esta afirmación aparece corroborada en cuanto al área cultivada a mediados de 1985, con el programa de palma africana de “Palmeras Los Araguatos Limitada”, que elaboró “Spaya Ltda.”, en agosto de 1985 con destino al Banco Ganadero, en donde se lee: “Los predios tienen una extensión de 1.500 hectáreas de las cuales se encuentran sembradas 500 hectáreas en palma africana (25% dura, 75% tenera) como primera etapa de siembras de la empresa y la cual se efectuó en su totalidad con recursos propios de los socios”;

e) José Alberto Leguízamo Velásquez, confidente de Rosendo Baquero y Eugenio Schmidt y quien conoció los antecedentes del negocio acordado por estos, aseveró que el primero ponía la tierra y el segundo “colocaba la semilla, la entregaba sembrada, o sea, ya la mata y mantenía durante un año ese cultivo y cambiaba las matas que no hubieran cogido, que no se hubieran arraizado, hacía las primeras abonadas que necesitaba durante ese primer año ...”. Y en relación con la minuta de constitución de la sociedad expresó: “¿Cómo se hizo la valoración del aporte? O sea en la escritura funciona digamos un aporte caprichoso o no tan caprichoso, en el sentido en que no correspondía nunca a un aporte real, en ese sentido era caprichoso, pero no era caprichoso en el sentido de que todo esto se consultó con el banco ...”. “Las expectativas financieras económicas, pues todas eran buenas, entonces en el Banco creo haber entendido que había que tener un respaldo de un capital correspondiente a una parte de un total que se prestaba, entonces al parecer para que les prestaran $ 100 millones necesitaban demostrar un capital de $ 25 millones. Este capital se colocó, fundamentalmente pensando en eso ...”. Y cuando el suscrito árbitro lo interrogó acerca de si hubo aportes en efectivo como se lee en la escritura de constitución, respondió: “No, no lo hubo”. “Habría que mirar los archivos de la sociedad, de cuándo exactamente comenzaron a hacer el semillero y todas las cosas y cuando don Eugenio comenzó ...”. “Me da la impresión que comenzaron como a desarrollar la cosa sin documento, o sea el aporte de él era preparar la tierra, sembrar, dejar establecida la planta y manejarla un año, haciéndole sus abonadas ...”. Y en cuanto al tope de hectáreas precisó: “... Sobre eso del lote, como les comenté no había una cosa definitiva, se puso eso, se tanteó, pero se habló y recuerdo con precisión de que podía aumentarse o disminuirse, ¿dependía de qué? De cómo se iba desarrollando el objeto social, o sea, si sembraban depronto 500, pues eran 500 las hectáreas que iban a quedar de pronto en sociedad durante el tiempo del cultivo ...” (acta 4 de la audiencia de mayo 11/94);

f) Las fotocopias autenticadas del libro de acta de la sociedad, revelan: en la número 1 del dos (2) de junio de 1985 que se reunieron Rosendo Baquero y Eugenio Schmidt y acordaron constituir la sociedad “Palmeras Los Araguatos Ltda.”, sometida a los estatutos allí transcritos, los cuales en lo atinente a los aportes advierten “el pago del capital se hará al momento de firmar la escritura de constitución”; que Baquero transferirá a la sociedad el globo de terreno que se segrega de otro de mayor extensión llamado Los Araguatos, “cuya especificación se hará en la escritura de constitución aludida previo avalúo comercial; los demás socios harán su aporte en efectivo” (fl. 4 de las actas). En el expediente no hay prueba acerca de si se hizo dicho avalúo ni de los asientos en la contabilidad de la sociedad sobre aporte alguno.

Y en cuanto a los aumentos del capital social las actas 5 y 8 del 4 de abril y 28 de agosto de 1987, dan cuenta de haberse solemnizado como reformas estatutarias para satisfacer exigencias del Banco de la República sobre recapitalización de la sociedad, pero que en realidad tales aumentos no correspondieron a nuevos aportes de los socios.

Por último, en varios testimonios se hace referencia a otros motivos de divergencia entre don Eugenio Schmidt y los sucesores de don Rosendo Baquero, por ejemplo, lo relativo al saldo insoluto del precio del predio “Cantaclaro” vendido por la sociedad a Rosendo Baquero y Víctor Ramón Baquero Ramírez. Y aunque todos han generado disentimientos y al parecer enojos, los que se dejan relacionados bastan para acreditar la desaparición en ambas partes del elemento subjetivo que marca la diferencia entre toda sociedad y la simple comunidad de bienes, denominado affectio societatis, y que Guillermo Cabanellas define así: “Locución Latina. Afecto social. El propósito sincero y de buena fe de constituir una sociedad y cooperar, en la medida de la capacidad y de las fuerzas propias, con los coasociados, procediendo con lealtad plena en materia de intereses, cumpliendo las aportaciones prometidas, gestionando con celo y distribuyendo las ganancias y pérdidas según convenio; ley o equidad. La buena voluntad, sencillamente, en las relaciones sociales internas” (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit, Heliasta, Buenos Aires, 1981, vigésima edición actualizada y ampliada, T. I, pág. 196).

En las circunstancias anotadas, el tribunal no puede sino deplorar la ausencia en ambas partes de un sincero ánimo de perseverar asociados;

E. La escisión de la empresa

La segunda pretensión contenida en la demanda consiste en que como consecuencia de la falta de ánimo para continuar en sociedad, “se decreta la escisión de la empresa” sobre determinadas bases jurídicas y económicas.

La escisión es una figura jurídica de reciente consagración en el derecho positivo colombiano. El artículo 75 del Decreto 1026 de 1990 hizo alusión a ella para prohibirla en las sociedades emisoras de bonos, salvo que medie autorización de la asamblea general de tenedores de dichos bonos; y el artículo 11 de la Ley 45 del mismo año la instituyó para las entidades del sector financiero, así: “La empresa y el patrimonio de una institución financiera podrá subdividirse en dos o más empresas que constituyan el objeto de dos o más sociedades formadas por todos o por algunos de sus socios”. Este precepto fue incorporado en el estatuto orgánico del sistema financiero. Es así como el artículo 76 del Decreto 663 de1993 precisa: “La empresa y el patrimonio de una entidad sometida al control y vigilancia de la (*)Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros, podrán dividirse en dos o más empresas que constituyan el objeto de dos o más sociedades formadas por todos o por algunos de sus socios” (primer inc.). “La reforma por la cual se disponga la escisión deberá ser adoptada con el quórum señalado en los estatutos o en la ley para la aprobación de la fusión, y surtirá sus efectos a partir de su inscripción en el registro mercantil. La reducción del capital social resultante de la escisión podrá efectuarse sin sujeción a los requisitos señalados en el artículo 145 del Código de Comercio” (tercer inc.). “La escisión se someterá, en lo pertinente, a las normas contempladas en el capítulo II de la parte III del presente estatuto” (inc. final).

La Superintendencia de Sociedades, en oficio 220-9371 del 18 de marzo de 1993 opinó que como el Código de Comercio no contiene disposición alguna sobre escisión, “es necesario suplir tal vacío jurídico a través de la figura de la analogía, con fundamento en el artículo primero del citado código”. Y de esta premisa contradictoria dedujo que la escisión “es perfectamente viable aun tratándose de sociedades distintas a las instituciones financieras”, y que para determinar el procedimiento a seguir, debe recurrirse también por vía de analogía a normas del estatuto orgánico del sistema financiero. Pero advirtió: “Como la escisión implica el surgimiento de una o varias sociedades y en razón a que el Código de Comercio solo prevé la formación de estas personas jurídicas a través del contrato de sociedad (art. 98), es indispensable que quienes a ser los asociados de la nueva sociedad acuda al otorgamiento del mencionado instrumento notarial para que frente a la nueva sociedad, quede claramente expresada la voluntad acerca de su conformación por parte de sus asociados y también para que se estipule en él los que habrán de ser los estatutos que la regirán”.

Y en oficio 220-1397 de enero 25 de 1994 dicha entidad reiteró el concepto anterior y aclaró que “el procedimiento señalado en el Código de Comercio para la fusión, resulta ser, por la similitud de los derechos y garantías que deben protegerse en las dos figuras en estudio, el apropiado para escisión de las sociedades mercantiles”. Expresó, además, que “entre los pasos necesarios para la escisión y de acuerdo con el procedimiento que se indicó, es menester fundamentalmente la adopción de la decisión pertinente por parte del órgano rector, con el voto de la mayoría calificada exigida para la fusión, la que comporta la distribución de las pastes de interés, cuotas o acciones de acuerdo con los métodos de evaluación que se utilicen, ...” (Boletín Jurídico 9, jul/94, págs. 6 ss.).

Sea que se acepte integralmente el criterio que se deja expuesto o que suscite reticencias, dudas o incertidumbres, se trata de una verdadera reforma estatutaria que, como la fusión, solo es posible lograr en varios pasos escalonados, en los cuales de principio a fin se hace presente y decide la voluntad social, que se forma y manifiesta en el órgano máximo, unas veces por unanimidad y otras por los votos afirmativos de la mayoría establecida en el régimen convencional que rige los destinos de la sociedad, o en su efecto en la ley. Por tanto, es de competencia privativa y exclusiva de la junta de socios pronunciarse en sentido favorable sobre todas las determinaciones conducentes a la escisión, desde la manifestación y aviso al público de ese propósito hasta la aprobación definitiva del fraccionamiento de la actividad económica organizada y del patrimonio de la escindida, siguiendo mutatis mutandi las etapas previstas en el procedimiento que regula la fusión de sociedades.

Este Tribunal de Arbitramento, lo mismo que cualquier autoridad jurisdiccional o administrativa, en ningún caso tiene facultad, o más exactamente potestad, para sustituir la voluntad colectiva en la adopción de las decisiones que la ley y/o los estatutos le adscriben a la junta de socios. De manera que en el presente laudo no es factible decretar la escisión de “Palmeras Los Araguatos Limitada”, con omisión del procedimiento prescrito en la ley para ese fenómeno complejo. Por el contrario, hay que declarar que esa pretensión de la demanda es improcedente;

F. La exclusión de la compañía de la socia Aurora Ramírez de Baquero

En la demanda se plantea de modo subsidiario, es decir, “si no se acogiere o no fuere posible la escisión de la empresa, que se decrete la exclusión de la socia Aurora Ramírez de Baquero, por la misma causa declarada en la primera pretensión”.

En la regulación de la sociedad de responsabilidad limitada solo aparece contemplado un supuesto en el que eventualmente cabe la exclusión de un socio. Se trata del caso en que este, en ejercicio del derecho de ceder sus cuotas, que le reconoce explícitamente el artículo 362 del Código de Comercio, las ha ofrecido a sus consocios y ninguno ha manifestado interés en adquirirlas y no se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un extraño. Si agotado el trámite de rigor no se perfecciona la cesión, entonces la junta de socios puede optar entre disolver la compañía “o excluir al socio interesado en ceder las cuotas” (C. Co., art. 365). Pero esa no es la situación que se contempla en este proceso.

Claro que en ejercicio de la libertad de estipulación, es potestativo de los socios prever en el pacto social los graves motivos o situaciones críticas susceptibles de determinar la exclusión de cualquier socio. Acerca de este tópico los estatutos de “Palmeras Los Araguatos Ltda.”, nada disponen.

A diferencia del derecho de retiro o de receso, que es facultativo para todo socio ejercerlo o no, la exclusión obedece siempre a un quebramiento de la ley o de los estatutos. Y por tener carácter punitivo, los motivos que la determinan han de estar previstos expresamente, sin que sea posible su interpretación extensiva ni la aplicación por analogía.

En definitiva, ante ese ostensible vacío, el tribunal no encuentra asidero en la ley ni en el régimen convencional para sancionar con la exclusión a ninguno de los socios de esta compañía.

G. Solución en procura de la supervivencia de la sociedad y del arreglo del diferendo entre los socios

En subsidio de la escisión de la empresa y de la exclusión de la socia Aurora Ramírez, la pretensión cuarta de la demanda perseguía la declaración de disolución de la compañía y la orden consecuencial de liquidar el patrimonio social. Y ambas partes emularon para poner en altorrelieve ante el tribunal las situaciones de hecho que suscitan entre ellas la desarmonía y cierta inocultable irritación, las cuales impiden el funcionamiento normal de cualquier sociedad. Ese obstáculo para impulsar progresivamente la empresa social encaja dentro de la situación fáctica que la ley ha erigido en causal de disolución de toda sociedad comercial (C. Co., art. 18, ord. 2 º). Pero sobre la disolución y subsiguiente liquidación no es procedente pronunciamiento alguno porque la parte actora desitió expresamente de esa pretensión, y el desistimiento fue aceptado.

No obstante, el tribunal debe resolver la parte final de la primera pretensión de la primera pretensión de proferir una decisión “que trate de preservar la empresa y, a la vez, solucione las diferencias patrimoniales entre las partes”.

En verdad el juzgador en conciencia está dotado implícitamente de la potestad de juris dictio (decir el derecho) en cada caso concreto. En pos de ese objetivo debe realizar la ardua tarea de amoldar las circunstancias objetivas y las peculiaridades específicas del problema sometido a su análisis, a soluciones que generalmente rebasan el ámbito o los límites materiales y formales del derecho positivo. Suele decirse que lo equitativo y lo justo son una misma cosa, pero que lo equitativo es mejor. He aquí los valores supremos que guían a quien falla en conciencia.

En el caso sub lite se comprobaron varios motivos de fricción que han fortalecido en los demandantes el deseo de no continuar asociados con Aurora Ramírez de Baquero y menos después de haberse obstinado en nombrar como representante ante la sociedad a su hijo Víctor Ramón Baquero, quien ha agredido de palabra a don Eugenio Schmidt. Y la demandada también puso de manifiesto la desilusión por la improductividad de la inversión efectuada por su esposo e inclusive de la decena de millones de pesos que ella, con fe y esperanza entregó para abonar la plantación, así como la desconfianza en que la compañía tenga futuro halagador.

En los hechos noveno y décimo de la demanda se condensaron las circunstancias que obstaculizaron “la explotación económica de la sociedad” y la imposibilidad práctica de los Schmidt “para continuar en sociedad con la demandada”, convicción que se reitera en el hecho duodécimo. Y en la contestación de la demanda, el apoderado de doña Aurora Ramírez alude al hecho noveno y reconoce que “no solamente mi mandante, sino que también sus hijos, han hecho y seguirán haciendo actos de señor y dueño, frente a los predios que como de propiedad del causante tienen”. Y al referirse al hecho duodécimo expresa que para los herederos de Rosendo Baquero “la sociedad no existe”. Así se ha planteado ante el tribunal no cualquier diferendo conceptual sino todo un conflicto que, de no ser remediado, cada día deteriorará más las relaciones inter-socios.

A esas manifestaciones que ostentan mérito de confesiones hechas por los apoderados, se suman las de Eugenio Schmidt y Aurora Ramírez de los respectivos interrogatorios de parte. Cuando el suscrito árbitro preguntó al primero por qué la sociedad no ha producido sino pérdidas, contestó: “... Se ha tratado de comprar algunos abonos, pero no se alcanza con las entradas de la sociedad a cubrir el resto de los abonos; yo estaría en condiciones e inmediatamente aportaría mi parte que correspondería para hacer un abonamiento correcto y suficiente para la plantación, pero al no funcionarme el otro 50% de la sociedad, quedo yo trabado”. Y la segunda expresó que cuando se le exigió una cuota para abonar los terrenos a fin de mejorar la productividad de la palma, entregó diez millones de pesos.

Tales contradicciones reflejan un alto grado de desinterés recíproco en ambas partes por el fin común que los vinculó y las obligaciones colaterales que el contrato de sociedad genera para ellas. Además, no han ocultado al tribunal la animosidad mutua y la ausencia de colaboración, actitudes con las cuales han puesto de relieve de modo simultáneo, en forma indirecta pero consciente y voluntaria, su legítimo propósito de separarse de la compañía. Y ante las realidades fácticas que estimulan o justifican ese anhelo y al mismo tiempo gravitan en el funcionamiento y los derroteros de la sociedad, es menester encontrar una solución equitativa, que si no logra satisfacer plenamente a todos los socios, al menos tome en cuenta los intereses involucrados o que se entrecruzan en toda empresa, a saber: los de sus propios inversionistas o dueños, los de los acreedores y los de la comunidad en general. Y es indudable que la bondad de la solución en esa triple dimensión solo es factible si se conserva la sociedad como titular de la empresa.

¿Y cómo se logra esa solución? Mediante la adquisición por la sociedad de todas las cuotas de doña Aurora Ramírez de Baquero, que se pagan con algunos activos sociales y otras compensaciones. Al respecto es pertinente recordar que la Superintendencia de Sociedades, en oficio 220-18339 del 13 de agosto de 1993, conceptuó que esta figura prevista en la regulación de la anónima, es posible también en la de responsabilidad limitada por no existir norma legal que expresamente la prohíba y en atención a lo dispuesto en el artículo 372 del Código de Comercio (Boletín jurídico 7 may/94). Y aunque en el presente caso el trámite difiere un poco del seguido en la readquisición de acciones porque el precio de las cuotas no se cubre con utilidades líquidas, tal solución ofrece ventajas de diversa índole, como las que enseguida se sintetizan:

En cuanto concierne a los intereses de los socios, los demandantes reúnen la pluralidad exigida en la ley para la subsistencia de la sociedad. Y tanto sus conocimientos en el cultivo de palma como sus disponibilidades pecuniarias, facilitarán la mejora de las plantaciones y el crecimiento de su productividad. La demandada, en cambio, carece de tales aptitudes y ha expresado hallarse en imposibilidad económica de efectuar inversiones con esa finalidad. En la audiencia especial que convocó el tribunal como miras a que las partes convinieran una posible partición de los haberes sociales, en relación con una propuesta de don Eugenio Schmidt, expresó: “No estamos de acuerdo porque él está que a él (sic) le interesa la palma y a mí interesa la tierra. A mí no me interesa tampoco la palma. Si yo pudiera, por ejemplo, que cogiera esas hectáreas de tierra que me corresponden y poder —yo quisiera que me dieran la fórmula cómo pudiera yo acabar con esa palma, porque a mí me interesaría más la tierra para arrendarla o utilizarla en otro cultivo que no fuera ese” (versión tomada de la grabación de la audiencia).

La conservación de la sociedad no afecta los intereses de los acreedores sociales puesto que su deudora continuará siendo la misma, dueña de gran parte de los actuales activos y responsable de sus pasivos. El capital social permanece incólume y será el mismo hasta cuando la junta de socios lo aumente o lo disminuya mediante una reforma estatutaria. En verdad con las 46.000 cuotas que adquiere la sociedad puede la juntas de socios enajenarlas, u ordenar su reparto a título de participación de utilidades, o cancelarlas bien para aumentar proporcionalmente el valor de las otras 46.000 cuotas o bien para disminuir el capital social hasta el monto nominal de las mismas.

Por último, la adquisición por la sociedad de las cuotas de Aurora Ramírez de Baquero favorecen también el interés común de la colectividad porque no se extingue una importante empresa que además de generar empleo, ha contribuido eficazmente a impulsar el progreso de la región;

H) Compensaciones y equivalencias

Este tribunal surgió por razón de las diferencias suscitadas entre los actuales socios y carece de competencia para dirimir controversias con personas que no tienen esa calidad. Por consiguiente, no se dilucida en el presente laudo lo relativo al saldo del precio de la finca “Cantaclaro”, pues en el acta número 16 de la reunión de la junta de socios del 22 de julio de 1990, don Rosendo Baquero manifestó que “él no adeudaba suma alguna por dicho concepto. Por lo tanto la junta ordena al gerente para que cite al señor Gilberto Rozo Díaz y al señor Víctor Ramón Baquero y en conjunto aclaren a plena satisfacción de la junta las cuentas anteriormente mencionadas”. Y en la página 4 del dictamen de los peritos Francisco Reyes y Jorge Torres se lee que ese saldo “no está registrado contablemente”.

Desde otro ángulo visual, la adquisición por la sociedad de las cuotas de doña Aurora no implica una partición similar a la división de bienes comunes, procedimiento en el que son de usanza las hijuelas de deudas y/o de gastos, y tampoco una liquidación parcial del patrimonio social, en la que habría que vender activos para pagar en primer término el pasivo externo, vale decir los créditos a favor de terceros. El procedimiento es diferente. Aunque Aurora Ramírez de Baquero es titular de la mitad de las cuotas en que está dividido el capital social y, por ende, en principio le corresponderían la mitad de los activos y la mitad de los pasivos, la operación no se reduce a esa simple labor mecánica, puesto que la justicia y la equidad exigen equivalencias entre la compensación que ella recibe por las cuotas y el beneficio adicional de la sociedad con la organización técnica, material, contable y funcional de bienes para desarrollar su actividad económica.

En cuanto a los terrenos son ilustrativos los datos suministrados en el dictamen de los peritos avaluadores, así:

Lote A: valor$ 509.640.000
Lote B: valor$ 153.600.000
Lote C: valor$ 98.160.000
Lote D: valor$ 314.040.000
Total: valor$ 1.075.440.000

Y si se leen los estados financieros anexos al dictamen de los peritos García y Carrizosa, firmados por el gerente Julián Villegas, es fácil apreciar la gran solvencia económica de la sociedad y que sus ingresos permiten el normal sostenimiento. Así mismo el balance muestra en el activo (efectivo, cuentas por cobrar, planta y equipo) una suma alta de depreciación acumulada, que si el patrimonio social se liquidara, tendría importancia y aspectos muy positivos, lo mismo que algunos rubros del pasivo, por ejemplo, las provisiones, las reservas, los ajustes por inflación, los excedentes acumulados, etc.

Ahora bien, las fórmulas que antes y dentro de este proceso estudiaron las partes, indudablemente fueron incompletas porque solo se basaron en partir activos y pasivos como si se tratara de una simple comunidad, sin cuidarse de buscar equivalencias que las tornaran equitativas. En consecuencia, el tribunal toma en cuenta la que contempló la transferencia de los lotes “B” y “D” a la socia Aurora Ramírez de Baquero y que los lotes “A” y “C” continúen en el patrimonio de la sociedad. Pero como a simple resulta una diferencia en valores, son indispensables otras compensaciones.

Desde otro ángulo, los Schmidt quedarán como únicos socios de “Palmeras Los Araguatos Ltda.”, nombre comercial inscrito en el registro mercantil y ya acreditado en el mercado, según testimonio del ingeniero Julián Villegas. La compañía es titular de la empresa, que comprende no solo la actividad económica organizada para la explotación del cultivo de palma africana sino también del conjunto de bienes destinados a esa actividad. Estos se individualizan en el inventario, pero en bloque conforman una unidad funcional coordinada por la organización técnica y material. Esa unidad de explotación económica representa siempre un intangible, el cual no fue avaluado por los peritos. Pero la justicia y la equidad impone compensar por este concepto a quien se retira de la sociedad, facilitando la perduración de esta y de la empresa social.

De manera que las 46.000 cuotas de Aurora Ramírez de Baquero que adquiere la sociedad, son pagadas o compensadas por esta, así: 1. Con los predios antes mencionados (“B” y “D”) del plano de agrimensura de “Palmeras Los Araguatos Ltda.”, elaborado por el topógrafo Jorge Pinzón, segregados del terreno de mayor extensión denominado “Lote La Raya y Guaroa”, ubicados en el municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta, que tienen una extensión superficiaria total de novecientas treinta y una (931) hectáreas, con 1.000 m 2 , de las cuales 605 hectáreas con 9.068 m 2 corresponden al lote “B” y 325 hectáreas con 1.932 m 2 al lote “D”. Los linderos de estos predios son los que aparecen en el plano y el informe elaborados por el topógrafo Jorge Pinzón y los que trae para el globo en mayor extensión la escritura pública 706 de junio 24 de 1985 de la Notaría Única de Acacías (Meta). 2. Con la obligación de responder ante el Banco Ganadero por la totalidad del crédito a largo plazo que concedió a la sociedad, vale decir, liberando a Aurora Ramírez de Baquero de concurrir al pago de ese crédito en proporción a su participación en el capital social. La sociedad queda obligada a convenir de inmediato con el Banco Ganadero la cancelación de la hipoteca o gravámenes que afectan estos predios mediante la sustitución de garantías. 3. Con la asunción por la sociedad de las expensas procesales que resulten a cargo de ella. 4. con la asunción por la sociedad de la obligación de cubrir las deudas relacionadas en su contabilidad bajo los rubros “cuentas por pagar” y “proveedores”. 5. Con la entrega a Aurora Ramírez de Baquero de la camioneta Toyota M. 80 vendida por Rosendo Baquero a la sociedad pero cuyo traspaso no se llevó a cabo.

I. Las costas

La quinta pretensión de la demanda es la de “que se condene en costas a la parte demandada”. Pero el tribunal considera que las expensas procesales deben ser sufragadas en porciones iguales por ambas partes. Desde luego, la sociedad asumirá el pago de la porción que corresponde a la demandada y reembolsará a don Eugenio Schmidt las sumas por él entregadas para honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento y para los estipendios y gastos de los peritos.

Decisión

Por todo lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento designado con la misión de dirimir las diferencias surgidas por razón y dentro de la sociedad “Palmeras Los Araguatos Ltda.” entre los socios Schmidt, de un lado; y de otro, la socia Aurora Ramírez de Baquero, administrando justicia en nombre la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declárese que entre los demandantes Eugenio Schmidt Reitz, Ilse Helena Schmidt de Ritzl y Rosario Ingerborg Schmidt de Eberle, por una parte, y por otra, la demandada Aurora Ramírez de Baquero, ha desaparecido el ánimo de permanecer asociados en forma que permita la tranquila y productiva ejecución de los negocios de la sociedad Palmeras Los Araguatos Ltda.

2. Niéganse por improcedente las pretensiones segunda y tercera de la demanda consistentes en decretar la escisión de la empresa o la exclusión de Aurora Ramírez de Baquero de la sociedad “Palmeras Los Araguatos Limitada”.

3. Declárense no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada.

4. Acéptense las tachas de los testigos Ana Olga Pereira García y Juan Rivera Orjuela, formuladas por el apoderado de la parte actora; y recházase por extemporánea la del testigo Julián Villegas Jaramillo formulada por el personero de la demandada.

5. Como secuela directa de la ausencia en ambas partes del ánimo para continuar en sociedad y en vista de la improcedencia de la escisión de la empresa y de la exclusión de la socia Aurora Ramírez de Baquero, declárase que es procedente la petición con que termina la primera pretensión de la demanda consistente en que el tribunal imponga una solución que preserve la empresa y, a la vez, arregle las diferencias patrimoniales entre las partes.

6. Adóptase como solución en equidad del diferendo planteado en este proceso, la explicada en el literal H de la parte motiva de esta providencia y que se concreta en los siguientes ordinales:

1. Desde el día siguiente al de la ejecutoria de este fallo, “Palmeras Los Araguatos Ltda.” será la titular de las 46.000 cuotas que Aurora Ramírez de Baquero ha poseído por virtud de la adjudicación que de las mismas se le hizo en el proceso sucesoral de su esposo Rosendo Baquero Gutiérrez

2. Las 46.000 cotas que por disposición del presente laudo adquiere “Palmeras Los Araguatos Ltda.”, son pagadas o compensadas por esta a Aurora Ramírez de Baquero, así: a) Con la transferencia del derecho de dominio y la posesión sobre el predio distinguido como lote “B” en el plano de agrimensura de “Palmeras Los Araguatos Ltda.”, y que fue elaborado por el topógrafo Jorge Pinzón segregado del terreno de mayor extensión denominado “lote La Raya y Guaroa” ubicado en el municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta, que tiene matrícula inmobiliaria 236-0015825. El mencionado lote “B” tiene un área de seiscientas cinco (605) hectáreas con 9.068 m 2 y sus linderos son: Partiendo del punto número 3 citado en la orilla del caño la Raya y en colindancia con el lote “A”, hacia el punto 4 con rumbo de 10º00 N-E y distancia de 2.880 metros que lindan con terrenos de Óscar Ospina; del punto 4 situado en la margen derecha del caño Guaroa al punto 5 con rumbo de 51 00 S-E y distancia de 2.690 metros que lindan, caño Guaroa por medio, con terrenos de la Hacienda Palmarito; del punto 5 al 6 con rumbo de 10º 00 S-W y distancia de 1501 metros lindando con terrenos de Rosendo Baquero; del punto 6 al punto 3 (punto de partida) sigue el curso del caño La Raya en una distancia de 2645 metros y con rumbo medio de 81º 30'' N-W, lindando caño La Raya por medio con el lote “A”, cerrando un polígono que contienen un área de 605 hectáreas con 9.068 m 2 . b) Con la transferencia del derecho de dominio y la posesión sobre el predio distinguido como lote “D” en el plano de agrimensura de “Palmeras Los Araguatos Ltda.”, que se anexa a esta providencia, y que fue elaborado por el topógrafo Jorge Pinzón, segregado del terreno de mayor extensión denominado” lote La Raya y Guaroa” ubicado en el municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta, que tiene matrícula inmobiliaria 236-0015825. El mencionado lote “D” tiene un área de trescientas veinticinco (325) hectáreas con 1932 m 2 y sus linderos son: Partiendo del punto 6A situado en el caño La Raya y en colindancia con terrenos de la Hacienda Araguatos, hacia el punto 7 con rumbo 83º 30'' S-E y distancia de 3015 metros, lindando, caño La Raya por medio con terrenos del referido predio; del punto 7 al punto 8 rumbo de 39º 30'' S-W y distancia de 1465 metros que lindan con terrenos de Juan E. Baquero; del punto 8 al punto 9 con rumbo 83º 30'' S-W y distancia de 1118 metros, que lindan con terrenos de Rosendo Baquero; del punto 9 situado a la orilla derecha de la carretera San Carlos – Acacías hacia el punto 9A con rumbo de 81º 30'' N-W y distancia de 550 metros que lindan con la carretera nacional San Carlos – Acacías; del punto 9A al punto 6A (punto de partida) con rumbo 14º 45'' S-E y distancia de 1560 metros lindando este tramo con terrenos del lote “A”, cerrando así un polígono que contiene un área de 325 hectáreas con 1932 m 2 ; la línea comprendida entre los puntos 9A y 6A corresponde al eje de una carretera que es vía de entrada y servidumbre para todos los lotes que conforman “Palmeras Los Araguatos Ltda.”. Nota: El plano topográfico levantado y la alinderación verificada por el perito Jorge Pinzón forman parte de este laudo; c) Con la asunción por “Palmeras Los Araguatos Ltda.”, de estas obligaciones: la de pagar la totalidad del crédito vigente a favor del Banco Ganadero; la de cubrir la mitad de las costas de este proceso a cargo de Aurora Ramírez de Baquero, y la de responder por el pasivo social relacionado en el balance bajo la denominación de “cuentas por pagar” y “proveedores”; y, d) Con la entrega, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de este laudo, de la camioneta Toyota M.80.

3. “Palmeras Los Araguatos Ltda.”, gestionará de inmediato ante el Banco Ganadero la cancelación de hipotecas que afecten los inmuebles que pasan a ser de propiedad de Aurora Ramírez de Baquero, mediante la sustitución de garantías en la forma que convenga con ese acreedor de la sociedad, a fin de que dentro de los sesenta (60) días siguientes queden esos predios libres de cualquier gravamen hipotecario. La sociedad se hará responsable de todo perjuicio que resulte del retardo en el cumplimiento de esta obligación.

4. Los demás activos de la sociedad “Palmeras Los Araguatos Ltda.” continúan en el patrimonio de la sociedad adquirente de las cuotas sociales, los cuales conforme al dictamen de los peritos Torres y Reyes se relacionan así; a) Terrenos: lote “A” restante del terreno de mayor extensión denominado “Lote La Raya y Guaroa”, ubicado en el municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta, en el plano de agrimensura elaborado por el topográfico Jorge Pinzón, que tiene matrícula inmobiliaria 236-0015825, un área de 568 hectáreas con 9000 m 2 y sus linderos son: Partiendo del punto 1, situado en la orilla derecha de la carretera que de San Carlos de Guaroa conduce a Acacías y en colindancia con la Hacienda El Prado, hacia el punto 2 con rumbo de 0º 00'' N y distancia de 1645 metros que lindan con terrenos de la Hacienda El Prado; del punto 2 al punto 3 con rumbo de 70º 00'' S-E y distancia de 1132 metros lindando este tramo con el caño La Raya por medio con terrenos de Óscar Ospina: del punto 3 al punto 6 sigue todo el cauce del caño La Raya en una distancia de 2645 metros y un rumbo medio de 81º 30'' S-E y linda caño La Raya por medio con el lote “B” (lote Guaroa); del punto 6 al punto 6A con rumbo medio 81º 30'' S-E y distancia de 465 metros que lindan caño La Raya por medio, con terrenos de Rosendo Baquero; del punto 6A al punto 9A con rumbo de 14º 45'' S-E y distancia de 1560 metros lindando este tramo con terrenos del lote “D”; la línea comprendida entre los puntos 6A y 9A corresponde al eje de una carretera que es vía de entrada y servidumbre para todos los lotes que conforman “Palmeras Los Araguatos Ltda.”; del punto 9A al punto 1 (punto de partida), con rumbo de 81º 30 N-W y distancia de 4325 metros que linda con la carretera nacional que de San Carlos conduce a Acacías, cerrando así un polígono que contiene un área de 568 hectáreas con 9000 m 2 lote “C” o lote del Río Guamal”, que tienen matrícula inmobiliaria 236-0026574, cabida de 113 hectáreas con 1000 m 2 y linderos conforme a la escritura pública 1162 de julio 4 de 1990 de la Notaría Unica de Acacías (Meta); b) Planta y equipos con excepción de la camioneta Toyota M-80; c) Todas las cuentas por cobrar; y, d) el total del disponible.

7. Las expensas de este proceso son de cargo de ambas partes por porciones iguales. Los gastos de protocolización —si no resultaren suficientes los provistos— se pagarán por las partes en la misma proporción.

8. Las transferencias de los inmuebles especificados en el artículo sexto, ordinal 2º que antecede de este laudo y que pasan a ser de propiedad de Aurora Ramírez de Baquero, deberán inscribirse en la oficina de registro de instrumentos públicos de San Martín (Meta) una vez ejecutoriado el presente fallo.

9. Dispónese que la Cámara de Comercio de Bogotá inscriba la adquisición de 46.000 cuotas de la sociedad “Palmeras Los Araguatos Ltda.” por parte de la misma sociedad “Palmeras Los Araguatos Ltda.” a Aurora Ramírez de Baquero.

10. Protocolícese el expediente en una notaría de Círculo de Santafé de Bogotá, D.C., hechas las inscripciones ordenadas en los artículos octavo y noveno de la parte resolutiva de este laudo.

Notifíquese y cúmplase.

El presente laudo queda notificado en estrados y deberá cumplirse a partir de su ejecutoria.

Para dar traslado de las solicitudes de aclaración, corrección o complementación, si las hubiere, cítase a audiencia de este tribunal el diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) a las nueve de la mañana (9:00 a.m.), decisión que queda notificada a los apoderados en audiencia.

Finalmente el árbitro único doctor Narváez dio por concluida la audiencia, previa firma del acta por quienes intervinieron en la actuación.

De ella se entregaron en la fecha sendas copias a los apoderados de las partes.

La suscrita secretaria deja constancia que este laudo arbitral quedó ejecutoriado en la fecha, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 37 del Decreto 2279 de 1989 y que no se presentó recurso de anulación contra el mismo.

Santafé de Bogotá, D.C., octubre veintiséis (26) de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

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