Laudo Arbitral

Federación Nacional de Algodoneros

v.

Seguros La Unión S.A.

Mayo 23 de 1978

Acta 22

En la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, a veintitrés de mayo de mil novecientos setenta y ocho, a las tres de la tarde, fecha y hora señaladas en la reunión anterior para celebrar la audiencia de fallo del Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir en derecho la controversia suscrita entre La Federación Nacional de Algodoneros, por una parte, y Seguros La Unión S.A., por la otra parte, se reunieron en las oficinas acordadas como sede del tribunal los señores doctor Rodrigo Noguera Laborde, árbitro presidente, doctor Marco Alzate Avendaño y doctor Gustavo De Greiff Restrepo, árbitros, y el suscrito secretario, con el objeto de celebrar la audiencia de fallo, para la cual se convocó por auto dictado en la audiencia del veintisiete de abril pasado. Asistieron los apoderados de las partes, doctores Francisco Zuleta Holguín y William Salazar Luján, respectivamente. Abierta la sesión el secretario, de conformidad con lo prescrito por el artículo 671,6 del Código de Procedimiento Civil, procedió a dar lectura en voz alta al laudo proferido en este proceso arbitral, que se pronuncia en derecho y el cual fue acordado por mayoría de votos y está firmado por todos los árbitros, con salvamento de voto del árbitro doctor Marco Alzate Avendaño, quien entregará por escrito su salvamento dentro del término legal. Terminada la lectura, el laudo queda notificado en audiencia a los apoderados de las partes de conformidad con lo previsto por los artículos 671, 10 y 325 del Código de Procedimiento Civil. El laudo, en derecho, se pronuncia dentro del término que para la duración del proceso arbitral señale el artículo 669 del Código de Procedimiento Civil, para cuyo cómputo deben descontarse los días en que el proceso se ha suspendido por tiempo determinado a petición conjunta de las partes, según constancias en autos visibles a los folios 59 vuelto y 61, y 93 vuelto y 98 del cuaderno 1, actas de audiencias 4 de diciembre 7 de 1977, 5 de enero 17 de 1978, 13 de febrero 14 de 1978 y 14 de febrero 21 de 1978. Tanto el laudo arbitral como el salvamento de voto se declaran incorporados al proceso como anexos de la presente acta. Cumplido lo anterior se da por terminada la audiencia y se levanta la sesión. Para constancia se extiende la presente acta, que una vez leída y aprobada se suscribe por quienes intervinieron en la actuación.

Bogotá, mayo treinta de mil novecientos setenta y ocho. En esta fecha el presidente del tribunal dio cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 670, 4º, y 679, 3º, del Código de Procedimiento Civil, entregando a los árbitros y al secretario la mitad restante de los honorarios correspondientes. El laudo arbitral quedó ejecutoriado el veintisiete de mayo en curso.

Tribunal de Arbitramento

Bogotá, mayo veintitrés (23) de mil novecientos setenta y ocho (1978).

Agotado el trámite legal se procede a pronunciar en derecho el laudo que finaliza el proceso arbitral seguido de una parte por La Federación Nacional de Algodoneros, persona jurídica domiciliada en Bogotá, representada por su gerente general doctor Luis Lizarralde González, y de la otra por Seguros La Unión S.A., sociedad también domiciliada en Bogotá, representada por su gerente general, doctor Francisco Pérez Palacio.

En el presente fallo cuando se haga mención a La Federación se entenderá referirse a La Federación Nacional de Algodoneros, y cuando a La Unión o La Compañía a Seguros La Unión, S.A.

I. Antecedentes

A. El siete (7) de octubre de mil novecientos setenta y siete (1977) La Federación y La Unión firmaron en Bogotá un documento de compromiso en el cual sujetaron a la decisión de un Tribunal de Arbitramento integrado por los suscritos abogados Rodrigo Noguera Laborde, Marco Alzate Avendaño y Gustavo de Greiff Restrepo las diferencias que adelante se precisan con base en los hechos que a continuación se sintetizan:

1. El día dos (2) de mayo de mil novecientos setenta y siete (1977) ocurrió un incendio en la bodega de Inagrario ubicada en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico, como consecuencia del cual fueron destruidas por el fuego cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón de fibra nacional de propiedad de La Federación.

2. El algodón estaba amparado contra los riesgos de incendio y rayo por los contratos de seguro contenidos en la póliza 1357 y en el certificado de modificación distinguido con el número 3520 expedido por La Unión.

3. “La Federación afirma que al tenor de los contratos de seguro celebrados con La Compañía y por la forma como estos se han ejecutado e interpretado, acordó con esta un valor de quince mil pesos ($ 15.000) por cada paca de algodón asegurada y, partiendo de tal premisa y teniendo en cuenta que las pacas consumidas por el fuego ascendieron a la cantidad de cuatro mil setenta y seis (4.076) pretende que La Compañía le pague la suma de sesenta y un millones ciento cuarenta mil pesos ($ 61.140.000), cantidad que resulta de multiplicar el número de pacas incineradas (4.076) por la suma alegada de quince mil pesos ($ 15.000) moneda corriente por cada paca”.

4. La Compañía, de su parte, sostiene que no ha existido un acuerdo expreso sobre el valor real del interés asegurado entre ella y La Federación, a razón de quince mil pesos ($ 15.000) cada paca de algodón pues, en su opinión, dicha cantidad solo representa la suma asegurada o, lo que da igual, el límite máximo de la responsabilidad que asumió”.

5. Como no hubieren llegado a un arreglo de sus diferencias las partes sometieron, según se dejó dicho, a la decisión de los árbitros nombrados, las siguientes cuestiones: “1. Si ha existido o no acuerdo expreso sobre el valor real del interés asegurado entre La Federación y La Compañía; 2. Señalar la cuantía de la indemnización a cargo de La Compañía, junto con los intereses correspondientes, si fuere el caso, dentro de los límites del valor o suma asegurada; y 3. Si La Compañía, con fundamento en el artículo 1110 del Código de Comercio y en la decimoquinta de las condiciones generales de la póliza de seguro contra incendio 1357, tiene la facultad de indemnizar a La Federación, bien en dinero, en la suma que como indemnización haya señalado, bien mediante la reposición de cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón fibra nacional”.

6. Sin que ello implicara para ninguna de las partes renuncia a sus respectivos derechos La Unión convino en entregar a La Federación la suma de cuarenta y dos millones de pesos ($ 42.000.000) determinándose que si el tribunal reconocía a la primera la facultad de indemnizar a la segunda mediante la reposición de cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón de fibra nacional, aquel debía ordenar a La Federación la devolución de la citada suma y señalar el término en que a partir de tal devolución La Unión decida la forma de pago de la correspondiente indemnización y en caso contrario, “esto es, en el evento de que el tribunal no reconozca La Compañía la facultad de indemnizar a La Federación mediante la reposición de cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón fibra nacional, dicho tribunal ordenará que la mencionada suma de cuarenta y dos millones de pesos ($ 42.000.000) se impute por La Federación a la indemnización que se determine a cargo de La Compañía, si esta última fuere igual o superior a la cantidad de cuarenta y dos millones de pesos ($ 42.000.000). Si la indemnización en cuestión fuere menor, el tribunal condenará a La Federación a devolver a La Compañía la diferencia entre la suma de cuarenta y dos millones de pesos ($ 42.000.000) a que se ha hecho mención, y la indemnización a que sea condenada La Compañía”.

7. En la misma fecha del documento de compromiso se comunicó a los árbitros su designación, la cual fue aceptada por ellos en cartas fechadas en octubre 10 de 1977.

8. El día diez y ocho (18) del mismo mes y año se instaló el tribunal, fue elegido presidente el árbitro Rodrigo Noguera Laborde y secretario el abogado Daniel Rivera Villate, quien tomó posesión de su cargo, se señalaron las sumas para el pago de los honorarios de sus integrantes y la partida para gastos de funcionamiento. La consignación de los valores por tales conceptos se efectuó en oportunidad en manos del presidente del tribunal, y en consecuencia se convocó a las partes para la audiencia prevista en el ordinal 6º del artículo 2018 del Código de Comercio mediante providencia que les fue notificada personalmente.

Aceptada la competencia del tribunal se reconocieron los apoderados y se decretaron las pruebas pedidas en sus escritos.

II. Presupuestos procesales

La competencia, como se expresó, fue aceptada por el tribunal, la existencia y representación de las partes se demostraron en forma legal; las pruebas pedidas fueron practicadas; las partes alegaron de conclusión y posteriormente presentaron un resumen escrito de sus alegaciones, y como el proceso ha seguido el trámite establecido en el título XXXIII del Código de Procedimiento Civil, sus presupuestos están cumplidos, y se procede a dictar el fallo previas las siguientes,

Consideraciones:

III. El caso controvertido

Del documento de compromiso aparece que las partes están plenamente de acuerdo en reconocer la existencia del contrato de seguro, el cual, por ser solemne, se demostró aportando al proceso la póliza respectiva; igualmente reconocen la existencia del interés asegurable como que expresamente afirman que los bienes asegurados (pacas de algodón) eran “de propiedad de La Federación” y que ellos estaban “amparados contra los riesgos de incendio y rayo por los contratos de seguros contenidos en la póliza 1357 y en el certificado de modificación distinguido con el número 3520”, expedidos por La Unión.

En cuanto a la ocurrencia del siniestro también aceptan que tuvo lugar “al amanecer del día dos (2) de mayo de 1977” cuando “ocurrió un incendio en la bodega de Inagrario ubicada en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico, como consecuencia del cual fueron destruidas por el fuego cuatro mil setenta y seis pacas de algodón ...”.

Así las cosas las diferencias entre las partes se contraen a los puntos indicados en el numeral 5º del capítulo I antecedentes, de esta providencia, y que procedemos a examinar en el mismo orden planteado en el documento compromisorio:

Primer punto sometido a la decisión del tribunal:

“1. Si ha existido o no acuerdo expreso sobre el valor real del interés asegurado entre La Federación y La Compañía”

Es principio fundamental de los seguros de daños de ser contratos de mera indemnización para el asegurado, que más pueden constituir para él fuente de enriquecimiento (C. Co., art. 187 (sic) seguros, exposición crítica de la Ley 17.418, I. … (sic), Ed. Depalma Buenos. Aires 1972, págs. 555 y ss. Les assurances, N. Jacob, Dalloz, París 1974, págs. 159 y ss. El nuevo contrato de seguros, A. Soler, Ed. Astrea, Buenos Aires. 1970. págs. 6 y ss.). Suele decirse que este principio es el que distingue el contrato de seguro y la apuesta y se traduce en la necesidad de que el asegurado tenga una relación jurídica con la cosa amparada y que esta esté expuesta al riesgo cubierto. Esto es lo que se denominaría interés asegurable, que es precisamente el objeto del contrato. Si no existe ninguna relación entre el asegurado y la cosa, y por la pérdida de esta recibiera alguna suma de dinero, por un lado obtendría con ello una utilidad y por el otro estaría más interesado en que tal pérdida ocurriera que en evitarla o prevenirla. A su vez, si la cosa no estuviera expuesta a la posibilidad de perderse por daño o destrucción debida a un suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, la obligación del asegurador no podría existir.

De aquí que, junto con la prima o precio del amparo que asume el asegurador, el interés asegurado y el riesgo asegurable, sean elementos esenciales del contrato de seguro (C. Co., art. 1045).

En relación con el interés asegurable es necesario determinar quien es su titular, desde cuándo y hasta qué momento debe existir y cuál es su valor.

El Código de Comercio Colombiano se preocupa por reglamentar estos extremos y así en los artículos 1083 y 1084 establece que toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo tiene interés asegurable y que, por consiguiente, sobre una misma cosa pueden concurrir distintos intereses. El artículo 1086 ordena que el interés debe existir durante toda la vigencia del contrato y que su desaparición lleva consigo la cesación o extinción del seguro.

Pero no es suficiente que exista el interés asegurable en cabeza del asegurado y que su vida se prolongue durante toda la vigencia del contrato, es necesario, además, que él sea estimable en dinero porque si el seguro de daños, como se vio, es respecto del asegurado un contrato de mera indemnización, esta —la indemnización— estará limitada por el valor real de aquel. En consecuencia el legislador se ha aplicado a reglamentar la forma de avaluarlo y lo ha hecho en la manera siguiente:

En primer lugar establece que la indemnización puede comprender a la vez el daño emergente y, cuando se pacte, también el lucro cesante (C. Co., art. 1083).

En segundo término, ordena que la indemnización en ningún caso exceda del valor real del interés asegurado ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o beneficiario (C. Co., art. 1089).

Como se trata, repetimos, de un contrato de indemnización, esta tiene que medirse por el perjuicio que sufra el titular del interés, y como ese perjuicio se materializa al ocurrir el siniestro, este es el momento que sirve para medir su cuantía (C. Co., art. 1089).

Como, a su vez, el contrato de seguros es oneroso, y el asegurador asume el riesgo de pérdida o daño a que está expuesto ese interés a cambio de una prima o precio, las partes deben convenir en una suma asegurada o en el modo de precisarla (C. Co., art. 1047, num. 7º), o pueden acordar ese valor expresamente y de antemano, (C. Co., art. 1089, inc. 2º), que es lo que se denomina valor admitido o tasado.

Si la suma asegurada excede el valor real del interés asegurado se produce lo que se denomina sobreseguro y ello ocasiona la nulidad del contrato “con retención de la prima a título de pena, cuando de parte del asegurado haya habido intención manifiesta de defraudar al asegurador y, en los demás casos, “podrá promoverse su reducción por cualquiera de las partes contratantes, mediante la devolución o rebaja de la prima correspondiente al importe del exceso y al período no transcurrido del seguro” (C. Co., art. 1091, inc. 1º).

Si, por el contrario, no se asegura “el íntegro valor del interés”, se estará en presencia del fenómeno llamado infraseguro, y, el asegurador solo estará obligado a indemnizar el daño o prorrata entre la cantidad asegurada y la que no lo esté” (C. Co., art. 1102) (sic). A su vez las partes pueden convenir en una franquicia o descubierto obligatorio, consistente en la estipulación de que “el asegurado no soportará parte alguna de la pérdida o deterioro sino en el caso de que el monto de estos exceda de la suma asegurada” (C. Co., art. 1102, inc. 2º).

Dentro del mismo criterio de prevenir la posibilidad de que el asegurado obtenga no una indemnización sino una ganancia, se prohíbe asegurar el descubierto, salvo estipulación en contrario (C. Co., art. 1103), y se dispone que en caso de coexistencia o pluralidad de seguros “los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos”, siempre que este haya actuado de buena fe, y si de mala fe los contratos serán nulos (C. Co., art. 1092). Cuando la pluralidad de seguros adopta la forma de coaseguro, es decir, cuando los varios aseguradores aceptan cubrir una cuota parte del riesgo total, se aplica la misma norma de distribución proporcional de la indemnización (C. Co., art. 1095).

Todo lo anterior nos lleva a apreciar cómo el legislador se ha propuesto impedir que el seguro, se convierta en ocasión de utilidad para el asegurado, por cuya razón debe ser este el criterio determinante para interpretar las disposiciones contractuales que se refieran al valor asegurado.

El valor asegurado, pues, constituye el límite máximo de la indemnización debida por el asegurador, pero la cuantía de ella será la del valor real del interés asegurable y el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o beneficiario (C. Co., art. 1089).

El momento en que debe determinarse ese valor real ya se indicó: es el del siniestro: así resulta del carácter indemnizatorio del seguro, y lo consagra expresamente el legislador colombiano en el precitado artículo 1080 del Código de Comercio.

La única excepción la constituye el valor admitido o tasado, en cuya virtud el asegurador y el asegurado valúan el interés en forma expresa, pero como bien lo dice Halperin “Este valor tasado se impone al asegurador, quien puede impugnarlo en caso de dolo o fraude o evidente exageración: de lo contrario llevaría a legalizar una apuesta disimulada” (Seguros-Exposición crítica de la L. 17.418, Ed. Depalma 1972, pág. 552). Su efecto, en realidad resulta ser la inversión de la carga de a prueba de la cuantía del siniestro, que corresponde al asegurado (C. Co., art. 1077).

Qué quiere decir que el valor admitido o tasado, valeur agreée como lo llaman los tratadistas franceses,

(Les assurances terrestres, M. Picard et A. Besson, Librairic Genérale de Droit, París 1975, págs. 467 y ss.), deba ser “objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador” como lo dispone el artículo 1089 del Código de Comercio.

Expreso es un adjetivo calificativo que significa “claro, patente, especificado” (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid, 1956, pág. 601). Para el tribunal es evidente que siendo el contrato de seguro de daños un contrato de mera indemnización, para que se pueda afirmar que hubo acuerdo entre asegurador y asegurado en la valuación anticipada del interés asegurado, él debe estar especificado en la póliza o en los documentos que hacen parte de ella. Y especificado o establecido de tal forma que no admita duda, porque lo dudoso es lo contrario de lo expreso. Más aún, como el contrato de seguros es de la especie de los solemnes, en él “expresó”, además de claro y patente, significa escrito, porque la solemnidad del contrato radica en un documento que se denomina póliza, en la cual deberá mencionarse, entre otros extremos, “la suma asegurada o el modo de precisarla”. En otros términos: entiende el tribunal que cuando el artículo 1089 del Código de Comercio dispuso que el valor tasado o acordado debe ser objeto de un acuerdo expreso, quiso decir que este debe ser claro, patente o especificado, esto es, que surja de su mismo tenor literal, sin dudas de ninguna especie, y que, por tanto, no pueda ser objeto de interpretaciones.

En la legislación argentina sucede lo mismo. El tratadista Amadeo Soler en su obra citada expresa: “La Ley (17.418) prevé el “valor tasado” en el artículo 63, que dispone: “El valor del bien a que se refiere el seguro se puede fijar en un importe determinado, que expresamente se indicará como tasación. La estimación será el valor del bien al momento del siniestro, excepto que el asegurador acredite que supera notablemente este valor”.

“Para que la cláusula “valor tasado” tenga eficacia —agrega el mismo autor— es necesario el concurso de dos requisitos:

a) Que el valor se determine expresamente, y

b) Que se indique en la póliza que ese valor es tasado, valuado o determinado o cualquier otro término similar que sea inequívoco. La fuente de esta norma está en el artículo 1908 del Código Civil Italiano de 1942” (Ob. Cit., pág. 80).

Los tratadistas franceses M. Picard y A. Besson, también citados ya, en su obra Les assurances terrestres manifiestan: “En todo caso, este seguro supone una estipulación formal. La firma del asegurador en una póliza no vale como aceptación del valor del seguro y ratificación de la declaración del asegurado: en principio, la suma asegurada es fijada libremente por el asegurado y el asegurador se contenta con registrarla para el cálculo de la prima y para la determinación del monto máximo de la indemnización. Para que haya seguro por valor admitido (valeur agreée) es necesario un acuerdo especial de las partes, una estimación contractual de la cosa asegurada, esto supone en la póliza una cláusula expresa o en todo caso una que no sea ambigua, en virtud de la cual el asegurador acepta y hace suya la evaluación indicada” (Ob. Cit., pág. 468).

En el derecho de los Estados Unidos sucede lo mismo (Insurance law, Robert, B. Keeton, West Publishing Co. St. Paul, Minn. 1971, pág. 140).

La disposición contenida en el artículo 1089 del Código de Comercio colombiano, que venimos comentando y que encuentra, además, su apoyo en la doctrina extranjera, es tan estricta que el mismo código la consagra como inmodificable (art. 1162, ibíd.).

De otro lado, las partes, al contratar el seguro, pueden acordar el pago de la indemnización por el valor de reposición o de reemplazo del bien asegurado (art. 1090). Este convenio es el llamado por la doctrina “de valor a nuevo o seguro de reposición” y tiene la ventaja para el asegurado, de que implica la renuncia, por parte del asegurador, a deducir la depreciación sufrida por los bienes asegurados, quien deberá entonces indemnizar como si ellos fueran nuevos al momento del siniestro. (El nuevo contrato de seguro, Amadeo Soler Aleu, Ed. Astrea, Buenos Aires 1970, pág. 230; El contrato de seguro. I. Halperin, Editora Argentina, Buenos Aires, 1946, pág. 291).

Como más adelante se advertirá, a propósito de otro de los puntos sometidos a la decisión de este tribunal, este acuerdo no debe confundirse con el derecho de reconstruir, reparar o reponer la cosa asegurada, derecho que el Código de Comercio colombiano otorga al asegurador en el artículo 1110.

Como síntesis de lo anterior tenemos que:

Valor asegurado es el monto máximo de la garantía suministrada por el asegurador.

Valor admitido, tasado o convenido es el monto acordado expresamente entre asegurado y asegurador y que se presumirá ser el valor real del interés asegurado.

Valor de reposición o de reemplazo del bien asegurado o valor a nuevo es el monto de lo que costaría el reemplazar o reponer el bien asegurado, una vez ocurrido el siniestro.

Reconstrucción, reparación o reposición de la cosa asegurada es el derecho del asegurador de entregar en pago de la indemnización acordada una cosa igual a la destruida o de colocar a esta en las condiciones en que se encontraba antes de la ocurrencia del siniestro.

¿Convinieron o no las partes, en un valor tasado o admitido?

La cláusula relativa al valor del seguro en la póliza 1357 y en el certificado de modificación 3520, que como se vio amparaban los bienes destruidos por el siniestro, dicen:

1. Póliza: “Interés asegurado. Algodón en fibra pacas prensadas hasta $ 15.000 de valor asegurado por cada paca de algodón en fibra”. “Valor asegurado: $ 75.000.000”.

2. Certificado: “Nota. El valor asegurado por cada paca de algodón en fibra es hasta la suma de quince mil pesos mcte. ($ 15.000)”.

“Hasta” es una preposición que sirve para expresar el término de lugares, acciones y cantidades. (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Ed. 18, pág. 697, Apuntaciones idiomáticas, Roberto Restrepo, Edit. Cromos, Bogotá, 1944, pág. 282). Por definición, entonces, no puede emplearse para significar una obligación precisa en cantidad sino, por el contrario, el límite al cual alguien se obliga, pudiendo ser menor según la naturaleza y términos del respectivo convenio. Es entonces necesario concluir, que en las estipulaciones anteriores, lejos de haberse señalado un valor acordado o tasado, para los efectos de la indemnización, lo que se fijó fue el límite máximo a que esta podía llegar en caso de siniestro. El tenor literal de la estipulación lo resalta con evidencia. Concluir lo contrario, es decir, afirmar que en tal acuerdo hubo un valor tasado, sería tanto como borrar de la estipulación la comentada preposición.

De otro lado las declaraciones de terceros, la prueba documental y la pericial, llevan al tribunal a la misma convicción:

En efecto:

1. El señor Gerardo Gómez Gómez, quien afirmó ser gerente de la sociedad Corredores de Seguros Arboleda, Ortega y Gómez, quien “ha manejado los seguros de la Federación Nacional de Algodoneros desde hace aproximadamente quince años”, al ser preguntado sobre “la forma tradicional como se han tramitado y ejecutado los seguros de incendio de algodón celebrados entre La Federación y La Unión, desde el momento en que la primera hace la solicitud de amparo hasta cuando, en oportunidades, la segunda cancela los siniestros que se han presentado”. Contestó: Mi firma recibe una orden de asegurar determinado algodón, me refiero es a determinada localidad, puesto que La Federación nunca ha determinado calidades, ya que sería una labor sumamente dispendiosa. Conforme a un valor que declara La Federación (destaca el tribunal), se solicita el seguro a Seguros La Unión. Esta compañía expide el certificado de amparo; ese certificado tiene variaciones de acuerdo a las cantidades que declare La Federación que tenga en cada localidad. De acuerdo a esas cantidades y al precio establecido para cada paca de algodón, y a la tasa establecida, que es aprobada por la (*)Superintendencia Bancaria, La Unión cobra la prima de acuerdo a precio, cantidad y tiempo de amparo. Este el proceso normal de todo seguro. Cuando hay un siniestro damos aviso previo a La Unión, se levanta un acta del siniestro, Seguros La Unión o —ajusta— ella el siniestro o nombra ajustadores a efecto de liquidar el siniestro (se destaca nuevamente). Posteriormente paga de acuerdo con la liquidación del número de pacas y el precio estipulado en el amparo. Es eso hasta ahora lo que ha venido ... (sic) sucediendo con La Unión antes del siniestro de Repelón (cdno. 1, fl. 69).

Más adelante, interrogado por el apoderado de Seguros La Unión S.A. sobre lo que entendía por precio acordado al cual había hecho alusión el declarante, “Contestó: El precio acordado es el precio suministrado por La Federación, bajo el cual Seguros La Unión establece el monto del valor asegurado, y que nunca ha sido objetado por Seguros La Unión” (cdno. 1, fl. 70, rengs. 31 a 34).

Evidentemente lo transcrito no constituye propiamente el acuerdo expreso sobre un valor tasado. Como es apenas lógico la fijación del valor asegurado en la póliza siempre es el producto de un acuerdo entre el asegurador y el asegurado o el tomador pues si no hubiera el primero no expediría la póliza. El convenio sobre valor tasado o admitido es mucho más que eso; es, tiene que ser, según las voces del artículo 1089 del Código de Comercio, la expresión explícita de las partes contratantes de que están de acuerdo en que el objeto asegurado tiene un determinado valor, que él constituye así mismo el del interés real, y que a ese valor se estará para el pago de la indemnización en caso de producirse el siniestro.

Si bastara como valor acordado la simple indicación del asegurado o tomador del valor asegurado y el consentimiento del asegurador a ello, bien porque se esté a la afirmación de aquellos, o bien porque sus conocimientos sobre la materia le permitan juzgar que ese valor se ajusta a la realidad del comercio, siempre habría valor admitido o convenido, y sobraría la disposición legal que es especialísima, como que constituye una excepción a las normas sobre fijación de la suma asegurada o el modo de precisarla y sobre prueba de la cuantía de la pérdida en caso de siniestro (C. Co., arts. 1045, num. 7º, y 1077).

2. La señora Melba Bermúdez de Herrera, subgerente comercial de La Federación, al ser preguntada sobre la forma como esta fija el precio del algodón que deposita en almacenes generales de depósito, manifestó: “La forma para fijar el precio del algodón es mediante solicitud dirigida al corredor de seguros, previo estudio de precio de acuerdo con sus ventas efectuadas a futuros en el momento de la iniciación del desmote del algodón y la proyección del precio del mercado internacional con el objeto de establecer el precio promedio de la tonelada de algodón fibra y no semilla, teniendo en cuenta que para todos los efectos se toma como unidad la paca. Este precio puede ser modificado en el desarrollo de la cosecha de acuerdo a como vayan realizadas las ventas”. Y a continuación dijo: “... cuando La Federación registra el precio para el seguro, debe ser el mismo para el almacenamiento. En esta forma los almacenes de depósitos cobran el valor indicado por La Federación, que repito, es el mismo tanto para el seguro como para el almacenamiento” (cdno. 1, fls. 72 y 72 vto.).

Otra vez, obsérvese que en este testimonio se habla de un precio indicado por el asegurado (La Federación) y aceptado como valor asegurado por el asegurador, pero no se dice que se hubiera acordado expresamente que a él se estaría para el pago de la indemnización en caso de siniestro.

3. En la declaración del señor Jaime Trujillo Vargas, quien se identificó como “gerente general de los almacenes de depósito de la Caja Agraria, Idema y Banco Ganadero (Inagrario S.A.)”, al ser preguntado sobre quien indicó el precio unitario por paca “Contestó: ... tal como lo señalé, para la fijación de ese precio por paca con un peso standard de 250 kilos se tuvo en cuenta el dato suministrado por el propietario del algodón y señalado, como antes dije, por la oficina coordinadora de Medellín, de acuerdo a la situación del mercado vigente en esa época para el algodón fibra de origen nacional” (cdno. 1, fl. 80).

Como se ve de esta declaración, el valor asegurado lo suministraba La Federación, como generalmente ocurre en los seguros, en los cuales, el asegurado suministra tal valor, lo que resalta que no se trataba de un valor tasado.

4. En el proceso se solicitó por una de las partes la declaración del señor Alberto Meda Vallejo, quien manifestó ser presidente de la Distribuidora de Algodón Nacional, Diagonal. Al ser preguntado por el apoderado de la Federación sobre la forma o sistema que utiliza Diagonal para negociar o convenir los contratos de seguro de algodón con las compañías aseguradoras de Diagonal (Suramericana de Seguros, Colombiana de Seguros y Seguros Bolívar), “Contestó: Con base en los precios internacionales y teniendo en cuenta la tendencia de los mismos, y la del dólar, señalamos un precio inicial para determinar el valor asegurado por tonelada, precio que, a medida que se va desarrollando la cosecha, lo modificamos hacia arriba o hacia abajo con base en las liquidaciones mensuales de los precios del algodón” (cdno. 1, fl. 83 vto.).

Y al ser interrogado sobre “¿Cuál ha sido el sistema o trámite empleado por las compañías aseguradoras de Diagonal para pagarles el monto de las indemnizaciones correspondientes a los siniestros sufridos por Diagonal en los últimos cuatro (4) años? Contestó: Con base en los precios asegurados y con base en los precios reales del algodón en el momento del siniestro, y de acuerdo a la clasificación y peso de los algodones, nos han reconocido esas sumas” (cdno. 1, fl. 84 vto.).

Aparte de que este testimonio nada prueba sobre cuál hubiera sido el sentido de la cláusula sobre valor asegurado en la póliza y en el certificado de modificación que amparaban el siniestro motivo de las divergencias llevadas al conocimiento y decisión del tribunal, él demuestra que por lo menos en cuanto a Diagonal se refiere, en sus pólizas de los últimos cuatro años no se ha convenido en un valor tasado o admitido, como quiera que este implica por definición que, a menos de exceder notablemente el verdadero valor real del interés objeto del contrato, la indemnización equivaldrá a ese monto acordado, y en cambio el deponente habla de que la indemnización se ha fijado “con base en los precios asegurados y con base en los precios reales del algodón en el momento del siniestro”.

5. También se recibió la declaración juramentada del señor Juan de J. Rojas Reyes, quien manifestó haber sido empleado de Seguros La Unión, S.A., en el cargo de director del departamento de incendio y transporte, de donde se retiró el 30 de septiembre de 1977. Al ser preguntado sobre el criterio que él tenía para autorizar o negar los amparos pedidos por La Federación respecto del algodón de su propiedad, especialmente en lo que dice referencia con el valor asegurado, “Contestó: El criterio en relación con los amparos solicitados por La Federación dependía del cumplimiento de los requisitos exigidos por el reglamento para seguros de algodón, y respeto (sic) al valor asegurado normalmente era La Federación quien nos daba los precios una vez hacían (sic) sus cálculos, y para cada cosecha. Preguntado: Seguros La Unión, señor Rojas, siempre aceptaba, durante el tiempo en que usted prestó sus servicios a La Compañía, como valor real del interés asegurado el valor por paca indicado por La Federación? Contestó: Como yo tenía conocimiento de que no todo el algodón era de la misma calidad, en la respectiva póliza se dejaba una nota aclarando que el valor de cada paca era hasta la suma de tanto. Dependía de la cosecha, porque una cosecha tenía un valor y otra un valor diferente” (cdno. 1, fl. 90).

En primer término, cabe observar a esta declaración que no es exacto que “en la respectiva póliza se dejara una nota aclarando que el valor de cada paca era hasta la suma de tanto”. En realidad ello ocurrió únicamente en relación con la póliza 1357; en las restantes allegadas al proceso eso no ocurrió como se destacará adelante.

En segundo término, este testimonio confirma que el valor asegurado lo indicaba el tomador o asegurado; no dijo el testigo, y además así no se consignó en la póliza, que las partes contratantes expresamente hubieran acordado que ese valor constituiría el monto que el asegurador se obligaba a indemnizar en caso de siniestro, que una vez más, se repite, es lo que constituye el convenio sobre el valor tasado o acordado.

En su brillante alegato de conclusión el señor apoderado de La Federación sostuvo que la palabra “hasta”, empleada en la póliza 1357, se usó por el asegurador no como un límite económico sino para cobijar o comprender las diferentes calidades de algodones. Pero esto no es lo que dice la nota contenida en la página 2ª de la póliza 1357, ni tampoco lo que se sigue de la declaración transcrita; según esta, lo que ocurrió fue que ignorándose las calidades del algodón, se fijó para este un precio máximo y un precio máximo de límite no es un valor acordado de antemano para el pago de una eventual indemnización.

El mismo señor apoderado en el documento contentivo del resumen de su exposición, al referirse al “valor de la indemnización” afirma que él “debe corresponder al valor comercial del objeto asegurado el día del siniestro”. Si ello es así, no pudo haber existido valor acordado o tasado, porque, vuelve a repetirlo el tribunal, el convenio sobre aquel implica precisamente, que el asegurador se esté a él, y no al valor de la cosa asegurada, en el momento del siniestro, a menos de que exceda notablemente de su valor real y el mismo instante (C. Co., art. 1089, inc. 2º). Si lo que quiso estipularse fue que el valor tasado, convenido o acordado sería el que tuviere el algodón cuando llegare a ocurrir el siniestro sin pasar de los $ 15.000 por paca, ello tampoco corresponde al concepto de valor convenido, tasado o acordado, sino al de valor asegurado, pues la norma general en el seguro de daños, y el de incendio en una especie de ese género, es la de que la indemnización del asegurador se mide por el valor real del interés asegurado en el momento del siniestro dentro de los límites del valor asegurado (C. Co., arts. 1079 y 1089).

6. Se aportó al proceso igualmente el testimonio del señor Daniel Zamora Franco quien manifestó ser gerente de la firma de ajustadores de siniestros asegurados W. Moller & Cía. Ltda., pero este testimonio carece de valor probatorio sobre el punto examinado en esta parte de la providencia que ahora se profiere, como que nada menciona el declarante sobre los convenios o acuerdos a que hubieren podido llegar La Federación y La Unión.

7. Pasando ahora al dictamen de los peritos, es de anotar que al preguntárseles por el señor apoderado de La Federación sobre “¿Cuál ha sido la forma en la cual se ha fijado el precio de cada paca de algodón, para la fijación de los valores asegurados en las pólizas 659, 478, 648 y 1357 contentivas de los contratos de seguros de incendio entre La Unión y La Federación ... “Contestaron: “En cuanto a la forma de fijación de los valores asegurados es necesario tener en cuenta lo expresado por doña Melba Bermúdez de Herrera en la audiencia del 24 de enero de 1978 (acta 7) (fls. 72, 72 vto. y 73) que personalmente nos lo confirmó y que resumimos así: La Federación generalmente negocia a base de futuros y en el momento en que comienza a despachar el algodón a bodegas avisa a los agentes de seguros el valor estimado del algodón sobre la base de las ventas realizadas y el cálculo sobre las calidades de los algodones que no se han vendido. Así establece el promedio del precio por paca que puede ser reajustado si se llegan a producir cambios en los factores tomados en cuenta” (destaca el tribunal). De donde se deduce y los peritos también lo han entendido que el precio fijado constituía un verdadero valor asegurado, es decir un límite de la obligación indemnizatoria del asegurador, y no un valor acordado, es decir un pacto expreso entre asegurador y asegurado de acuerdo con el cual el monto fijado constituiría la medida inmodificable (salvo exceso notable sobre el valor real) de dicha indemnización.

8. Finalmente procede examinar la prueba documental consistente en las pólizas 659, 478 y 648 que amparaban pacas de algodón contra los riesgos de incendio y rayo, así como toda la documentación sobre los siniestros distinguidos por La Unión con los números D-19-74; D-11-75 y D-15-75, por cuanto que en el documento de compromiso se dijo que por el tenor de dichas pólizas y por la forma como estos contratos se ejecutaron e interpretaron La Federación sostiene que “acordó con esta (La Unión) un valor de quince mil pesos ($ 15.000) por cada paca de algodón asegurado ...” (Véase cláusula segunda del documento). Es decir, que para La Federación así como en dichas pólizas no se discutió por La Unión que existiera un valor acordado, de igual suerte no procede discutir ese punto en el caso de la póliza 1357 que aquí se ha venido estudiando.

Examinados dichos documentos el tribunal encuentra que ni por la forma como se redactaron los contratos, ni por la manera como se ejecutaron al sobrevenir los siniestros, pueden tomarse esos antecedentes como indicativos de la voluntad de las partes en relación con el contrato de seguro contenido en la póliza 1357 y en su certificado de modificación 3520 a que se refiere esta controversia.

Las cláusulas sobre interés asegurado y valor asegurado en la póliza 659, (que corresponde al siniestro D-19-74), textualmente dicen: “Interés asegurado: Algodón en fibra (pacas prensadas)”. “Valor asegurado: $ 6.600.000” (cdno. 2-II, fl. 255).

Y en la misma póliza se lee: “... almacenes generales de depósito de creditario e Idema “Inagrario” es beneficiario preferencial hasta por el total del límite máximo asegurado y en caso de siniestro que dé lugar a indemnización bajo la presente póliza, esta se pagará a almacenes generales de depósito de creditario e Idema Inagrario” y a Federación Nacional de Algodoneros de acuerdo a sus respectivos derechos e intereses” (se destaca por el tribunal) (cdno. 2-II, fl. 256).

Las mismas cláusulas en la póliza 478 (que corresponde al siniestro D-11-75), expresan también textualmente: “Interés asegurado: algodón en fibra (pacas prensadas)” “Valor asegurado: $ 19.500.000” (cdno. 2-II, fl. 263). Y al folio 263 vto. se lee ... Almacenadora Popular Al-Popular, es beneficiario preferencial hasta por el total del límite máximo asegurado y en caso de siniestro que de lugar a indemnización bajo la presente póliza esta se pagará a Almacenadora Popular “Al-Popular” y a la Federación Nacional de Algodoneros de acuerdo a sus respectivos derechos e intereses”.

Y en las cláusulas sobre valor asegurado e interés asegurado en la póliza 648, (que corresponde al siniestro D-15-75) se lee: “Interés asegurado: algodón en pacas”. “Valor asegurado: $ 34.375.000 (sic)” (cdno. 2-II, fl. 274). Y en las condiciones particulares o especiales, dice: “Nota: valor asegurado por pacas $ 6.875”.

La lectura de las cláusulas literalmente transcritas confirma, de la manera más objetiva, que no existió entre asegurador y asegurado un pacto o convenio expreso sobre valor real del interés asegurado, como lo exige el artículo 1089 del Código de Comercio, sino que simplemente de estipuló el valor del seguro con la consecuencia de constituir el límite máximo de la responsabilidad del asegurador (C. Co., art. 1089). Porque, ¿qué otra cosa pueden querer decir las expresiones destacadas de que entidades designadas en las pólizas son beneficiarias “hasta por el total del límite máximo asegurado” y de que la indemnización se les pagará “de acuerdo a sus respectivos derechos e intereses”?

En las cláusulas sobre valor e interés asegurados de las pólizas 659 y 478 se usó la preposición “hasta” para expresar que una entidad era beneficiaria del respectivo seguro contratado “hasta por el total del límite máximo asegurado”. En la póliza 1357 se empleó la misma preposición pero para decir que el interés asegurado era “algodón en fibra pacas prensadas hasta $ 15.000 de valor asegurado por cada paca de algodón en fibra” (cdno. 1, fl. 30). En cambio, en la póliza 648 no se hizo uso de dicha preposición.

Entonces, si bien es cierto que las cláusulas de un contrato pueden interpretarse por las de otro u otros entre las mismas partes y sobre la misma materia (C.C., art. 1622, inc. 2º), también lo es que este principio no es aplicable al caso controvertido porque, se repite, las citadas cláusulas de las mencionadas pólizas son diferentes.

Además, del examen de los documentos relacionados con la tramitación y pago de los siniestros distinguidos por La Unión con los números D-19-74, D-11-75 y D-15-75, allegados al proceso al practicarse la inspección judicial solicitada por el señor apoderado de La Federación, en concordancia con el experticio de los mismos realizado para determinar “la forma en la cual se liquidaron los siniestros dichos y si la suma pagada en cada uno de los siniestros por La Unión a La Federación correspondía al valor acordado por paca “siniestrada” o a factor diferente”, resulta que:

a) En el siniestro D-19-74 el precio general promedio del algodón que se destruyó era superior al valor asegurado;

b) En el siniestro D-11-75, los ajustadores encargados por el asegurador para establecer el valor a indemnizar, dejaron constancia de que “La Federación no permitió el acceso a sus libros de contabilidad para determinar el precio del algodón y que manifestó que el único precio que podían suministrar era el de venta o exportación, con base en las circulares que esa entidad envía periódicamente” lo que los llevó a manifestar que si la posición de La Federación es exacta el precio por paca era de $ 7.250 y la indemnización de $ 3.625.000”, suma igual al valor asegurado según el informe de los ajustadores (véanse cdno. 2-II, fls. 96 y ss. y experticio cdno. 2-I, fls. 43 y ss.), y

c) En el siniestro D-15-75 se tomó como precio el señalado por La Federación en la factura de exportación 05-A-75 que daba un valor por kilogramo de $ 30, y como peso por paca se tomó el de 250 kilogramos a pesar de que la factura citada daba un peso promedio mayor, y el pago se hizo por el valor asegurado de $ 7.500 por cada paca (ver cdno. 2-II, fls. 172 y ss., y cdno. 2-I, fls. 43 y ss.).

Entonces se tiene que aun cuando en uno de los siniestros (el D-19-74) se pagó la suma asegurada a pesar de que el precio general promedio del algodón que se destruyó era superior al valor asegurado no se demostró que se hubiera debido a que las partes se hubieran acordado expresamente en un valor convenido o tasado, porque bien pudo suceder que el asegurador hubiera entendido que se había pactado que él respondía únicamente hasta el monto de la suma asegurada, debiendo el asegurado soportar la pérdida del exceso (C. Co., art. 1102). No existiendo, como no existe, en la póliza que amparaba este siniestro (la 659) una estipulación clara o expresa de valor tasado, acordado o convenido, esta segunda interpretación también sería válida. En los otros dos siniestros (los D-11-75 y D-15-75), se pagó el valor asegurado porque, según los documentos allegados al proceso, el valor asegurado coincidía con el valor del objeto destruido por el acaecimiento del riesgo, según resulta de la peritación practicada (véase cdno. 2-I, fls. 43 y ss.), pero no porque se hubiera expresado que había convenio de valor tasado.

El señor apoderado de La Federación en su alegato verbal sostuvo que en estos siniestros el valor real era inferior al valor asegurado, pero no es esto lo que se lee en el informe de los peritos, informe que no fue objetado.

Así pues, resulta que siendo claro que la forma como se ejecuta un contrato sirve para interpretar la voluntad de las partes (C.C., art. 1622, inc. 3º), ello no quiere decir que esa forma sirva para interpretar contratos posteriores distintos; tanto más cuando ellos no se ejecutaron en forma igual y tampoco cuando las cláusulas relativas al valor y al interés asegurados, fueron semejantes a las del contrato motivo del litigio.

Lo dicho anteriormente puede aplicarse en la misma forma al caso del contrato de seguros celebrado por La Federación con Seguros Universal para amparar los riesgos del transporte de “fibra de algodón en pacas” (póliza 2906, cdno. 2-I, fls. 29 y ss.), en el cual se lee “Límite máximo por despacho en un solo vehículo seis millones de pesos ($ 6.000.000)” (destaca el tribunal). Y en el certificado de seguro TR 17900, por ejemplo, se estampó: “Mercancías: fibra de algodón”, “Suma asegurada: $ 59.310”. Como puede verse, lejos de figurar en estos documentos una cláusula de valor acordado, consta manifiestamente que se señaló un valor límite para la indemnización y nada distinto a una suma asegurada. También resulta lo mismo de la lectura de la póliza automática de seguro de transporte 0225 y de los certificados expedidos con aplicación a ella, de la Compañía de Seguros Antorcha de Colombia, S.A. (cdno. 2-I, fls. 100 y ss.).

Así pues, tanto por el significado doctrinal y legal del concepto valor admitido, tasado o acordado, como por la prueba testimonial, la pericial y la documentaria obtenida durante el presente proceso arbitral, debemos concluir que no existió acuerdo expreso sobre el valor real del interés asegurado entre La Federación y La Compañía, y así habrá de declararse en la parte resolutiva de esta providencia.

Segundo punto propuesto a la decisión del tribunal:

“2. Señalar la cuantía de la indemnización a cargo de La Compañía, junto con los intereses correspondientes, si fuere el caso, dentro de los límites del valor o suma asegurada”.

En el documento de compromiso suscrito por las partes estas admitieron que el algodón asegurado contra el riesgo de incendio, mediante la póliza 1357 y su certificado de modificación 3520 era “de propiedad de La Federación”, (cláusula primera, cdno. 1, fl. 3). La propiedad fue, pues, el interés asegurado y su valor real al no haber, como no lo hubo, convenio de valor tasado, admitido o acordado, será el del objeto o cosa sobre la cual recaía ese interés asegurado en el momento del siniestro.

Sobre este particular debemos recordar que el seguro de daños es real o patrimonial según que se refiera a objetos o cosas determinadas o a ese conjunto o universalidad de bienes de una persona natural o jurídica, que se denomina patrimonio (C. Co., art. 1082).

El seguro de incendio es del género de daños y de la especie de los reales, y en él, o por razón de él, el asegurador “responde por los daños materiales de que sean objeto las cosas aseguradas, por causa de fuego hostil o rayo, o de sus efectos inmediatos, como el calor, el humo” (C. Co., art. 1113, inc. 1º). Esta norma resalta que el seguro de incendio no puede amparar un hipotético valor de cambio, como el que para La Federación alega su apoderado que tenía el algodón, sino el efectivo daño material que este sufrió. En la póliza que amparaba el algodón incendiado y que dio lugar a las diferencias sometidas a la decisión del tribunal, no se designó específicamente la mercancía cubierta contra dicho riesgo, lo cual imponía al asegurador, al tenor de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 1035 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1079 de la misma obra, la obligación de “probar la existencia y el valor de los objetos asegurados al tiempo del siniestro”. Esta obligación se cumplió mediante la práctica de prueba pericial, no objetada, en la cual los peritos determinaron tanto el grado o calidad y el peso de cada una de las pacas de algodón incineradas, como su valor, el día del siniestro (mayo 2/77) según el precio Index de Liverpool, que se toma en cuenta para la exportación, y el llamado “precio federación”, que constituye, este último, el valor al cual La Federación se propone adquirir en cada época del algodón de producción nacional, y que en cada negociación con un cultivador individualizado está sujeto a variaciones dependientes de la localización, calidad específica, recolección, etc.

El precio que se tomará en cuenta es el del Index Liverpool ya que como lo expresó el mismo representante de La Federación, en declaración de parte no contradicha por ninguna otra prueba, “... cualquier algodón en fibra que se halle matriculado en cualesquiera sitio, lugar y organización almacenadora, corresponde a una destinación final obligatoria, indudable del mercado de exportación ...” (cdno. 1, fl. 65 vto.), lo que fue confirmado con el testimonio del señor Alberto Mesa Vallejo (cdno. 1, fl. 83 vto.).

El señor apoderado de La Unión, también en erudito alegato, solicita que se tome como base para fijar el monto de la indemnización el precio del algodón el 26 de agosto de 1977 argumentando que en esa fecha el asegurador se allanó a cumplir con su obligación indemnizatoria ofreciendo entregar tantas pacas de ese género como se habían incendiado. Sin embargo, el tribunal considera que la disposición del artículo 1089 del Código de Comercio es muy clara al establecer que el precio que debe tomarse en cuenta para tal efecto es el correspondiente al valor real del interés asegurado en el momento del siniestro y es este instante el que sirve para fijar el alcance monetario de la obligación a su cargo, porque el derecho opcional a pagar en especie de todas maneras subsiste sin que para nada lo afecte el que el bien con que puede ser repuesto tenga o no mayor valor en el momento en que efectivamente cumpla con el pago de dicha obligación.

Lo anterior lleva a la conclusión de que estando demostrado que se destruyeron por el riesgo de incendio cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón amparadas por la póliza 1357, y que su valor total, según el dictamen de los peritos asciende a la suma de cincuenta y dos millones setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con treinta y tres centavos ($ 52.758.443.33), así habrá de resolverse más adelante.

En cuanto al punto relativo a los intereses sobre el valor de la indemnización, el tribunal encuentra lo siguiente, de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio, “el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077 ...”. Y según esta disposición lo que el asegurado debe acreditar es la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La Federación demostró indudablemente el siniestro más no la cuantía de la pérdida, porque partió de la hipótesis de que, por existir un valor acordado o tasado, La Compañía debía pagarle la suma de quince mil pesos ($ 15.000) por paca de algodón. La Unión objetó este cobro, precisamente por discrepar en ese punto con La Federación, razón por la cual la decisión sobre la materia se sometió a este tribunal. Ya se ha visto que, en sentir del tribunal, no hubo valor acordado o tasado, sino simple valor asegurado en el límite máximo de quince mil pesos ($ 15.000) por paca de algodón. Debe, entonces, inferirse que La Federación no acreditó la cuantía del siniestro. Partió de una hipótesis equivocada. De donde también se impone concluir que, por tal motivo, y de acuerdo con las disposiciones citadas, La Unión no incurrió en mora, en razón de lo cual no procede, entonces, condenarla al pago de los intereses previstos en el artículo 1080 citado. Así habrá de resolverlo el tribunal.

Por último, en cuanto al plazo o al término para pagar esa misma indemnización se tiene lo siguiente. Acaba de verse que el artículo 1080 del Código de Comercio otorga al asegurador un plazo de sesenta días, contado a partir de la demostración de la ocurrencia del siniestro y de la cuantía de la pérdida, para el pago del valor de la indemnización. Considera el tribunal que ese plazo tan amplio le ha sido otorgado al asegurador para que disponga del tiempo suficiente para aprobar el fundamento de unas objeciones a cualquiera de los dos extremos que el asegurado debe probar, cuando ello resulta procedente. Pero ese no es ya el caso de autos. Los fundamentos anotados del término o plazo citados no se dan en este proceso por cuanto es propio de la decisión que se profiere el valor de la cosa juzgada, y, por consiguiente, el conocimiento cierto por el asegurador de la cuantía de la indemnización que debe pagar a La Federación. Se sigue, entonces, que corresponde al tribunal señalar el término dentro del cual debe La Compañía pagar a La Federación el valor de la indemnización. Así lo hará el tribunal al resolver (CPC, art. 119).

1. Tercer punto sometido a la decisión del tribunal:

“3. Si La Compañía, con fundamento en el artículo 1110 del Código de Comercio y en la decimoquinta de las condiciones generales de la póliza de seguro contra incendio 1357, tiene la facultad de indemnizar a La Federación, bien en dinero, en la suma que como indemnización haya señalado, bien mediante la reposición de cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón fibra nacional”.

La forma de pago de la indemnización debida por el asegurador deberá ser “en dinero, o mediante la reposición o reconstrucción de la cosa asegurada o acción del asegurador”, como lo previene el artículo 1110 del Código de Comercio, norma esta que no debe confundirse con la del artículo 1090 del mismo código que permite que además de convenirse un valor admitido o tasado, se pueda acordar entre las partes el pago que la doctrina denomina de “valor a nuevo” y que consiste en tomar como base para la indemnización el precio de reposición o de reemplazo del bien asegurado; pero aún en este caso, la norma positiva colombiana advierte que ese valor de reposición sujeto al límite de la suma asegurada, una vez más dentro del criterio de que esta indica el límite máximo de la obligación del asegurador (C. Co., art. 1079).

En la póliza 1357, en su cláusula decimoquinta se estableció: “Reconstrucción reposición o reparación. La Compañía en vez de pagar la indemnización en dinero tiene el derecho, si lo estima conveniente, de reconstruir, reponer o reparar los bienes destruidos o dañados, o cualquier parte de ellos. El asegurado queda obligado a cooperar con La Compañía en todo lo que ella juzgue necesario. La Compañía, sin exceder las sumas aseguradas, habrá cumplido válidamente sus obligaciones al restablecer en lo posible y en forma razonablemente equivalente, las cosas aseguradas al estado en que estaban en el momento del siniestro”.

Entonces, en presencia de la norma consagrada en el artículo 1110 del Código de Comercio y en las cláusulas sobre intereses asegurados y valor asegurado de la póliza de seguro de incendio 1357 y del certificado de modificación 3520, que amparaba al algodón destruido por el acaecimiento del riesgo, así como en la cláusula decimoquinta transcrita, el tribunal no puede menos de admitir el derecho del asegurador a pagar la indemnización en dinero o mediante la reposición de la cosa asegurada. Como en el contrato de seguro la cosa amparada se designó por su género y en la práctica de una de las pruebas periciales pedidas se determinaron los distintos grados o calidades del algodón que sufrió el siniestro (cdno. 3-I, fl. 100), habrá de concluirse que La Compañía puede solucionar su obligación mediante la entrega al asegurado dentro del mismo término que se señale para el pago de la indemnización en dinero, de cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón de las calidades indicadas en dicha peritación y que se encuentran relacionadas en las columnas 1, 2 y 3 del anexo 9 en el (cdno. 3-I, fl. 100).

Para el caso de que La Unión resuelva hacer uso de la opción dentro del término aludido, y decida pagar mediante la reposición del algodón perdido por causa del siniestro, La Federación deberá devolver al asegurador la cantidad de cuarenta y dos millones de pesos ($ 42.000.000) que este pagó condicionalmente a aquella según los términos del documento compromisorio, y si el pago lo efectuare en dinero, dicha cantidad se imputará a la indemnización debida por el asegurador, como se indicará en la parte resolutiva.

IV. Resolución

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No existió entre La Federación y La Compañía acuerdo expreso sobre el valor real del ... (sic) asegurado por la póliza 1357 y el certificado de modificación 3520, expedidos por la última, el 1º de abril de 1977 y el 29 de abril del mismo año.

2. La indemnización a cargo de La Compañía a favor de La Federación por razón del incendio que destruyó 4.076 pacas de algodón amparadas por la póliza y el certificado mencionados en el numeral precedente, es la suma de cincuenta y dos millones setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con 33/100, moneda legal colombiana ($ 52.758.443.33), suma que la primera podrá pagar a la segunda dentro del término que se señala en el numeral 5º de esta decisión, como se expresará.

3. No hay lugar a condena de intereses por las razones expuestas en la parte motiva.

4. La Compañía puede solucionar la obligación indemnizatoria a que se refiere el numeral 2º precedente mediante la entrega a La Federación, de cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón de las calidades, número y kilos señaladas por los peritos e indicadas en las columnas 1, 2 y 3 del anexo 9, del folio 100 del cuaderno 3-1 del expediente. Por consiguiente, de acuerdo con la cláusula quinta del documento compromisorio, La Federación devolverá a La Compañía la suma de cuarenta y dos millones de pesos moneda legal colombiana ($ 42.000.000) dentro de los veinte días siguientes a la fecha de ejecutoria de esta providencia. Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que La Federación devuelva a La Compañía la expresada cantidad, esta decidirá la forma en que ha de pagar la indemnización, y dicho pago lo hará dentro del mismo término aquí señalado.

5. No hay lugar a condena en costas por haberse pactado así en el documento compromisorio.

Notifíquese y cúmplase.

El presidente y el secretario procederán a protocolizar el expediente contentivo del presente proceso en una de las notarías del Círculo de Bogotá.

Dado en Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de mayo de mil novecientos setenta y ocho (1978).

Entre líneas “lo que los llevó”, pág. 21, vale.

Bogotá, mayo veintitrés de mil novecientos setenta y ocho. El anterior laudo fue pronunciado y leído en audiencia de esta fecha, y en la misma quedó notificado a los apoderados de las partes de conformidad con lo prescrito por los artículos 671,10 y 325 del Código de Procedimiento Civil, según consta en el acta 22 correspondiente a dicha audiencia.

SALVAMENTO DE VOTO

En mi condición de árbitro en el proceso de la referencia me permito, en la forma más respetuosa, dejar consignados los motivos que determinaron mi salvamento de voto al suscribir el fallo proferido por ese tribunal el 23 de mayo de 1978, fundamentos que abarca por igual la parte motiva y resolutiva de dicha providencia.

Aunque reconozco la responsabilidad intelectual de este tribunal en el estudio y tramitación dado a este arbitramento y el valor didáctico del fallo, debo separarme de su pronunciamiento por no participar del criterio que prevaleció en la estimación del valor acordado y en la calificación de las pruebas en que se fundó el mismo. Discrepancia que cobija aspectos formales y resolutivos del proveído que, si bien no incidieron notoriamente en la concreción económica de la indemnización, a cargo del asegurador, suponen, en mi discreta opinión, una versión conceptual de la controversia a la que no puedo sumarse. Así, dentro de este marco del valor acordado, habré de precisar objetivamente, en forma esquemática, los factores que determinaron mi salvamento del voto, sin ningún ánimo jurídico polémico, destinado como está a dejar consignadas las bases de una opinión divergente a la adoptada por el tribunal. Bajo esta delimitación casuística del valor, resumo, a continuación, los fundamentos de tales divergencias.

Valor acordado, tasado o admitido

El punto central de la controversia entre asegurador y asegurado propuesto a la decisión del tribunal, fue el de la existencia o inexistencia, dentro del contrato de seguro celebrado, de un valor asegurado acordado, tasado o admitido, en los términos de la ley, cuestión de la cual se derivaron, consecuencialmente, el análisis y decisión de los demás puntos sometidos a su consideración tales como la determinación cuantitativa de la indemnización a cargo del asegurador, la generación eventual de réditos derivados de la mora en el pago de la misma, o bien la facultad discrecional de este para satisfacer su obligación indemnizatoria en dinero o, en especie, mediante la reposición de la cosa siniestrada.

En el convenio arbitral fue propuesto al tribunal, un pronunciamiento sobre la existencia del valor acordado en el contrato de seguros, celebrado entre La Unión y La Federación, contenido en la póliza de seguros contra incendio y rayo, 1357 y en su certificado de modificación 3520, emitidos por aquella, en los siguientes términos:

“1. Si ha existido o no acuerdo expreso sobre el valor real del interés asegurado entre La Federación y La Compañía”.

Así propuesta, la divergencia sometida a la consideración del tribunal se circunscribió, por este aspecto, a determinar si la relación jurídica del seguro, en lo que concierne al valor, se encontraba o no delimitada por el artículo 1089 del Código de Comercio. Esta disposición expresa:

“ART. 1089.—Dentro de los límites indicados en el artículo 1079, la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario.

Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. Este, no obstante, podrá probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del contrato, más no que es inferior a él” (destacado).

La disposición anterior concreta dos tipos de valor. Su inciso 1º establece un valor real del objeto asegurado en el “momento del siniestro”, constitutivo de la indemnización en el instante del siniestro bajo las condiciones generales de la póliza, el inciso 2º configura la existencia de un valor tasado del “interés asegurado”, acordado previamente en las condiciones particulares y/o especiales de la póliza, y, por tanto prevalecientes sobre aquellas, representativo del valor real de la cosa asegurada en el instante de celebrarse el contrato, valor que demarca patrimonialmente el “interés asegurable” personificado en el asegurado.

En otros términos, en tanto que el inciso 1º, artículo 1089 establece la norma general de la cuantificación de la indemnización del valor de la “cosa asegurada”, en el instante de su desaparición por el siniestro, el inciso 2º concreta la indemnización del valor real de la misma en el instante de la concertación del seguro, basado en el “interés asegurable” patrimonial que tiene para el asegurado la cosa expuesta al riesgo.

Este distingo es esencial a la comprensión del punto controvertido. El valor acordado, admitido o tasado, expreso en el inciso 2º de la disposición mencionada, constituye la “admisión”, por acuerdo expreso, del valor real indemnizatorio del interés o cosa asegurada, como representativo, a priori, de la pérdida patrimonial efectiva e inalterable que significaría para el asegurado su eventual desaparición. En contraposición, el valor real indemnizatorio no “tasado” o “acordado”, difiere su cuantificación al “instante del siniestro”, valuación que puede ser, y, generalmente lo es, diferente del “valor real patrimonial” que tiene la “cosa” para el asegurado en el momento de emitirse el amparo de la misma. En suma, cuanto se “tasa” o “admite” dentro del acuerdo entre asegurador y asegurado, bajo la norma del inciso 2º del artículo 1089, es el pago de la indemnización al valor económico que representa para el asegurado el “interés o cosa asegurada” en el momento de perfeccionarse el contrato. En contraste, el valor real no acordado, que fija la cuantía de la indemnización, en los términos del inciso 1º del precitado artículo, solo nace a la ocurrencia del siniestro.

El propio texto de la disposición procura la delimitación de estos valores. Así, en tanto el inciso 1º señala que la indemnización “no exceder, en ningún caso, del valor real del “interés asegurado”, el inciso 2º establece para el asegurador la facultad de impugnar el “valor acordado” demostrando que “excede notablemente” “el valor real del interés objeto del contrato”.

El primero, pues, afora el valor asegurado real económico y material de la “cosa o interés asegurado” en el instante de la ocurrencia del siniestro; en cambio, el valor real acordado precisa la evaluación del “objeto del contrato”, es decir, del “interés asegurable” actual patrimonial del asegurado expuesto al riesgo, valor real establecido en el momento en que se formaliza el amparo.

En este orden vale la pena precisar que mientras el valor real, del “interés o cosa asegurada” es un valor “fluctuante” solo determinable a la ocurrencia del siniestro, el real acordado es un valor constante, determinado por el “interés asegurable” objeto del contrato, que se mantiene inalterable en todo el curso de la relación contractual, antes, en y después de la ocurrencia del siniestro que genera la obligación indemnizatoria, como que representa la “tasación” exacta del “valor patrimonial” expuesto al riesgo que, de por sí, se sustrae a la configuración del “sobreseguro” y, desde luego, a la aplicación de la regla proporcional o de prorrateo en el ajuste de la indemnización, conexa al “infraseguro”. Lo sustrae del “sobreseguro” porque el “valor acordado” tiene que representar y representa la valuación del “interés asegurable” patrimonial, exacto, resarcible al asegurado. Y del “infraseguro” porque el “interés tasado” es un valor estático representativo de la responsabilidad inmutable del asegurador, que lo “admite” al asumir el riesgo, y significativo del interés económico inalterable del asegurado en conservación de la cosa misma.

Desde luego, el “valor acordado” puede ser impugnado por el asegurador “en caso de dolo o fraude o evidente exageración” según Halperin, causal de impugnación esta última que recoge el inciso 2º del artículo 1089. El asegurador podrá “probar que el valor acordado excede notablemente —prescribe el inciso aludido— el valor real del interés objeto del contrato. “Es decir cuando demuestra que existe un “sobreseguro” del “interés asegurable” objeto de la convención, por cuanto excede el “valor patrimonial” expuesto al riesgo. Pero dicho exceso no es determinado, como lo sugiere el tribunal, por el cotejo entre el “valor acordado” y el “valor del interés o cosa asegurada” en el instante de la ocurrencia del siniestro, sino por la exageración “notable” entre el “valor acordado” y el valor real del interés asegurable” objeto del contrato, lo que equivale a expresar que el valor admitido o tasado tiene que representar siempre la cuantificación patrimonial precisa del “interés asegurable” en el momento de trabarse la relación contractual del seguro, que, de no representarlo, cabe al asegurador la impugnación del mismo, probando la exageración entre el valor acordado y el valor real patrimonial del “interés asegurable” al celebrarse contrato, lo cual es distinto.

El tribunal hizo una extensa explotación sobre el carácter estrictamente indemnizatorio que el seguro de daños tiene para el asegurado. Aunque su disquisición fue más ilustrativa que concluyente, vale la pena destacar que el “valor acordado”, en mi concepto, entre Seguros La Unión y La Federación en la póliza afecta al arbitramento, representaba el “interés asegurable” del asegurado en el instante de la celebración del contrato el 1º de abril de 1977, es decir, que la “tasación” del valor asegurado no excedía el “interés patrimonial” asegurable de La Federación objeto del seguro y, por no excederlo, este “valor acordado” no preconstituyó un “sobreseguro” impugnable en los términos de la disposición comentada, ni alteró, por consiguiente, el carácter indemnizatorio que atribuye a los seguros de daños el artículo 1088 del Código de Comercio pues no generó ni potencial ni realmente una fuente de enriquecimiento para La Federación.

Definidos así el alcance y naturaleza del “valor acordado”, es preciso determinar sus consecuencias sobre el pago de la indemnización, originado a la ocurrencia del siniestro. El “valor acordado”, a mi criterio, determinante del “interés patrimonial” de la cosa perecida en el siniestro, tiene que resarcirse en dinero, desvaneciendo así la potestad alternativa del asegurador, consagrada en el artículo 1110 del Código de Comercio y en la 15ª cláusula de las condiciones generales de la póliza, de cubrir el importe de la indemnización mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa, propuesta a la decisión del tribunal en el convenio arbitral. ¿Por qué? Porque el valor acordado representa, en sí, la cuantificación de la indemnización por la desaparición de la cosa afecta al “interés asegurable” objeto del contrato, acordado como valor patrimonial de la cosa en un instante anterior al acaecimiento del siniestro, valor inalterable, no expuesto a la depreciación o valorización de la cosa misma durante el proceso contractual que media entre la celebración del contrato y la producción del riesgo. Por ser el valor acordado una valuación estática del objeto del contrato o interés asegurable, está a cubierto de las fluctuaciones del precio de la cosa antes de la ocurrencia del siniestro. Así como el asegurado no puede demandar una suma superior al “valor acordado”, el asegurador no puede reponer el “valor tasado” indemnizando en especie a aquel, a menos que la cosa dada en reposición represente, en el instante en que se cause la indemnización, el mismo valor patrimonial resarcible acordado al momento de perfeccionarse el seguro. Por esta circunstancia, no siendo el valor de la cosa siniestrada, establecido pericialmente en el proceso, igual al valor acordado precisado al contratarse el seguro, el reconocimiento de la facultad del asegurador de reponer, en especie, hecho por el tribunal al resolver el punto tercero sometido a la decisión arbitral, contrarió, en mi concepto, el alcance indemnizatorio del “valor acordado”, pues supone, al menos teóricamente, ya que dudo de su realización práctica, solo el resarcimiento parcial, por depreciación del algodón, de la pérdida patrimonial provocada al asegurado por la desaparición de la cosa sobre la cual se había “tasado” el valor.

Discrepancias arbitrales sobre el valor acordado

Establecidos en las consideraciones precedentes los lineamientos legales del valor acordado y las divergencias conceptuales suscitadas en el seno del tribunal sobre los mismos, me resta solo precisar las discrepancias de tipo formal que cimentan salvamento de voto consignado al suscribir el fallo.

En efecto, el tribunal consideró que entre Seguros La Unión S.A. y Federación Nacional de Algodoneros, al suscribir la póliza 1357, no se acordó valor alguno sobre el interés indemnizatorio asegurable. Para apoyar esta decisión se fundó en las siguientes apreciaciones”

a) No figura en la póliza, ni en su certificado de modificación, un acuerdo “expreso” sobre el valor de la cosa asegurada;

b) La interpretación de contratos anteriores, celebrados entre las partes sobre el mismo género asegurado, por ser diferentes, no pueden constituir norma reguladora, por su ejecución e interpretación, del contrato afecto a la decisión arbitral, y

c) La expresión contractual “hasta $ 15.000 de valor asegurado por cada paca”, impresa en el “interés asegurado” en la póliza y reiterada en certificado de modificación, lejos de constituir valor acordado representa solo el valor de la suma asegurada determinante del límite máximo de la responsabilidad económica del asegurador, consignado en la cláusula 2ª de las condiciones generales de la póliza.

En estas precisiones el tribunal fundó su decisión sobre la inexistencia del valor acordado. Todas ellas suscitaron mi discrepancia al asegurar la existencia del valor acordado. Tales divergencias se apoyaron en las consideraciones que sintéticamente, a vuelo de la prisa, consignó así:

A. El valor asegurado fue expresamente acordado

En la póliza como en el certificado de modificación, bajo la condición particular del “interés asegurado”, se expresa concretamente: “Interés asegurado. Algodón en fibra pacas prensada hasta $ 15.000, de valor asegurado por paca de algodón en fibra” (destaco). Para mi esta valuación del interés asegurado constituye un acuerdo expreso del valor. Para el tribunal, no. Mi respuesta afirmativa se basó sustancialmente, en estas reflexiones que no fueron acogidas favorablemente por el tribunal.

i) El valor asegurado acordado se encuentra expresamente consignado en la póliza, no como suma asegurada sino como la tasación específica del valor acordado de $ 15.000, límite de la indemnización, por paca.

ii) El valor de “hasta $ 15.000” por cada paca de algodón en fibra, no pudo ser sino acordado pues señala expresamente un límite indemnizatorio, a cargo del asegurador, por un riesgo individualizado en una unidad de empaque (paca) totalmente diverso a la suma asegurada que fija, en la misma póliza, la responsabilidad máxima del asegurador en $ 75.000.000 como valor asegurado absoluto para la totalidad del algodón amparado, sin distingo de empaque.

Que el valor asegurado por paca fue acordado expresamente no se remite duda, pues resulta inverosímil que una entidad aseguradora consigne, sin un acuerdo expreso, dos límites de su responsabilidad: el uno como valor por paca y el otro, como suma asegurada para todo el interés expuesto al riesgo.

iii) El valor indemnizatorio de $ 15.000 por paca fue expresamente incorporado en la condición particular de la póliza destinada a la descripción del “interés asegurado”, lo cual significa que existió un “acuerdo” escrito para materializar el “interés asegurable” concreto del asegurado, objeto del contrato, en la cosa o “interés asegurado” expuesto físicamente al riesgo. Lo que equivale a decir que el valor acordado por paca fue incorporado como valor indemnizatorio real conexo indisolublemente a la existencia del algodón asegurado o como representación inmodificable del “interés asegurable” patrimonial que determinó el amparo.

B. Antecedentes contractuales del valor acordado

El valor asegurado, como ha quedado demostrado, fue “acordado” expresamente en la póliza y certificado de modificación afectos a la controversia arbitral. Sin embargo, es este un aspecto adjetivo de la cuestión frente al hecho evidenciado en el proceso arbitral de que en las anteriores convenciones de seguro, celebradas entre las mismas partes para el amparo contra incendio de algodón en fibra de la propiedad de la misma Federación, La Unión, no solo admitió la existencia del “valor acordado” por cada paca de algodón, bajo expresiones análogas a las consignadas en la póliza 1357, sino que pagó las indemnizaciones provenientes de los siniestros D-19-74, D-11-75 y D-15-75, a los “valores” acordados para cada paca en las pólizas respectivas, sin aplicar, en su caso, la regla proporcional de prorrateo por infraseguro o haciendo caso omiso en el ajuste de la existencia del “sobreseguro”, omisiones que solo se convalidan con la aceptación de la estipulación concreta del acuerdo o tasación del valor asegurado.

El tribunal consideró que tales antecedentes no eran asimilables a la interpretación sobre la condición particular que fijó el “valor acordado” indemnizable en el caso controvertido. Mi discrepancia al respecto resulta manifiesta, no solo porque tales contratos constituyen una comprobación expresa de la forma como se han desenvuelto las relaciones contractuales similares entre asegurador y asegurado, sino porque su identidad de riesgo y de la cobertura de las indemnizaciones, tipifican normas contractuales comunes a este, como a todas las convenciones, expresamente aceptadas por el asegurador.

La subestimación a esta fuente interpretativa del contrato, consignada en el fallo, determina mi discrepancia con el tribunal, particularmente cuando en el anexo de aclaración 2525 a la póliza contra incendio 0659, expedida por La Unión a los asegurados Federación de Algodoneros y/o Inagrario, que obra a folio 46 del C-2-1, se constató, la existencia del “valor acordado” como valor indemnizatorio al siguiente tenor:

“En caso de siniestro que de lugar a indemnización bajo la presente póliza, la liquidación de las pérdidas se hará teniendo en cuenta el valor real del algodón perdido o averiado (precio exportación) de acuerdo con su clasificación y peso exacto, más el valor en bolsa de los certificados de abono tributario que no haya recibido el asegurado, sin exceder en ningún caso del límite máximo asegurado y con aplicación de todas y cada una de las cláusula de las condiciones generales, particulares y especiales de la póliza” (destaco).

Esta sola estipulación bastaba para hacer luz sobre la existencia, en el contrato sometido a la decisión arbitral, por forzosa interpretación analógica de la cláusula de valor acordado. No lo consideró así el tribunal en su fallo, más debo dejar consignada mi discrepancia al criterio adoptado.

C. La expresión “hasta $ 15.000 de valor asegurado por paca”. Es un límite declarado, que excluye el valor acordado

Para el tribunal la expresión bajo la cual se acordó el valor del interés asegurable, contenido en la condición particular descriptiva del interés asegurado, “hasta $ 15.000 por paca”, significa, como ya se expresó, el límite de la responsabilidad máxima del asegurador o sea la suma asegurada, pero no un valor indemnizatorio acordado. Ya expliqué que tal apreciación llevaría a la conclusión absurda de admitir la coexistencia, en una misma póliza, de dos sumas aseguradas, la asignada al riesgo total del algodón depositado en Repelón, equivalente a $ 75.000.000, y la adscrita a la paca individualizada en $ 15.000 dentro de la condición particular del “interés asegurado”, dualidad imposible dentro del marco técnico del contrato de seguro, ya que se refiere a una unidad de medida (paca), limitándola, la responsabilidad económica comprometida por el asegurador, en el enjugamiento de las pérdidas sobre el riesgo global señalada en la suma asegurada. El tribunal consideró que el vocablo “hasta” repugnaba a la existencia del valor acordado. El suscrito se apartó de tal apreciación, pues si bien reconozco que la proposición determina un límite en su sentido literal, dentro del contrato de seguro pactado por La Unión y Federación, implicaba la aceptación acordada del valor de la paca determinable por su cotización, y su calidad al día en que se suscribió el seguro. Esta referencia, grado, cotización y peso, fue una constante del contrato de seguro y está asentada en el juicio, con un antecedente documental como el anexo de aclaración a la póliza 659 transcrito anteriormente. Las pruebas periciales, documentales y testimoniales confirman este aserto. La paca a que se acordó el valor era un empaque contentivo de 250 kilos de fibra.

Así se afirma y reafirma en las pruebas testimoniales de Alberto Mesa Vallejo, Melba Bermúdez de Herrera y en los documentos de ajuste de V. Moller & Cía. El valor asegurado se encontró expresamente identificado como el contenido en el Index de cotizaciones de Liverpool, como claramente de demostró en la peritación llevada a cabo en La Federación de Algodoneros.

Finalmente, la determinación del valor acordado, ya establecidas las referencias de peso y de precios Index, quedó referida a la calidad significada en su cotización por “grados”. No se ignoraba, pues, el valor de la paca representativa del interés asegurable patrimonial de La Federación, en el instante de acordar la indemnización a la fecha de celebración del contrato, puesto que estaba precisado por la relación peso grado-precio Index Liverpool al día, cuya expresión económica arrojaba el valor acordado concreto, tal como para la fecha del siniestro pudo ser fijado por los peritos la estimación del valor indemnizable acogida por el tribunal. La expresión de “hasta por $ 15.000 por paca”, tradujo el guarismo concreto del valor acordado para una paca de doscientos cincuenta kilos de algodón de grado más altamente cotizado, o sea el M-V L S P, cuya cotización en el Index de Liverpool 1º de abril de 1977, fecha de la expedición de la póliza, era de “86.65” arrojando para la tonelada un valor de $ 60.000 colombianos y, por consiguiente, para la paca de 250 kilos, del grado aludido, la cantidad de $ 15.000, que fue precisamente acordada como valor del “interés asegurable” amparado por Seguros “La Unión”. “Hasta” no podía significar el límite de la responsabilidad asegurada para el riesgo, sino, por un aparte el valor acordado para la paca de 250 kilos de algodón de más alto grado, y, a su vez, el indicativo de que los valores acordados para la paca contentiva de fibra de otros grados, para esos mismos kilos, tendría una entidad menor, de acuerdo con la ecuación peso-grado-cotización Index a la fecha de la celebración contractual del seguro. Y que demuestra que hasta no significaba la imprecisión del valor asegurado, sino el valor acordado para la fibra de grado más alto, $ 15.000 y la denuncia, a la vez, de valores acordados menores para otras graduaciones de algodón.

Liquidación de la indemnización y definición de intereses

Considerando el tribunal que no había existido valor acordado, su pronunciamiento lógico fue la determinación del valor de la indemnización de acuerdo con la cotización de Index Liverpool, precio de exportación, del 2 de mayo de 1977, fecha del siniestro. Estimando el suscrito la existencia de un valor acordado dentro del amparo, consecuencialmente, hubo de adaptarse de esta apreciación del tribunal, por considerar, como sigo considerando, que la pérdida debió aforarse sobre la cotización para la fibra de algodón Index Liverpool el 1º de abril de 1977, fecha de emisión de la póliza 1357 expedida a La Federación por Seguros La Unión.

Finalmente, hube de apartarme de la exención de intereses al asegurador, sobre el saldo insoluto de la indemnización a su cargo, porque conceptuó que habiendo existido el valor acordado, la reclamación presentada por La Federación estuvo ajustada a las normaciones de la ley de la póliza. A la compañía aseguradora correspondía objetar dicha reclamación determinando la cuantía de las pérdidas y la indemnización potencial aceptada, por la inversión de la carga probatoria, en los términos del artículo 1089 del Código de Comercio, y no lo hizo. A La Federación solo le correspondía presentar la reclamación al valor tasado o admitido de su pérdida, y lo hizo. El tribunal al acoger el dictamen pericial, declaró la existencia de una obligación indemnizatoria del asegurador por la suma de $ 52.758.443.33, lo que arroja, previa deducción de $ 42.000.000, recibidos por el asegurado, de $ 10.758.443.33, saldo insoluto aceptado de la obligación que, en mi concepto, debió causar intereses.

Dejo en estos términos resumidas las razones en que se apoya mi salvamento de voto.

Marco Alzate Avendaño. Presidente.

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