Laudo Arbitral

2002

Gloria Vengoechea de Blanco

v.

Ayudamos Ltda.

Febrero 11 de 2002

Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista por la ley para este efecto, procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que pone fin a este litigio y que resuelve las diferencias contractuales surgidas entre Gloria Vengoechea de Blanco, parte convocante, y Ayudamos Ltda., parte convocada.

El presente laudo se profiere en derecho.

I. CAPÍTULO PRIMERO

Antecedentes del proceso

En Barranquilla, en documento que no tiene fecha, Gloria Vengoechea de Blanco y Ayudamos Ltda. suscribieron contrato de promesa de cesión de “el cincuenta por ciento (50%)” de los derechos sociales que Ayudamos Ltda. posee en la sociedad Ayudamos Barranquilla Ltda.

En la cláusula décima del contrato se estipuló lo siguiente:

“Décima. Cláusula compromisoria. Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente contrato, será resuelto ante la cámara de comercio cuyo domicilio será la ciudad que corresponda a la parte reacia o renuente a cumplir lo pactado y a su costo”.

El 27 de febrero de 2001, con fundamento en la cláusula transcrita, Gloria Vengoechea de Blanco mediante apoderado judicial designado para el efecto, solicitó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento pactado, con el objeto de que se le ordenara a Ayudamos Ltda. la suscripción de la escritura pública de “venta o cesión de las cuotas partes que la sociedad demandada, Ayudamos Ltda. posee como socia en la sociedad Ayudamos Ltda. Barranquilla” a favor de Gloria Vengoechea de Blanco, o de las personas que designe el Tribunal y para que se condene a la convocada a pagar la pena por incumplimiento del contrato así como las costas y agencias en derecho.

El 7 de marzo de 2001, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá admitió la solicitud de convocatoria arbitral y ordenó la notificación del auto admisorio a Ayudamos Ltda., en los términos del artículo 428 del Código de Procedimiento Civil.

La notificación se surtió en forma personal conforme a los artículos 314 y 315 del Código de Procedimiento Civil.

El 2 de abril de 2001, Ayudamos Ltda., mediante apoderado judicial designado para el efecto contestó la solicitud de convocatoria, se opuso a las pretensiones de la parte actora y propuso las excepciones de “nulidad relativa por vicio en el consentimiento” y, en subsidio, la de “contrato no cumplido”.

El 16 de abril de 2001, el apoderado de la parte convocante se pronunció sobre las excepciones propuestas por la parte convocada.

El 17 de abril de 2001, las partes fueron citadas por el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá a la audiencia de conciliación programada para el 27 de abril de 2001, la cual no se pudo surtir por la ausencia de la parte convocante, razón por la cual se declaró concluida la etapa conciliatoria.

II. CAPÍTULO SEGUNDO

Síntesis del proceso

A. La demanda

1. Hechos en que se fundamenta

Los hechos de la demanda obran a folios 5 a 7 del cuaderno principal y se sintetizan de la siguiente manera:

Fanny Cecilia Eraso Belalcázar en representación de Ayudamos Ltda. y Gloria Vengoechea Arce celebraron contrato de promesa de compraventa en virtud del cual la sociedad demandada se obligaba a vender a la señora Vengoechea “el cincuenta por ciento (50%)” de los derechos sociales que tenía en la sociedad Ayudamos Ltda. Barranquilla. Dicha venta debía realizarse el 31 de enero de 2001 a las 3:00 p.m. en la Notaría Primera de Barranquilla.

El precio de la venta se pactó en cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000).

Según la demanda, la promitente compradora pagó la totalidad del precio convenido, dentro de los plazos acordados.

El 31 de enero de 2001, a la hora prevista, se presentaron en la Notaría Primera del Círculo de Barranquilla Gloria Vengoechea de Blanco, Leonor Margarita Blanco Vengoechea y Arturo Blanco Vengoechea por parte de los promitentes compradores y Evaristo Cuesta Rodríguez en representación de Ayudamos Ltda., promitente vendedora.

Según los hechos de la demanda, el apoderado de Ayudamos Ltda. para dicha diligencia presentó en la Notaría un documento en el “que condiciona la firma de la escritura de cesión que perfeccione el contrato de promesa, a la supresión del nombre “Ayudamos Ltda.” de la sociedad “Ayudamos Limitada Barranquilla.”

2. Pretensiones de la demanda

La demandante solicita que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

“a) La suscripción en la Notaría Primera del Círculo de Notarial de Barranquilla de la escritura pública de “venta o cesión e las cuotas partes que la sociedad demandada, Ayudamos Ltda., posee como socia en la sociedad “Ayudamos Ltda. Barranquilla”, a favor de Gloria Vengoechea Arce o Gloria Vengoechea de Blanco, o de las personas que esta designe, inmediatamente después de la ejecutoria del laudo”.

“b) Que se condene a la sociedad demandada a pagar en el mismo término, la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000), por incumplimiento a título de pena”.

“c) Que se condene a la sociedad demandada al pago de las costas y agencias en derecho”.

B. La contestación de la demanda

1. Respecto a los hechos

La parte convocada en la contestación de la demanda aceptó algunos hechos, negó otros y manifestó atenerse a lo que resulte probado con relación a otros.

2. Excepciones de mérito

De igual manera, la parte convocada se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso como excepción principal la que denominó “nulidad relativa por vicio del consentimiento” y como subsidiaria “la excepción de contrato no cumplido”.

III. CAPÍTULO TERCERO

Desarrollo del trámite arbitral

A. Instalación

El 9 de agosto de 2001 tuvo lugar la audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento, el cual fue legalmente constituido. Los emolumentos fijados en el acta de instalación fueron oportunamente cancelados por las partes.

El 11 de septiembre de 2001 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, diligencia en la que el Tribunal asumió competencia mediante auto que se encuentra ejecutoriado.

B. Pruebas

Mediante auto número 4 de 11 de septiembre de 2001, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes, las cuales fueron practicadas en su totalidad, salvo la inspección judicial con intervención de peritos solicitada por la parte pasiva, ya que las partes, con la anuencia del Tribunal (cf. auto núm. 6), desistieron de la misma.

El 18 de septiembre de 2001, se recibieron las declaraciones de Marco René Rojas Rojas, Evaristo Cuesta Rodríguez, Fanny Cecilia Eraso Belalcázar y Gloria Mercedes Vengoechea de Blanco.

Todos los oficios decretados por el Tribunal fueron remitidos y las correspondientes respuestas se encuentran incorporadas al expediente.

C. Alegatos de conclusión

Una vez concluido el período probatorio y practicadas todas las pruebas decretadas por el Tribunal, las partes fueron citadas a la audiencia de alegatos de conclusión la cual tuvo lugar el 17 de enero de 2002.

Por encontrarse reunidos todos los presupuestos procesales y al estar dentro del término establecido por el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, toda vez que la primera audiencia de trámite tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001 y el proceso fue suspendido entre el 13 de diciembre de 2001 y el 16 de enero de 2002, el Tribunal procede a pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada.

IV. CAPÍTULO CUARTO

Consideraciones del Tribunal

Para decidir el presente litigio, el Tribunal se apoyará previamente en las siguientes consideraciones:

1. El objeto del contrato y la cosa prometida en venta

Según se mencionó en el recuento de los hechos que dieron lugar al presente litigio, las partes celebraron sin fecha cierta conocida un contrato de promesa de compraventa, a través del cual la sociedad Ayudamos Ltda. (Bogotá) se obligó a transferir a favor de Gloria Vengoechea de Blanco “el 50% de los derechos sociales de propiedad de la primera de las nombradas en la sociedad Ayudamos Barranquilla Ltda...”.

De entrada observa el tribunal que la definición del objeto del contrato en el anterior texto, carece de la claridad que era de esperarse y conduce a su necesaria interpretación bajo la lente suprema de la intención de las partes al contratar.

La lectura textual de la cláusula primera del contrato de promesa podría entenderse en el sentido de que la cosa prometida en venta se limitaba al 50% de las 30.000 cuotas sociales de Ayudamos Limitada en la sociedad Ayudamos Barranquilla Ltda.; así parece reclamarlo el apoderado de la convocada en su escrito de contestación de la demanda. En oposición a lo anterior, la convocante es categórica en señalar que el objeto del contrato era la cesión de la totalidad de las 30.000 cuotas sociales de Ayudamos Ltda. en Ayudamos Barranquilla Ltda. que, a su vez, representaban un 50% del capital social total de esta última compañía.

Frente a la anterior discrepancia, surgida de la absoluta falta de técnica que se evidencia en el texto del contrato, el Tribunal llega a la conclusión de que la verdadera intención de las partes contratantes consistió en la promesa de enajenación de la totalidad de las 30.000 cuotas de interés social de Ayudamos Ltda. en Ayudamos Barranquilla Ltda. A esta interpretación se arriba como consecuencia del examen de conjunto del acervo probatorio, especialmente por el contenido de la comunicación fechada en mayo 6 de 1999 (fl. 29 del cdno. de pruebas) en la cual la señora Gloria de Vengoechea propone a la señora Fanny Eraso “en forma definitiva la compra del 100% de los derechos sociales”. Esta comunicación cobra aún mayor importancia probatoria cuando la propia señora Fanny Eraso la reconoció bajo juramento en su declaración de parte, en cuyo texto se plasmaron los términos del negocio que son el resumen de lo pactado entre las partes. A lo anterior se suma de manera convergente la declaración testimonial de Marco René Rojas (fls. 40 a 44 del cdno. de pruebas), quien en su calidad de revisor fiscal de la sociedad Ayudamos Ltda. (Bogotá) es claro en señalar que conoce de la existencia de una promesa de compraventa a través de la cual “Ayudamos Ltda. transfería su inversión en Barranquilla”.

Igualmente en apoyo de la interpretación del Tribunal, debe anotarse que en sana lógica no resulta creíble que Ayudamos Ltda. reclame derechos o pagos por su nombre comercial si acaso hubiere sido cierto que aspiraba a conservar aún la propiedad de 15.000 cuotas en la sociedad Ayudamos Barranquilla Ltda. Por el contrario, esta reclamación nace precisamente de su total desvinculación como socia de Ayudamos Barranquilla Ltda., hasta el punto que en la propia promesa de contrato las partes establecieron en su cláusula segunda —por cierto de manera extremadamente antitécnica y folclórica— que, por existir conciencia en Ayudamos Ltda. de su desvinculación de la sociedad en Barranquilla, debería “prestar su nombre” para establecer los quórum reglamentarios cuando fuere necesario reunir a la Asamblea (sic) o Junta de Socios de Ayudamos Barranquilla Ltda.

Así las cosas, y bajo el anterior análisis probatorio, no queda duda alguna para el Tribunal que la cosa prometida en venta por Ayudamos Ltda. a favor de Gloria Vengoechea consistió en la totalidad de sus 30.000 cuotas de interés social en la sociedad Ayudamos Barranquilla Ltda.; y conocida claramente esta intención de las partes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras, según el precepto angular de interpretación contractual del artículo 1618 del Código Civil.

Para el tribunal es absolutamente claro que la promesa de compraventa recaía única y exclusivamente sobre las cuotas sociales de Ayudamos Ltda. en Ayudamos Barranquilla Ltda., pues como lo expuso bajo juramento doña Fanny Eraso, entre las partes jamás hubo acuerdo para que el nombre de la compañía diera lugar a una reforma estatutaria para que tal nombre se tomara como un activo o cosa separable de las cuotas sociales y diera lugar a una negociación independiente; tal asunto, según lo que fluye de la declaración juramentada de quien participó en este negocio como promitente vendedora, “no se había hablado”, aunque el tribunal sí ha podido ver en la carta que Fanny Eraso, en nombre de Ayudamos Ltda., le dirigió el 10 de mayo de 2001 a Gloria Vengoechea de Blanco, para sugerir que al nombre “Ayudamos” se le diera algún valor, se le concediera una suma global y unitaria por la utilización futura o se le fijara un “canon de arrendamiento” por cada uno de los meses durante los cuales el nombre fuera utilizado por Ayudamos Ltda. Barranquilla, mención que aunque parecía sustancial y fundamental dentro del contexto del negocio que deseaba estructurar Ayudamos Ltda., no se tuvo en cuenta en las posteriores negociaciones y tampoco quedó recogido ni fue objeto de ningún acuerdo en el contrato de promesa. A pesar de lo anterior, este hecho no contemplado dentro del negocio precipitó la declaración notarial contenida en la hoja de seguridad AA318678, que sirvió de fundamento para que la prometiente vendedora incumpliera la obligación que le era exigible.

El contrato de promesa de cesión de cuotas sociales que las partes suscribieron en 1999 (fls. 7 a 9 del cdno. de pruebas), se relaciona con las cuotas sociales que Ayudamos Ltda. poseía en Ayudamos Ltda Barranquilla y nada más. Lo dicho es tan cierto que en el documento que el apoderado especial de la prometiente vendedora exhibió ante el Notario en cuya presencia ha debido suscribirse la escritura que formalizaría la cesión de cuotas, claramente se precisa que en "...la promesa mencionada suscrita por la señora Fanny Cecilia Eraso Belalcázar, debidamente autorizada se guardó silencio en este aspecto específico y vital de la sociedad Ayudamos Ltda..." (fl. 66 cdno. de pruebas), de donde se concluye que el contrato de promesa que parece incumplido por la prometiente vendedora tenía por objeto única y exclusivamente las cuotas sociales en Ayudamos Ltda. y que los derechos incorporales relacionados con el nombre comercial y la marca de servicio, si es que tal marca existe, no habían sido objeto de regulación contractual o precontractual de ninguna clase porque sobre este asunto “se guardó silencio”. De lo dicho resulta que:

a) Este reconocimiento del silencio que las partes guardaron sobre la posibilidad de negociar la marca y el nombre es suficiente para entender que la excusa que la prometiente vendedora alegó, para no cumplir el contrato prometido, no pasó de ser sino un pretexto arbitrario; si la cosa prometida en venta son unas cuotas sociales, su cumplimiento no puede subordinarse a la negociación de un nombre y de una marca que pertenecen a un tercero y que por el postulado de la relatividad de los negocios jurídicos y por lo que manda el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, necesariamente ha de ser objeto de otro contrato.

b) El contrato de promesa según lo advierte la Ley 153 de 1887 solo produce efectos en relación con la cosa prometida y con este solo argumento, así no se tuviera en consideración el postulado de la relatividad de los negocios jurídicos y de lo que se deriva de los artículos 822 del Código de Comercio, 1502 del Código Civil y el 831 del Código de Comercio, de ninguna manera el prometiente vendedor de una cosa puede condicionar el cumplimiento de lo prometido a la realización de nuevos negocios sobre cosas distintas a las que han sido objeto de acuerdo entre las partes del contrato inicial. Es decir, no hay razón de derecho ni práctica comercial que legitime al prometiente vendedor de las cuotas sociales para excusarse del cumplimiento de lo prometido alegando la necesidad o conveniencia de que nombres comerciales y marcas de servicios que pertenecen a terceras personas también sean objeto de negociación con ella misma o con el titular de esos derechos inmateriales. Por estas razones y con base en la constancia visible a folio 66 del cuaderno de pruebas y la declaración que bajo juramento hizo la señora Fanny Cecilia Eraso Belalcázar, se concluye que el negocio que ha sido la causa de este pleito siempre se entendió circunscrito al ciento por ciento de las cuotas sociales que pertenecían a la prometiente vendedora, el Tribunal no puede considerar razonable ni justificado el comportamiento que por conducto de su apoderado especial la prometiente vendedora asumió ante el notario primero del círculo notarial de Barranquilla.

2. El precio pactado en la promesa de compraventa y la excepción de contrato no cumplido

Al estar la cosa prometida debidamente determinada, se ocupa ahora el Tribunal de otros elementos esenciales del contrato de promesa de compraventa como son el precio y la forma de pago que las partes convinieron como contraprestación por la cesión de cuotas arriba analizada. De nuevo es necesario advertir que el antitécnico documento de promesa de compraventa, lejos de arrojar claridad sobre el particular, da origen a las discrepancias centrales entre las partes contratantes, circunstancia que impone al Tribunal la necesidad de detenerse cuidadosamente en su análisis, máxime si se toma en cuenta que la parte convocada propuso la excepción de contrato no cumplido, alegando que la prometiente compradora no habría pagado la totalidad del precio establecido.

Esta defensa la hace consistir la parte convocada señalando que la prometiente compradora solo había pagado ($41.366.253), circunstancia que le impone al Tribunal la necesidad de precisar lo relacionado con la cuantía del precio y su pago, mediante el examen del documento que recoge el contrato de promesa de cesión de cuotas, los comprobantes de consignación que obran en el cuaderno de pruebas (fls. 1 a 4), las declaraciones que bajo juramento rindieron los autores del contrato que ha dado lugar a este proceso, y algunas otras pruebas documentales pese a contener mensajes contradictorios en relación con el valor de las cuotas en que se dividió el precio del contrato de promesa; y para que la confusión sea mayor, el comprobante de consignación que la parte actora anexó como prueba del pago, porque demuestra que a orden de Ligia Molina, persona ajena al contrato de promesa, se consignaron cuatro millones ciento cincuenta y seis mil cuarenta y dos pesos ($4.156.042); los comprobantes de abonos en cuenta (cfr. fls. 1 a 4 del cdno. de pruebas) y el original del cheque Nº 6061069-6, que demuestran que los instalamentos restantes se abonaron en cuentas de Fanny Cecilia Eraso B., circunstancia que tiene especial trascendencia si se atiende el texto de la promesa como los escritos de los apoderados de las partes que permiten entender que tanto el contrato origen del conflicto como el proceso mismo, evidencian relaciones sustanciales y procesales entre Gloria Vengoechea de Blanco y Ayudamos Ltda., razón por la cual todo sugiere que los pagos que se hicieron mediante abonos en cuenta de doña Fanny Cecilia Eraso —persona natural diferente de la persona jurídica de Ayudamos Ltda.— no serían liberatorios y que finalmente el precio, cualquiera fuere su cuantía, estaría íntegramente pendiente de pago.

Para dilucidar estas confusiones —surgidas igualmente de la tosca informalidad con que se realizó este negocio— el Tribunal ha de manifestar su criterio sobre el monto exacto de las cuotas que fueron objeto del contrato de promesa; sobre el valor efectivamente pagado; y sobre lo que tiene que ver con los efectos liberatorios de los abonos y pagos que se hicieron a personas distintas de Ayudamos Ltda. Sobre cada uno de estos asuntos, y en el orden en que se acaban de mencionar, ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Sobre el monto del precio:

a.1 El apoderado de la parte convocante en el quinto de los hechos de la demanda (fl. 5 cdno. ppal.) manifiesta que el precio de las cuotas sociales que han dado lugar a este proceso se pactó en Cincuenta Millones de Pesos pagaderos “en once partidas mensuales de cuatro millones ciento cincuenta y seis mil cuarenta y dos pesos ($4.156.042) y una más por cuatro millones ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta pesos con sesenta y cuatro centavos (4.151.750,64)”, lo cual significa que el total de las doce cuotas a pagar ascendería a cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos doce pesos con sesenta y cuatro centavos ($49.868.212,64) y que por ello mismo una de las dos partidas globales está equivocada.

a.2. En la contestación de la demanda (fl. 18 cdno. ppal.) la parte convocada manifestó que el precio pactado por las cuotas sociales de Ayudamos Ltda. Barranquilla ascendía a cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

a.3. La parte convocada propuso como excepción la de contrato no cumplido, alegando que la prometiente compradora solo había pagado cuarenta y un millones trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos ($41.366.253). Al descorrer el traslado la parte convocante (fl. 34 cdno. ppal.) solicitó que el Tribunal desestimara la excepción de contrato no cumplido y tuviera en cuenta que en el contrato se había convenido el pago de 11 cuotas por valor unitario de cuatro millones ciento cincuenta y seis mil cuarenta y dos pesos ($4.156.042) y el de una cuota adicional por cuatro millones ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta y seis pesos con sesenta y cuatro centavos ($4.151.756,64), para un total de cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos doce pesos con sesenta y cuatro centavos ($49.868.212,64), esta última que difiere de la que la misma parte actora ha mencionado en la presentación de la demanda y que incrementaría en seis pesos ($ 6) el valor total de las cuotas pagadas, que ahora sería de cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos dieciocho pesos con sesenta y cuatro pesos ($49.868.218,64).

a.4. Al descorrer el traslado de las excepciones, el apoderado de la parte convocante precisa que el precio convenido en realidad no fue cincuenta millones de pesos ($50.000.000) sino más bien cuarenta y un millones trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos ($41.366.253) que por razón de la modalidad de pago por instalamentos vino a convertirse en capital sobre el cual debieron liquidarse intereses por valor de ocho millones quinientos un mil novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($8.501.965,64).

a.5. En el proceso se dice que el precio fue de cincuenta millones de pesos ($50.000.000); de cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos doce pesos con sesenta y cuatro pesos ($49.868.218,64); de cuarenta y un millones trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos ($41.366.253); y sobre el valor pagado también hay confusión porque las cifras no coinciden. El origen de la disconformidad, contradicción e ilógica que se relaciona con el precio de la cesión de las cuotas sociales prometidas en venta está en las comunicaciones del 6 de mayo de 1999 que Gloria Vengoechea Arce le dirigió a Ayudamos Ltda. y en la carta que Fanny Cecilia Eraso B., representante legal de Ayudamos Ltda, le dirigió a Gloria Vengoechea el 10 de enero de 2001. En la primera de estas comunicaciones Gloria Vengoechea Arce le propuso a Ayudamos Ltda. "en forma definitiva la compra del ciento por ciento de los derechos sociales, así como el pago de utilidades acumuladas a diciembre 31 de 1998" para reconocer y pagar por las utilidades acumuladas hasta la fecha y por otros conceptos menores una suma que en conjunto ascendía a veintiún millones trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos ($21.366.253), de tal manera que estos valores, adicionados con el valor de las cuotas sociales que serían objeto de la cesión, cuyo precio se estimó en veinte millones de pesos ($ 20.000.000) arrojarían a cargo de la adquirente una exigibilidad por valor de cuarenta y un millones trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos ($ 41.366.253), suma sobre la cual se causarían intereses del 36% anual sobre saldos que se pagarían en 12 instalamentos exigibles a partir del 31 de enero de 2000. Esta propuesta de Gloria Vengoechea Arce, es decir de la prometiente compradora, quedó recogida en la carta del 6 de mayo, visible a folio 29 del cuaderno de pruebas, comunicación que Ayudamos Ltda. contestó el 10 de enero de 2001 para hacer un recuento de las ventajas y beneficios que desde su punto de vista había obtenido Gloria Vengoechea Arce y, como contrapartida, del maltrato, desatención, perjuicios e irregularidades que Ayudamos Ltda. entendía se derivaron de este negocio, razón por la cual sobre este punto concreto del precio de las cuotas objeto de la cesión manifestó que la suma acordada ascendía a cincuenta millones de pesos ($50.000.000) sobre los cuales se causarían intereses para dar lugar a una tabla de amortización que razonablemente debía ser distinta a la que la prometiente compradora propuso en su carta del 6 de mayo.

Para superar este inmenso galimatías, el Tribunal ha de interpretar el contrato teniendo en cuenta que en ocasiones el texto y las palabras pueden ser claras pero no obstante, pueden surgir imprecisiones dentro del contexto y en este caso el juez debe prescindir del sentido literal de las palabras y de las reglas de la gramática o la semántica para tratar de identificar el sentimiento común de las partes, lo que ellas quisieron decir, el sentido profundo y el espíritu del contrato para frente a la ambigüedad adoptar la alternativa que mejor satisfaga la lógica de la economía del contrato y el querer de las partes que el juez perciba como resultado de observar los antecedentes del contrato, el comportamiento de los interesados en ese negocio, los alegatos de los abogados, las cartas, los documentos, los testimonios y todos los elementos que pueden concurrir para tratar de explicar y justificar un contrato y la mecánica interior de su propia dinámica. No se olvide que "el brocardo in claris non fit interpretatio” , o sea, en caso de claridad no hace falta interpretación, encierra una petición de principio, pues para saber si la cláusula es o no clara debió antes interpretarse el contrato”(1).

El Tribunal considera que las partes y sus distinguidos apoderados han afirmado que el precio de las cuotas sociales que dieron lugar al contrato de promesa es de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) porque tal cosa se dice en la tercera de las cláusulas del contrato, en la cual se lee que “el precio de la venta prometida es de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) que la PC (sic) pagará a la PV (sic) así...”. Sin embargo, a renglón seguido y en el mismo contrato de promesa se insertó una tabla de seis columnas en las cuales se distribuyeron sesenta y dos (62) partidas numéricas para individualizar con respecto a cada mes el valor correspondiente a la amortización de capital, el monto de los intereses causados y exigibles en cada uno de los meses, el valor de la cuota fija que debía consolidar capital e intereses en cada momento, el capital exigible antes de la respectiva amortización y el saldo resultante después de cada abono. A este trabajo tan cuidadoso el Tribunal ha de darle el mérito que le corresponde porque todas las cifras que allí aparecen tienen perfecta armonía y el silencio de los números revelan que las partes quisieron establecer como precio de la cosa vendida la suma exacta de cuarenta y un millones trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos ($41.366.253) pagaderos en doce (12) cuotas mensuales, sucesivas y prácticamente iguales, con intereses sobre saldos, de tal modo que el precio y los intereses exigibles vienen a sumar cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos dieciocho pesos con sesenta y cuatro centavos ($49.868.218,64), cifras que no coinciden con el valor que las partes creen haber convenido como precio y que de ninguna manera puede coincidir porque en el pago por instalamentos el pago del principal y el de los intereses corresponden a distintas causas y se imputan de distinta manera no solo para efectos civiles sino también para efectos contables y tributarios. Por esa razón, si se consolidaran las exigibilidades a cargo del prometiente comprador ellas ascenderían a cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos dieciocho pesos con sesenta y cuatro centavos ($49.868.218,64) y pagando esta parte en el contrato el valor de las cuotas fijas, que incluyen los abonos a capital y los intereses sobre saldos exigibles, debería entenderse que satisfizo lo que le era exigible y en tal caso si se afirmara que el precio de la venta prometida es de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) absurdamente concluiríamos que habiendo pagado todo lo que le era exigible el deudor no pagó la totalidad del precio convenido. La inconsistencia no resulta del mecanismo propuesto, sino del cálculo matemática y conceptualmente equivocado que aparece en la cláusula tercera del contrato de promesa y según el cual el precio es de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), cifra que aparece escrita en letras y en números pero que no por ello prevalece sobre la tabla en la que tan cuidadosamente se calcularon cada uno de los instalamentos y cada una de las partidas que vinieron a constituirse en antecedente y consecuencia de los abonos a capital y de los pagos que por intereses sobre saldos debían hacerse en cada momento. El Tribunal considera que ha de privilegiarse esta prolija liquidación sobre la cifra accidental que pretendió consolidar todas las partidas y para inclinarse a favor de esta interpretación ha tenido en cuenta que la concepción de la tabla a la que nos acabamos de referir y el cuidadosísimo cálculo de cada una de las cifras que allí se liquidaron y organizaron con especial orden, impuso a quienes prepararon esas cuentas tal grado de esfuerzo y detalle que con esa liquidación, más que con la mención de los cincuenta millones de pesos ($50.000.000), las partes recogieron su verdadera voluntad y propósito. Así las cosas, el Tribunal entiende que el precio de la cosa prometida en venta asciende a cuarenta y un millones trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos($41.366.253) y también considera que el consolidado de intereses sobre saldos decrecientes asciende a ocho millones quinientos un mil novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos ($8.501.965,64) y que las exigibilidades totales a cargo del prometiente comprador suman cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos dieciocho pesos con sesenta y cuatro centavos ($49.868.218,64), de lo cual resulta que por haber pagado la parte convocante cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos veintiséis pesos ($49.868.226), su pago no fue deficitario, sino que excedió en ocho pesos ($8).

b) Sobre el pago del precio:

b.1. La parte convocante dijo que los cincuenta millones de pesos ($50.000.000) se pagaron así: en once cuotas por valor unitario de cuatro millones ciento cincuenta y seis mil cuarenta y dos pesos ($ 4.156.042); con una cuota de cuatro millones ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta y seis pesos con sesenta y cuatro centavos ($4.151.756,64); y, adicionalmente, mediante algo así como una cuota extraordinaria de ciento treinta y un mil setecientos ochenta y dos pesos ($ 131.782) que se pagó en “dinero en efectivo”, sin que de este último haya prueba documental.

b.2. El apoderado de la parte convocada ha puesto de presente que las cuotas correspondientes a febrero, mayo, julio, septiembre y noviembre, así como la de enero de 2001, se pagaron con cheques que la deudora libró con cargo a la cuenta corriente de Ayudamos Ltda. Barranquilla, razón por la cual considera que esos pagos no se hicieron por parte de la convocante; con tal observación pretende encontrar otra razón o argumento para que el Tribunal declare que el pago del precio fue insuficiente.

El Tribunal no puede, sin contrariar la realidad, satisfacer esta pretensión del distinguido apoderado de la parte convocada; y aunque considere censurable que los administradores de sociedades comerciales atiendan con recursos de las entidades que administran obligaciones personalísimas, ha de aceptar que los pagos hechos con tales recursos producen efectos liberatorios y extintivos de las obligaciones a cargo del primitivo deudor, sin menoscabo de una posible acción social de responsabilidad, de eventuales adversidades de carácter penal, de sanciones administrativas que pudiera disponer en contra de tales administradores la Superintendencia de Sociedades ni de acciones civiles suscitadas por terceros con apoyo en el artículo 200 del Código de Comercio contra el administrador abusivo. En síntesis: el hecho de que los dineros que se utilizaron para pagar el precio se hubieran tomado de las disponibilidades de una sociedad comercial, puede comprometer al gerente que tal cosa hizo pero no altera el pago que resulta válido perfecto y liberatorio porque en nada se afecta por el origen de los recursos.

b.3. En el expediente reposan las copias al carbón de nueve comprobantes de consignación por valor unitario de cuatro millones ciento cincuenta y seis mil cuarenta y dos pesos ($ 4.156.042) cuyo valor acumulado asciende a treinta y siete millones cuatrocientos cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos ($37.404.378); un comprobante por valor de cuatro millones ciento cincuenta y seis mil cincuenta pesos m/cte ($4.156.050); un comprobante por valor de cuatro millones ciento cincuenta y un mil setecientos cincuenta y seis pesos ($4.151.756) y el original de un cheque debidamente pagado por valor de cuatro millones ciento cincuenta y seis mil cuarenta y dos pesos ($4.156.042) para un gran total de cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y ocho mil doscientos veintiséis pesos ($49.868.226) de lo cual resulta que para el Tribunal está probado, mediante documentos, el pago de esta suma y mediante confesión de doña Fanny Cecilia Eraso, visible a folios 52 a 59 del cuaderno de pruebas, el pago total del precio y por ello mismo el pago que la parte convocante dice haber hecho en efectivo por valor de ciento treinta y un mil setecientos ochenta y dos pesos ($131.782), de todo lo cual resulta que el precio pactado debe entenderse satisfecho en oportunidad y suficiencia.

Queda por averiguar si en consideración a los beneficiarios de los abonos el pago es o no liberatorio. Sobre este asunto, hemos visto que la parte convocada no objetó el pago hecho a otras personas porque quien vino a recibir once de las doce cuotas es socia de Ayudamos Ltda., que su gerente, es madre de la representante legal de esa compañía y tal vez por tratarse de una sociedad de familia, de buena fe confundió lo ajeno con lo propio o actuó en desarrollo de mandato sin representación que le ha permitido afirmar (cfr. fl. 18 cdno. ppal.) que del precio pactado alcanzó a recibir cuarenta y un millones trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos ($41.366.253), quedando por ello mismo un saldo a su favor que asciende a ocho millones seiscientos treinta y tres mil setecientos cuarenta y siete pesos ($8.633.747), y le permitió reconocer bajo juramento que el pago recibido había sido finalmente satisfactorio (fl. 59 del cdno. de pruebas). Igualmente como prueba de la recepción final de los dineros en las arcas de Ayudamos Ltda., debe indicarse que el señor Marco René Rojas, Revisor Fiscal de Ayudamos Ltda., aceptó en su declaración testimonial (fl. 40 a 44 del cdno. de pruebas) que los dineros recibidos estaban contabilizados en Ayudamos Ltda. como anticipos recibidos por causa de la venta de las cuotas sociales de esta sociedad en Ayudamos Barranquilla Ltda.

Sobre las anteriores consideraciones, el tribunal señala de antemano, lo que confirmará en la parte resolutiva de este laudo, en el sentido de declarar que la excepción subsidiaria de contrato no cumplido, propuesta por la convocada está llamada, a no prosperar.

3. Las partes contratantes y la legitimación en la causa por activa

Atrás han quedado debidamente establecidos los aspectos relativos a la cosa prometida en venta y al precio pactado entre las partes. Es necesario ahora detenerse en el análisis de los sujetos contractuales, es decir, en las personas que suscribieron y se obligaron a través del contrato de promesa de compraventa en estudio, al momento de su suscripción y en su posterior ejecución.

El tema revela importancia, porque al expediente se allegó prueba documental sobre la forma cómo la prometiente compradora Gloria Vengoechea habría hecho uso de la ambigua autorización contenida en la cláusula décimo primera del contrato de promesa, al impartir instrucciones a la prometiente vendedora para que la cesión de cuotas sociales prometida se hiciera a favor de terceras personas no vinculadas en un comienzo a la promesa suscrita. Al efecto, de acuerdo con la comunicación de fecha 15 de Enero de 2001 dirigida por Gloria Vengoechea a Fanny Eraso (fl. 2 del cdno. de pruebas), aquella indicó a esta última que del 50% de cuotas sociales que tiene Ayudamos Ltda. en Ayudamos Barranquilla Ltda., la venta prometida debería cumplirse en un 25% a nombre de Leonor Margarita Blanco Vengoechea, en un 20% a nombre de Arturo Enrique Blanco Vengoechea y en tan solo 5% a favor de la prometiente compradora Gloria Vengoechea de Blanco.

De cara a esta circunstancia, es preciso puntualizar si como consecuencia de las instrucciones escritas impartidas a la prometiente vendedora operó una cesión de los derechos personales de crédito que tenía la prometiente compradora en ese contrato, o si lo ocurrido fue una cesión de contrato; en ambos eventos deberá establecerse su incidencia frente a aspectos que tocan con la legitimación en la causa por activa en este proceso. Al anterior cuadro fáctico se agrega el hecho de que al comparecer a la Notaría Primera de Barranquilla la prometiente compradora se hizo presente en compañía de Leonor Margarita Blanco Vengoechea quien actuó en esa oportunidad en su propio nombre y en representación de Arturo Enrique Blanco Vengoechea.

Para dilucidar lo anterior, debe recordarse que la cesión de créditos personales exige como requisito para que produzca efectos entre cedente y cesionario, que se haga entrega del respectivo título por el cedente al cesionario, entendido este vocablo en su acepción de documento o de instrumento que es prueba escrita de la existencia del crédito cedido. Al anterior requisito, establecido en el artículo 33 de la Ley 57 de 1887, se añade la carga impuesta por el artículo 1961 del Código Civil según la cual la notificación de la cesión al deudor debe hacerse con exhibición del título “que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente”.

Traído lo anterior al presente caso, encuentra el Tribunal que en el documento que recoge el contrato de promesa de compraventa, —que para el tema en estudio hace las veces de título—, no existe constancia de la cesión ni ella se encuentra precedida de la firma del cedente. Tampoco existe evidencia de la entrega de ese título de manos de la cedente a favor de los cesionarios, lo que fatalmente conduce a indicar que la pretendida cesión parcial de los derechos que como Prometiente Compradora le correspondían a Gloria Vengoechea no se perfeccionó, teniendo en cuenta que —como lo indica con acierto Gómez Estrada— en materia de cesión de derechos “la tradición de ellos no puede consistir sino en la entrega del título hecha por el cedente al cesionario y solo en esa forma la cesión produce efectos entre ellos; una tradición de tipo distinto es ineficaz, porque al contrario de lo que ocurre en materia de tradición de bienes muebles corporales, que admite varias formas (art. 754), tratándose de tradición de créditos personales no existe más forma eficaz que la indicada”(2).

Como necesario corolario de lo anterior, o sea por no haberse perfeccionado la cesión entre la cedente y los cesionarios, mal pudo producir efectos frente la deudora Ayudamos Ltda.; para ello debieron cumplirse, de manera previa, los requerimientos de validez entre cedente y cesionarios. Solo en una etapa ulterior, surtidas las formalidades establecidas en los artículos 1960 y 1961 del Código Civil como requisito de validez de la cesión frente al deudor, las cuales también se echan de menos en el presente expediente, puede hablarse de la existencia de la cesión de derechos.

Tampoco resulta propio señalar que hubo una cesión de contrato en la cual la cedente Gloria Vengoechea hubiera cedido su posición contractual a favor de sus hijos Leonor Margarita Blanco Vengoechea y Arturo Enrique Blanco Vengoechea, pues en términos generales la denominada “cesión del contrato”, heredada por el artículo 887 de nuestro estatuto mercantil del Código Civil Italiano de 1942, se pregona exclusivamente de los contratos cuya naturaleza sea de ejecución periódica, sucesiva o diferida y no de aquellos que —como el caso de la promesa de contrato— tienen las características propias de un negocio jurídico de ejecución instantánea que se consuma por el acto de formalización del negocio comprometido.

Visto lo anterior, debemos concluir que al no haberse perfeccionado en legal forma el derecho personal de crédito de la promitente compradora, no se afectó el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por activa como consecuencia de la no comparecencia en este proceso arbitral de Leonor Margarita Blanco Vengoechea y Arturo Enrique Blanco Vengoechea. A ello se agrega, que en realidad del contexto probatorio del proceso se desprende que los dos hijos de la original prometiente compradora, más que verdaderos cesionarios de un derecho de crédito radicado en la escrituración a su favor de unas cuotas de interés social, son en verdad simples mandatarios sin representación de un porcentaje de propiedad societario que en realidad pertenecerá a su madre.

Por las precedentes consideraciones el Tribunal se abstiene de reconocer oficiosamente cualquier circunstancia defensiva que pudiera denotar una eventual falta de legitimación en la causa por activa, medio exceptivo que —de paso— tampoco invocó expresamente la parte convocada.

4. La cesión de cuotas y la reforma estatutaria

Ha estimado pertinente el Tribunal referirse, de manera expresa, a la ausencia de una reunión de la junta de socios de Ayudamos Ltda. en la cual se hubiera aprobado, con el quórum reglamentario, la cesión de cuotas sociales a favor de Gloria Vengoechea de Blanco.

Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 362 del Código de Comercio que dispone:

“Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulación que impida este derecho, se tendrá por no escrita.

La cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria. La correspondiente escritura pública será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el cesionario” (subraya el Tribunal)

Lo que aquí nos interesa es dilucidar cuál es el sentido de la expresión “implicará” y cuales su alcance y sus efectos en el caso de la cesión de cuotas sociales cuando de antemano el cesionario es socio de la compañía.

Para el examen del punto se debe aducir el artículo 29 del Código Civil, según el cual “Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.” La expresión “implicará” pertenece a la ciencia de la lógica, por eso es en esta donde ha de buscarse su sentido.

La relación de implicación es la que existe en los enunciados condicionales. Estos son aquellos en el que dos enunciados simples se encuentran relacionados por las expresiones “si-entonces”. El enunciado “si tiene un buen abogado entonces será absuelto” es un enunciado de este tipo y se formaliza como (p®q). En el ejemplo, la proposición “tiene un buen abogado” se denomina antecedente, implicante o prótasis. Por su parte, la proposición “será absuelto” se denomina consecuente, implicado o apódosis.

Los enunciados condicionales no afirman la verdad del antecedente ni del consecuente, sino solamente que siendo verdadero el antecedente, verdadero será también el consecuente. Así, en el ejemplo anterior, no se afirma que se tenga un buen abogado, ni que la persona sea absuelta, sino que de llegar a tener un abogado, será absuelta. La implicación queda así sustraída del ámbito existencial.

La “implicación” tiene más de un uso en el lenguaje ordinario. En efecto, pueden identificarse los siguientes:

• Si todos los humanos son mortales y Sócrates es humano, entonces Sócrates es mortal.

• Si Diego es soltero, entonces Diego no es casado.

• Si se coloca una pieza de papel tornasol en ácido, entonces esa pieza de papel se volverá roja.

• Si la selección de Colombia pierde el partido, entonces me comeré mi sombrero.

Cada una de estas expresiones contiene una conexión de implicación. Las expresiones del tipo de a) presentan una conexión propiamente lógica, las de tipo b) afirman una conexión definicional, las de tipo c) una conexión causal y las de tipo d) una conexión decisional.

Y aunque son en ese aspecto distintas, tienen todas un elemento común, que es precisamente el hecho de que siempre que el antecedente sea verdadero, el consecuente será también verdadero. La regla que subyace a esta relación lógica se denomina modus ponendo ponens (afirmando afirmo). Lógicamente se formaliza de la siguiente manera:

 

En el ejemplo que hemos venido analizando diríamos “si tiene un abogado entonces será absuelto”, y tiene un buen abogado, entonces será absuelto.

La relación de implicación se hace más evidente si se analiza una expresión lógicamente equivalente a “si tiene un abogado entonces será absuelto”. Esta expresión se enuncia así: “no ocurre que tenga un abogado y no sea absuelto”. Simbolizando, el enunciado tendría la forma:

 

En síntesis, como ya se dijo, la relación de implicación es la que existe en un enunciado hipotético de modo tal que si el antecedente es verdadero, el consecuente es “necesariamente” verdadero. Cuando se dice entonces que p implica o implicará q, no se está diciendo que suceda p, ni que suceda q, pero sí que si sucede p necesariamente sucederá q; o lo que es lo mismo, que no es el caso que suceda p y no suceda q.

Volviendo al artículo 362 del Código de Comercio y a la expresión “la cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria”, podemos comenzar reformulando la expresión de la siguiente manera: “si hay una cesión de cuotas, habrá una reforma estatutaria”.

La conexidad que hay en este enunciado no es definicional, pues la cesión de cuotas es un instituto a todas luces diferente a la reforma estatutaria; no equivale por tanto a decir “una cesión de cuotas es una reforma estatutaria”. No es tampoco decisional, pues la ley en este caso ordena, manda, impone; no deja campo para la decisión de los sujetos.

Tal como se explicó, la expresión bajo examen podría igualmente formularse así: “no es posible que haya una cesión de cuotas y no haya una reforma estatutaria”.

Puede verse fácilmente que el enunciado “si hay una cesión de cuotas, habrá una reforma estatutaria” se formaliza, tal como se ha mostrado arriba, así:

 

Donde p equivale a “hay una cesión de cuotas” y q equivale a “habrá una reforma estatutaria”.

Hay que recordar que este enunciado no afirma que haya una cesión de cuotas, ni que haya una reforma estatutaria, sino que de haber una cesión de cuotas, habrá una reforma estatutaria.

Dado el caso de una cesión de cuotas, sujeta a las prescripciones legales (C. Co., arts. 363, 365, 366) habrá necesariamente una reforma estatutaria.

Esto se formaliza así:

 

Por último, hay que poner de presente que el carácter de necesidad de la relación de implicación, en virtud de la cual siempre que ocurra el antecedente ocurre el consecuente, para el caso específico del derecho, opera en el ámbito del deber ser. En el campo de la ciencia natural, por ejemplo, si al nivel del mar se calienta agua a cien grados centígrados esta, necesariamente, se evapora. Hay en ello una necesidad natural. En el campo del derecho, en cambio, y en el caso que nos ocupa, no necesariamente siempre que hay una cesión de cuotas hay una reforma estatutaria, pues es posible que esta, que es un acto físico distinto al de la cesión, no se realice. La necesidad de la implicación en el ámbito del deber ser desciende al del ser a través de la noción de deber u obligación (si se concretiza). Así, cuando se presenta una cesión de cuotas, surge para el gerente la obligación de solemnizar dicho acto, a registrar ante el notario que el cedente ya no es socio o que lo es en menor cuantía y a registrar que un socio antiguo ha incrementado su participación o que un nuevo socio ha reemplazado al saliente, todo lo cual “impone” reformar el artículo estatutario que habla del capital social y por ello se dice que “si hay una cesión de cuotas entonces se debe (por el gerente) hacer una reforma estatutaria” o formulado de manera negativa “no ocurre que haya una cesión de cuotas y no deben el gerente o la Junta de Socios hacer una reforma estatutaria”.

Al redondear todo lo anterior, el tribunal considera que, independientemente de que no existió una junta de socios de Ayudamos Barranquilla Ltda. que hubiera votado con el quórum reglamentario la reforma estatutaria derivada de la proyectada cesión de cuotas sociales a favor de Gloria Vengoechea de Blanco, cuando se perfecciona toda cesión el gerente de la sociedad al suscribir la correspondiente escritura pública debe, por “implicación” , proceder a formalizar tal reforma.

5. La excepción de nulidad relativa

Corresponde ahora al Tribunal referirse a la excepción principal invocada por la parte convocada y que denominó “nulidad relativa por vicio en el consentimiento”.

Sintéticamente, la parte convocada funda su defensa señalando que la señora Gloria Vengoechea, quien fungía como representante legal de Ayudamos Barranquilla Ltda., indujo en error a la sociedad Ayudamos Ltda. respecto de la situación financiera de la sociedad que dirigía, al hacerle creer que existía una cifra considerable de cartera irrecuperable que incidía de manera drástica en una disminución del precio de las cuotas sociales en la sociedad. Agrega el apoderado de la convocada que esta conducta de la representante legal de Ayudamos Barranquilla Ltda., Gloria Vengoechea, aunada a su reticencia para dar oportunos y fidedignos informes de la sociedad, estuvo encaminada a obtener un provecho indebido en la negociación de compra de las cuotas sociales de Ayudamos Ltda. en la sociedad Ayudamos Barranquilla Ltda., que como adquirente a título personal tenía prevista. Remata su censura el apoderado de la parte convocada indicando que en esas circunstancias, su cliente fue conducida a la celebración de un contrato “con su consentimiento evidentemente viciado”.

La parte convocada hace consistir este vicio del consentimiento en el doble aspecto de la existencia de un error y de dolo en la celebración del contrato, razón por la cual el Tribunal se detendrá en cada uno de estos dos factores.

En materia de vicios del consentimiento por error de hecho, nuestra normatividad civil distingue inicialmente dos eventos: el primero de ellos cuando dicho error recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, y el segundo cuando recae sobre la identidad de la cosa específica. Igualmente, de acuerdo con las voces del artículo 1511 del Código Civil, el consentimiento viciado puede surgir cuando “la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree...”.

Para la ocurrencia de este error en la calidad del objeto, que al parecer es el objeto de la excepción formulada, la doctrina ha sido uniforme en señalar que la falsa creencia sobre la calidad de la cosa para tener la envergadura de vicio del consentimiento, debe haber servido de carácter determinante y de motivo fundamental para contratar.

Traducido lo anterior al presente caso, se interpreta la defensa del demandado en el sentido de que la razón de ser de la negociación de las cuotas sociales era la mala situación económica de Ayudamos Barranquilla Ltda., que a la postre —según sus afirmaciones— no era tan mala como falsamente lo hacía creer la gerente de la sociedad quien merced a su reticencia y falta de información habría salido gananciosa en la compra de las cuotas sociales.

Desde ya observa el Tribunal, que al proceso no se llevó una prueba idónea sobre la disparidad entre la calidad aparente de la cosa y su verdadera realidad. En otras palabras, no tiene el Tribunal ninguna evidencia satisfactoria que demuestre cuantitativa y cualitativamente la existencia del vicio en el consentimiento por error en la calidad de la cosa, lo que sería suficiente para denegar la prosperidad de la excepción.

Sin embargo debe anotarse que a juicio del Tribunal y al amparo del material probatorio arrimado al expediente, surge con evidencia que la causa de la negociación tuvo como punto de apoyo fundamental, más que la calidad de la compañía o la poca rentabilidad de sus actividades, las malas relaciones entre la gerente y socia Gloria Vengoechea y la señora Fanny Eraso.

Prueba irrefutable de ese malestar precontractual —que también invoca la parte convocada— la encuentra el tribunal en la correspondencia que fue allegada al cuaderno de pruebas (cartas del 10 y 23 de ene./01 visibles a fls. 24 al 28 del cdno. referido). Efectivamente allí se transparenta el reclamo, la censura y la crítica que la parte convocada le hizo a la parte convocante y la descortesía con la que Gloria Vengoechea de Blanco trató a la vocera de su consocia en Ayudamos Ltda. Barranquilla. Por otra parte, en los testimonios que rindieron ante el Tribunal y bajo juramento doña Fanny Cecilia Erazo Belalcázar y doña Gloria Mercedes Vengoechea de Blanco, también se percibe que las relaciones entre las dos partes en el contrato de sociedad se polarizaron de tal manera que la gerente de Ayudamos Ltda. Barranquilla, doña Gloria Vengoechea de Blanco, no actuó como administradora de negocio ajeno sino como líder de su propia empresa y que su consocia, Ayudamos Ltda., por conducto de su gerente, doña Fanny Cecilia Eraso Belalcázar, permaneció atenta a la información que esperaba recibir de la gerente de Ayudamos Ltda. Barranquilla, información que no llegó a tiempo, ni con el detalle y la calidad indispensables, todo lo cual, sin duda alguna, deterioró las buenas relaciones que eran deseables entre los asociados y se convirtió en causa eficiente de la decisión que se materializó en la promesa de cesión de las cuotas sociales.

A folios 17, 18 y 19 del cuaderno de pruebas reposa el informe que Marco René Rojas rindió a Ayudamos Ltda. sobre los estados financieros de Ayudamos Barranquilla Ltda., documento que en nada favorece a la administración de Ayudamos Ltda. Barranquilla, descalifica tanto la organización contable como la rectitud de sus administradores y de alguna manera también rechaza la calidad profesional del dictamen que el revisor fiscal de Ayudamos Ltda. Barranquilla rindió sobre los estados financieros cortados a diciembre 31 de 1998. Este documento debe tenerse en cuenta para comprender que la prometiente vendedora sí tuvo acceso a la información contable de Ayudamos Ltda. Barranquilla y que su reacción frente a los desatinos de esos administradores inicialmente fue de enojo y posteriormente de desencanto, a tal extremo que se predispuso a vender las cuotas sociales que la legitimaban para participar en una empresa en la cual, como ella misma dice “Ayudamos Ltda. nunca fue bien recibida”.

Deducir de ese maltrato la configuración de error como vicio del consentimiento o dolo como artimaña de la gerente es imposible porque en ninguna parte se ve que la gerente hubiera maquinado para conducir a su consocia a la cesión de cuotas.

Lo que se ve es desgreño e insolencia, pero tan brusca y ordinaria que carece, por ello mismo, de la sutileza que caracteriza el dolo. Así las cosas, quien promete ceder sus derechos no llega a esa situación por el engaño de quien promete adquirir sus cuotas sociales sino por el maltrato y por la convicción de que la Junta de Socios no era escenario adecuado para modificar tan mala situación, bien complicada por la estructura de poder dentro de la compañía.

El gobierno de la prometiente compradora y el desdén que ella tuvo para con Ayudamos Ltda. claramente se percibe en la carta del 23 de enero de 2001 en la cual, palabras más palabras menos, la gerente de Ayudamos Barranquilla Ltda. considera que los reclamos de uno de los socios, “son palabras necias” y que ante esos reclamos ha de obrar con “oídos sordos” para agregar luego que desde su punto de vista la prometiente vendedora quedó desvinculada de Ayudamos Ltda. Barranquilla y que por esa razón todo lo que ese socio reclama no es más que “puro cuento de velorio”, razón por la cual la gerente que se ha posesionado de su investidura y que se considera dueña de lo que todavía no ha comprado ni pagado le dice a la consocia que no quiere seguir polemizando con ella y que desea ponerle punto final a estas comunicaciones, de tal manera que cualquier divergencia se ventile ante las autoridades ordinarias porque en ese momento ya “no hay nada más que hablar”. Esta posición arrogante, por decir lo menos, de Gloria Vengoechea de Blanco, explica por qué ella, sin reato ni temor, acudió a los recursos de la compañía que administra y dispuso de ellos como si fueran bienes propios para pagar, con recursos sociales, deudas de carácter personal.

En la declaración que bajo juramento rindió doña Fanny Eraso Belalcázar, queda muy claro que prácticamente desde el comienzo las relaciones entre Ayudamos Ltda. Barranquilla y Ayudamos Ltda. fueron malas y que la administración de Ayudamos Ltda. Barranquilla dificultó el ejercicio del derecho de inspección que trató de desplegar Ayudamos Ltda., no le suministró la información de carácter financiero que periódicamente se le pidió, presentó pérdidas crónicas y progresivas y dio lugar a que desde el punto de vista de uno de los socios de esa compañía la prometiente vendedora, el desaliento y la falta de comunicación influyeran para firmar la promesa de compraventa. Sin embargo ese maltrato, semejante desgreño administrativo y la falta de comunicación, no constituyen error en el consentimiento; más bien podrían estructurar comportamientos censurables e indelicados por parte de los administradores de Ayudamos Ltda. Barranquilla, que legitimarían acciones de responsabilidad civil o la intervención de la Superintendencia de Sociedades y otros organismos de control estatales, porque tal manera de obrar es censurable y también es grave pero no alcanza a estructurar error ni vicio en el consentimiento de la prometiente vendedora. El desencanto y la convicción de estar participando en un desafortunado proceso asociativo, no estructuran los elementos con base en los cuales este Tribunal debería declarar que el contrato de promesa de cesión de cuotas sociales está afectado de nulidad relativa.

No pasa desapercibido para el Tribunal que los hechos que alega la parte convocada, como constitutivos de error o dolo, no coinciden con la argumentación que notarialmente se expuso al momento de negarse a suscribir la cesión comprometida, lo que equivale a que se confirme el aserto de este fallo en el sentido de señalar que el motivo determinante del contrato no fue una errónea apreciación sobre la calidad de la cosa, cuanto el resultado de las desavenencias entre los socios.

En síntesis, el Tribunal no ha encontrado prueba que permita estructurar error determinante en la causa, en el objeto o en la persona, apto para haber generado un vicio en el consentimiento. Ni por asomo puede pensarse que en este negocio hubo fuerza que pudiera afectar el consentimiento de alguna de las partes.

El Tribunal tampoco considera que el contrato de promesa de cesión de cuotas haya sido resultado de maquinaciones fraudulentas constitutivas de dolo, ya que no milita prueba en el proceso sobre maniobras engañosas, como alteración de balances, supresión o cambio de partidas, a tiempo que la promitente vendedora tuvo acceso a través de personas idóneas a las finanzas y asientos contables de la sociedad barranquillera.

Siendo las cosas como se acaban de resumir, la excepción de nulidad relativa no prospera.

6. Las pretensiones de la convocante

No obstante las limitaciones técnicas de las pretensiones de la demanda, en la cual se acude a fórmulas que parecen más propias de un proceso ejecutivo por obligación de hacer pero extrañas a las exigencias del proceso declarativo de naturaleza arbitral, este Tribunal ha interpretado que el libelo demandatorio se ubica dentro del contexto de un proceso por incumplimiento de contrato donde se pide su cumplimiento y se exigen los perjuicios establecidos de antemano contractualmente a título de pena.

De acuerdo con lo arriba expuesto, existe evidencia del incumplimiento contractual de la convocada quien, llegada la fecha del cumplimiento del contrato de promesa, optó por no suscribir a favor de la cesionaria la respectiva escritura pública argumentando la necesidad de extender el contrato a materias diferentes a las contempladas en la promesa de cesión. Probado este incumplimiento, la parte cumplida tiene derecho a optar por la petición de cumplimiento de lo acordado a la luz de lo establecido por el artículo 1546 del Código Civil; en ese sentido el Tribunal accederá a tal pretensión y ordenará que se cumpla el objeto del contrato de Promesa con la suscripción de la correspondiente escritura pública de cesión.

En lo que se relaciona con la pretensión de que la sociedad convocada sea condenada al pago de la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), por concepto de “multa”, es menester realizar algunas precisiones.

Al parecer, la suma de diez millones de pesos ($10.000.000), exigida como “multa”, surge del pacto contenido en la cláusula cuarta del contrato de promesa de compraventa en la cual las partes —de nuevo de manera ambigua y antitécnica— pactaron unas arras de carácter confirmatorio “como prenda de confirmación del presente acuerdo y que serán abonadas al precio en el momento de otorgarse la escritura pública que perfeccione el objeto de esta promesa”.

La redacción de la anterior estipulación pone en evidencia que las partes quisieron colocarse al margen de las arras penitenciales de retracto contempladas en el artículo 1859 del Código Civil y 866 del Código de Comercio, y consintieron en dar a las arras el carácter de señal de “quedar convenidos” o “arrha in signum consensus interpositi data” en los términos del artículo 1861 del Estatuto Civil.

Sea lo primero advertir que en materia del perfeccionamiento del convenio de arras —como bien lo señala Rodríguez Fonnegra— “no basta con el mero pacto requiriéndose la entrega como del artículo 1859 se deduce y como también del 1861 se infiere”(3). En el caso presente no existe constancia ni prueba alguna de dicha entrega.

Pero más allá de la anterior observación, debe precisarse que las arras y la cláusula penal son materias disímiles, y que aquellas cuando son de naturaleza confirmatoria no son vehículo para el cobro de “multas” como lo pretende la parte convocante.

Además debe señalarse que si la intención de las partes hubiera sido establecer una cláusula penal en cuantía de diez millones de pesos ($ 10.000.000), su exigibilidad no es compatible con la pretensión de cumplimiento del contrato, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal; todo conforme a lo establecido en el artículo 1594 del Código Civil.

En las anteriores circunstancias el Tribunal no accederá a la pretensión de multa que elevó en su libelo la parte convocante, y denegará cualquier prestación indemnizatoria por ausencia de petición y prueba dentro del proceso.

Al prosperar solo parcialmente las pretensiones de la convocante, este Tribunal se abstendrá de proferir condena en costas y agencias en derecho a cargo de la parte convocada.

V. CAPÍTULO QUINTO

Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar no probadas las excepciones propuestas por Ayudamos Ltda. denominadas “Nulidad Relativa por vicio en el Consentimiento” y “Contrato no Cumplido”.

2. Declarar que Ayudamos Ltda. incumplió el contrato de promesa de cesión de cuotas sociales que suscribió con Gloria Vengoechea de Blanco.

3. Condenar a Ayudamos Ltda. a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de treinta mil (30.000) cuotas sociales a favor de Gloria Vengoechea de Blanco o de cualquier legítimo cesionario. En ese mismo instrumento se elevará a escritura pública la correspondiente reforma de estatutos de Ayudamos Barranquilla Ltda. que se deriva de tal cesión; esta escritura debe otorgarse en la Notaría Primera de Barranquilla el próximo veintisiete de febrero del presente año a las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.)

4. Denegar la pretensión b) de la demanda presentada por Gloria Vengoechea de Blanco.

5. Por haber prosperado solamente en forma parcial las pretensiones formuladas por la parte demandante se dispone que no habrá lugar a condena en costas.

6. Ordenar la protocolización de este expediente en una Notaría del Círculo de Bogotá.

Esta providencia queda notificada en estrados.

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