Laudo Arbitral

Granjas El Socorro Ltda.

v.

Colombiana de Incubación S.A. Incubacol

Agosto 5 de 2002

Agotado el trámite procesal el Tribunal de Arbitramento, dentro de la oportunidad legal, procede a dictar el laudo que resuelve las diferencias surgidas entre Granjas El Socorro Ltda. (en adelante “Granjas El Socorro”) y Colombiana de Incubación S.A. Incubacol (en adelante “Incubacol”), el cual se pronuncia en derecho.

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil dos (2002).

Los antecedentes

Las controversias que se deciden mediante el presente laudo se originan en el Contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, en el cual se pactó la siguiente cláusula compromisoria:

“Décima primera: Las diferencias que surjan entre las partes por razón de este contrato en su ejecución o liquidación serán sometidas a un tribunal de arbitramento integrado y dirigido por la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio de la parte demandada, o en su defecto será competente la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, D.C., tribunal que se integrará y funcionará de conformidad con el Decreto 2279 de 1989 y la Ley 446 de 1998 y de las normas que las modifiquen o complementen. la decisión del tribunal de arbitramento deberá ser en derecho”.

El tribunal de arbitramento considera que la cláusula transcrita tiene por finalidad resolver mediante arbitraje las controversias que se presenten entre las partes con fundamento en el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999.

El 26 de marzo del año 2001 Granjas El Socorro por conducto de apoderado, solicitó la convocatoria del presente tribunal de arbitramento y al efecto demandó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante el “Centro de Arbitraje”) a Incubacol.

El 5 de abril del año 2001 el director (E) del Centro de Arbitraje admitió la solicitud y ordenó correr traslado de la convocatoria a la parte convocada.

En acatamiento a la citación mediante aviso que el centro de arbitraje le hiciera el 20 de abril del año 2001, el 26 del mismo mes Incubacol se notificó del auto admisorio de la convocatoria.

El 10 de mayo del año 2001, mediante apoderado, Incubacol. dio oportuna contestación a la demanda , se opuso a las pretensiones y formuló excepciones de mérito.

En escrito presentado en la misma fecha, Incubacol propuso demanda de reconvención contra Granjas El Socorro.

Mediante providencia del 15 de mayo del año 2001 el centro de arbitraje admitió la demanda de reconvención y ordenó correr traslado de ella a la parte reconvenida.

Mediante sendos escritos presentados el 31 de mayo del año 2001 Granjas El Socorro contestó la demanda de reconvención y propuso excepciones de mérito; de estas se corrió traslado a la parte reconvenida la cual manifestó su posición mediante escrito del 15 de junio del año 2001.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 121, numeral 2º, de la Ley 446 de 1998, el centro de arbitraje citó a las partes a audiencia de conciliación, la cual tuvo lugar durante los días 29 de junio, 31 de julio, 23 de agosto y 27 de septiembre del año 2001, y se dio por concluida sin acuerdo de las partes.

En sorteo público que tuvo lugar el 9 de octubre del año 2001 el centro de arbitraje designó a los suscritos árbitros para conocer y decidir esta controversia, nombramiento que fue dado a conocer a las partes mediante providencia del 9 de octubre siguiente.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley 446 de 1998, el 7 de noviembre del año 2001 se realizó la audiencia de instalación del tribunal a la cual asistieron las partes y los árbitros. En esta misma oportunidad, el tribunal designó como presidente al doctor Humberto Mora Osejo, quien aceptó el cargo en la misma audiencia, y como secretario al doctor Roberto Aguilar Díaz, quien igualmente aceptó el cargo del cual se posesionó el 5 de diciembre siguiente. En la misma audiencia de instalación, el tribunal fijó su sede en el centro de arbitraje y señaló las sumas necesarias para honorarios y gastos.

Como la parte convocante canceló los gastos y los honorarios que le correspondían, así como los que debía asumir la parte convocada, mediante Auto Nº 2 del 4 de diciembre del año 2001, el tribunal señaló fecha para la primera audiencia de trámite.

La primera audiencia de trámite tuvo lugar el 10 de diciembre del año 2001 y en ella, mediante Auto Nº 3, el tribunal asumió competencia para conocer y decidir las controversias propuestas por las partes. En esa misma oportunidad, mediante Auto Nº 4, el tribunal decretó pruebas. Así mismo en el curso de la audiencia el secretario informó del reembolso de lo pagado en su nombre por parte de Incubacol y se dispuso la entrega a la parte convocante de la correspondiente suma.

En audiencia que tuvo lugar el 25 de junio del año 2002 se recibieron las alegaciones finales de las partes.

El presente proceso se tramitó en 13 audiencias, en las cuales el tribunal asumió competencia, decretó y practicó las pruebas solicitadas, resolvió varias solicitudes y recibió los alegatos de conclusión de las partes.

Corresponde ahora al tribunal, mediante el presente laudo, decidir en derecho las controversias planteadas, lo que hace oportunamente. En efecto, como la primera audiencia de trámite se realizó el 10 de diciembre del año 2001, el plazo legal para fallar vencía el 10 de junio de 2001. No obstante, por solicitud conjunta de las partes el proceso se suspendió en una ocasión durante 50 días calendario y en otra, también por petición de las partes, se prorrogó por treinta días hábiles, por lo cual el plazo se extendió hasta el 12 de septiembre de 2002, inclusive.

La demanda inicial y su respuesta

1. Las pretensiones de la demanda inicial

La parte convocante formuló ante el tribunal las siguientes pretensiones:

“A) Solicito al Honorable Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, admitir la presente demanda y se declare el incumplimiento y violación del contrato arriba señalado decretando el pago de la indemnización y cláusula penal por valor de $ 1.126.225.200, más las costas del proceso.

“B) Por concepto de good will producto del incumplimiento al que se verá abocado Granjas El Socorro Limitada al no poder cumplir con los contratos de suministro de pollos procesados que mantiene en el comercio de Barranquilla por la suspensión abrupta del acuerdo de voluntades suscrito con Colombiana de Incubación S.A.”Incubacol”, la cual estimamos en $50´000.000”.

2. Los fundamentos de la demanda inicial

En su demanda Granjas El Socorro expuso los hechos en que funda sus pretensiones, en síntesis, a saber:

1. Desde hace más de 20 años las partes han venido celebrando contratos mediante los cuales Incubacol le ha suministrado periódicamente pollitos a Granjas El Socorro, en lotes normales, libres de tifosis y pullorosis, de acuerdo con una programación no inferior a 60 días calendario y en una cantidad mínima de 250.000 pollitos y máxima de 350.000, de un día de nacidos, cada mes.

2. El último contrato suscrito entre las partes fue el Nº 1097 del 28 de junio de 1999, en el cual se pactó un precio de $550 por unidad y se modificó la estipulación sobre la raza “Argos” de los pollitos suministrados, permitiéndose que fueran de esta raza o de la raza “Arbor Acres”, debido a la pésima calidad de la primera. No obstante esta última raza resultó ser de peor calidad que la anterior, razón por la cual la demandante formuló varios reclamos.

3. La cláusula octava del contrato Nº 1097 estipula que, antes de proceder a la suspensión de suministro, Incubacol debe avisar al comprador que el contrato quedaría terminado al vencimiento de los sesenta días siguientes.

4. Al desconocer la mencionada cláusula, en virtud de la comunicación del 5 de febrero del año 2001, Incubacol suspendió desde el día siguiente el suministro, a pesar de que el 8 de agosto del año 2000 el señor Oscar Pernett y sus hijos le habían hipotecado un lote de terreno para garantizar el pago de las obligaciones que Granjas El Socorro tuviera o llegare a tener con aquella sociedad.

5. Al suspender el contrato Incubacol actuó de mala fe porque tenía garantía suficiente y porque produjo perjuicios irreparables a Granjas El Socorro al dejarla sin posibilidades de cubrir los pedidos de sus compradores en todo el departamento del Atlántico.

6. Con ese proceder Incubacol también violó la cláusula décima primera del contrato que establece el compromiso de las partes de acudir a un tribunal de arbitramento para dirimir las diferencias que surjan en razón del contrato.

7. La parte convocante también afirma que, como consecuencia de la suspensión abrupta del contrato, Incubacol le causó a Granjas El Socorro perjuicios presentes y futuros por un valor total de $ 1.126’225.200.

3. La contestación a la demanda inicial

Incubacol, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones y además formuló las excepciones de mérito que denominó “incumplimiento del contrato de suministro por parte de Granjas El Socorro Ltda.”; “cumplimiento del contrato de suministro por parte de Colombiana de Incubación S.A – Incubacol –“; “transacción de las distintas reclamaciones” y “las excepciones que se prueben dentro del proceso”.

En su contestación a la demanda Incubacol se pronunció sobre los hechos expuestos como fundamento de la acción; aceptó algunos, negó otros, total o parcialmente, y además formuló aclaraciones y precisiones.

De la contestación de la demanda, en síntesis, se deduce la siguiente posición de la parte demandada ante los hechos invocados como fundamento de la acción:

1. Reconoce la existencia de los contratos celebrados por las partes desde hace más de 20 años.

2. Acepta la existencia del último contrato suscrito por las partes el 28 de junio de 1999, correspondiente al Nº 1097, pero niega que los pollitos suministrados fueran de mala calidad.

3. Niega que Incubacol haya violado la cláusula octava del contrato porque esa estipulación le permitía suspender los suministros cuando el comprador incurriera en mora en el pago de alguna factura y porque la convocante le adeuda la suma de $ 1.008’421.571,70 representados en 102 facturas.

4. Aunque reconoce la existencia de la hipoteca constituida en su favor, advierte que una cosa es pagar el precio de los pollitos y otra es garantizar su pago y que, en todo caso, aquella tan solo cubre una mínima parte de la deuda.

5. Rechaza la afirmación de la parte demandante según la cual Incubacol obró de mala fe en la suspensión del suministro y afirma que los perjuicios que dice haber sufrido, si se produjeron, se debieron exclusivamente a su incumplimiento.

6. Afirma que la mora del comprador le permite a Incubacol iniciar la correspondiente acción ejecutiva y que la cláusula compromisoria está prevista para las diferencias que surjan entre las partes por razón del contrato o su liquidación, sin que el tribunal de arbitramento tenga competencia para conocer de la validez de las facturas cambiarias de compraventa.

La demanda de reconvención, sus fundamentos y su respuesta

1. Las pretensiones de la demanda de reconvención

La parte convocada formuló ante el tribunal las siguientes pretensiones en su demanda de reconvención:

“1. Declarar que Granjas del Socorro Ltda., por el hecho de estar en mora de pagar más de cien (100) facturas cambiarías de compraventa, correspondientes a los pollitos suministrados por Incubacol S.A., incumplió el contrato de suministro Nº 1097, celebrado con Colombiana de Incubación S.A. -Incubacol - el día 28 de junio de 1999.

“2. Declarar que el contrato de suministro Nº 1097 del 28 de junio de 1999, suscrito entre Colombiana de Incubación S.A. - Incubacol - como proveedor y Granjas El Socorro Ltda. como consumidor, está vigente por el ciento por ciento (100%) del suministro, hasta el día 30 de junio de 2001 (sic), fecha a partir de la cual en los tres (3) meses siguientes, es decir, julio, agosto y septiembre de 2001, se desmonta el contrato, suministrando para el mes de julio el 75%, para el mes de agosto el 50% y para el mes de septiembre el 25% de las cantidades de pollos contratadas; todo de conformidad con la cláusula décima del contrato de suministro.

“3. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, condenar a Granjas El Socorro Ltda. a pagarle a Colombiana de Incubación S.A. -Incubacol, la sanción pecuniaria prevista en la cláusula séptima del contrato de suministro Nº 1097 del 28 de junio de 1999, ...por la suma de ochocientos noventa y tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($ 893.750.000) por concepto de los pollitos dejados de adquirir por parte de Granjas El Socorro Ltda., por lo que faltaba de la vigencia del contrato de suministro Nº 1097, es decir, por los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2001, para un total de 1.625.000 pollitos, discriminados así: febrero 250.000, marzo 250.000; abril 250.000; mayo 250.000; junio 250.000; julio 187.500; agosto 125.000 y septiembre 62.500.

“4. Declarar que Granjas El Socorro Ltda. debe pagarle a Colombiana de Incubación S.A. –Incubacol - el valor de los reajustes del precio de los pollitos suministrados, en atención a que durante toda la vigencia del contrato de suministro el precio de cada pollito se facturó a quinientos cincuenta pesos mcte. ($ 550), pues no se reajustaron de acuerdo con los incrementos que de sus productos hizo Concentrados S.A. en dicho período, como se pactó en la cláusula cuarta del contrato de suministro Nº 1097 del 28 de junio de 1999.

“5. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a Granjas El Socorro Ltda. a pagarle a Colombiana de Incubación S.A. -Incubacol- la suma de doscientos dieciocho millones ochocientos cuarenta y siete mil setecientos pesos ($ 218.847.700), por concepto del reajuste del precio de los pollitos suministrados. Esta suma se deberá indexar a precios reales al momento del pago.

“6. Se condene a la convocante, Granjas El Socorro Ltda., al pago de las costas y gastos en que se incurra por el trámite del presente tribunal de arbitramento”.

2. Los fundamentos de la demanda de reconvención

Incubacol expuso, en síntesis , los siguientes hechos como fundamento de su demanda de reconvención:

1. El 28 de junio de 1999 se celebró entre las partes el contrato de suministro Nº 1097, mediante el cual Incubacol se obligó a suministrarle a Granjas El Socorro, y esta a adquirirla, una cantidad mínima mensual de 250.000 y máxima de 350.000 pollitos de un día de nacidos para engorde.

2. Incubacol ha cumplido el contrato y está en capacidad de continuar con los suministros hasta la finalización del contrato, siempre que Granjas El Socorro se ponga al día en el pago de sus obligaciones.

3. Por su parte, la convocante reiteradamente incumplió el contrato, porque siempre estuvo en mora de pagar el precio de los pollitos suministrados.

4. Debido al incumplimiento de Granjas El Socorro, Incubacol tuvo que suspender los suministros.

5. Durante el desarrollo del contrato se presentaron los imponderables normales propios de los negocios, hubo algunas reclamaciones por parte de Granjas El Socorro, pero fueron oportunamente atendidas por Incubacol; y en la última conciliación, esta le reconoció a aquella la suma de $ 28.356.000, mediante el abono a su cuenta de dos notas crédito.

6. En la cláusula cuarta del contrato se estableció que el precio de los pollitos se incrementará o disminuirá en el mismo porcentaje y oportunidad en que se incrementen o disminuyan los precios oficiales de Concentrados S.A. o de Finca S.A.

7. Durante la ejecución del contrato no se ha reajustado el precio de cada pollito por olvido de Incubacol, no obstante que los precios de los productos que fabrica y comercializa Concentrados S.A. se han aumentado en porcentajes variables.

8. Debido a que el precio de cada pollito suministrado siempre permaneció en $ 550, Granjas El Socorro adeuda a Incubacol, por capital originado en el reajuste del precio de los pollitos, la suma total de $ 218.847.700, según la siguiente discriminación por reajustes de los precios promedio de los productos de Concentrados S.A.

a) A partir del 8 de enero de 2000 y en razón de un reajuste de 3.41%, el valor del pollito ascendió a $ 568,75, para un total de $ 19.426.875, correspondiente a 1.026.500 pollitos.

b) A partir del 10 de mayo de 2000 y en razón de un reajuste de 0.31%, el valor del pollito ascendió a $ 570,51, para un total de $ 5.947.900, correspondiente a 290.000 pollitos.

c) A partir del 6 de junio de 2000 y en razón de un reajuste de 6.96%, el valor del pollito ascendió a $ 610,21, para un total de $ 21.838.167, correspondiente a 362.700 pollitos.

d) A partir del 18 de julio de 2000 y en razón de un reajuste de 0.18%, el valor del pollito ascendió a $ 611,30, para un total de $ 7.356.000, correspondiente a 120.000 pollitos.

e) A partir del 25 de julio de 2000 y en razón de un reajuste de 3,68%, el valor del pollito ascendió a $ 633,79, para un total de $ 127.591.122, correspondiente a 1.522.750 pollitos.

f) A partir del 2 de enero de 2001 y en razón de un reajuste de 3,39%, el valor del pollito ascendió a $ 655,27, para un total de $ 36.507.636, correspondiente a 346.800 pollitos.

9. Incubacol ha estado dispuesta a cumplir el contrato porque ha contado con la infraestructura técnica necesaria como lo ha demostrado en más de 27 años de permanecer en el negocio de la avicultura, hasta ser hoy una de las incubadoras más grandes del país.

10. Ante la mora en que incurrió Granjas El Socorro con ocasión del contrato, Incubacol se vio en la necesidad de iniciar cinco procesos ejecutivos contra la convocante y sus garantes o fiadores.

11. Durante el mes de enero del año 2001 Granjas El Socorro giró a Incubacol nueve cheques, de los cuales seis de ellos no fueron pagados en la primera oportunidad en que se consignaron y los otros tres solo lo fueron a la tercera consignación.

12. La relación comercial entre las partes se hizo cada día más compleja e insostenible pues Granjas El Socorro, en lugar de disminuir el monto de la deuda, lo incrementó, hasta llegar a tener obligaciones que superan los mil millones de pesos.

13. La única responsable de la suspensión de los suministros es Granjas El Socorro debido a su reiterado incumplimiento en el pago del precio.

3. La contestación a la demanda de reconvención

Granjas El Socorro contestó la demanda de reconvención y, sobre los hechos invocados como fundamento de la misma, aceptó algunos, negó otros, total o parcialmente, y además formuló aclaraciones y precisiones. De sus manifestaciones, en síntesis, se deduce que asumió la siguiente actitud procesal:

1. Reconoce la existencia del contrato de suministro.

2. Niega que Incubacol haya cumplido las cláusulas séptima, octava y décima primera del contrato por las siguientes razones:

a) La cláusula séptima la incumplió al suministrar en forma reiterada pollitos de mala calidad de la que dan cuenta 24 reclamaciones.

b) La cláusula octava la incumplió al suspender la entrega de pollitos desde el 6 de febrero de 2001, a pesar de tener la garantía de una hipoteca otorgada en su favor por el señor Oscar Pernett y sus hijos, y al no dar aviso de tal suspensión con 60 días de anticipación.

c) La cláusula décima primera la incumplió al desconocer la cláusula compromisoria.

3. Niega que Granjas El Socorro haya incumplido el contrato porque Incubacol tenía una garantía hipotecaría en su favor.

4. No acepta que la suspensión del suministro se haya originado en el incumplimiento de Granjas El Socorro.

5. Afirma que sí hubo incumplimiento por parte de Incubacol, como ella confiesa, al afirmar que tuvo que conciliar los perjuicios frente a las reclamaciones de la convocante.

6. Considera que las afirmaciones sobre el reajuste del precio de los pollitos son simples apreciaciones de Incubacol y una estrategia para incrementar el costo del tribunal de arbitramento.

7. Reconoce la existencia de los procesos ejecutivos y afirma que Incubacol también trata de hacer valer esas pretensiones en este proceso en un aparente doble cobro por distintas vías judiciales.

8. Afirma que no le consta el giro de los cheques mencionados por Incubacol ni su rechazo por el banco girado.

9. Señala que las relaciones entre las partes se encontraban garantizadas con hipoteca y afirma que ello constituye una compensación aceptada de antemano.

La excepción propuesta. Finalmente propuso la excepción de compensación, a la cual se opuso Incubacol.

Las pruebas practicadas. Con el objeto de demostrar los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones y excepciones, las partes aportaron varios documentos y solicitaron la exhibición y la incorporación al proceso de otros. Estas pruebas fueron aportadas legalmente y obran en el proceso. También se recibieron varios testimonios y los interrogatorios de los representantes legales de las partes.

Finalmente, a solicitud de ambas partes, se practicó una prueba técnica con peritos contadores. La parte convocante objetó por error grave el dictamen pericial.

Las alegaciones de las partes. Los apoderados de las partes presentaron sus alegatos de conclusión en la audiencia que al efecto tuvo lugar el 25 de junio del año 2002. Ambas partes se remitieron a las pruebas practicadas dentro del proceso y expusieron los fundamentos jurídicos de sus respectivas pretensiones y excepciones. Al final de sus intervenciones los apoderados presentaron sendos resúmenes escritos de sus alegaciones.

Los presupuestos procesales. El tribunal de arbitramento considera que están cumplidos en este proceso los presupuestos procesales, entendidos como los requisitos indispensables para que exista un proceso válido que permita proferir decisión de mérito.

En efecto, tanto Granjas El Socorro como Incubacol, son sociedades comerciales, cuya existencia y representación legal se acreditó en el proceso, al cual comparecieron por intermedio de sus respectivos apoderados judiciales, que fueron oportuna y debidamente reconocidos. Además, el tribunal de arbitramento es competente para conocer de las pretensiones de las partes y las demandas reúnen los requisitos necesarios para resolver en el fondo las controversias.

El tribunal de arbitramento, mediante Auto Nº 3 proferido en la primera audiencia de trámite que tuvo lugar el día 10 de diciembre del año 2001, hizo constar que las partes eran plenamente capaces y que estaban debidamente representadas; que el tribunal fue integrado y que se encontraba instalado; que se había efectuado la consignación oportuna del dinero necesario para cancelar los gastos del proceso y los honorarios de los árbitros y del secretario; que las controversias planteadas podían ser transigidas y que las partes tenían capacidad para transigir.

Además, el proceso se adelantó con el cumplimiento de las normas procesales pertinentes sin que exista causal de nulidad que lo invalide.

Las consideraciones del tribunal. El tribunal de arbitramento procede a proferir el correspondiente laudo mediante las siguientes consideraciones:

I. La objeción por error grave al dictamen pericial

La parte convocante objetó por error grave el dictamen pericial por considerar que en la respuesta a la pregunta número uno, folio 2, los señores peritos no exponen ninguna conclusión y, por lo mismo, tampoco se conocen los métodos de análisis que utilizaron ni los documentos con los cuales se hicieron cotejos y que simplemente transcriben guarismos, a pesar de que a ellos les fue entregada copia del expediente, con las declaraciones de los funcionarios de Incubacol donde manifiestan que “la raza de los pollitos que manejaban al momento del contrato era Arbor Acres” y por lo mismo, incurrieron en “error por preterición”.

La misma parte agrega que en la respuesta a la pregunta Nº 1, folio 64, los peritos “dan por hecho que no se evidenció registro contable o documento para esta raza específicamente” y que, “sin tener en cuenta otros elementos probatorios”, dictaminaron equivocadamente, sin comprender que con las facturas donde se específica “COBBAA” se cambió por esta raza la denominada Arbor Acres que era la que Incubacol suministraba a Granjas El Socorro”.

La parte convocada pide desechar la objeción por error grave al dictamen pericial, en síntesis, mediante los siguientes argumentos:

— La parte convocante pretende que, sin tener en cuenta los soportes contables que tanto Incubacol como Granjas El Socorro presentaron a los peritos, dictaminen que los pollitos suministrados por Incubacol a Granjas El Socorro eran de raza Arbor Acres, no obstante que, según los archivos de las partes, eran de la raza Argo y excepcionalmente de la raza COBB X Arbor Acres.

— Los peritos contables debían fundar su dictamen en la contabilidad de las partes y no estaban en capacidad ni podían dictaminar directamente sobre la raza de los pollitos.

— Según el dictamen pericial, tanto en el folio 2, como en el folio 64, consta que Incubacol suministró a Granjas El Socorro 24.900 pollitos de la raza COBB X Arbor Acres y el resto de la raza Argos, de acuerdo con los documentos que las partes presentaron a los peritos. Los peritos cotejaron las copias de estos documentos con los originales en la visita que realizaron a Granjas El Socorro en la ciudad de Barranquilla.

— Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, expuesta en sentencia del 8 de septiembre de 1993, las objeciones por error grave a que se refiere el artículo 338, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil no pueden referirse a las interpretaciones o inferencias que hagan los peritos “una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada”.

La motivación del tribunal. El tribunal de arbitramento procede a resolver la objeción por error grave formulada por la parte convocante al dictamen pericial mediante las siguientes consideraciones:

1. Según el artículo 238, ordinal 6º, del Código de Procedimiento Civil, las objeciones por error grave al dictamen pericial deben resolverse en la sentencia; en este caso en el laudo.

2. El tribunal de arbitramento, por solicitud de las partes, mediante Auto del 10 de diciembre pasado, dispuso practicar sendas diligencias de inspección judicial, con el concurso de peritos, en la instalaciones de Incubacol y Granjas El Socorro. Las partes solicitaron verificar, mediante estas diligencias, entre otros hechos, la raza o razas de los pollitos suministrados por Incubacol a Granjas El Socorro “dentro del período comprendido entre el 1º de julio de 1999 y el 6 de febrero del año 2001” y “establecer, en lo posible, los perjuicios económicos causados por la mala calidad de los pollitos de la raza Arbor Acres”.

Los peritos, en el folio 2, dictaminaron que “la raza o razas de los pollitos suministrados por Incubacol a Granjas El Socorro dentro del período comprendido entre el 1º de julio de 1999 y el 6 de febrero del año 2002, según los libros auxiliares de contabilidad, sus soportes, facturas y notas crédito”, se presentan, en resumen, así:

Incubacol en el lapso indicado, suministró a Granjas El Socorro 5.390.460 pollos de raza Argo, de los cuales se restan 164.274, según nota crédito de Incubacol por “mortalidad y bajo nacimiento”, con un saldo real de 5.226.176. Asimismo, de la raza COOBB X Arbor Acres Incubacol le suministró a Granjas El Socorro 24.900, con un total de 5.251.076 pollitos.

Además, en el denominado “2º desarrollo de la solicitud pericial, inspección judicial a Granjas El Socorro”, folio 64, en relación con la pregunta Nº 1, con el objeto de “establecer, en lo posible, los perjuicios económicos causados por la mala calidad de los pollitos de la raza Arbor Acres ...”, la respuesta fue la siguiente: “La facturación por concepto de pollitos de raza Arbor Acres (A.A.), tal como se respondió a la pregunta número uno de la página 2 de este dictamen, asciende a la cantidad de veinticuatro mil novecientos pollitos”, en la forma discriminada, con los documentos que sirven de soporte, en el cuadro pertinente.

El dictamen pericial agregó que “de la contabilidad tenida a la vista no se evidenció registro contable o documento que haga mención a estas facturas para esta raza específicamente, de reconocimientos por la mortalidad por descartes” y que “las notas crédito generadas y registradas por Incubacol”, como “las importaciones contables realizadas solamente por Granjas El Socorro, “únicamente hacen referencia a la raza Argo y no a la COBB X AA – Arbor Acres (A.A.)”.

3. De modo que los peritos en su dictamen se limitaron a hacer constar la realidad de los registros contables en relación con las facturas de los pollitos entregados por Incubacol a Granjas El Socorro.

Como la prueba pericial es, por definición, objetiva y técnica, los peritos debían fundar su dictamen en la estricta realidad, que no puede ser contrapuesta, soslayada u omitida por consideraciones subjetivas. En consecuencia, como en este caso el dictamen pericial se fundó en soportes objetivos no es equivocado sino, por el contrario, veraz.

4. Estas consideraciones no obstan para que el juzgador, con base en otros medios probatorios, pueda considerar demostrados otros hechos conducentes del proceso que no puedan comprobarse con la prueba pericial.

En consecuencia, como no se demostró la objeción por error grave al dictamen pericial, el tribunal de arbitramento debe declararla infundada.

II. El proceso y el contrato de suministro celebrado entre las partes

El proceso tiene por objeto resolver las controversias jurídicas propuestas sobre la responsabilidad contractual de Granjas El Socorro e Incubación con fundamento en el contrato comercial de suministro Nº 1097 celebrado entre las partes el 28 de junio de 1999.

Del mencionado contrato fluye que entre Incubacol y Granjas El Socorro se celebró un contrato de suministro, no obstante, que en su texto se refiere, indistintamente, a vendedor o proveedor para referirse a Incubacol, y a consumidor o comprador en relación con Granjas El Socorro. Lo cierto es que del contrato mencionado fluyen, sin duda, las obligaciones que una y otra parte adquirieron.

Incubacol y Granjas El Socorro celebraron el 28 de junio de 1999 un contrato de suministro por el cual aquella se comprometió a proveerle periódicamente a esta –que se obligó a comprarlos – “pollitos de la raza Argo y/o Arbor Acres, en lotes sanitarios normales libres de tífosis y pullorosis” (cláusula 1ª y 2ª); Incubacol se comprometió a suministrar a Granjas El Socorro “los pollitos que requiera de acuerdo con la programación que este le presente por escrito a aquella con antelación no inferior a sesenta (60) días calendario al de la entrega, y sea expresamente aceptada por Incubacol S.A.”, advirtiéndose que Granjas El Socorro “se obliga a adquirir ... mensualmente mínimo de 250.000 y máximo de 350.000 pollitos de un día de nacidos, que equivalen al cien por ciento (100%) del encasetamiento mensual de Granjas El Socorro Ltda.” (cláusula 3ª); el precio de cada pollito es de $ 550, pero se incrementará o disminuirá en la misma proporción en que aumenten o disminuyan los precios de Concentrados S.A. o en su defecto de Finca S.A.; sin embargo, Granjas El Socorro tendrá un descuento del 8% si paga el precio de contado, entendiéndose por tal el que efectué dentro de los 3 días calendario siguientes a la fecha de entrega de los pollitos (cláusula 4ª); la entrega de los pollitos se efectuará “en cada una de las granjas del comprador”, en la fecha y por la cantidad indicada en la respectiva programación, salvo fuerza mayor o caso fortuito (cláusula 5ª); Granjas El Socorro “aceptará las facturas que le presente a Incubacol S.A. correspondientes a las entregas que realice y se compromete a cancelarlas a los treinta (30) días inmediatamente siguientes” (cláusula 6ª); si Incubacol incumple la obligación de entregar los pollitos de acuerdo con la programación del comprador estipulada en las cláusulas 3ª y 5ª, o si Granjas El Socorro se abstiene de recibir cualquier despacho, no acepta “las facturas cambiarias correspondientes a las entregas realizadas o no programa, dentro del término pactado en la cláusula tercera, la cantidad mínima de pollitos a adquirir”, el contratante incumplido debe pagar al otro, como “indemnización compensatoria”, el “valor total del respectivo despacho, o de los pollitos dejados de programar, hasta completar el mínimo del contrato”, sin que esto obste para el “cumplimiento de la obligación principal” (cláusula 7ª); si Granjas El Socorro incurre en mora de pagar alguna factura de pollitos que hubiera recibido o de cumplir las obligaciones emanadas de la cláusula séptima que precede, Incubacol S.A. queda facultado para suspender los suministros a el comprador...”, sin perjuicio de que pueda cobrar ejecutivamente tanto el valor de los pollitos suministrados como el de la pena pecuaniaria. Así mismo Incubacol “avisará al comprador que si las cantidades de pollitos fijadas en la programación de que tratan las cláusulas tercera y quinta (sic) recibidas y pagadas oportunamente, el contrato quedará terminado el vencimiento de sesenta (60) días siguientes al recibo de tal aviso...”, sin perjuicio del derecho de Incubacol a cobrarle a Granjas El Socorro “sin necesidad de requerimiento previo las cantidades de pollitos determinados en dicha programación hasta la fecha de vencimiento del preaviso...” (cláusula 8ª); el plazo estipulado de duración del contrato es de 12 meses contado desde el 1º de julio de 1999, prorrogable en forma automática por igual lapso y en las mismas condiciones, salvo el precio, si no media manifestación escrita y expresa de una de las partes, con antelación no menor de 90 días a su vencimiento, de su voluntad de no prorrogarlo; si una de las partes solicita, en la forma indicada, la terminación del contrato, se prorrogará por 3 meses, en los cuales el suministro y la obligación de comprar serán, respectivamente, por el 75%, el 50% y el 25% de los originalmente estipulados (cláusula 9ª y 10ª); el contrato comprende la cláusula compromisoria, antes transcrita (cláusula 11ª); el vendedor de los pollitos debe incluir en cada despacho 50% de machos y 50% de hembras, sin perjuicio del margen de tolerancia estipulado del 10% (cláusula 12ª); Incubacol “se obliga a mantener la buena calidad de los pollitos”. Sin embargo, si “agentes externos o caso fortuitos” hacen dudar de la calidad, debe efectuarse una “reunión de Patólogos Aviares de las dos partes” y si “las partes no se ponen de acuerdo designarán un árbitro Patólogo Aviar” quien, con sendos Patólogos representantes de las partes, se constituirá el tribunal “cuya decisión por mayoría de los votos será aceptada por las partes”. Sin embargo, “lo antes expuesto por ningún motivo será causal para dar por terminado el presente contrato”.

III. Elementos estructurales de la responsabilidad concreta

Previamente, es preciso anotar que la eventual responsabilidad en que se hubiera podido incurrir por cualquiera de las partes, tendría su origen en el incumplimiento de un negocio jurídico, esto es, se trataría de una responsabilidad civil concreta, aplicable tanto a los negocios civiles como a los comerciales, a estos, por reenvío que en tal sentido hace el artículo 822 del Código de Comercio. Y, el régimen jurídico aplicable sería el de la responsabilidad civil concreta, en virtud de que el daño surgiría del incumplimiento de obligaciones nacidas, como se dijo, de un negocio jurídico. Este tipo de responsabilidad llamada por algunos tratadistas, contractual, tiene su fundamento en la insatisfacción de una obligación contraída previamente por las partes.

Para dilucidar con claridad el asunto puesto a consideración de este tribunal, es necesario comenzar por señalar que para que tenga lugar o se presente responsabilidad concreta, es indispensable que concurran los elementos estructurales que la conforman, a saber: 1. obligación previamente adquirida; 2. factor de imputación; 3. cumplimiento de una parte – demandante- e incumplimiento de la otra – demandado-; 4. daño o perjuicio; 5. relación de causalidad.

1. Obligación previamente adquirida.- En primer lugar, para que se configure responsabilidad concreta, es esencial, que como resultado de un negocio jurídico, existan obligaciones previamente adquiridas y que sobrevenga su incumplimiento.

En el caso sub judice, las partes celebraron un contrato que en unas ocasiones llamaron suministro y en otras compraventa, lo cierto es que en él constan las obligaciones adquiridas. En este, como en cualquier otro contrato, habrá lugar a responsabilidad, cuando esta se genere durante la ejecución o desarrollo del vínculo jurídico en caso de que se presente incumplimiento, que cause daño, en relación con cualquiera de las prestaciones.

Desde luego, para que pueda hablarse de responsabilidad concreta o contractual, es necesario que exista, sin la menor duda, fehacientemente demostrada o probada la obligación, carga probatoria que en materia procesal, en principio, corresponde al demandante o víctima del perjuicio, en aplicación del artículo 1757 del Código Civil, según el cual, “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta, en concordancia con el primer inciso del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil”. En otros términos, compete al demandante, dentro del proceso, probar el contrato de donde han surgido las obligaciones cuya declaración de incumplimiento se pretende.

2. Factor de imputación. Es elemento de la responsabilidad concreta, por lo menos cuando de responsabilidad subjetiva se trata, el factor de imputación, que en materia concreta o contractual es la culpa, y conforme a la triclasificación legal, la que corresponde tener en cuenta en el caso bajo análisis, es la leve, en acatamiento de los artículos 63 y 1604 del Código Civil, según los cuales, se responde hasta por culpa leve cuando el contrato reporta beneficios para ambas partes – acreedor y deudor – como sucede en el contrato que ha dado origen a este proceso.

Por lo demás, en la responsabilidad concreta, en principio, se presume la culpa del deudor, por lo tanto, si este alega que no incurrió en tal error de conducta, le corresponde la carga de probar la ausencia de culpa, en caso de que pretenda exonerarse de responsabilidad, con mayor razón si se trata de obligaciones de resultado. Este postulado, como adelante se verá, es aplicable tanto a la compraventa como al suministro, en cuanto exista compatibilidad en relación con las prestaciones aisladas (C. de Co., art. 980). Y, no cabe duda, que las obligaciones que adquieren el suministrante o el vendedor, fundamentalmente, la de entregar o tradir la cosa; y el comprador, la de pagar el precio, por naturaleza son obligaciones de resultado. En este orden de ideas, para asuntos como el que ahora ocupa la atención del tribunal, no tiene aplicación el principio general de derecho probatorio, consagrado en el citado artículo 1757 del Código Civil., según el cual, al actor le corresponde probar los hechos que dan base a sus pretensiones y al demandado, los que fundamentan sus medios de defensa (onus probandi incumbit actori; reus excipiendi fit actor).

Sobre el particular, expresa el tratadista Valencia Zea

“... en las legislaciones modernas, la culpa del deudor se realiza automáticamente por el hecho de no cumplir su obligación.

“... la noción de culpa contractual (especialmente culpa del deudor) solo puede configurarse en la forma expresada, es decir, como el hecho de incumplir o cumplir tardíamente ...

“Lo anterior es la perfecta aplicación del artículo 1602 del Código Civil, conforme al cual, toda obligación contraída conforme a la ley obliga a las partes, dicho de otra manera, las obligaciones se contraen para cumplirse”(1).

En el mismo sentido tiene dicho la Corte Suprema que “... el incumplimiento de una obligación es un hecho antijurídico que por sí mismo entraña una culpa del deudor”(*)(2).

El anterior criterio jurisprudencial ha sido unánime y reiterado, cuando se trata de obligaciones de resultado.

3. Cumplimiento de una parte —demandante— e incumplimiento de la otra —demandado—. Para que un contratante pueda reclamar perjuicios en razón del incumplimiento del otro extremo negocial, es indispensable que el primero demuestre que por su parte ha cumplido o se ha allanado a cumplir a cabalidad con sus obligaciones. Solo si esto sucede, el actor podrá, con éxito, demandar el incumplimiento y la subsiguiente indemnización de los perjuicios que haya sufrido, o solo esta, conforme a la moderna doctrina y legislación (C. de Co., art. 925).

En otros términos, una parte contractual solo está legitimada para demandar a su contraparte, cuando esta no ha cumplido oportunamente con lo pactado y en la forma acordada, siempre y cuando que la primera haya cumplido íntegramente con sus obligaciones o haya estado lista a cumplirlas, pues, si quien demanda tampoco ha cumplido, la parte demandada puede proponer la excepción de contrato no cumplido —exceptio non adimpleti contractus— consagrada en el artículo 1609 del Código Civil. Contrario sensu, si el demandante no ha cumplido sus obligaciones, el demandado no está en mora de cumplir las suyas.

La preceptiva anterior, predicable de los contratos bilaterales, es aplicable al contrato que ha dado origen a la presente litis, por lo cual será preciso, en su momento, analizar el comportamiento de cada una de las partes, en relación con este concreto asunto.

Sobre el aspecto en comentario ha dicho la jurisprudencia que “El Código Civil es afirmativo y contundente en ubicar el fenómeno de la resolubilidad o el cumplimiento del contrato —y, desde luego a su consiguiente indemnización de perjuicios, se agrega— en cabeza de la parte que ha estado puntual para atender las prestaciones a su cargo...

“Se cierra, por tanto, el camino para resolver un contrato bilateral o para exigir su cumplimiento si se está frente a una situación sustancial definida de desatención recíproca y simultánea...

“Si los prometientes se apartan de ese designio contractual no les será permitido acudir al artículo 1546 —resolución o cumplimiento con perjuicios, se agrega— si se trata de un negocio civil o al artículo 870 del Código de Comercio, si mercantil...”(*)(3) Como se ve, para que el demandante adquiera legitimación sustancial, es decir, “no cierre el camino” para demandar resolución o cumplimiento, y/o, desde luego, indemnización de perjuicios, ha de cumplir con la carga probatoria de demostrar que dio cumplimiento a sus obligaciones, o que se allanó a cumplirlas, este requisito es esencial para poder demandar con base en el incumplimiento de su contraparte, conforme al artículo 1546 del Código Civil. Si el actor no demuestra que cumplió, carece de legitimación para demandar a su contraparte incumplida, dado que, si el demandante no ha cumplido sus obligaciones, hasta el momento en que el otro incumplió, la obligación de este está en suspenso. Lo anterior encuentra fundamento no solo en el artículo 1546 del Código Civil, sino en el 1757 de la misma obra y en el 177 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que cuando el actor asevera haber cumplido con sus obligaciones, está haciendo una afirmación definida, luego debe dar cumplimiento a las normas recientemente citadas, según las cuales “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.

Dicho de otro modo, el demandante, para estar legitimado, o sea pretender la resolución, cumplimiento y/o los perjuicios, cuando alega el incumplimiento de su contraparte, ha de acreditar que dio cumplimiento a las obligaciones adquiridas a través del contrato.

Expuestas las cosas de la manera como han quedado consignadas, no queda duda que la ley limitó el ejercicio de las acciones consagradas en los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, al previo cumplimiento y prueba por el actor de haber cumplido o estado dispuesto a cumplir con sus obligaciones. Este aserto, fluye, sin la menor dubitación, de las aludidas normas, al consagrar las acciones mencionadas solo para el caso en que sea una de las partes la que haya incumplido o estado en mora de cumplir con lo pactado.

Coherentemente, el ejercicio de las acciones de resolución, cumplimiento y/o indemnización de perjuicios, supone que quien las instaure, para tener éxito en sus pretensiones, pruebe en el proceso haber cumplido o estado listo a cumplir. Dicho de otra manera, no basta para tener legitimación o para usar estas acciones, con que el demandado haya incumplido, sino que además, compete al demandante acreditar su cumplimiento, conforme a fundamentales principios de derecho probatorio (CC, art. 1757, C de Co., art. 177).

Finalmente, sobre el particular ha dicho la Corte Suprema “...al fijar el verdadero sentido y alcance del artículo 1546 del Código Civil, en más de un centenar de fallos, ... que constituye presupuesto indispensable, ... que quien promueva la acción haya cumplido con sus obligaciones o que haya estado dispuesto a cumplirlas...”.

4. Daño o perjuicio. Otro de los requisitos para que exista responsabilidad concreta o contractual, además del incumplimiento o inejecución del contrato, es que sobrevenga un perjuicio, sin este, no habrá lugar a reparación o indemnización alguna. Más aun, quien pretenda la reparación debe probar la existencia del perjuicio.

El daño, en materia de responsabilidad concreta o contractual, puede ser material y moral. Además, para que sea objeto de indemnización, debe ser cierto, actual y directo.

El daño material debe ser reparado cuando se encuentra consumado. Solo si se da esta característica puede hablarse de reparación o indemnización.

Indemnizar un daño material, significa dejar a quien lo ha sufrido en la misma situación en que se encontraba antes de la ocurrencia del hecho que causó el perjuicio.

El daño, como se dijo, para que jurídicamente pueda ser calificado de tal y, por consiguiente, sea objeto de indemnización, debe ser cierto, actual y directo.

El perjuicio es cierto, cuando realmente se ha consumado de manera definitiva y real. Significa esto, que si apenas se presenta la posibilidad de que el daño exista, es decir, simplemente es hipotético o probable, en derecho, no puede decirse que exista perjuicio y por lo mismo, no podría hacerse condena alguna, so pena de que esta por basarse en posibilidades o en certidumbres, necesariamente resulta ilegal e injusta.

El daño debe ser actual, según esta característica será indemnizable todo daño cuando el fenómeno que lo genere se ha producido, es decir, no puede ser eventual. Empero, esto no significa que no pueda ser futuro. Lo importante, en uno y otro caso, es que sea cierto. De cualquier manera, el daño futuro no ha de ser hipotético, ha de trascender, debe existir la certeza de que en un tiempo porvenir, aparecerá .

El daño es directo cuando proviene de manera inmediata de la no ejecución del contrato (C.C., art. 1616).

De otra parte, tanto en la responsabilidad contractual, como en la extracontractual o abstracta, puede darse un daño positivo o real, llamado daño emergente, esto es, las erogaciones o gastos ocasionados en razón del cumplimiento de un contrato que la otra parte no cumple; y, de otro lado, una frustración que ha dado lugar al llamado daño por lucro cesante, es decir, las ganancias o utilidades dejadas de obtener por una parte, en razón del incumplimiento de su contraparte (C.C., art. 1614).

5. Relación de causalidad. Finalmente, para que exista responsabilidad u obligación de indemnizar un daño o perjuicio que sobrevenga como consecuencia del incumplimiento de un contrato, es esencial que exista un vínculo inseparable o relación de causa – efecto, en el sentido de que el incumplimiento del contrato haya traído como consecuencia directa el perjuicio que se demanda. Debe existir una íntima relación entre el daño y la causa de este. El artículo 1616 del Código Civil preceptúa: “si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento”. Para algunos doctrinantes, el tradicional requisito, llamado de la relación de causalidad o de causa – efecto entre la culpa y el daño, no tiene razón de ser o simplemente queda comprendido dentro de la característica de directo que tiene el perjuicio, a que atrás se hizo referencia.

Trazadas las anteriores líneas de pensamiento jurídico, el tribunal de arbitramento procede al análisis del asunto puesto a su consideración, con el propósito de resolver lo que en derecho corresponda.

IV. La demanda inicial

Como se indicó, Granjas El Socorro demandó a Incubacol para que se declare que incumplió el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 y se le condene a pagar el valor de la indemnización de perjuicios y de la cláusula penal por el monto de $ 1.126.225.200, la pérdida o deterioro de la buena fama o “good will” por $ 50.000.000 y las costas del proceso.

La parte demandante consideró que la parte demandada infringió la cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, celebrado entre ellas, porque desde el 6 de febrero del año 2001 suspendió el suministro de pollitos sin “mediar un preaviso” y no obstante que el señor Oscar Pernett y sus hijos, mediante escritura pública Nº 4.417 otorgada el 8 de agosto del año 2000 ante el Notario Único de Soledad, departamento del Atlántico, hipotecaron un inmueble de su propiedad para garantizarle a Granjas El Socorro las obligaciones contraídas y que contraiga con Incubacol. Además considera que Incubacol también infringió la cláusula 11 del mencionado contrato, que estipula la cláusula compromisoria, porque suspendió directamente el suministro de los pollitos sin solicitar previamente la convocatoria del tribunal de arbitramento.

La parte demandante también invocó las cláusulas 4ª y 7ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, en cuanto respectivamente estipulan el precio de cada uno de los pollitos y la obligación de Incubacol de suministrarlos.

La parte demandante asimismo afirma que en el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 “se cambió la raza de los pollitos que venía del contrato anterior de Argos solamente a Argos y/o Arbor Acres, por la pésima calidad de los primeros de la cual existen innumerables reclamaciones de Granjas El Socorro a Incubacol”.

La parte demandada se opuso a las peticiones de la demanda y afirmó que suspendió el suministro o despacho de los pollitos por incumplimiento en el pago de la parte demandante, que le adeuda, por concepto del precio de los pollitos, $ 1.008.421.571.70, representados en 102 facturas, y que la hipoteca constituye no pago de la deuda sino garantía de la misma.

El tribunal de arbitramento verifica que la cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, celebrado entre Incubacol y Granjas El Socorro, estipula que si esta sociedad “incurre en mora de pagar alguna factura de pollitos que hubiera recibido Incubacol S.A. queda facultado para suspender los suministros a el comprador...”, sin perjuicio de que pueda hacer efectiva la deuda mediante acción ejecutiva.

El gerente de Incubacol, mediante carta del 5 de febrero del año 2001 dirigida al gerente de Granjas El Socorro , le manifestó que ante el incumplimiento en los pagos de Granjas El Socorro, “pues hay facturas en mora de pagar con vencimiento superior en algunos casos a 180 días”, “Incubacol S.A. se ve en la necesidad de suspender a partir de mañana seis (6) de febrero, el suministro de pollitos para engorde de un día de nacidos” (Cdno. Nº 1 de Pruebas, fl. 53).

No obra en el proceso ninguna prueba demostrativa de que Incubacol le hubiera enviado a Granjas El Socorro el preaviso a que se refiere la segunda parte de la cláusula 8ª del contrato, antes referida; por el contrario, según manifestación reiterada del apoderado de Incubacol, corroborada por la declaración de parte de César Alejandro Camargo (Cdno. Nº 2 de Pruebas, fl. 148), por no haber enviado el referido preaviso, Incubacol consideró que el contrato Nº 1097 estaba suspendido.

Sin embargo, el tribunal de arbitramento considera que, para que Incubacol, ante el incumplimiento de Granjas El Socorro en el pago del precio de los pollitos, pudiera hacer efectiva la primera parte de la cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, no era indispensable que se le diera el preaviso a que se refiere la segunda parte de la misma cláusula contractual, que tiene por objeto prevenir al comprador —Granjas El Socorro— “que si las cantidades de pollitos fijadas en la programación de que tratan las cláusulas tercera y quinta de este documento, en lo sucesivo no fueron (sic) recibidas y pagadas oportunamente, el contrato quedará terminado al vencimiento de los sesenta (60) días siguientes al recibo de tal aviso...”, sin perjuicio de que Incubacol pueda cobrarle, sin necesidad de requerimiento, las cantidades de pollitos suministrados hasta la fecha de vencimiento del preaviso...”.

En consecuencia, el tribunal de arbitramento procede a examinar si Granjas El Socorro el 5 de febrero del año 2001, fecha en que Incubacol le envió la carta anunciándole la suspensión del suministro de pollitos, de acuerdo con el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, se encontraba o no en mora de pagarle el precio a Incubacol:

a) La cláusula 6ª del mencionado contrato estipula: “El comprador aceptará las facturas que le presente Incubacol S.A. correspondientes a las entregas que realice y se compromete a cancelar a los treinta (30) días inmediatamente siguientes”.

b) El dictamen pericial que obra en el cuaderno número 4, rendido por los peritos Ana Matilde Cepeda y Carlos Ruiz Bautista, claramente señala que Granjas El Socorro se encontraba en mora de pagar varias facturas a Incubacol desde el 26 de abril de 2000 y que hasta el 5 de febrero de 2001 llevaba 285 días de mora (fls. 78 a 80 cdno. de pruebas número 4); igualmente el dictamen pericial estableció que continuamente los cheques que Granjas El Socorro entregó a Incubacol como pago de los pollitos suministrados durante el período comprendido entre el 1º de julio de 2000 al 5 de febrero de 2001 fueron impagados por el banco librador por carecer de fondos suficientes (fls. 44 a 52 cdno. de pruebas número 4). En concreto, con base en dicha prueba, el tribunal encuentra demostrados en el proceso los siguientes hechos:

1. Granjas El Socorro, mediante el contrato Nº 1097 del 28 de junio del año 1999, entre el 1º de julio del año indicado y el 5 de febrero del año 2001, le compró a Incubacol 5.251.076 pollitos, 24.900 de la raza COBB X Arbor Acres y el resto de la raza Argos, según la relación de las facturas (fls. 2 a 8).

2. En el mismo lapso, comprendido entre el 1º de julio de 1999 y el 5 de febrero del año 2001, el monto del precio de los pollitos suministrados por Incubacol a Granjas El Socorro corresponde a $ 2.918.588.660 (fls. 9 a 30).

3. Granjas El Socorro giró y entregó a Incubacol, para cancelarle el precio de los pollitos, 319 cheques, de los cuales 2 no fueron consignados por Incubacol, que están relacionados en el dictamen pericial (fls. 30 a 44).

4. El dictamen pericial también hace la relación de los cheques que fueron consignados y devueltos (fls. 44 a 56).

5. En la relación de la cartera de difícil cobro de Incubacol por el año 2001 figura Granjas El Socorro con una deuda de $ 1.015.152.912 (fl. 58).

6. El dictamen pericial, en relación con el incremento de la cartera de difícil cobro de Incubacol, hace constar que el incremento por saldo de cartera incobrable por la suma de un mil quince millones ciento cincuenta y dos mil novecientos doce pesos, corresponde al saldo adeudado en libros de contabilidad por el cliente Granjas El Socorro $ 1.015.152.912 a 31 de diciembre del año 2001. La causa de dicho endeudamiento en principio es el no pago...” (fl. 61).

7. No hubo envío de pollitos de Incubacol a Granjas El Socorro con posterioridad al 6 de febrero del año 2001 (fl. 63).

8. El 5 de febrero del año 2001 Granjas El Socorro adeudaba a Incubacol, “según los libros auxiliares de contabilidad de Granjas El Socorro, Código contable Nº 2205050 22, $ 857.665.490.50, saldo que fue modificado “por asientos contables de reversiones, correcciones y reclasificaciones internas en libros de Granjas El Socorro por la suma de $ 974.142.386 (fl. 75).

Los saldos de esta deuda en la contabilidad de Granjas El Socorro y en la de Incubacol, según el dictamen pericial, tienen algunas diferencias por motivos formales y materiales, pero “en conjunto las contabilidades de las dos compañías muestran los valores por pagos en igual cuantía, no así por los títulos valor que se cancelen y aquellos que siguen pendientes en la cobranzas de Incubacol y en las cuentas por pagar de Granjas El Socorro” (fls. 75 y 76).

Esto hace que, según los libros de Granjas El Socorro, adeude a Incubacol $ 974.142.386 y, de acuerdo con los de esta sociedad, la suma de $ 1.015.152.912 (fl. 109).

La prueba pericial relacionada demuestra fehacientemente que Granjas El Socorro el 5 de febrero del año 2001, según los saldos de su contabilidad, le adeudaba a Incubacol $ 974.142.386 y que, por lo mismo, de acuerdo con la cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, celebrado entre las partes, puesto que en la misma fecha se encontraba en mora de pagar el precio de los pollitos, Incubacol podía suspender el despacho o suministro de los mismos.

Además, otras pruebas que obran en el proceso corroboran, directa o indirectamente, que Granjas El Socorro estaba en mora de pagar el precio de los pollitos, a saber:

1. Granjas El Socorro en su alegato de conclusión, al manifestar que “en ningún momento” “dejo de cancelar las facturas en forma dolosa sino por fuerza mayor provocada por los altos costos que tuvo que afrontar por la mala calidad de los pollitos...”, reconoce que estaba en mora de pagar el precio de los mismos.

2. La misma convocante, al afirmar en el mismo alegato de conclusión que “su buena fe quedó demostrada al suscribir, además de la garantía de los títulos valores que eran las facturas, una hipoteca abierta otorgada por terceros que abarcaba las obligaciones presentes y futuras, situación que era conocida por la sociedad Incubacol...”, también reconoce que estaba en mora de pagar el precio de los pollitos a esta sociedad.

3. El interrogatorio de parte del gerente de Granjas El Socorro, señor Oscar Pernett, corrobora el incumplimiento de la demandante inicial, ya que en dicha diligencia este reconoce que a comienzos del 2001 su empresa le adeudaba a Incubacol más de $ 1.000.000.000 (fl. 159 cdno. de pruebas número 2); que no pagó cumplidamente a Incubacol; y que la suspensión del contrato se debió a la mora en el pago (fl. 173 cdno. de pruebas número 2). Y al contestar la pregunta sobre la causa de los cheques sin fondos que giraba la sociedad, manifestó al tribunal de arbitramento que “en realidad la empresa estaba un poquito en crisis...” (fl. 174).

De la misma forma, es importante tener en cuenta que el representante legal de Granjas El Socorro fue evasivo en algunas de sus respuestas en la diligencia de interrogatorio de parte, como puede verse a folio 164 del cuaderno número 2 de pruebas. En efecto, cuando se le preguntó si aquella sociedad aplicaba a los pollitos suministrados por Incubacol las dos vacunas necesarias de Gumboro y Newcastle se limitó a decir: “Esa pregunta se la deben hacer al veterinario ...”; “... en este momento yo no tengo la información técnica ...”; “Yo sé que le aplican vacunas pero él me está diciendo una cantidad de vacunas ... yo sí firmaba los cheques para los laboratorios que son vacunas ...”. Lo anterior implica la presunción de certeza de los hechos susceptibles de confesión establecidos en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil.

4. Los testigos Clara Camargo Muñoz, Julio Alonso Pontón Espinosa, Ángel Santamaría Suárez, Liliana Cárdenas y Jorge Maldonado Vélez, todos trabajadores de Incubacol, aseveraron que Granjas El Socorro estaba en mora de pagar el precio de los pollitos (cdno. Nº 2, fls. 101 a 157), como puede advertirse de los siguientes apartes:

“... llegó un momento en que no solamente entregaban los cheques posfechados, sino que eran cheques sin fondos, que teníamos que consignar hasta 3 veces ...” (fl. 101 - Testimonio de la señora Camargo).

“... en el último año durante el cual se le despachó, prácticamente no pagó nada, le despachamos y no nos pagó. Llegó el momento en que nos llegó a deber más de 1.000 millones ...” (fl. 106 – Testimonio del señor Pontón).

“Tengo en mente quizás a partir de septiembre, octubre del año 2000, más o menos que ellos empezaron a quedar mal con los pagos ...” (fl. 118 – Testimonio del señor Santamaría).

“Los pagos se dilataron cada vez más, o sea llegó hasta 180 – 150 días vencidas las facturas haciendo eso que la cartera se elevara muchísimo más. En el segundo semestre fue más difícil, la demora en los pagos fue más grave” (fl. 127 – Testimonio de la señora Cárdenas).

“Siempre se presentaron (los problemas de cartera) pero se volvió más crítico en los últimos, yo digo que desde junio del año 2000 se volvió cada vez más crítica y prueba de ello es que si nosotros hacemos un análisis de la cartera, ... ha crecido casi 50-70 millones cada mes ... O sea se le pasaban 160 millones y pagaban 90, o sea pagaban pero los cheques (eran) devueltos muchas veces” (fl. 133 – Testimonio del señor Maldonado).

5. El testimonio de Alejandro Antonio Jiménez Cera, contador de Granjas El Socorro, que obra a folio 58 cuaderno de pruebas número 2, abona el incumplimiento de la actora inicial cuando manifiesta que

“Colombiana de Incubación cancela el contrato 1097 porque hay mora en el pago de la factura”.

Igualmente, expresa el incumplimiento por parte de Granjas El Socorro y afirma que Incubacol aceptaba la mora, a pesar del otorgamiento de la hipoteca: “... se creó una hipoteca con el fin de ampliar el cupo de endeudamiento en tal forma que Granjas El Socorro pudiera seguir solventando en dicha demora dentro del respaldo, o sea más bien se trató de reemplazar la hipoteca con la morosidad de las facturas ... (fl. 60 cdno. de pruebas número 2).

6. El testimonio de Omar de Jesús González, médico veterinario de Granjas El Socorro, que obra a folio 174 y siguientes del cuaderno de pruebas número 2, demuestra que esta sociedad se encontraba en deuda con Incubacol; y además agregó:

“Estaba preocupado ... no podía hablar de que al día ... podrían tener deuda de 300 a 400 millones y era normal...”.

Del anterior acervo probatorio, deduce con absoluta claridad que Granjas El Socorro incumplió reiteradamente su obligación de cancelar el valor de los pollitos suministrados, precio fijado en las respectivas facturas cambiarias, dentro de los treinta días siguientes a su aceptación, incumplimiento que tuvo por consecuencia la posterior suspensión del contrato por parte de Incubacol.

Como si lo anterior fuera poco, es necesario recordar, conforme a claros principios de derecho, que correspondía a Granjas El Socorro probar que pagó en la forma, tiempo y condiciones pactadas, pues, la sociedad acreedora, proveedora o vendedora, está exenta de probar la negación indefinida que hizo tanto en la demanda inicial, como en la demanda de reconvención, en sentido de que Granjas El Socorro no cumplió con la obligación que tenía de pagar las facturas emitidas como valor de los pollitos, dentro de los 30 días siguientes a su emisión, por lo cual “ha incumplido el contrato de suministro al que se ha hecho referencia en repetidas ocasiones...”.

Las pruebas antes referidas también demuestran que Granjas El Socorro incumplió sus obligaciones contractuales antes que Incubacol le suspendiera, el suministro de los pollitos, según comunicación del 5 de febrero de 2001. Esto implica que aquella carece de legitimación para demandar el incumplimiento de Incubacol, por lo cual se negarán las peticiones de la demanda inicial.

La parte demandante también considera que Incubacol no podía suspender unilateralmente el suministro de los pollitos, con fundamento en la cláusula 8ª del referido contrato, porque sus obligaciones, presentes y futuras con Incubacol estaban garantizadas por la hipoteca constituida sobre un inmueble de propiedad del señor Oscar Pernett y de sus hijos mediante escritura pública Nº 4.417 otorgada el 8 de agosto del año 2000 ante el Notario Único de Soledad, departamento de Atlántico, que fue debidamente registrada y porque, en consecuencia, no se encontraba en mora de pagar el precio de los pollitos.

Obra en el proceso copia auténtica de la mencionada escritura pública con la constancia de su registro (cdno. de Pruebas Nº 1, fls. 5 a 9). Sin embargo, aunque ella demuestra que los otorgantes constituyeron una garantía real para responder ante Incubacol por las obligaciones de Granjas El Socorro, mediante la mencionada escritura pública Nº 4.417 no se canceló la deuda de esta sociedad con aquella ni menos se modificó el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, celebrado entre las partes, cuya cláusula 6ª estipuló la mora en que puede incurrir el comprador y cuya cláusula 8ª le permitió a Incubacol, ante la mora de Granjas El Socorro en el pago del precio de los pollitos, suspender el suministro de los mismos.

La parte demandante también afirma que Incubacol al suspender el suministro de los pollitos infringió la cláusula 11ª del mencionado contrato porque antes de obrar no pidió, de conformidad con esa cláusula, la convocatoria del tribunal de arbitramento.

Este tribunal considera que la primera parte de la cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, ante la mora comprobada de Granjas El Socorro en el pago del precio de los pollitos, claramente le permitía a Incubacol suspender el suministro o despacho de los pollitos, sin perjuicio de que los problemas jurídicos que por esta causa se originen sean sometidos, como en este caso, a la decisión de un tribunal de arbitramento.

La parte demandante también invocó en la demanda las cláusulas 4ª y 7ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, pero no señaló los motivos por los cuales las consideró infringidas. Esta circunstancia impide al tribunal de arbitramento examinar los cargos.

En relación con el good will, el tribunal debe señalar que al ser una pretensión consecuencial de la declaratoria de incumplimiento que fue denegada. No obstante, y aun haciendo abstracción de la probada falta de legitimación de la demandante inicial, tampoco habría lugar a acceder a esta petición, por cuanto, como se anotó anteriormente, para que el daño pueda ser indemnizado se requiere que cumpla con algunos requisitos, entre ellos el que sea cierto y actual. De la petición del demandante se puede inferir que solicita un daño futuro, ya que lo que se pretende sea indemnizado es el deterioro de su buen nombre, como consecuencia del incumplimiento a que se “verá” abocada la actora, en razón de no poder cumplir contratos de suministro de pollos procesados al comercio de Barranquilla, por la suspensión abrupta del contrato por parte de Incubacol.

Como ya se dijo, para que el daño futuro pueda ser indemnizado, debe existir certeza de que se ocasionará, y además quien lo alega debe probarlo. La actora no acreditó este requisito.

La parte demandada propuso la excepción de “incumplimiento de las obligaciones contractuales por la parte demandante”. Como la demanda inicial tiene por objeto que se declare el incumplimiento por la suspensión unilateral del suministro de pollitos por parte de Incubacol, y esta pretensión no prosperó, según se indicó antes, la excepción también queda resuelta con la denegación de las pretensiones de la demanda.

La parte demandada inicial también propuso la excepción que denominó “cumplimiento del contrato de suministro por parte de Colombiana de Incubacol S.A. —Incubacol—”. Como no prosperó la acción, igualmente la excepción queda resuelta con la denegación de las pretensiones de la demanda.

La parte demandada también propuso la excepción de “transacción de las distintas reclamaciones”, con el objeto de impedir la prosperidad de la acción en caso de ser, en principio, fundada. Como no prospera la acción, en la misma medida debe decirse que, por sustracción de materia, también queda resuelta la excepción dada la denegación de las pretensiones de la demanda.

V. La reconvención

La demanda de reconvención tiene por objeto que se declare que Granjas El Socorro incumplió el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999; que se declare que este estuvo vigente, según lo estipulado, hasta el vencimiento de la prórroga y tres meses más; que se aplique la cláusula penal a Granjas El Socorro y que se disponga el reajuste del precio de los pollitos.

En relación con la aplicación de la cláusula penal y el reajuste de los precios manifestó:

1. Hubo incumplimiento de Granjas El Socorro “al no haber pagado dentro del término estipulado el precio de los pollitos suministrados” y, “por tal circunstancia, se hace responsable de la cláusula penal (séptima) pactada en el contrato de suministro, es decir, que debe pagar los pollitos dejados de despachar por su culpa, los que ascienden a la cantidad de 1.625.000 pollitos”.

2. La parte demandante también pide que se disponga el reajuste del precio de los pollitos con base en el certificado del gerente de Concentrados S.A. por el monto de $ 218.887.700.

La parte reconvenida se opuso a las peticiones de la demanda y afirmó que Incubacol incumplió las cláusulas 7ª, 8ª y 11ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio, en su orden, por mala calidad de los pollitos, por haber suspendido la entrega de los pollitos a pesar de tener una garantía hipotecaria “y no dar aviso de tal suspensión con 60 días de anticipación” y por no solicitar la convocatoria del tribunal de arbitramento.

Así las cosas, el tribunal procede a estudiar lo que debe entenderse por suspensión y sus efectos. Comúnmente, por suspender se entiende la acción de detener o diferir algo. Y, jurídicamente suspender significa dejar sin producir efectos jurídicos, a una norma durante cierto tiempo.

El tribunal de arbitramento considera que, según el estudio del proceso inicial, Incubacol no transgredió las cláusulas 8ª y 11ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 y que, por el contrario, Granjas El Socorro infringió la cláusula 6ª del mismo contrato por estar en mora en el pago del precio. En consecuencia, el Tribunal debe acceder a la primera petición de la demanda de reconvención en el sentido de declarar que Granjas El Socorro infringió el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999.

El tribunal de arbitramento también debe acceder a declarar que el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 estuvo vigente, según lo estipulado en su cláusula décima, hasta el vencimiento de su prórroga y tres meses más, en cada uno de los cuales el suministro y la obligación de comprar fueron, sucesivamente, por el 75%, el 50% y el 25% de los inicialmente estipulados.

El tribunal de arbitramento llega a esta conclusión porque, como se indicó en este mismo laudo, Incubacol no le dio a Granjas El Socorro el preaviso estipulado en la segunda parte de la cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 y, por lo mismo, este siguió vigente hasta el vencimiento de su prórroga y tres meses más, en la forma indicada.

El tribunal de arbitramento también considera que no es el caso de condenar a Granjas El Socorro a pagar a Incubacol la indemnización que reclama con base en la cláusula penal, por los siguientes motivos:

1. La cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 estipuló que si Granjas El Socorro incurría en mora en el pago del precio del contrato Nº 1097, Incubacol podía suspender el suministro de los pollitos.

2. La cláusula 7ª del mismo contrato Nº 1097 estipulaba la cláusula penal para sancionar pecuniariamente a Incubacol si no realizaba el suministro conforme a lo convenido en las cláusulas 3ª y 5ª del mismo contrato y a la programación del comprador y a Granjas El Socorro si se abstenía de recibir, en todo o en parte, los correspondientes despachos de pollitos, no aceptaba las facturas cambiarias correspondientes a las entregas realizadas o no programaba, conforme a lo estipulado en las cláusulas 3ª, la cantidad mínima de los pollitos por adquirir.

3. Pero la cláusula 7ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 no incluyó en esta “cláusula penal” a Granjas El Socorro por mora en el pago del precio, porque en la cláusula 8ª del mismo contrato las partes convinieron en darle un tratamiento diferente.

4. La segunda parte de la cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 estipuló que Incubacol, que por la primera parte de la misma cláusula quedó facultada para “suspender los suministros a El comprador”, si hacía uso de esta autorización discrecional tenía la obligación de avisar al mismo comprador que “si las cantidades de los pollitos fijadas en la programación de que tratan las cláusulas tercera y quinta de este documento, en lo sucesivo no fueron (sic) recibidas y pagadas oportunamente, el contrato quedará terminado al vencimiento de los sesenta (60) días siguientes al recibo de tal aviso...”, sin perjuicio de que Incubacol pueda cobrarle a Granjas El Socorro sin requerimiento previo los pollitos programados “hasta la fecha de vencimiento del preaviso...”.

5. En este caso, Incubacol, ante la mora de Granjas El Socorro en el pago del precio, suspendió el suministro de pollitos pero no dio el “preaviso” a que estaba obligada de conformidad con la segunda parte de la cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 que, por lo mismo, fue infringido .

6. En consecuencia, si Incubacol válidamente podía proteger sus derechos con la suspensión del suministro de pollitos, mal podría derivar ninguna ventaja o provecho económico de su inobservancia del contrato, que además privó al comprador de las ventajas que habría podido obtener del “preaviso”, como la posible terminación del contrato Nº 1097 al cabo de sesenta (60) días de recibido.

7. Mientras el “preaviso” estipulado en la segunda parte de la cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 habría significado su cumplimiento y el mantenimiento de la situación jurídico bilateral entre las partes contratantes, con todas sus consecuencias, su omisión, a pesar de haberse suspendido el suministro de los pollitos, implicó la inobservancia del contrato por culpa de Incubacol y, según un inmemorial principio general de derecho, “nadie puede invocar en su favor su propia culpa” (nemo auditur propiam turpitudinem allegans).

8. La cláusula penal 7ª del contrato contemplaba como sanción pecuniaria no programar, “dentro del término estipulado en la cláusula tercera, la cantidad mínima de pollitos a adquirir”, como una actitud propia y exclusiva de Granjas El Socorro, no como consecuencia de la aplicación de la primera parte de la cláusula 8ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, por haber incurrido en mora en el pago del precio de los pollitos, no obstante que la cláusula 7ª excluyó la falta de pago del precio como causal de aplicación de la cláusula penal y que la cláusula 8ª del mismo contrato específicamente estipulaba la conducta que, ante la mora del comprador, podía asumir Incubacol.

9. Además, la falta de programación de la compra de pollitos, conforme a lo estipulado en las cláusulas tercera y quinta del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, no es un hecho invocado en la demanda de reconvención como fundamento de la acción ni menos está demostrado en el proceso. Solo la tercera súplica de la demanda de reconvención se refiere indirectamente a este hecho, para pedir que se condene a Granjas El Socorro a pagarle a Incubacol $893.750.000ºº, como “la sanción pecuniaria prevista en la cláusula séptima ... por concepto de los pollitos dejados de adquirir por parte de Granjas El Socorro, por lo que faltaba de la vigencia del contrato de suministro Nº 1097 ...”.

En consecuencia, el tribunal de arbitramento debe denegar esta petición de la demanda de reconvención.

La demanda de reconvención también pide que se disponga el reajuste de los precios de los pollitos con base en los certificados de precios de Concentrados S.A.

El tribunal de arbitramento considera que no procede acceder a esta petición de la demanda de reconvención por los siguientes motivos:

1. No está demostrado en el proceso que Incubacol hubiera solicitado o requerido a Granjas El Socorro para incrementar el precio de los pollitos ni tampoco que esta sociedad se hubiera negado a ello.

2. Por el contrario, según el hecho 7º de la demanda de reconvención, “Durante toda la ejecución que va del contrato de suministro 1097, es decir, desde el día 1º de julio de 1999, no se ha reajustado el precio del pollito, por olvido de Colombiana de Incubacol S.A. – Incubacol - ...” (Negrilla del tribunal).

3. En este mismo orden de ideas, está plenamente demostrado en el proceso que Incubacol renunció al derecho a reajustar el precio de los pollitos estipulado en la cláusula 4ª, según la siguiente manifestación de su representante legal, César Camargo Serrano, durante el interrogatorio de parte:

“Los valores de los pollitos tenían unas reglas del juego para ser incrementadas en el contrato, como una concesión de Incubacol dentro del transcurso del contrato, Incubacol se abstuvo de hacer las alzas de precios como estaba previsto en el contrato...” (Negrilla del tribunal de arbitramento) (Cdno. de Pruebas Nº 2, fl. 148).

4. Además, el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 ya no está vigente – dejó de regir desde el 1º de octubre del año 2001 – y en ninguna de sus cláusulas se estipuló la posibilidad de reajustar, después de su vencimiento, el precio de los pollitos.

En consecuencia, el tribunal de arbitramento debe denegar esta petición de la demanda.

La parte demandada en el proceso de reconvención, al contestar la demanda manifestó que Incubacol infringió la cláusula 7ª del contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999 porque suministró pollitos de mala calidad.

El tribunal de arbitramento considera que no prosperan las peticiones de la demanda inicial en la cual la parte demandante afirmó que Incubacol infringió, además de las cláusulas 8ª y 11ª del mencionado contrato, las cláusulas 4ª y 7ª del mismo contrato sin que señalara los conceptos de la infracción, lo que le impidió examinar específicamente los cargos; que, sin embargo, el Tribunal verifica que en la cláusula 2ª del mismo contrato se estipuló que Incubacol venderá a Granjas El Socorro “pollitos de raza Argo y/o Arbor Acres en lotes sanitarios normales libres de tifosis y pullorosis”; que en la cláusula 3ª del mismo contrato “Incubacol S.A. se obliga a mantener la buena calidad de los pollitos”; que, en la misma cláusula se estipuló que “en caso de que agentes externos o casos fortuitos hagan dudar de la calidad del producto” se realizará una reunión de Patólogos Aviares de las partes y que si no se ponen de acuerdo “designarán un árbitro Patólogo Aviar quien, con un representante Patólogo de Incubacol y otro del Comprador conformarán un Tribunal cuya decisión por mayoría de votos será aceptada por las partes”; que, según las pruebas pertinentes del proceso, aunque Granjas El Socorro presentó numerosas reclamaciones a Incubacol sobre la calidad de los pollitos, ninguna fue resuelta por el procedimiento estipulado en la cláusula 13ª del contrato Nº 1097 y que, sin embargo, muchas reclamaciones fueron resueltas directamente mediante “transacciones” de las diferentes reclamaciones, compensaciones o reintegros; adicionalmente, Granjas El Socorro no dio cumplimiento a una de las “Condiciones de Ventas” prevista en las facturas que le expidió Incubacol, según la cual, “Todo reclamo debe ser hecho en un término no mayor a 72 horas después del recibo de los pollitos y acompañando los certificados del ICA o de un Veterinario en el que conste la causa de la muerte”.

La parte demandada en el proceso de reconvención propuso la excepción de compensación. Sin embargo, como no prospera ninguna de las peticiones pecuniarias de dicha demanda, la excepción también queda resuelta.

Por lo expuesto, el tribunal de arbitramento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declárase no probada la objeción por error grave al dictamen pericial.

2. Deniéganse las peticiones de la demanda inicial presentada por Granjas El Socorro Ltda.., contra Colombiana de Incubación S.A.– Incubacol-.

3. Declárase que Granjas El Socorro Ltda.. incumplió el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, celebrado con la Colombiana de Incubacol S.A., por mora en el pago del precio.

4. Declárase que el contrato Nº 1097 del 28 de junio de 1999, celebrado entre las sociedades Colombiana de Incubación S.A. y Granjas El Socorro Ltda., según su cláusula décima, estuvo vigente hasta el 30 de junio del año 2001 y que se prorrogó por tres meses más, en los cuales el suministro y la obligación de comprar se redujeron, en su orden, al 75%, 50% y 25% de los inicialmente estipulados.

5. Deniéganse las demás peticiones de la demanda de reconvención.

Costas a cargo de ambas partes en igual proporción.

Cópiese, notifíquese, entréguese a cada una de las partes copia auténtica de este laudo y remítase copia auténtica de este laudo a la Procuraduría General de la Nación.

Protocolícese el expediente en una notaría de Bogotá, D.C.

Humberto Mora Osejo, presidente—Alfonso Hernández De Alba—Héctor Romero Díaz, árbitros

Roberto Aguilar Díaz, secretario.

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