Laudo Arbitral

Harold Zea Gil y Otros

v.

The Interpublic Group of Companies Inc. y Otros

Octubre 21 de 1997

Acta 25

En la ciudad de Santafé de Bogotá, siendo el día veintiuno (21) del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997), a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se reunió el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las diferencias presentadas entre Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez, Fernando Augusto Romero y la sociedad Marca Lintas S.A., de una parte; y la Sociedad The Interpublic Group of Companies Inc., de la otra. El tribunal está integrado por los abogados Hernando Galindo Cubides, como presidente, Florencia Lozano Revéiz y José Francisco Chalela Mantilla, como árbitros, y Jorge Hernán Gil como secretario. En la reunión se hicieron presentes los apoderados de las partes, doctores Ana Lucía Estrada, como demandante y Carlos Camargo de la Hoz, como demandado.

El presidente dio inicio a la audiencia, manifestando que dentro del término dispuesto y estando agotado el trámite legal, el Tribunal de Arbitramento procede a dictar el laudo que finaliza el presente proceso, pronunciado en derecho y por unanimidad. Solicita al secretario que se de lectura al laudo, lo que a continuación hace, así:

Laudo arbitral

Sección primera

I. Antecedentes

A. La demanda:

El día 20 de junio de 1996, mediante apoderado judicial, Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez, Fernando Augusto Romero y la Sociedad Marca Lintas S.A. presentaron ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, una solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento contra la sociedad The Interpublic Group of Companies Inc, Jhon Alfred Chiswell, Wladimir Iwanoff, Alfonso Lloreda Camacho, Gustavo Tamayo Arango y Aura Dueñas Rodríguez, la cual fue debidamente admitida y notificada por el centro de arbitraje.

Los demandados procedieron a contestar la demanda mediante escritos de fechas 22 de agosto de 1996, y septiembre 5 de 1996, habiendo formulado las excepciones previas denominadas: Falta de competencia y jurisdicción e indebida acumulación de pretensiones.

B. Los hechos:

Los hechos relevantes que originaron este proceso fueron los siguientes:

1. Que los demandantes, Harold Zea Gil, Hugo Vásquez y Fernando Romero fundaron la sociedad Marca Creatividad y Mercadeo Ltda., la cual ocupaba el puesto noveno entre las agencias de publicidad en Colombia.

2. Por lo anterior, la sociedad The Interpublic Group of Companies Inc (en adelante I.P.G.) se interesó en asociarse con Marca Creatividad y Mercadeo Ltda.

3. Mediante contrato celebrado el día 30 de septiembre de 1991, denominado promesa de compraventa de establecimiento de comercio, las partes se obligaron a asociarse así: la sociedad Marca Creatividad y Mercadeo Ltda. se comprometió a aportar su organización y clientela y a su vez The Interpublic Group of Companies Inc., se obligó al aporte de unos clientes internacionales.

4. Como consecuencia del contrato de asociación, los demandantes se obligaron a cambiar el nombre de la sociedad y a liquidarla.

5. El día 3 de febrero de 1988, se creó la sociedad denominada Publicidad Lintas de Colombia S.A. mediante la escritura 447 de dicha fecha de la Notaría Cuarta de Bogotá.

6. Las partes se comprometieron a adquirir acciones de Publicidad Lintas de Colombia S.A. en las siguientes proporciones: Harold Zea, Hugo Vásquez, Fernando Romero, 160 acciones cada uno; I.P.G. 380 acciones.

7. Las partes igualmente acordaron efectuar los siguientes nombramientos en Marca Lintas S.A.: Jhon Alfred Chiswell como presidente; Harold Zea, Fernando Romero y Hugo Vásquez como vicepresidentes.

8. Así mismo, se acordó que durante los primeros 4 años el presidente de la sociedad sería escogido por I.P.G. y que los vicepresidentes debían permanecer en el cargo por lo menos 4 años.

Marca Creatividad y Mercadeo Ltda. vendió a Publicidad Lintas de Colombia S.A., el establecimiento de comercio, en los términos pactados.

9. Publicidad Lintas de Colombia S.A. cambió su nombre por el de Marca Lintas S.A. habiendo quedado distribuido el capital así: I.P.G. 38%; Harold Zea, Hugo Alfredo Vásquez y Fernando Romero el 48%, o sea el 16% cada uno; y John Alfred Chiswell y Wladimir Iwanoff, 7% cada uno.

10. Para dar cumplimiento al convenio de asociación, el 28 de octubre de 1991 se suscribió un contrato de servicios profesionales y asesoría de publicidad, entre Marca Lintas S.A. y Lintas International (U.K.).

11. En el transcurso de los 3 primeros años, Marca Lintas S.A. se consolidó como una de las 5 primeras agencias publicitarias del país.

12. El 1º de julio de 1994, a petición de I.P.G., empezó a actuar como presidente de Marca Lintas S.A. el señor Paul Heath.

13. En febrero de 1995, los demandantes viajaron a Nueva York y sostuvieron conversaciones con el grupo I.P.G. y allí manifestaron su intención de retirarse del cargo de vicepresidentes y continuar como accionistas, aportando la clientela salvo la cuenta correspondiente a C.C.A.. En principio la propuesta fue aceptada.

14. Finalmente, I.P.G. no aceptó la propuesta y manifestó que en caso de renuncias procedería a nombrar sus reemplazos y agregó que se aumentarían los honorarios (service fee) por el contrato de asesoría, del 2% al 6.67% sobre ingresos netos.

15. Frente a lo anterior, los señores Hugo Alfredo Vásquez, Fernando Augusto Romero y Harold Zea Gil, ofrecieron vender sus acciones e I.P.G. manifestó no tener interés en adquirirlas.

16. El 27 de junio de 1995 Harold Zea tuvo conocimiento de que el señor Paul Heath, con la ayuda de Juan Pablo Rocha (otro funcionario de la compañía), estaba planificando la creación de una nueva sociedad, con el propósito de trasladar las cuentas multinacionales de Jhonson & Jhonson, Unilever Andina, Bayer, así como unas cuentas nacionales.

17. Igualmente se le informó al señor Zea, que varios de los funcionarios de Marca Lintas S.A. serían trasladados a la nueva compañía.

18. En reunión de junta directiva de fecha junio 28 de 1995, se determinó despedir a los señores Paul Heath y Juan Pablo Rocha.

19. El 12 de julio de 1995 I.P.G. envió a los señores Hugo Alfredo Vásquez, Fernando Augusto Romero Gutiérrez y Harold Zea Gil, un fax manifestando que en vista de los múltiples incumplimientos al contrato, el último de los cuales fue el despido de Paul Heath, persona designada por I.P.G, daban por terminado el contrato. Debe entenderse el mal llamado contrato de promesa de compraventa de establecimiento de comercio.

20. I.P.G. a través del señor Paul Heath hizo arreglos con LHC Publicidad Colombia S.A. hoy Ammirati Puris Lintas S.A., otra agencia en Colombia para que actuara como su filial.

21. Paul Heath, siendo todavía presidente de Marca Lintas S.A., aprovechó el tiempo y los recursos, para la creación de la nueva sociedad.

22. Las sociedades Unilever Andina, Jhonson & Jhonson y Bayer S.A., en el lapso de una semana, terminaron abruptamente su vinculación con Marca Lintas S.A. y trasladaron las cuentas a la nueva sociedad.

23. Como consecuencia del retiro de las mencionadas cuentas, Marca Lintas S.A. redujo su facturación, durante el año 1995, en una cuantía estimada en $ 7.000.000.000 (siete mil millones de pesos).

24. En virtud de lo anotado, Marca Lintas S.A. comenzó a tener serios problemas de liquidez y perdió su posicionamiento en el mercado.

25. I.P.G. permitió que se presentara confusión en los diferentes medios encargados de sacar al aire la publicidad creada por Marca Lintas S.A. (radio, prensa, televisión), y también con algunos proveedores, pues de manera inconsulta LHC Publicidad Colombia S.A., hoy Ammirati Puris Lintas S.A., comenzó a pedir a esas entidades piezas creadas por Marca Lintas S.A., y a ordenar a los medios la salida al aire de comerciales realizados por ella, para Unilever Andina de Colombia S.A., sin que mediara siquiera una consulta a esta última sociedad.

26. I.P.G. deterioró la imagen de Marca Lintas S.A., porque con la mecánica que creó para la asunción de los clientes que se trasladaron a esa agencia, permitió la filtración de la información de los clientes a terceras personas, e hizo presumir a tales clientes que ella había sido divulgada por los demandantes.

27. Tanta fue la confusión que se generó que inclusive I.P.G. al enviar correspondencia en varias oportunidades se equivocó y la envió y la sigue enviando al fax de Marca Lintas S.A. La correspondencia enviada erróneamente se encuentra dentro de los documentos que se aportan dentro de esta demanda.

C. Las pretensiones:

Una vez subsanada la demanda, mediante memorial de fecha abril 9 de 1997, se formularon las siguientes pretensiones:

“Primera pretensión

Declarar que The Interpublic Group of Companies Inc., incurrió en actos de competencia desleal en contra de la Sociedad Marca Lintas S.A. sociedad de la cual es accionista y en contra de Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez y Fernando Augusto Romero, accionistas también de Marca Lintas S.A.

Segunda pretensión

Como consecuencia de la pretensión anterior, condenar a la sociedad The Interpublic Group of Companies Inc., al pago de la totalidad de la indemnización de perjuicios que con su conducta le ocasionó a la sociedad Marca Lintas S.A. y a los accionistas Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez y Fernando Augusto Romero,

Tercera pretensión

Que se condene en costas a la parte demandada”.

II. El trámite arbitral inicial

Admitida la demanda, notificada y contestada, el centro de arbitraje citó a una audiencia de conciliación la cual se inició el día 8 de noviembre de 1996, se suspendió y continuó el día 26 de noviembre siguiente, sin que las partes hubieran conciliado las diferencias sometidas a este tribunal.

El día 12 de febrero de 1997, en las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se procedió a instalar el tribunal con la presencia de los señores árbitros y de las partes. En la audiencia se nombró como presidente al doctor Hernando Galindo Cubides y como secretario al doctor Jorge Hernán Gil Echeverry. Se fijó como sede del Tribunal el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se señalaron las sumas a cargo de las partes, para atender gastos y honorarios del proceso.

Habiéndose consignado en tiempo la totalidad de la suma decretada, el tribunal fijó fecha para la primera audiencia de trámite el día 2 de abril de 1996.

III. La primera audiencia del trámite

El día 2 de abril de 1996, previa notificación personal efectuada a los apoderados de las partes, se dio inicio a la primera audiencia de trámite en la cual se procedió a leer la cláusula compromisoria contenida en el artículo 66 de los estatutos de la sociedad Marca Lintas S.A., según escritura 2288 de octubre 25 de 1991, Notaría 16 de Bogotá y cuyo texto es del tenor siguiente:

“VI. Arbitramento: artículo sesenta y seis: Toda controversia o diferencia que surgiere entre los accionistas o entre estos y la sociedad en razón a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento designado por la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de dicha cámara. El tribunal constituido se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989 de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros; b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá; c) El tribunal decidirá en derecho; d) El tribunal funcionará en Bogotá en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá; y e) Para los efectos del artículo 5º del Decreto 2279 de 1989, las partes manifiestan que la dirección en que recibirán notificaciones es:…”.

Posteriormente, el tribunal definió su propia competencia al considerar que las partes eran plenamente capaces y que los asuntos sometidos a su consideración eran susceptibles de resolverse por transacción.

Acto seguido, el tribunal procedió a resolver las excepciones previas formuladas por los apoderados de los demandados.

Respecto a la excepción de falta de competencia y jurisdicción, la cual se hizo consistir, básicamente, en la afirmación de que la competencia desleal siempre se origina por conductas extracontractuales, se confirmó la competencia en consideración a que los hechos de la demanda aducidos como actos de competencia desleal, sí podrían tener origen en el contrato de sociedad y en el contrato de promesa de establecimiento de comercio, en los cuales se incluyó el pacto arbitral.

Respecto a la excepción de indebida acumulación de pretensiones, el tribunal encontró que efectivamente las controversias sometidas a su consideración tenían origen en dos contratos sustancialmente diferentes: Por una parte, el contrato de sociedad Marca Lintas S.A. y por la otra, el denominado contrato de promesa de compraventa sobre establecimiento de comercio.

Además, el tribunal encontró acreditado que los demandantes y los demandados, que figuraban en las pretensiones primera y segunda, eran diferentes a los que figuraban en las pretensiones tercera y siguientes, rompiéndose así la unidad de parte procesal, requisito indispensable para que exista una debida acumulación de pretensiones en los términos del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se declaró la indebida acumulación de pretensiones y se otorgó un término de 5 días para que la parte demandante procediera a subsanar la demanda.

Habiéndose subsanado la demanda, se continuó la primera audiencia de trámite el día 16 de abril de 1997, y se otorgó a las partes un término adicional de 3 días hábiles para que procedieran a reformular sus pruebas con el fin de garantizar plenamente los principios de acceso a la justicia y al derecho de defensa, teniendo en cuenta que al subsanarse la demanda se cambió sustancialmente el objeto del proceso.

En efecto, solo quedó como demandada por actos de competencia desleal, la sociedad denominada The Interpublic Group of Companies Inc., desligándose del proceso a los señores Jhon Alfred Chiswell, Wladimir Iwanoff, Alfonso Lloreda Camacho, Gustavo Tamayo Arango y Aura Dueñas de Rodríguez, por cuanto se suprimieron todas las pretensiones que tenían relación con el contrato de promesa de compraventa de establecimiento de comercio.

La primera audiencia continuó el día 23 de abril de 1997 fecha en la cual el tribunal denegó la petición formulada en el sentido de tener, a los antes demandados, John Alfred Chiswell y Wladimir Iwanoff, como terceros intervinientes en calidad de coadyuvantes, en los términos del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que esta figura no es de recibo en el proceso arbitral. Acto seguido se procedió a decretar las pruebas solicitadas por las partes y las de oficio.

El tribunal dispuso que el término de duración del presente proceso arbitral se cuente a partir del día 23 de abril de 1997, fecha en la cual se terminaron de evacuar los asuntos propios de la primera audiencia de trámite.

IV. Las pruebas decretadas y practicadas

En el transcurso de las audiencias de trámite se decretaron y practicaron las siguientes pruebas las cuales fueron oportunamente solicitadas en la demanda, la contestación y en el término adicional otorgado por el tribunal:

1. Se recepcionaron las declaraciones de los testigos: Arturo Acosta V., Héctor Fernando Ramírez, Manuel Ricardo Chávez, María Margarita Páez, Juan Fernando Villamil, María Marcela Herrera, Jorge Fernando Pabón, Margarita Barrios, Fabio Cardona Pérez, Franck Shott, John Alfred Chiswell, Gerardo Sánchez Cristo, Juan Pablo Rocha, Lilian Munzer y Santiago Armando Rodríguez. Ninguno de los testigos anteriores fue tachado; sin embargo, el tribunal procederá a evaluar dichos testimonios teniendo en cuenta el principio de la sana crítica y la vinculación de los testigos a la empresa demandante o demandada.

2. Se decretó y practicó el interrogatorio de parte al señor Hugo Alfredo Vásquez.

3. Se realizaron inspecciones judiciales en las dependencias de las firmas Ammirati Puris Lintas S.A., Unilever Andina Colombia S.A., Marca Lintas S.A. y Dirección Creativa S.A. en las que se exhibieron diferentes documentos que se agregaron al expediente.

4. Se decretó un dictamen pericial para traducir unos documentos, habiéndose nombrado como perito a la doctora María Mercedes Uricochea. El dictamen anterior fue complementado y aclarado a petición de la parte actora.

5. Se decretó y practicó un dictamen pericial a cargo de los peritos economistas doctores Carlos Pineda y Moisés Rubinstein. El dictamen anterior fue aclarado y complementado a petición de los apoderados de ambas partes y fue objetado parcialmente, por error grave por la apoderada de la parte actora; objeción que será resuelta en este laudo, conforme a la ley.

6. Se decretó una inspección judicial al proceso arbitral de John Alfred Chiswell y otros contra I.P.G.

Sección segunda

Consideraciones del tribunal

De la ley aplicable. Teniendo en cuenta que los hechos que pudieron originar actos de competencia desleal ocurrieron en el año 1995 y que la demanda fue presentada el día 30 de junio de 1996, esto es, durante la vigencia de la Ley 256 de 1996, o nuevo estatuto sobre la competencia desleal, el tribunal se ocupará, en primer lugar, de determinar la ley aplicable al caso controvertido.

La Constitución Política, en su artículo 58 consagra el principio general de la irretroactividad de la ley en los siguientes términos:

“Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos por leyes posteriores...” El principio anterior no se aplica por razones de interés social o de utilidad pública y en los eventos en los cuales el legislador regule los efectos retroactivos de manera expresa, todo lo cual no ha ocurrido con la Ley 256 de 1996.

Ahora bien, tratándose de normas de carácter sancionatorio como efectivamente lo son aquellas que califican los actos de competencia desleal y sus efectos, la Constitución también consagra el principio de la irretroactividad de la ley, salvo que en materia penal la nueva ley sea más favorable, en los siguientes términos: “ART. 29..... Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa...”. (la negrilla es del tribunal).

Conforme al principio anterior, los posibles hechos de competencia desleal cometidos en el año 1995, durante la vigencia de los artículos 75 y siguientes del Código de Comercio, se deben juzgar según lo regulado en dicho estatuto y no conforme a la nueva ley sobre competencia desleal o Ley 256.

Los principios constitucionales de la irretroactividad de la ley y del juzgamiento, según las leyes vigentes al momento de la infracción, fueron recogidos por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, para ser aplicables a los contratos, en los siguientes términos:

“ART. 38.—En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”. Exceptuándose de esta disposición:

1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y

2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido”.

De manera que, por tratarse de una acción de responsabilidad contractual entre socios, al tribunal no le queda ninguna duda de que el caso sometido a su consideración debe juzgarse a la luz de lo preceptuado en los artículos 75 y siguientes del Código de Comercio, por ser la ley vigente al momento en que se atribuyen los hechos de competencia desleal. Al respecto, el tribunal hace suyas las siguientes palabras de la Corte Suprema de Justicia, que explican de manera clara y resumida el principio de la irretroactividad: “La ley, por lo general, no es retroactiva, pues se expide para que rija en el futuro, y por tal razón el legislador no puede establecerla para situaciones pretéritas, comprensivas de derechos adquiridos bajo el imperio de una norma anterior, como quiera que “evidentemente, el desarrollo de la libertad civil habría de sufrir grave daño, si el ciudadano, al obrar según y conforme a la ley para adquirir derechos, pudiera temer que otra ley posterior le privase de los que legítimamente adquirió” (Pascuale Fiore, de la Retroactividad e interpretación de las leyes, pág. 28). La razón de ser de la regla de no retroactividad, dice Josserand, “se deduce de la autoridad misma de la ley: para que la ley inspire confianza a quienes han de obedecerla, —la confianza que hace lo mejor de su fuerza—, es indispensable que los actos verificados bajo su égida subsistan, sin variación y ocurra lo que ocurra. Si no fuera así, las transacciones estarían amenazadas de destrucción y la vida jurídica carecería de seguridad, tanto que, en definitiva, quedaría arruinada la autoridad misma de la ley. No se creería en ella, siendo sustituido el orden legal por el régimen de la arbitrariedad. (Derecho Civil, T. I, volumen I, pág. 79)”. (S. Cas. Civil. Exp. 4845, sent., mayo 29/97). (En igual sentido pueden consultarse las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado de fechas octubre 10 de 1986 y noviembre 10 de 1996).

II. De la legitimación activa de las personas naturales

Con la demanda se pretende que el tribunal condene a The Interpublic Group of Companies, Inc. a indemnizar los perjuicios causados a los socios Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez y Fernando Augusto Romero, como consecuencia de los actos de competencia desleal cometidos por la primera, en su condición, también de socia, de Marca Lintas S.A. Igualmente se pretende que I.P.G. indemnice los perjuicios causados a la sociedad Marca Lintas S.A., por los mismos actos de competencia desleal.

Para el tribunal, los señores Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez y Fernando Augusto Romero, en su doble condición de socios y personas naturales, carecen de personería activa para demandar a la sociedad The Interpublic Group of Companies, Inc., por las razones que se exponen a continuación.

En primer término, los artículos 75 y 77 del Código Comercio estructuran la institución de la competencia desleal sobre la base de que el infractor y el afectado tengan la calidad de comerciante. Por esta razón se habla del competidor, clientela, mercado, etc; elementos estos que pertenecen a la órbita de los comerciantes y de las empresas. De los documentos y declaraciones que obran en el proceso se desprende que los señores Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez y Fernando Augusto Romero, son personas dedicadas al ejercicio de sus profesiones en el ramo de la publicidad, lo que al tenor del artículo 23, numeral 5º del Código Comercio permite afirmar, sin lugar a dudas, que no tienen la calidad de comerciantes, razón por la cual no es posible tenerlos como competidores ni menos pensar en la desorganización de su empresa o en la desviación de su clientela, máxime cuando ejercían las funciones administrativas de vicepresidentes de la sociedad Marca Lintas S.A., como compromiso previo asumido en el denominado contrato de promesa de compraventa de establecimiento de comercio. En este orden de ideas, no está probado en el proceso cuál fue la clientela de los mencionados demandantes que fue desviada, los funcionarios o dependientes que fueron contratados o la empresa que fue desorganizada. Este solo hecho es suficiente para negar las pretensiones formuladas por las personas naturales demandantes.

Por otra parte, conforme a lo expuesto en la demanda y el acervo probatorio, la clientela que se dice desviada, los empleados y funcionarios que fueron inducidos a retirarse y pasarse a la nueva compañía, la posible desorganización del mercado y la confusión con el nombre, tiene relación directa, única y exclusivamente, con la sociedad Marca Lintas S.A., razón por la cual solamente a esta compañía compete la reclamación de perjuicios. Al respecto la jurisprudencia nacional ha expresado: “El artículo 200 del Código de Comercio establece que los administradores responden de los perjuicios que por su culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Esta previsión normativa general de responsabilidad apunta a que los daños que los administradores irroguen a la sociedad, a los socios o a terceros deben ser reparados. Mas no distingue el precepto quien está legitimado para procurar, en cada caso, la movilización del aparato jurisdiccional. En otras palabras y a manera de interrogante: cuando el daño es causado por los administradores a la sociedad, ¿quién es el titular de la acción? Para el tribunal, atendiendo las reglas y principios vigentes en el ordenamiento jurídico patrio, es la misma sociedad, a través del órgano social competente y que en el caso en estudio le compete a la asamblea general de accionistas, tal como lo estatuye el artículo 420-3 del Código de Comercio, Ley 222 de 1995, por tener, con carácter especial, la función de ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal.

De esa manera, a falta de disposición en contrario, la acción de responsabilidad por la culpa de los administradores de una sociedad anónima, en detrimento del patrimonio social, solo compete a la misma sociedad, aun cuando el daño pueda incidir indirectamente sobre los socios. Por eso, Joaquín Garrigues, sostiene: “Si la conducta culposa en los administradores produce daño al patrimonio de la sociedad, es lógico que solo la sociedad pueda accionar contra ellos. Es cierto que, en definitiva, todo daño del patrimonio social repercute sobre los socios. Pero entre estos y los administradores se interpone la figura jurídica de la persona social como único titular posible de la acción. Esta tesis era ya válida bajo la concepción contractualista del Código de Comercio y sigue siendo válida bajo el sistema de la nueva ley. Ello quiere decir que solo la junta general, como órgano de expresión, pueda decidir la iniciación del pleito contra los administradores ....” (Curso derecho mercantil, T. I, pág. 289). (Laudo arbitral de fecha 18 de mayo de 1992. Proceso de Luis Suárez Cavalier y otros v. Pasteurizadora La Alquería S.A. y otros).

Interpretando el pronunciamiento anterior al caso sub judice, es claro que cuando se trata de perjuicios sufridos directamente por la sociedad, la única que tiene personería para demandar es esta, así sus socios pudieran verse perjudicados de manera indirecta. Pero en todo caso y aun haciendo abstracción del punto de vista anterior, es obvio que el tribunal no podría despachar favorablemente las pretensiones formuladas por los socios Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez y Fernando Augusto Romero, por la potísima razón de que la sociedad Marca Lintas S.A., también actúa como demandante en este proceso, siendo precisamente esta última la que sufriría las conductas y por consiguiente las consecuencias de los actos que se dicen constituyen competencia desleal.

De aceptarse en forma simultánea la personería activa de los socios demandantes y de la sociedad Marca Lintas S.A., para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por los mismos actos de competencia desleal, se caería en el error de condenar dos veces a The Interpublic Group of Companies Inc., por los mismos hechos y por la misma infracción, lo cual no está permitido por la legislación nacional. Por lo anterior el tribunal estima que Harold Zea Gil, Fernando Augusto Romero y Hugo Alfredo Vásquez carecen de personería activa para demandar, motivo por el cual se despacharán negativamente sus pretensiones, en la parte resolutiva de este laudo.

III. La denominada excepción genérica

El apoderado de la parte demandada, solicita al tribunal que se pronuncie sobre la denominada excepción genérica, en los términos del artículo 306 del Código Procedimiento Civil. Al respecto el tribunal estima que efectivamente es de recibo en el proceso arbitral el artículo 306 del Código Procedimiento Civil, norma que obliga al fallador incluyendo —lógicamente— a los árbitros, a pronunciarse ex oficio sobre cualquier excepción de mérito cuyos hechos se hallen probados en el proceso, aunque no haya sido alegada expresamente en la contestación de la demanda, (salvo lo referente a las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa).

El artículo 306 Código Procedimiento Civil, es aplicable al proceso arbitral, no solo porque el artículo 20 del Decreto 2651 de 1991 en su capítulo pertinente al arbitraje lo invoca expresamente, sino en consideración a que el artículo 45 del Decreto 2279 de 1989, modificado por la Ley 23 de 1991, dispone que “los árbitros tendrán los mismos deberes, poderes y facultades que para los jueces se consagran en el Código de Procedimiento Civil y responderán civil, penal y disciplinariamente en los términos que la ley establece para los jueces civiles del circuito, a quienes se asimilan”.

Por consiguiente, siendo obligación de los jueces pronunciarse ex oficio sobre las excepciones de fondo cuyos presupuestos aparezcan debidamente acreditados en el proceso, también lo es para los árbitros por contar, con los mismos deberes, poderes y facultades que los jueces. No debe olvidarse que los árbitros también están cobijados por el principio constitucional que enseña la prevalencia de la ley sustancial sobre la procesal. (C.P., art. 228). Desde este punto de vista, resulta apenas natural que encontrando acreditados los hechos que darían lugar a una excepción de fondo que impida total o parcialmente una condena en contra de la parte demandada, el Tribunal Arbitral no podría pasarla por alto, con el peregrino argumento de que no fue debidamente formulada al contestar la demanda, en razón a que el principio de la prevalencia del derecho sustancial rige también en favor de la parte demandada.

Esta es la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en forma reiterada ha afirmado que cuando el juez no se pronuncia oficiosamente sobre una excepción de mérito que aparezca debidamente acreditada en el proceso (salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa), el fallo peca por incongruente y podrá ser quebrado por la vía del recurso extraordinario de casación. La jurisprudencia arbitral ya se ha manifestado sobre el mismo punto, en los siguientes términos: “Como las manifestaciones de la parte demandante en tal sentido, contenidas en su alegato de conclusión, no son suficientemente explícitas (cuadernos de alegatos, fls. 13 y ss.), el tribunal decretará la nulidad de manera oficiosa. Procede de esta manera prevalido de la facultad que le otorga el Código Civil, artículo 1742, subrogado por la Ley 50 de 1936, artículo 2º, no sin advertir que esta determinación, como lo ha reconocido la jurisprudencia, respeta la congruencia que debe existir entre el litigio planteado por las partes y la sentencia. Así se dispondrá en la parte dispositiva del laudo”. (Tribunal de Arbitramento Fiducaldas S.A. v. Seguros Atlas S.A. Árbitro único, Dr. Jorge Humberto Botero. Laudo de fecha noviembre 8 de 1995).

En conclusión, para el tribunal, la aplicación del artículo 306 Código de Procedimiento Civil, es procedente en el proceso arbitral; sin embargo en el caso de autos, aunque la denominada excepción genérica fue propuesta en la contestación de la demanda, el tribunal no ha encontrado supuestos debidamente probados que le permitan declarar oficiosamente una excepción de mérito, como tampoco aparece mención alguna al respecto de los alegatos de la parte demandada, razón por la cual habrá de negarse la mencionada defensa.

IV. La carga de la prueba

La carga o peso de la prueba es la obligación que corresponde a las partes de probar lo alegado. Al actor le incumbe ese peso, mientras al demandado le corresponde la prueba de las excepciones por él propuestas.

El derecho positivo nos indica que el demandante debe probar las obligaciones que atribuye al demandado y que constituyen un derecho a favor de aquel, o sea de quien las alega y el demandado por su parte ha de probar las excepciones que enervan el derecho del actor.

En síntesis, el cargo de probar le corresponde al que afirma.

“Son tres las reglas que informan la carga de la prueba, a que no escapa ninguna legislación antigua ni moderna a saber:

a) Onus probandi incumbir actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción;

b) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa; y

c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si este no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda” (De la prueba en derecho, Antonio Rocha A., Ediciones Lerner 1967, pág. 72).

Estas reglas son acogidas en nuestros códigos, así:

“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” (CPC, art. 177).

“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas esta” (C.C., art. 1757).

“La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley” (C. Co., art. 822).

Sección tercera

Objeción al dictamen pericial

La apoderada de los demandantes presentó dentro del término para el efecto un memorial de objeciones contra el experticio rendido por los peritos Moisés Rubinstein Lerner y Carlos Pineda Durán, considerando que hay error grave en la conclusión contenida en el punto 3 del escrito de aclaración al dictamen pericial, que en su parte pertinente dice: “El traslado a la sede de la calle 116 no garantizaba la eliminación inmediata de costos y gastos que se hubieran podido incurrir con respecto a la sede de la calle 87. Los costos de remodelación de la sede de la calle 116 por $ 171.099.943, deben considerarse como un activo a amortizar y no como un gasto. Por lo que no deberían sumarse o restarse como se pretende en el ejercicio numérico que la doctora Estrada plantea en esta aclaración”.

Corresponde al tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 110 del Decreto 2282 de 1989, decidir sobre la aludida objeción en este laudo.

Se considera en primer término que al tenor de la norma antes citada, la objeción que se formule debe ser “por error grave”, error que además “haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en estas”. En consecuencia, no es cualquier error el que puede llevar a descalificar la pericia, y las glosas que se le formulen deben configurar el error grave que la ley procesal exige como requisito fundamental y que debe llevar a concluir que la equivocación de los peritos es manifiesta y ostensible, y además notoria. Respecto al tema es pertinente la cita de lo que enseña el doctor Daniel Suárez Hernández al tratar las reformas al régimen probatorio según el Decreto 2282 de 1989, en artículo incorporado en el Código de Procedimiento Civil - cuarta edición actualizada de la Universidad Externado de Colombia, páginas 549 y siguientes que dice “De otro lado, el numeral 4º del artículo 238, que regula el procedimiento para la contradicción de la pericia, trae una novedad importante, consistente en que el dictamen puede ser objetado por error grave, siempre que el error haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en estas, con lo cual se está canalizando un poco más lo ya establecido sobre el particular por el código del 70, pues en este, simplemente se dijo “objeción por error grave” y nada más. Doctrinariamente se ha dicho que el error puede estar en un momento dado en el objeto analizado, en los estudios, ensayos o experimentaciones que hagan los peritos, pero que también pueda recaer sobre las conclusiones. Útil resultará la novedad de este precepto, dado que si el error endilgado al dictamen no afecta las conclusiones o no se origina en estas, el juez al valorarlo detectará la equivocación, hará caso omiso de dicho aparte y podrá acoger las conclusiones que no se encuentran afectadas por el error. Las conclusiones del dictamen que son las que realmente atan al juez y a las partes en el proceso, pues son ellas las que van a servir de apoyo para el dictado del fallo, son las que habrán de ser tenidas en consideración.

De manera que los demás errores, así hayan sido garrafales o protuberantes, si no incidieron o no se originaron en las conclusiones no ameritan ser materia de objeción por error grave, por lo que el juez deberá analizar el dictamen y el escrito de objeciones para ordenar o rechazar de plano el trámite de las mismas”.

Con base en lo antes expuesto el tribunal considera que la glosa efectuada al experticio no reviste la calidad de error grave con las connotaciones especiales que exige el numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil para que prospere la objeción y, por consiguiente, el peritazgo en su integridad será tomado en cuenta para efectos de cualquier decisión que se adopte en el presente laudo.

Resuelto este tema corresponde al tribunal entrar a resolver las cuestiones de fondo sometidas a su examen y decisión, a lo cual se procederá enseguida.

Sección cuarta

De la competencia desleal

Una de las obligaciones del comerciante contenidas en el artículo 19 del Código de Comercio es la establecida en el numeral 6º que le ordena “abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal”, lo cual es consecuente con el principio de la libre competencia que nuestra legislación toma como fundamento para el desarrollo de la actividad empresarial y económica en general. Los profesionales del comercio en la realización de sus operaciones mercantiles, y como competidores que son entre ellos deben obrar con lealtad y buena fe para contribuir así al ordenado desenvolvimiento de la vida comercial. Dada la importancia de este tema la ley no solamente prohíbe al comerciante que incurra en actos que desestabilizan el mercado, sino que como es lógico los describe y tipifica para proceder a reprimirlos y sancionarlos.

El tema de la competencia desleal se regula en el título V del libro primero del Código de Comercio, en los artículos 75, 76 y 77 —sin que se defina expresamente— y en primer término el artículo 75 relaciona los hechos que constituyen competencia desleal. No hace esta norma una enumeración taxativa de los actos que constituyen competencia desleal, por ser ello imposible, lo que corrobora el texto del numeral 9º de dicho artículo, por cuanto el progreso y avance técnico en el ejercicio de la actividad comercial hace que cada vez sean más variados los hechos que la pueden configurar. El artículo 77 trata de manera especial el tema de la propaganda desleal como una forma más de competencia desleal.

Dice así el artículo 75 del Código de Comercio:

“Constituyen competencia desleal los siguientes hechos:

1. Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios;

2. Los medios o sistemas tendientes a desacreditar a un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios;

3. Los medios o sistemas dirigidos a desorganizar internamente una empresa competidora o a obtener sus secretos;

4. Los medios o sistemas encauzados a obtener la desviación de la clientela siempre que sean contrarios a las costumbres mercantiles;

5. Los medios o sistemas encaminados a crear desorganización general del mercado;

6. Las maquinaciones reiteradas tendientes a privar a un competidor de sus técnicos o empleados de confianza, aunque no produzcan la desorganización de la empresa ni se obtengan sus secretos;

7. La utilización directa o indirecta de una denominación de origen, falsa o engañosa; la imitación de origen aunque se indique la verdadera procedencia del producto o se emplee en traducción o vaya acompañada de expresiones tales como “género”, “manera”, “imitación”, o similares;

8. Las indicaciones o ponderaciones cuyo uso pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el empleo o cantidad del producto, y

9. En general, cualquier otro procedimiento similar a los anteriores, realizado por un competidor en detrimento de otros o de la colectividad siempre que sea contrario a las costumbres mercantiles”.

En el artículo 76 del mismo ordenamiento se establece lo siguiente:

“El perjudicado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se le indemnicen los perjuicios causados y se conmine en la sentencia al infractor, bajo multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos, convertibles en arresto, a fin de que se abstenga de repetir los actos de competencia desleal.

El juez antes del traslado de la demanda, decretará de plano las medidas cautelares que estime necesarias, siempre que a la demanda se acompañe prueba plena, aunque sumaria, de la infracción y preste la caución que se le señale para garantizar los perjuicios que con esas medidas pueda causar al demandado o a terceros durante el proceso”.

Del análisis de estas dos normas se concluye sin lugar a dudas que “el perjudicado por actos de competencia desleal” de que trata el artículo 76 es el “competidor” o “empresa competidora” a que se refiere en varios numerales el artículo 75 y que, por lo tanto, quien tiene la acción para la indemnización de perjuicios es el comerciante calificado como tal por los artículos 10 y 13 del Código de Comercio, a quien otro comerciante haya perjudicado con actos de competencia desleal.

Según el profesor Henri Capitant, para que se de la competencia desleal deben concurrir los siguientes elementos:

a) Que se trate de un acto de competencia, teniendo en cuenta que esta solamente puede darse entre dos o más comerciantes dedicados a la misma actividad y que se disputan la misma clientela.

b) Que el acto de competencia realizado sea indebido, es decir, contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, o sea contrario a las costumbres mercantiles.

c) Que el acto de competencia indebido sea idóneo para producir un perjuicio. (Superintendencia de Sociedades oficio SL-23115, nov. 20/89).

Los elementos antes relacionados están enunciados en los artículos transcritos y al estudiar en concreto la conducta de un comerciante deben reunirse para su calificación por parte del juzgador, lo que el tribunal hará más adelante.

Sobre el tema de la competencia desleal son de gran importancia, por su innegable vigencia, las consideraciones que tuvo la Corte Suprema de Justicia para declarar exequibles los artículos 75, 76 y parte del 77 del Código de Comercio en sentencia de julio 10 de 1986, en la cual respecto al fundamento de las normas legales sobre competencia desleal se expresó lo siguiente:

“... El desarrollo de las actividades comerciales en una economía de mercado supone necesariamente la competencia entre empresarios con el propósito de obtener la preferencia de la clientela, en relación con los productos que fabrican o comercializan, o respecto de los servicios que prestan.

La competencia, esto es, la oposición de fuerzas entre dos o más (rivales entre sí) que aspiran a obtener algo, tiene su significado propio en el campo de las relaciones mercantiles, pues aquello que se busca obtener no se consigue como fruto de un esfuerzo momentáneo sino como resultado de un proceso en el que influyen factores de muy diversa índole, tales como el prestigio comercial, la calidad de los productos o servicios ofrecidos, los antecedentes personales y profesionales del empresario, las condiciones de precios y de plazos, la propaganda y el fugar de ubicación de los establecimientos de comercio.

Considerada objetivamente, la competencia debe significar una emulación entre comerciantes tendiente a la conquista del mercado con base en un principio según el cual logrará en mayor grado esa conquista el competidor que alcance la mejor combinación de los distintos elementos que puedan influir en la decisión de la clientela.

Así concebida la competencia, encaja perfectamente dentro del esquema de la libertad de empresa (C.N., art. 32) y, por tanto, la posibilidad de competir por la clientela se convierte en un verdadero derecho para el empresario, garantizado en las disposiciones constitucionales.

Pero ese derecho no es absoluto, como tampoco lo es la misma libertad de empresa. Ambos están sujetos a limitaciones impuestas por el orden jurídico a partir de la misma Constitución en guarda de los intereses comunes y con fundamento en el principio que ya desde 1886 enunciaba el actual artículo 30 de la Carta Política: la prevalencia del bien público o social sobre el interés individual o particular.

Las profundas transformaciones que ha sufrido la sociedad y la complejidad creciente de las relaciones económicas han hecho indispensable que a ese principio se haya agregado el de la dirección general de la economía por parte del Estado (C.N., art. 32), cuyo ejercicio también implica con frecuencia el establecimiento de restricciones a la libertad individual.

Por otra parte, el artículo 16 del estatuto fundamental ha señalado a las autoridades la función de proteger las vidas, honra y bienes de las persona residentes en Colombia y la de velar por el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

La competencia comercial está sometida a las instituciones enunciadas y, desde luego, a las normas legales o reglamentarias de orden público que se dicten en desarrollo de las mismas, así como también a la vigilancia que ejerzan los agentes estatales para asegurar el acatamiento de tales disposiciones.

El Código de Comercio, como conjunto normativo puesto en vigencia para regular, según lo expresa su artículo 1º, la actividad de los comerciantes y los asuntos mercantiles, permite la competencia entre empresarios pero la sujeta a limitantes derivadas de los principios constitucionales enunciados. Consagra como una de las obligaciones de los comerciantes la de no ejecutar actos de competencia desleal, señala cuáles son esos actos y contempla las consecuencias, que en ella se imputan.

La competencia permitida según esas disposiciones, es aquella que se adelanta libre de procedimientos tortuosos o ilegítimos. Por tanto, la conciben ajena a mecanismos consistentes en descrédito para el competidor, en cualquiera de sus formas, o en desorganización del mercado en su conjunto. Tales normas parten del principio, universalmente aceptado, según el cual la clientela se alcanza mediante la afirmación de las propias calidades y el continuo esfuerzo de superación y no a través de la artificial caída del rival”.

Respecto al tema de la competencia desleal también se pronunció el Tribunal de Arbitramento entre Luis Suárez Cavalier y otros contra Pasteurizadora La Alquería S.A. y otros en laudo de mayo 18 de 1992 en el cual respecto a la concurrencia de los elementos de la competencia desleal se expresa:

“La competencia desleal, como su propio nombre lo indica, y como brota de los hechos que en el artículo 75 del Código de Comercio se enumeran como constitutivos de ella, no se presenta por la sola circunstancia de que un comerciante explote una línea de bienes o servicios igual o parecida al ramo en que otro ha acreditado un producto determinado o ganado una clientela. La libertad de industria y comercio, hace lícito que un comerciante pueda rivalizar con un producto igual o similar al que ya se produce en el comercio y que honestamente pueda ganar la clientela de otro, utilizando medios aceptados por las costumbres comerciales y la ética mercantil, como mejorando la calidad o abaratando los precios. No es, pues, acto vedado el buscar por medios honestos el predominio de la clientela.

La simple competencia, la emulación de los comerciantes en las distintas áreas del mercado, solo se torna desleal, cuando por ejemplo, la clientela que ya había ganado un comerciante se le arrebata o se trata de quitársela a base de procedimientos legalmente reprochables, mediante maniobras o engaños, como son, entre otros, el introducir confusión sobre la entidad del productor del artículo, o confusión entre lo que aquel produce con lo que pone al mercado el otro; así mismo está vedada la utilización de procedimientos de descrédito o torcidos procederes que tiendan a desorganizar la empresa o el mercado mismo o que perturben el desarrollo normal del proceso económico con mecanismos como el acaparamiento, encaminados a producir una escasez artificial o, en general, el empleo de procedimientos, contrarios a la costumbre mercantil, realizados con detrimento de otro competidor o de la colectividad como se expresa en el artículo 75-9 del Código de Comercio”.

Regulan también el tema de la competencia desleal y su represión el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia que consagra la libertad económica e iniciativa privada, que antes se regía por el artículo 32 de la Constitución derogada, y los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 59 de 1936, que adoptó para el país la Convención general interamericana de protección marcaria y comercial celebrada en Washington en 1929. Igualmente, el artículo 10 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, que fue aprobado en nuestro país por la Ley 178 de 1994, y la Ley 256 de 1996 que derogó expresamente el título V del libro primero del Código de Comercio sobre competencia desleal y contiene la nueva regulación del tema no aplicable al caso que es objeto de discusión ante este tribunal, por cuanto los hechos que se alegan ocurrieron en el año de 1995 cuando aún no había entrado a regir, tema sobre el cual se ocupó el tribunal previamente.

Sección quinta

Estimación de pruebas

En la contestación de la demanda I.P.G. solicita al tribunal decretar y tener como prueba documental “además de toda la que obra en el proceso” otras que acompaña con su escrito referido. Igualmente, en el memorial en el cual se proponen excepciones previas el apoderado de esta misma parte en este proceso arbitral solicita que “se tengan como pruebas de las excepciones propuestas todos los documentos que se encuentran en el expediente”.

Dentro de las modificaciones en materia probatoria que introdujo al Código de Procedimiento Civil el Decreto 2651 de 1991, cuya vigencia fue nuevamente prorrogada por la Ley 377 de julio 9 de 1997, el tribunal destaca que la regla 2 contenida en el artículo 22 del decreto en cuestión, modifica expresamente el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil en lo atinente con la prueba documental que emana de terceros y respecto de los requisitos que se requieren para que el juez pueda apreciarla al establecer que: “Los documentos declaratorios emanados de terceros se estimarán por el juez sin necesidad de notificar su contenido, salvo que la parte contra la cual se aducen solicite su ratificación de manera expresa (la negrilla es del tribunal.) Dentro de las oportunidades para pedir pruebas no encuentra el tribunal que se haya pedido de manera expresa por el apoderado de I.P.G. la ratificación de tales documentos y, al contrario, como se estableció al comienzo de este acápite, no solo no se guardó silencio sobre el punto sino que se pidió tener como prueba documental toda la aportada al expediente.

Por lo tanto, al apreciar los documentos, los emanados de terceros que obran en el proceso y los instrumentos sin firma que se regulan por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal hará caso omiso de las manifestaciones sobre la imposibilidad de tenerlas como prueba que enfatiza el apoderado de la demandada I.P.G, en el alegato de conclusión y se guiará en el punto por lo ordenado por los artículos 251 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sus modificatorios y en especial por el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991.

En todo litigio el juzgador tiene la obligación de estimar las pruebas que presentan o aducen las partes y si las encuentra desnudas o escasas de valor probatorio, no por eso ataca su validez, sino que las considera como medios insuficientes o inconducentes para llegar al convencimiento de la verdad en las cuestiones que son materia del juicio. Así, pues, si el tribunal estima que de los testimonios y de los documentos aportados no se deducen responsabilidades, no por ello podría argumentarse que la sentencia ataca las declaraciones de los testigos y los distintos documentos analizados, ni que niega su valor probatorio o desconoce su alcance.

Sección sexta

Elementos que configuran la competencia

Después de haber concluido el análisis “in genere” del concepto de competencia desleal tanto desde el punto de vista de la doctrina, de su consagración legal en los antiguos artículos 75 a 77 de nuestro estatuto comercial y sus interpretaciones a la luz de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, corresponde al tribunal, dentro de un orden secuencial lógico, estudiar si los elementos estructurales que configuran la competencia desleal alegada por la parte demandante se dan y, si así fuere, si ellos son imputables a la parte demandada, todo dentro del material probatorio vinculado por las partes al proceso.

Dentro de este orden de ideas, el tribunal reconoce que los siguientes son los elementos estructurales que debe examinar: A. La calidad de comerciantes de las partes; B. Su condición de competidores; C. Los hechos o las conductas que se alegan como competencia desleal y su aptitud para producir un perjuicio, y D. El vínculo de causalidad entre esos hechos o conductas y el demandado.

Por consiguiente, y con ánimo de claridad y orden, se procede al análisis de los elementos citados de una manera separada:

A. La calidad de comerciante de las partes

El Código de Comercio adopta un sistema de carácter objetivo para determinar la calidad del comerciante. El inciso inicial del artículo 10 reza así: “Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles”, y el segundo inciso agrega que, “La calidad de comerciantes se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio del apoderado, intermediario o interpuesta persona”.

Afirma el doctor Ramón Madriñán de la Torre que: “a diferencia de otras profesiones, la de comerciante se manifiesta en la realización de actos jurídicos. Son, pues, las manifestaciones de voluntad del sujeto, concretadas en los términos y modalidades descritos en el artículo 20 del Código de Comercio, las que configuran su particular condición profesional, ya sea porque la efectúe personal y directamente, o bien porque la realice por medio de otros, acudiendo a las diversas modalidades de mandatos y, en especial, a las formas aptas para la efectividad de la figura de la representación”. (Principios de derecho comercial, 6ª ed. págs. 75 y 76).

El artículo 20 del Código de Comercio hace una enumeración, no taxativa por cierto, de actos que se reputan mercantiles y que, de algún modo, cierran el ciclo para determinar, por lo menos de manera aparente, cuándo las personas se comprometen mercantilmente quedando sujetos, al tenor del artículo 22 ibídem, a las disposiciones de este último.

Finalmente, cabe recordar también que la calidad del comerciante se presume en los casos establecidos por el artículo 13 del Código de Comercio, a saber: “(1) Cuando se halle inscrito en el registro mercantil, (2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y (3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio”.

Para el tribunal no fue preciso acudir a material legal y doctrinario adicional para concluir que Marca Lintas S.A., por la parte demandante y The Interpublic Group of Companies, Inc. (I.P.G.), la parte demandada, califican como comerciantes según la normatividad comercial. Respecto de los demás integrantes de la parte actora, a saber, Harold Zea Gil, Fernando Augusto Romero y Hugo Alfredo Vásquez, el tribunal hizo referencia explícita previamente y determinó que no lo eran, de manera que no es menester retomar el tema.

Semejante conclusión se alcanza sobre el análisis del siguiente material probatorio:

a) Marca Lintas S.A.

Obra en el expediente, en los folios 1º y 2º del cuaderno de pruebas 1, un certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que consta que la sociedad Marca Lintas S.A, está registrada con el número de matrícula mercantil 318021 y dicha inscripción ha estado y está vigente en la actualidad.

La presunción que este registro conlleva le ampara su calidad de comerciante puesto que no fue desvirtuada.

b) The Interpublic Group of Companies Inc. I.P.G. es una sociedad extranjera, constituida según las leyes del Estado de Delaware (Estados Unidos de América), con domicilio principal en la ciudad de Nueva York. Así consta, en la certificación expedida en el idioma inglés, traducido oficialmente al español, por el señor Monroe S. Singer, escribano condal y escribano de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, cuya firma fue abonada por el cónsul colombiano en esa ciudad y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

El antedicho documento, que puede ser apreciado como prueba por reunir los requisitos exigidos por el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, hace parte de la escritura pública 3956 de 7 de julio de 1995, otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de Santafé de Bogotá, la cual obra a los folios 3 a 11 del cuaderno de pruebas 1.

No aparece demostrado que I.P.G. haya constituido una sucursal en Colombia para que pueda emprender negocios de carácter permanente en el país, según el artículo 471 del Código de Comercio. Inicialmente optó por actuar a través de apoderados ocasionales, como el doctor Alfonso Lloreda Camacho, para comprometerse en la inversión de capital accionario en la sociedad Marca Lintas S.A., según resulta del contrato de promesa de compraventa de establecimiento comercial que aparece a los folios 12 al 17 del cuaderno ibídem y más tarde facultó a los doctores José Antonio Lloreda y Gustavo Tamayo Arango, para representar sus derechos de accionista de Marca Lintas S.A. en las reuniones de asamblea general de accionistas que aparecen en los folios 139 y 140 ibídem.

Está demostrado, precisamente por la escritura 3956 mencionada, que posteriormente I.P.G., a través de su vicepresidente director, señor Christopher Rudge, el 4 de junio de 1992 otorgó poder general permanente a los doctores Alfonso Lloreda Camacho, José Antonio Lloreda y Gustavo Tamayo Arango para representarla en Colombia, conjunta o individualmente, entre otras cosas, para “representarnos ante las compañías o sociedades colombianas de las cuales seamos accionistas o socios” (fl. 8, c. de pruebas 1).

Consta en el expediente que el poder anterior fue ejercido indistintamente por los doctores José Antonio Lloreda y Gustavo Tamayo Arango, quienes concurrían a representar a I.P.G. en las distintas reuniones de asamblea de accionistas de Marca Lintas S.A.

Confluyen en I.P.G., por consiguiente, los supuestos del antes transcrito inciso segundo del artículo 10 del Código de Comercio, respecto del ejercicio mercantil por medio de apoderado, con el numeral 5º del artículo 20 del Código de Comercio que reza así:

“ART. 20.—Son mercantiles para todos los efectos legales:

...5. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones...”.

En razón del material probatorio que el tribunal ha tenido a su disposición, le fue imperioso reconocer, por consiguiente, la calidad de comerciante de Marca Lintas S.A. y de la sociedad The Interpublic Group of Companies, Inc.

B. La condición de competidores

El segundo elemento básico para configurar la competencia desleal es, como su nombre lo indica, que esta se dé entre personas o entidades con vocación a competir.

La competencia es un asunto de hecho, que varía constantemente, dependiendo de factores diversos que inclusive pudieran ser ajenos a la voluntad humana.

No obstante, para este tribunal, la noción de competencia ocurre cuando dos comerciantes se disputan un espacio común de negocio o cuando están dedicados a ramos semejantes aunque las actividades sean distintas. El caso más corriente se presenta entre productores o comercializadores de productos afines. Pero podría darse también entre el fabricante y el comercializador de un mismo producto o de un producto afín o entre el inversionista y el vendedor.

Con base en esta aproximación simple al contenido del concepto de competencia, el tribunal encuentra que este segundo elemento también podría configurarse entre Marca Lintas S.A. y The Interpublic Group of Companies Inc. (I.P.G), por cuanto ambas empresas vinculan su actividad principal al negocio de la publicidad y al mercadeo comercial de productos.

En el caso de Marca Lintas S.A., su actividad profesional de publicista se manifiesta en el proceso con meridiana claridad. En efecto, desde su inicio, la parte actora acompaña una copia de la escritura pública 2288 del 25 de octubre de 1991, otorgada ante el notario 16 del Círculo de Bogotá, que contiene la reforma de los estatutos de la sociedad Publicidad Lintas de Colombia S.A., cambiando su denominación social por la de Marca Lintas S.A. y estableciendo en su artículo tercero el objeto social, así: “La sociedad tendrá por objeto en los términos de la ley y como agencia de publicidad el siguiente: Realizar todo tipo de actos comerciales relacionados con la creación, producción y desarrollo de campañas publicitarias, investigaciones, proyectos de mercadeo y proyectos de comunicación incluyendo los estudios y cambios de imagen visual corporativa ...” (fls. 18 a 47, c. de pruebas 1).

Pero, además, obra bastante material documental que corrobora que Marca Lintas S.A. ejerció en la práctica su propósito social. Basta referirse, a manera de ejemplo, a las publicaciones del diario “El Tiempo” aportadas durante la inspección judicial a la sociedad “Marca Lintas S.A.” que aparecen en los folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas 5, que en sí mismos carecen de valor probatorio como acertadamente lo alega la parte demandada, pero que junto con otros también aportados al proceso por las partes, ilustran el juicio del tribunal sobre este punto específico.

Bastante más difícil resulta para el tribunal identificar el ámbito de los negocios de I.P.G con miras a determinar si es una entidad con aptitud de competir con Marca Lintas S.A. En efecto, si bien aparece en autos la demostración del establecimiento y la existencia legal de I.P.G en el exterior, como se mencionó anteriormente, no se encuentra una prueba formal de su objeto social.

Obra en el expediente una afirmación del testigo John A. Chiswell (fl. 367, c. de pruebas 7), describiendo a I.P.G como una “Holding” de compañías, entre otras de Lintas y de McCann Erickson, ambas compañías vinculadas a la actividad de publicidad y, además, como una muy exitosa empresa dentro del negocio de las comunicaciones, cuyo valor accionario ha venido en permanente crecimiento.

A esta afirmación pueden agregarse las comunicaciones directamente emanadas de I.P.G, en su propio papel impreso en el que se identifica en el campo de “Worldwide Advertising and Marketing Communications” (no traducido al español), que obran en su texto original en idioma inglés en los folios 231, 327 y 355 del cuaderno de pruebas 1 y su correspondiente traducción (excepto el calificativo de negocio) que obra en los folios 98, 57 y 46, respectivamente, del cuaderno de pruebas 7, de las cuales puede colegirse la participación de I.P.G en el negocio publicitario.

El agregado de todos estos hechos, más la conducta procesal de las partes que nunca pusieron en duda la naturaleza o el tipo de negocios en que I.P.G se desenvuelve, llevan al fribunal, en su afán de llegar al fondo del problema y alcanzar la verdad objetiva, a aceptar por el momento que podría existir un espacio común de negocios en que lass partes en contienda pudiera encontrarse para competir y que, en todo caso, la actividad propia de cada uno está en ramos de negocios similares.

C. Los hechos o conductas desleales con potencial de daño

El tribunal considera, con base en la fundamentación jurisprudencial y doctrinaria que ha citado previamente, que el acto o hecho competitivo debe ser “desleal”. La lealtad es un concepto ético que implica el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad, del honor y de la hombría de bien. A contrario sensu, lo desleal es todo aquello que va en contravía de esos principios.

No es preciso que el acto desleal venga precedido de mala fe o de la intención tortuosa de buscar el perjuicio del competidor al generar la confusión del mercado, la desviación de clientela, su desorganización interna o cualquiera de los otros postulados fácticos que enuncia el antiguo artículo 75 del Código de Comercio. Bastaría una actitud negligente o culposa, es decir, una conducta aún desprovista de mala intención pero con capacidad de crear los mismos efectos perjudiciales.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 26 de julio de 1996 (págs. 49 y 50), dice así:

“A diferencia de lo que parece insinuar en términos generales el artículo 75 del Código de Comercio en el sentido de consagrar allí la exigencia de un comportamiento doloso del competidor demandado para que se configure la institución de la competencia desleal, el numeral 9º de dicho precepto se encarga de despejar esa duda al tipificar así mismo como tal cualquier conducta culposa de aquel que, siendo contraria a la costumbre mercantil , afecte los intereses de sus rivales. No es entonces indispensable la existencia de dolo en el demandado para que se estructure esta figura, porque la conducta culposa también puede dar fugar a ella, cualquiera sea el grado de la misma. (la negrilla es del tribunal)

Y, en torno al tema del daño, prosigue así nuestro máximo tribunal de justicia:

“Ni el citado artículo 75 ni el 76 del Código de Comercio exigen tampoco que el competidor demandante haya experimentado un perjuicio singular y distinto del que de suyo encierran las prácticas mercantiles prohibidas, para que proceda la acción por competencia desleal, ni menos es necesario que haya en efecto confusión, desviación o desorganización de la clientela o de la empresa y el mercado, para que dicha acción sea de recibo, pues basta que los actos ejecutados por el competidor y de los cuales se duele el actor, sean por sí mismos suficientes para producir esos resultados, esto es, que sean intrínsecamente aptos para producir esos efectos”... ( la negrilla es del tribunal).

Con estos planteamientos de la Corte Suprema de Justicia que, como se dijo, el tribunal acoge plenamente, y después de analizar el material probatorio aportado, el tribunal concluye que existieron ciertos hechos que pudieron haber configurado competencia desleal con potencial por sí solos de causar daño.

1. Los hechos o actos desleales alegados por el demandante

La parte actora afirma que la parte demandada incurrió en actos desleales, a través de agentes suyos liderados por el señor Paul Heath, a quien designó como presidente de Marca Lintas S.A. en ejercicio de un privilegio que se le concedió desde la celebración del contrato de promesa de compraventa de establecimiento comercial varias veces citado, secundado por el señor Juan Pablo Rocha y el señor Juan Fernando Villamil.

Estos hechos, agravados en su parecer por el hecho de originarse en un accionista de la sociedad ofendida, afirma el demandante que causaron desvíos de clientela, privaron a Marca Lintas S.A. de empleados técnicos y de confianza y fueron fuente de confusión en el mercado por el uso de la marca Lintas.

Para el tribunal, la parte actora fue exitosa en la demostración de algunos de esos hechos. En efecto, tomemos algunos, los más importantes elementos de probanza:

a) La declaración del señor Ricardo Chávez (fls. 149 a 164 del c. de pruebas 7).

Este testigo llegó a desempeñar el cargo de vicepresidente creativo de Marca Lintas S.A. Dicho cargo, según lo confirman diversas declaraciones testimoniales, es de altísima importancia en una agencia de publicidad. En particular, al seño Chávez se le reconoció su capacidad para reemplazar en el cargo al señor Hugo Alfredo Vásquez, uno de los demandantes, quien es reconocidamente una autoridad en esa materia (declaración del testigo Juan Pablo Rocha, fls. 456 y 457 ibídem y del testigo Gerardo Sánchez Cristo, fl. 247 ibídem).

El señor Chávez declaró, de manera inequívoca, que el señor Paul Heath, en ese entonces presidente de Marca Lintas S.A. le informó que tenía autorización internacional para abrir una nueva agencia, para lo cual ya se le había situado un dinero desde el exterior, con el propósito de manejar cuentas hasta entonces de Marca Lintas S.A. como Lever, Johnson & Johnson y Bayer y le ofreció un importante cargo con mayor remuneración.

Es cierto que este testimonio es contradictorio con el del señor Juan Pablo Rocha, para quien el señor Heath, por razón de hablar muy mal el español podría ser interpretado como si estuviera hablando de una nueva agencia cuando se refería a “la nueva Marca Lintas sin Harold, sin Fernando y sin Hugo, finalmente eran los tres socios y se iban a ir” (fl. 467, c. de pruebas 7).

Sin embargo, los principios de la “sana crítica” como lo enseña el maestro Antonio Rocha, en su obra “De la prueba en derecho” (5ª edición, págs. 398 y ss.) inducen al tribunal a preferir el dicho de quien vivió la experiencia personalmente, no una sino dos veces, en reuniones extensas que facilitaban la comunicación personal y que se corroboraron por la creación de otra agencia de publicidad al poco tiempo, bajo la dirección de Heath y la colaboración de Rocha, a la que fueron a parar clientes importantes de Marca Lintas S.A.

b) El testimonio de Juan Pablo Rocha. (fls. 447 a 485, c. de pruebas 7)

Este testigo, cuyo contrato de trabajo fue cancelado unilateralmente por Marca Lintas S.A. por ser sospechoso de estar gestando una nueva agencia para competir con esta, declaró que el señor Heath, en un término muy corto después del retiro de los dos de su antigua empresa (“dos o tres días”), lo invitó a acompañarlo en la “nueva agencia” que casi inmediatamente empezó a atender a Unilever, quizás el cliente más importante de Marca Lintas S.A. (fl. 477 ibídem).

Esa nueva agencia estaba autorizada por Lintas desde Nueva York, según le informó Heath (fl. 476 Ibídem). Además en el muy corto lapso desde su desvinculación de Marca Lintas S.A., Paul Heath había logrado conseguir como clientes a Unilever y Jonhson & Jonhson, previas “bastantes conversaciones con los clientes y con Nueva York” (fl. 473 ibídem).

Finalmente, confirma en su testimonio que Paul Heath recibió instrucciones de Lintas de atender a sus clientes alineados, preocupados por los problemas internos de Marca Lintas S.A., dándoles “servicio como sea” (fl. 462 ibídem) para evitar problemas internacionales.

c) Las antedichas declaraciones testimoniales, apreciadas con otros hechos que las corroboran, permitirían inferir que las conductas lideradas por el señor Paul Heath, con ánimo o sin él, pudieron causar resultados propios de la competencia desleal.

Así, por ejemplo, con fecha 11 de julio de 1995, pocos días después de la destitución de Paul Heath como presidente de Marca Lintas S.A. y la de Juan Pablo Rocha como vicepresidente, el señor Spencer Plavoukos, presidente de Lintas Worldwide, comunicó al señor Frank Schott, vicepresidente de Mercadeo de Unilever, la decisión de su empresa de establecer una nueva agencia para servirle en sus actividades publicitarias (fl. 325 ibídem).

Varios empleados de Marca Lintas S.A, se retiraron alegando razones personales en los días subsiguientes y fueron a trabajar —según afirmaron por invitación de un aviso de prensa cuyo origen desconocían— a la entonces llamada L.H.C. Publicidad Colombia S.A. (LHC), que en 25 de enero de 1996 cambió su denominación por la actual de Ammirati Puris Lintas S.A., esta sí incluyendo el nombre Lintas en su razón social. (fls. 12 y 13, c. de pruebas 3)

Algunos de los empleados que se retiraron de Marca Lintas S.A. en un plazo muy corto resultaron trabajando en LHC, atendiendo, los mismos clientes que antes atendían en su empleo anterior. En particular, Marcela Herrera, Germán Martínez y Juanita del Corral, además del propio Juan Pablo Rocha. En el caso del señor Martínez, su tarjeta de presentación como creativo de LHC indica que esta compañía tenía la representación de Lintas. Esta tarjeta obra al folio 323 del cuaderno de pruebas 1.

Todo lo anterior, vino a confirmar lo que algunos meses antes, en junio de 1995, era un rumor serio de que Lintas estaba planeando montar una agencia. (declaración de Margarita Páez, fl. 119, c. de pruebas 7).

d) Los hechos anteriores son parte, en opinión del tribunal, de una cadena indiciaria seria que puede conducir a demostrar la existencia de una competencia desleal de carácter culposo. Excluye el tribunal la competencia desleal con dolo puesto que nada encuentra en el proceso que compruebe mala fe o intención dañina. No hay rastros probatorios de conductas malignas orientadas hacia la competencia desleal.

Tales conductas pudieron causar, además del desvío de clientela importante, algún grado de confusión en el mercado como lo prueban las comunicaciones dirigidas a las direcciones equivocadas y el dicho de testigos, como el señor Gerardo Sánchez Cristo, para quien la confusión no era difícil de aclarar pero existía porque había dos empresas que representaban a Lintas. (fls. 246 y 248 ibídem).

2. La potencialidad de causar daño

Los hechos o actividades que pudieran configurar competencia desleal en este caso tienen, a juicio del tribunal, intrínsicamente la característica potencial de causar daño a quien los sufre. Basta pensar en lo que representa perder los clientes multinacionales más importantes.

Sin embargo, sobre el daño real que se hubiere causado, cree el tribunal que debe pronunciarse solamente si después de terminar su análisis sobre la eventual competencia desleal y la relación de causalidad entre esta y el demandado, hubiere mérito para dicho pronunciamiento.

3. El comportamiento contrario a la costumbre mercantil

El numeral 9º del antiguo artículo 75 del Código de Comercio, con base en el cual, como lo afirma la Corte, es posible contemplar el caso de la competencia desleal culposa, es clarísimo en vincular la conducta lesiva con la costumbre mercantil. Así lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de julio de 1996 cuyos acápites pertinentes citamos anteriormente.

Y así como el tribunal reconoce el éxito de la probanza por la parte demandante de hechos que puedan constituír competencia desleal, hecha de menos la prueba de su carácter contrario a la de la costumbre mercantil. Esta requiere prueba especial, como lo exigen los artículos 189 y 190 del Código de Procedimiento Civil, que además debe someterse al rigor extremo del artículo 6º del Código de Comercio.

El tribunal reconoce la dificultad de la prueba pero tiene la exigencia legal de requerirla para considerar demostrada la competencia desleal.

4. El vínculo causal

El último elemento estructural de la competencia desleal es la relación de causalidad entre los hechos o actividades de competencia desleal y el demandado. Es decir, si asumiéramos la existencia de la competencia desleal por razón de las actividades lideradas por el señor Paul Heath contra los intereses de Marca Lintas S.A. todavía sería preciso demostrar que ellas tuvieron origen en el demandado, The Interpublic Group of Companies, Inc. (I.P.G).

El tribunal, después de revisar minuciosamente el acerbo probatorio recaudado en el proceso, no encontró demostración de vínculo causal entre los hechos generadores eventualmente de competencia desleal y el demandado.

Considera el tribunal que dicho vínculo causal debería haberse probado cubriendo dos aspectos: (a) El vínculo jurídico entre el demandado I.P.G y quien causó el daño, bien sea la persona jurídica, inicialmente LHC Publicidad de Colombia S.A. ahora Ammirati Puris Lintas S.A, o el señor Paul Heath u otras personas naturales que la representaran y, por consiguiente, pudieran comprometerla con su conducta lesiva, y (b) el vínculo material, entendiendo por tal, las instrucciones, órdenes o indicaciones conforme con las cuales el infractor pudiera haber obrado.

En efecto, está acreditado en el proceso que la sociedad de la que pudiera afirmarse que diseñó actos generadores de competencia desleal, esto es, LHC Publicidad Colombia S.A., hoy Ammirati Puris Lintas, no ha tenido en su registro accionario a I.P.G como accionista, ni la tiene hoy en día. En la inspección judicial (c. de pruebas 3) que el tribunal realizó en Ammirati Puris Lintas S.A. se exhibió el libro de registro de accionistas y se agregó en copia al expediente. En este libro consta que los accionistas son las sociedades Business Science Research Corporation e International Business Services, Inc. y las personas naturales Juan Fernando Villamil, Juan Pablo Rocha y Jorge Pabón.

No hay prueba alguna de vinculación jurídica, material o de cualquier otra índole entre I.P.G y las sociedades accionistas de Ammirati Puris Lintas S.A. Tampoco aparece demostrado el vínculo entre I.P.G y el señor Paul Heath u otras personas naturales que pudieren haber ejecutado los actos desleales, como funcionarios de LHC Publicidad Colombia S.A.

Sección séptima

Indicios de vinculación de I.P.G a Lintas

Del conjunto probatorio aparece repetidamente la mención de que la sociedad demandada I.P.G. es una matriz o “holding” tanto de la demandante Marca Lintas S.A., como de Lintas International (UK), o de Lintas Worldwide de Nueva York, o simplemente de Lintas. Tal calidad también se concluye de las actuaciones de algunos funcionarios de Lintas Worldwide de Nueva York que constan en varios documentos, o que se deduce implícitamente de ellos.

a) El tribunal considera del caso citar en primer término el contrato de promesa de compraventa de establecimiento de comercio de fecha 30 de septiembre de 1991, que obra a folios 12 a 17 del cuaderno de pruebas 1, cuya finalidad consistió en que Marca Creatividad y Mercadeo Ltda., y sus socios le prometían vender el establecimiento de comercio que conformaban a Publicidad Lintas de Colombia S.A. y a sus accionistas, quienes a su vez se obligaban a comprarlo, con la concurrencia en el mismo contrato de I.P.G., quien se obligaba a su vez a suscribir un paquete accionario, todo bajo los términos y condiciones que se pactaron en el mismo contrato.

La cláusula décima primera de este contrato expresa textualmente lo siguiente:

“Los socios de Marca expresamente aceptan que administrarán a Lintas de conformidad con las normas, políticas, reglas y prácticas uniformes que son aplicables a todas las subsidiarias de I.P.G. en el mundo. En el anexo K del presente, el cual forma parte integrante del mismo, las partes han incluido algunas de las reglas mínimas que según lo aquí establecido serán aplicables a la administración de Lintas por los socios de Marca. Por consiguiente, la violación de las normas y políticas de I.P.G. por la administración de Lintas mientras esta esté controlada por los socios de Marca se considerará como incumplimiento del presente contrato, si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la notificación de I.P.G. a los socios de Marca de la ocurrencia de alguna violación de tales políticas, no se hubiere corregido tal violación o subsanado sus efectos, lo cual dará derecho a I.P.G. de tomar las medidas pertinentes según se establece en el presente contrato”. (negrilla del Tribunal).

Es del caso observar que el anexo K que aquí se menciona como parte del referido contrato no se incorporó al expediente como prueba.

Concordante con esta estipulación 11ª, la cláusula segunda del mismo contrato —dentro de las obligaciones que asumían incondicional e irrevocablemente las partes, en su literal H— dispuso:

“Que Lintas suscriba con Lintas International (UK), sociedad constituida según las leyes de la Gran Bretaña, domiciliada en Londres, Inglaterra, un contrato de servicios profesionales y de asesoría de publicidad en los términos del proyecto que forma parte integrante del presente documento como anexo H según el cual la sociedad colombiana a cambio de tal asesoría pagará honorarios equivalentes al 2% de su facturación o de la facturación conjunta, según sea el caso, a partir del primero (1º) de octubre de 1991”.

Igualmente anota el tribunal que el citado anexo H no está agregado al proceso como prueba.

Además, en la cláusula octava se dispone que: “la administración de Lintas será ejercida por un presidente ejecutivo escogido por I.P.G” y en la misma cláusula más adelante se repite “A su vez, el presidente de Lintas será la persona que indique I.P.G.”.

De los apartes transcritos del contrato de promesa de compraventa de establecimiento de comercio parece deducirse que I.P.G. es sociedad matriz de Lintas International (U.K.) porque a términos del literal H de la cláusula segunda transcrita, podía obligarse por ella a suscribir un contrato de asesoría técnica, como en efecto se suscribió el 28 de octubre de 1991 (fls. 48 a 58 del c. de pruebas 1).

También el pacto contenido en la cláusula octava referente a la designación del presidente de Lintas —Marca Lintas S.A. luego del perfeccionamiento de la venta del establecimiento de comercio— por parte de I.P.G., hace suponer que esta sociedad I.P.G. es matriz de Marca Lintas S.A.

Y, finalmente es clarísima la aseveración que trae la cláusula decimaprimera sobre la condición de subsidiaria de I.P.G. por parte de Marca Lintas S.A. y la obligación que adquiere esta de someterse como todas las demás subsidiarias a las políticas de I.P.G., reconocimiento que hace el apoderado general de I.P.G. en Colombia al suscribir el contrato que el tribunal ha venido analizando.

b) En la declaración del señor Jhon Alfred Chiswell recibida por el tribunal en audiencia del 21 de mayo de 1997 (acta 9 bis) se lee lo siguiente:

“... la verdad es que yo me iba a retirar a mediados del 95, pero eso dependía un poquito de haber logrado un reemplazo para mi en ese tiempo. Finalmente logramos en una reunión en México que estuvo presente el señor Paul Heath, tomamos contacto con él, es un excelente profesional, venía de Korea donde Lintas acababa de cerrar su agencia en Korea y estaba rumbo a Chile donde le habían ofrecido un puesto y le propusimos la posibilidad de si le interesaba venir aquí; estuvo aquí un par de días, profesionalmente dio una buena impresión, siguió a Estados Unidos, se entrevistó con la gente en Nueva York y la gente en Nueva York inmediatamente lo tomó y el se vino a mediados de 94 y la instrucción mía era de poco a poco cederle la presidencia, dentro de los arreglos entre I.P.G y Marca, el acuerdo es que el presidente lo nombra Lintas como subsidiaria de I.P.G”.

Y más adelante relata al tribunal lo siguiente:

“... Viene el día 6 de abril en el cual está citada la asamblea general de accionistas y viene por primera vez el presidente de la compañía el señor Spencer y el señor Lubrano que es el vicepresidente financiero, la sorpresa más clave en todo este tema, vienen a la reunión y se procede a mostrar los resultados que por cierto eran excelentes ... Acto seguido se sigue con la agenda y se llega al punto de la distribución de dividendos y sobre este tema había un planteo hecho y los señores de I.P.G objetaron la distribución...”.

En respuesta a la pregunta de uno de los árbitros también dice que “I.P.G es la holding de Lintas” y al responderle a la apoderada de la demandante al interrogante de “¿Qué vínculo tiene I.P.G o Lintas Worldwide, o los diferentes nombres hasta llegar a Ammirati Puris Lintas con Unilever? Responde “La palabra Lintas originalmente significa Liba International Advertising Selles. Eso conforma la sigla Lintas y eso era una agencia cautiva de Unilever que hace 25 años la vendieron parcialmente y hace 20 años la vendieron totalmente a I.P.G”.

Para el tribunal lo dicho por el Señor Chiswell —quien tuvo desde su fundación en Colombia la calidad de presidente de Publicidad Lintas de Colombia S.A. y luego por más de tres años la de presidente de Marca Lintas S.A.— en cuanto a la vinculación de I.P.G. con Lintas, no le merece la menor duda. Los tantas veces nombrados en este proceso los señores Spencer Plavoukos y Vincent Lubrano, funcionarios (presidente y vicepresidente respectivamente) de Lintas Worldwide de Nueva York, actuaban en representación del accionista de Marca Lintas S.A. la sociedad I.P.G. y así era aceptado por los demás accionistas. Lintas, como se extrae también de esta declaración, escoge por I.P.G. el presidente de Marca Lintas S.A. y define por I.P.G. los temas que se someten a consideración de la asamblea general de accionistas de Marca Lintas S.A.

c) Más significativo aún de la ingerencia directa de Lintas Worldwide en la gestión y definición de derroteros de Marca Lintas S.A. es el episodio que se ha traído a este proceso arbitral en pruebas documentales y testimoniales irrefutables, relativas a la visita de los accionistas de Marca Lintas S.A., señores Fernando Augusto Romero Gutiérrez, Harold Zea Gil y Hugo Alfredo Vásquez a Nueva York el 27 de febrero de 1995.

En efecto, el tribunal oyó los testimonios de Arturo Acosta Villaveces (fls. 184 y ss. c. de pruebas 7) y de Margarita Páez (fls. 130 y ss. c. de pruebas 7) que se rindieron el 30 de abril de 1997 (acta 7). De ellos se extrae que los interlocutores para los planteamientos que se llevaron sobre la posible modificación a las obligaciones de los socios colombianos de Marca Lintas S.A., que se derivaban del contrato de venta del establecimiento de comercio que se perfeccionó por escritura pública 8423 de octubre 28 de 1991 de la Notaría 4ª de Bogotá, fueron los señores Spencer Plavoukos y Vincent Lubrano, presidente y vicepresidente de Lintas Worldwide.

El fax de fecha 27 de febrero de 1995 que envió el señor Spencer Plavoukos a Paul Heath, presidente de Marca Lintas S.A., —que se tradujo en el proceso— y obra a folios 279 del cuaderno de pruebas 1 en inglés y en los folios 91 y 92 del cuaderno de pruebas 7 en español resume los acuerdos a que llegaron entre “socios” en la reunión celebrada en Nueva York. Y nuevamente el fax de fecha 28 de febrero siguiente enviado por el mismo funcionario de Lintas Worldwide (fl. 280 del c. de pruebas 1) modifica la posición asumida la víspera sobre el mismo tema.

Para el tribunal está establecido con meridiana claridad en estas pruebas y otras muchas que obran en el expediente, que el interlocutor válido para los socios colombianos de Marca Lintas S.A. fueron siempre los funcionarios de Lintas Worldwide (c. de pruebas 1, fls. 296, 297, 298, 299, 300, 301 y ss, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320) quienes actuaban en representación de I.P.G.

d) Desde antes de que se prestaran las desavenencias entre las partes que se debaten en este tribunal se ha podido establecer que los mismos funcionarios de Lintas Worldwide, atrás mencionados, han tomado las decisiones relativas al manejo de Marca Lintas S.A. y más precisamente de las acciones de I.P.G. en esta sociedad.

El testimonio rendido por el señor Fernando Augusto Romero Gutiérrez en audiencia de abril 29 de 1997 del Tribunal de Arbitramento entre John Alfred Chiswell y Vladimir Ivanoff v. The Interpublic Group Of Companies Inc., que se incorporó a este proceso arbitral en inspección judicial de junio 11 de 1997 (acta 15), al responder una pregunta relacionada con la renuncia al derecho de preferencia en la negociación de unas acciones de Marca Lintas S.A. de propiedad de los demandantes en aquel proceso, que constaba en documento auténtico del año 1991, el declarante manifestó “Nosotros cuando hicimos ese documento que se le consultó al presidente de Lintas América señor Spencer Plavoukos...”.

También traída del mismo proceso y en la misma diligencia, en la declaración de Harold Zea Gil al relatar las circunstancias del aumento de capital de la sociedad Marca Lintas S.A. de $1 millón a $ 40 millones que se hizo en el año de 1994, este comenta:

“Normalmente estos procesos con Lintas eran absolutamente complejos, porque es una organización que tiene una serie de normas políticas y procedimientos que hacen que los procesos no sean fluidos.

La realidad es que en las juntas directivas siguientes no hubo una respuesta de parte del doctor Gustavo Tamayo y no se si fue que la comunicación nunca llegó a Nueva York o llegó a Nueva York y no respondió, lo cierto es que no pasó en los primeros meses no se dio ninguna definición al respecto y luego en una visita que hizo a Colombia el señor Spencer Plavoukos que era el presidente mundial de Lintas con sede en Nueva York, él vino a Bogotá con el objetivo de hacerle seguimiento a la relación de los socios locales con Lintas Internacional y en esa reunión nos pidió que hiciéramos como un listado de las cosas que nosotros considerábamos impedían la fluidez del negocio y afectaban las relaciones normales con ellos.

Entre muchas cosas que listamos, aparecía la solicitud de aumento de capital, la cual él nos pidió que argumentáramos en esa reunión y argumentamos y en esa reunión general él prácticamente nos aprobó todo el listado de peticiones, entre ellas el aumento de capital; luego en una junta directiva no recuerdo exactamente, creo que fue en el 93 o principios del 94 llevamos la autorización que había dado el doctor Spencer Plavoukos en representación de I.P.G, luego eso se llevó a asamblea y en la asamblea en donde estaba representada I.P.G con sus apoderados específicamente con el doctor Gustavo Tamayo, se me autorizó a mí como representante legal a proceder a los trámites legales para aumentar el capital”.

Sobre el punto también el señor Hugo Alfredo Vásquez declaró “... el señor Spencer Plavoukos aprobó personalmente y recuerdo cuando entró a la agencia en Bogotá en ese momento aprobó personalmente el aumento de capital...”.

El tribunal trae a colación estas declaraciones de los tres socios nacionales de Marca Lintas S.A. para destacar que la administración por parte de Lintas se hacía en nombre de I.P.G. hecho que está además acreditado en ingente prueba documental arrimada al proceso.

Concordante con las declaraciones antes transcritas el acta 11 de la asamblea de accionistas de Marca Lintas S.A. celebrada el 22 de abril de 1994 dice textualmente lo siguiente:

“... 9. Decisión sobre aumento de capital. El señor Harold Zea en su función de representante legal solicitó a los miembros de la asamblea considerar la propuesta de aumento de capital para la sociedad Marca Lintas S.A. a la suma de $ 3 9 millones, requerimiento que ya había sido planteado en la asamblea ordinaria del 30 de abril de 1993 y postergado en espera del concepto de I.P.G.

Analizando nuevamente el tema y teniendo en cuenta que el 17 de marzo de 1994 se recibió de Lintas Worldwide el concepto favorable en dicho sentido, los miembros de la asamblea autorizaron el incremento de capital a la suma de $ 40 millones y delegaron en el señor Harold Zea el trámite legal respectivo” (fl. 190 vuelto, c. ppal.).

e) Y finalmente el tribunal considera importante mencionar como prueba de que Lintas Worldwide actuaba a nombre de I.P.G., la carta de julio 11 de 1995 (fl. 59 del c. de pruebas 7) en la cual el señor Spencer Plavoukos se dirige a Unilever para informarlos sobre el despido de Paul Heath de Marca Lintas S.A., la posición de accionista minoritario en que quedaba I.P.G. y la creación de una nueva agencia para el manejo de la cuenta de Unilever por parte de Lintas.

A pesar de todo lo relacionado en este acápite sobre el vínculo entre Lintas e I.P.G., para el tribunal es claro que todos estos indicios no demuestran que esta última sociedad fue la que obró como competidora desleal, o sea que son procesalmente válidos pero carecen de eficacia probatoria para demostrar los hechos pertinentes.

Sección octava

Responsabilidad

Examinadas las distintas declaraciones de los testigos, así como el interrogatorio de parte del señor Hugo Alfredo Vásquez, las 5 inspecciones judiciales que se practicaron, los documentos aportados, traducidos y exhibidos y el dictamen pericial, el tribunal estima que aún habiéndose podido presentar algunas conductas que pudieran calificarse como actos de competencia desleal, la parte demandante no logró probar que tales comportamientos fueron utilizados por la compañía demandada, o por sus agentes o representantes. Se entiende claramente que la persona jurídica puede ser sujeto activo de la responsabilidad, toda vez que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y por lo mismo responsable de los perjuicios que cause en el ejercicio de su actividad. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la responsabilidad civil por actos ilícitos no solo corresponde a la persona natural, sino a la jurídica. Esta responsabilidad se desprende como una lógica consecuencia de la real y amplia capacidad de obrar, reconocidas por el derecho a estas personas o entidades colectivas. Las personas jurídicas en general no tienen voluntad, sino que, por mandato de la ley, los actos volitivos de sus agentes o representantes producen efecto sobre el patrimonio social y comprometen el ente ficto; no pueden ellas cometer delitos o culpas en la esfera de la normatividad penal; tales hechos o actos solo pueden ser juzgados en cabeza de sus autores. La actual doctrina de la Corte pregona que se trata de responsabilidad civil directa la que le cabe a una persona jurídica por los hechos nocivos de sus dependientes, cualquiera que sea la categoría que estos ocupen (Ss. Cas. Civil y Negocios Generales, jun. 30/92, Gaceta Judicial, T. XCIX, págs. 88 y ss. y 655 y ss). En fin, estos entes ficticios son seres dotados de voluntad y finalidad propias que se expresan a través de los órganos y de la persona moral que son su encarnación viviente y sin los cuales aquellos no podrían actuar.

Dentro del extenso acerbo probatorio, no aparece que los órganos de la sociedad convocada hubieran impartido órdenes o instrucciones a sus representantes o dependientes para utilizar medios o sistemas encaminados a crear confusión, a desacreditar a la sociedad demandante, a desorganizarla internamente, a privarla de sus técnicos o empleados de confianza, a desviarle la clientela y en una palabra, para ejercer actos contrarios a la libre y leal competencia económica, es decir actos de competencia desleal.

Tampoco se observa que un agente de I.P.G. —cualquiera que fuera su cargo— obrando en su nombre y representación haya sido autor del hecho dañoso originado en la competencia desleal. No está probado que las conductas que se endilgan a la parte demandada hayan sido cometidas por sus administradores o representantes y si en gracia de discusión alguna de tales conductas encuadra dentro de los hechos que según el antiguo artículo 75 del Código de Comercio constituyen competencia desleal, no por ello se puede afirmar que I.P.G. fue el infractor.

El señor Paul Heath, quien pudiere parecer representando los intereses de I.P.G., no figuró nunca como representante legal de dicha sociedad y quienes estaban acreditados como apoderados de esta sociedad en Colombia, doctores Alfonso Lloreda Camacho, José Antonio Lloreda y Gustavo Tamayo Arango, jamás se les ha tildado de haber ejecutado actos de competencia desleal.

Tampoco se demostró que los señores Juan Pablo Rocha, Juan Fernando Villamil o cualquier otra persona, hayan obrado como los representantes de I.P.G. en la supuesta comisión de actos de competencia desleal y no quedó acreditada la circunstancia de haberse creado o de haber nacido a la vida jurídica la compañía Ammirati Puris Lintas S.A. (antes LHC Publicidad Colombia S.A.) por insinuación o decisión de I.P.G. o que esta sociedad participa en forma directa o indirecta en aquella en calidad de accionista o a cualquier otro título.

Emerge, entonces, la tesis de que aun en el supuesto de que a Marca Lintas le cupiera teóricamente derecho a indemnización por concepto de haber sufrido actos de competencia desleal, el tribunal no podría proceder a una condena de una cantidad cierta y determinada, porque no se demostró en parte alguna que la sociedad demandada, con su conducta desorganizó a la compañía convocante, o por medio de ciertos sistemas o maquinaciones le creó confusión, descrédito o le desvió la clientela y al no haberse probado esa relación que necesariamente debe existir entre el daño causado y quien lo causa, es inútil como inoficioso entrar a calcular con algún fundamento siquiera plausible a cuánto hubiera ascendido el valor de los perjuicios por el presunto comportamiento culposo de I.P.G.

Los peritos, doctores Pineda y Rubinstein, auxiliares de la justicia, rindieron un concepto razonado, preciso y concluyente, fundado en hechos manifiestos o preguntas concretas, pero de este dictamen no se desprende que se presentaron unos daños, estimados en una cifra determinada o determinable y que tales daños fueron causados por alguien.

En la narración de los hechos, entre las afirmaciones que hace la demandante, está la de que I.P.G. permitió que se diera la confusión en algunos proveedores y en los diferentes medios encargados de la publicidad creada por Marca Lintas S.A. (radio, prensa, televisión) y así también, que I.P.G deterioró la imagen de Marcas Lintas S.A. por la filtración de la información de los clientes a terceras personas, hechos que quedaron huérfanos de respaldo probatorio, como quiera que no aparece en el voluminoso expediente acreditada la ejecución o autoría de esos hechos por parte de la demandada. Si se produjeron, no se demostró que fuera I.P.G. el infractor y, por ejemplo, el hecho de que Marca Lintas S.A. en varias oportunidades recibiera correspondencia equivocada de I.P.G. no es argumento suficiente como para probar que se creó confusión en el mercado, máxime cuando entre las partes de este litigio existían estrechas relaciones personales y comerciales.

Se sostiene en la demanda y lo reafirma en el alegato de conclusión la apoderada de los demandantes, que la conducta de I.P.G. adquiere un perfil de mayor gravedad por atentar contra la propia sociedad de la cual es accionista y contra los demás accionistas.

Textualmente se lee: “Así, pues, la verdadera dimensión de los actos de competencia desleal que motivaron la presentación de la demanda, no puede comprenderse a cabalidad, sino dentro del marco conceptual de la existencia de una sociedad comercial Marca Lintas S.A. a cuyo interior uno de sus accionistas —I.P.G.— precisamente apalancándose en tal condición —la de accionista— y la información privilegiada que por esa vía obtuvo, aprovechando así la estructura organizacional, el entrenamiento de personal, los contratos existentes con los clientes, el trabajo ya desarrollado en proyectos específicos, y una imagen comercial sólida, pudo realizar conductas que le permitieron montar una sociedad competidora en cuestión de días, sin informar de ello a sus socios originales, y de un momento a otro, vaciar de clientes, empleados, imagen corporativa sólida y estabilidad organizacional a la sociedad de la cual es accionista”. (pág. 11, Alegato de conclusión).

La celebración de un contrato denominado “Promesa de compraventa de establecimiento de comercio”; el compromiso de los socios de Marca Creatividad y Mercadeo Ltda., de aportar toda su organización y clientela a Publicidad Lintas S.A. y a su turno la facultad de I.P.G. de nombrar el presidente; la razón de posicionar a Lintas en el mercado colombiano; las dudas que pudo haberles dejado el señor Paul Heath a los directivos de I.P.G. en Nueva York; la creación de LHC Publicidad de Colombia S.A. hoy Ammirati Puris Lintas S.A.; la desviación de la clientela de Marca Lintas S.A. hacia la nueva sociedad; la elección de junta directiva de LHC Publicidad Colombia S.A. hoy Ammirati Puris Lintas de los señores Spencer Plavoukus, Vicent Lubrano y Gary Billings como principales y los señores Paul Heath, Juan Fernando Villamil y Juan Pablo Rocha como suplentes; lo que consta en los certificados de cámara de comercio y en las actas de asamblea general de accionistas y de juntas directivas de las empresas citadas en el proceso; el tema de la alineación internacional por parte de Lintas Worldwide; el privar a Marca Lintas S.A. de sus empleados y técnicos; la confusión que se creó en el mercado por el uso de la expresión Lintas y en fin, las desavenencias y conflictos entre las partes, son situaciones, hechos o circunstancias que podrían de manera individual o colectiva constituir actos de competencia desleal, si es que se restringió la libertad económica o se procedió con abuso en detrimento de otro y en forma contraria a las costumbres mercantiles, pero el tribunal tiene que decirlo muy claramente, que después de examinar todas esas situaciones o hechos denunciados, así como lo observado en las inspecciones judiciales, lo que consta en los documentos que se acompañaron y en los testimonios rendidos, no encuentra prueba suficiente que indique —sin lugar a equívocos— que I.P.G. es responsable por actos de competencia desleal. No aparece que I.P.G. haya constituido una sociedad; que haya desviado la clientela; creado confusión; desorganizado a Marca Lintas; retirado al personal. Y si todo esto ocurrió fue por culpa de otras personas, pero no por un proceder directo o indirecto de I.P.G, que haya quedado plenamente probado. En consecuencia, a esta empresa no se le pueden achacar, atribuir o imputar comportamientos que, si bien se dice que sucedieron, no se demostraron.

Con base en lo expuesto, el tribunal no puede acceder a la pretensión de declarar que The Interpublic Group of Companies, Inc., incurrió en actos de competencia desleal en contra de la sociedad Marca Lintas S.A. sociedad de la cual es accionista y en contra de Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez y Fernando Augusto Romero, accionistas también de Marca Lintas S.A.

Sección novena

Condena y agencias en derecho

El tribunal, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda no prosperaron, como tampoco prosperó la excepción de mérito formulada por la compañía convocada, se abstendrá de condenar en costas y agencias en derecho. Se considera, para estos efectos, a ambos litigantes como vencidos, siendo por lo tanto aplicable lo consagrado en nuestra ley procesal.

Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto, el tribunal constituido para dirimir en derecho las diferencias presentadas entre Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez y Fernando Augusto Romero y la sociedad Marca Lintas S.A. de una parte; y la sociedad The Interpublic Group of Companies Inc., de la otra, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Se niega la pretensión de declarar que The Interpublic Group of Companies Inc., incurrió en actos de competencia desleal en contra de Marca Lintas S.A., Harold Zea Gil, Hugo Alfredo Vásquez y Fernando Augusto Romero.

2. Como consecuencia de la anterior declaración no se condena a la sociedad The Interpublic Group of Companies Inc. al pago de indemnización de perjuicios.

3. Se declara que no prospera la denominada excepción genérica formulada por el apoderado de la demandada.

4. Se declara no probada la objeción por error grave al dictamen pericial propuesta por la apoderada de los demandantes.

5. Se declara que no hay lugar a condena en costas.

6. Por la secretaría, expídanse copias auténticas de este laudo para cada una de las partes.

7. Por el presidente del tribunal, protocolícese el expediente en una notaría del círculo de Bogotá.

Notifíquese:

El presente laudo quedó notificado en estrados a los apoderados de las partes, a quienes se les entregó copia autentica del mismo.

No siendo más el objeto de la presente audiencia, se dio por terminada a las 11:30 a.m., firmando quienes en ella intervinieron.

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