Tribunal de Arbitramento

Human Life C.T.A.

v.

Arcec S.A.

Septiembre 4 de 2007

Acta 20

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de septiembre de 2007, siendo las 8:00 de la mañana y en las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se reunió el tribunal de arbitramento constituido para dirimir en derecho las diferencias presentadas entre las sociedades Human Life C.T.A. y la sociedad Arcec S.A.

Se reunieron los doctores Álvaro Barrero Buitrago, árbitro único del tribunal, y Mario Posada García-Peña, quien actúa como secretario.

La audiencia tiene por objeto dictar el laudo arbitral que corresponde, como para el efecto fue convocada el día 14 de agosto de 2007 (acta 18).

Abierta la audiencia, el presidente le solicitó al secretario que leyera en voz alta las consideraciones más relevantes del laudo y su parte resolutiva. Este laudo, que se pronuncia en derecho, fue aprobado por el único árbitro.

Bogotá, D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil siete (2007).

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el tribunal de arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso promovido por la sociedad Human Life C.T.A. contra la sociedad Arcec S.A. personas jurídicas estas que para todos los efectos legales se denominarán indistintamente Human Life C.T.A. o Human Life y Arcec S.A. o Arcec, según los correspondientes certificados de existencia y representación.

CAPÍTULO I

Antecedentes

1. La demanda de convocatoria.

Obrando como apoderada especial debidamente constituido de Human Life C.T.A., el 24 de julio de 2006, la doctora María Angélica Uribe Nieto, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante demanda en forma, la constitución de un tribunal de arbitramento para que dirimiera las diferencias que se presentaron entre su representada y la sociedad Arcec S.A., con ocasión de un contrato de prestación de servicios celebrado entre ellos.

2. Designación y nombramiento de los árbitros.

El día 31 de julio de 2006 se llevó a cabo la reunión de nombramiento de árbitros, con la asistencia del señor Rafael Rodrigo López Gómez en su calidad de representante legal y la doctora María Angélica Uribe Nieto en representación de la convocante. Por parte de la convocada, el señor Jorge Roberto Segura Manonegra en calidad de representante legal y el doctor Rodrigo Arturo Martínez Navas, quien aceptó el mandato concedido en audiencia, y la doctora Andrea Quiroga Rodríguez, abogada del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Una vez modificada de mutuo acuerdo por las partes, la cláusula compromisoria contenida en el contrato que dio origen a este tribunal en el sentido de reducir de tres (3) a uno (1) el número de árbitros y cumplido el trámite de rigor, se designó como árbitro suplente al doctor Álvaro Barrero Buitrago, quien ante la posterior declinación que hiciera del cargo el árbitro principal, aceptó oportunamente la designación como único árbitro, hecha de común acuerdo por las partes.

3. La instalación del tribunal.

Como da cuenta el acta 1, el 5 de septiembre de 2006 se instaló el tribunal. Se hizo presente el doctor Álvaro Barrero Buitrago, quien a su vez designó como secretario al doctor Mario Posada García-Peña, quien sería notificado posteriormente. También asistieron en representación de Human Life C.T.A. el señor Rafael Rodrigo López Gómez en su calidad de representante legal y la doctora María Angélica Uribe Nieto, en su condición de apoderada judicial. En representación de la sociedad convocada Arcec S.A. no se hizo presente ninguna persona, a pesar de habérsele remitido la respectiva comunicación. La doctora Andrea E. Quiroga Rodríguez asistió en representación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio con el fin de realizar la entrega del expediente y las actuaciones surtidas hasta el momento.

Como lugar de funcionamiento y secretaría se fijó el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en la Avenida el Dorado Nº 68 D-35 piso tercero de Bogotá.

Este tribunal mediante auto 1 del 5 de septiembre de 2006, admitió la demanda presentada en legal forma, conforme lo señalan los artículos 75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por Human Life C.T.A. como parte convocante, y como convocada la sociedad Arcec S.A. El tribunal ordenó correr el respectivo traslado de la demanda y sus anexos a la parte convocada por el término de diez (10) días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, el tribunal reconoció personería jurídica a los doctores María Angélica Uribe Nieto y Rodrigo Arturo Martínez Navas, como apoderados de la parte convocante y convocada respectivamente.

Mediante auto 1 de fecha 17 de octubre de 2006 (acta 2 de la misma fecha), se llevó a cabo otra audiencia en la que se encontraban presentes el único árbitro doctor Álvaro Barrero Buitrago y el doctor Mario Posada García-Peña quién aceptó la designación de secretario de este tribunal de arbitramento. El tribunal admitió la sustitución de la demanda radicada por la apoderada judicial de la convocante el día 6 de octubre de 2006, con fundamento en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, y ordenó correr traslado de la demanda y sus anexos a la parte convocada por el término de diez (10) días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil.

El día 19 de octubre de 2006, se envió por correo la debida citación para adelantar la notificación personal al representante legal de la convocada sin obtener respuesta positiva. Vencido el término para comparecer a notificarse según los términos del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, no se recibió respuesta de la convocada. Ante la imposibilidad de la notificación personal, se procedió a la notificación por aviso de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, entregando a la parte interesada el aviso de notificación, el cual aparece recibido por la demandada el 9 de noviembre de 2006, entendiéndose notificado al día siguiente. Finalmente, vencido el traslado de la demanda, no se recibió en la secretaría del tribunal, repuesta alguna por parte de la demandada.

De acuerdo con lo que quedó consignado en el acta 3 de fecha 15 de diciembre de 2006, ese día se reunieron el único árbitro doctor Álvaro Barrero Buitrago y el secretario del tribunal doctor Mario Posada García-Peña, quien informó todo el proceso adelantado para la notificación de la demanda y de la falta de contestación de la misma, descrito en el párrafo anterior, por lo que el tribunal de arbitramento profirió auto mediante el cual ordenó continuar con el procedimiento arbitral contemplado en la ley.

En el acta 4 del 19 de enero de 2007 quedó plasmada la reunión celebrada entre el único árbitro doctor Álvaro Barrero Buitrago y el secretario del tribunal doctor Mario Posada García-Peña, a la que también asistió la doctora María Angélica Uribe Nieto obrando como apoderada especial de la parte convocante, pero por la parte convocada no se hizo presente nadie, lo que determinó que el tribunal declarara fracasada la audiencia de conciliación programada para esa fecha, y ordenara seguir adelante con el procedimiento arbitral.

En el informe secretarial contenido en el acta 5 de fecha 25 de enero de 2007, quedó consignado que el apoderado judicial de la parte convocada radicó el 24 de enero de 2007 un escrito disculpándose por su inasistencia y la del representante legal de Arcec S.A. a la audiencia de conciliación programada para el 19 de enero de 2007, debido a que ninguno de los dos se encontraba en la ciudad para ese día. Así mismo, el apoderado de la convocada expresó el ánimo conciliatorio que acompaña a su representada por lo que solicitó nueva fecha para llevar a cabo el trámite conciliatorio. Mediante auto 1 de fecha 25 de enero de 2007, el tribunal se pronunció acerca de la posibilidad de que las partes pudieran conciliar extraprocesalmente en cualquier momento. Así mismo, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 101 de Código de Procedimiento Civil y los principios de celeridad y eficiencia contenidos en los artículos 4º y 7º de la Ley 270 de 1996 y artículo 34 del reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá —“De la diligencia en la actuación”—, el tribunal ordenó continuar con el trámite pertinente.

Mediante auto 1, contenido en el acta 6 de fecha 6 de febrero de 2007, el tribunal fijó los honorarios del árbitro y el secretario y los gastos de administración, con base en la cuantía de las pretensiones de la demanda. En cumplimiento de este auto, el 20 de febrero del presente año, se recibió de la parte convocante, comprobante del pago correspondiente a la mitad de la suma determinada por concepto de honorarios y gastos del tribunal. La parte convocada —esto es—, Arcec S.A., no consignó lo que le correspondía dentro del término legal fijado para ello, por lo que con base en el inciso segundo del artículo 144 del Decreto 1818 de 1998, se otorgó la posibilidad a Human Life C.T.A. de consignar la parte pendiente de honorarios y gastos del tribunal. La apoderada judicial de la parte convocante acreditó el pago del 50% restante, correspondiente a la parte convocada, y en consecuencia, se llevó a cabo la primera audiencia de trámite.

4. El trámite arbitral.

La primera audiencia de trámite, citada para el 20 de marzo de 2007, se desarrolló así:

Acta 9. El árbitro único ordenó dar lectura a la cláusula compromisoria que dio origen a este tribunal; después se le concedió la palabra a la apoderada de la convocante, para que informara sobre las pretensiones formuladas e hiciera una estimación de la cuantía del litigio. A continuación se le confirió la palabra al apoderado de la parte convocada, para que se pronunciara acerca de los hechos y de las pretensiones presentadas en la demanda por el apoderado de la convocante, quien dijo que no tenía observación alguna sobre el pacto arbitral, agregó que se opone a las pretensiones, en la medida en que la empresa se encuentra bajo el trámite de la Ley 550 de 1999; además su representada, asumió todas las acreencias de las sociedades fusionadas, que hacen parte del acuerdo de reestructuración. En ese entendido, dijo que es la Supersociedades quien debe dirimir las diferencias presentadas, pero que Arcec S.A. está dispuesta a que, si quedare algún saldo del acuerdo, la compañía reconocería la deuda; en ese sentido solicitó igualmente que el tribunal reconsiderara su competencia frente a este tema.

En este punto, se suspendió la audiencia por 10 minutos para que el tribunal analizara las intervenciones de los apoderados de las partes.

Posteriormente, se profirió el auto 1 donde resolvió sobre los siguientes puntos:

El tribunal se declaró plenamente competente para conocer de este proceso arbitral considerando que las actuaciones adelantadas hasta ese momento se habían surtido conforme a la ley y a la jurisprudencia, en especial lo que tiene que ver con la sentencia C-1038 de 28 de noviembre de 2002. Así mismo señaló que la cláusula compromisoria aducida por la parte convocante existe y en su contenido comprende las controversias sometidas al presente arbitraje y que dichas controversias reunieron los requisitos de arbitrabilidad exigidos por la ley, puesto que tuvieron origen en un contrato y versan sobre pretensiones económicas susceptibles de transacción, de igual forma se pronunció en el sentido de que no reposa en el expediente prueba de la existencia de un acuerdo de reestructuración en el cual participe la sociedad Arcec S.A.

A continuación, el apoderado de la parte convocada interpuso recurso de reposición, con fundamento en el artículo 147, numeral 2º del Decreto 1818 de 1998. Alegó que sí obra declaración de la propia convocante del acuerdo de reestructuración (fl. 51), en donde se hace alusión a la existencia del mencionado acuerdo de reestructuración. La convocante conoció de la existencia de tal acuerdo de reestructuración. Mencionó igualmente el artículo 79 de la Ley 550 de 1999, en cuanto que dicha ley se aplica de manera preferente sobre cualquier otra normatividad.

La apoderada de la parte convocante se opuso a los argumentos del recurso y confirmó que se está solicitando una deuda posterior al acuerdo de reestructuración y que Human Life no participó de las negociaciones del acuerdo de reestructuración.

Para resolver el recurso interpuesto por el apoderada de la convocada, el tribunal tuvo en cuenta que si bien es cierto la parte convocante hizo mención a la existencia de un acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999, evidentemente en el expediente no reposa prueba que así lo demuestre. Por otra parte consideró que la Ley 550 de 1999 prevé dos obligaciones en el tiempo: (i) las obligaciones que corresponden al período contado hasta la solicitud del trámite y (ii) las que surjan con posterioridad a la obtención del mismo. Para el tribunal resulta claro que las posteriores no están sometidas al acuerdo, por lo que es necesario entrar a determinarlas. Por lo anterior no accedió a la petición y en consecuencia confirmó el auto atacado.

Debidamente ejecutoriado el auto anterior, el tribunal procedió a resolver sobre las pruebas pedidas por las partes. Teniendo en cuenta que la parte convocada no contestó la demanda, dispuso tener como prueba los documentos anexados a la demanda (relacionados en el folio 53 del escrito de sustitución de la demanda, acápite de pruebas), con el valor que les atribuye la ley. Adicionalmente dispuso el tribunal oficiar mediante comunicación escrita a la Superintendencia de Sociedades para que remitiera al tribunal copia auténtica del acuerdo de reestructuración en el que interviene la sociedad Arcec S.A. Así mismo, dispuso decretar de oficio la práctica de una inspección pericial por un perito experto contable, para que se pronunciara sobre la validez y existencia de las obligaciones así como la fecha de las mismas, objeto de la petición tercera de la demanda que da inicio a este arbitramento, previa revisión de los libros oficiales contables y comerciales de las dos compañías. Se designó como perito contable al señor Héctor Alfonso Jaimes Jaimes, y se fijó para su posesión ante el tribunal el día 27 de marzo de 2007 a las nueve de la mañana (9:00 A.M.).

En el acta 10 del 27 de marzo de 2007, quedó constancia de la reunión celebrada entre el único árbitro doctor Álvaro Barrero Buitrago y el secretario del tribunal doctor Mario Posada García-Peña, donde también asistió la doctora María Angélica Uribe Nieto obrando como apoderada especial de la parte convocante, y el doctor Rodrigo Arturo Martínez Navas por la parte convocada, donde se dio posesión al señor Héctor Alfonso Jaimes Jaimes, quien se identificó con la cédula de ciudadanía número 19.426.184 de Bogotá, en el cargo de perito contable, para efectos de lo cual prestó juramento ante el tribunal de no hallarse impedido para elaborar el experticio, de desempeñar bien y fielmente los deberes del cargo, y manifestó que tiene los conocimientos necesarios para rendir el dictamen. En seguida, el tribunal instruyó al señor perito que su experticio debía versar sobre:

1. Validez y existencia de las obligaciones, así como la fecha de las mismas, objeto de la petición tercera objeto del arbitramento.

2. Cuáles de estas obligaciones corresponden a fechas anteriores y cuáles a fechas posteriores a los acuerdos de reestructuración de pasivos de las sociedades “Archivistas Colombianos Especializados y Cía. Ltda. - Arcec de Colombia Ltda. y Arcec Internacional Ltda.”, celebrados en el mes de diciembre de 2005 con sus acreedores, de conformidad con la Ley 550 de 1999.

Por medio del auto 1 de esta misma fecha, se fijaron como gastos para el desarrollo de la pericia la suma de doscientos mil pesos moneda legal colombiana ($200.000), y se señaló como fecha para la entrega del dictamen el día 26 de abril de 2007.

El día 27 de abril de este mismo año, en auto 1 contenido en el acta 11, el tribunal concedió al Dr. Héctor Alfonso Jaimes Jaimes un término adicional de cinco (5) días hábiles para la entrega del informe final de su gestión.

Mediante auto de fecha 9 de mayo de 2007, el tribunal ordenó el traslado del dictamen pericial recibido el 04 de mayo de 2007, en los términos del numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, y fijó como honorarios del señor perito, la suma de $1.099.960, suma que se debían cancelar por ambas partes en iguales proporciones, dentro de los tres días siguientes, de conformidad con lo prescrito en el artículo 239 del Código de Procedimiento Civil.

Estando dentro del término legal, y previa acreditación del pago de los honorarios del perito, el apoderado de la parte convocada radicó una solicitud de complementación al dictamen pericial, para que el perito expresase en su opinión profesional, ¿Cuál o cuáles de las facturas que conforme al peritaje corresponden a “obligaciones posteriores a la fecha del acuerdo de reestructuración” (febrero 2 de 2005), aparecen sin pago al momento de ser admitida la demanda arbitral?

Con base en el artículo 238 numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, el tribunal fijó el término de 5 días hábiles al perito, Dr. Héctor Alfonso Jaimes Jaimes, para que se pronunciara respecto de la solicitud de complementación al dictamen pericial, presentada por el apoderado de la convocada, tal como quedó plasmado en el acta 12 de fecha 23 de mayo de 2007.

En cumplimiento de lo ordenado en el auto de fecha 23 de mayo de 2007, el perito entregó el informe de complementación solicitado por el apoderado de la parte convocada, por lo que se ordenó por parte del tribunal el traslado de la complementación en los términos del numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, el 27 de junio de este año se llevó a cabo otra audiencia dentro de este tribunal, en la que se denegó la petición de aclaración al informe de complementación pericial radicada en las instalaciones de la secretaría de este tribunal el día 22 de junio de 2007, por la apoderada de la convocante. Así mismo, se fijó la audiencia de alegatos para que tuviera lugar el martes 17 de julio de 2007 en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta fecha, fue modificada para el 14 de agosto de 2007.

5. Notificación y contestación de la demanda.

Como se mencionó anteriormente y ante la imposibilidad de la notificación personal, se procedió a la notificación por aviso de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, vencido el traslado de la demanda, no se recibió en la secretaría del tribunal, la contestación de la demanda.

6. La audiencia de conciliación.

Tal como quedó descrito en los puntos anteriores, ni el representante legal, ni el apoderado judicial de la convocada comparecieron a esta diligencia, por lo que se declaró fracasada. No obstante, se advirtió a las partes de la posibilidad de conciliar extraprocesalmente en cualquier momento, antes de proferirse el laudo arbitral que pone fin a las diferencias entre ellas.

7. Término del proceso.

En la cláusula compromisoria que dio origen al tribunal no se encuentra fijado el término de duración del mismo, motivo por el cual es aplicable el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, que modificó el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, recogida en el artículo 126 del Decreto 1818 de 1998, normas de acuerdo con las cuales, ante el silencio de las partes, aquel es de seis meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. En el presente proceso, esta se celebró el día 20 de marzo de 2007. Se encuentra entonces el tribunal dentro del término legal para proferir el presente laudo.

8. Presupuestos procesales.

Los presupuestos procesales de competencia, capacidad para ser partes y para comparecer en juicio y demanda en forma se encuentran claramente reunidos en el presente proceso; no apareciendo tampoco ninguna causal de nulidad capaz de invalidar lo actuado.

Es importante referir, que en cuanto a la representación judicial de la convocante, hubo sustitución del poder otorgado inicialmente a la doctora María Angélica Uribe Nieto, a favor de la doctora Mónica Alexandra Macías Sánchez, como consta en el expediente principal.

CAPÍTULO II

Controversias sometidas al conocimiento del tribunal

1. Las pretensiones de la demanda.

La demanda contenida en la solicitud de convocatoria del proceso arbitral contiene las siguientes pretensiones:

“Primera. Que se declare que Arcec S.A. incumplió el contrato suscrito con Human Life C.T.A., de fecha 1º de septiembre de 2004 y renovado a partir del primero de septiembre de 2005, mediante comunicación radicada en Arcec el 22 de febrero de 2006.

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior, se declaré resuelto el contrato.

Tercera. Que igualmente y como consecuencia del incumplimiento se condene a pagar los servicios prestados por Human Life CTA, contenidas en las facturas cambiarias de compraventa que a continuación relaciono y en las cuales hay algunas que han realizado abonos por lo cual aparecerá su deuda actual:

 

Factura Nº Fecha factura Saldo deuda
73211/02/20051.815.114
81516/03/20061.726.913
90226/04/20051.598.061
98420/05/20051.618.966
111228/06/20051.560.912
117213/07/20051.501.806
129719/08/20051.546.329
142415/09/20051.332.969
152614/10/2005647.843
152714/10/20051.281.957
163915/11/20051.117.058
164015/11/20051.760.592
175014/12/20051.099.900
175114/12/20051.733.692
183917/01/20061.625.235
195113/02/20061.538.856
195013/02/200614.938.945
195213/02/20061.646.773
195313/02/20061.044.797
214205/04/200617.682.129
214305/04/2006714.560
214430/03/2006537.899
214505/04/2006857.808
Total 60.929.114

Cuarta. Que se condene a cancelar intereses moratorios sobre la anterior suma de dinero hasta el momento en que se efectué el pago total de la obligación a la tasa máxima estipulada por la Superintendencia Bancaria.

Quinta. Que se condene a las costas del proceso y agencia en derecho a la empresa Arcec S.A.”.

2. Las excepciones y medios de defensa propuestos por el apoderado de la parte convocada en la contestación de la demanda.

La parte convocada no contestó la demanda, por lo tanto no se presentaron excepciones a las pretensiones solicitadas.

CAPÍTULO III

Posiciones de las partes

1. De la parte convocante.

Como fundamentos de hecho de las pretensiones de la sustitución de la demanda, Human Life C.T.A. propuso los siguientes:

1. “Human Life C.T.A., es una Cooperativa de Trabajo Asociado con domicilio en la ciudad de Bogotá, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá con NIT. 830.132.410-4, matrícula mercantil Nº 09C240726067.

2. Arcec S.A. es el resultado de la fusión entre la sociedad Archivistas Colombianos Especializados y Cía Ltda.- Arcec de Colombia Ltda. En ejecución del acuerdo de reestructuración, y la sociedad Arcec Internacional Ltda. en ejecución de acuerdo de reestructuración, las anteriores representadas por el señor Jorge Segura Manonegra, como quedó estipulado en la escritura pública 2164 de febrero 28 de 2006, siendo titular la nueva sociedad de todos los bienes muebles e inmuebles y de igual manera asume el pago de la totalidad del pasivo social de cada una de ellas; es en esencia una empresa dedicada a la gestión documental de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y específicamente relacionadas con los sistemas de información ya sea en papel o en cualquier medio.

3. Entre Human Life C.T.A. y Arcec S.A. se suscribió un contrato de prestación de servicios, el primero (1) de septiembre de 2004 cuyo objeto es que la Cooperativa Human Life se obliga de de manera independiente a desarrollar trabajo asociado cooperativo y debidamente facultado en gestión administrativa y operativa con sus trabajadores asociados al servicio de Arcec S.A.

4. Se estipuló que dicho contrato la forma de pago como contraprestación al servicio prestado donde se acordaba que el contratante pagará a la contratista dentro de los cinco día hábiles del mes inmediatamente siguiente las presentación de las facturas teniendo en cuenta el siguiente procedimiento como fecha de corte el día 3 de cada mes entiéndase como corte los días causados y de productividad del personal asignado por la contratista para el trabajo o labor que se le asigne la empresa cliente.

5. Arcec S.A. incumplió el contrato por las siguientes razones:

En la cláusula tercera mencionada anteriormente y las obligaciones de contratante estipuladas en la cláusula sexta se incumplieron en su totalidad, porque no canceló las facturas presentadas en su oportunidad, desde el 11 de septiembre de 2005.

Por el incumplimiento de Arcec S.A., el no pagar cumplidamente sus obligaciones como quedaron estipuladas en el contrato, Human Life ha sufrido graves perjuicios debido a la demora en el pago a sus asociados en pagar en tiempo oportuno generándose intereses de mora.

En la cláusula décima octava del contrato, de fecha 1º de septiembre de 2004 renovado el 1º de septiembre de 2005, las partes pactaron cláusula compromisoria para dirimir sus posibles conflictos, razón por la cual se acude a la presente solicitud”.

2. De la parte convocada.

Frente a los anteriores hechos, no hubo pronunciamiento expreso de Arcec S.A., por cuanto –como ya se ha reiterado- no contestó la demanda.

CAPÍTULO IV

Competencia del tribunal

En la primera audiencia de trámite, celebrada el día veinte (20) de marzo de dos mil siete (2007), después de conceder el uso de la palabra a los apoderados de las partes, el tribunal, mediante auto 1, se declaró plenamente competente para conocer de este proceso arbitral considerando que las actuaciones adelantadas se habían surtido conforme a la ley y a la jurisprudencia, en especial lo que tiene que ver con la sentencia C-1038 de 28 de noviembre de 2002. Así mismo señaló que la cláusula compromisoria aducida por la parte convocante y reconocida en audiencias por la convocada, existe y en su contenido comprende las controversias sometidas al presente arbitraje y que dichas controversias reunieron los requisitos de arbitrabilidad exigidos por la ley, puesto que tuvieron origen en un contrato y versan sobre pretensiones económicas susceptibles de transacción, que a la letra dice:

Cláusula décima octava. Cláusula compromisoria. Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por o con ocasión del presente contrato, será resuelta por un tribunal de arbitramento de la cámara de comercio cuyo domicilio será la ciudad de Bogotá, integrado por tres (3) árbitros designados conforme a la ley, los arbitramentos que ocurrieren se regirán por lo dispuesto en la Ley 23 de 1991, el Decreto 2279 de 1991 y en las demás normas que los modifiquen o adicionen. En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, el día 1º del mes de septiembre del año 2004 en dos ejemplares del mismo tenor literal.

CAPÍTULO V

Consideraciones del tribunal

1. Interpretación de la demanda.

El tribunal ha hecho un juicioso estudio de la demanda presentada por Human Life C.T.A. como parte convocante, encontrándola totalmente ajustada a derecho por cumplir con todos y cada uno de los requisitos formales establecidos en los artículos 75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En el análisis de fondo, es evidente que las partes suscribieron un contrato de prestación de servicios, contrato que a todas luces existe y está legalmente constituido, y cuyo objeto consiste en que Human Life C.T.A. se obliga de manera independiente a desarrollar trabajo asociado cooperativo y debidamente facultado en gestión administrativa y operativa con sus trabajadores asociados al servicio de Arcec S.A.

La abogada de la parte convocante pretende que se declare por parte de este tribunal que Arcec S.A. incumplió el contrato suscrito con Human Life C.T.A., que como consecuencia de lo anterior, se declare la resolución de dicho contrato y que así mismo se condene a la convocada a pagar los servicios prestados por Human Life C.T.A., objeto de las facturas cambiarias de compraventa que relacionó en el escrito de demanda, todo lo anterior con base en el argumento de que Arcec S.A. incumplió la cláusula tercera del contrato y las obligaciones del contratante estipuladas en la cláusula sexta, porque no canceló las facturas presentadas en su oportunidad, desde el 11 de septiembre de 2005.

Las pretensiones del demandante tienen sus fundamentos de derecho en el artículo 1546 del Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, Decreto 2279 de 1989, el Decreto 2651 de 1991, Decreto 1818 de 1993 y la Ley 446 de 1998.

En los alegatos de conclusión, la apoderada de la parte convocante Human Life C.T.A. hace un recuento breve de los hechos y expone sus argumentos para que se declaren probadas las pretensiones presentadas, dentro de las cuales considera que es evidente la existencia del contrato y de las facturas, así como el no pago de las mismas en la contabilidad de Human Life C.T.A., el pago a persona diferente a la demandante, pago este que no fue consentido, y los perjuicios.

Así mismo, en sus alegatos la apoderada de la demandante solicita al tribunal tener en cuenta que la parte convocada no contestó la demanda en tiempo, y que de conformidad con el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil esto configura un indicio grave en su contra. También solicita considerar que de acuerdo con la Ley 446 de 1.998, artículo 10, artículo 125, para valorar las pruebas, se deben apreciar conforme al Código de Procedimiento Civil. Además, afirma la representante judicial de la convocante, que no se pueden apreciar por el fallador las pruebas aportadas por Arcec S.A. en el dictamen, toda vez que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil consagra un principio de razón conforme al cual las decisiones judiciales deben fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

Basado en las argumentaciones y el material probatorio aportado en los anexos de la demanda, considera el tribunal que la existencia del contrato aludido y el incumplimiento de algunas de las obligaciones contenidas en el mismo es evidente, y así lo declarará en el capítulo final, parte resolutiva de este laudo.

2. Interpretación de la contestación de la demanda.

Como es ya sabido, al proceso nunca se allegó contestación escrita de la demanda, por lo que el tribunal, de conformidad con el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, tendrá en cuenta que esto configura un indicio grave en contra de la demandada. No obstante, examinará las pruebas decretadas de oficio en el capítulo del análisis probatorio y se pronunciará en la parte resolutiva.

Un análisis separado se puede hacer de los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de la convocada, respecto de lo que a continuación se cita textualmente: “En primer término me refiero a las pretensiones de la demanda, ya en audiencia preliminar había manifestado en nombre de Arcec la oposición de la empresa a las mismas sobre la base, como argumenté en esa audiencia de que en criterio de Arcec lo que se pretendía cobrar por parte de Human Life eran unos dineros que ya habían sido pagados por la empresa”.

Afirmó el representante judicial de Arcec S.A., que no es posible que a esas alturas del proceso la apoderada de la demandante solicite el pago de perjuicios, pues no lo hizo en el escrito de demanda. Alega el abogado, que no importa en que momento procesal aportó pruebas documentales, pues al final, estas y el resto de pruebas aportadas por la demandante fueron valoradas y cotejadas al momento de la inspección pericial, que aclara, fue oficiada por el honorable tribunal, y que se atiene a lo evaluado por el señor perito, no obstante haber solicitado complementación del dictamen inicial, por cuanto consideró la parte demandada que la respuesta al primer interrogante planteado por el tribunal, estaba incompleta. Es deseo del apoderado advertir acerca de lo que se cita textualmente “el señor perito rinde su dictamen argumentando que de todo el grupo de facturas aportadas por Human Life dentro de este proceso arbitral había dos que no debían tenerse en cuenta porque estaban anuladas desde la misma demandante, luego aquí ya hay un primer error de la demanda, pretender cobrar dos facturas por casi $ 4’000.000 que estaban anuladas en su propio sistema y que obviamente no aparecían en los archivos de Arcec”.

Recalca el apoderado de la convocada, que su representada se encuentra inmersa en un acuerdo de reestructuración de que trata la Ley 550 de 1999 y que existen unas obligaciones anteriores a este, que su pago debe resolverse conforme al acuerdo de reestructuración, y que las que son posteriores al acuerdo, respecto de la demandante, ascienden a la suma de $ 7’671.059 por capital y son reconocidas por la demandada, al igual que el hecho de que existió mora en los pagos.

Concluye el apoderado judicial, “De manera que la prueba está soportada en el dictamen pericial practicada dentro de una inspección judicial ordenada por el mismo despacho y en ese sentido los documentos que obran se presumen auténticos por efecto del mismo Código de Procedimiento Civil y le solicitamos al señor árbitro único que dentro del laudo arbitral y si así bien tiene acoger el dictamen pericial, desde ya Arcec se allana obviamente al pago de los $ 7’672.059 más los intereses”

Así las cosas, instruida la demanda, su contestación, los alegatos de conclusión de los extremos de la litis, para el tribunal es diáfano que este laudo se contrae a establecer (i) la terminación del contrato suscrito por las partes, (ii) el cumplimiento del contrato: si la sociedad Arcec S.A. cumplió o no con sus obligaciones contractuales teniendo en cuenta el acuerdo de reestructuración en el que se encuentra involucrada la sociedad convocada, y (iii) la determinación de las obligaciones: determinar cuáles de las obligaciones con Human Life C.T.A., son anteriores al mencionado trámite de reestructuración y cuáles son posteriores, a fin de poder determinar –conforme a la ley- cuáles de tales facturas, en efecto se deben.

3. Breve reseña de la figura del acuerdo de reestructuración.

Como se desprende del acervo probatorio en este caso concreto, “Arcec S.A.”, sociedad convocada en litigio, solicitó a la Superintendencia de Sociedades promoción del acuerdo de reestructuración con sus acreedores el 10 de diciembre de 2004, solicitud que fue aceptada el 2 de febrero de 2005, fecha en la cual se fijó el aviso de promoción de conformidad con la Ley 550 de 1999.

Para entender mejor el tema, el tribunal ha revisado la norma citada y se ha hecho una investigación sobre algunos conceptos emitidos por la Superintendencia de Sociedades, sobre los aspectos puntuales que atañen en esta controversia:

Los antecedentes de la Ley 550 de 1999 hablan de una dura época de crisis económica que originó graves perjuicios al sector empresarial, redundando en un sin numero de empresas que se vieron avocadas a la quiebra, defraudando involuntariamente a sus acreedores. A raíz de estos hechos, el legislador buscó a través de esta ley y más exactamente con la figura del acuerdo de reestructuración establecer un régimen que brindara todas las facilidades para la reactivación empresarial y el resurgimiento de los entes territoriales con el fin de equilibrar la economía y de asegurar la función social de las empresas.

La Ley 550 de 1999 define la figura del acuerdo de reestructuración, así:

ART. 5º—Acuerdo de reestructuración. “Se denomina acuerdo de reestructuración la convención que, en los términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo.

El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en esta ley.

Para la solicitud, promoción, negociación y celebración de un acuerdo de reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar directamente o por medio de cualquier clase de apoderados, sin que se requiera la intervención a través de abogados. Un solo apoderado podrá serlo simultáneamente de varios acreedores”.

Quiénes son partes en el acuerdo de reestructuración?:

ART. 19.—Partes en los acuerdos de reestructuración. “Los acuerdos de reestructuración se negociarán y celebrarán entre los acreedores externos e internos de la empresa.

Son acreedores externos los titulares de créditos ciertos que pertenezcan a una cualquiera de las cinco clases de créditos previstas en el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen y adicionen.

Son acreedores internos los accionistas, socios, asociados o cooperados del empresario que tenga forma jurídica asociativa; el titular de las cuotas de la empresa unipersonal; el controlante de la fundación; y, en general, los socios, controlantes o beneficiarios reales que hayan aportado bienes al desarrollo de la empresa en forma demostrable y cuantificable.

Cualquier crédito que se origine en fecha posterior a la de la iniciación de la negociación y con anterioridad a la celebración del acuerdo, no dará derecho a voto; pero su pago se atenderá en forma preferente, de conformidad con el tratamiento propio de los gastos administrativos.

En el evento de sustitución de acreedores por causas legales o convencionales, el causahabiente deberá acreditar, en forma siquiera sumaria, su calidad de tal ante el promotor.”

En resumen, podemos afirmar que los acreedores que pueden hacer parte del acuerdo de reestructuración son:

a) Los acreedores internos;

b) Los trabajadores y pensionados;

c) Las entidades públicas y las instituciones de seguridad social;

d) Las instituciones financieras y demás entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria de carácter privado, mixto o público; y,

e) Los demás acreedores externos.

Ahora bien, para dirimir la controversia económica planteada ante este tribunal, es necesario clarificar los efectos del acuerdo respecto de las obligaciones anteriores y posteriores a la aceptación de la solicitud de promoción del mismo:

ART. 34.—“Efectos del acuerdo de reestructuración. Como consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes efectos legales:

1. La obligación a cargo del empresario de someter, en los términos pactados en el acuerdo de reestructuración, a la autorización previa, escrita y expresa del comité de vigilancia la enajenación a cualquier título de bienes de la empresa, determinados o determinables con base en lo dispuesto en el acuerdo para tal fin. Dicho comité deberá contar, además, con la autorización expresa de la DIAN en los casos a que se refiere el numeral 14 del presente artículo. Esta obligación será oponible a terceros a partir de la inscripción de la parte pertinente del acuerdo de reestructuración en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar de ubicación, tratándose de inmuebles, en la que haga sus veces tratándose de otros bienes, y, en todo caso, en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio del empresario y de sus sucursales.

Conc.: Sentencia C 1143 de 2001.

La autorización que imparta el comité de vigilancia, en los términos del presente numeral, deberá protocolizarse con el título de enajenación del respectivo bien, para que proceda su inscripción en el registro correspondiente. La enajenación y transferencia de bienes en forma contraria a lo dispuesto en el presente numeral serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial.

2. El levantamiento de las medidas cautelares vigentes, con excepción de las practicadas por la DIAN, salvo que esta consienta en su levantamiento, y la terminación de los procesos ejecutivos en curso iniciados por los acreedores contra el empresario. Durante la vigencia del acuerdo, el acreedor que cuente con garantías constituidas por terceros y haya optado por ser parte del acuerdo, no podrá iniciar ni continuar procesos de cobro contra los codeudores del empresario, a menos que su exigibilidad sea prevista en el acuerdo sin el voto del acreedor garantizado. Esta restricción es aplicable solo al cobro de acreencias que están contempladas en el acuerdo y que se relacionen con la empresa.

3. La suspensión, durante la vigencia del acuerdo, de la exigibilidad de gravámenes y garantías reales y fiduciarias. La posibilidad de hacer efectivas tales garantías durante dicha vigencia, o la constitución o modificación de tales cauciones tendrá que pactarse en el acuerdo sin el voto del beneficiario o beneficiarios respectivos. Si el acuerdo termina por incumplimiento conforme a lo dispuesto en la presente ley, se restablecerán de pleno derecho la exigibilidad de los gravámenes y garantías reales y fiduciarias que se haya suspendido, al igual que las medidas cautelares que hayan sido practicadas por la DIAN, en la misma forma prevista en el inciso segundo del artículo 138 de la Ley 222 de 1995.

Si durante la vigencia del acuerdo se constituyen a favor de otros acreedores gravámenes sobre bienes objeto de garantías cuya exigibilidad esté suspendida, en el momento en que esta se restablezca tendrá prioridad el acreedor beneficiario para la realización de la garantía frente a los titulares de los nuevos gravámenes.

Para la constitución, modificación o cancelación de garantías, o la suspensión o conservación de su exigibilidad que se derive del acuerdo, bastará la inscripción de la parte pertinente del mismo en el correspondiente registro, sin necesidad de otorgar nuevamente ningún otro documento.

El restablecimiento de las garantías previsto en este numeral, operará sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 12 de este mismo artículo, en lo que se refiere a créditos garantizados cuyo privilegio se modifique en la prelación pactada.

4. La reducción pedida por el empresario o por cualquier acreedor, de la cobertura de cualquier garantía real o fiduciaria ya constituida, reducción que la limitará hasta el monto equivalente a una vez y media del importe conocido o presunto de las obligaciones garantizadas, de conformidad con el avalúo que se realice para el efecto. La demanda se tramitará mediante el procedimiento verbal sumario, en única instancia ante la Superintendencia de Sociedades, y deberá acompañarse con la prueba correspondiente al avalúo en que se fundamente, practicado de conformidad con lo dispuesto en esta ley al respecto, so pena de rechazo de la misma.

5. Los beneficiarios de garantías fiduciarias derivadas de patrimonios autónomos integrados por inmuebles, o de hipotecas de mayor extensión, quedarán obligados a aceptar su sustitución por derechos hipotecarios del mismo grado o por derechos fiduciarios o certificados de garantía de fiducias mercantiles que recaigan sobre porciones desenglobadas de ese mismo inmueble, siempre y cuando estas amparen las obligaciones garantizadas hasta el monto equivalente al importe previsto en el numeral anterior y no impliquen desmejora frente a las condiciones físicas y jurídicas de la garantía inicial. La demanda de sustitución se tramitará mediante el procedimiento verbal sumario, en única instancia ante la Superintendencia de Sociedades.

6. En las garantías cuya constitución se prevea en el acuerdo, salvo pacto en contra, compartirán proporcionalmente el mismo grado todos aquellos acreedores que concedan las mismas ventajas a la empresa. Para tales efectos, las cláusulas pertinentes del acuerdo prestarán mérito ejecutivo.

7. Si los créditos objeto de prórrogas, novaciones y, en general, las reestructuraciones de obligaciones que se pacten en el acuerdo de reestructuración se garantizan a través de contratos de fiducia mercantil, celebrados con ese fin por el empresario en beneficio de todos los acreedores externos, la prelación para el pago con cargo a dicha garantía se sujetará al orden señalado en el acuerdo, con las excepciones previstas en esta ley.

En caso de incumplimiento del acuerdo de reestructuración, tales contratos de fiducia podrán ser ejecutados de conformidad con lo previsto en los contratos respectivos; y si se termina el acuerdo por incumplimiento del mismo, se dará aplicación a la prelación que se consagra en el artículo 1238 del Código de Comercio a favor de los acreedores del fiduciante que sean titulares de acreencias anteriores a la constitución del negocio fiduciario y que les permite perseguir los bienes objetos del negocio. Dichas persecución y prelación están subordinadas a la prelación de los créditos de primer grado anteriores y posteriores a la constitución del negocio.

8. Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas en esta ley en relación con las obligaciones contraídas con trabajadores, pensionados, la DIAN, los titulares de otras acreencias fiscales o las entidades de seguridad social.

9. Los créditos causados con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación, al igual que la remuneración de los promotores y peritos causada durante la negociación, serán pagados de preferencia, en el orden que corresponda de conformidad con la prelación de créditos del Código Civil y demás normas concordantes, y no estarán sujetos al orden de pago que se establezca en el acuerdo. El incumplimiento en el pago de tales acreencias permitirá a los acreedores respectivos exigir coactivamente su cobro, y podrá dar lugar a la terminación de la negociación del acuerdo o del acuerdo mismo, a menos que el respectivo acreedor acepte una fórmula de pago según lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 35 de la presente ley.

10. A menos que el acuerdo de reestructuración disponga lo contrario, la ejecución del mismo no implicará cambios ni en los estatutos ni en la administración y funcionamiento del empresario distintos de los que se deriven del código de conducta empresarial incluido en él. Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el comité de vigilancia de exigirle al empresario la existencia de una revisoría fiscal obligatoria durante la vigencia del acuerdo, y de presentarle para la consideración del órgano competente la lista de personas naturales o jurídicas a partir de la cual deberá elegirse al revisor fiscal, cargo que será obligatorio durante la vigencia del acuerdo, y que cuando corresponda a la misma persona jurídica encargada de la auditoria de la empresa, deberá ser confiado a personas naturales distintas.

11. Las instituciones financieras oficiales o mixtas, al igual que las que hayan sido objeto de medidas de salvamento o de liquidación, estarán sujetas a lo que se disponga en el acuerdo para el pago de sus acreencias, y sus administradores están legalmente facultados para negociar en los mismos términos en que lo hagan los demás acreedores de su clase.

12. La aplicación de la prelación de créditos pactada en el acuerdo para el pago de todas las acreencias a cargo del empresario que se hayan causado con anterioridad a la fecha de aviso de iniciación de la negociación, y de todas las acreencias que surjan del acuerdo, sin perjuicio de la preferencia prevista en el numeral 9 del presente artículo. Dicha prelación se hará efectiva tanto durante la vigencia del acuerdo como con ocasión de la liquidación de la empresa, que sea consecuencia de la terminación del acuerdo, evento en el cual no se aplicarán las reglas sobre prelación de créditos previstas en el Código Civil y en las demás leyes, salvo la prelación reconocida a los créditos pensiónales, laborales, de seguridad social, fiscales y de adquirentes de vivienda, y sin perjuicio de aquellos casos individuales en que un pensionado o trabajador, o cualquier otro acreedor, acepte expresamente los efectos de una cláusula del acuerdo referente a un derecho renunciable. La prelación de créditos podrá pactarse con el voto favorable de un número plural de acreedores internos o externos que representen por lo menos el sesenta por ciento (60%) de los créditos externos e internos de la empresa, conforme a la lista de votantes y de votos admisibles, y con votos provenientes de diferentes clases de acreedores, en las proporciones previstas en el artículo 29 de la presente ley.

13. La prelación de primer grado de los créditos fiscales se compartirá a prorrata a favor de todos aquellos acreedores que en cumplimiento del acuerdo entreguen nuevos recursos al empresario, en la proporción que corresponda según las cuantías de dichos recursos. La prelación se compartirá con cada acreedor en la proporción que resulte una vez deducida la cuantía que equivalga a las deudas vigentes de cada uno frente a la DIAN y demás autoridades fiscales, una vez que los recursos sean efectivamente puestos a disposición del empresario. La prelación no se compartirá por el hecho de la capitalización de pasivos.

14. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tendrá derecho a veto debidamente motivado y manifestado dentro del Comité de vigilancia, sobre la enajenación a cualquier título de bienes del empresario cuya enajenación no haya sido pactada dentro del acuerdo, siempre que no se trate de activos corrientes y cuyo valor no sea inferior al cuarenta por ciento (40%) de las obligaciones vigentes frente a la DIAN por concepto de capital, sanciones y actualizaciones.

PAR. 1º—En caso de fusiones o escisiones, la adopción del acuerdo de reestructuración en la forma prevista en la ley, excluye el ejercicio de los derechos previstos en los artículos 175 del Código de Comercio y 6º de la Ley 222 de 1995, así como en el 1.2.4.41 de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores para los tenedores de bonos; tampoco podrá ejercerse el derecho de retiro de socios previsto en el artículo 12 de la Ley 222 de 1995. Es entendido que dicha exclusión se predica únicamente de los derechos de los acreedores externos y socios de aquellos empresarios a que se refiera el acuerdo de reestructuración, quedando a salvo los derechos de los acreedores y socios de otras personas jurídicas, tales como las sociedades preexistentes que sean absorbidas por el empresario o que sean beneficiarias de la escisión de este.

PAR. 2º—En las enajenaciones de establecimientos de comercio de propiedad del empresario que se estipulen o que sean consecuencia de un acuerdo de reestructuración, no habrá lugar a la oposición de acreedores prevista en el artículo 530 del Código de Comercio.

PAR. 3º—Para que una cláusula del acuerdo obligue personalmente a personas distintas de las previstas en el inciso primero del presente artículo, tales como los socios individualmente considerados, los terceros garantes o el titular de la empresa unipersonal, entre otros, se requerirá su aceptación o ratificación expresa de la correspondiente estipulación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1507 del Código Civil. Tratándose del empresario, el mismo se entiende legalmente obligado a la celebración y ejecución de los actos internos de sus órganos que se requieran para cumplir con las obligaciones que se le impongan en el acuerdo”.

4. Obligaciones posacuerdo.

Sobre este tema, que es el asunto principal a resolver, dado que de las pruebas recaudadas se desprende la existencia de obligaciones generadas con posterioridad al acuerdo de reestructuración suscrito por Arcec con sus acreedores, el tribunal ha soportado su investigación en la doctrina oficial de la Superintendencia de Sociedades, que a continuación se expone:

“Sea lo primero aclarar que la negociación y celebración de un acuerdo en los términos de la Ley 550 de 1999 constituye un mecanismo de recuperación de naturaleza universal y colectiva al que deben concurrir todos y cada uno de los acreedores del deudor, a fin de ver satisfechas sus acreencias de manera ordenada, conforme lo que se convenga en el acuerdo de reestructuración. De allí que durante la negociación no sea admisible la satisfacción separada de acreencias y que una vez suscrito el acuerdo deba darse estricto cumplimiento a los plazos y términos allí pactados, ya que los pagos que violen el orden establecido en el acuerdo, conforme a lo ordenado por el parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley 550 de 1999, son ineficaces de pleno derecho "y el acreedor respectivo, además de estar obligado a restituir lo recibido con intereses de mora, será postergado en el pago de su acreencia, respecto de los demás acreedores".

Ahora bien, lo anterior implica que absolutamente todos los acreedores, sin excepción alguna, deban estar a lo celebrado en el acuerdo y no puedan desconocer su contenido, respecto de acreencias causadas con anterioridad a la fecha en que comenzó la negociación en los términos de la Ley 550 de 1999”(1).

Acreencias que forman parte del acuerdo de reestructuración:

“El acuerdo de reestructuración tal y como lo establece la Ley 550 de 1999, es una convención que se realiza a favor de una o varias empresas,". Con el objeto de corregir deficiencias que se presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo.

Es así como, para la consecución de ese objetivo, se hace necesario, que todas las acreencias del deudor, vigentes a la fecha de iniciación de la negociación, formen parte de la masa de pasivos a reestructurar, máxime si se tiene en cuenta que, se trata de un escenario universal al que deben concurrir, todos y cada uno de los acreedores del deudor que pretendan la satisfacción de su crédito. Así las cosas, las acreencias que van a ser negociadas son aquellas originadas en fecha anterior a la del inicio de las negociaciones y se determinarán con base en el estado de inventario al que se refiere el artículo 20 de la Ley 550 de 1999, donde se especifican todas y cada una de las acreencias del deudor, con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la promoción por parte del empresario.

Diferente tratamiento se le otorga a las obligaciones adquiridas por el empresario con posterioridad a la fecha en que la sociedad fue aceptada a la promoción del acuerdo de reestructuración, toda vez que, estas no tendrán derecho de voto, deberán pagarse en forma preferente como gastos de administración y no formarán parte del acuerdo, tal y como lo dispone el artículo 19 de la normatividad citada.

Visto lo anterior, se concluye que, para determinar si una persona que es titular de un crédito a cargo del empresario en reestructuración, debe formar parte o no de la negociación del acuerdo, deberá establecerse la fecha de origen de la obligación, toda vez que, si esta es anterior a la fecha de inicio de las negociaciones del acuerdo de reestructuración, necesariamente para obtener su cancelación deberá acudirse al acuerdo y su pago estará sujeto a lo que se disponga en él, pero si la fecha de origen de la obligación es posterior a la de la negociación, entonces no formará parte del acuerdo y deberá ser cancelada en forma preferente como gasto de administración”(2).

En otro concepto, con igual significación y relevancia, la Superintendencia sostiene que:

“el Decreto 2250 de 2000, que reglamentó entre otros, el artículo 34, antes mencionado, en su artículo 1º señaló que "Los créditos que se otorguen al empresario desde el inicio de la negociación y hasta la fecha de la celebración del acuerdo de reestructuración gozarán de preferencia frente a los créditos objeto del acuerdo, siempre y cuando se destinen única y exclusivamente a la compra de insumos, materias primas, repuestos y/o a cubrir los gastos administrativos relacionados con el giro ordinario de los negocios.

Los gastos de administración generados a partir de la iniciación de la negociación, en los términos del artículo 13 de la Ley 550 de 1999, no serán materia del acuerdo de reestructuración y su pago se hará de manera inmediata y a medida que se vayan causando, sin perjuicio de la aceptación expresa de un tratamiento distinto por parte del respectivo acreedor en cada caso concreto, aceptación que no podrá darse tratándose de créditos fiscales.

En consecuencia, todas aquellas obligaciones que adquiera la sociedad en acuerdo de reestructuración, con fecha posterior a la admisión a la promoción de dicho acuerdo, se pagarán en forma preferente, y no se someterán al orden de pago que se establezca en el acuerdo, a menos de la aceptación expresa del respectivo acreedor en cada caso concreto.

Ahora bien, en el caso de que no se paguen de preferencia, la ley les otorga la facultad a los acreedores, de exigir su pago ante la justicia ordinaria y podrá dar lugar a la terminación de la negociación, o del acuerdo si este ya ha sido suscrito (...) (subrayado fuera de texto).

Visto lo anterior, se tiene que, los acreedores de obligaciones correspondientes a gastos de administración pueden demandar su incumplimiento ante la justicia ordinaria, adelantando los procesos que consideren pertinentes para su cobro”(3).

5. Análisis probatorio.

Se puede comenzar este estudio probatorio diciendo que el contrato de prestación de servicios materia de este laudo en efecto fue celebrado el 1º de septiembre de 2004, a un término inicial de un (1) año, prorrogado automáticamente de conformidad con la cláusula cuarta del mismo. De la lectura de este, también se puede determinar aparte de la existencia de la cláusula compromisoria (cláusula décima octava) como quedó señalado en el capítulo de competencia del tribunal, que la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios “forma de pago” dispone que: “el contratante pagará a la contratista dentro de los cinco días hábiles del mes inmediatamente siguiente a la presentación de las facturas teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: Como fecha de corte el día 3 de cada mes, entiéndase como corte los días causados y de productividad del personal asignado por la contratista para el trabajo o labor que se le asigne la empresa cliente. Parágrafo 2º: la contratante entrega al tercer día hábil de cada mes las novedades válidas en su calidad, correspondientes al mes anterior. Parágrafo 3º: la contratista presentará factura el día siguiente al recibo de las respectivas novedades. La contratista abonará en cuenta de ahorros que disponga cada trabajador asociado los valores correspondientes a compensaciones dentro de los tres días siguientes hábiles al pago en cheque de la contratante. Si el pago se realizare por transferencia electrónica, Human Life abonará el día siguiente hábil bancario, emitiendo certificación a la empresa cliente donde conste el abono realizado”. Así mismo, la cláusula sexta del contrato establece: obligaciones de la contratante: “a) Pagar a la contratista las facturas que esta le presente aceptadas por concepto de la prestación del servicio en la forma estipulada. Parágrafo 1º Con el fin de garantizar el pago mensual y oportuno de las compensaciones de sus trabajadores asociados en delegatura, La contratante garantiza el desembolso puntual de los dineros correspondientes. Se acuerda de mutuo, que las mensualidades se pagarán a los asociados únicamente en el momento en que la empresa cliente gire los valores respectivos. b) Informar por escrito oportunamente a la contratista toda irregularidad, que se presente en el desarrollo de este contrato. C) Poner a disposición del personal de sus asociados de la contratista la infraestructura operativa y técnica necesarias para el normal desarrollo de intermediación bursátil. D) A prestar sus instalaciones en calidad de comodato para que los cooperados puedan prestar sus servicios”.

De acuerdo con lo anterior, está demostrado dentro del proceso que la convocada, esto es Arcec S.A., incumplió las obligaciones pactadas en las cláusulas tercera (3ª) y algunas de la cláusula sexta (6ª) del contrato, tan es así que el apoderado de la demandada acepta en la intervención de alegatos que hubo mora en el pago de algunas facturas generadas por la prestación del servicio. Ahora bien, sobre el conflicto económico originado de las facturas que la demandante relaciona en la demanda, el tribunal se apoya para resolver la controversia en el dictamen pericial especializado del Dr. Héctor Alfonso Jaimes Jaimes, prueba que se decretó de oficio como consta en el capítulo I, acápite del trámite arbitral. El señor perito rindió un informe inicial en el que respondió a los siguientes cuestionamientos:

1) Validez y existencia de las obligaciones, así como la fecha de las mismas, objeto de la petición tercera motivo de este arbitramento.

2) Cuáles de estas obligaciones corresponden a fechas anteriores y cuáles a fechas posteriores a los acuerdos de reestructuración de pasivos de las sociedades “Archivistas Colombianos Especializados y Cía Ltda. – Arcec de Colombia Ltda. y Arcec Internacional Ltda.”, celebrados en el mes de febrero de 2005 con sus acreedores, de conformidad con la Ley 550 de 1999.

Después de una exhaustiva inspección que realizó el perito experto contable, en la cual revisó los libros oficiales contables y comerciales de ambas compañías, procedió en su informe a responder textualmente de la siguiente manera:

A la primera pregunta, el señor perito afirma “que las facturas 732-815-1112-1172-1297-1424-1526-1527-1639-1640-1750-1751-1839-1951-1950-1952-1953-2142-2143-2144 y 2145 fueron registradas por Human Life C.T.A. en los períodos respectivos a su expedición. Que en Arcec S.A. se encuentra dentro del archivo, las mismas facturas adjunto al comprobante de diario en que se causó el costo y/o gasto en el mes que se generó el servicio.

Las facturas relacionadas son válidas y existe la obligación por el servicio prestado.

Que las facturas 902 y 984 relacionadas por Human Life C.T.A., fueron anuladas y se estableció que la compañía Arcec S.A. tampoco las tiene dentro de sus archivos y registros, por tanto estas carecen de validez.

Respecto de las fechas de las mismas: La factura 815 relacionada en el documento presentado por Human Life C.T.A. con fecha 16 de marzo de 2006, tiene en la factura fecha16 de marzo de 2005. Todas las demás facturas presentan la fecha relacionada en el documento presentado por Human Life C.T.A., por lo que las fechas corresponden al período en que fueron registradas por la empresa Human Life C.T.A. en su contabilidad así:

FacturaFecha
732feb. 11/2005
815mar. 16/2005
902abr. 26/2005
984may. 20/2005
1112jun. 28/2005
1172jul. 13/2005
1297ago. 19/2005
1424sep. 15/2005
1526oct. 14/2005
1527oct. 14/2005
1639nov. 15/2005
1640nov. 15/2005
1750dic. 14/2005
1751dic. 14/2005
1839ene. 17/2006
1951feb. 13/2006
1950feb. 13/2006
1952feb. 13/2006
1953feb. 13/2006
2142abr. 5/2006
2143mar. 30/2006
2145abr. 5/2006”.

Para contestar la segunda pregunta, el señor perito nos ilustra acerca de algunas normas importantes respecto de la contabilidad de los comerciantes:

Decreto 2160 de 1986, Título II Normas contables básicas, artículos 2º, 9º y 10.

Decreto 2649 de 1993, Título I Capítulo III Normas básicas, artículos 11, 12, 13.

Sección IV Normas sobre las cuentas de resultado, artículos 96, 98 y 99.

Con base en estas, el experto perito determinó que “se evidenció que la compañía Arcec S.A. registró los gastos y la obligación en el período en que se prestó el servicio, creando la obligación con el tercero Human Life C.T.A., siendo este un contrato de tracto sucesivo en el período en que se realizó el trabajo contratado independientemente de que el tercero facturara en el período inmediatamente siguiente a este.

Human Life C.T.A. efectuaba la factura con fecha mes siguiente – día al mes de prestación de servicios.

Para clasificar las facturas, revisamos la secuencia del acuerdo de reestructuración así:

 

Solicitud de promoción del acuerdo:Diciembre 10/2004
Aceptación de la solicitud de promoción:Febrero 2/2005
Fecha de fijación del aviso:Febrero 2/2005
Vencimiento del aviso:Febrero 9/2005”

Finalmente concluye el perito que “las obligaciones anteriores a la fecha del acuerdo de reestructuración (febrero 2/2005) son: la factura 732, a pesar de tener fecha de expedición febrero 11/2005, corresponde realmente al servicio prestado en enero de 2005.

Obligaciones Posteriores a la fecha del acuerdo de reestructuración (febrero 2/05) son: Facturas 815-1112-1172-1297-1424-1526-1527-1639-1640-1750-1751-1839-1951-1950-1952-1953-2142-2143-2144-2445 correspondientes a servicios prestados en febrero de 2005 y meses posteriores”.

Es importante mencionar que el apoderado de la convocada solicitó complementación a la respuesta de la pregunta anterior, en el sentido de enunciar cuáles de las obligaciones que según el informe pericial son posteriores al acuerdo, aparecen sin pago al momento de ser admitida la demanda arbitral (octubre 6 de 2006).

Para la complementación de su dictamen, el señor perito “revisó además los documentos entregados a la Superintendencia de Sociedades el 2 de mayo de 2007, tanto facturas como pagos realizados por Arcec S.A. a Human Life C.T.A. desde febrero 2 de 2005, y con base en ello, determinó que las facturas con saldos pendientes de pago a esa fecha eran:

Factura 2142 de fecha 20 de febrero de 2006, con vencimiento abril 05 de 2006 y un saldo de siete millones seiscientos setenta y un mil cincuenta y nueve pesos moneda legal colombiana ($ 7.671.059).

En virtud de lo expuesto en los informes del perito, se puede concluir que: las facturas 815-1112-1172-1297-1424-1526-1527-1639-1640-1750-1751-1839-1951-1950-1952-1953-2142-2143-2144-2445, corresponden a obligaciones posteriores a la fecha del acuerdo de reestructuración, por tanto y por mandato legal, su pago debe ser en forma preferente, y no deben ser sometidas al orden de pago establecido en el acuerdo, lo que indica que los abonos o pagos efectuados por Arcec S.A. posteriores al 2 de febrero de 2005, debieron ser aplicados contablemente a las obligaciones mencionadas.

Lo anterior, trae como consecuencia lo afirmado por el señor perito, en cuanto a que la única obligación que aparecía sin pago al momento de ser admitida la demanda era el saldo correspondiente a la factura 2142 del 20 de febrero de 2006 por valor de $ 7.671.059. Entonces, la discusión se reduce a la forma en que la convocante aplicó contablemente dichos abonos, pues si se aplican como pagos a facturas anteriores al 2 de febrero de 2005, quedarían saldos en la mayoría de las facturas nuevas. Pero si los aplican a las nuevas facturas como ordena la ley (pagos inmediatos), el resultado es el saldo indicado en este mismo párrafo.

En conclusión, para el tribunal es claro que del acervo probatorio se desprenden tres conclusiones principales: (i) El incumplimiento por parte de la convocada de las obligaciones pactadas en la cláusula 3ª y en el literal A) de la cláusula 6ª del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes; (ii) Que en virtud del acuerdo de reestructuración de pasivos en el que la sociedad Arcec S.A. esta inmersa, las obligaciones a las que este tribunal se referirá en la parte resolutiva, son las denominadas posteriores a la fecha de aceptación de la solicitud de promoción de dicho acuerdo; y, (iii) Que los pagos correspondientes a obligaciones posteriores al acuerdo de reestructuración efectuados por Arcec S.A., la convocante Human Life C.T.A., los ha aplicado a las obligaciones anteriores al acuerdo.

6. Perjuicios solicitados por la demandante.

En cuanto a los perjuicios solicitados por la apoderada judicial de la demandante en su escrito de alegatos de conclusión, para el tribunal es claro que dicha petición no se formuló oportunamente en el escrito de la demanda, por tanto no se reconocerán los perjuicios alegados. Adicionalmente, la cuantificación de estos perjuicios no está probada dentro del proceso.

CAPÍTULO VI

Las costas y agencias en derecho

En consideración a que las pretensiones solicitadas no serán reconocidas en su totalidad, no se obliga a Arcec S.A. al pago de las agencias en derecho. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta los gastos incurridos por la parte convocante en el presente tribunal de arbitramento, se condena a la sociedad Arcec S.A. a pagar en favor de Human Life C.T.A. el 100% de las costas de conformidad con la liquidación que se presenta a continuación:

 

ConceptoMonto
Honorarios árbitro único$ 2.199.921,00
Honorarios para el secretario$ 1.099.960,00
Gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje y Conciliación sin IVA$ 595.575,00
Honorarios Perito 50%$ 549.980.00
Protocolización, registro y otros$ 595.575,00
Total$ 5.041.011,00

CAPÍTULO VII

Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto, el tribunal de arbitramento integrado para dirimir en derecho las diferencias entre Human Life C.T.A. y Arcec S.A., con ocasión del contrato de prestación de servicios celebrado el primero 1º de septiembre de 2004 mediante documento privado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. DECLARAR que Arcec S.A. incumplió el contrato de prestación de servicios suscrito con Human Life C.T.A. el día 1º de septiembre de 2004, renovado automáticamente a partir del 1º de septiembre de 2005.

Segundo. DECLARAR como consecuencia de lo anterior, la resolución del contrato de prestación de servicios suscrito por Arcec S.A. y Human Life C.T.A. el día 1º de septiembre de 2004, renovado automáticamente a partir del 1º de septiembre de 2005.

Tercero. CONDENAR a la demandada Arcec S.A., a pagar a favor de la demandante la suma de siete millones seiscientos setenta y un mil cincuenta y nueve pesos moneda legal colombiana ($ 7.671.059), correspondiente al saldo de las obligaciones posteriores al acuerdo de reestructuración celebrado entre Arcec S.A. y sus acreedores, contenidas en la factura 2142 de fecha 20 de febrero de 2006, con vencimiento abril 05 de 2006, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo arbitral.

Cuarto. CONDENAR a la demandada Arcec S.A., a pagar a favor de la demandante intereses moratorios a la tasa máxima legal estipulada por la Superintendencia Bancaria, sobre la suma de siete millones seiscientos setenta y un mil cincuenta y nueve pesos moneda legal colombiana ($7.671.059), hasta el momento en que se haga efectivo el pago total de la obligación.

Quinto. CONDENAR a la sociedad demandada a pagar las costas del proceso, de conformidad con el Capítulo VI de este laudo arbitral.

Sexto. En firme el presente laudo, protocolícese el expediente en una Notaría del lugar, y procédase a la liquidación de gastos a que haya lugar.

Séptimo. Expídanse copias auténticas de esta providencia con cargo a cada una de las partes, anotando en la que ha de recibir la sociedad Human Life C.T.A., que se trata de primera copia que, de conformidad con el numeral 2º del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, presta mérito ejecutivo.

La anterior providencia quedó notificada en estrados.

Cúmplase.

Álvaro Barrero Buitrago, único árbitro. 

Mario Posada García-Peña, secretario. 

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