Laudo Arbitral

Ingeniería Construcción y Equipos S.A., Incoequipos S.A., y Saleh y Torres Ltda. Ingenieros Contratistas

v.

Administración Cooperativa Interregional de Colombia Ltda., Coinco Ltda

Junio 6 de 2001

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el tribunal de arbitramento a dictar el laudo que pone fin al proceso arbitral entre las sociedades Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos S.A., Incoequipos S.A., y Saleh y Torres Ltda. Ingenieros Contratistas, por una parte, y Administración Cooperativa Interregional de Colombia Ltda., Coinco Ltda., por la otra.

CAPÍTULO I

Antecedentes

1.1. Las sociedades demandantes solicitaron el 23 de noviembre de 1999 al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la convocatoria de un tribunal de arbitramento con fundamento en las cláusulas compromisorias de los contratos 718/96 y 721/96 suscritos en esta ciudad por Incoequipos S.A. y Coinco Ltda. el 4 de diciembre de 1996, y por Saleh y Torres Ltda. y Coinco Ltda. en la misma fecha (cláusulas decimotercera y decimoquinta, de los contratos, respectivamente).

1.2. El centro de arbitraje admitió dicha solicitud en auto de 6 de diciembre de 1999, providencia que fue notificada personalmente el 22 de febrero de 2000 al representante legal de Administración Cooperativa Interregional de Colombia Ltda., Coinco Ltda., quien por intermedio de apoderado especial contestó la demanda y propuso excepciones de mérito y “previas”. El apoderado de la parte convocarte descorrió el traslado de dichas excepciones oportunamente.

1.3. El centro de arbitraje citó a las partes a audiencia de conciliación para el día 2 de mayo de 2000, pero esta no pudo surtirse por la inasistencia de la parte convocada.

1.4. La junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá designó como árbitros para integrar el tribunal a los doctores María Clara Michelsen Soto, Ricardo Vanegas Beltrán y Héctor J. Romero Díaz; el director del centro de arbitraje informó a los nombrados su designación, quienes manifestaron su aceptación oportunamente.

1.5. El tribunal de arbitramento se instaló el 15 de agosto de 2000 (acta 1); en esta audiencia fue designado como presidente el doctor Ricardo Vanegas Beltrán y como secretaria la doctora Florencia Lozano Reveiz, quien posteriormente manifestó su aceptación al cargo y tomó posesión del mismo ante el presidente del tribunal (acta 2).

1.6. En la audiencia de instalación los árbitros señalaron las sumas de honorarios de los miembros del tribunal, así como la partida de gastos de funcionamiento, se fijó como sede del tribunal las oficinas del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el norte.

1.7. Dentro de la oportunidad legal la parte convocante consignó por ambas partes las sumas correspondientes a gastos y honorarios del tribunal en manos de su presidente. Posteriormente se señaló fecha para llevar a cabo la primera audiencia de trámite.

1.8. La primera audiencia de trámite se inició el 25 septiembre de 2000 (acta 3) y, en auto de esa fecha, el tribunal ordenó a las partes acreditar el pago del impuesto de timbre de los contratos que dieron origen a las controversias sometidas a decisión del mismo.

Cumplido lo anterior el tribunal señaló fecha para continuar la primera audiencia de trámite.

1.9. El día 16 de noviembre de 2000 se terminó la primera audiencia de trámite (acta 6), en la cual se leyeron las cláusulas compromisorias decimotercera y decimoquinta de los contratos 718 y 721 de 1996, respectivamente. Mediante auto de esa fecha el tribunal asumió competencia para conocer y fallar en derecho las pretensiones formuladas por la parte convocarte en los términos de la demanda y de las excepciones de mérito propuestas por Coinco Ltda.; esta providencia no fue objeto de recursos.

También se decretaron las pruebas pertinentes pedidas por las partes.

1.10. Como las partes no acordaron el término de duración del proceso arbitral, el tribunal lo fijó en seis (6) meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, según lo disponen las normas legales pertinentes.

1.11. En audiencia de abril 26 de 2001 el tribunal, por autorización del inciso cuarto del artículo 70 de la Ley 80 de 1993, decretó la prórroga del término del proceso arbitral por dos (2) meses, razón por la cual se halla dentro del término legal para proferir el presente laudo.

1.12. El tribunal sesionó durante el trámite del proceso en 11 audiencias en las cuales practicó las pruebas decretadas. El 28 de febrero de 2001 se realizó la audiencia de alegatos de conclusión a la que no asistió el apoderado de la convocada.

CAPÍTULO II

Presupuestos procesales

El tribunal encuentra cumplidos los requisitos legales indispensables para la validez del proceso arbitral, lo que se verificó desde la primera audiencia de trámite, por lo cual puede proferir laudo de mérito.

En efecto, de los documentos aportados al proceso y examinados por el tribunal se estableció que:

2.1. Partes procesales

Parte demandante. Son las sociedades:

a) Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos S.A., Incoequipos S.A., sociedad que de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, agregado al expediente a folios 27 y siguientes del cuaderno de pruebas 1, tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C.; fue constituida mediante escritura pública 3253 de agosto 23 de 1979 de la Notaría Catorce de Bogotá y ha sido reformada en varias oportunidades. El representante legal es el gerente, cargo que a la fecha de la certificación ejerce Guillermo Rodríguez García. La mencionada sociedad convocante se denominará a lo largo del presente laudo como Incoequipos S.A.;

b) Saleh y Torres Limitada Ingenieros Contratistas sociedad que de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, agregado al expediente a folios 30 y siguientes del cuaderno de pruebas 1, tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C.; fue constituida mediante escritura pública 6802 de diciembre 29 de 1992 de la Notaría Séptima de Bogotá y ha sido reformada en varias oportunidades. El representante legal de esta sociedad es el gerente cargo que a la fecha de la certificación ejerce Jairo Saleh Páez. La mencionada sociedad se denominará en este laudo Saleh y Torres Ltda.

Parte demandada. Es Administración Cooperativa Interregional de Colombia Ltda., Coinco Ltda., entidad que de acuerdo con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, agregado al expediente a folios 34 y siguientes del cuaderno principal 1, está sometida al control y vigilancia del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, de quien obtuvo su personería jurídica el 29 de marzo de 1967 y tiene su domicilio en Bogotá, D.C., su representante legal es el gerente, cargo que a la fecha de la certificación ejerce José Policarpo Reuto Manosalva.

La entidad convocada se denominará en este laudo Coinco Ltda.

2.2. Capacidad

Las sociedades demandantes y la demandada tienen capacidad para transigir derivada de su condición de regladas por las normas legales, especialmente las relativas al contrato de sociedad, artículos 98 y siguientes del Código de Comercio; además porque de los documentos aportados al expediente no se encontró restricción alguna al respecto.

2.3. Apoderados

Por tratarse de un proceso de mayor cuantía las partes comparecen a este representadas por abogados; la parte convocante por el doctor Gustavo H. Cortés Valestt y la demandada por el doctor Juan Carlos Méndez Gutiérrez, —quien sustituyó el poder en la doctora Lucía Fajardo—, según poderes especiales a ellos conferidos por las partes que obran en el expediente y cuya personería fue reconocida durante el proceso.

CAPÍTULO III

Pretensiones

Se solicita al tribunal en la demanda que mediante laudo arbitral que haga tránsito a cosa juzgada se profieran las siguientes declaraciones y condenas (fls. 7 a 9 del cdno. ppal.):

“(…).

A. Principales

1. Que se declare que la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, incumplió los contratos 718 y 721 de 1996, y sus adicionales, suscritos con las sociedades Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda. respectivamente, por el no pago oportuno de las cuentas de cobro presentadas durante la ejecución de los contratos y no adelantar la liquidación de los mismos de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, indemnizar a Incoequipos y Saleh y Torres por los perjuicios ocasionados en la ejecución de los contratos 718 y 721 de 1996, y sus adicionales, por el retraso injustificado en los pagos de las actas de obra, y la no liquidación de los contratos, esto es realizando el pago de los intereses de mora que determina el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 679 de 1994 (sic).

3. Que se declare que la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, incumplió los contratos 718 y 721 de 1996, y sus adicionales, suscritos por las sociedades Incoequipos y Saleh y Torres respectivamente, por la realización de deducciones en los pagos no estipuladas en los contratos y generadas con posterioridad a la celebración de los mismos tales como las establecidas en la Ordenanza 45 de 1997.

3.1. Como consecuencia de lo anterior, solicito se condene a la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, a pagar a Incoequipos S.A.:

a) La suma de cuarenta y un millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos ($ 41.388.233) mcte. por concepto del valor de los descuentos realizados en virtud de la Ordenanza 45 de 1997 más intereses moratorios sobre este valor, correspondientes al contrato 718, de conformidad con las cifras que arroja el dictamen pericial que se adjunta como prueba.

3.2. Así mismo, se condene a la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, a pagar a Saleh y Torres Limitada Ingenieros Contratistas las siguientes sumas de dinero:

a) La suma de diez millones seis mil setecientos setenta y cuatro pesos ($ 10.006.774) equivalen a los descuentos realizados en virtud de la Ordenanza 45 de 1997 más intereses de mora correspondiente al contrato 721 de 1996, que son los valores que tuvieron que pagar mis apoderados y que le fueron deducidos de las cuentas por ellos presentadas a Coinco Ltda. con motivo de lo establecido en la Ordenanza 45 de 1997. Para estos efectos se tendrá en cuenta el dictamen pericial que se adjunta como prueba (sic).

1. Que se proceda, por parte de los señores árbitros a liquidar definitivamente los contratos 718 y 721 de 1996, y sus adicionales, suscritos por Coinco con las sociedades Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda., respectivamente.

2. Que se condene a la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, a actualizar las sumas precisadas en los numerales 1 a 4 a la fecha del correspondiente pago, con base en los intereses corrientes aceptados por el Consejo de Estado.

3. Se dé aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Se condene en costas a la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 446 de 1998.

B. Subsidiarias a la primera pretensión principal

1. Que se declare que por causas no imputables a Incoequipos S.A. y Saleh y Torres se rompió la ecuación económica contractual surgida al momento de presentación de la oferta y celebración de los contratos 718 y 721 de 1996, por los extracostos generados en el no pago oportuno de las cuentas de cobro presentadas durante la ejecución de los contratos.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicito se restablezca el equilibrio económico y financiero de los contratos, pagando la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, a las sociedades Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda., las sumas de dinero correspondientes al lucro cesante del perjuicio causado con dicho desequilibrio, de acuerdo con los valores que arroje el dictamen pericial que se solicita como prueba.

3. Que se declare que la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, generó un desequilibrio en los contratos 718 y 721 de 1996, y sus adicionales, suscritos por las sociedades Incoequipos y Saleh y Torres respectivamente, por la realización de deducciones en los pagos no estipuladas en los contratos y generadas con posterioridad a la celebración de los mismos tales como las establecidas en la Ordenanza 45 de 1997.

3.1. Como consecuencia de lo anterior, solicito se condene a la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, a pagar a Incoequipos S.A.:

a) La suma de cuarenta y un millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos ($ 41.388.233) mcte. por concepto del valor de los descuentos realizados en virtud de la Ordenanza 45 de 1997 más intereses moratorios sobre este valor, correspondientes al contrato 718, de conformidad con los valores que arroja el dictamen pericial que se adjunta como prueba.

3.2. Así mismo, se condene a la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, a pagar a Saleh y Torres Limitada ingenieros contratistas las siguientes sumas de dinero:

a) La suma de diez millones seis mil setecientos setenta y cuatro pesos ($ 10.006.774) equivalen a los descuentos realizados en virtud de la Ordenanza 45 de 1997 más intereses de mora correspondiente al contrato 721 de 1996, que son los valores que tuvo que pagar esta sociedad y que le fueron deducidos de las cuentas presentadas a Coinco Ltda. con motivo de lo establecido en la Ordenanza 45 de 1997. Para estos efectos se tendrán en cuenta los valores que arroja el dictamen pericial que se adjunta como prueba (sic).

4. Que se condene a la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, a actualizar las sumas precisadas en los numerales 1º a 4º a la fecha del correspondiente pago, con base en los intereses corrientes aceptados por el Consejo de Estado.

5. Se dé aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Se condene en costas a la Cooperativa Interregional de Colombia, “Coinco Ltda.”, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 446 de 1998 ...”.

CAPÍTULO IV

Excepciones

Por su parte, el apoderado de la parte convocada en la contestación de la demanda se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la obligación” y “falta de título y causa de los solicitantes”, y excepciones previas que denominó “Falta de jurisdicción y competencia del centro de conciliación y arbitraje para conocer del trámite arbitral, compromiso o cláusula compromisoria, no comprender la solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento a todos los litisconsortes necesarios y caducidad de la acción”.

CAPÍTULO V

Hechos

Como soporte de las pretensiones de la demanda el apoderado actor expuso los hechos que relaciona a folios 4 a 6 del cuaderno principal del expediente, los cuales se pueden sintetizar así:

5.1. El 4 de diciembre de 1996, Coinco Ltda. e Incoequipos S.A. celebraron el contrato 718 de 1996 para proveer materiales para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chusacá - El Triunfo en el departamento de Cundinamarca. El valor inicial de este contrato fue la suma de 2.007.329.513.99 y se pactó un plazo de 8 meses contados a partir del recibo del anticipo.

5.2. También el día 4 de diciembre de 1996, Coinco Ltda. y Saleh y Torres Ltda. Ingenieros Contratistas celebraron a su vez el contrato 721 de 1996, para la implementación de mano de obra civil para la rehabilitación y mejoramiento de la misma carretera. El valor inicial de este contrato fue la suma de $ 481.026.183, y se pactó igualmente un plazo de 8 meses contados a partir del recibo del anticipo.

5.3. Estos contratos se celebraron por invitación de Coinco Ltda., para lo cual las convocantes remitieron el 16 de octubre de 1996 el listado de precios para los trabajos requeridos.

5.4. Con el fin de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer, en los contratos estatales no pueden imponerse cargas tributarias creadas con posterioridad a la celebración de los mismos, lo contrario constituye un rompimiento de la ecuación contractual y un incumplimiento del contrato.

5.5. Los contratistas cumplieron los contratos, pues ejecutaron las labores y elaboraron las actas de recibo de obra conforme al programa de trabajo e inversiones para el mes correspondiente de ejecución, y cuyo valor resultaba de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por los precios unitarios que figuran en la cláusula segunda de los contratos 718 y 721 de 1996, o nuevos precios fijados entre las partes durante su desarrollo. Ejecutadas las obras y elaborada el acta procedían a presentar las cuentas de cobro respectivas.

5.6. En los contratos no se estipuló el plazo dentro del cual el contratante debía proceder al respectivo pago, pero la costumbre mercantil señala un plazo de gracia para ello que es de 30 días calendario. No obstante lo anterior, Coinco Ltda. retardó los respectivos pagos y por dicha tardanza los contratistas debieron financiar los contratos durante un período en el que las tasas de interés del mercado adquirieron altos valores. No obstante la iliquidez, las convocantes hicieron sacrificios para continuar prestando los servicios contratados.

5.7. Efectuado el pago de las actas de obra se elaboraba el acta de reajuste definitivo del acta de obra correspondiente. El lucro cesante del dinero no percibido o los extracostos financieros sufragados quedaron sin compensación alguna.

5.8. El 22 de octubre de 1996 la asamblea departamental de Cundinamarca, mediante la Ordenanza 45 de 1997, creó el impuesto Prodesarrollo, y en virtud de esta Coinco Ltda. dedujo un porcentaje equivalente al 2.4% de cada cuenta que se le presentaba.

5.9. La expedición de la mencionada ordenanza fue posterior a la oferta presentada por los contratistas, por lo cual su aplicación rompió la ecuación contractual de conformidad con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, pues tuvieron que asumir un mayor costo en la ejecución de la obra contratada, por razones no imputables a ellos.

CAPÍTULO VI

Pruebas decretadas y practicadas

En la primera audiencia de trámite el tribunal decretó las pruebas a instancia de las partes.

El tribunal considera útil, para el sustento de la decisión que adoptará en esta providencia, relacionar los medios de prueba allegados al proceso y que se incorporaron al expediente, los cuales fueron todos analizados para definir el asunto sometido a su consideración, así:

6.1. Documentales: Se aportaron los documentos que se relacionan en la demanda, a folios 19 del cuaderno principal y en la contestación de la demanda, a folios 48 del mismo cuaderno.

6.2. Oficios: Se libraron oficios a la gobernación de Cundinamarca, a la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y a Coinco Ltda. Las respuestas de las dos primeras fueron incorporadas al expediente.

6.3. Experticio: El tribunal ordenó tener como prueba el experticio rendido por el economista Carlos Javier de la Rosa Salcedo y que fue aportado con la demanda.

6.4. Dictamen pericial: De oficio se ordenó la práctica de un dictamen pericial, el cual fue rendido por la doctora Esperanza Ortiz Bautista, experta en materia financiera y contable. El apoderado de la parte convocante presentó solicitud de ampliación al dictamen pericial, ampliación que fue decretada y obra en el cuaderno de pruebas 1 junto con el dictamen. Posteriormente el mismo apoderado objetó por error grave el dictamen.

CAPÍTULO VII

Alegatos de conclusión

El apoderado de la parte convocante presentó su alegato de conclusión en la audiencia que se realizó para el efecto el día 28 de febrero de 2001 —acta 9— y reiteró sus pretensiones iniciales. En la misma audiencia, luego de su intervención entregó para el expediente el escrito que la contiene. El apoderado de la convocada no asistió a dicha audiencia.

CAPÍTULO VIII

Consideraciones del tribunal

En virtud de que no existe causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y los presupuestos procesales concurren a plenitud procede el tribunal a proferir el laudo, en derecho, que resuelva el asunto de fondo, esto es, tanto las pretensiones como las excepciones de mérito, a la luz de las normas jurídicas aplicables y de las pruebas allegadas al proceso.

8.1. Las pretensiones de la parte demandante

En suma, las pretensiones de las demandantes Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda. contra Cooperativa Interregional de Colombia Ltda., Coinco Ltda., se concretan a lo siguiente:

8.1.1. Que el tribunal declare que Coinco Ltda. incumplió los mencionados contratos (718, 721 y sus adicionales) por dos razones:

a) Porque no pagó oportunamente las cuentas de cobro, y

b) Porque no adelantó la liquidación de los mismos contratos.

Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a Coinco Ltda. a pagar todos los perjuicios, esto es, al pago de intereses moratorios ocasionados.

8.1.2 Que Coinco Ltda. incumplió los mismos contratos por haber hecho deducciones no estipuladas y generadas luego de la celebración del contrato a raíz de la Ordenanza 45 de 1997 (sic), a saber:

a) $ 41.388.233, más intereses moratorios, por el contrato 718, y

b) $ 10.006.774 por el mismo concepto, deducciones por Ordenanza 45 de 1999 (sic), más intereses moratorios, en relación con el contrato 721.

8.1.3. Que se actualicen las sumas anteriores con base en los intereses corrientes aceptados por el Consejo de Estado.

8.1.4. Que el tribunal liquide los contratos y sus adiciones.

8.1.5. Que se apliquen los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

8.1.6. Que se condene en costas a Coinco Ltda.

En subsidio de las pretensiones anteriores pidió la parte demandante:

— Que se declare que se rompió la ecuación contractual en razón del no pago oportuno de las cuentas de cobro. En consecuencia:

· Que se restablezca el equilibrio económico financiero y, que Coinco Ltda., pague a la actora el lucro cesante de acuerdo con el dictamen pericial pedido como prueba.

— Que Coinco Ltda. generó desequilibrio en los contratos 718 y 721 al deducir pago no estipulado en los contratos y generado después de celebrado el contrato, por la Ordenanza 45 de 1997 (sic). En consecuencia, se condene a Coinco Ltda., a pagar a la demandante tales deducciones, a saber: $ 41.388.233, más intereses moratorios, coniforme al dictamen pericial por el mismo contrato; más $ 10.006.774 más intereses moratorios, por el segundo contrato.

— Al igual que en las peticiones principales pide se actualicen las sumas, “Conforme lo acepta el Consejo de Estado” se apliquen los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y se condene en costas a la demandada (L. 446/98)

En resumen, las peticiones principales y las subsidiarias son exactamente las mismas:

a) Que Coinco Ltda. incumplió los contratos por no pagar oportunamente las cuentas de cobro, no liquidar los contratos y, haber hecho deducciones no estipuladas y generadas después de la celebración de los contratos, en razón de la Ordenanza 45 de 1997.

Lo que cambia en unas y otras peticiones parcialmente, es el fundamento de las mismas, pues, mientras las principales se basan en el incumplimiento de los contratos. En las subsidiarias la base es el rompimiento a la ecuación contractual por lo cual pide el restablecimiento del equilibrio económico y financiero.

En las primeras pide que el tribunal liquide los contratos y sus adiciones. Pero, en ambos casos pide perjuicios y devolución de las deducciones que le hicieron a la otra, con base en la Ordenanza 45 de 1999 (sic).

En las subsidiarias pide lucro cesante.

En las dos peticiones solicita el pago de intereses moratorios, actualización de sumas con base en intereses corrientes, aplicación de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y condena en costas.

b) El traslado de la demanda.

Como quedó consignado en los antecedentes de este laudo, oportunamente Coinco Ltda., contestó la demanda en la cual se opuso a las pretensiones, dijo que no demoró los pagos y que para su cancelación solo contaba con el desembolso que le hiciera el departamento de Cundinamarca, según convenio interadministrativo.

Agregó, que las convocantes debían pagar el impuesto.

Propuso las excepciones que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Falta de título o causa de las solicitudes” y “caducidad de la acción”.

Expresó así mismo, que para integrar el litisconsorcio necesario debía citarse al proceso al departamento de Cundinamarca.

8.2. Régimen jurídico aplicable a los contratos 718 y 721 y sus adiciones

La administración cooperativa interregional de Colombia Ltda., Coinco Ltda., es una empresa perteneciente al sector cooperativo solidario, que tiene como asociados a los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés y Vichada.

El parágrafo del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, consagra: “Para los solos efectos de esa ley también se denominan entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebren contratos por cuenta de dichas entidades”.

Son entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución Nacional.

Conforme a las normas citadas, a Coinco Ltda. se le aplica la Ley 80 de 1993 en relación con los contratos 718/96 y 721/96 celebrados con las entidades demandantes.

8.3. Las excepciones de fondo

Procede el tribunal, en primer lugar, a analizar los medios de defensa propuestos por la parte convocada en este tribunal, no sin antes observar que la parte demandada propuso excepciones previas, que no proceden en este proceso según dispone el artículo 121 de la Ley 446 de 1998. Las inconformidades que constituirían excepciones previas en otros procesos deben reclamarse oportunamente a través del recurso de reposición.

8.3.1. La excepción denominada inexistencia de la obligación

Sustenta tal defensa el apoderado de la convocada, en que las partes conocían y además pactaron la manera como los recursos de los contratos iban a ser cancelados. Señala igualmente, que con respecto a los descuentos que se hicieron a lo largo del contrato estos fueron hechos directamente por el departamento de Cundinamarca y que, por lo tanto, ninguna responsabilidad cabe a Coinco Ltda. Señala la parte convocada, en el escrito de excepciones previas —que dicho sea de paso no caben en esta clase de procesos— que en los contratos se pactó una cláusula en virtud de la cual, el contratante se obliga para con el contratista a reservar y cancelar el valor del contrato, con fondos provenientes del convenio SV-002/96 celebrado entre el departamento de Cundinamarca y Coinco Ltda.

Sin embargo, la posición contractual que asumió Coinco Ltda. en tales contratos fue a nombre propio, es decir, que no actuó por cuenta ni mucho menos a nombre del departamento de Cundinamarca. En esas circunstancias, la estipulación sobre los fondos del contrato constituye para el tribunal tan solo una cláusula informativa sobre el origen de los dineros, pero de ninguna manera condicionamiento para el pago de lo debido por Coinco Ltda.

La verdad de la lectura cuidadosa del contrato, especialmente de su cláusula séptima, en ninguna parte se dice lo que alega el apoderado de Coinco Ltda., esto es, que la cláusula condicione el pago a sus contratistas, a que el departamento de Cundinamarca le coloque a Coinco Ltda. los fondos necesarios en desarrollo del convenio SV-002/96. No existe disposición contractual en tal sentido.

De otro lado, en cuanto hace a los descuentos que se efectuaron durante el contrato, no es cierta la afirmación de la parte convocada, según la cual fue el departamento de Cundinamarca quien directamente descontó los pagos a Coinco Ltda.

Por el contrario, está probado documentalmente en el expediente, que de los pagos que realizó Coinco Ltda. a Saleh y Torres Ltda. y a Incoequipos S.A. fue la primera quien hizo los descuentos.

Por lo brevemente expuesto, se desestimará la excepción.

8.3.2. La excepción denominada falta de título y causa de los solicitantes

Absolutamente nada dijo la parte convocada para sustentar este medio de defensa. Tampoco aparece probado hecho alguno para que el tribunal proceda a declarar de oficio dicha excepción conforme al artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.

A pesar de que es sabido que en el proceso arbitral no hay lugar a la proposición de excepciones previas, considera el tribunal pertinente pronunciarse sobre dos temas que fueron propuestos en tal forma, ya que se refieren al fondo del asunto, que son el de la caducidad de la acción y el de la integración del litisconsorcio necesario.

8.3.3. La caducidad de la acción

Por mandato del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo cuando se intenta la acción contractual en un proceso arbitral, como sucede en este caso, en el cual la han impetrado las sociedades convocantes, tiene lugar la aplicación de la caducidad prevista en la citada norma, desde luego si se dan los supuestos requeridos por la ley.

En el asunto sub judice no puede prosperar la excepción de caducidad por lo siguiente: La norma aplicable para efecto de la acción contractual de que aquí se trata es la prevista en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, pues se trata de contratos que requieren de liquidación, por ser ellos de tracto sucesivo.

Prevé la citada norma que si la administración no liquida el contrato dentro de los dos meses siguientes al agotamiento del plazo pactado para ello, o dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato, el término de caducidad corre por dos años a partir del incumplimiento de la obligación de liquidar, vencimiento que no es otro que la finalización de los dos meses citados, incrementado tal plazo con el que se haya pactado en cada contrato, o con el legal que es de cuatro meses.

Como en los contratos 718 y 721 de 1996 no se pactó plazo dentro del cual las partes deberían haberlos liquidado, el plazo de caducidad es de dos (2) años contados a partir del vencimiento de los dos (2) meses siguientes a cuando debió liquidarse por las partes, o sea seis meses después de la finalización de los contratos.

El momento a partir del cual las partes podrían conocer los saldos que a favor o en contra existían por la ejecución de cada uno de los contratos, es aquel en que la entidad contratante realizó el último de los pagos a su cargo. Tanto en el contrato 718 como en el 721, tales pagos se produjeron el 14 de enero de 1998 (fl. 282 y 283 cdno. pbas. 1). Como no existió acto administrativo o acuerdo que ordenara la liquidación (CCA, art. 60), es a partir del 14 de enero de 1998 que debe empezar a contarse el término legal de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral; vencido este, corren dos meses más dentro de los cuales podía la administración hacer la liquidación unilateralmente.

Es decir, que en el asunto bajo examen a partir del 14 de julio de 1998 se cuentan los dos años de caducidad, término que venció el 14 de julio de 2000.

La demanda, fue presentada al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el día 23 de noviembre de 1999, fecha para la cual no habían transcurrido los dos años previstos en la ley para que opere la caducidad.

Por lo expuesto, tampoco prosperará la excepción de caducidad.

8.3.4. La integración del litisconsorcio necesario

Según la convocada en este proceso ha debido citarse al departamento de Cundinamarca para que quedara integrado el litisconsorcio necesario.

Pues bien, en el asunto de que ahora se ocupa el tribunal no procede citar al departamento como litisconsorte necesario, por cuanto no se dan las condiciones previstas en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, pues no existe disposición legal que ordene la integración, ni los asuntos sometidos a consideración de este tribunal requieren de la citación del departamento para resolverlos de mérito. Además, el departamento no fue parte en ninguno de los contratos que dieron lugar a este litigio.

Las declaraciones de incumplimiento o de ruptura del equilibrio de los contratos y sus eventuales condenas consecuenciales, para nada afectan al departamento de Cundinamarca. El departamento es un tercero frente a las relaciones sustanciales que surgieron para quienes eran parte en los contratos 718 y 721 de 1996.

En tal virtud, considerando que no existe en este caso ninguna de las causas por las cuales deba integrarse el litisconsorcio necesario, el tribunal encuentra que carece de razón el argumento de la parte convocada, por lo cual proferirá laudo de fondo.

Estudiadas como han quedado las excepciones se procede al análisis de las pretensiones.

8.4. El incumplimiento del contrato

Las pretensiones primera y tercera principales imputan como causas del incumplimiento de los contratos las siguientes:

No pago oportuno de las cuentas de cobro presentadas durante la ejecución de los contratos, no adelantar la liquidación de los mismos, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y, haber realizado Coinco Ltda. deducciones en los pagos que no estaban estipuladas en los contratos, las que se generaron con posterioridad a la celebración de los mismos, tales como las establecidas en la Ordenanza 45 de 1997 (sic).

8.4.1. El incumplimiento por el no pago oportuno de las cuentas de cobro

En la pretensión primera principal se persigue la declaratoria de incumplimiento por el no pago oportuno de las cuentas de cobro presentadas durante la ejecución de los contratos.

El incumplimiento no es otra cosa que la inejecución, o la ejecución tardía o defectuosa, de alguna de las prestaciones a que se obligaron las partes en el contrato.

Teniendo en cuenta que se imputa a la parte convocada haber incumplido el contrato en razón de no haber pagado oportunamente las cuentas de cobro que le presentaron Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda., resulta oportuno revisar los documentos que contienen los contratos 718 y 721, para establecer cuál era el momento en que debían pagarse las citadas cuentas.

Revisado el texto del contrato 718 celebrado entre Incoequipos S.A. de una parte y Coinco Ltda., de otra, no se encuentra estipulación alguna sobre el momento en el cual la contratante debía pagar las cuentas de cobro presentadas por la contratista (fls. 1 a 5 cdno. pbas. 1). La cláusula cuarta del citado contrato establece que el 50% del valor del mismo, que se señaló inicialmente en la suma de $ 2.007.329.513.99, se pagaría como anticipo en el momento en que se legalizaran los documentos para su ejecución y, el saldo, es decir el otro 50%, mediante actas parciales de acuerdo con el avance de obra. Para la legalización de estas actas parciales se estableció, como único requisito, el visto bueno previo del interventor de la obra, aspecto este que no fue objeto de discusión.

En términos similares se pactó lo relativo a la forma de pago en la cláusula cuarta del contrato 721 de 1996 que celebraron Coinco Ltda., como contratante y Saleh y Torres Ltda., como contratista (fls. 10 a 14 cdno. pbas. 1).

Si no existe estipulación contractual que señale un plazo o una condición que determinaran el momento en el cual la entidad contratante debía hacer el pago, procede estudiar si la ley establece algún plazo o condición.

El artículo 13 de la Ley 80 de 1993 preceptúa que en lo no previsto en esa ley se deben aplicar las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.

Por su parte, el artículo 50 de la misma ley consagra la forma y límites de la responsabilidad de las entidades estatales, señalando que responderán ellas por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas.

No señala la Ley 80 de 1993 un plazo o una condición para que la entidad contratante cumpla con los pagos de las cuentas de cobro presentadas por las sociedades contratistas.

La declaratoria de incumplimiento que se pide en la demanda, por supuesto, no corresponde ni es lo mismo que una petición de existencia demora.

Así las cosas, si la obligación no está dentro de los supuestos de los numerales 1º y 2º del artículo 1608 del Código Civil, es imperativo el requerimiento al deudor para constituirlo en mora. En otros términos, para que el acreedor pueda reclamar perjuicios al deudor, no basta con que este haya incumplido sino que es necesario que se le constituya en mora mediante requerimiento judicial (art. 1608 num. 3º).

Los contratos bajo análisis son bilaterales y conmutativos. En ambos, hay constancia no solo de la presentación de las cuentas de cobro sino del pago de las mismas.

Antes de concluir si la demandada pagó o no oportunamente las cuentas de cobro, es necesario establecer si dicho pago debía hacerse en forma inmediata o si existía para ello algún plazo.

El tribunal acoge la tesis reiterada por el honorable Consejo de Estado, según la cual la administración dispone de un plazo razonable para tramitar el pago, para lo cual ha señalado treinta (30) días hábiles, habida cuenta que el trámite propio del Estado no hace viable un pago inmediato.

Lo anterior lleva al tribunal a la conclusión indubitable de que Coinco Ltda. incumplió con los correspondientes pagos, a partir del día treinta (30) contado desde la fecha de la presentación de las respectivas cuentas de cobro en debida forma.

Por lo anterior, el tribunal despachará favorablemente la solicitud declarar el incumplimiento de los dos contratos por razón del no pago oportuno de las cuentas de cobro a cargo de Coinco Ltda., conforme a lo acabado de exponer.

8.4.2. El incumplimiento por no adelantar la liquidación de los contratos de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 disponen que los contratos de tracto sucesivo o aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación, bien de común acuerdo o en forma unilateral, en caso de que el contratista no se presente a la liquidación o no se llegue a un acuerdo sobre el contenido de la misma.

La declaratoria de incumplimiento del contrato, por no haberse liquidado el contrato, no solicitada en este proceso, está llamada a prosperar por las siguientes razones:

El incumplimiento de un contrato, se presenta por la inejecución, o la ejecución tardía o retardada de una obligación que le corresponde a alguno de los contratantes.

La obligación de liquidar el contrato, que es de origen legal, tiene por objeto que una vez terminado el contrato las partes definan los saldos que a favor o en contra de cada una de ellas resulten.

Sin embargo, la liquidación misma no es una obligación que constituya objeto del contrato, ni se entiende terminado legalmente solo con la liquidación.

Sabido es que los contratos son actos jurídicos llamados a crear derechos y obligaciones y que estos son vínculos jurídicos en virtud de los cuales una o más personas deben realizar prestaciones de dar, hacer o de no hacer, en provecho de otra u otras. No obstante la única fuente de obligaciones no es el contrato.

Se trata aquí de establecer si la falta de liquidación del contrato constituye incumplimiento de una de las obligaciones del mismo. Los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 136 del Código Contencioso Administrativo establecen tal obligación, en cabeza de la entidad estatal y del contratista, en un primer momento y, posteriormente, otorgan la facultad a la entidad estatal para que esta practique la liquidación en forma unilateral.

La ley radica, se reitera, en primer lugar, la obligación de liquidar el contrato o más bien la posibilidad de hacerlo, en cabeza de la entidad contratante y del contratista, quienes en tal etapa deberán realizar una serie de actividades como ajustes, revisiones, reconocimientos, llegar a acuerdos, conciliaciones y transacciones, con el fin de poner fin a las divergencias, si existiesen, y declararse a paz y salvo, si fuere el caso.

La omisión de esta obligación no constituye un incumplimiento en relación con el contrato. Tampoco que la administración, en un segundo momento se abstenga de realizar la liquidación en forma unilateral.

Si bien tal omisión constituye incumplimiento a un mandato legal, el mismo no se enmarca dentro de la vida del contrato. La obligación de liquidar el contrato se ha fijado en la ley no como un vinculo obligatorio de una de las partes para con la otra, sino como un deber legal que mira el interés público, en razón de que a todos interesa que las entidades estatales definan los saldos a favor o en contra que les resulten.

En síntesis, la obligación de liquidar el contrato no está impuesta por la ley a una sola de las partes del mismo. Más bien, lo que ha señalado es un procedimiento, que puede terminar en un acuerdo bilateral, en una liquidación unilateral o en una liquidación judicial del contrato.

Sin embargo, el hecho de que la entidad estatal no haya efectuado la liquidación unilateral del contrato no constituye incumplimiento a las obligaciones que adquirió por virtud del mismo, como tampoco podría predicarse incumplimiento negocial del contratista que no acudió a efectuar la liquidación en forma bilateral.

No existe prueba alguna en el proceso de que Incoequipos S.A. o Saleh y Torres Ltda. hubieran realizado actividad alguna tendiente a la liquidación de los contratos en forma bilateral. Tampoco que se hubiera hecho liquidación unilateral. Precisamente, por lo anterior, la liquidación se ha pedido en este proceso.

Por lo expuesto la pretensión será desestimada.

8.4.3. Pretensión relativa a la declaratoria de incumplimiento por la realización de deducciones en los pagos no estipuladas en el contrato

La petición tercera principal de la demanda se dirige a que el tribunal declare el incumplimiento de los contratos 718 y 721, por razón de la realización de descuentos no autorizados en los contratos por parte de Coinco Ltda. a Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda.

De acuerdo con el dictamen pericial, el primero de los descuentos realizados a Incoequipos S.A., en desarrollo del contrato 718, se hizo el día 22 de mayo de 1997, al pagar la factura 0671.

De otro lado, el primer descuento que se hizo a Saleh y Torres, en desarrollo del contrato 721, corresponde a la factura 050 y se hizo el 6 de mayo de 1997.

Tales descuentos (fls. 250 y 253 del cdno. pbas. 1) tienen como frente la estampilla Prodesarrollo mencionada en la demanda.

Para el caso de Incoequipos S.A., está probado en el expediente (fls. 15 y 17 del cdno. pbas. 1) que para los contratos adicionales 1 y 2 al contrato 718 de 1996, la sociedad contratista autorizó expresamente a la entidad contratante descontar de cada una de las sumas en que se adicionó el contrato el 2.4% “... con el objetivo de cancelar la estampilla Prodesarrollo a la tesorería del departamento de Cundinamarca ...”.

Los contratos adicionales 1 y 2, son del 16 de junio de 1997 y del 21 de agosto de 1997.

Existe, pues, en este caso, una expresa autorización por parte de Incoequipos S.A. para que se le hicieran los descuentos correspondientes a la estampilla denominada Prodesarrollo.

No existe prueba en el expediente que una vez producidos los descuentos de las actas de obra, en lo correspondiente a la estampilla Prodesarrollo, se haya hecho alguna clase de reclamo o manifestación de insatisfacción por parte de las entidades contratistas.

Dentro de los criterios de interpretación de los contratos es probablemente uno de los que mayor relieve tiene, el previsto en el último inciso del artículo 1622 del Código Civil, que prevé que los contratos pueden interpretarse por la aplicación práctica que de sus cláusulas hayan hecho ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra.

En efecto, nada más indicador de la interpretación de la voluntad de las partes en un contrato, que la ejecución que del mismo hicieron sin que mediara conflicto.

En el caso bajo estudio para el tribunal es revelador que las sociedades contratistas Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda. aceptaron, por la ejecución del contrato sin reparo alguno, los descuentos que se les hicieron en razón de la estampilla Prodesarrollo. Además, en el caso de Incoequipos S.A. existió expresa autorización para que se hicieran los mencionados descuentos.

Si bien es cierto que inicialmente en el contrato no se pactó que se realizarían los descuentos que posteriormente hizo Coinco Ltda. por concepto de la estampilla Prodesarrollo, también es verdad que el contrato se ejecutó, a partir de determinada fecha, hasta su terminación, haciendo el descuento de la mencionada estampilla sin que mediara, se repite, ningún reclamo de las sociedades contratistas, de lo cual infiere el tribunal, sin lugar a dudas, que aceptaron tal forma de ejecución.

Por lo expuesto, la pretensión mencionada no prosperará, sin perjuicio del pronunciamiento que hará el tribunal con respecto al rompimiento del equilibrio económico del contrato.

8.5. Las pretensiones relativas al pago de perjuicios proveniente del retraso en los pagos de las actas de obra

La petición segunda principal de la demanda persigue la obtención del pago de la indemnización de los perjuicios que se ocasionaron con la ejecución de los contratos 718 y 721 con sus adicionales, de una parte por el retraso injustificado del pago de las actas de obra y de otra, por la omisión de la liquidación de los contratos, y pide, como conclusión, los intereses de mora previstos en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y en el Decreto Reglamentario 679 de 1994.

Teniendo en cuenta que la petición primera principal formulada en la demanda, fue parcialmente desestimada en cuanto a la declaratoria de incumplimiento proveniente de la omisión de liquidar los contratos, la indemnización por este último concepto, ha de negarse.

Con respecto a la indemnización de los perjuicios ocasionados por el retraso en los pagos de las actas de obra, los convocantes piden su pago como interés de mora.

Como se dijo, el reclamo de perjuicios solamente se puede plantear cuando el deudor está constituido en mora. No basta el simple incumplimiento de la obligación para que el acreedor esté legitimado para pedir perjuicios.

Los artículos 1608 y 1615 del Código Civil prevén con claridad la particular condición que se requiere para que el deudor sea constituido en mora.

Para que Coinco Ltda. estuviera obligada a indemnizar perjuicios ha debido ser constituida en mora. Empero, no existe prueba alguna del requerimiento judicial para tal efecto, por lo cual no prospera la pretensión de condena por perjuicios e intereses moratorios. El pago de las últimas en uno y otro contrato, se produjo el 14 de enero de 1998 y para esa fecha Coinco Ltda. no estaba en mora, aunque sí había incumplido con la obligación de pago de las cuentas.

No puede perderse de vista, que si bien el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil establece que la notificación del auto admisorio de la demanda tiene come efecto constituir en mora al deudor demandado, cuando se produjo tal notificación en este proceso la demandada ya había pagado la totalidad del importe de las facturas y, por lo tanto, no existía obligación alguna sobre la cual predicar la mora.

8.6. Las pretensiones de los numerales 3.1 y 3.2 principales

Las citadas pretensiones de condena se derivarían de la prosperidad de la declaratoria de incumplimiento por razón de los descuentos, relativa a la estampilla Prodesarrollo, la cual fue desestimada por el tribunal.

En tal virtud, las pretensiones de los numerales 3.1 y 3.2 de la demanda no prosperarán, pues aquella de la cual dependían —la de incumplimiento del contrato— fue desestimada por el tribunal según se expresó.

8.7. La pretensión relativa a la liquidación del contrato

Los artículos 87 y 136 (num. 10 lit. d)) del Código Contencioso Administrativo autorizan ejercer la acción contractual con la finalidad de que el contrato se liquide.

Entiende el tribunal que tal es el fundamento de la pretensión de las sociedades convocantes y, por lo tanto, procederá a liquidar el contrato. Para ello, ha de tenerse en cuenta que una cosa es la liquidación del contrato para establecer los saldos a favor o en contra que existen para la entidad estatal o para las sociedades contratistas y otra, las cargas económicas resultantes de este laudo, por razón de eventuales incumplimientos o de la declaratoria de ruptura del equilibrio económico y su restablecimiento.

Por lo expuesto, el contrato se liquidará según se ejecutó y antes de que se establezcan los rubros que con fundamento en este laudo corresponda pagar a Coinco Ltda.

Para efectos de la liquidación el tribunal acoge la efectuada por la perito Esperanza Ortiz, en virtud de ser este dictamen pericial firme, preciso y por estar plenamente fundamentado como aparece a continuación:

Liquidación contrato 718 - Materiales y suministros
valor ejecución obra facturas presentadas
Total facturación presentada: $ 2.867.029.750
Descuentos efectuados:
Menos 5% Ley 241/95-$ 18.038.684
Menos 2.4% o 2% estampilla Prodesarrollo-$ 37.513.835
Menos retención en la fuente del 3%-$ 55.910.581
Menor (mayor) valor tomado de acta de obra-$ 12.676.092
Total descuentos efectuados-$ 125.039.192

Pagos efectuados
Total pagos realizado factura anticipo-$ 1.484.912.280
Total pagos realizados facturas acta-$ 1.257.078.278
Saldo a favor o a cargo$ 0

Liquidación contrato 721 - Mano de obra Valor ejecución obra facturas presentadas
Total facturación presentada$ 701.998.264
Descuentos efectuados:
Menos 5% Ley 241/95-$ 4.495.395
Menos 2.4% o 2% estampilla Prodesarrollo-$ 7.863.019
Retención en la fuente del 3%-$ 6.778.628
Menor (mayor) valor tomado de acta de obra-$ 1.161.908
Total descuentos efectuados-$ 20.298.950

Pagos efectuados
Total pagos realizados facturas anticipos-$ 371.662.887
Total pagos realizados facturas actas-$ 310.036.427
Saldo a favor o a cargo$ 0

Queda así hecha la liquidación.

Una vez efectuada la anterior liquidación, encuentra el tribunal que en ninguno de los dos contratos existen saldos a favor o en contra de las sociedades contratistas ni de Coinco Ltda.

8.8. La pretensión relativa a las actualizaciones pedidas en la demanda

En la pretensión quinta principal las sociedades demandantes solicitan que las cifras pedidas en los numerales 1º a 4º del capítulo de pretensiones se actualicen con base en los intereses corrientes aceptados por el Consejo de Estado.

Teniendo en cuenta, que no existen cifras para actualizar de acuerdo con la liquidación anterior, la pretensión se rechazará por sustracción de materia.

8.9. Las pretensiones subsidiarias primera y segunda

Se pide en estas la declaratoria de la ruptura económica del contrato, con fundamento en el no pago oportuno de las cuentas de cobro, en la primera, y el restablecimiento consecuencial de dicho equilibrio, en la segunda.

Definido por el tribunal el tema del no pago oportuno de las cuentas de cobro presentadas durante la ejecución de los contratos, considera también definido el asunto por la vía de las pretensiones principales, por cuanto prosperó la pretensión de declarar el incumplimiento del contrato por esa causa.

Por tanto se rechazarán las pretensiones primera y segunda subsidiarias.

8.10. La pretensión relativa a la generación de un desequilibrio económico por la realización de deducciones (en los pagos) no estipuladas en los contratos

La pretensión tercera subsidiaria de la demanda persigue que se declare que existió un desequilibrio económico en los contratos 718 y 721 de 1996, con base en que se hicieron deducciones que no estaban estipuladas en los contratos y que dichas deducciones se generaron con posterioridad a la celebración de los mismos, con fundamento en la Ordenanza 45 de 1997, erróneamente citada en la demanda ya que corresponde a la ordenanza 24 de ese mismo año y que se allegó en virtud de prueba de oficio decretada por el tribunal.

El artículo 90 de la Carta Política establece que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Se trasladó con tal criterio el tema de la responsabilidad estatal del ámbito de la antijuridicidad de la conducta al ámbito de la antijuridicidad del daño. Para efectos indemnizatorios significa ello que el sujeto que soporta el daño no tenga la obligación legal de soportarlo.

Ha dicho el Consejo de Estado sobre el particular “a estos efectos, conviene comenzar por distinguir el concepto jurídico de lesión del concepto vulgar de perjuicio. En este último sentido, puramente económico o material, por perjuicio se entiende un detrimento patrimonial, cualquiera. Para que exista lesión resarcible se requiere, sin embargo, que ese detrimento patrimonial sea antijurídico, no ya porque la conducta de su autor sea contraria a derecho (antjuridicidad subjetiva), sino más simplemente porque el sujeto que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo (antijuridicidad objetiva): (por ejemplo, los dictámenes del Consejo de Estado de 5 de abril de 1968, y 8 de julio de 1971, entre otros muchos). Como dice con toda corrección la sentencia del 27 de enero de 1971 y reitera el auto de lo de febrero de 1972, la lesión supone un “perjuicio que no es antijurídico por la manera de producirse sino que el titular del bien o derecho lesionado no tiene el deber jurídico de soportarlo, aun cuando el agente que lo ocasione obre dentro del marco de licitud”. La antijuridicidad susceptible de convertir el perjuicio económico en lesión indemnizable se predica, pues, del efecto de la acción administrativa (no de la actuación del agente o de la administración causante material del daño), a partir de un principio objetivo de garantía del patrimonio de los ciudadanos que despliega su operatividad postulando la cobertura del daño causado en tanto y en cuanto no existen causas de justificación que legitimen como tal el perjuicio de que se trata” (C.E. Sec. Tercera. Sent. de nov. 22/92).

Los artículos 3º, 5º, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993 y 16 de la Ley 446 de 1998 consagran el derecho del contratista a que el equilibrio económico del contrato se mantenga durante toda la vida del mismo y en caso de que así no suceda, la ecuación financiera del mismo debe ser restablecida.

“La ecuación financiera del contrato es una figura de imperativo legal, que se aplica con independencia de que las partes la hubieren pactado o no. En otros términos, la Sala considera que es el propio legislador quien fija las reglas tendientes a procurar el mantenimiento del equilibrio económico del contrato conmutativo cuando este se rompa en aquellos casos no imputables al contratista, por distintas circunstancias.

Frente al mandato legal, mal podría el juez de dicho contrato desconocer, sin razón, tales preceptos normativos” (Sent. de oct. 24/96, Exp. 11.632, C.P. Daniel Suárez Hernández).

La Ley 80 de 1993 pretende que las relaciones contractuales entre el Estado y los particulares conduzcan al efectivo logro de los fines pretendidos tanto por la administración —el interés social— como por el contratista particular —la retribución— o sea una legítima ganancia.

Está probado en el expediente (fls. 19 a 25 del cdno. pbas. 1) que en la propuesta que hizo Incoequipos S.A. para el suministro de materiales y mano de obra, lo que más adelante se convertiría en el contrato 718, se hizo una descripción detallada de los materiales a suministrar por unidades, cantidades valor unitario y valor total. La fecha de tal propuesta fije 16 de octubre de 1996.

Por otro lado, Saleh y Torres Ltda. formuló su propuesta a Coinco Ltda. el 14 de noviembre de 1996 presentando un cuadro de cantidades, precios unitarios y valor total correspondientes al valor de la mano de obra, que más adelante se convertiría en el contrato 721 celebrado entre las dos entidades mencionadas.

Como lo sostienen las entidades demandantes, en ninguna de las dos propuestas se previó el descuento correspondiente a la estampilla Prodesarrollo, lo cual es perfectamente lógico pues la ordenanza 24 de la asamblea de Cundinamarca es del año 1997.

Para el tribunal es indiferente que las sociedades demandantes hayan invocado erróneamente la Ordenanza 45 como fuente de los descuentos, pues de todas maneras se encuentra probado tanto en los documentos aportados por la parte demandante como en el dictamen pericial que los descuentos efectivamente se realizaron y que los mismos no estaban previstos dentro de las ofertas que hicieron las convocantes a Coinco Ltda.

Lo cierto es que la causa del rompimiento de la ecuación económica no es atribuible, de ninguna forma, a las sociedades convocantes, por lo cual ellas deben ser colocadas en una situación de equilibrio económico tal, que el contrato les reporte una compensación integral, completa y razonable de los gastos en que incurrieron por causa del rompimiento de dicho equilibrio.

En tal virtud el tribunal accederá a la petición de condenar a la convocada al pago de los intereses moratorios, como forma de restituir la ecuación financiera del contrato, según la liquidación que adelante se realiza, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 8 del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 679 de 1994 en su artículo 1º.

Actualización con IPC:

Fórmula: VHA = VH*((If/Ii))

VHA = Valor histórico actualizado.

VH = Valor histórico.

Ii = Índice de precios al consumidor certificado por el DANE, en fecha inicial o del comprobante de pago.

If = Índice de precios al consumidor certificado por el DANE, al mes anterior del laudo o fecha final, mayo de 2001 (mayo proyectado).

If/Ii = Relación de índices para actualización.

 VHFiFfVHA
Contrato NºFactura NºValor históricoFecha inicialFecha finalValor histórico actualizado
7180671$ 2.383.324.13Jul-97May-2001$ 3.712.707.22
7180674$ 14.381.675.08Sep-97May-2001$ 22.652.868.23
7180692$ 2.737.380.49Sep-97May-2001$ 4.180.884.43
7180703$ 10.571.370.31Nov-97May-2001$ 15.792.487.82
7180713$ 5.095.941.46Nov-97May-2001$ 7.612.787.28
7180721$ 1.894.143.81Ene-98May-2001$ 2.789.718.65
  $ 37.513.835.28  $ 56.741.453.63

 VHFiFfVHA
Contrato NºFactura NºValor históricoFecha inicialFecha finalValor histórico actualizado
721050$ 629.490.00Jul-97May-2001$ 980.610.24
721053$ 3.553.706.40Sep-97May-2001$ 5.427.683.81
721055$ 930.905.07Sep-97May-2001$ 1.421.799.62
721058$ 656.157.95Sep-97May-2001$ 1.002.169.99
721062$ 439.719.92Nov-97May-2001$ 656.894.17
721068$ 1.327.890.34Nov-97May-2001$ 1.983.725.04
721074$ 325.149.45Ene-98May-2001$ 478.884.16
  $ 7.863.019.12  $ 11.951.767.03

Liquidación intereses del 12% anual:

Fórmula = VF= (VHA) x (i/365) x (d).

VF = Valor histórico actualizado más intereses del 12% anual.

VHA = Valor histórico actualizado.

Fecha inicial = Fecha inicial o del comprobante de pago.

Fecha final = La del laudo.

d = Días entre fechas año calendario.

i = 12% anual.

Int = (VF - VHA).

 VHAFiFfInt.
Contrato NºFactura NºValor histórico actualizadoFecha inicialFecha finalValor intereses del 12% anual liquidados sobre el valor histórico actualizado
7180671$ 3.712.707.2215-Jul-9706-Jun-2001$ 1.735.716.06
7180674$ 22.652.868.2311-Sep-9706-Jun-2001$ 10.158.414.99
7180692$ 4.180.884.4329-Sep-9706-Jun-2001$ 1.850.127.27
7180703$ 15.792.487.8219-Nov-9706-Jun-2001$ 6.723.705.77
7180713$ 7.612.787.2820-Nov-9706-Jun-2001$ 3.238.667.42
7180721$ 2.789.718.6514-Ene-9806-Jun-2001$ 1.136.370.88
  $ 56.741.453.63  $ 24.843.002.38

 VHAFiFfInt.
Contrato NºFactura NºValor histórico actualizadoFecha inicialFecha finalValor intereses del 12% anual liquidados sobre el valor histórico actualizado
721050$ 980.610.2415-Jul-9706-Jun-2001$ 458.442.00
721053$ 5.427.683.8111-Sep-9706-Jun-2001$ 2.433.981.60
721055$ 1.421.799.6223-Sep-9706-Jun-2001$ 631.980.19
721058$ 1.002.169.9929-Sep-9706-Jun-2001$ 443.480.81
721062$ 656.894.1719-Nov-9706-Jun-2001$ 279.674.94
721068$ 1.983.725.0420-Nov-9706-Jun-2001$ 843.925.55
721074$ 478.884.1614-Ene-9806-Jun-2001$ 195.069.86
  $ 11.951.767.03  $ 5.286.554.96

En resumen, el restablecimiento de la ecuación económica del contrato 718 de 1996 se obtiene actualizando los valores que fueron descontados a Incoequipos S.A. y aplicando el interés el 12% anual a los valores ya actualizados, lo cual arroja a favor de esta última sociedad y a cargo de Coinco Ltda. un total de $ 81.584.456.01.

Para el caso del contrato 721 de 1996 el restablecimiento del equilibrio del contrato se obtiene actualizando los valores que fueron descontados a Saleh y Torres Ltda. y aplicando el interés del 12% anual a los valores ya actualizados, para un total a favor de esta última sociedad y a cargo de Coinco Ltda. de $ 17.238.321.99.

La pretensión prosperará y se condenará por lo tanto a la sociedad convocada al pago de las sumas mencionadas.

8.11. Objeción del dictamen por error grave

El tribunal, para mejor proveer, y como encontrara que la liquidación allegada por la parte actora, que obra a folios 37 a 42 del cuaderno de pruebas 1, no se ajustaba a los requerimientos legales y financieros para llegar a una justa y jurídica liquidación, de oficio ordenó la práctica de un dictamen pericial para lo cual designó a una economista quien después de tomar posesión y dentro del término que le fue señalado rindió el experticio con base en el cuestionario formulado de oficio. Del peritaje se corrió traslado a las partes. Las sociedades demandantes solicitaron aclaración y complementación del dictamen pericial. Hechas las aclaraciones y complementaciones, el apoderado de las convocantes objetó la misma prueba por errores graves y para la demostración de estos solicitó como prueba el dictamen practicado por otro economista, que anexó al escrito de objeción.

La perito designada por el tribunal, cuyo dictamen fue objetado, presentó correcciones al dictamen y aclaraciones y complementaciones al mismo, de todo lo cual se dio traslado a las partes.

Las sociedades objetantes impugnaron el dictamen por las siguientes razones: Existir error en la liquidación de los intereses por la mora en el pago de las facturas de los contratos 718 y 721, básicamente por las fechas de determinación de los mismos; falta de liquidación de los intereses causados por los descuentos por estampilla Prodesarrollo, por cuanto, al decir del objetante, la perito no tuvo en cuenta los intereses de mora; error en los saldos a favor o en contra, pues, tampoco se tuvieron en cuenta los intereses; así mismo, desacierto en la liquidación de los contratos y no considerar la mora en el pago de las sumas descontadas con base en una resolución dictada con posterioridad a la celebración de los contratos.

Por mandato del numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, para que el error sea grave, se requiere que “... haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en estas”.

Sobre el particular, la honorable Corte Suprema de Justicia ha dicho: “... si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la petición de la diligencia con intervención de otros peritos ...” (G.J. T. LII, pág. 306).

Así, lo que permite que un peritaje contenga error “grave” es el hecho de “... cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven ...; de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 4º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil... no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador que al considerarla entrara en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva”. (Sent. CSJ, Exp. 3445, M.P. Carlos Esteban Jaramillo S., Revista “Jurisprudencia y Doctrina” 263, págs. 1.072 y ss.).

Lo cierto es que las objeciones no pueden circunscribirse a contradecir el dictamen por tener diferente criterio de interpretación, pues la contradicción del objetante, además de sustentarse, debe estar dotada de concreción y justificación, se deben exponer los fundamentos que soportan la gravedad que al error se le atribuye, para terminar demostrando la trascendencia del mismo sobre los efectos determinantes de la cuestión de fondo, al punto que lleve a la conclusión de que el error que se imputa al dictamen es suficiente para ser calificado como “grave” en el sentido que tiene esta locución para la doctrina y la jurisprudencia.

Para que la objeción por error grave prospere, el error debe ser trascendente, es decir, de tal magnitud que cambia la decisión de fondo, lo cual no se presenta en el caso objeto de estudio, por cuanto el dictamen pericial, con sus correcciones y complementaciones, se ajusta a los cálculos matemáticos y financieros que conducen a una correcta liquidación de los intereses. De otra parte, la sentencia de la honorable Corte Suprema de Justicia del 18 de octubre de 1971, señala que “motu propio, los peritos pueden explicar, ampliar, o aclarar el dictamen”.

Encuentra el tribunal que si bien es cierto el dictamen tuvo un error inicial —que no alcanzó la categoría de grave— en cuanto al conteo de los días para aplicar los intereses de mora, este fue corregido por la perito en las aclaraciones y complementaciones. Las demás objeciones planteadas como “errores graves” no tienen tal condición, por cuanto se refieren en últimas a no compartir los criterios expuestos por la perito, pero que no trascienden en las conclusiones.

No existen, pues, los errores graves endilgados al dictamen pues como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia estos no tienen la “característica de ir contra la naturaleza de las cosas, o la esencia de sus atribuciones”.

Por las precedentes consideraciones, por cuanto el dictamen tiene apoyo serio y fundado, sus conclusiones arrojan cifras reales en relación con las sumas y cantidades liquidadas, por cuanto con diferentes análisis siempre se llegaría a la misma conclusión fáctica y jurídica, el tribunal acoge para su decisión el dictamen pericial rendido por la perito como consecuencia de la prueba oficiosa decretada, en la forma como fue aclarado y completado, contrario sensu desestima la objeción por error grave que se le formuló como habrá de declararse.

CAPÍTULO IX

Costas

Las sumas fijadas para honorarios y gastos del tribunal fueron canceladas de manera exclusiva por las sociedades convocantes, Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda., conforme se dijo al comienzo de este laudo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, modificado en su inciso 3º por el artículo 105 de la Ley 23 de 1991, normas compiladas por el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998, las sumas mencionadas se tendrán en cuenta para liquidar costas, junto con los intereses de mora, conforme a las mismas disposiciones. Las sumas por los anteriores conceptos constan en el acta 1 de instalación del tribunal (fls. 90 a 93 cdno. ppal.) y en ellas se estableció que correspondía pagar a Coinco Ltda. el 50% del total de las mismas.

Como Coinco Ltda. no consignó la suma que le correspondía y en su lugar la consignaron las sociedades convocantes Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda., la primera deberá reintegrar a estas, junto con los intereses que dispone la ley, desde el momento en que se efectuó el pago y hasta el día en que efectivamente se haga la restitución.

La suma que se consignó por cuenta de la convocada es $ 5.809.285 y el pago se hizo el día 6 de septiembre de 2000. Por igual valor consignaron las convocantes lo que a ellas correspondía el 29 de agosto de 2000. Está demostrado en el expediente también que por concepto de honorarios a favor de la perito Esperanza Ortiz pagaron $ 522.500 moneda corriente.

Como la demanda prosperó pero parcialmente, se condenará en costas a la parte demandada solo en el 70%, lo cual se traduce en el pago de los rubros que se explican a continuación a cargo de la convocada y a favor de las convocantes, en un 50% a favor de cada una de estas.

— De los honorarios y gastos causados por este tribunal, que ascienden en total a $ 11.618.570 moneda corriente; el 70% de la citada cifra es la suma de $ 8.132.999, de la cual corresponde $ 4.066.499.50 a favor de cada una de las convocantes y a cargo de la convocada.

— De los intereses de mora causados sobre $ 5.809.285 que consignaron las convocantes por cuenta de la convocada, liquidados hasta la fecha del laudo, que ascienden a $ 1.448.366.96; El 70% de la citada cifra es la suma de $ 1.013.856.87 de la cual corresponde $ 506.928.43 a favor de cada una de las convocantes y a cargo de la convocada.

— De los honorarios pagados a la perito Esperanza Ortiz por $ 522.500; el 70% de la citada cifra es la suma de $ 365.750, de la cual corresponde $ 182.875 a favor de cada una de las convocantes y a cargo de la convocada.

Se señala a favor de cada una de las sociedades convocantes la suma de $ 1.000.000 por concepto de agencias en derecho.

En resumen, Coinco Ltda. pagará por concepto de costas y agencias en derecho, la suma de $ 5.756.302.93 a favor de Incoequipos S.A. y $ 5.756.302.93 a favor de Saleh y Torres Ltda.

CAPÍTULO X

Decisión

En mérito de lo expuesto, el tribunal de arbitramento convocado para decidir en derecho las diferencias surgidas entre las sociedades Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos S.A., Incoequipos S.A., y Saleh y Torres Ltda. Ingenieros Contratistas, por una parte, y Administración Cooperativa Interregional de Colombia Ltda., Coinco Ltda., por la otra, administrando justicia en nombre la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar no probadas las excepciones de “Inexistencia de la obligación”; “Falta de título y causa de los solicitantes”; “Caducidad de la acción” y “No comprender la solicitud de convocatoria a todos en litisconsortes necesarios” propuestas por la demandada Coinco Ltda., por lo expuesto en la parte motiva de este laudo.

2. Declarar que Coinco Ltda., incumplió los contratos 718 y 721 de 1996, celebrados con las sociedades Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda., por no haber pagado oportunamente las cuentas de cobro a cargo de la primera y a favor de las segundas, conforme a lo expuesto en la parte motiva del laudo.

3. Desestimar la pretensión de que Coinco Ltda. incumplió los contratos 718 y 721 de 1996 por no adelantar la liquidación de los mismos, por las razones expresadas en la parte motiva.

4. Negar la petición de que Coinco Ltda. incumplió los contratos 718 y 721 de 1996 celebrados con las demandantes Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda., por la realización de deducciones de pagos no estipulados en los mismos, en razón de lo expuesto en la parte motiva.

5. Declarar que la demandada, Coinco Ltda., no está obligada a pagar a Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda. perjuicios o intereses de mora por el retraso en el pago de las actas de obra ni por la omisión de la liquidación de los contratos 718 y 721 de 1996, por los motivos expuestos en la parte motiva de este laudo.

6. Negar las peticiones 3.1 y 3.2 principales de la demanda, esto es, no condenar a Coinco Ltda, a pagar a Incoequipos S.A. y Saleh y Torres Ltda., las sumas indicadas en tales pretensiones por concepto de descuentos realizados en virtud de la ordenanza 24 de 1997 de la asamblea de Cundinamarca, por las razones de que da cuenta la parte motiva de esta providencia.

7. Declarar liquidados los contratos 718 y 721 de 1996 y sus adicionales, celebrados entre Administración Cooperativa Interregional de Colombia Ltda., Coinco Ltda., de una parte, e Incoequipos Ingeniería Construcción y Equipos S.A., Incoequipos S.A., y Saleh y Torres Ltda. Ingenieros Contratistas de otra, por las razones y en la forma de que da cuenta el numeral 8.7 en la parte motiva de este laudo.

8. Niégase la pretensión quinta principal de la demanda en la cual se solicita la actualización de las surtas resultantes de la liquidación, por las razones expuestas en la parte motiva.

9. Niéganse las pretensiones primera y segunda subsidiarias de la demanda, en las cuales se pidió la declaración de la ruptura económica del contrato, con fundamento en el no pago oportuno de las cuentas de cobro, la primera y el restablecimiento del equilibrio financiero, en la segunda.

10. Declarar que en los contratos 718 y 721 de 1996 y sus adicionales se rompió el equilibrio económico por causas no atribuibles a las sociedades demandantes, por la realización de deducciones en los pagos no estipulados en los contratos y en consecuencia, condenar a Coinco Ltda., a pagar a las primeras, por las razones y conceptos a que se refiere el numeral 8.10 de la parte motiva de este laudo, las siguientes sumas de dinero:

10.1. La suma de ochenta y un millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($ 81.584.456) a Incoequipos S.A., la cual deberá pagar al día siguiente al de la ejecutoria de este laudo.

10.2. La suma de diecisiete millones doscientos treinta y ocho mil trescientos veintiún pesos con noventa y nueve centavos ($ 17.238.321.99) a Saleh y Torres Ltda. la cual deberá pagar al día siguiente al de la ejecutoria de este laudo.

11. Declarar infundada la objeción por error grave que se formuló al dictamen pericial rendido como prueba de oficio decretada en este proceso, por las razones consignadas en el numeral 8.11 de la parte motiva de este laudo.

12. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva se condena a Coinco Ltda. al pago de agencias en derecho y al 70% de las costas del proceso. En consecuencia, pagará el día siguiente al de la ejecutoria de este laudo la suma cinco millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos dos pesos con noventa y tres centavos ($ 5.756.302.93) a Incoequipos S.A. y cinco millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos dos pesos con noventa y tres centavos ($ 5.756.302.93) a Saleh y Torres Ltda.

13. Por secretaría comuníquese el pronunciamiento del presente laudo a la Procuraduría General de la Nación y envíese copia íntegra y auténtica del mismo.

14. Conforme al artículo 173 del Código Contencioso Administrativo, ejecutoriado el presente laudo, envíese copia integra del mismo al representante legal de Coinco Ltda.

15. Expídase copia auténtica de este laudo con destino a cada una de las partes.

16. Protocolícese el expediente en una notaría del círculo de Bogotá.

Notifíquese y cúmplase.

_________________________________