Laudo Arbitral

Trujillo y Cía. Ltda. Ingenieros Civiles

v.

Banco de la República

Octubre 10 de 1995

Acta 14

Santafé de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995) siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), fecha y hora fijadas mediante auto 26 de fecha veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), se reunieron en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la carrera 9ª Nº 16-21 piso 4º los doctores Antonio José de Irisarri Restrepo, quien preside, Jorge Cubides Camacho y Gustavo Cuello Iriarte, en su calidad de árbitros, al igual que el secretario doctor Roberto Aguilar Díaz, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de fallo. Así mismo asistieron los doctores Rodrigo A. Escobar Gil, apoderado de la parte actora, y Rafael H. Gamboa Serrano, apoderado de la parte demandada.

Abierta la audiencia el presidente autoriza al secretario para dar lectura al laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es acordado por mayoría de votos de los árbitros.

Laudo arbitral

Santafé de Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Agotado el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para el efecto, procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que pone fin al presente proceso y que resuelve las diferencias surgidas entre J. Trujillo y Cía. Ltda. Ingenieros Civiles, de una parte, y el Banco de la República, de la otra, en relación con el contrato civil 01538500 suscrito el 3 de septiembre de 1985.

A. Antecedentes

1. Las controversias que se deciden mediante el presente laudo se originaron en el contrato civil 01538500 suscrito entre las partes el día 3 de septiembre de 1985, en cuya cláusula décima quinta se previó:

“Las controversias que se susciten en relación con este contrato se someterán a la decisión de tres (3) árbitros quienes serán nombrados de común acuerdo por las partes, las (sic) cuales fallarán en derecho. El domicilio arbitral será la ciudad de Bogotá, D.E. El proceso será el arbitral establecido en el Código de Procedimiento Civil Colombiano”.

2. El día 13 de julio de 1994 la sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda. Ingenieros Civiles, por conducto de apoderado judicial, solicitó la convocatoria del presente Tribunal de Arbitramento, formulando demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá contra el Banco de la República, para solucionar las divergencias que tuvieron origen en el contrato antes mencionado.

3. El día 3 de agosto de 1994 la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá admitió la solicitud de convocatoria y de ella se corrió traslado al Banco de la República.

4. El Banco de la República no dio contestación a la demanda pero en escrito presentado el día 9 de septiembre de 1994 dirigido a la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, manifestó que no era procedente la mencionada convocatoria.

5. El día 21 de diciembre de 1994 y en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 3º del artículo 16 del Decreto 2651 de 1991, las partes acudieron a audiencia de conciliación, la cual estuvo presidida por la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, y fracasó al advertirse la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

6. En audiencia que tuvo lugar el día 18 de noviembre de 1994, con la presencia de la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, las partes de común acuerdo nombraron como árbitros a los doctores Antonio José de Irisarri Restrepo, Jorge Cubides Camacho y Gustavo Cuello Iriarte.

7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto 2651 de 1991 las partes concurrieron a audiencia de instalación de este tribunal, la cual tuvo lugar el día 16 de febrero de 1995. En dicha audiencia el tribunal designó como presidente al doctor Antonio José de Irisarri Restrepo, quien aceptó en la misma audiencia, y como secretario al doctor Roberto Aguilar Díaz, quien igualmente aceptó el cargo, del cual se posesionó el día 22 de febrero de 1995. En la misma audiencia de instalación el tribunal fijó su sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá y señaló las sumas de honorarios y gastos.

8. Mediante oficio del 27 de marzo de 1995 se informó al procurador delegado en lo civil, de la Procuraduría General de la Nación, la instalación del tribunal.

9. Habiendo consignado las partes, ante el presidente del tribunal y dentro de la oportunidad, las sumas señaladas por concepto de gastos y honorarios, mediante auto 2 proferido el día 27 de marzo de 1995 se señaló fecha para primera audiencia de trámite, providencia que fue notificada personalmente a los apoderados de las partes.

10. Mediante auto 4 proferido en el curso de la primera audiencia de trámite que tuvo lugar el día 20 de abril de 1995 el tribunal asumió competencia para conocer y decidir las controversias propuestas por la sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda. Ingenieros Civiles frente al Banco de la República.

11. Una vez finalizada la instrucción del proceso el tribunal citó a las partes para una audiencia de conciliación, la que tuvo lugar el día 14 de julio de 1995, en la cual se vio clara la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

12. El presente proceso se tramitó en trece (13) sesiones, en las cuales se decretaron y practicaron las pruebas, se procuró un acuerdo conciliatorio y las partes presentaron sus alegaciones finales.

13. Corresponde entonces al tribunal, mediante el presente laudo, decidir en derecho las controversias planteadas.

B. Pretensiones de la demanda y su contestación

1. En su demanda la sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda. Ingenieros Civiles solicita al tribunal realizar los siguientes pronunciamientos y condenas:

“Primero. Que se declare la nulidad del acta del 19 de septiembre de 1988, suscrita entre el director del departamento de construcciones y edificios del Banco de la República y la Sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda. Ingenieros Civiles, mediante la cual se formalizó la liquidación del contrato civil 01538501 (sic) del 3 de septiembre de 1985, para la interventoría técnica y administrativa de la construcción del nuevo edificio de la planta de acuñación de el banco, Casa de la Moneda, ubicada en el corregimiento de Picaleña, municipio de Ibagué.

“Segundo: Que se declare que el Banco de la República incumplió el contrato civil 01538501 (sic) del 3 de septiembre de 1985, infringiendo la cláusula tercera, parágrafo segundo de dicho convenio, al proceder a modificar unilateral y arbitrariamente dicha cláusula, mediante la comunicación DCN-5681 del 25 de marzo de 1987.

“Tercero. Que el Banco de la República es responsable civilmente de indemnizar todos los daños patrimoniales sufridos por la sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda. Ingenieros Civiles, derivados del incumplimiento del contrato civil 01538501 (sic) de 1985, discriminados en la siguiente forma:

A. Daño emergente: La suma de veinte millones ochocientos once mil pesos ($ 20.811.000) moneda corriente, o la que indiquen los peritos, por concepto de los honorarios profesionales correspondientes a las mensualidades adeudadas y no pagadas, por el período del 16 de octubre de 1987 al 14 de diciembre de 1988.

B. Lucro cesante: El valor que establezcan los peritos, por concepto de los intereses moratorios de la suma señalada anteriormente, que serán calculados a partir de la fecha en que debían pagarse dichas mensualidades, hasta el día de la ejecutoria del laudo arbitral, con base en una tasa equivalente al doble del interés bancario corriente, como lo establece el artículo 884 del Código de Comercio.

“Cuarto: El valor correspondiente al daño emergente, será debidamente actualizado o indexado en la cuantía que fijen los peritos, aplicándose para el efecto, los índices de incrementos de precios al consumidor, a partir de las fechas en que se debieron realizar los pagos hasta la ejecutoria del laudo arbitral, conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

“Quinto: Las sumas indicadas anteriormente devengarán intereses comerciales, durante los seis meses siguientes a la ejecutoria del laudo o providencia respectiva, y en cuanto su pago exceda dicho término, se pagarán intereses moratorios, como lo dispone el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”.

2. El Banco de la República, como se dijo, no dio contestación a la demanda pero manifestó su oposición a la convocatoria del Tribunal de Arbitramento.

C. Fundamentos y cargos de la demanda

La parte demandante propone las razones que se sintetizan a continuación:

1. La terminación de la obra se dilató excesivamente por causas ajenas a su representada.

2. Con su oficio DCN 5681 del 25 de marzo de 1987 el Banco de la República actúo de manera irregular “al cambiar unilateralmente lo convenido contractualmente mediante una simple comunicación” e incumplió el contrato “por no reconocer al contratista el valor a que tenía derecho por concepto del mayor tiempo que duró la liquidación del contrato”.

3. “Ante la oposición de la sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda. a firmar el oficio DCN 5681 del 25 de marzo de 1987, el Banco de la República optó por no tramitar las cuentas de cobro presentadas por la interventoría, correspondientes a los gastos causados entre el 17 de febrero y el 16 de marzo de 1987, y entre el 17 de marzo y el 15 de abril de 1987, hasta tanto no accediera a suscribir dicha comunicación”, circunstancia que obligó a la firma interventora a firmar el mencionado oficio el día 4 de mayo de 1987.

4. El otrosí firmado el 28 de octubre de 1987, en que se acordó un pago de $ 743.250 mensuales por los meses comprendidos entre el 16 de abril y el 15 de octubre de 1987, solamente cubre ese período ya que en el mismo documento se dijo que “las demás partes del contrato no modificadas mediante el presente otrosí continúan vigentes”.

5. Por consiguiente el banco debió pagarle a su representada $ 1.486.500 mensuales por las labores de interventoría que se cumplieron con posterioridad al 15 de octubre de 1987 y hasta el 14 de diciembre de 1988, pagos que el banco rechazó con fundamento en el citado oficio DCN 5681 del 25 de marzo de 1987.

6. El acta de liquidación de la obra se elaboró unilateralmente por el Banco de la República con fecha 19 de septiembre de 1988 y le fue remitida a su representada para su firma, exigiéndole que en tal acta constara la declaración de la interventora en el sentido de quedar el banco a paz y salvo por todo concepto.

7. El banco se negó a “reconocer los valores que se adeudaba ... o a dejar constancia de la reclamación formulada mediante oficio del 28 de agosto de 1987, como mecanismo de presión para conseguir el otorgamiento del acta de liquidación final” que era condición para efectuar el pago del saldo final del contrato, por $ 1.783.800.

8. Para la fecha de liquidación del contrato la firma interventora soportaba una angustiosa crisis económica, lo que la llevó a endosar el valor del saldo a inversiones del Estado. El banco aprobó el endoso pero no tramitó la cuenta hasta tanto “se efectué la liquidación final de la obra”.

9. Ante la amenaza de un embargo la firma interventora se vio precisada a suscribir el acta de liquidación final, declarando al banco a paz y salvo por todo concepto, con el fin de poder cobrar efectivamente la cuenta pendiente, lo que por constituir coacción moral ejercida por el Banco de la República, le quita valor jurídico a tal acta.

D. Contestación de la demanda

La parte demandada no dio contestación a la demanda sino que simplemente manifestó su oposición a la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, petición que fue desestimada en el auto que aceptó la competencia. Por lo anterior y en los términos del artículo 95 del Código de Procedimiento Civil el tribunal quedó impuesto de que la falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones se aprecia como indicio grave en contra de la parte demandada.

E. Pruebas practicadas

1. Como prueba de los hechos que sirven de base a sus pretensiones la parte actora aportó con la demanda varios documentos y solicitó la incorporación de otros que reposaban en instituciones oficiales, en instituciones de crédito, en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot y en las oficinas de la parte demandada. Todos estos documentos obran en el expediente y fueron aportados con las ritualidades legales en los términos de la solicitud de la parte actora y la disposición oficiosa del tribunal.

2. Igualmente se recibieron varios testimonios a solicitud de la parte actora y como consecuencia de las pruebas que el tribunal decretó de oficio. En los términos del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, tanto la parte actora como la parte demandada tacharon algunos testimonios, tachas que deberán ser resueltas en este laudo.

3. En esta forma se concluyó la instrucción del proceso durante la cual las partes tuvieron la oportunidad de controvertir las pruebas en los términos de ley.

F. Presupuestos procesales

Antes de entrar a decidir de fondo las controversias planteadas se hace necesario establecer si en el presente proceso arbitral se reúnen a cabalidad los presupuestos procesales, o sea, los requisitos indispensables para la validez del proceso, que permitan proferir laudo.

En efecto, la sociedad J. Trujillo y Cía. Ltda. y el Banco de la República acreditaron su existencia y representación legal y además actuaron por conducto de sus apoderados judiciales, quienes fueron debidamente reconocidos en el proceso.

Mediante auto 4 proferido en audiencia que tuvo lugar el día 20 de abril de 1995 el tribunal encontró que las partes eran plenamente capaces y que estaban debidamente representadas, que el tribunal había sido integrado y se encontraba instalado, que las partes habían consignado oportunamente tanto la parte de los gastos como los honorarios que les correspondía, que las controversias planteadas eran susceptibles de transacción y que las partes tenían capacidad para transigir. Igualmente el tribunal calificó la demanda, la que encontró ajustada a las previsiones legales y a los requisitos de procedibilidad.

El proceso se adelantó con el cumplimiento de las ritualidades previstas en la ley procesal sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación.

Al no haber señalado las partes término para la duración del proceso, conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, este es de seis meses contados desde la primera audiencia de trámite, que tuvo lugar en una sola sesión el día 20 de abril de 1995. Atendiendo la solicitud conjunta de los apoderados de las partes el proceso se suspendió varias veces, lo que hace que el término para proferir el laudo se amplíe hasta el día 25 de marzo de 1996 y que por tanto su proferimiento hoy sea oportuno.

G. Alegaciones de las partes

Los apoderados de las partes presentaron sus alegaciones en la audiencia respectiva que tuvo lugar el día 16 de agosto de 1995 y al final de sus intervenciones presentaron sendos resúmenes escritos de lo alegado. Allí la parte actora reiteró sus pretensiones iniciales y la parte demandada fundamentó los motivos por los cuales considera que aquellas no son procedentes, remitiéndose ambas partes a las pruebas practicadas dentro del proceso y exponiendo los fundamentos jurídicos de sus posiciones, a las cuales hará referencia el tribunal como parte de sus consideraciones.

Consideraciones del tribunal

A. La tacha de los testigos

Como quiera que ambas partes han formulado tacha a la mayoría de los testigos, la parte demandada a los citados por la parte actora, y esta a los citados de oficio por el tribunal, se procederá a resolver este punto.

Las tachas formuladas tienen respaldo en lo dispuesto en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil a cuyo tenor: “Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a estos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindirá de toda prueba...”.

El fundamento de las tachas no es otro distinto a que las partes los han considerado sospechosos, concepto que según el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil corresponde a aquellas “...personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”. En el caso presente las tachas se han formulado precisamente teniendo en cuenta el vínculo de dependencia laboral actual o anterior de los testigos con las partes.

Sobre la tacha el tribunal sigue el criterio que la jurisprudencia y la doctrina han señalado para casos similares. Este criterio se resume diciendo que no puede considerarse a priori un testigo sospechoso por la sola razón de dependencia o de parentesco, pero la valoración del testimonio le impone una mayor rigidez al juzgador dentro de las normas de la sana crítica; esa valoración puede adquirir mayor credibilidad si el dicho del testigo está acompañado o respaldado con otras pruebas que hagan verosímil la versión del testigo; y, finalmente, es necesario tener en cuenta que en ocasiones los únicos que pueden deponer sobre ciertos hechos son las personas que han participado en ellos. Así las cosas, el tribunal ha valorado la prueba testimonial dentro de las normas de la sana crítica sin advertir razones que afecten su credibilidad, ha encontrado que la versión de los testigos aparece apoyada por la abundante prueba documental allegada al expediente, ha comprobado que los testigos fueron partícipes directos en los hechos que aquí se debaten y que ellos narraron las circunstancias especiales que alegaron las partes, todo lo cual lo lleva a concluir que no encuentra probada las tachas formuladas. No obstante, el tribunal ha advertido que el respaldo documental no solo fue abundante sino más claro y ofreció mayores motivos para fundar su laudo y que las declaraciones de los testigos, resultaron siendo confirmación de lo que allí aparece probado.

B. La competencia del tribunal

Dentro del alegato de conclusión el apoderado de la parte demandada ha planteado la “Falta de competencia” del tribunal argumentando que, como quiera que la cláusula compromisoria es accesoria al contrato principal, ella se extinguió al extinguirse aquel por cumplimiento total de su objeto. Agrega que la ejecutoria del auto por medio del cual el tribunal aceptó la competencia, no es óbice para que ahora vuelva sobre su decisión ya que lo interlocutorio no ata lo principal.

Sobre este tema el tribunal considera que el pronunciamiento hecho cuando aceptó la competencia para conocer y decidir esta controversia es suficiente para rechazar una supuesta incompetencia, el cual no ha controvertido ni controvierte ahora el apoderado de la parte demandada. En esa ocasión el tribunal señaló que “...la cláusula compromisoria pactada por las partes se extiende a ‘las controversias que se susciten en relación con este contrato’ lo cual permite que puedan someterse a la decisión arbitral diferencias contractuales, precontractuales o postcontractuales, independientemente de que el contrato haya finalizado o no”.

Como se aprecia, la cláusula compromisoria pactada es muy clara en someter a arbitramento todas las controversias suscitadas “en relación con este contrato”, expresión que necesariamente comprende todas aquellas originadas con motivo o con ocasión del mismo, independientemente del momento en que ellas tuvieron nacimiento, con la única condición de que su génesis esté vinculada al contrato motivo de la controversia. Tan clara y amplia es la posibilidad de que existan controversias “en relación con un contrato” que ha sido abundante la jurisprudencia en decidir litigios relacionados no solo con la responsabilidad contractual propiamente dicha, sino con la responsabilidad precontractual, es decir, aquella que encuentra sus causas en los tratos preliminares de un contrato, así como en la postcontractual, esto es, aquella que tiene que ver con situaciones que nacen después de la extinción de una relación contractual.

Sobre el concepto de la responsabilidad civil postcontractual, el profesor Álvaro Pérez Vives fue muy elocuente cuando en su obra “Teoría general de las obligaciones” (vol. II, parte 1ª, págs. 44 y 45) señaló: “Por regla general, desde que un contrato ha sido cumplido no puede ya suscitarse problema alguno de responsabilidad entre los antiguos contratantes, a propósito de ese vínculo. Empero, casos hay que merecen analizarse... El dueño de un local, al vencimiento del contrato de arrendamiento, no puede —aunque otra cosa se pretenda en Colombia— quitarlo al comerciante o industrial que tenga en él un establecimiento, con el objeto de poner en dicho local el mismo negocio que, aprovechando el good will del anterior, se convierta en una competencia desleal de este. Ahora bien: ¿de qué clase es la responsabilidad que en tales hipótesis existe? Los hermanos Mazeaud creen que es una responsabilidad delictual y refutan una pretendida aplicación de la culpa contractual. Nosotros creemos que, así como hay una responsabilidad precontractual, puede hablarse de un responsabilidad postcontractual”. Y agrega: “Desde el día en que el contrato desaparece, deja de producir efectos, pero no libera a los ex contratantes de toda responsabilidad”. (se resalta)

Lo anterior es importante para resaltar cómo la extinción de un contrato no extingue la eventualidad de una responsabilidad y con ella la posibilidad de acudir a la justicia arbitral pactada en una cláusula compromisoria. Si ello es predicable de la responsabilidad postcontractual, que se origina las más de las veces en actos o hechos realizados luego de extinguido un contrato, con mayor razón lo es de actos o hechos realizados durante la ejecución de un contrato, así su reclamación haya sido con posterioridad a su terminación, máxime si la pretendida responsabilidad está respaldada en el supuesto incumplimiento de las obligaciones contractuales como en el caso sub judice.

Ha de señalarse, además, que el Banco de la República no propuso, como ha debido hacerlo, la excepción de incompetencia como previa, ni interpuso, en la oportunidad propicia para ello, recurso alguno contra la providencia mediante la cual el tribunal se declaró competente para conocer del presente proceso arbitral. Por tales razones, este tribunal habrá de desestimar la excepción de incompetencia que se examina.

C. Consideraciones del tribunal en torno al fondo del litigio

Del estudio en conjunto del acervo probatorio el tribunal deduce las consideraciones que se permite expresar a continuación, clasificándolas según los grupos de cargos formulados en la demanda, así: la falta de formalidades del oficio DCN 5681 del 25 de marzo de 1987, y con ella su unilateralidad y el desequilibrio resultante; la eventual coacción del Banco de la República tanto para lograr la aceptación del mismo citado oficio DCN 5681 como para la suscripción del acta final de liquidación; y el alcance de lo acordado en el otrosí 1538503 del 28 de octubre de 1987.

El tribunal inicia sus consideraciones con una cronología comentada de los hechos que debidamente acreditados, revisten más importancia para su decisión.

a) La cronología más revelante

1. El 21 de mayo de 1985 la firma J. Trujillo y Cía. Ltda. hizo al Banco de la República propuesta formal para realizar la interventoría de la construcción de la planta de acuñación para la Casa de la Moneda de Ibagué por un valor total de $ 17.838.000, y le propuso la siguiente forma de pago: Un 30% del total ($ 5.351.400) como anticipo; un 20% adicional ($ 3.567.600) a los cuatro meses de iniciado el trabajo; otro 20% ($ 3.567.600) a los ocho meses; otro 20% ($ 3.567.600) a la finalización del plazo previsto para la terminación de la obra (doce meses), y el saldo del 10% ($ 1.783.800) a la liquidación total de la obra. La misma firma indicó al banco que “en el evento en que el plazo programado para la obra de 12 meses, varíe en más o menos tiempo, nos permitimos aclarar que el valor de nuestro contrato, aumentaría o disminuiría proporcionalmente, con base al valor promedio mensual de la propuesta: 17.838.000/12 = 1.486.500/mes”.

2. El banco comunicó a la firma la aceptación de su propuesta mediante oficio DCN 10522 del 24 de junio de 1985, en el cual además precisó que los términos económicos propuestos se aceptaban como honorarios fijos, sin reajustes durante el plazo estimado de doce meses, y se agregó que si el plazo, incluyendo la liquidación, resultare inferior o superior al previsto se liquidarían los honorarios a razón de $ 1.486.500 mensuales o proporcionales por fracción de mes. El banco acogió así en un todo la propuesta de la firma interventora en esta materia.

3. El 3 de septiembre de 1985 se suscribió el contrato de interventoría bajo el número 1538500. En su cláusula primera definió que “la función de interventoría se comienza desde los trabajos preliminares, antes de la iniciación de la obra, y termina hasta la correcta finalización de la misma, incluyendo la etapa de liquidación de la obra”. Y en su cláusula tercera determinó el valor total del contrato en la misma suma de $ 17.838.000 pero cambió la forma de pago respecto de la propuesta, así: un 30% del total ($ 5.351.400.) como anticipo; un 30% adicional ($ 5.351.400) a la mitad del plazo para la ejecución de la obra; otro 30% ($ 5.351.400) al finalizar la obra, y el saldo del 10% ($ 1.783.800) a la liquidación total de la obra.

4. En los primeros meses de vigencia del contrato se acordaron dos modificaciones: la contenida en el otrosí 1538501 del 9 de septiembre de 1985, por la cual se disminuyó el monto de la póliza por obligaciones laborales, y la contenida en el otrosí 1538502 del 13 de enero de 1986, por la cual se redistribuyeron en el tiempo los pagos del contrato, volviendo a los términos de la propuesta original de la firma interventora a partir del segundo pago, por estar ya cubierto el anticipo.

5. En sesión del 10 de julio de 1986 el comité de construcciones del banco amplió el plazo de la obra “como mínimo (sic) hasta el próximo 29 de noviembre del año en curso”, es decir, en algo más de dos meses, lo que fue comunicado a la firma interventora mediante oficio DCN 15679 del 20 de agosto de 1986, indicándole, en cumplimiento del contrato, que a partir del 17 de septiembre de 1986 (fecha inicialmente prevista para la conclusión de la obra) se cancelaría por mensualidades vencidas, o sea desde el 16 de octubre siguiente, la suma de $ 1.486.500 y ello “hasta la fecha en que se suscriba el acta de entrega y recibo de la obra”. En la misma comunicación se aceptó la solicitud de la firma interventora en el sentido de dividir el pago del 20% previsto para la finalización de la obra en dos porciones: un 15 % ($ 2.675.700) pagadero el 17 de septiembre y el 5% ($ 891.900) al tiempo de suscribir el acta de entrega y recibo de la obra.

6. Mediante comunicación JT 039 de fecha 26 de agosto de 1986, la firma interventora pidió que se aclarara que el término del contrato lo marcaba la liquidación de la obra y no el acta de entrega y recibo de la misma, como se leía en el oficio DCN 15679, solicitud que el banco atendió mediante oficio DCN 5681 del 25 de marzo de 1987, en el cual, además, agregó: “Con lo anterior redefinimos los términos de nuestra carta DCN 15679 del 20 de agosto de 1986 y así mismo, según lo acordado con ustedes, fijamos como fecha límite para el pago del valor adicional, el 15 de abril del presente año. En consecuencia, aún si el desarrollo de la liquidación final de la obra sobrepasa la fecha anteriormente enunciada, no se reconocerán sobrecostos adicionales de ningún tipo”.

7. En respuesta al oficio DCN 5681 citado, en carta JT 019 del 13 de abril la firma J. Trujillo y Cía. Ltda. hace referencia a las conversaciones sostenidas con el banco a principios de marzo anterior en las que se trató de estimar “la posible fecha en que finalizaría la labor de liquidación”; explica luego las causas de las demoras registradas, especialmente imputables a los equipos de aire acondicionado, y solicita al banco “Reconsiderar la fecha prevista en su carta hasta el 30 de abril, toda vez que, el desplazamiento de las fechas estimadas para dar por terminadas nuestras labores, lo han ocasionado motivos ajenos a nuestra voluntad. Si para tal fecha —agrega la firma interventora— no se hubieren concluido las labores inherentes a la interventoría, nuestra organización continuará respondiendo por las obligaciones contractuales, pero sin costo alguno para el banco”.

En la misma carta JT 019 del 13 de abril de 1987 la firma interventora dijo: “Por último, quisiéramos hacer mención del estado en que se encuentra la liquidación del contrato de construcción; al respecto nos permitimos informarles que el constructor hará llegar al departamento una preliquidación de su contrato, en la cual se puede establecer que, únicamente, hacen falta por liquidar los subcontratos relacionados con la instalación del aire acondicionado”.

8. No obstante lo mencionado en las comunicaciones anteriores, por medio de la Carta JT 035 del 28 de agosto de 1987 la firma interventora, con referencia al citado oficio DCN 5681, afirma que el departamento de construcciones del banco, usurpando funciones, modificó unilateralmente el contrato; desconoció el acuerdo que menciona el mismo oficio DCN 5681 del banco, y pretende quitar eficacia a la decisión adoptada por no provenir de los órganos competentes del banco.

Llama la atención del tribunal esta postura de la firma interventora por la contradicción que implica respecto de lo planteado en su comunicación anterior. En efecto, en la carta JT 019 del 13 de abril se mencionan las conversaciones de principios de marzo, se solicita el cambio del 15 al 30 de abril como fecha estimada para la conclusión del trabajo, y se ofrece continuar hasta la liquidación final sin costo para el banco, hechos todos que la propia firma olvida en su carta JT 035 del 28 de agosto para contraerla a una protesta por la falta de formalidad de los acuerdos, a una pretendida unilateralidad en la decisión y a la creación de un desequilibrio contractual.

9. En carta JT 051 del 29 de septiembre, a vuelta de repetir sus reparos sobre la falta de formalidades, de competencia de los funcionarios y el desequilibrio contractual, la firma interventora manifiesta que la aceptación de lo consignado en el oficio DCN 5681 se dio bajo presión, en insuperable apremio.

Llama de nuevo la atención del tribunal la contradicción de esta comunicación con la que la misma firma dirige al banco dos días después, la JT 052 del 1º de octubre de 1987, y especialmente con la que le envía una semana más tarde, la JT 054 del 7 de octubre, después de haber convenido una modificación que se extendería por seis meses adicionales, porque en estas pueden leerse, entre otras, las siguientes aseveraciones: “...la fecha límite del 15 de octubre será inmodificable, así la etapa de liquidación no se concluyere para esa fecha...”; “...la obligación impuesta en el contrato de la liquidación de la obra será realizada sin ninguna clase de erogación para el banco...”; “...sobre el soporte que debo hacer de los gastos causados puedo asegurarle que estoy en posibilidades de demostrar que estos equivalen a lo pactado inicialmente en el contrato...”; “...mi deseo de contribuir a que se solucione el impase surgido, me impelan (sic) a aceptar que lo propuesto es equitativo para las partes”; “...le manifiesto mi conformidad con que se cancele el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios pactados, durante el lapso comprendido entre el 16 de abril y el 15 de octubre del presente año…”; “...permítame expresar mi reconocimiento tanto a usted, como a los miembros del comité de construcciones, por el interés y la prontitud en atender y resolver el problema surgido...”; “...deseo reiterarle una vez más, doctor Fernández, que nunca estará en mi ánimo recurrir a conductos distintos al escogido, pues soy conciente del sentido de ecuanimidad que siempre ha caracterizado las determinaciones del banco...”; “...si no se hubiese llegado a encontrar fórmula alguna de arreglo, habría admitido cualquier otra decisión toda vez que me obligan sentimientos de perenne gratitud para con esa institución, a la cual he prestado mis servicios durante más de dos (2) lustros”.

10. Con posterioridad a la prórroga del contrato hasta abril de 1987, las partes acuerdan una nueva modalidad para pagar los trabajos realizados por la firma interventora desde abril hasta octubre de 1987. El 19 de octubre, mediante oficio DCN 22447 el banco comunica la aprobación del valor fijo adicional aceptado por la firma interventora en su carta JT 054 del 7 de octubre, equivalente a $ 4.459.500 y correspondiente a seis meses comprendidos entre el 16 de abril y el 15 de octubre de 1987, a razón de $ 743.250 cada uno, o sea el 50% del valor mensual pactado inicialmente, sujeto a “dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones contractuales a entera satisfacción del banco, incluyendo la revisión y visto bueno de la liquidación final de la obra. Por lo anterior no se causarán sobrecostos adicionales de ningún tipo en desarrollo de dicho contrato. El pago total se realizará contra presentación de la cuenta de cobro correspondiente, una vez sea legalizado el otrosí y la copia de la presente carta debidamente firmada en señal de aceptación”. Las modificaciones anteriores fueron formalizadas mediante la suscripción del otrosí 1538503 el día 28 de octubre de 1987.

b) Falta de formalidades del oficio DCN 5681. Eventuales unilateralidad y desequilibrio prestacional

En su carta JT 35 del 28 de agosto la firma interventora se pregunta ¿cómo entender “que todas las mutaciones de los términos contractuales consten por escrito y sean fruto del consenso, pero la última, de graves implicaciones económicas, solo obre en un oficio signado por un funcionario sin competencia para ello?”.

Piensa el tribunal que este de interventoría que estudia no es un contrato solemne propiamente dicho, es decir un contrato de aquellos en que la ley exige una determinada forma para la expresión de la voluntad de las partes. Por reglas y usos internos del banco los contratos en que interviene se autorizan y suscriben por un funcionario determinado, en una papelería especial y con una terminología apropiada. No está, es cierto, el oficio DCN 5681, materia de las objeciones, en esa papelería típica de los “otrosíes” ni con la terminología que para los mismos acostumbra el banco. Pero de ahí no puede deducirse su ineficacia, no solo porque el contrato a que se refiere no es solemne en el sentido apuntado de que la ley exija una determinada forma para el consentimiento, sino principalmente porque no constituye propiamente hablando una modificación del contrato.

En efecto, el indicado oficio contiene tres definiciones propias del desarrollo del contrato, que no lo modifican: la primera es la ratificación de lo que dice el contrato en el sentido de que su valor mensual, en caso de prolongarse más allá del tiempo inicialmente calculado cubre el tiempo de liquidación de la obra; la segunda es la fijación de una fecha para entender terminado el contrato, función típica de las partes porque la duración del contrato solo podía en sus inicios estimarse en forma aproximada, sin fecha invariable, función que se deduce, entre otras normas del contrato, de los numerales 18, 38 y 39 de su cláusula segunda; del parágrafo de su cláusula quinta; del literal f) de su cláusula novena; del literal b) de su cláusula décima cuarta, y del literal b) de su cláusula décima séptima; y la tercera, que es la precisión, como consecuencia de haberse fijado por las partes la fecha de terminación del contrato, de que no se reconocerían con posterioridad a dicha fecha sobrecostos adicionales de ningún tipo.

Sobre la usurpación de funciones y la falta de competencia del director del departamento de construcciones del banco, alegadas por la firma interventora, no se encuentra una sola alusión anterior suya y en cambio sí numerosas comunicaciones y arreglos realizados por la firma con dicho funcionario a lo largo del desarrollo del contrato. Si para la firma interventora el director del departamento de construcciones no podía actuar en representación del banco, mal habría hecho ella, en su convencimiento, en mantener relaciones, formular peticiones, hacer arreglos u obtener soluciones de dicho funcionario, como lo hizo desde el comienzo del contrato hasta su carta del 28 de agosto y, luego, a partir del otrosí del 28 de octubre hasta la finalización del contrato. Pero ocurre que aún para la firma interventora es claro que la ejecución de los contratos debe hacerse dentro del criterio de la buena fe, esto es con sujeción no solo a lo pactado expresamente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad (C. C., art. 1603 y C. Co., 871), principio que en el caso que ocupa al tribunal tuvo manifestaciones muy variadas en razón de la distribución funcional de las tareas del Banco de la República y la especialización de su área de construcciones.

Piensa el tribunal que el director del departamento de construcciones del banco juega un papel de importancia en la ejecución de los contratos de su especialidad porque facilita el cumplimiento de las prestaciones, traza orientaciones, presta asesoría y consejo, tramita solicitudes y cuentas, y en general ayuda con los medios de que dispone a la mejor ejecución de lo contratado. La firma interventora no puede ignorar esa importancia, ni que las relaciones con el citado funcionario, que siempre las tuvo salvo el lapso citado, son modos de ejecución del contrato en un ámbito más amplio que el del pacto contractual expreso: precisamente en el ámbito de la buena fe, que obliga, además del pacto expreso, a todo lo que corresponda a la naturaleza del contrato según la costumbre y usos del banco con sus asesores e interventores. Desde luego el director del departamento de construcciones puede ejercer la representación del banco y comprometer su responsabilidad, bien de manera formal o bien de manera presunta en razón de sus funciones dentro del objeto del banco y de su calidad de dependiente conforme a las reglas del derecho común.

En general las comunicaciones del director del departamento de construcciones del banco a la firma interventora, en ocasiones precedidas de autorización expresa del comité de construcciones, reflejaron acuerdos previos logrados con la propia firma. Así ocurrió, como el tribunal lo colige de las pruebas, respecto del oficio DCN 5681 del 25 de marzo de 1987, motivo de las críticas, porque tanto el banco en él, como la firma interventora en su carta JT 019 del 13 de abril hacen referencia a las conversaciones sostenidas entre las partes. Son de la propia interventora estas palabras que no dejan duda: “En nuestras recientes conversaciones, realizadas a principios del mes de marzo, tratamos de estimar la posible fecha en que finalizaría la labor de la liquidación” ... “Hechas las anteriores precisiones, solicitamos a usted reconsiderar la fecha prevista en su carta hasta el 30 de abril, toda vez que, el desplazamiento de las fechas estimadas para dar por terminadas nuestras labores, lo han ocasionado motivos ajenos a nuestra voluntad. Si para tal fecha no se hubieren concluido las labores inherentes a la interventoría, nuestra organización continuará respondiendo por las obligaciones contractuales, pero sin costo alguno para el banco”.

No puede entonces decirse que el funcionario del banco actuó unilateralmente, sin consenso previo. Ni tampoco deducir unilateralidad de la falta de un formalismo que, como atrás se dijo, no era necesario ni para la existencia ni para la validez del acuerdo recogido en el oficio DCN 5681 tantas veces mencionado.

Para establecer si hubo o no desequilibrio en las prestaciones del contrato cumplidas hasta el 25 de marzo de 1987, fecha del oficio DCN 5681, objeto de reproche, al tribunal le basta remitirse a las cláusulas del contrato, celebrado como fue entre el Banco de la República y una firma profesional especializada en interventoría de obras, conocedora de su oficio, con amplia experiencia en trabajos para el mismo banco, y a los pagos realizados con soporte en tales cláusulas, en el natural entendido de que las prestaciones convenidas libremente por las partes, a partir de la propuesta de la firma interventora, tuvieron el equilibrio normal propio de cualquier contrato conmutativo celebrado entre personas idóneas. Vencidos los primeros doce meses, dijo el contrato, si los trabajos se prolongaban en el tiempo, la remuneración de la interventora quedaba convertida en mensual a razón de $ 1.486.500 por mes. En efecto, así se cumplió: el trabajo de interventoría se pagó desde el 17 de septiembre de 1985, fecha de iniciación del contrato, hasta el 17 de febrero de 1987, fecha acordada para el pago según la última prórroga del contrato, comunicada por radiograma del 17 de diciembre de 1986.

Sin arreglar nueva prórroga, la firma interventora presentó cuentas por los períodos febrero 17, marzo 16 y marzo 17, abril 16, que el banco se abstuvo de pagar. La nueva prórroga se convino con vigencia hasta el 15 de abril de 1987 precisamente en la reunión a que refiere el oficio DCN 5681 del 25 de marzo de 1987, objeto de las críticas. El 4 de mayo se presentaron de nuevo, ahora acumuladas, las cuentas por los indicados períodos, y fueron canceladas el 14 del mismo mes.

No encuentra, pues, el tribunal, fundamento para los cargos formulados por falta de formalidades y unilateralidad de lo consignado en el oficio DCN 5681 del 25 de marzo de 1987, como tampoco para los que se refieren a que sus resultados y efectos hubiesen alterado el equilibrio de las prestaciones del contrato.

c) Eventual coacción de parte del Banco de la República

Tampoco encuentra fundada el tribunal la afirmación de que la firma interventora aceptó el contenido del oficio DCN 5681 bajo presión, ni la de que el acta final de la liquidación estaría afectada del mismo vicio.

La fuerza es vicio del consentimiento que conforme a la doctrina y a las voces del artículo 1513 del Código Civil requiere tres elementos, ninguno de los cuales se da en el caso que se analiza: ha de ser grave, es decir, capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio tomando en cuenta su edad, sexo y condición de modo tal que despierte en ella justo temor de un mal irreparable; ha de ser injusta en el sentido de no tener asidero alguno en el orden jurídico, y ha de ser, en fin, determinante, o sea capaz de atemorizar de tal manera a la víctima que la obligue a prestar su consentimiento en un acto jurídico.

La firma interventora tenía experiencia bastante, idoneidad profesional y conocimiento suficiente de la entidad contratante como para alegar impresión fuerte porque el banco demoró el pago de dos mensualidades hasta la formalización de las respectivas cuentas. Si afrontaba a la sazón apremios económicos, no fluye de las pruebas que ellos estén ligados con vínculo de causalidad eficiente al desarrollo del contrato, celebrado libremente con pleno conocimiento y advertencia profesionales.

Por otra parte, no contaba con la prórroga o título de vigencia que respaldara las prestaciones que reclamaba, y por tanto, mal podía el banco autorizar pagos carentes del debido soporte. Precisa el tribunal que no se trataba propiamente de prestar el consentimiento para la celebración de un contrato, sino de requisitos para reclamar las prestaciones derivadas de un contrato en ejecución. No hubo tampoco aprovechamiento de las circunstancias económicas que atravesaba la firma, porque una vez arreglada y formalizada la prórroga se procedió al pago. Son de recordar, por lo demás, las siguientes frases de la firma interventora consignadas en su carta JT 019 del 13 de abril de 1987, que demuestran conocimiento suficiente sobre el estado del contrato e independencia y tranquilidad respecto de la fijación del mes de abril como de finalización del contrato, y por tanto desvirtúan cualquier idea de presión o fuerza: “En nuestras recientes conversaciones, realizadas a principios del mes de marzo, tratamos de estimar la posible fecha en que finalizaría la labor de liquidación del contrato de construcción...”; “...Una vez recibidos los enfriadores en la obra, nos dimos a la tarea de encontrar soluciones económicas y que, a la vez, garantizaran y respetaran el estado en que se encontraba el edificio, es decir, que no sufriera daños de ninguna naturaleza, para ser izados y montados en el sitio previsto. Fue así como el día 9 del presente mes, dichos equipos fueron ubicados en el sitio destinado para ellos. A partir de este momento, la labor de conexión, pruebas y puesta en marcha se extenderá, posiblemente, más allá del fin de mes, teniendo en cuenta el receso que ocasiona la semana santa. Otro tanto sucederá con aquellas actividades relacionadas con el aire acondicionado, en especial, las instalaciones eléctricas, pruebas del sistema de emergencia, etc, las cuales requieren nuestra presencia para recibir todos los trabajos a entera satisfacción, en atención a lo manifestado en tal sentido por los respectivos subcontratistas. Hechas las anteriores precisiones, solicitamos a usted reconsiderar la fecha prevista en su carta hasta el 30 de abril, toda vez que, el desplazamiento de las fechas estimadas para dar por terminadas nuestras labores, lo han ocasionado motivos ajenos a nuestra voluntad. Si para tal fecha no se hubieren concluido las labores inherentes a la interventoría, nuestra organización continuará respondiendo por las obligaciones contractuales, pero sin costo alguno para el banco...”; “...por último, quisiéramos hacer mención del estado en que se encuentra la liquidación del contrato de construcción; al respecto nos permitimos informarle que el constructor hará llegar al departamento una preliquidación de su contrato, en la cual se puede establecer que, únicamente, hacen falta por liquidar los subcontratos relacionados con la instalación del aire acondicionado”.

Por supuesto las frases contenidas en las cartas JT 052 del 1º de octubre de 1987 y JT 054 del 7 del mismo mes, de la firma interventora, transcritas en la relación cronológica, son también demostración de la ausencia de los elementos que conformarían un caso de fuerza como vicio del consentimiento, máxime si se considera que fueron coetáneas con las JT 035 y JT 051 del 28 de agosto y del 29 de septiembre respectivamente, contentivas de las críticas.

Respecto de la pretendida coacción que habría ejercido el banco para que la interventora firmara el acta final de liquidación del contrato bajo el apremio de graves circunstancias económicas, hecho que ocurrió el 18 de septiembre de 1988, el tribunal considera que ante los precisos términos del arreglo consignado en el otrosí 1538503 el día 28 de octubre de 1987, por el cual la firma interventora, sin costo alguno adicional para el banco, se comprometió a revisar y dar su visto bueno a la liquidación final de la obra, la suscripción del acta final de liquidación, en la fecha en que ocurrió, o en cualquiera otra anterior o posterior, era una obligación clara de la interventora, nacida precisamente de tal arreglo, y no puede en forma alguna alegarse un vicio para dejar de darle cumplimiento.

d) Alcance del otrosí 1538503 del 28 de octubre de 1987

Como acaba de enunciarse, el acto consignado en el otrosí 1538503 del 28 de octubre de 1987 tiene categoría contractual, y es por tanto, fuente de obligaciones, porque esencialmente consiste en una reforma del convenio inicial. Su antecedente remoto se encuentra en la carta JT 019 del 13 de abril de 1987 de la firma interventora. Sus antecedentes inmediatos los constituyen las cartas JT 052 y JT 054 del 1º y el 7 de octubre de 1987 respectivamente, de la firma interventora, el acta 321 del comité de construcciones y el oficio DCN 22447 del 2 y del 19 de los mismos mes y año, respectivamente, del Banco de la República. Estos antecedentes constituyen, además, herramientas para la adecuada interpretación y alcance de lo consignado en el acuerdo, como lo autorizan los artículos 1618 y siguientes del Código Civil cuando establecen, entre otras reglas, que “conocida claramente la intención de los contratantes se estará a ella más que a lo literal de las palabras”; que “deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato” y que “las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”.

El tribunal cree útil detenerse en repetir tales antecedentes:

— En la carta JT 019 del 13 de abril de 1987, la interventora expresó: “Hechas las anteriores precisiones, solicitamos a usted reconsiderar la fecha prevista en su carta hasta el 30 de abril, toda vez que, el desplazamiento de las fechas estimadas para dar por terminadas nuestras labores, lo han ocasionado motivos ajenos a nuestra voluntad. Si para tal fecha no se hubieren concluido las labores inherentes a la interventoría, nuestra organización continuará respondiendo por las obligaciones contractuales, pero sin costo alguno para el banco”. Ninguna otra objeción o reparo se puso entonces de presente.

— En la carta JT 052 del 1º de octubre de 1987 la firma propuso básicamente las siguientes precisiones:

1. Honorarios de $ 1.486.500 para los meses corridos entre el 16 de abril y el 15 de junio de 1987 y luego de $ 743.250 (el 50%) para los meses siguientes hasta el 15 de octubre.

2. Fecha límite del 15 de octubre de 1987, inmodificable así la etapa de liquidación no se concluyere para esa fecha.

3. De todas formas, la obligación impuesta en el contrato de la liquidación de la obra, será realizada sin ninguna clase de erogación para el banco.

4. Los gastos causados equivalen a lo pactado inicialmente en el contrato.

El comité de construcciones, en sesión celebrada el 2 de octubre de 1987 (acta 321), acogió la propuesta, pero cambió el monto de los honorarios en el sentido de que todos los meses desde el 15 de abril hasta el 15 de octubre se pagarán a razón de $ 743.250 cada uno, para un valor total adicional de $ 4.459.500.

— En la carta JT 054 del 7 de octubre de 1987 la firma interventora aceptó expresamente el cambio introducido por el comité y manifestó su “conformidad conque (sic) se cancele el 50% de los honorarios pactados durante el lapso comprendido entre el 16 de abril y el 15 de octubre del presente año...”. Fue ese, a juicio del tribunal, un acto de disposición libre y espontáneo de la firma interventora, plenamente eficaz y válido a la luz de los artículos 15 y 16 del Código Civil.

— En oficio DCN 22447 del 19 de octubre el banco resume lo aprobado por el comité de construcciones así:

1. Valor fijo adicional de $ 4.459.500, correspondiente a seis meses comprendidos entre el 16 de abril y el 15 de octubre de 1987 a razón de $ 743.250 cada uno.

2. Estricto cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a entera satisfacción del banco, incluyendo la revisión y visto bueno de la liquidación final de la obra.

3. No se causarán sobrecostos adicionales de ningún tipo en el desarrollo del contrato.

4. Pago total contra presentación de la cuenta de cobro correspondiente, una vez legalizado el otrosí y la copia del mismo oficio debidamente firmado en señal de aceptación.

— El otrosí 1538503 del 28 de octubre de 1987 contempló las siguientes reglas:

1. Adicionar la cláusula 3ª del contrato inicial en la suma de $ 4.459.500, por concepto de honorarios comprendidos entre el 16 de abril y el 15 de octubre de 1987 a razón de $ 743.250 cada uno.

2. Estricto cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a entera satisfacción del banco, incluyendo la revisión y visto bueno de la liquidación final de la obra.

3. No se causarán sobrecostos adicionales de ningún tipo en desarrollo del contrato.

4. Pago de la suma acordada a la presentación de la cuenta de cobro correspondiente, previa legalización del otrosí.

No cree el tribunal que técnicamente se trate de oferta y contraoferta como etapa previa a la celebración de un contrato porque este existía y estaba en ejecución; tampoco de una transacción porque aunque, en general, podrían estar presentes sus requisitos, no existía a la sazón ningún litigio pendiente ni aparece manifestación alguna que demuestre o revele la existencia de ánimo o propósito de precaver un litigio eventual entre las partes; por el contrario en carta JT 054 del 7 de octubre la firma dice que “...nunca estará en mi ánimo recurrir a conductos distintos al escogido, pues soy conciente del sentido de ecuanimidad que siempre ha caracterizado las determinaciones del banco. Así mismo, si no se hubiese llegado a encontrar fórmula alguna de arreglo, habría admitido cualquier otra decisión toda vez que me obligan sentimientos de perenne gratitud para con esa institución, a la cual he prestado mis servicios durante más de dos (2) lustros”.

Pero independiente de que sea o no una propuesta, o una contrapropuesta, o una transacción, para el tribunal no cabe duda alguna acerca de que la intención de las partes fue incluir en la nueva suma por honorarios la etapa de liquidación de la obra sin ningún sobrecosto adicional para el banco. Lo propuso la interventora; lo aceptó así el banco y quedó consignado en el otrosí. Este es, pues, el alcance de la reforma en él consignada.

Restaría aludir a la fecha de terminación del contrato, pero el punto carece de importancia porque las últimas obligaciones convenidas por las partes consistieron, a cargo del banco en pagar el honorario adicional, y a cargo de la interventora en dar cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, incluyendo la revisión y visto bueno de la liquidación final de la obra sin sobrecostos adicionales de ningún tipo para el banco.

Como consecuencia de lo anterior carecen también de importancia para las prestaciones contractuales las fechas de las entregas de obra, provisionales o definitivas; igualmente los mayores o menores volúmenes de trabajo posteriores al 15 de octubre; del mismo modo la demora en la entrega o instalación de los equipos de aire acondicionado, o las vicisitudes del contrato de acabados celebrado con la firma Bueno Tafur & Cía. Ltda. y todo ello, se repite, porque la obligación de la firma se extendía hasta la liquidación final de la obra sin erogaciones adicionales, y nadie mejor que la interventora, dado su conocimiento detallado del desarrollo del contrato, para hacer el cálculo de tiempo y esfuerzos y para proponer, y luego aceptar, tal obligación.

Por igual razón carece de relevancia como generadora de prestaciones la suscripción del acta final de obra el 18 de septiembre de 1988. O una pretendida nulidad de la misma. El acta de liquidación final reviste, eso sí, la importancia de ser constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la firma interventora, porque su obligación se extendía hasta tal momento. Como atrás se dijo, habría podido anticiparse o posponerse sin alterar las prestaciones a cargo del banco. A eso precisamente se obligó J. Trujillo y Cía. firma profesionalmente dedicada a tareas de interventoría, experimentada en contratos de este género con el Banco de la República y por consiguiente particularmente idónea para haber asumido, como lo hizo, el deber de extender su trabajo, sin costos adicionales, hasta la liquidación final del contrato.

Como se deduce de las consideraciones expuestas anteriormente, y en particular del análisis que el tribunal ha hecho tanto del alcance del otrosí 1538503 del 28 de octubre de 1987 como de sus antecedentes mediatos e inmediatos, el Banco de la República cumplió íntegramente con la totalidad de las prestaciones que a su cargo surgieron del contrato de interventoría que lo vinculó con la sociedad “J. Trujillo y Cía. Ltda. Ingenieros Civiles”. También esta última dio entero y satisfactorio cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones a cargo suyo y en favor de la entidad demandada, como surge no solo del acta de liquidación final del contrato, obrante a folios 30 y 31 del cuaderno de pruebas 1, sino de otros documentos oportunamente aportados al proceso, tales como la carta de fecha 14 de diciembre de 1988, enviada por la actora al departamento de construcciones del Banco de la República y de la constancia de pago el 24 de noviembre de 1988, a “inversiones del Estado”, en calidad de cesionaria de la cuenta de cobro correspondiente al último contado previsto en el Contrato 1538500 y en sus posteriores adicionales.

Así las cosas, el tribunal encuentra próspera la excepción de pago planteada por el procurador judicial del Banco de la República en su alegato de conclusión, y que hace consistir en que su representada satisfizo a la sociedad demandante todo aquello a lo cual el banco estaba obligado, de conformidad con las estipulaciones contenidas en el contrato que vinculó a las partes enfrentadas dentro del presente proceso. Ello, habida cuenta de lo que disponen los artículos 1625 y 1626 del Código Civil, a cuyos términos la solución o pago efectivo de la deuda es uno de los medios de extinción total o parcial de las obligaciones y por pago efectivo se entiende la prestación de lo que se debe.

De conformidad con el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, si el juez encuentra probados los hechos que constituyen una excepción, debe reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deben ser alegadas expresamente en la contestación de la demanda. Y agrega la norma en mención que “si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes”.

Ahora bien: como a juicio del tribunal aparece suficientemente acreditado que el Banco de la República satisfizo a la sociedad demandante todas las prestaciones que a cargo suyo se originaron en el contrato 1538500 y en sus posteriores adiciones, en obedecimiento de lo dispuesto por el mencionado artículo 306, se abstendrá de examinar las restantes excepciones planteadas en el alegato de conclusión por el apoderado del Banco de la República, toda vez que la excepción de pago que el tribunal ha encontrado probada conduce derechamente al rechazo de todas las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad “J. Trujillo y Cía. Ltda. Ingenieros Civiles”.

En mérito de lo expuesto el Tribunal de Arbitramento administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar, de oficio, probada la excepción de pago propuesta por el Banco de la República y, en consecuencia, denegar las pretensiones elevadas por la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente laudo.

2. Condenar a la parte demandante a pagar a la parte demandada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente laudo, las costas causadas en el presente proceso, así:

a) Gastos hechos por la parte beneficiada con la condena

La suma cancelada según lo dispuesto en auto 1 proferido en la audiencia de instalación del tribunal que tuvo lugar el 16 de febrero de 1995:

— Valor consignado: $ 6.311.200

— Valor de la retención: 525.000

Total: $ 6.836.200

No obstante de este monto deberán descontarse las sumas que el tribunal devolverá directamente a la parte demandada, por concepto de la porción no utilizada de la partida “protocolización, registro y otros” fijada por auto 1 del 16 de febrero de 1995, si a ello hubiere lugar, lo cual se determinará en la liquidación final de gastos que elaborará el presidente.

b) Agencias en derecho

El tribunal fija el valor de las agencias en derecho causadas en la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) moneda corriente.

3. Ordenar la protocolización del expediente en una notaría del Círculo de Santafé de Bogotá.

4. Ordenar la devolución, la cual se hará por conducto del presidente, de las sumas no utilizadas de la partida “protocolización, registro y otros” fijada por auto 1 del 16 de febrero de 1995, si a ello hubiere lugar.

5. Remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación.

Notifíquese y cúmplase.

De la anterior providencia quedaron notificados en estrados los señores apoderados, a quienes el secretario entregó sendas copias auténticas e íntegras del laudo.

A continuación el tribunal fijó como fecha para audiencia en la que habrán de resolverse sobre las solicitudes de aclaración, corrección o complementación, si ellas fueren formuladas, y se procederá a efectuar la liquidación final de gastos, el día 24 de octubre de 1995 a las 4:00 p.m.

De la decisión anterior quedaron notificados en audiencia los señores apoderados de las partes.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

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