Laudo Arbitral

Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita

v.

Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía

Mayo 27 de 1999

Laudo arbitral

Santafé de Bogotá, veintisiete (27) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

I. Aspectos generales

1. El dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita, a través de su apoderado judicial, presentaron ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá solicitud de convocatoria del presente Tribunal de Arbitramento, formulando demanda en contra del señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, para dirimir las diferencias que tienen origen en la promesa de cesión de cuotas suscrita por ellos mismos el 12 de febrero de 1998, con relación a la validez y al cumplimiento del mencionado contrato.

2. La demanda fue admitida por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante providencia del dieciocho (18) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998) y se corrió traslado al convocado por el término señalado en el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, CPC. Este auto fue notificado personalmente al demandado el día ocho (8) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998). El señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, a través de su apoderado judicial, mediante escrito radicado el día trece (13) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998), presentó recurso de reposición contra la providencia que admitió la solicitud. Igualmente, el convocado dio contestación a la demanda, mediante escrito radicado el día veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998). En su contestación la convocada se opuso a todas sus pretensiones y, adicionalmente, presentó escrito de excepciones previas.

3. El día treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998), el apoderado de los demandantes descorrió el traslado del recurso de reposición manifestando que se oponía al recurso y solicitó que se ratificara el auto recurrido.

4. Mediante providencia del dieciocho (18) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se declaró inhibido para conocer del recurso interpuesto.

5. La parte demandante, mediante escrito radicado el 10 de septiembre de 1998 dio respuesta a las excepciones previas presentadas por el convocado.

6. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, dictó el auto del catorce (14) de septiembre de mil novecientos noventa ocho (1998), mediante el cual fijó como fecha para celebrar audiencia de conciliación el veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), fecha en la cual efectivamente se surtió la mencionada audiencia, ante la doctora Margarita Pachón, funcionaria del centro, y se declaró fracasada la conciliación, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

7. Habiéndose surtido la actuación descrita, la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá designó como árbitros a los doctores María Clara Michelsen Soto, Luis Carlos Rodríguez Herrera y Carlos Darío Camargo de la Hoz, quienes oportunamente manifestaron su aceptación.

8. Mediante providencia del veintinueve (29) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998), se convocó a la audiencia de instalación del presente Tribunal de Arbitramento la cual se llevó a cabo el día doce (12) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) (acta 1). En dicha audiencia se designó como presidente al doctor Carlos Darío Camargo de la Hoz, y como secretario al doctor Rodrigo Arteaga De Brigard; se declaró instalado el tribunal; se fijaron los emolumentos de ley y se ordenó informar a la Procuraduría General de la Nación sobre la constitución del tribunal, cosa que efectivamente se hizo mediante comunicación radicada el 15 de diciembre de 1998. Dentro del término legal la parte demandante consignó la suma que le correspondía por concepto de honorarios y gastos y, posteriormente, dentro del término adicional, teniendo en cuenta que la parte convocada no consignó la parte que a ella le correspondía, procedió a consignar el saldo de tales gastos.

9. Integrado el tribunal en la forma antes relatada, en la audiencia privada, celebrada el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) (acta 2), el presidente dio posesión al secretario, se expidió auto, en el que se aclaró la providencia por medio de la cual se habían fijado los honorarios y gastos del tribunal, y se fijó como fecha para realizar la primera audiencia de trámite, el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).

10. En el curso de la primera audiencia de trámite (acta 3) el tribunal resolvió lo relativo a su competencia, declarándose no competente para conocer las pretensiones principales por no estar cobijadas dentro del alcance de la cláusula compromisoria y se declaró competente para conocer de las subsidiarias. Habiéndose resuelto el recurso de reposición contra esa providencia, interpuesto por la parte demandada, resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte convocada contra el auto que admitió la solicitud de integración del tribunal, rechazó por improcedente el escrito de excepciones previas y decretó la práctica de las pruebas que estimó conducentes.

11. El proceso se desarrolló en 15 audiencias (actas 4 a 18), en las cuales se practicaron las pruebas, se realizó una audiencia de conciliación, que resultó infructuosa y se presentaron los alegatos de conclusión. Cumplida, como se encuentra, la sustanciación de este proceso, corresponde a este tribunal resolver las controversias planteadas, lo cual se hace mediante este laudo.

II. Planteamiento de la litis

A. Pretensiones de la demanda

El demandante en su solicitud de convocatoria a este tribunal, expuso las siguientes pretensiones:

“Pretensiones principales”

1. “Se declare la nulidad del contrato de promesa de cesión de cuotas suscrito entre los demandantes señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita (como prometientes cesionarios), con el demandado, señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía (como prometiente cedente), por cuanto este último actuando en forma dolosa obtuvo el consentimiento de los primeros para su propio beneficio particular”.

2. “Que igualmente se declare nulo el contrato de cesión contenido en la escritura pública trescientos cuarenta y tres (343) de fecha trece (13) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), que corresponde a la cesión de cuotas del señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía a favor de los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita, por cuanto su consentimiento igualmente se encuentra viciado, por las maniobras dolosas realizadas por el cedente”.

3. “Como consecuencia de la anterior declaración se ordene cancelar en la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, D.C., la inscripción de la citada escritura, dejando las cosas tal como estaban antes de dicha inscripción”.

4. “Que como consecuencia de la primera y segunda pretensión, se declaren resueltos los contratos de compraventa suscritos el día trece (13) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998) ante la Notaría Treinta (30) de Santafé de Bogotá, D.C., y que se encuentran contenidos en las escrituras públicas que a continuación se discriminan”:

“EscrituraActoInmuebleComprador”
“344VentaApartamento 503 garaje 22María Emilia Mantilla de Loaiza
345VentaApartamento 1002 garaje 158Jonathan Loaiza Mantilla
346VentaApartamento 302 garaje 11Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía
347VentaApartamento 702 garaje 18”María Emilia Mantilla de Loaiza

5. “Como consecuencia de la anterior declaración se ordene cancelar ante la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Marta la inscripción de las citadas escrituras, dejando las cosas tal como estaban antes de dicha inscripción”.

6. “Se ordene al señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía la devolución inmediata de la suma de cincuenta millones de pesos moneda corriente ($ 50.000.000 m/cte.), que le fueron entregados por la parte demandante, en cumplimiento a lo pactado en el numeral (4.1.) del capítulo cuarto del contrato de promesa de cesión de cuotas sociales, con su respectiva corrección monetaria”.

7. “Se condene a la parte demandada a la devolución de todos los dineros en que incurrió (sic) la parte demandante por concepto de gastos de honorarios de abogado y derechos notariales, para el perfeccionamiento de los contratos cuya nulidad se solicita por medio de la presente demanda, con su respectiva corrección monetaria”.

8. “Se condene al demandado, señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, a pagar todos los costos y costas del presente proceso”.

“Pretensiones subsidiarias”

1. “Se declare resuelto el contrato de promesa de cesión de cuotas suscrito entre los demandantes señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita (como prometientes cesionarios), con el demandado, señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía (como prometiente cedente), por cuanto este último incumplió con las obligaciones contraídas en el citado contrato, en especial con las obligaciones contenidas en el capítulo decimotercero y en el numeral (4.3.) del capítulo cuarto del mismo contrato”.

2. “Como consecuencia de la anterior declaración, que igualmente se declare resuelto el contrato de cesión contenido en la escritura pública trescientos cuarenta y tres (343) de fecha trece (13) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), que corresponde a la cesión de cuotas del señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía a favor de los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita”.

3. “Como consecuencia de la anterior declaración se ordene cancelar en la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, D.C., la inscripción de la citada escritura, dejando las cosas tal como estaban antes de dicha inscripción”.

4. “Que como consecuencia de la primera y segunda pretensión, se declaren resueltos los contratos de compraventa suscritos el día trece (13) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998) ante la Notaría Treinta (30) de Santafé de Bogotá, D.C., y que se encuentran contenidos en las siguientes escrituras públicas”:

“EscrituraActoInmuebleComprador”
“344VentaApartamento 503 garaje 22María Emilia Mantilla de Loaiza
345VentaApartamento 1002 garaje 158Jonathan Loaiza Mantilla
346VentaApartamento 302 garaje 11Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía
347VentaApartamento 702 garaje 18”María Emilia Mantilla de Loaiza

5. “Como consecuencia de la anterior declaración se ordene cancelar ante la oficina de registro de instrumentos públicos de Santa Marta la inscripción de las citadas escrituras, dejando las cosas tal como estaban antes de dicha inscripción”.

6. “Se ordene al señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía la devolución inmediata de la suma de cincuenta millones de pesos moneda corriente ($ 50.000.000 m/cte.), que le fueron entregados por la parte demandante, en cumplimiento a lo pactado en el numeral (4.1.) del capítulo cuarto del contrato de promesa de cesión de cuotas sociales, con su respectiva corrección monetaria”.

7. “Se condene a la parte demandada al pago de la cláusula penal establecida en el capítulo noveno del contrato de promesa de cesión de cuotas por haber incumplido con las obligaciones contraídas”.

8. “Se condene a la parte demandada a la devolución de todos los dineros en que incurrió (sic) la parte demandante por concepto de gastos de honorarios de abogado y derechos notariales, para el perfeccionamiento de los contratos cuya rescisión se solicita por medio de la presente demanda, con su respectiva corrección monetaria”.

9. “Se condene al demandado, señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, a pagar todos los costos y costas del presente proceso”.

B. Hechos aducidos en la demanda

Como respaldo de sus pretensiones, los demandantes relatan los hechos que a continuación se transcriben:

1. “Mediante escritura pública novecientos seis (906) del día seis (6) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), otorgada ante la Notaría Treinta (sic) (30) de Santafé de Bogotá, D.C., fue constituida la sociedad comercial Metro Arquitectura Limitada”.

2. “Al momento de constituirse la sociedad Metro Arquitectura Limitada, comparecieron como socios los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz, Luis Jorge Urrea Amézquita y Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía”.

3. “Desde el momento de constituirse la sociedad y hasta la trece (13) de febrero del año en curso, actuó como gerente de Metro Arquitectura Ltda. el señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía”.

4. “El señor Jairo Enrique Mariano Orlando Mejía, decidió ofrecer la totalidad de la participación que tenía en la sociedad Metro Arquitectura Limitada”.

5. “Después de varias reuniones y conversaciones, los socios Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita acordaron adquirir la participación ofrecida por el señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía”.

6. “Como consecuencia del hecho anterior, el señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, como prometiente cedente y los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita, como prometientes cesionarios, suscribieron un contrato de promesa de cesión de cuotas el día doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998)”.

7. “En el capítulo decimocuarto del citado contrato de promesa de cesión de cuotas se estableció”:

“Capítulo decimocuarto. Tribunal de Arbitramento. Cualquier discrepancia que se presente en la ejecución, desarrollo e interpretación del presente contrato, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, D.C., a través del centro de arbitraje y conciliaciones mercantiles”.

“El citado tribunal funcionará, teniendo en cuenta los siguientes parámetros”:

“14.1. El tribunal funcionará en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C.”.

“14.2. El tribunal se regulará por el mecanismo establecido por el Centro de Arbitraje y Conciliaciones mercantiles de Santafé de Bogotá, D.C., o en su defecto, por lo señalado en la ley (sic)”.

“14.3. El tribunal tendrá un plazo de seis (6) meses para proferir su fallo”.

“14.4. El tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros”.

“14.5. El tribunal decidirá en derecho”.

8. “En cumplimiento a lo pactado en el capítulo sexto del mencionado contrato de promesa de cesión de cuotas, ante la Notaría Treinta (30) de Santafé de Bogotá, D.C., se suscribió la escritura pública número trescientos cuarenta y tres (343) de fecha trece (13) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), correspondiente a la cesión de cuotas del señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía a favor de los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita”.

9. “Igualmente, con base en lo establecido en el parágrafo 1º del capítulo cuarto del contrato de promesa de cesión de cuotas, el día trece (13) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998) ante la misma Notaría Treinta (30) de Santafé de Bogotá, D.C., se suscribieron las siguientes escrituras públicas de compraventa”:

“EscrituraActoInmuebleComprador”
“344VentaApartamento 503 garaje 22María Emilia Mantilla de Loaiza
345VentaApartamento 1002 garaje 158Jonathan Loaiza Mantilla
346VentaApartamento 302 garaje 11Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía
347VentaApartamento 702 garaje 18”María Emilia Mantilla de Loaiza

10. “Las ventas mencionadas en el hecho anterior, se hicieron con base en lo pactado en el contrato de promesa cesión de cuotas, al igual que con base en la instrucción recibida por el señor Jairo Enrique Mariano Orlando Mejía”. (sic).

11. “Asumida la gerencia de la compañía Metro Arquitectura Ltda. por parte del señor Jorge Ernesto Alonso Muñoz, al entrar al estudio inicial de la documentación de la sociedad, encontró que mediante comunicado 85017 de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, que hace referencia a la solicitud del crédito 8256, se informaba a la citada sociedad que la junta directiva de dicha corporación había realizado la autorización del crédito de construcción a favor de la compañía”.

12. “En el numeral IV, literal E de la carta a que hace referencia el hecho anterior, se estableció lo siguiente:

“Otras obligaciones. Además de las obligaciones propias del contrato de mutuo comercial, el solicitante se obliga: ...E. A no modificar la composición social de la compañía...”.

13. “El demandado, de su puño y letra, aceptó los términos de la carta en mención, y por lo tanto era conocedor de dicha situación, pero sin embargo al saber de la crisis de la empresa, ya que era su gerente, y abusando de la buena fe de los demandantes, no informó oportunamente sobre tal situación, sino que en forma rápida maquinó y presionó la cesión de las cuotas sociales, para de esta manera ser el demandado el único y realmente beneficiario de la negociación demandada, en perjuicio no solo de los demandantes, sino que igualmente de la sociedad Metro Arquitectura Ltda.”.

14. “Con la cesión de las cuotas sociales, a la fecha, la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, quedó con todas las facultades de hacer aplicable la cláusula aceleratoria por concepto del contrato de mutuo existente con la sociedad Metro Arquitectura Limitada y los socios de la misma, hecho que de haberse informado oportunamente había cambiado los términos de la negociación, ya que la misma jamás se hubiere efectuado bajo ninguna circunstancia, abusándose de esta manera por parte del demandado de la falta del pleno conocimiento de la verdad por parte de los demandantes, y aprovechándose de esta (sic) de la buena fe de mis poderdantes”.

15. “Lo anterior es tan válido que el demandado con su omisión, genera perjuicios en contra de los demandantes y de la sociedad como tal, ya que su “oportuno olvido”, significa el tener Las Villas el acceso a la cláusula de aceleración, perjudicando de esta manera los intereses de la compañía y de los socios como tal, y haciendo posible que esta corporación pueda hacer exigible el ciento por ciento de la deuda que se tiene con todos ellos”.

16. “Suscrito y perfeccionado el contrato de promesa de cesión de cuotas, y generándose en forma inmediata las obligaciones que cada una de las partes había adquirido, la actitud demostrada por parte del demandado Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía era la de ser el único beneficiario de la negociación, y una vez mis poderdantes tuvieron conocimiento de la verdad verdadera tomaron la decisión de no seguir adelante con el negocio pactado, y es por ello que el señor Jorge Ernesto Alonso Muñoz dio (sic) orden de no pago a los cheques postfechados entregados al demandado, al igual que mediante carta solicitó el reintegro de los dineros ya cancelados, y volver las cosas al estado anterior de la negociación contenida en el contrato de promesa de cesión de cuotas”.

17. “De otra parte, en el numeral (4.3.) del capítulo cuarto de la tan citada promesa de cesión de cuotas, capítulo que hace referencia al “precio y forma de pago”, se estableció lo siguiente:”

“(4.3.) El saldo, esto es, la suma de ciento cincuenta millones de pesos moneda corriente ($ 150.000.000), que serán cancelados por los promitentes cesionarios al prometiente cedente en tres (3) cuotas, cada una de cincuenta millones de pesos moneda corriente ($ 50.000.000), los cuales se pagarán a los noventa (90) días, ciento ochenta (180) días, (sic) y doscientos setenta (270) días, calendario, que comenzarán a contarse desde la fecha de suscripción de la escritura pública que perfeccione el presente contrato, y que serán respaldadas con cheque procedente del doctor Jorge Ernesto Alonso Muñoz, adquiriendo la obligación el promitente cedente de consignar los cheques en las fechas pactadas y no antes. Se deja constancia de que a pesar que los tres (3) cheques mencionados son girados por el doctor Jorge Ernesto Alonso Muñoz, la obligación es solidaria con el señor Luis Jorge Urrea Amézquita”.

18. “Los cheques postfechados a que hace referencia el hecho anterior, fueron exigidos anticipadamente por el demandado para poder perfeccionar la negociación, exigencia que condicionó bajo el compromiso de que se cobrarían en las fechas fijadas y no antes”.

19. “No obstante lo manifestado en el hecho anterior, el demandado hizo caso omiso de lo pactado, y es así que el día trece (13) de mayo del año en curso, presentó para su cobro los tres (3) cheques recibidos, los cuales fueron impagados, abusando nuevamente de la buena fe de los demandantes, ya que conociendo de la orden de no pago y de la invitación de sentarse a replantear el negocio, procedió a seguir siendo el único beneficiario de la negociación”.

20. “Nuestro ordenamiento jurídico contempla que el contrato es ley para las partes, y en ese orden de ideas, siendo los cheques postfechados obligaciones secundarías a la obligación principal contenida en el contrato de promesa de cesión de cuotas, el demandado había adquirido el compromiso de consignar los cheques en las fechas previamente pactadas, y no antes, obligación de la cual igualmente en forma arbitraria y unilateral hizo caso omiso el demandado Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, ya que presentó los tres (3) cheques para su cobro al mismo tiempo, y no como estaba pactado con antelación en el contrato ya mencionado”.

21. “Una vez el señor Loaiza Mejía obtuvo la transferencia del derecho de dominio de los bienes inmuebles de que trata el hecho nueve (9) del presente escrito, y cobrado (sic) los cincuenta millones de pesos moneda corriente ($ 50.000.000 m/cte.) de que trata el numeral (4.1.) del capítulo cuarto del contrato de promesa de cesión de cuotas, ha sido la única persona que económicamente se ha beneficiado del negocio, en perjuicio de los intereses de mis poderdantes”.

22. “Pese a los diligentes esfuerzos efectuados por mis poderdantes, hasta le (sic) fecha no ha sido posible lograr un acuerdo por cuanto el demandado en forma sistemática se ha negado a buscar formulas (sic) de arreglo con mis clientes, y por el contrario, se ha dedicado al ejercicio de acciones legales que persiguen supuestamente el hacer valer sus propios derechos, pero obviamente en perjuicio de los demandantes y de la sociedad Metro Arquitectura Limitada”.

23. “No siendo suficiente los hechos narrados con anterioridad, igualmente en el capítulo decimotercero del citado contrato de promesa de cesión de cuotas, se estableció”:

“Capítulo decimotercero. Lesión enorme. Las partes contratantes declaran expresamente, que el valor real de la presente negociación es el aquí pactado, por lo que tanto por este (sic) contrato y por el de promesa de compraventa renuncian expresamente al ejercicio de la lesión enorme que se pudiera derivar de los mismos, y para lo cual desde ya las partes aquí contratantes dejan establecido y adquieren la obligación de que al día hábil siguiente al otorgamiento de la escritura pública que perfeccione la cesión de cuotas y la transferencia de los bienes inmuebles a que se a (sic) hecho referencia en el presente contrato, tanto el prometiente cedente como los prometientes cesionarios se harán entrega mutua de documento autenticado, por medio del cual renuncian expresa, recíproca e irrevocablemente al ejercicio de la acción por lesión enorme”.

24. “El día dieciséis (16) de febrero del año en curso, mis poderdantes dieron cumplimiento a la renuncia de la lesión enorme pactada en el contrato de promesa de cesión de cuotas, más (sic) sin embargo el señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía no ha cumplido con la obligación contenida en el capítulo decimotercero del citado contrato”.

25. “La exigencia de esta (sic) cláusula fue hecha por el demandado, con el único fin de que al hacerse la transferencia de los bienes inmuebles no se le ejerciera en su contra la rescisión por lesión enorme sobre los bienes inmuebles de que trata el hecho nueve (9) de la presente demanda”.

26. “Partiendo del principio general de que el contrato es ley para las partes, mis poderdantes dieron cumplimiento a la obligación pactada en el capítulo decimotercero del contrato de promesa de cesión de cuotas, A contrario sensu (sic) del demandado Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, quien hasta la fecha del presente escrito ha incumplido con dicha obligación, y por lo tanto ser el primero en no dar cumplimiento con las condiciones y términos establecidos en la (sic) citado contrato”.

C. Contestación de la demanda

El demandado, dio contestación a la demanda, en los siguientes términos:

1. En cuanto a los hechos se pronunció así:

Aceptó sin salvedades los marcados con los números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10 y 23; los marcados con los números 7º, 8º, 9º, 11, 12, 16, 17, 18, 19 y 24 fueron aceptados, pero fueron objeto de precisiones por parte del demandado; se aceptaron parcialmente los señalados como 13 y 22; y se negó la veracidad de los marcados con los números 2º, 14, 15, 20, 21, 25 y 26.

2. En cuanto a las pretensiones

Se opuso al reconocimiento de todas ellas y, particularmente, en cuanto a la solicitud de condena en costas (octava principal y novena subsidiaria) solicitó que se condenara por tales conceptos a la parte demandante.

3. Excepciones de fondo o de mérito

El demandado propuso cinco excepciones de mérito, cuyos fundamentos, en aras de la brevedad, se resumen a continuación:

“Primera excepción, inexistencia del dolo por parte del demandado Jairo Enrique Loaiza Mejía”:

Se refiere esta excepción al supuesto comportamiento doloso que le reprochan los demandantes al demandado por no haberles informado sobre la cláusula aceleratoria impuesta por la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, en caso de que se variara la composición social de la sociedad Metro Arquitectura S.A.; el demandado sustenta la excepción de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En primer lugar, alega que la manifestación de voluntad que hizo el señor Loaiza, por medio de la cual aceptó los términos y condiciones establecidos por la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas para la aprobación del crédito a constructor 8256, fue realizada en su carácter de representante legal de la sociedad Metro Arquitectura Ltda., y no, como persona natural. Además alega que las condiciones establecidas por la corporación eran conocidas por los demandantes, lo cual, en concepto del demandado, se demuestra cuando otra socia de Metro Arquitectura cedió a favor de los restantes socios, que entonces eran tanto los demandantes como el demandado, y tal cesión fue conocida por Las Villas sin que la corporación tomara ninguna represalia. Además, alega que el supuesto incumplimiento de la condición impuesta por las Villas lo único que podría generar es una suspensión de los desembolsos y, tal cosa no podía pasar pues para esa fecha la corporación ya había desembolsado la totalidad del crédito. La razón, según el excepcionante, por la cual no podría tenerse tal condición como aceleratoria del plazo es que tal condición se encuentra dentro del acápite de otras obligaciones, en la cual se manifiesta “Además de las obligaciones propias del contrato de mutuo comercial...” y, según él “es claro que tal obligación de la solicitante no hace parte del contrato de mutuo comercial”.

Por lo anterior manifiesta el demandado, “no se entiende entonces como es que este hecho irrelevante por cuanto ni Las Villas ha hecho efectiva la cláusula aceleratoria, ni la podía hacer efectiva por no encontrarse contemplada dentro del contrato de mutuo comercial, ni la hizo efectiva en una situación idéntica anterior, el cual era conocido por los demandantes por ser socios de la compañía, podría incidir en que los demandante no hicieran la negociación”. Igualmente expresa que tal dolo no podría ser determinante, pues “...no versaba sobre las cuotas sociales prometidas y después cedidas...”.

Por otra parte, según el memorialista, la supuesta crisis económica de Metro Arquitectura Ltda. al momento de la celebración del negocio era ampliamente conocida por los demandantes, en su calidad de socios de ella.

Además, el demandante Jorge Ernesto Alonso Muñoz entregó en préstamo dineros a la sociedad y gestionó algunos otros créditos para la sociedad, con diversas entidades financieras y, el otro demandante, Jorge Urrea era uno de los arquitectos encargados del proyecto. Además los cheques siempre eran firmados por dos (2) personas, entre ellas, uno de los demandantes.

El revisor fiscal de la sociedad fue designado por el demandante Jorge Ernesto Alonso Muñoz, y el día 5 de febrero de 1998, aquel expidió una certificación al demandado “...sobre el excelente manejo de los dineros de la compañía por parte de mí (sic) patrocinado”. Aquel funcionario entregaba continuamente “... balances a los socios”.

“Además la situación financiera de la sociedad en el presente asunto no era tan determinante para la negociación, en primer lugar por cuanto los demandantes eran socios antes de su celebración y por lo mismo la deberían conocer, y en segundo (sic) por cuanto no se estaba negociando la empresa en sí (establecimiento comercial) sino unas cuotas sociales que ni siquiera estaban inscritas en bolsa”.

Alega el demandado que en la celebración del negocio fue “...supremamente claro y diáfano....” y “...quienes actuaron de mala fe son (sic) los demandantes...”.

Finalmente señala que debe tenerse “...en cuenta como indicio grave que no era el primer negocio societario entre las partes”.

“Segunda excepción: cumplimiento de las partes a la promesa de cesión de cuotas sociales”:

Afirma el demandado que “...la principal obligación que nace para las partes de un contrato de promesa de compraventa (sic) es la de hacer, consistente en la firma del contrato prometido”, obligación que se cumplió con la suscripción del contrato de cesión que se contiene en la escritura pública 343 del 13 de febrero de 1998 de la Notaría 30 de Santafé de Bogotá, la cual fue debidamente inscrita en el registro mercantil y con las ventas de los inmuebles que hacían parte de la negociación, contenidas en las escrituras públicas 344, 345, 346 y 347 de la misma fecha y notaría.

“Tercera excepción contrato no cumplido por los demandantes”:

La argumentación que desarrolla el excepcionante en fundamento de esta excepción corresponde a la excepción que llaman la jurisprudencia y la doctrina “de contrato no cumplido”.

Señala que el demandante cumplió con la principal obligación que tenía a su cargo en virtud del contrato de promesa de cesión y que consistía, precisamente en la suscripción del contrato prometido, mientras que los demandantes no cumplieron con las obligaciones a su cargo pues, no pagaron los $ 150.000.000, saldo de la negociación, ni pagaron las prorratas del crédito de mayor extensión contraído con la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, correspondientes a los apartamentos entregados en parte de pago, y, fue a raíz de la manifestación del demandante Jorge Ernesto Alonso Muñoz sobre su intención de dar orden de no pago de los cheques que respaldaban la obligación, que el señor Loaiza presentó los cheques anticipadamente para el cobro.

En cuanto a la obligación que tenía el demandado de renunciar a la lesión enorme, señala que esta obligación es irrelevante pues, en todo caso el valor de la negociación no encajaba dentro de los presupuestos legales necesarios para poder adelantar tal acción esto es, que el valor de ella “...no es ni superior al doble, ni inferior al 50% del valor real como lo exige nuestra legislación”.

“Cuarta excepción, ilegitimación para pedir resolución de los contratos de compraventa de los inmuebles. Negocios en los que no intervinieron los demandantes”:

Señala el apoderado del demandado que en los contratos de compraventa de inmuebles contenidos en las escrituras públicas 344, 345, 346 y 347 todas del 13 de febrero de 1998 de la Notaría 30 de Santafé de Bogotá, intervinieron la sociedad Metro Arquitectura Ltda., como vendedora y María Emilia Mantilla de Loaiza, Jonathan Loaiza Mantilla y el demandado Jairo Loaiza Mejía como compradores.

Señala que “los demandantes Jorge Urrea Amézquita y Jorge Alonso Muñoz firmaron ante Metro Arquitectura Ltda. un pagaré por el saldo que ellos le adeudaban por concepto de los apartamentos a que las mismas hacen referencia”.

Señala que carece de técnica jurídica pretender resolver los contratos de compraventa en virtud de los supuestos incumplimientos del demandado en el contrato de promesa de cesión de cuotas sociales ya que no tienen que ver uno y otro negocio. Además, señala que los compradores Jonathan Loaiza y María Emilia Mantilla de Loaiza no han sido citados como partes en defensa de sus intereses.

Finalmente señala que los demandantes están impedidos para pedir la resolución de tales contratos pues no son partes dentro de esas negociaciones.

“Quinta excepción. La genérica”:

El demandado solicita, a través de esta excepción, que se declare de oficio cualquier excepción que se logre probar dentro del proceso.

4. Excepciones previas:

Junto con la contestación de la demanda, el demando (sic) propuso excepciones previas, las cuales fueron rechazadas por improcedentes, en el curso de la primera audiencia de trámite (acta 4).

III. Pruebas practicadas

Tanto la parte demandante como la parte demandada, allegaron con la demanda y con la contestación de la misma varios documentos que obran al expediente que fueron aportados con las formalidades legales, en los términos de las solicitudes de las partes y la disposición oficiosa del tribunal. Otros documentos fueron aportados en el transcurso del proceso que se encuentran obrando en el expediente en legal forma.

En el curso de esta actuación se solicitaron, decretaron y practicaron las siguientes pruebas:

1. Interrogatorios de parte

a) Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía. La prueba fue solicitada por la parte demandante; el tribunal la decretó en el auto de pruebas que se dictó en el curso de la primera audiencia de trámite. Fue oído en el curso de la audiencia realizada el día 13 de enero de 1999. El declarante manifestó ser mayor de edad, de profesión arquitecto y diseñador industrial, estar domiciliado en Santa Marta y tener sociedad conyugal disuelta. En su interrogatorio el señor Loaiza reconoció haber suscrito todos los contratos aportados al expediente. Haber cobrado los tres cheques girados a él el 13 de mayo de 1998, alegando que el señor Jorge Ernesto Alonso Muñoz ya le había informado que había dado orden de no pago al banco.

Explicó que la carta aprobatoria del crédito de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas fue puesta en conocimiento de todos los socios de Metro Arquitectura Ltda. Para corroborar sus afirmaciones aportó algunos documentos que fueron incorporados al expediente. Igualmente, en el curso de su declaración, realizó la exhibición del documento que contiene la renuncia a la lesión enorme, aunque reconoció que este no fue remitido a los demandantes; alegó que tampoco recibió la comunicación de los demandantes en sentido similar, manifestando, por demás, que tal obligación era poco importante, teniendo en cuenta que la negociación se había hecho por valores reales (fls. 303 - 325 cdno. ppal.).

b) Luis Jorge Urrea Amézquita. La prueba fue solicitada por la parte demandada; el tribunal la decretó en el auto de pruebas que se dictó en el curso de la primera audiencia de trámite. Fue oído en el curso de la audiencia realizada el día 13 de enero de 1999. Las preguntas formuladas por el demandado fueron realizadas por escrito. El declarante manifestó ser mayor de edad, de profesión arquitecto, ser casado y estar domiciliado en Bogotá. En el curso del interrogatorio el declarante manifestó haber celebrado los contratos que soportan esta acción. Reconoce que se dio orden de no pago de los cheques y que aun no se han pagado las prorratas del crédito de mayor extensión que afecta los inmuebles dados en dación en pago. Aceptó haber tenido conocimiento de la carta de aprobación del crédito de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas y que tal conocimiento lo tuvo estando presentes todos los socios; señala que la carta fue leída en el curso de una reunión de junta de socios (fls. 395 - 408 cdno. ppal.).

c) Jorge Ernesto Alonso Muñoz. La prueba fue solicitada por la parte demandada; el tribunal la decretó en el auto de pruebas que se dictó en el curso de la primera audiencia de trámite. Fue oído en el curso de la audiencia realizada el día 25 de enero de 1999. Señaló ser mayor de edad, estar domiciliado en Santafé de Bogotá, de profesión comerciante y ser casado. En su interrogatorio afirmó haber celebrado los negocios que son base de esta actuación. Reconoció no haber realizado el pago de las prorratas correspondientes al crédito de mayor extensión que soportan los inmuebles dados en parte de pago de la negociación, aunque alega que esto se debió a que para entonces el señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza no había cumplido sus obligaciones al no haber realizado la renuncia a la lesión enorme. Igualmente reconoció haber dado orden de no pago de los cheques entregados al señor Loaiza, en razón del incumplimiento manifestado. Informó que había renunciado a la lesión enorme presentándose a la notaría a autenticar el documento, aunque señala que este documento no le fue remitido al demandado. En el curso de su interrogatorio explicó que la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas vetó cualquier nuevo préstamo y, aunque manifiesta que esto pudo tener origen en la negociación, manifiesta que no hay constancia de ello y, por el contrario, acepta que en el año en que se solicitaron tales ampliaciones la corporación negó créditos de constructor por más de cien mil millones de pesos. Manifestó no haber conocido las condiciones de aprobación del crédito de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas (fls. 326 - 344 cdno. ppal.).

2. Testimonios:

a) Jorge Enrique Romero Romero. La prueba fue solicitada por la parte demandada; el tribunal la decretó en el auto de pruebas que se dictó en el curso de la primera audiencia de trámite. Fue oído en el curso de la audiencia realizada el día 25 de enero de 1999. El declarante manifestó ser contador de la sociedad Metro Arquitectura Ltda., a través de la sociedad Gercón Asociados Ltda. (antes Atacol Ltda.) y que la misma firma además fue designada como revisora fiscal, pero que no existen actas y tampoco se ha inscrito el nombramiento en la Cámara de Comercio por lo cual no puede ser legalmente revisor fiscal sino apenas contador. Igualmente explicó que expidió certificación a favor del señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía en su condición de gerente de la sociedad Metro Arquitectura Ltda., y que este le hizo entrega del libro de actas que no había sido diligenciado. Igualmente hizo algunas aclaraciones sobre la incidencia que tuvo para la sociedad Metro Arquitectura Ltda., la negociación que sirve de base a esta actuación (fls. 345 - 354 cdno. ppal.).

b) Mauricio Pardo Ojeda. La prueba fue solicitada por la parte demandante. Aunque en el auto de pruebas, que se dictó en el curso de la primera audiencia de trámite, fue negada por cuanto había sido mal solicitada, el tribunal la decretó de oficio por considerarla importante. Fue oído en el curso de la audiencia realizada el día 9 de febrero de 1999. Manifestó ser abogado y haber asesorado a los demandantes en el negocio, objeto de este proceso, que realizaron las partes. Dijo haber preparado algunas actas de la junta de socios de Metro Arquitectura Ltda. y haber solicitado al demandado el diligenciamiento y entrega del libro de actas pues, tenía conocimiento que estaba en blanco. Explicó que el pacto de renuncia a la lesión enorme había sido una exigencia del señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía ya que el valor de los inmuebles que se señaló en las escrituras correspondientes era inferior al valor real que, según el mismo señor Loaiza, correspondía a cada uno de los inmuebles. Presentó fotocopias de 11 actas de junta de socios que, según él mismo, le fueron entregadas por el señor Jorge Ernesto Alonso Muñoz (fls. 369 - 383 cdno. ppal.).

c) Jonathan Loaiza Mantilla. La prueba fue solicitada por la parte demandante. Aunque en el auto de pruebas, que se dictó en el curso de la primera audiencia de trámite, fue negada por cuanto había sido mal solicitada, el tribunal la decretó de oficio por considerarla importante. Fue oído en el curso de la audiencia realizada el día 3 de marzo de 1999. El testigo dijo ser hijo del demandado Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía. Señaló que es dueño del apartamento 1002 en virtud de que su papá así lo quiso y que fue en virtud de la negociación de sus cuotas sociales en la sociedad Metro Arquitectura Ltda. que se realizó tal negocio. Igualmente explicó que no había hecho ninguna erogación en virtud de tal negocio (fls. 358 -368 cdno. ppal.).

d) María Emilia Mantilla de Loaiza. La prueba fue solicitada por la parte demandante. Aunque en el auto de pruebas, que se dictó en el curso de la primera audiencia de trámite, fue negada por cuanto había sido mal solicitada, el tribunal la decretó de oficio por considerarla importante. Fue oída en el curso de la audiencia realizada el día 3 de marzo de 1999. La declarante manifestó ser la esposa del demandado, y no estar separada de bienes. Explicó que celebró dos contratos de compraventa, correspondientes a los apartamentos 502 y 702 y que no pagó nada por ellos, pues correspondía a parte del negocio celebrado por su esposo con los demandantes. (fls. 384 - 394 cdno. ppal.).

3. Inspecciones judiciales

a) Inspección judicial con exhibición de documentos en Metro Arquitectura Limitada. La prueba fue solicitada por la parte demandada. Se decretó en el auto de pruebas que se dictó en el curso de la primera audiencia de trámite. La prueba se practicó el 20 de enero de 1999. Previamente a la audiencia el apoderado de los demandantes informó que la sociedad carecía de oficinas y, por tal razón solicitó que esta se practicara en las oficinas del señor Jorge Ernesto Alonso, donde efectivamente se practicó. La audiencia fue atendida por el señor Jorge Ernesto Alonso Muñoz, en su condición de gerente de la sociedad; también estuvo presente el señor Jorge Romero gerente de la sociedad Gercol Ltda. que cumple las labores de revisor fiscal de la sociedad, aunque informa que su nombramiento no está inscrito en la Cámara de Comercio. Requerido el libro de actas de junta de socios, el gerente manifestó que a raíz del cierre de las oficinas de la sociedad este se encuentra en cajas, por lo cual es imposible aportarlo. No obstante lo anterior, aportó copia faximilar de un certificado de registro de los libros de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá; posteriormente se acompañó el original. Igualmente manifestó que el libro está en blanco ya que no se han transcrito las actas.

b) Inspección judicial con exhibición de documentos en la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas. La prueba fue solicitada por la parte demandada. Se decretó en el auto de pruebas que se dictó en el curso de la primera audiencia de trámite. La prueba se practicó el 22 de enero de 1999. La diligencia fue atendida por los señores Enrique Vargas Galvis y Nelba Vergara Pardo, en representación de la corporación, y se puso a disposición del tribunal toda la documentación correspondiente al crédito 8-256. Se tomó copia de los documentos de que da cuenta el acta 8 del tribunal (fls. 132-133 cdno. ppal.), incluyendo las copias del proceso ejecutivo iniciado por la mencionada corporación para el cobro del crédito, al cual se le dio el carácter de reservado por estarse practicando las medidas cautelares.

4. Pruebas documentales

En el auto de decreto de pruebas, proferido en el curso de la primera audiencia de trámite, el tribunal ordenó tener por tales los documentos allegados por las partes junto con la demanda y su contestación. Además, se agregaron al expediente aquellos que se recaudaron en el curso de las audiencias; su pertinencia, conducencia e importancia probatoria será puesta de presente en el capítulo de consideraciones del tribunal.

IV. Consideraciones del tribunal

A. Competencia del juez arbitral

1. En la cláusula decimacuarta del contrato de promesa de cesión de cuotas, celebrado entre el señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, como prometiente cedente, y los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita, como prometientes cesionarios, de fecha doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), se estipuló:

“Tribunal de Arbitramento: Cualquier discrepancia que se presente en la ejecución, desarrollo o interpretación del presente contrato, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, D.C., a través del Centro de Arbitraje y Conciliaciones mercantiles (sic).

El citado tribunal funcionará, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 14.1. El tribunal funcionará en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C.

14.2. El tribunal se regulará por el mecanismo establecido por el Centro de Arbitraje y Conciliaciones mercantiles de Santafé de Bogotá, D.C., o en su defecto, por lo señalado en la ley (sic).

14. 3. El tribunal tendrá un plazo de seis (6) meses para proferir su fallo.

14.4. El tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros.

14.5. El tribunal decidirá en derecho”.

2. El trámite reseñado en el acápite de antecedentes de este laudo indica que no existe inconveniente para que el tribunal pueda pronunciarse sobre la controversia, resaltando, además, que se encuentra en término para ello, pues la primera audiencia de trámite se surtió el 17 de diciembre de 1998, por lo cual el término de 6 meses vence el próximo 17 de junio de 1999.

3. El tribunal, a su turno, fue debidamente integrado e instalado y los emolumentos fijados en el acta de instalación fueron oportunamente cancelados en su totalidad por la parte demandante.

4. Adicionalmente, el tribunal, en la primera audiencia de trámite, mediante providencia que se halla ejecutoriada, se declaró incompetente para resolver las pretensiones principales por no encontrarse dentro de lo previsto en la cláusula compromisoria antes transcrita, por cuanto estas pretensiones principales buscaban dejar sin validez tanto el contrato de promesa como el contrato prometido, por un supuesto vicio en la formación del consentimiento (dolo) de los prometientes cesionarios, hoy demandantes. No sucede lo mismo con relación a las pretensiones subsidiarias, respecto de las cuales el tribunal afirmó que sí es competente para conocer de ellas, ya que estas se encuentran comprendidas dentro del alcance de la cláusula compromisoria, decisión que ahora reafirma el tribunal, pues rituado el proceso, queda confirmado que la controversia planteada es susceptible de transacción, que las partes son plenamente capaces y están habilitadas para transigir y, que tales pretensiones están enmarcadas dentro del alcance de la cláusula compromisoria transcrita.

B. Estudio del fondo del asunto

En primer lugar, se impone entrar a analizar y por consiguiente dilucidar las excepciones propuestas por el demandado y establecer si a través de las mismas se enerva la acción, pues tienen tal finalidad.

Dado que la pretensión subsidiaria básica de la demanda se dirige a obtener del tribunal la declaratoria de incumplimiento del contrato de promesa de cesión de cuotas, para que a partir de tal pronunciamiento, igualmente se infirmen los actos que se surtieron como consecuencia de ella, el tribunal, dando orden a sus pronunciamientos empezará por analizar la segunda excepción propuesta por el convocado, que se dirige, precisamente a enervar la mencionada pretensión.

Excepción de cumplimiento de las partes a la promesa de cesión de cuotas sociales

El tribunal considera que para entrar en la materia de esta excepción planteada, es necesario efectuar un análisis sobre el contrato de promesa de celebrar un negocio jurídico, así:

1. Características de la promesa en nuestra legislación:

a) El artículo 89 de la Ley 153 de 1887, que derogó el artículo 1611 del Código Civil, estipula los requisitos que debe contener toda promesa de contrato dentro del marco de dicha legislación, so pena de no producir obligación alguna: – Que la promesa conste por escrito; – Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502 del Código Civil; – Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato; – Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Finalmente, se restringen los términos del contrato prometido a la materia sobre la cual se ha contratado.

Encontramos que la promesa en nuestra legislación civil es un contrato de características especiales, cuales son las de ser solemne, porque tiene que constar por escrito; principal, es decir, que existe por sí solo, distinto del contrato prometido, ya que la promesa genera obligación de hacer, cual es la de celebrar un contrato posterior; bilateral, porque se necesita la concurrencia de dos voluntades. Si se incumple la promesa, estará sometida a las reglas generales del artículo 1546 del Código Civil: La condición resolutoria tácita.

b) De su lado, la legislación comercial, en el artículo 861 Código de Comercio consagra como principio general el de la consensualidad para la promesa de celebrar un negocio, norma especial que prima en este campo sobre las disposiciones de la Ley 153 de 1887, sin perjuicio de que el contrato prometido se someta a las reglas y formalidades exigidas por la propia ley. Solo por vía de excepción se exige, en este campo, la formalidad especial del escrito para la formación del contrato de promesa de sociedad (C. Co., art. 119), por lo cual, y siendo la solemnidad la excepción, se impone aquel principio general.

c) Cabe advertir, sin embargo, que no obstante el principio de la consensualidad anteriormente expresado, la ley comercial, la doctrina y la jurisprudencia, al unísono, pregonan que la diferencia sustancial entre estos dos tipos de promesa, la civil y la comercial, radica en el escrito, exigencia que se convierte para aquella legislación en un requisito ad substantiam actus, es decir, de su propia existencia. No puede perderse de vista que siendo la promesa un contrato antecedente de otro posterior, está llamada por ello a ser temporal, por lo cual los contratantes deben fijar la fecha en que la obligación de hacer se torna exigible y como un elemento de su esencia en términos del artículo 1501 del Código Civil la misma razón sirve para sostener que en la promesa comercial debe especificarse el contrato prometido, como son el objeto, el precio y el lugar en donde habrá de cumplirse, amén de otras características propias de la futura negociación y que permitan su cabal individualización, sobrando la claridad de que debe tratarse de un contrato eficaz, o, dicho de otra manera, que no sea de aquellos que la ley declara ineficaces (C.C., art. 1502).

d) Con base en lo anterior puede decirse que la promesa de contratar en civil y en comercial abrevian en una misma fuente, con la única distinción del escrito como requisito de su existencia en la civil, sin que por ello haya algo en contrario para que los comerciantes, en procura de la seguridad de sus transacciones, resuelvan hacerla por escrito.

e) Tal como se encuentran las previsiones de nuestra legislación sustantiva, es factible prometer la celebración de cualquier tipo de contrato dentro del preciso marco de la legalidad, lo cual es desarrollo del principio de que las partes (C.C., art. 1495), en el ejercicio de sus derechos, únicamente están restringidas por las prohibiciones legales o por el derecho ajeno. Por fuera de dichas restricciones (C.C., art. 31) y como consecuencia del cabal recorrido del supuesto de hecho que envuelve la definición legal (C.C., art. 6º), todo contrato legalmente celebrado se constituye en una ley para las partes al tenor del artículo 1602 del citado estatuto, lo que significa que cuando las partes con idoneidad para ello (C.C., art. 1502) celebran cualquier tipo de convención, esta los ata indefectiblemente y, salvo causas legales o mutuo consentimiento, los posiciona en extremos opuestos de una misma relación con la facultad recíproca en cabeza de cada uno de ellos de esperar un determinado comportamiento del otro que envuelva la satisfacción in natura de la prestación, so pena de reclamarla por la vía judicial o de procurar por la misma vía el equivalente pecuniario, en ambos casos con indemnización de perjuicios.

f) Ahora bien, está definido que según las diferentes especies de obligaciones, la promesa genera una obligación positiva que se traduce en un deber de conducta de hacer, es decir de celebrar el contrato prometido, en un plazo y dentro de los precisos términos previamente estipulados en ella, so pena de que su infracción faculte al contratante afectado para accionar conforme lo prevén los artículos 1546 en concordancia con el 1610, ambos del Código Civil.

2. Hechas las anteriores precisiones conceptuales conviene ahora adentrarse en el análisis de la legalidad de la promesa de cesión de cuotas sociales de la sociedad Metro Arquitectura Ltda., cuya solicitud de resolución ocupa el primer lugar en el ámbito de las pretensiones subsidiarias de la demanda, tema del cual se ocupa el tribunal y que habrá de resolver en aras de desatarlas:

a) Manifiesta el demandante en la demanda, que el día 12 de febrero de 1998 se celebró por escrito una promesa de cesión de cuotas sociales, documento en el cual el señor Jorge Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, en su condición de prometiente cedente, prometió ceder en favor de los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita, quienes aceptaron tal promesa en el mismo documento asumiendo por lo tanto la calidad de prometientes cesionarios, las 36.666 cuotas sociales que aquel tenía, entonces, en la sociedad Metro Arquitectura Ltda., todo dentro de las estipulaciones, términos y condiciones previstos por la ley para ese tipo de negociaciones.

b) Revisado el contrato de promesa de cesión de cuotas, que obra a folios 10 al 18 del cuaderno de pruebas, se encuentra que, en realidad, tal fue el contenido del denominado “objeto del contrato”, previsto en capítulo tercero del mismo.

Sin embargo, debe ponerse de presente que el contrato contenía, además, otras previsiones y convenciones que tenían que ver con el negocio prometido. Se señaló el precio del negocio que se estaba prometiendo celebrar, el cual se fijó en la suma de $ 500.000.000 m/cte.; la forma como se pagaría tal precio, contemplado en el capítulo cuarto, una parte en dinero y otra en especie mediante la transferencia del derecho de dominio de unos apartamentos, sobre los cuales, ya para entonces, los prometientes cesionarios habían celebrado una promesa de compraventa, a su favor, con la sociedad Metro Arquitectura Ltda.; además se consagró que los inmuebles, podrían ser recibidos por los terceros que señalare el prometiente cedente y, por otra parte, también se estipuló que los prometientes cesionarios se obligarían a asumir el pago de las hipotecas de mayor extensión que gravan los apartamentos en favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, en la prorrata que a cada uno de los inmuebles le correspondía. Con relación a la parte del precio que se cancelaría en dinero, se señaló la manera en que se descargarían los cheques postfechados, que sedan entregados por los cesionarios al cedente, una vez celebrado el contrato prometido. También se pactó una cláusula de renuncia a una eventual lesión enorme prevista en el capítulo decimotercero. Por último, en el citado contrato también se pactó la cláusula arbitral, que ya ha sido objeto de análisis en este laudo al decidir sobre la competencia del presente tribunal.

No obstante todo lo reseñado, cabe advertir que, por la forma como quedó estructurado el negocio, todas estas obligaciones se generarían del contrato prometido una vez que se celebrara y no de la promesa como tal, cuyo único objeto era, se repite, la formalización de la cesión de cuotas prometida. Y no de otra manera podía ser ya que este es el efecto legal de la promesa. Debe, por último, señalarse que las partes también convinieron una cláusula penal por el incumplimiento parcial o total de cualesquiera de las obligaciones inherentes, adquiridas y derivadas del contrato, según quedó pactado en el capítulo noveno de la promesa.

c) Con lo anterior queda claro que en el contrato suscrito el día 12 de febrero de 1998 coexistían dos tipos de obligaciones: Unas inherentes y esenciales a la promesa de cesión de cuotas y, otras, pertenecientes al futuro contrato, dependientes y predicables únicamente de él y de su existencia, dentro de las cuales pueden incluirse las últimas de las mencionadas y que se hallan por fuera del capítulo tercero contentivo del objeto del contrato.

d) Examinando la promesa que nos ocupa a la luz de la normatividad vigente, encontramos que la misma se ajusta a la legalidad puesto que cumple con las formalidades legales, todo en términos del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, en concordancia con el 861 del Código de Comercio.

e) Según lo afirma el propio convocante, en el hecho octavo de la demanda, el día 13 de febrero de 1998 las partes, prometiente cedente y prometientes cesionarios, cumplieron con la solemnidad escrituraria prometida en el capítulo tercero que contiene el objeto de la promesa de cesión de cuotas que nos ocupa, al otorgar en la Notaría 30 de Santafé de Bogotá, D.C., la escritura pública 343 (fls. 31 a 39 cdno. de pbas.), con la cual el prometiente cedente, efectivamente, le transfirió a los prometientes cesionarios las 36.666 cuotas sociales de la sociedad Metro Arquitectura Ltda. De tal acto jurídico no queda duda ya que, copia de tal escritura, fue aportada por el demandante como prueba documental de la demanda, aceptada por la parte contraria, y, lo que es más, la resolución de la misma se impetra en la pretensión segunda subsidiaria de la demanda.

3. El cumplimiento de la promesa

Teniendo en cuenta la explicación anterior acerca del contrato de promesa, procedemos a analizar su cumplimiento, que se verifica cuando se celebre el negocio prometido, por cuanto la obligación esencial que nace de la promesa es una obligación de hacer, es decir la obligación recíproca de celebrar el contrato prometido.

En forma adicional, es necesario tener en cuenta que los contratos legalmente celebrados son ley para las partes, es decir que nacen para ser cumplidos por ellas. La promesa de cesión de cuotas sociales no hace excepción a este principio contractual. La promesa, es decir el contrato preliminar en el que se prometió celebrar una cesión de cuotas sociales, reunió, como ya lo vimos, los requisitos propios del contrato de promesa, dio origen a la obligación a cargo de cada uno de los prometientes contratantes de comparecer a la Notaría 30 el día 13 de febrero de 1998 a las 11:00 a.m., con el fin de otorgar la escritura pública que perfeccionara la cesión de cuotas prometida.

Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia en varios pronunciamientos ha manifestado que existen notorias y substanciales diferencias entre la promesa de compraventa y la compraventa prometida, que se aplican al caso en estudio, y que en consecuencia la obligación principal que nace de aquella no reside ni en el pago del precio ni en la dación de la cosa sino en un hacer, consistente en el otorgamiento de la escritura pública que perfeccione la compraventa inmobiliaria:

“De la promesa de compraventa nace como obligación específica para cada una de las partes la de concurrir a la celebración eficaz del contrato prometido, en el término o al cumplimiento de la condición al efecto estipulados. Esto es que, como lo señala la doctrina, solo produce obligaciones de hacer. Tratándose de la promesa de compraventa quiere decir que los derechos y obligaciones que la promesa como tal encarna, no son los mismos que la compraventa genera, esto es, que la promesa no confiere al promitente vendedor título alguno al pago del precio, ni al promitente comprador título alguno a la entrega de la cosa, efectos que solamente originará la compraventa en cuanto sea celebrada, pero que no podrán ser subsumidos por la mera promesa cuyo poder vinculatorio no va más allá de obligar mutua y recíprocamente a las partes a la celebración del contrato prometido”. (Sent. de Cas. C. de julio 28 de 1960, abril 15 de 1975 y marzo 22 de 1979)

En el caso que nos ocupa, en la promesa de cesión de cuotas objeto de estudio, las partes pactaron la obligación de celebrar el contrato prometido, es decir la cesión de cuotas de la sociedad denominada Metro Arquitectura Ltda. del señor Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía a favor de los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita, cuya escritura se cumplió en la Notaría 30 a la hora y en el día pactados para ello.

En forma adicional, es necesario revisar, desde el punto de vista formal, si en este caso se dio cumplimiento a los requisitos consagrados en el Código de Comercio para la cesión de cuotas, a saber:

a) Reunión de junta de socios para aprobar la cesión de cuotas y la consiguiente reforma estatutaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358 y 362 del Código de Comercio.

El 5 de febrero de 1998, fecha anterior a la suscripción de la promesa de cesión de cuotas, se reunió la junta de socios de la sociedad denominada Metro Arquitectura Ltda., según consta al acta 11, cuya copia auténtica se protocolizó con la escritura pública 343, otorgada el 13 de febrero de 1998 en la Notaría 30 del círculo de Santafé de Bogotá, acta que no ha sido impugnada, en la que consta que la junta de socios de Metro Arquitectura Ltda. aprobó la cesión de las 36.666 cuotas de la sociedad citada, de propiedad de Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, a favor de los otros dos socios, Jorge Ernesto Alonso Muñoz, en cantidad de 26.583 cuotas sociales, y Luis Jorge Urrea Amézquita, en cantidad de 10.083 cuotas sociales, así como la consiguiente reforma estatutaria del artículo sexto de los estatutos sociales.

b) Escritura pública que deberá ser suscrita por el cedente, el cesionario y el representante legal de la sociedad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 362 del Código de Comercio.

En efecto, los señores Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, en su condición de cedente y de representante legal de la sociedad y los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita, en su calidad de cesionarios comparecieron a la Notaría 30, tal cual habían convenido en la promesa de cesión de cuotas objeto de estudio y suscribieron la escritura pública 343, otorgada el 13 de febrero de 1998. Mediante este contrato el señor Jorge Ernesto Alonso Muñoz adquirió 26.583 cuotas sociales, y las restantes 10.083 cuotas sociales fueron adquiridas por el señor Luis Jorge Urrea Amézquita. Igualmente, se dice en este contrato que cada uno de los cesionarios pagó, y así quedó constancia en la escritura, la suma de mil pesos ($ 1.000) m/cte. por cada cuota habiendo pagado el primero de los mencionados la cantidad de veintiséis millones quinientos ochenta y tres mil pesos ($ 26.583.000) m/cte., y el segundo la suma de diez millones ochenta y tres mil pesos ($ 10.083.000) m/cte. Finalmente, en el contrato se dice que los cesionarios (aquí convocantes) aceptan que con dicha escritura “se dan por recibidas las cuotas que la misma consagra a su favor” y afirman también que “con este público instrumento dan cumplimiento a sus convenios de fecha febrero doce (12) de mil novecientos noventa y ocho (1998)”. Este contrato hasta la fecha no ha sido objeto de impugnación alguna.

c) Registro de la escritura pública de cesión de cuotas en la Cámara de Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código de Comercio.

La escritura pública 343, tantas veces citada fue registrada el 20 de febrero de 1998 en la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, domicilio de la sociedad.

Por tanto, cumplidos los requisitos exigidos para la cesión de cuotas en el Código de Comercio, tal cual ha sido expuesto, y la obligación nacida de la promesa de cesión de cuotas sociales, nos queda concluir que la promesa de cesión de cuotas suscrita el 12 de febrero de 1998 por los señores Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, en su condición de prometiente cedente y los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita, en su calidad de prometientes cesionarios, fue cumplida por cuanto efectuaron el contrato prometido, es decir la cesión de cuotas. En efecto, las partes acudieron a la Notaría 30, notaría que había sido convenida en la promesa, a suscribir la respectiva escritura de cesión de cuotas, a la hora y el día convenidos en la promesa, y posteriormente registraron dicha escritura en la Cámara de Comercio respectiva y, además, afirman que se ha dado cumplimiento a la promesa, no solo en la escritura pública 343 del 13 de febrero de 1998, de la Notaría 30 del círculo de Santafé de Bogotá, que contiene el contrato de cesión de cuotas, sino en las 344, 345, 346 y 347, de la misma fecha y notaría, que contienen los “Contratos de compraventa” de los inmuebles que constituían el pago de parte del precio, en cada una de las cuales manifiestan las partes que con este público instrumento se da cumplimiento a las “promesas de fechas febrero nueve (9) y doce (12) de mil novecientos noventa y ocho (1998)”. (La de compraventa y la de cesión de cuotas, respectivamente, anota el tribunal).

De otra parte, el tribunal considera necesario hacer mención al pacto de renuncia expresa al ejercicio de la lesión enorme que se pudiera derivar del precio fijado para la cesión de cuotas, contenido en el capítulo decimotercero de la promesa de cesión de cuotas, objeto de estudio, que dice: “Las partes contratantes declaran expresamente, que el valor real de la presente negociación es el aquí pactado, por lo que tanto por este (sic) contrato y por el de promesa de compraventa renuncian expresamente al ejercicio de la lesión enorme que se pudieran (sic) derivar de los mismos, y para lo cual desde ya las partes adquieren la obligación de que al día hábil siguiente al otorgamiento de la escritura pública que perfeccione la cesión de cuotas y la transferencia de los bienes inmuebles a que se ha hecho referencia en el presente contrato, tanto el prometiente cedente como los prometientes cesionarios se harán entrega mutua de documento autenticado, por medio del cual renuncian expresa, recíproca e irrevocablemente al ejercicio de la acción por lesión enorme”. A primera vista podía afirmarse que las partes efectuaron tal renuncia desde el contrato de promesa de cesión de cuotas, y que la carta contentiva de tal renuncia era solamente una formalidad que, con fines probatorios, debían suscribir y entregarse mutuamente las partes. Sin embargo, sería errado darle tal interpretación a lo pactado, pues supondría su invalidez, tal como lo dispone el artículo 1950 del Código Civil. Es forzoso, entonces, entender que la obligación de renunciar a la acción por lesión enorme no surgía de la promesa, pues sería contraria a la ley y, por lo mismo inválida, sino de la celebración de los contratos prometidos y, más específicamente, de los de compraventa, que son los que pueden resultar afectados por ella, por lo cual, en manera alguna su inejecución puede entenderse como un incumplimiento de la promesa atacada. No sobra anotar que, tal como lo confesaron los demandantes y el demandado, ninguno cumplió con tal obligación pues ni los convocantes le hicieron entrega del documento al demandado, ni este hizo lo propio a aquellos. Lo anterior es también suficiente para confirmar lo dicho hasta ahora, en el sentido de que el contrato de promesa de cesión de cuotas fue cumplido fielmente.

Tampoco es dable aceptar el argumento del atacante del contrato de promesa, consistente en que el convocado ocultó una carta de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas acreedor hipotecario de los inmuebles dados en venta donde se reservaba la facultad dicha corporación de acelerar el plazo del crédito si había cambio de la composición accionaria sin su consentimiento. La razón para desechar este argumento es que tal afirmación se encamina a atacar la validez del contrato de promesa, tema sobre el cual el tribunal se declaró incompetente desde la primera audiencia de trámite.

Los argumentos que ha dejado expuestos este tribunal le permiten afirmar que el prometiente cedente, señor Jorge Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, cumplió en la oportunidad y tiempo debidos en favor de los señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita; con su obligación de traspasarles sus cuotas en la sociedad Metro Arquitectura Ltda., dándole así cabal cumplimiento a la obligación de hacer que se generaba del contrato de promesa de cesión de cuotas sociales. Es por ello que este tribunal declarará probada la excepción de cumplimiento, planteada por la parte demandada y, en consecuencia desechará la pretensión del convocante, en el sentido de declarar resuelto el contrato de promesa de cesión de cuotas sociales puesto que considera que este contrato fue cumplido por la parte convocada y que, si bien aquella parte le endilga a esta el incumplimiento de las otras obligaciones contenidas en el mismo documento, reitera el tribunal que mal podrían extendérsele a la promesa los efectos nocivos de aquella eventual conducta.

Por todo lo dicho la excepción de cumplimiento del contrato de cesión de cuotas se declarará probada y, en consecuencia también se declarará que no prospera la pretensión primera subsidiaria, que corresponde al supuesto incumplimiento de la promesa atacada.

Teniendo en cuenta que las demás pretensiones planteadas por la parte convocante son consecuenciales de la primera, el tribunal también deberá pronunciarse sobre ellas en forma negativa, lo que exime al tribunal de estudiar las restantes excepciones propuestas por el convocado.

C. Costas y agencias en derecho

El resultado de este proceso, indica que la parte demandante deberá ser condenada al pago de las costas y agencias en derecho causadas por esta actuación, las cuales se liquidan en la siguiente forma:

Por concepto de costas, tal como se expresó en la parte I, aspectos generales, de este laudo, la suma decretada por concepto de honorarios de los árbitros y el secretario, gastos de funcionamiento administración y gastos de protocolización, registro y otros, así como los gastos ocasionados por el traslado de la testigo María Emilia Mantilla de Loaiza, fueron cancelados enteramente por la parte vencida, y no se han acreditado ante este tribunal otros gastos adicionales, por lo cual, por este concepto, habrá de eximirse al convocado de restituir a los convocantes las sumas ocasionadas por costas del proceso.

En cuanto a las agencias en derecho, por las cuales habrá de condenarse al convocante vencido, el tribunal las fija en $ 2.277.500.

V. Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto, el presente tribunal de arbitramento administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar probada la excepción de cumplimiento de las partes a la promesa de cesión de cuotas sociales, propuesta por la parte convocada.

2. Declarar que no prosperan las pretensiones de la demanda.

3. Condenar a los demandantes, señores Jorge Ernesto Alonso Muñoz y Luis Jorge Urrea Amézquita, a pagar al demandado Jairo Enrique Mariano Orlando Loaiza Mejía, la suma de $ 2.277.500 por concepto de agencias en derecho. Se exime al convocado de pagar las costas, de acuerdo con lo dicho en el literal c de las consideraciones del tribunal.

4. Ordenar la protocolización del expediente en la Notaría 16 del círculo de Santafé de Bogotá, D.C.

5. Ordenar la devolución de las sumas no utilizadas de la partida “Protocolización, registro y otros”, si a ello hubiere lugar, según la liquidación final de gastos, a la parte demandante, por cuanto ella fue la única que los sufragó, una vez protocolizado el expediente.

Notifíquese y cúmplase.

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