Laudo arbitral

Luis Ángel Cantor Herrera

v.

Andrés Cabezas Cárdenas

Septiembre 27 de 2002

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dos (2002).

Agotado el trámite y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el tribunal a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral en equidad, seguido por el señor Luis Ángel Cantor Herrera contra el señor Andrés Cabezas Cárdenas.

I. Antecedentes

Como antecedentes generales al momento del fallo que ahora se dicta, dentro del presente proceso arbitral en equidad, se destacan los siguientes a saber:

A. Pacto arbitral.

Para todos los efectos del presente proceso, el pacto arbitral se deriva del compromiso suscrito por las partes, Luis Ángel Cantor Herrera, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.388.084 y Andrés Cabezas Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.615, para dirimir las diferencias surgidas entre ellos con fundamento en los hechos y pretensiones señalados en dicho documento, todos ellos alrededor del contrato de compraventa que las partes suscribieron el 28 de julio de 2001, sobre el vehículo automotor Renault 4 de placas KDI 424, modelo 1978, y al cual le figura un trámite de regrabación y de cambio de conjunto por uno de Renault 4 modelo 1985.

El referido compromiso obra en el expediente a folios 21 a 26 del cuaderno principal.

B. Trámite inicial.

1. Convocatoria.

Según reza el compromiso suscrito por las partes, el mismo hace las veces de demanda, contestación de la misma y de solicitud de convocatoria. Las partes, además, acordaron en virtud de renuncia expresa prescindir de los traslados de la demanda y de la contestación, respectivamente.

2. Conciliación.

Tal y como lo expresa el mismo documento de compromiso, las partes ya habían surtido un trámite de conciliación previo a la firma de dicho compromiso sin haber conseguido acuerdo que solucionara las diferencias surgidas entre las partes, por lo cual estas acordaron que el referido trámite de conciliación hiciera las veces de audiencia previa a la instalación del tribunal sin perjuicio de que con posterioridad las partes pudiera realizarse una nueva audiencia con ese fin, de oficio o a solicitud de las partes.

3. Árbitro, secretario, competencia y decreto de pruebas.

Tal y como así mismo se dejó expresamente dispuesto en el documento de compromiso, las partes se acogieron al Programa Comunitario de Arbitraje en Equidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, con ocasión del cual no se causan para las partes honorarios ni gastos del tribunal.

Dentro de este orden de ideas, mediante comunicación fechada el 27 de agosto de 2002, suscrita por el doctor Ricardo Andres Echeverri López, en su condición de director encargado del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue designado en calidad de árbitro único Fernando Silva García y como secretario Fernán García de la Torre.

Tal y como lo dispusieron las partes, el árbitro único, en una sola audiencia de instalación y primera de trámite, no susceptible de suspensión, procedió a proferir las correspondientes decisiones sobre su competencia y decreto de pruebas.

4. Instalación.

El presente tribunal se instaló con asistencia de las partes y con fundamento en el programa Comunitario de Arbitraje en Equidad del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, durante la sesión de la segunda jornada de solución de conflictos, el pasado 28 de agosto de 2002.

5. Trámite.

El trámite ha correspondido al de un tribunal de arbitramento determinado para un caso en equidad, a realizarse en un plazo perentorio de treinta (30) días comunes, contados desde la fecha en que se instaló el referido tribunal.

6. Alegatos.

Tal y como se ha expresado en el documento de compromiso, ambas partes renunciaron al derecho de presentar alegatos finales de conclusión.

7. Audiencia de fallo.

En desarrollo del presente proceso fue debidamente notificado a las partes el auto mediante el cual se decidió convocar a audiencia de fallo para el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dos (2002) a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) para celebrar la presente audiencia de fallo, con la presencia de las partes y/o de sus apoderados.

C. Presupuestos procesales.

A continuación se procede a evaluar si en el presente proceso se reúnen los presupuestos que han de tenerse en cuenta para proferir un laudo que resuelva la controversia.

Del examen de los documentos que obran en el proceso se tiene que:

a) Las partes son personas naturales plenamente capaces para comparecer al proceso e igualmente lo son para transigir sobre las materias respecto de las cuales recae la controversia, las cuales son susceptibles de transacción.

b) Las partes dispusieron que el laudo se profiera en equidad en el término improrrogable de un mes, que se cumple el 27 de septiembre de 2002.

c) Las partes pueden comparecer por sí mismas al proceso, en atención a que se trata de un arbitraje en equidad.

En consecuencia, se encuentran acreditados los requisitos para proferir un laudo que resuelva el fondo del asunto.

D. Pruebas practicadas.

Tomando en consideración las pruebas documentales aportadas por las partes, así como las que se decretaron oficiosamente, conforme quedó consignado en el auto de decreto de pruebas emitido por el tribunal, en la sesión de instalación y primera de trámite se decretaron las siguientes pruebas:

1. Las documentales aportadas por la parte convocante:

a) Cuenta de cobro de fecha 24 de noviembre de 2001 por valor de $ 159.000.

b) Recibo 0912 con sello de anulado.

c) Factura de compraventa 09999.

d) Factura de venta 13943.

e) Recibo 1028 con sello de cancelado.

f) Cuenta de cobro de fecha 3 de septiembre de 2002 por valor de $ 68.000.

g) Factura de venta 6862 y continuación de relación de repuestos.

h) Recibo de caja 9817.

i) Copia de improntas - KDI 424.

j) Constancia de fecha 3 de septiembre de 2001.

k) Formulario dirigido al SETT de fecha 27 de agosto de 2001.

l) Licencia de tránsito 95-096880.

m) Reposición de placas 0399249.

n) Formulario de la Policía Metropolitana de Bogotá – Décima Segunda Estación de constancia de extravío del vehículo Renault 4 verde de placas KDI 424 de Chía.

o) Formulario único nacional 11001 Nº 98 0359518 del Ministerio de Transporte.

p) Formulario único nacional 11001 Nº 98 0291388 del Ministerio de Transporte.

q) Formulario único nacional Nº 843996–01-110001 del Ministerio de Transporte.

Los originales de los documentos antes mencionados fueron exhibidos de oficio por la parte convocante, en audiencia dispuesta para el efecto y realizada el día 2 de septiembre de 2002.

2. Diligencia de inspección judicial sobre la carpeta o fólder del vehículo automotor objeto de la disputa entre las partes, realizada en la sede de la oficina de tránsito de Chía (Cundinamarca) el día 30 de agosto de 2002, allegando al expediente en copia simple todos los documentos que en dicha carpeta reposan:

a) Factura 1119 por valor de $ 238.500.

b) Registro Nacional Automotor – Tarjeta de datos y revisión 767955.

c) Recibo oficial de ingreso T.G. 601487.

d) Formulario R.G.D. 0090578.

e) Registro Nacional Automotor – Tarjeta de datos y revisión 767955.

f) Formulario DIJIN – Polijudicial–S-Automotores 00291, Liquidación 19062.

g) Certificación en hoja MM 04116391 del administrador de la aduana de fecha 2 de enero de 1979.

h) Recibo de impuesto de circulación y tránsito y timbre nacional de fecha 24 de junio de 1987.

i) 8.a. Autorización para registro de nueva residencia de fecha 9 de julio de 1987.

j) Autorización para registro de nueva residencia de fecha 9 de julio de 1987.

k) Oficio de fecha 9 de julio de 1987 dirigido al director de Tránsito y Transporte de Chía por el jefe de Licencias de Tránsito del Departamento de Antioquia.

l) Formulario único de trámite 060480.

m) Registro Nacional Automotor Formulario de actualización 468249.

n) 12.a. Póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito 241-5180612-3.

o) Formulario único de trámite 316138,

p) Recibo oficial de pago en bancos con pago de fecha 21 de mayo de 1990, stiker 11-391-02-002132-1.

q) Formulario único nacional Intra 240140.

r) Licencia de tránsito 3700852.

s) Formulario único de trámite 317352.

t) 17.a. Licencia de tránsito 3700852.

u) Recibo oficial de pago en bancos con pago de fecha 27 de junio de 1990, stiker 11-391-02-002425-4.

v) Póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito 241-5180612-3.

w) Formulario único nacional Intra – 244965.

x) Licencia de tránsito 3702348.

y) Reposición de placas 0399249.

z) Licencia de tránsito 94-183754.

aa) Declaración de impuesto sobre vehículos automotores – Formulario MHCP-D.A.F. 001 – Vehículos, año 1999.

bb) Declaración de impuesto sobre vehículos automotores – Formulario MHCP-D.A.F. 001 – Vehículos, año 1999.

cc) Recibo oficial de ingreso 0000360.

dd) Resolución 000 de fecha 13 de mayo de 1998 por la cual se otorga una caducidad.

ee) Recibo oficial de ingreso 711741.

ff) Formulario único nacional 11001 Nº 98 0359518.

gg) Formulario único nacional 11001 Nº 98 0291388.

3. Diligencias de interrogatorio de parte, decretadas oficiosamente y realizadas el día lunes 2 de septiembre de 2002.

4. Se solicitó de oficio a la SIJIN Automotores que rindiera un informe técnico sobre el vehículo automotor, del cual se corrió traslado a las partes.

E. Las pretensiones de la demanda contenida en la solicitud de convocatoria.

De conformidad con el documento de compromiso suscrito por las partes las pretensiones de la solicitud de convocatoria señaladas en el mismo consisten en que se resuelva el contrato, que se reembolse la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000), cifra conformada por el dinero de la compra del vehículo de cuatro millones cien mil pesos ($ 4.100.000), más las mejoras y perjuicios ocasionados que se cuantifican en un millón novecientos mil pesos ($ 1.900.000).

F. Los fundamentos de la demanda.

Según lo expresado en el documento de compromiso suscrito por las partes, la demanda contenida en la solicitud de convocatoria se fundamenta en que el hecho que el señor Cantor compró al señor Cabezas el vehículo Renault 4, de placas KDI 424, modelo 1978, que recibió el 28 de julio de 2001, junto con copia del formulario 98 0359518 del Ministerio de Transporte de solicitud de regrabación para su conversión a modelo 1985. A los pocos días de haber recibido el vehículo, agentes de automotores de la Policía Nacional le hicieron al mismo una inspección y verificación de papeles encontrando una anomalía consistente en la falta de concordancia del número de año de fabricación de la carrocería con el número que aparece en la tarjeta de propiedad del vehículo. Posteriormente, al momento de realizar el traspaso del mencionado vehículo se encontró que el mismo no había sido convertido a modelo 1985, que la carrocería era del año 1989 y que el número de serie se encontraba limado, lo cual hace presumir al demandante que el vehículo podía haber sido hurtado. Así mismo, el señor Cantor verificó que la solicitud de regrabación del vehículo y su conversión a modelo 1985 no aparecen registrados en la oficina de tránsito de Chía. En cuanto a los documentos del vehículo, el señor Cantor fue advertido, por un abogado particular, que los documentos del vehículo probablemente son falsos.

G. Las defensas del demandado.

Tal y como se expone en el documento de compromiso suscrito por las partes, la defensa del demandado se basa en el hecho de que el 28 de julio de 2002 el señor Cabezas vendió al señor Cantor un vehículo Renault 4, modelo 1978 que porta conjunto 1985, color verde, recién reparado, placas KDI 424 de Chía, por un valor de cuatro millones cien mil pesos ($ 4.100.000). En vista de la información que le dieran al señor Cantor los agentes de automotores de la Policía Nacional sobre posibles irregularidades, el demandado decidió comprobar directamente en la oficina de tránsito de Chía la existencia de la autorización para que el vehículo porte la referida carrocería, sin que allí se encontrara la factura de compra, frente a lo cual la directora de la institución le sugirió llevar dicha factura para agregarla al expediente, pero tal hecho no se efectuó. El señor Cabezas procedió a comunicar tal circunstancia a los anteriores dueños del vehículo, quienes se acercaron a la mencionada oficina de Tránsito de Chía, la cual les respondió que no da certificaciones y solo expide la tarjeta de propiedad.

En virtud de lo anterior el demandado pretende que no se disuelva el contrato y que quede en claro su buena fe en el negocio.

II. Consideraciones del tribunal

A. Consideraciones generales sobre el arbitraje en equidad.

1. El marco constitucional y legal del arbitraje en equidad.

La Constitución Política dispone en su artículo 116 que los particulares pueden someter sus controversias a la solución de árbitros, quienes ejercerán la función jurisdiccional en los asuntos respecto de los cuales sean transitoriamente investidos de jurisdicción. Las decisiones de los tribunales arbitrales, con arreglo a esa misma disposición, pueden proferirse en derecho o en equidad, con tal que en uno u otro caso se sigan las directrices que determine la ley.

Lo anterior significa que el fundamento mismo de las decisiones que se toman en el arbitraje en equidad reside en la propia Constitución, lo cual no puede ser soslayado al momento de examinar cuáles son los puntos de referencia o, si se quiere, los fundamentales (para acuñar la expresión que se suele utilizar en economía), que los árbitros deben observar para edificar el fundamento de su decisión.

Por su parte, la ley estatutaria de la administración de justicia (L. 270/96, art. 13), reafirmó el postulado constitucional según el cual el arbitraje puede revestir las dos modalidades señaladas en cuanto a la sustentación de los fallos que se profieran: en derecho y en equidad.

En la Ley 446 de 1998, en el artículo 111 se desarrolla lo relativo a la figura del arbitraje, en el sentido de señalar que “es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia …”. Más adelante en el mismo precepto legal se alude a que el arbitraje puede revestir tres modalidades: en derecho, en equidad o técnico.

El arbitraje en derecho se define en la Ley 446 como “aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho vigente”, al paso que el arbitraje en equidad se define como “aquel en el que los árbitros deciden según el sentido común y la equidad”.

Conforme a las disposiciones constitucionales y legales reseñadas, la alternativa del arbitraje en equidad se refiere al ámbito material de la decisión, al fundamento que ha de orientar la solución de la controversia y no al procedimiento que habrá de aplicarse, que se debe sujetar a lo que la propia ley establece de manera general para el arbitraje, de manera que tanto a un arbitraje en derecho como a un arbitraje en equidad les serán aplicables las normas de procedimiento que correspondan, según que el arbitraje sea independiente, institucional o legal(1).

2. La diferenciación del arbitraje en equidad frente al arbitraje en derecho.

No obstante la escasez de pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales en relación con la caracterización de la figura del arbitraje en equidad, debe resaltarse que recientemente se profirieron dos laudos arbitrales en equidad que contienen planteamientos en los que se pretende ahondar en este tema, de trascendental importancia, por lo cual se constituyen en obligado punto de referencia para abordar el asunto(2).

La equidad, a pesar de ser uno de los fundamentos basilares sobre los que se ha edificado el derecho de estirpe románico germánica, es un concepto que ofrece gran dificultad de concreción al momento en que se pretende establecer la diferencia de posición en la que se encuentra el juzgador a quien se le somete la decisión de una controversia que ha de resolver bajo el imperio de la equidad.

La explicación de esa dificultad puede estar posiblemente en la forma como, bajo la inspiración del positivismo jurídico, se concibió el papel de la ley en la construcción del ordenamiento jurídico.

El asunto se aborda con gran perspicacia por Arnaud, quien pone de presente que la visión de Antoine Garapon, según la cual se construye el sueño de una justicia fundada por entero en la razón, dominada por una regla que se basta a sí misma y en la que el papel de los jueces es de simples ejecutores del designio del legislador, es acogida en el Código Napoleónico y en los que siguieron su huella, por lo cual para Arnaud no es extraño que la equidad en el Código Civil francés se reduzca a dos artículos(3).

La ley es en nuestro sistema jurídico el eje central a partir del cual se construye el derecho y se tiene la pretensión de que la misma colme todas las áreas que requieran de una solución en derecho, al punto que las otras fuentes formales, bajo la visión clásica de fuentes del derecho, son desplazadas a un segundo plano. Para que la ley conserve su vigor, para que la ley alcance su máxima eficacia debe aplicarse sin elaboración propia del juez.

El siguiente párrafo de Arnaud resume bien la manera como se termina afianzando la concepción según la cual la ley es el envase en el que se puede contener la equidad:

“Una vez se decide lo que será la ley, se presume que esta última corresponde a la equidad —lo que, por otra parte, reconocían ya los autores de la doctrina anterior al Código Civil [se hace referencia al Código Civil francés]—. La diferencia estriba en que lo que era una de las fuentes del derecho (la ley) se convierte, en lo sucesivo, en la fuente exclusiva del derecho”(4).

La equidad, bajo la visión tradicional, es un concepto que cuando pretende ser examinado con independencia de la ley, entendida como depósito natural de la misma, se va quedando vacío de contenido, en la medida en que termina constituyéndose en una fórmula extrema de solución de un problema jurídico, a falta de todo otro recurso para colmar las lagunas de la ley, después de agotar la búsqueda de la respuesta en la aplicación de la propia ley, mediante el recurso de la analogía, o en los principios generales del derecho o en la doctrina constitucional.

Aristóteles es citado frecuentemente cuando se trata de examinar la relación entre justicia y equidad. Para Aristóteles justicia y equidad “son una misma cosa” y la diferencia entre uno y otro concepto estriba en que “lo equitativo es mejor aún” y agrega:

“La dificultad está en que lo equitativo, siendo justo, no es lo justo legal. La causa de esta diferencia es que la ley necesariamente es siempre general, y que hay ciertos objetos sobre los cuales no se puede estatuir convenientemente por medio de disposiciones generales”(5).

Bajo la guía del pensamiento aristotélico se ha afirmado que la equidad es la “justicia del caso concreto”. Sin embargo, Kaufmann no considera que esa visión sea acertada, puesto que al hacer la lectura de ciertos pasajes de la Ética a Nicómaco, que para el mencionado filósofo son claves, aflora la consideración de la generalidad de la ley, como atributo intrínseco de la misma, en el sentido de que la ley recoge los casos más generales, a partir de los cuales se construye una respuesta, de manera que cuando un caso concreto no está contemplado en la norma general, esa falta de inclusión en la norma es un error, que se corrige cuando se procede de la forma en que lo haría el propio legislador si hubiese tenido ante sí el caso(6).

Al respecto señala Kaufmann:

“No es por tanto acertado que la equidad sea la ‘justicia del caso concreto’. Toda norma debe generalizar. Una ‘norma’ que concretiza, una ‘norma’ propia para estos, otra ‘norma’ propia para los terceros, es en sí misma una contradicción, eso no son normas. Por supuesto, la generalización puede presentarse con diferente amplitud, la norma no tiene que valer siempre para todas las personas, pero sí para todos los menores de edad, para todos los comerciantes, para todos los asesinos. Y en este aspecto se diferencian justicia y equidad, desde el punto de vista del legislador, de un lado, y desde el punto de vista del juez, del otro: aquel parte de la norma general hacia el caso (deducción), este parte del caso concreto hacia la norma general (inducción)”(7).

Considerando el papel que concretamente le concierne desempeñar al árbitro que debe fallar en equidad, existe una concepción según la cual este debe sujetarse a las normas imperativas establecidas en la ley, o al menos a una categoría de tales normas imperativas, que serían las normas imperativas de dirección, en contraste con las normas imperativas de protección, a cuya aplicación podría renunciarse en el contexto de un compromiso, o que serían, en otro enfoque conceptual, las normas imperativas de interés público, de aplicación inexorable, en contraste con las normas de interés público particular, que podrían ser dejadas de lado por el árbitro al fallar. Se sostiene que siendo la voluntad de las partes el fundamento del arbitraje, las mismas no están en posibilidad de disponer acerca de la inaplicación de normas imperativas(8).

De igual forma, se señala que en la medida en que el árbitro en equidad debe resolver según el sentido común y la equidad, tal sentido común es el “buen juicio natural de las personas y no su opinión personal”, lo cual sirve de fundamento para sostener:

“Así las cosas, proferir un fallo en equidad no implica que el árbitro deba tomar una decisión apartándose totalmente del ordenamiento jurídico, sino partiendo de la existencia del mismo y de los principios y valoraciones que lo fundamentan y que precisamente reflejan la voluntad del legislador de llegar a una solución justa, pero buscando la solución más adecuada en el caso concreto, tomando en cuenta las peculiaridades del mismo”.

“La ley determina cuáles son los intereses merecedores de protección y en caso de conflicto establece cuáles deben prevalecer, de igual manera debe proceder el juez”(9).

Si bien es cierto, como se sostiene, que las partes no están en posibilidad de disponer sobre la inaplicación de normas imperativas, en virtud de un acuerdo en el cual convienen que un determinado conflicto sea decidido mediante arbitraje en equidad, no lo es menos que es la propia ley y no las partes la que le está dando contenido a la figura de arbitraje en equidad, es la propia ley la que está fijando el ámbito dentro del cual se debe mover el árbitro a quien las partes le han confiado la solución de una controversia.

La capacidad dispositiva de las partes llega hasta el punto de decidir que el conflicto sea solucionado por un particular investido transitoriamente de la atribución de impartir justicia y se les reconoce también a las partes la potestad de fijar el marco que ha de guiar al árbitro para decidir, en el sentido de si lo hará en derecho o en equidad. Sin embargo, escogiendo cualquiera de los dos caminos mencionados no pueden las partes a su arbitrio fijar el alcance de la decisión en derecho o el alcance de la decisión en equidad, puesto que dicho alcance es el que la propia ley le da a una u otra figura, sin que en el caso del arbitraje en equidad se imponga cortapisa alguna al ejercicio de la función arbitral vinculada con la necesaria observancia de las normas de orden público o de algunas de las normas de orden público.

En consecuencia, en el arbitraje en equidad no son las partes las que están derogando por convenio particular las normas de orden público, sino que están escogiendo una vía para la solución de sus diferencias, vía que está prevista en la ley y que lleva aparejada una mayor libertad de acción para el árbitro en cuanto a la fundamentación de su fallo, que la que tendría si la solución de la controversia tuviera que darse en derecho, sin que esto signifique que el fallo en equidad pueda ser caprichoso o sin que signifique que el árbitro pueda fallar sin fundamento, ya que en cualquiera de esas hipótesis la decisión así tomada no estaría enmarcada en la equidad, sino en la arbitrariedad.

Ciertamente un árbitro al fallar en equidad ha de observar los lineamientos que traza la Constitución Política, en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos que en la misma se consagran. Las normas de la Constitución Política se constituyen entonces en el punto obligado de convergencia de toda decisión con alcance jurisdiccional, sea pronunciada por un árbitro o por un juez, sea que se profiera en derecho o en equidad.

Es claro que un árbitro o un juez llamado a fallar en equidad no puede guiarse para resolver un caso por apreciaciones que inopinadamente se fabriquen de manera caprichosa para la ocasión, con desconocimiento del sentido común, pero también es cierto que quien tiene la misión de desentrañar la manera como el sentido común ha de tenerse en cuenta es el árbitro y ese sentido común no necesariamente ha de coincidir con el sentido común que pueda estar presente en una determinada construcción normativa de carácter legal.

Seguramente podrá convenirse en que el sentido común no es siempre unívoco, es decir, que en el seno de una sociedad pueden coexistir amplios sectores que coincidan a un tiempo en distintos enfoques para adoptar soluciones divergentes, todas ellas impregnadas de sentido común.

Desde la perspectiva a la que se hace referencia, resulta razonable esperar que un abogado a quien se le encomienda que falle un caso en equidad, tenga como marco de referencia las normas del ordenamiento legal que regulan la materia sobre la que se decide, con la libertad que ha de tener para apartarse de una regla legal, incluso imperativa, cuando la misma sea inapropiada o inadecuada para la solución de una controversia determinada.

Bajo la tesis que ata inexorablemente al árbitro a las normas imperativas que la ley contempla perdería a nuestro juicio coherencia la regulación que habilita a personas que no son abogados para solucionar conflictos en equidad, no solo en el campo del arbitraje, sino en otros escenarios, como el de los jueces de paz, pues no sería razonable que se confiara a tales personas la solución de un conflicto que debe resolverse prevalentemente con base en la ley.

Lo anterior no significa que un árbitro que no es abogado tenga licencia para ignorar a su arbitrio el ordenamiento jurídico, ya que como se ha puesto de presente el árbitro ha de basarse en el sentido común y en la equidad para decidir y por ello habrá de tener en cuenta el ordenamiento jurídico vigente, en la medida en que dicho ordenamiento permea a toda la sociedad, que de una u otra manera ha de asimilar y reconocer las reglas de conducta que la ley se ha encargado de recoger en sus preceptos. Cosa diferente es que no sea dable exigirle al árbitro, que no tiene formación de abogado, que elaborare su fallo basándose en un método jurídico.

No puede perderse de vista que cuando un árbitro falla en equidad lo está haciendo conforme a las reglas que se derivan de su propia experiencia, lo que le impone necesariamente considerar cómo se debería solucionar un caso cualquiera en el que concurrieran los mismos elementos de aquel que se le presenta; es por tanto necesario definir cuál es la regla en que se basa su decisión y si existe una regla que la ley consagra y que el árbitro reconoce como aplicable al caso que se examina deberá en primera instancia hacer el juicio de adecuación que le permite discernir si es la regla apropiada para el caso particular, o si no lo es debe estar en capacidad de establecer el por qué con el fin de definir cuál es el camino alternativo que se debe seguir.

La potestad del árbitro en equidad para establecer la regla que gobernará su decisión está necesariamente limitada por el imperativo de hacer prevalecer la justicia de cara a la controversia que se le somete y sin que pueda desconocer los derechos que la Constitución tutela para todos los residentes en el territorio nacional. El árbitro en equidad como cualquier persona con potestad de adoptar una decisión jurisdiccional, está atado por la Constitución para tomar su decisión.

Teniendo en mente las consideraciones generales precedentes en relación con el arbitraje en equidad, se pasa a resolver el caso cuya solución las partes han deferido a este tribunal arbitral.

B. Consideraciones particulares sobre el presente caso.

1. El negocio celebrado y su ejecución.

Con base en el material probatorio que obra en el proceso se ha establecido lo siguiente en relación con el contrato que las partes celebraron y las vicisitudes que se presentaron en su celebración.

Entre Andrés Cabezas Cárdenas, obrando como vendedor, y Luis Ángel Cantor Herrera, actuando como comprador, se celebró el 28 de julio de 2001 un contrato de compraventa, el cual se hizo constar por escrito y tenía por objeto transferir, a título de venta, el automóvil Renault 4, color verde, modelo 1978, motor Nº 010009576, serie Nº 6514590, Placa KDI – 424 y se declaró por las partes que en virtud de la aludida venta el comprador adquiría el dominio del vehículo.

Conforme a la tarjeta de propiedad del vehículo, se obtuvo la autorización pertinente para que el mismo portara un conjunto 1985 (fl. 13 del expediente), autorización que se obtuvo antes de que el mismo hubiera sido comprado a Fernando Arias, quien se lo vendió al señor Cabezas Cárdenas; así mismo, se dejó evidencia de la regrabación del motor (fls. 13, 16, 76, 79, 109 del expediente).

Como precio de la compraventa se estipuló la suma de $ 4.100.000, pagaderos de la siguiente forma: a) la suma de $ 3.000.000 al momento de celebrar el contrato, y; b) la suma de $ 1.100.000 para el día de la firma del formulario de traspaso (fl. 84 del expediente).

El precio pactado fue pagado íntegramente por el comprador (fls. 35, 105 y 110 del expediente), quien recibió del vendedor el formulario único nacional, diligenciado por parte de este último, para que el comprador continuara el trámite enderezado a obtener el traspaso del vehículo (fls. 11, 35, 105 y 108 del expediente).

El vehículo fue entregado al comprador y este lo recibió a plena satisfacción el 30 del mes de julio de 2001 (fl. 11 del expediente).

El comprador, según expuso, no realizó los trámites para la inscripción del traspaso en el competente registro, en primera instancia, por falta de tiempo, y en segunda instancia, ante el hecho que autoridades de policía en una revisión preliminar del vehículo le expresaron al comprador que podría existir una anomalía consistente en la no concordancia del número del año de fabricación de la carrocería con el número que aparece en la tarjeta de propiedad del vehículo (fls. 26, 103, 104, 107 del expediente).

El vehículo no fue objeto de inspección, examen o peritazgo al momento de la celebración del contrato (102 y 109 del expediente).

Comprador y vendedor procuraron vanamente, después de celebrado el contrato y de ocurrido el hecho de la revisión preliminar que la autoridad de policía había practicado al vehículo, obtener claridad sobre la existencia de documentos que respaldaran la adquisición de los elementos con base en los cuales se hubiera expedido la autorización para portar el conjunto 1985. Para el efecto se dirigieron a las dependencias del Tránsito en Chía y examinaron la carpeta que contiene los documentos correspondientes al vehículo, sin que en la misma se hubiera advertido la presencia de aquellos que permitieran acreditar la adquisición del conjunto 1985 (fls. 26, 103, 107 y 108 del expediente).

En la inspección judicial practicada por el Tribunal a la Unidad Regional de Tránsito de Chía se pudo establecer que en la carpeta del vehículo Renault 4, de placas KDI – 424 no figuraba ningún documento que sustentara la adquisición de los elementos integrantes del conjunto 1985 y que sirviera de sustento a la decisión adoptada por la autoridad del tránsito de autorizar a que dicho vehículo portara el aludido conjunto (fls. 39 al 81 del expediente).

2. La delimitación de la controversia.

El núcleo central de la controversia que ha surgido entre las partes se relaciona con el hecho de la falta de concordancia que el convocante reclama existe entre el vehículo vendido y el que efectivamente le fue entregado, partiendo de la premisa de que según consta en la tarjeta de propiedad del mismo se obtuvo autorización para que este portara un conjunto 1985 y el comprador sostiene que el mismo tiene elementos propios de un conjunto de otro año de fabricación, lo cual tendría incidencia en la posibilidad de este de hacerse dueño de la cosa vendida.

Se está, por lo tanto, aduciendo un incumplimiento de la obligación del vendedor de hacer dueño de la cosa vendida al comprador, en la medida en que no habría correspondencia entre el vehículo sobre el que recayó el contrato de venta, que fue delimitado y especificado en el contrato de compraventa, y el vehículo que fue entregado al comprador.

3. La evidencia sobre la existencia del vehículo vendido y la titularidad del derecho de propiedad del mismo en cabeza del vendedor.

En la carpeta que reposa en la Unidad Regional de Tránsito de Chía, correspondiente al vehículo Renault 4, placas KDI – 424, mismo que se describe como objeto de la compraventa en el contrato de compraventa celebrado entre el señor Andrés Cabezas Cárdenas y el señor Luis Ángel Cantor Herrera, se encuentran los documentos que permiten establecer la existencia del vehículo descrito en el contrato de compraventa, toda vez que figura la factura de venta del automóvil, el manifiesto de aduana y los documentos que dan cuenta de la matrícula inicial del mismo ante la Oficina de Tránsito de Antioquia y del posterior traslado de la cuenta a la Unidad Regional de Tránsito de Chía, así como de la autorización impartida para que el vehículo porte el conjunto 1985.

De otra parte, también figura en la mencionada carpeta del vehículo, que reposa en la Unidad Regional de Tránsito de Chía, el traspaso que del aludido vehículo se hizo al vendedor por parte de Carlos Guzmán Díaz, así como también de la inscripción que de tal traspaso se hizo en el competente registro, mediante la expedición de la correspondiente licencia de tránsito.

4. La evidencia recaudada sobre el vehículo entregado por el vendedor al comprador.

En el informe técnico que fue rendido por la Policía Metropolitana de Bogotá, Unidad de Automotores SIJIN, Sala Técnica, en respuesta a la solicitud que fue elevada por el Tribunal con el fin de que se confrontaran las características físicas del vehículo Renault 4 de placas KDI 424 de Chía, con las que aparecen en la tarjeta de propiedad del automotor, a efecto de establecer su correspondencia o las diferencias, si las hubiere, así como cualquier situación anómala que pueda afectar el derecho de propiedad sobre el vehículo en mención, se indicó que:

“Examinado el numero de motor este se hallo grabado en una platina no original de fabrica. Las plaquetas de serie y fabricación se hallaron originales removidas es decir que los remaches que las sujetan no son los acostumbrados por la casa fabricante. inspeccionado el sitio donde va estampado el numero de chasis este se hallo borrado por acción de lima o esmeril. examinando el sitio donde va fija la plaqueta de seguridad esta no se hallo por haber sido sustraida. realizado el examen de pintura se hallo una primera capa de color verde no original y una segunda de color azul original. los sistemas de identificación que posee el vehículo corresponden para un modelo 1978 y las características del vehículo motivo de estudio corresponden para un modelo posterior a 1985 segunda serie, lo que significa que el vehiculo se encuentra reemplazado”.

El aparte del informe técnico que ha sido transcrito, del cual se corrió oportunamente traslado a las partes sin que fuera objetado ni desvirtuado, pone de presente que no hay concordancia entre el objeto vendido y el que fue efectivamente entregado por el vendedor al comprador, a pesar de que la apariencia revelaba otra cosa. Es decir, que la apariencia externa del vehículo, la que puede percibirse con un examen normal y no detallado del mismo, es decir, por medio del examen que podría realizar una persona sin especiales conocimientos en materia de identificación de automotores, permitiría suponer razonablemente que el vehículo que se describe en la tarjeta de propiedad del vehículo era el mismo que se estaba entregando.

No obstante, un examen más profundo hecho por expertos, en este caso, por la Unidad de Automotores de la SIJIN, puso al descubierto que el vehículo no es originalmente del color que se señala como propio del mismo, por una parte, y también puso en evidencia, por otra parte, que el vehículo porta un conjunto correspondiente a un año posterior a aquel que según la tarjeta de propiedad estaba autorizado a portar. Esos hechos por sí solos son suficientes para concluir sobre la falta de correspondencia entre el bien vendido según el contrato y el que efectivamente le fue entregado por el vendedor convocado al comprador convocante.

Adicionalmente, en el mismo informe técnico se advierte sobre el hecho de que el número del chasis fue borrado por la acción de una lima o de un esmeril y se señala que no se encontró la plaqueta de seguridad en el sitio donde debía estar ubicada, así como que las plaquetas de serie y fabricación fueron removidas, por cuanto los remaches no son coincidentes con los que se acostumbra a utilizar por la casa fabricante, situaciones estas anormales que no tienen explicación alguna dentro del presente trámite arbitral, constituyéndose en indicios que se suman a la evidencia existente con base en la cual se concluye que hay falta de correspondencia entre el vehículo que fue objeto de la compraventa y el que fue entregado al comprador en ejecución de dicho contrato.

Como también se puso de presente en otra parte de este laudo, en la carpeta de los documentos del vehículo que reposa en la Unidad Regional de Tránsito de Chía, no hay soporte que respalde el cambio de conjunto que aparece autorizado, ni menos aún hay explicación para el hecho de que la pintura original del vehículo sea diferente a la que figura en la tarjeta de propiedad y en los documentos de importación del mismo.

5. La conducta desplegada por el vendedor y su posición jurídica frente a la cosa vendida.

No obstante la aludida falta de correspondencia entre lo vendido y lo entregado, que para el tribunal ha quedado plenamente establecida con base en el material probatorio allegado, debe sin embargo anotarse que el vendedor, desde el punto de vista formal, es decir, considerando la apariencia externa de las cosas, desarrolló una conducta correspondiente con las obligaciones que como vendedor había adquirido, puesto que el vehículo que le entregó al comprador era, a primera vista, el que según el contrato se obligó a transferirle en propiedad a dicho comprador.

El acervo probatorio acredita también que el vendedor adquirió el vehículo de un tercero, quien a pesar de no figurar como propietario en el registro de automotores, realizó las gestiones para que quien sí figuraba como tal suscribiera el documento de traspaso en el que figura aquel como propietario del vehículo Renault 4, modelo 1978, de placa KDI 424 de Chía, autorizado para portar conjunto 1985.

No existe en el expediente ninguna evidencia que permita soportar que el vendedor haya obrado de mala fe. Por el contrario, lo que aparece demostrado es que este adquirió el vehículo cuando ya había sido autorizado el cambio de conjunto, por el correspondiente a un modelo 1985, y que en apariencia el vehículo que recibió de quien se lo vendió correspondía con el que figura en la tarjeta de propiedad, mismo vehículo que fue entregado al comprador bajo la apariencia de que correspondía con el que figura en la licencia de tránsito, mejor conocida como tarjeta de propiedad, que fue expedida por la autoridad de tránsito y en la que se hizo constar la propiedad del vendedor sobre el vehículo que es, de acuerdo con el contrato de compraventa entre las partes, el que debía ser objeto de transferencia por el vendedor al comprador.

La implicación de la situación establecida respecto del vehículo entregado de cara a la pretensión de resolución del contrato.

Está probado en el proceso que el vehículo que el vendedor entregó al comprador, no obstante la apariencia, no corresponde con el que se describió en el contrato como el bien objeto de la compraventa.

Al examinar el contrato se concluye que la compraventa se celebró respecto de un cuerpo cierto, es decir, que la misma tiene por objeto un vehículo perfectamente especificado y diferenciado de los demás de su mismo género, por lo cual la obligación del vendedor se cumple con la entrega del bien descrito en el contrato y con la transferencia de la propiedad del mismo.

La función económico social de la compraventa, sea esta civil o mercantil, es la de transferir el dominio de la cosa vendida por el vendedor al comprador.

En el caso de la legislación civil la aludida función de transferencia de la propiedad se infiere del examen de la disposición contenida en el artículo 1849 del Código Civil, conforme a la cual el vendedor se obliga a “dar” la cosa vendida, norma que se debe interpretar armónicamente con la disposición consagrada en el artículo 1880 del mismo ordenamiento, según la cual la primera y principal obligación del vendedor es la de hacer la “entrega o tradición” de la cosa vendida, entrega o tradición que conforme a lo que se establece en el último inciso del mismo precepto debe cumplirse con arreglo a lo dispuesto en las normas que regulan la tradición como forma de adquisición del dominio, siendo claro que la tradición, conforme a la definición que de la misma se prevé en el artículo 740 del Código Civil conlleva la entrega que una persona hace a otra de una cosa, teniendo quien hace dicha entrega “facultad e intención de transferir el dominio”, norma que se complementa con la del artículo 741 del mismo código, según la cual el tradente es la persona que “transfiere el dominio de la cosa entregada por él”.

Con arreglo a lo expuesto, la obligación del vendedor solo se cumple con la tradición de la cosa y no con la simple entrega de la misma. En consecuencia, bajo la legislación civil la simple entrega de la cosa no alcanza para cumplir con la obligación del vendedor, puesto que la expresión “entrega” a la que se hace referencia en el artículo 1882 se debe asimilar a la tradición y no al revés, como algunos han llegado a sostener(10), puesto que el propio precepto legal se encarga de orientar al intérprete sobre lo que se debe entender por “entrega o tradición”, en la medida en que hace la remisión a las normas que regulan la tradición como modo de adquirir el dominio(11).

La Corte Suprema de Justicia ha mantenido igualmente y en forma reiterada, a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado, la posición según la cual la compraventa comporta para el vendedor la obligación de transferir del dominio. En ese sentido, la mencionada corporación señaló:

“La obligación de dar contiene la de entregar pero no se confunde con ella (C.C., art. 1605); cierto es que el artículo 1880 del mencionado código, al señalar las obligaciones del vendedor, no habla de dar sino de obligación de entregar, pero cierto es también que la mencionada disposición es clara en el sentido de expresar que el vendedor debe hacer la tradición de la cosa vendida conforme a las reglas contenidas en los artículos 740 y siguientes del Código Civil. A este respecto ha dicho la Corte que la obligación de entregar a que se refiere la disposición citada tiene, en su cumplimiento, dos efectos necesarios: transferir la propiedad al comprador y procurarle la libre posesión no solo civil sino física, exenta de todo obstáculo”(12).

La posición expuesta sobre la obligación que el vendedor tiene de hacer la tradición de la cosa vendida es acogida sin reserva en la legislación mercantil, toda vez que en el recorrido de la definición del contrato de compraventa se deja consagrado que en virtud de la compraventa el vendedor se “obliga a transmitir la propiedad de una cosa”.

En el caso que suscitó el presente proceso las partes convinieron expresamente en el contrato que la obligación del vendedor es la de hacer la tradición del dominio de la cosa vendida. Así se establece en la cláusula primera del contrato, en cuanto en la misma se dispone que “El vendedor transfiere a título de venta y el comprador adquiere la propiedad del vehículo automotor que a continuación se identifica: …”.

En la medida en que el vendedor no sea dueño del vehículo que entregó no puede transferir el dominio del mismo al comprador y si no lo hace no cumple con la obligación pactada.

Está probado en el presente proceso que el vehículo que el vendedor se obligó a transferirle al comprador a título de venta no es el mismo que le fue entregado a este, toda vez que la identidad entre el vehículo que según el contrato se vende y el efectivamente entregado es tan solo aparente.

Por lo tanto y a pesar de que el vendedor actuó de buena fe y desplegó una conducta que en principio aparecía como correspondiente con el cumplimiento de las obligaciones contraídas, en última instancia la entrega que hizo del vehículo Renault 4, identificado con la placa KDI 424, no es idónea para entender cumplida su obligación como vendedor, por cuanto se ha establecido en este proceso que dicho vehículo entregado tiene características que difieren del automóvil descrito en el objeto del contrato, es decir, que la prestación que se obligó a satisfacer el vendedor no fue en realidad satisfecha.

Lo anterior significa que el vendedor no cumplió con la obligación que el contrato de compraventa le imponía. La obligación de transferir el dominio es una obligación de resultado, de manera que en la medida en que se pruebe que el vendedor no hizo la transferencia del bien que se obligó a vender habrá incumplido el contrato, salvo que se pruebe causa extraña(13), la cual no se alegó ni se probó dentro de este tramite arbitral en equidad.

Conforme a lo expuesto ha de concluirse que el contrato de compraventa debe ser resuelto como consecuencia del hecho de que el vendedor no satisfizo su obligación de entregar al comprador el bien que según el contrato se obligó a transferirle ni tampoco lo hizo dueño de tal bien.

Con todo, el tribunal debe subrayar que en el presente caso se presenta una situación particular que consiste en que el vendedor al momento de celebrar el contrato que dio origen a esta controversia obró bajo el convencimiento inculpable de ser el propietario del vehículo que le entregó posteriormente al comprador, convencimiento que se sustentaba en el hecho de figurar en el registro de automotores como titular de la propiedad del vehículo objeto del contrato y en el hecho que el vehículo cuya posesión detentaba parecía corresponder al que se describe en la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad que le fue expedida por la autoridad de tránsito.

6. La indemnización de perjuicios solicitada.

El convocante solicitó en las pretensiones de la demanda contenida en la solicitud de convocatoria que se condene al convocado al pago de los perjuicios causados.

La condena en perjuicios solicitada no es procedente puesto que ningún perjuicio concreto fue invocado por el demandante ni existe prueba alguna en el expediente que permita establecer la existencia del perjuicio cuyo reconocimiento se pretende.

7. Las restituciones mutuas resultantes de la resolución del contrato.

Teniendo en cuenta que, como consecuencia de la resolución del contrato que se ha encontrado procedente ordenar, deben decretarse las restituciones mutuas a que hay lugar para devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del aludido negocio jurídico de compraventa, a continuación procede el tribunal a establecer las bases sobre las cuales se resolverá al respecto:

En primer término, el vendedor deberá restituir al comprador el precio del automóvil, es decir, la suma de $ 4.100.000.

El comprador, por su parte, debe restituir al vendedor el vehículo que le fue entregado en las mismas condiciones en que lo recibió, con las mejoras realizadas al mismo, salvo el deterioro natural por el uso.

Teniendo en cuenta que el vendedor, quien como se ha dicho obró de buena fe, tuvo la potestad de usar el dinero que le fue pagado como precio del contrato y, a su turno, el comprador en cuyo favor se pronuncia la resolución, tuvo la potestad de usar el vehículo que le fue entregado, estima el tribunal que, en este caso en particular, hay una equitativa compensación entre los frutos de uno y otro bien.

En efecto, el aprovechamiento económico del dinero entregado por el comprador al vendedor como precio se compensa con la pérdida de valor del vehículo por su uso, que se traduce en menor precio de venta del mismo y en menor poder de compra del vendedor. Para esta consideración se hace abstracción de la situación particular del vehículo entregado, puesto que es del resorte del vendedor explorar fórmulas o acciones que le permitan clarificar la situación del vehículo y su derecho respecto del mismo.

En lo concerniente con las mejoras, el comprador convocante presentó facturas y recibos que en total suman $ 1.004.536, con las cuales pretende sustentar mejoras necesarias hechas al vehículo (fls. 1 a 9 del expediente).

Las aludidas facturas y recibos no serán, sin embargo, consideradas en su totalidad, en atención a que: a) La cuenta de cobro de fecha 3 de septiembre de 2002 por $ 68.000 no tiene autor conocido ni identifica el vehículo sobre el cual se realizó la actividad descrita en la mencionada cuenta de cobro; b) Los recibos Nº 1028 por $113.000 y 0912 por $244.000 no tienen autor responsable, toda vez que no se identifica la persona natural o jurídica que prestó el servicio o vendió los bienes, sino que en ambas aparece impreso el nombre Aguimotor, que si bien puede corresponder al nombre de un establecimiento de comercio no permite determinar la existencia de una persona específica a quien se haya reconocido el pago que se pretende hacer valer y ni siquiera se incluye en dichos recibos la firma autorizada en la casilla habilitada para el efecto; c) La factura de venta 13943, expedida por Alfonso Soacha, NIT. 19.165.601-4, por la suma de $26.000, ya que no especifica el vehículo en relación con el cual se hizo el trabajo.

En consecuencia y después de restar el valor de los recibos reseñados en los literales a), b) y c) a los que se hace mención en el párrafo precedente, la suma a reconocer por parte del vendedor al comprador por concepto de mejoras necesarias asciende a la suma de $553.536, correspondiente a las siguientes facturas: 1) Factura 6862 y su correspondiente recibo de caja 9817, de fecha 12 de febrero y 8 de abril del mismo año, expedidos por Rodicars Ltda., NIT 860.049.276-8, por valor de $378.000; 2) Factura 09999, de fecha 20 de febrero de 2002, expedida por Dorado Llantas Ltda., NIT. 800.141.570-3, por valor de $175.536.

C. Costas y gastos del proceso.

En consideración al hecho de que el presente proceso arbitral en equidad se originó en la iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del Programa Comunitario de Arbitraje en Equidad, con arreglo al cual el árbitro único y el secretario no perciben emolumento alguno ni compensación de gastos y la Cámara de Comercio de Bogotá asumió los gastos de administración del tribunal arbitral, así como los que se deriven de la protocolización del expediente, no hay lugar al reconocimiento por ninguna de las partes de costas y gastos del proceso, en la medida en que estos no se han causado.

Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto, este tribunal de arbitramento, constituido para dirimir en equidad sobre la demanda contenida en la solicitud de convocatoria presentada por Luis Ángel Cantor Herrera contra Andrés Cabezas Cardenas, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley y debidamente habilitado por las partes:

RESUELVE:

Primero. Declarar la resolución del contrato de compraventa celebrado el 28 de julio de 2001 entre Andrés Cabezas Cárdenas como vendedor y Luis Ángel Cantor Herrera como comprador, cuyo objeto fue la transferencia a título de venta del vehículo Renault, modelo 1978, color verde, placa Nº KDI – 424, conforme a lo estipulado en la cláusula primera de dicho contrato.

Segundo. Ordenar la restitución por el vendedor Andrés Cábezas Cárdenas al comprador Luis Ángel Cantor Herrera de la suma de cuatro millones cien mil pesos ($4.100.000) m/cte., correspondiente al precio que en virtud de la compraventa cuya resolución se decreta recibió aquel de este, restitución que se debe producir a más tardar treinta (30) días después de la fecha de ejecutoria del presente laudo.

Tercero. Ordenar la restitución por el vendedor Andrés Cábezas Cárdenas al comprador Luis Ángel Cantor Herrera de la suma de quinientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y seis pesos ($553.536) m/cte., correspondiente al valor de mejoras necesarias que el comprador le hizo al vehículo que le fue entregado por el vendedor en desarrollo del contrato de compraventa cuya resolución se decreta mediante este laudo, restitución que se debe producir a más tardar treinta (30) días después de la fecha de ejecutoria del presente laudo.

Cuarto. Ordenar la restitución por el comprador Luis Ángel Cantor Herrera al vendedor Andrés Cabezas Cárdenas del vehículo Renault 4 de placas KDI – 424, que le fue entregado por el segundo al primero en desarrollo del contrato de compraventa cuya resolución se decretó, restitución que se debe producir en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el deterioro natural, a más tardar treinta (30) días después de la fecha de ejecutoria del presente laudo.

Quinto. No acceder a la pretensión de indemnización de perjuicios formulada por el convocante Luis Ángel Cantor Herrera.

Sexto. Entréguese a cada una de las partes copia auténtica de este laudo.

Séptimo. No se condena en costas por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo.

Octavo. Protocolícese el expediente en una notaría del círculo notarial de Bogotá, D.C.,con cargo a la Cámara de Comercio de Bogotá.

Notifíquese y cúmplase,

Fernando Silva Garcia, Árbitro único.

Fernan Garcia De La Torre, Secretario.

_____________________________________