Laudo Arbitral

María Ignacia Ariza de Querubín

v.

Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría de Educación

Marzo 21 de 2001

Acta número 16

Audiencia de laudo

En Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2001, siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.), en las dependencias del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicadas en la calle 72 Nº 7-82 (piso 8º), se reunió el Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir las diferencias entre María Ignacia Ariza Querubín, parte convocante, y la Alcaldía Mayor de Bogotá —Secretaría de Educación—, parte convocada, integrado por el doctor Humberto Mora Osejo, árbitro único nombrado en desarrollo de la cláusula compromisoria, y Juan Pablo Riveros Lara, secretario.

La audiencia tenía por fin proferir el laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho.

En la audiencia se encontraban presentes los apoderados de las partes, doctores Francisco Martínez, apoderado de la parte convocante, Waldina Gómez Carmona apoderada de la parte convocada, el licenciado Julio Arévalo y Hernando López Gómez ambos llamados en garantía al proceso, a quienes se les notificó en estrados la providencia que fijó fecha y hora para la audiencia de laudo.

Abierta la audiencia, el presidente autorizó al secretario para que diera lectura a las partes más relevantes del laudo arbitral, como en efecto se hizo.

Laudo arbitral

Bogotá, marzo 21 de 2001

El Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir, en derecho, las diferencias presentadas entre la María Ignacia Ariza Querubín, parte convocante, en adelante y para todos los efectos del presente laudo arbitral María Ignacia, y la Alcaldía Mayor de Bogotá —Secretaría de Educación— parte convocada, a la cual para todos los efectos de esta providencia se le denominará la secretaría, profiere el presente laudo arbitral por el cual se pone fin al proceso.

CAPÍTULO PRIMERO

Antecedentes

El desarrollo de la fase prearbitral

Con el lleno de los requisitos formales, el 1º de julio de 1999 María Ignacia Ariza presentó, a través de apoderado, en el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, un escrito que contenía la convocatoria arbitral que dio origen al presente proceso.

Dicha solicitud fue admitida mediante auto del 13 de los mismos mes y año, proferido por la directora del mencionado centro de arbitraje, doctora Adriana Polanía Polanía.

A la convocatoria se le imprimió el trámite que indica el Código de Procedimiento Civil y el 16 de julio de 1999 se notificó a la Secretaría de Educación.

La Secretaría de Educación no dio oportuna contestación a la convocatoria arbitral, tal como lo manifestó el secretario encargado del centro de arbitraje y conciliación, doctor Héctor Falla Urbina, mediante informe del 9 de agosto de 1999, el cual obra a folio 13 del cuaderno principal. Sin embargo y como consecuencia de las decisiones adoptadas por el tribunal en la primera audiencia de trámite, posteriormente contestó la demanda.

Para llevar a cabo la audiencia de conciliación señalada en la ley como propia de la etapa prearbitral, mediante auto del 9 de agosto de 1999, se señaló la hora de las 10:00 a.m. del día 1º de septiembre de 1999.

En esa fecha y hora y bajo la coordinación de la doctora Mónica Janer Santos se desarrolló dicha audiencia, sin la presencia del representante legal ni el apoderado de la Secretaría de Educación, quedando claro que por no estar presentes la totalidad de las partes, se daba por concluida la etapa conciliatoria.

Posteriormente, el centro de arbitraje y conciliación, según lo convenido por las partes en el pacto arbitral, solicitó a la junta directiva, la designación de un (1) árbitro que integrara el tribunal, quien decidiría en derecho, las diferencias entre María Ignacia Ariza de Querubín y el Distrito Capital - Secretaría de Educación.

Una vez notificada su designación, el doctor Humberto Mora Osejo manifestó por escrito y en forma oportuna su aceptación a la designación de que había sido objeto.

Mediante auto del 21 de octubre de 1999 se señaló como fecha para la audiencia de instalación del tribunal, el día 4 de noviembre de 1999 a las 4:00 p.m.

En la audiencia de instalación se profirió el auto 1 mediante el cual se fijaron los gastos del proceso y los honorarios de los integrantes del tribunal. Dicha providencia no fue recurrida por ninguno de los sujetos procesales.

En la audiencia de instalación del tribunal se hizo presente la doctora Cecilia Márquez Venegas, a quien la Alcaldía Mayor de Bogotá le confirió un poder para ejercer la representación judicial en la audiencia de conciliación, y debido a que la audiencia no era de conciliación sino de instalación, no se le reconoció personería para actuar.

En el curso de la misma audiencia y de acuerdo con la ley, el tribunal designó como secretario a Juan Pablo Riveros Lara, a quien se notificó posteriormente.

El secretario tomó posesión ante el presidente del tribunal el día 7 de diciembre de 1999, según consta en el expediente.

María Ignacia Ariza canceló oportunamente las sumas que le correspondían para cubrir los gastos y honorarios del proceso, señalados mediante auto 1 del tribunal y, dentro del término previsto en la ley, pagó la suma correspondiente a la Secretaría de Educación.

Una vez que el presidente del tribunal informó sobre la oportuna cancelación de los gastos y honorarios del proceso bajo las circunstancias antes anotadas, mediante auto proferido el 7 de diciembre de 1999, fijó fecha y hora para la primera audiencia de trámite, la cual tuvo lugar el día 12 de enero de 2000 a las 3:00 p.m.

El trámite arbitral

Se inició con la primera audiencia de trámite, el 12 de enero de 2000.

Primeramente, el tribunal analizó el pacto arbitral con base en el cual el mismo fue convocado, encontrándolo ajustado a las prescripciones legales vigentes y tomándolo en consecuencia como base para resolver, mediante providencia que no fue objeto de ningún recurso, declararse competente para conocer y decidir las diferencias puestas en su conocimiento.

En esa misma fecha el tribunal teniendo en cuenta que, tal como consta en el expediente, el día 2 de julio de 1999 se notificó personalmente a la doctora Dora Cecilia Márquez Vanegas en su condición de coordinadora de acciones de tutela y asuntos judiciales de la secretaría, el contenido del auto por el cual el centro de arbitraje y conciliación admitió la convocatoria arbitral que dio origen al proceso, procedió, en cumplimiento de su deber de evitar nulidades que pudieran viciar lo actuado, una vez habiéndose declarado competente para conocer el proceso, a ratificar el contenido del auto del 2 de julio de 1999, en el sentido de admitir la demanda.

Ninguna de las providencias proferidas durante la primera audiencia de trámite, fue objeto de recursos.

El apoderado del Distrito Capital, estando dentro del término legal, con fecha 26 de enero de 2000, presentó escrito de contestación de la demanda, mediante el cual la parte convocada formuló dos llamamientos en garantía.

Mediante auto 6 del 23 de febrero de 2000, se dispuso continuar la audiencia de trámite el 1º de marzo de 2000.

En esa fecha y hora se procedió a aceptar las solicitudes de los llamamientos en garantía realizados por la parte convocada a Julio Arévalo Cortés y a Hernando Gómez López.

El señor Julio Arévalo Cortés fue notificado el lo de marzo de 2000 y el señor Hernando Gómez López el 7 de marzo de 2000.

Mediante acta 5 del 17 de abril de 2000 el tribunal informó que dentro del término legal cada uno de los llamados en garantía dio oportuna contestación a la solicitud.

En el escrito de contestación de llamamiento en garantía, recibido el 14 de marzo de 2000, el señor Hernando Gómez López, interpuso recurso de reposición contra el auto 7, por el cual se accedió al llamamiento en garantía para que el mismo fuera modificado y en consecuencia se le excluyera del trámite arbitral.

El tribunal manifestó que el recurso fue presentado de manera extemporánea y por tanto, mediante auto 8 del 17 de abril de 2000 lo rechazó de plano y ordeno correr traslado de los escritos de llamamiento en garantía.

El 25 de abril de 2000 el apoderado judicial de la parte convocante radicó dos escritos con la respuesta a los llamamientos en garantía y solicitó la reforma a la demanda; mediante auto 9 del 28 de abril de 2000 se aceptó la reforma a la demanda y se notificó al apoderado de la parte convocante el 11 de mayo de 2000.

Mediante acta 7 del 14 de junio de 2000, se informó que se había notificado en debida forma al apoderado judicial de la parte convocante; al señor Hernando López Gómez, llamado en garantía; al apoderado de la parte convocada, doctor José Fernando Suárez y al apoderado del llamado en garantía Julio Arévalo Cortés, doctor Manuel Agustín Sevillano, y que ninguno de ellos se pronunció sobre el escrito de reforma a la demanda.

Adicionalmente, se informó que el apoderado de la parte convocante radicó copia de un oficio de la DIAN, en relación con una consulta por él formulada, sobre la responsabilidad de su representada en relación con: (i) practicar a los integrantes del tribunal retención en la fuente sobre los honorarios a su cargo y (ii) reconocer el valor del IVA sobre los honorarios del árbitro único.

Por lo anterior, el tribunal mediante auto 10 del 14 de junio de 2000 ordenó revocar los numerales 1º a 3º del auto 5 y que la parte convocante entregara al árbitro único el valor de la retención en la fuente que le fue reintegrado a su apoderado, a efectos de poder tener el pago de los honorarios y gastos del tribunal en forma regular. Así mismo, mediante este auto, se citó a las partes continuar a la primera audiencia de trámite el 21 de junio de 2000 a las 10:00 a.m.

En esa fecha y hora se decretaron las pruebas del proceso de la siguiente forma:

a) Documentales: La totalidad de los documentos aportados al proceso;

b) Interrogatorio de parte: Al representante legal de la parte convocada. Esta prueba fue posteriormente desistida por el apoderado judicial de la convocante;

c) Inspección judicial: En las dependencias del Instituto Nacional de Cultura Popular, y a examinar los documentos relativos al contrato suscrito ente el Instituto Nacional de Cultura Popular y el señor Hernando García Carrero el 11 de febrero de 1999;

d) Oficios: Al Banco de la República, para que certificara el índice de corrección monetaria, a la (*)Superintendencia Bancaria, para que certificara el interés bancario corriente. Se negó la solicitud de oficiar al Instituto de Cultura Popular, toda vez que el tribunal se ocupara de decretar las pruebas pertinentes cuando conozca los antecedentes administrativos del contrato, y

e) Testimoniales: A Hernando López Gómez, a Julio César Reyes, a Maritza Bacca y a Gloria Guio.

Sobre las pruebas solicitadas por la parte convocada, no se accedió a citar a interrogatorio de parte al señor Julio Arévalo Cortés, dado que él no era el representante legal del Instituto Nacional de Cultura Popular y que la parte demandante es el Distrito Capital de Bogotá.

Respecto a las solicitadas por el llamado en garantía Hernando López Gómez se ordenó oficiar al gerente de educación local de Puente Aranda para que certificara la fecha en que el señor Hernando López Gómez asumió sus funciones como rector del Instituto Nacional de Cultura Popular.

El llamado en garantía Julio Arévalo Cortés no solicitó prueba alguna y el tribunal de oficio ordenó a la parte convocada remitir los antecedentes administrativos del contrato que se debate en el proceso.

El 6 de diciembre de 2000 el secretario informó que el dictamen pericial fue objetado por error grave, por parte del apoderado de la Secretaría de Educación, por el apoderado de Julio Arévalo Cortés y por el señor Hernando López Gómez. Se dejó constancia de que Hernando López Gómez presentó su escrito de objeción al peritazgo de manera extemporánea y se informo que el tribunal se abstendría de decretar un nuevo dictamen pericial.

Mediante auto 17 del 6 de diciembre de 2000 el tribunal informó que, con fundamento en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993, se ampliaba el término de duración del proceso por tres (3) meses más y que en consecuencia el nuevo término se extendería hasta el 21 de marzo de 2001.

Vencido el período probatorio, y habiéndose practicado las pruebas decretadas, el tribunal, mediante auto 18, proferido el 6 de febrero de 2001, convocó a las partes a presentar alegatos de conclusión, los cuales fueron expuestos en audiencia por los apoderados y resumidos mediante escritos que obran al expediente. Dicha audiencia tuvo lugar el 28 de febrero del presente año.

Por las anteriores razones, se encuentra el tribunal dentro del término de seis meses señalado en la ley como máximo para el proferimiento del fallo que pone fin a las diferencias puestas en su conocimiento.

CAPÍTULO SEGUNDO

Controversias sometidas a la decisión del tribunal

A. Las pretensiones de la demanda

María Ignacia Ariza solicitó que se accediera a las siguientes o similares declaraciones y condenas:

“Primera: Que se declare la existencia del contrato de arrendamiento suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y la señora María Ignacia Ariza de Querubín el día 4 de marzo de 1998 y su adición de fecha 19 de febrero de 1999.

“Segunda: Que se declare, por parte del Tribunal de Arbitramento, que la Secretaría de Educación del Distrito, incumplió el contrato de arrendamiento de fecha 4 de marzo de 1998, prorrogado el día 19 de febrero de 1999.

“Tercera: Que como consecuencia de lo anterior se declare resuelto el contrato de arrendamiento de fecha 4 de marzo de 1998, prorrogado el 19 de febrero de 1999.

“Cuarta: Que igualmente y como consecuencia del incumplimiento, se condene a la Secretaría de Educación del Distrito; al pago de las siguientes cantidades:

a) La suma de quinientos mil pesos m/cte. ($ 500.000) o la suma que se demuestre dentro del proceso, por concepto de daño emergente ocasionado por la pérdida de productos alimenticios que figuran dentro de la tienda escolar localizada en el Instituto Nacional de Cultura Popular, junto con los intereses legales a la tasa máxima legal autorizada y la respectiva corrección monetaria;

b) La suma de treinta millones de pesos m/cte. ($ 30.000.000) o la que resulte demostrada dentro del proceso, por concepto de lucro cesante ocasionado por las ganancias dejadas de percibir en un año, en la tienda escolar localizada en el Instituto Nacional de Cultura Popular, junto con los intereses legales a la tasa máxima legal autorizada y la respectiva corrección monetaria, y

c) Por el diez por ciento del valor del contrato como cláusula penal pactada según lo previsto en la cláusula octava del mismo.

“Quinta: Que se condene en costas del proceso y agencia en derecho a la Secretaría de Educación del Distrito.

B. Las excepciones propuestas

El señor Julio Arévalo Cortés, llamado en garantía, propuso a través de su apoderado la excepción de mérito que a continuación se menciona:

“1. Carencia de causa lícita por no existir obligación contractual contra el señor licenciado Arévalo”.

C. La aclaración y reforma de la demanda

La parte actora presentó un escrito de aclaración y reforma de la demanda el 25 de abril de 2000, manifestando que procedía a reformar la demanda debido a que en algunos de los apartes de la misma, de manera involuntaria solo se mencionaba a la Secretaría de Educación del Distrito sin mencionar al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, por tal motivo solicitó que para todos los efectos legales, se entendiera que se demandaba al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Secretaría de Educación del Distrito.

Adicionalmente, en relación con la pretensión cuarta, se presento la siguiente reforma:

“Cuarta: Que igualmente y como consecuencia del incumplimiento, se condene al Distrito Capital de Santafé de Bogotá —Secretaría de Educación del Distrito—, al pago de las siguientes cantidades de dinero, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral:

a) La suma de quinientos mil pesos m/cte. ($ 500.000) o la suma que se demuestre dentro del proceso determinada por peritos, por concepto de daño emergente ocasionado por la pérdida de productos alimenticios que figuran dentro de la tienda escolar localizada en el Instituto Nacional de Cultura Popular;

b) La suma que resulte del literal anterior, será cancelada por la entidad demandada junto con el interés bancario corriente a la tasa máxima legal autorizada y con la debida corrección monetaria desde el momento de la prórroga del contrato suscrito entre las partes y hasta que el pago se efectúe;

c) La suma de treinta millones de pesos m/cte. ($ 30.000.000) o la que resulte demostrada dentro del proceso determinada por peritos, por concepto del lucro cesante ocasionado por las ganancias dejadas de percibir en un año, en la tienda escolar localizada en el Instituto Nacional de Cultura Popular;

d) La suma que resulte del literal anterior, será cancelada junto con el interés bancario corriente a la tasa máxima legal autorizada y la respectiva corrección monetaria desde el momento de la prórroga del contrato suscrito entre las partes y hasta que el pago se verifique;

e) Por el diez por ciento del valor del contrato como cláusula penal pactada según lo previsto en la cláusula octava del mismo, y

f) En el evento de que no se cancelen las anteriores cantidades dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral, se reconozcan intereses moratorios comerciales a la tasa máxima autorizada por la ley.

CAPÍTULO TERCERO

Posiciones de las partes

A. Los hechos en que se basan las pretensiones de la demanda

Se sintetizan así:

El 4 de marzo de 1998 se celebró un contrato de arrendamiento entre la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Santafé de Bogotá a través de su representante legal doctora Cecilia María Vélez White y María Ignacia Ariza. El objeto del contrato era dar en arrendamiento un espacio destinado para el funcionamiento de una tienda escolar en el Instituto Nacional de Cultura Popular, para el expendio de alimentos.

Las partes acordaron que el término de duración del contrato fuera el de las actividades académicas, contado a partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 11 de diciembre de 1998, prorrogable por el mismo término según lo establecido en el parágrafo primero de la cláusula quinta del contrato.

El 19 de febrero de 1999, se modificó la cláusula cuarta, prorrogando el contrato por el período académico de 1999.

En 11 de febrero de 1999 la señora María Ignacia Ariza de Querubín recibió una comunicación, suscrita por el rector del Instituto Nacional de Cultura Popular, donde le anunciaba que el consejo directivo del plantel, en reunión de 1998, había adjudicado la tienda escolar a otro contratista.

El 18 de marzo de 1999, luego de las quejas de la señora María Ignacia Ariza de Querubín ante la secretaría, la oficina de asesoría jurídica de la secretaría le manifestó al rector del Instituto Nacional de Cultura Popular que ella tiene derecho al uso de la tienda escolar y le señaló que no se podía desconocer la validez del contrato con ella celebrado ni su prórroga.

B. Síntesis de la defensa

Contestación de la demanda

En la contestación de la demanda el apoderado del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, declaraciones y condenas de la demanda, por carecer ellas de fundamento jurídico y fáctico.

En la contestación de la demanda se formuló el llamamiento en garantía de las siguientes personas.

1. Al rector del Instituto Nacional de Cultura Popular, Julio Arévalo Cortés.

2. Al rector del Instituto Nacional de Cultura Popular, Hernando López Gómez.

La parte demandada no propuso excepciones de mérito.

Llamamiento en garantía de Hernando López Gómez

El señor Hernando López Gómez, actual rector del Instituto Nacional de Cultura Popular, manifiesta que los hechos que originaron el proceso ocurrieron con anterioridad a su llegada al colegio.

En el escrito de contestación del llamamiento en garantía interpuso recurso contra el auto 7 del tribunal, proferido el 1º de marzo de 2000, con el fin de que se le excluyera del llamamiento en garantía. De no proceder la petición solicitó que en el momento procesal oportuno, se declare que, al no tener actuación alguna en los hechos materia del debate no pueden derivarse consecuencias jurídicas en su contra.

Llamamiento en garantía de Julio Arévalo Cortés

El señor Julio Arévalo Cortés manifestó, a través de su apoderado el doctor Manuel Agustín Sevillano Quiñónez, que fue el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, a través de la Secretaría de Educación del Distrito, basada en que el señor Arévalo ejercía funciones de rector, la que le ordenó desplegar la conducta que se debate en el proceso. Luego, por cumplir con el mandato de conformidad con lo ordenado, no tiene ningún tipo de responsabilidad.

Como prueba pidió tener en cuenta la determinación del consejo directivo del 13 de noviembre de 1998, en donde se puede establecer que el señor Arévalo nada tiene que ver con las consecuencias de la relación contractual.

Arévalo propuso la excepción de mérito de carencia de causa lícita, la cual sustentó así:

“Como lo dije inicialmente, los mandatos no obligan a terceros o al mandatario, cuando lo desarrolla de conformidad a lo ordenado por el mandante”.

“Menos, puede obligar cuando la determinación es clara, expresa y precisa y los resultados son producto del mandante”.

CAPÍTULO CUARTO

Presupuestos procesales

El tribunal los encuentra reunidos en su totalidad y no observa la ocurrencia de causal de nulidad alguna capaz de invalidar lo actuado, por lo cual procede a examinar y decidir el fondo del asunto que fue sometido a su consideración.

CAPÍTULO QUINTO

Consideraciones del tribunal

Primero: Sobre el problema jurídico planteado

La controversia planteada al tribunal versa sobre el presunto incumplimiento del contrato 134 de 1998, que en opinión de la parte actora sucedió bajo las circunstancias de modo, tiempo y lugar arriba resumidas.

Trátase entonces de un contencioso contractual promovido sobre la base de las diferentes posiciones que las partes han defendido a lo largo del proceso.

La parte actora, defendiendo la validez de la prórroga automática del mentado contrato, al haberse dado las condiciones pactadas y haberse suscrito un nuevo contrato el 19 de febrero de 1999 entre las mismas partes que firmaron el contrato 134 y con idéntico objeto.

La parte demandada, así como los llamados en garantía, basando su defensa en la tesis según la cual la tienda escolar del Instituto Nacional de Cultura Popular fue válidamente adjudicada a otro arrendatario con fundamento en la Resolución 219 de febrero de 1999. Afirma igualmente en su defensa el extremo pasivo del proceso, que dado que la citada normatividad tiene prohibido el funcionamiento de más de una tienda escolar en cada establecimiento educativo, la continuidad de la señora Ariza de Querubín en desarrollo de sus labores era legalmente imposible.

Sobre las anteriores bases, que el tribunal sintetiza sin perjuicio de examinarlas en las subsiguientes páginas, son procedentes las consideraciones siguientes.

Segundo: Consideraciones relativas al contrato debatido en el proceso

El contrato sobre el cual versan las diferencias puestas en conocimiento del tribunal es un contrato de arrendamiento que celebraron y adicionaron en una oportunidad, de una parte, la Secretaría de Educación Distrital, en representación del Distrito Capital de Bogotá, en cabeza de la doctora Cecilia María Vélez White y, de otra parte la contratista, doña María lgnacia Ariza de Querubín, quien en ambas ocasiones obraba en su propio nombre.

El contrato inicial, distinguido como el número 134 de 1998, aparece suscrito el 4 de marzo de ese año. Su reforma está fechada el 19 de febrero de 1999.

De las consideraciones y cláusulas del contrato merecen destacarse especialmente las siguientes, que el tribunal pone de relieve por considerarlas de importancia para lo que es objeto de la presente providencia.

i) En el encabezamiento del contrato 134 se lee con toda claridad que la entonces Secretaría de Educación del Distrito Capital concurría a la celebración del contrato “debidamente facultada previa autorización del Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá”(1) al efecto. Para el tribunal se trata de una consideración de señalada importancia para las resultas del proceso, pues la existencia de la mencionada autorización implica que la señora secretaria de educación había sido válidamente delegada con el fin de darle vida jurídica al contrato.

ii) Seguidamente se lee que doña María Ignacia Ariza de Querubín suscribió el contrato por haber resultado favorecida en la adjudicación directa que le hizo la Secretaría de Educación. Esto convalida lo prevenido en el numeral anterior, sobre la competencia plena que reposaba en cabeza de la Secretaría de Educación para obligarse en los términos contenidos en el negocio jurídico que se analiza.

iii) Se invoca en el contrato el literal “e” del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, norma que faculta a la administración para contratar directamente en los casos de arrendamiento y adquisición de inmuebles(2).

iv) En el parágrafo segundo de la cláusula segunda del contrato 134 está pactada la exclusividad a favor de la contratista en los términos siguientes:

“El rector ordenador o director del establecimiento educativo prestará la colaboración que requiera el contratista, con el fin de lograr un buen servicio, así mismo deberá garantizar la exclusividad al contratista para expedir (sic) los productos”.

De suerte pues que el contrato debatido en el proceso no solo debía celebrarlo la Secretaría de Educación, sino que, al hacerlo, se obligó libre y voluntariamente a respetar la exclusividad en desarrollo de sus labores por parte de la contratista, punto que harta importancia tendrá para resolver el presente proceso.

v) El parágrafo tercero de la mentada cláusula segunda sirve para corroborar lo anteriormente analizado al prescribir, tajantemente, que la contratista era la única autorizada para expender productos alimenticios en el plantel.

vi) En el parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato se menciona lo que después se confirma en la estipulación decimosexta del acuerdo de voluntades que se analiza, al señalar quién es el interventor del contrato(3), y al efecto se designa al consejo directivo del plantel.

vii) Sobre la duración del contrato, en la cláusula quinta se establece como término inicial del mismo es el que transcurra entre el perfeccionamiento del contrato del 4 de marzo y el 11 de diciembre de ese año.

viii) Con respecto a la prórroga automática del contrato, se estipuló que el mismo sería susceptible de extenderse en el tiempo por un año lectivo más, si una de las partes no manifestaba lo contrario a la otra, por lo menos con 30 días calendario de antelación a la fecha de terminación.

En el presente caso esa manifestación entonces, se ha debido producir a más tardar el 11 de noviembre de1998. En el expediente no existe prueba alguna que le permita al tribunal deducir que la Secretaría de Educación —que no el consejo directivo del plantel, pues en su condición de interventor no tenía facultades para hacer las veces de parte para efectos de prorrogar o dar por terminado el contrato— como tampoco la contratista, manifestaron su decisión de no continuar ejecutando en el contrato.

ix) Sin embargo, los dos parágrafos de la cláusula en mención, establecen reglas que determinan la operancia de la prórroga así:

— La prórroga del contrato era automática y solo se encontraba condicionada a los resultados de la evaluación del servicio prestado por la tienda escolar.

— Era responsabilidad del consejo directivo del Instituto Nacional de Cultura Popular programar y llevar a cabo la evaluación.

— La evaluación se debía realizar en la primera semana del mes de octubre, lo que en el presente caso resultaba coherente con la hipotética renovación del contrato, pues la manifestación de la administración en el sentido de no prorrogar el contrato debía producirse a más tardar, como ya se expresó, el 11 de noviembre de 1998.

— De ser favorable al contratista la evaluación, la prórroga del contrato debía darse en forma automática, como en el presente caso sucedió y así consta en documentos suscritos por el entonces rector del instituto, licenciado Julio Arévalo Cortés, y el pagador del plantel, don Guillermo Guevara, que fueron aportados como pruebas por la parte demandante(4).

— La única evaluación válida le correspondía hacerla al consejo directivo.

x) Cabe agregar que en el caso que ocupa la atención del tribunal no hubo manifestación de la contratante en el sentido de no ser posible la prórroga del contrato, y no podía haberla por la simple razón de haberse consolidado, gracias a los resultados de la evaluación previstos en el contrato, el derecho de la señora Ariza de Querubín para que el contrato fuera prorrogado hasta la culminación del año lectivo 1999.

xi) Además, en el presente caso, la entidad contratante no hizo uso de sus poderes excepcionales, razón por la cual no dio por terminado, ni procedió a la interpretación o modificación unilaterales del contrato, habiendo podido proceder en conformidad, en especial para decretar la terminación unilateral del contrato, si, en este último caso, se hubiera presentado alguna de las causales legales de terminación unilateral.

xii) La reforma de contrato, que obra a folios 8 a 10 del cuaderno de pruebas y que tiene por fecha el 19 de febrero de 1999, corrobora todo lo hasta aquí dicho. En especial que la propia Secretaría de Educación era en efecto la única representante del Distrito Capital de Bogotá para celebrar el contrato que se prorrogó automáticamente, el cual fue posteriormente modificado —el 19 de febrero de 1999— por las mismas partes.

xiii) Las alegaciones en sentido contrario, a las cuales el tribunal hará posterior referencia, no tienen cabida alguna para justificar la conducta antijurídica y abusiva de quienes impidieron a la señora Ariza de Querubín la continuación de sus labores como contratista de la administración distrital en el Instituto Nacional de Cultura Popular.

xiv) Obsérvese cómo en la reforma del contrato 134, la cláusula primera reafirma la exclusividad a la cual tenía derecho a gozar la contratista. Y ese mismo documento, en su cláusula cuarta, prescribió que la contratista solo podría gozar del espacio arrendado hasta la finalización del año lectivo de 1999, ya que al haber sido modificada la cláusula quinta del contrato original, las anteriormente analizadas condiciones para la prórroga del acuerdo de voluntades habían desaparecido.

Tercero: Consideraciones relativas al posible incumplimiento del contrato

Está bien advertido que la parte demandante dio cumplimiento a sus obligaciones contractuales hasta donde las circunstancias así se lo permitieron.

Es así como, analizadas las cargas contractuales asumidas por la señora Ariza de Querubín, ellas se concretan, lo que es relevante para el proceso, en el pago del canon pactado, a cuyo efecto obran en el expediente constancias de haber sido honrado este compromiso por la arrendataria; en la debida utilización del espacio concedido en arrendamiento, así como en su prudente conservación y en las obligaciones de abstenerse de realizar ventas en horarios no permitidos o de productos expresamente prohibidos.

A más de la constancia de cumplimiento en el pago a la cual ya se refirió el tribunal, sobre la adecuada prestación del servicio no hay pruebas que lo desvirtúen. Y sobre el cumplimiento de las restantes obligaciones anteriormente citadas, no hay alegaciones en sentido contrario que merezcan mayores análisis para lo que es materia de esta providencia.

Por cuanto tiene relación con las circunstancias bajo las cuales la señora Ariza ganó el derecho a la renovación del contrato en los términos consignados en el documento que obra a folios 8 a 10 del cuaderno de pruebas, es pertinente anotar lo siguiente.

Mediante comunicación del 16 de octubre de 1998 (cdno. de pbas., ver fl. 16), aportada junto con la demanda y que la propia parte demandada remitió dentro de los antecedentes administrativos del contrato, se establece que la evaluación realizada al desempeño de la señora Ariza en desarrollo del contrato 134 fue favorable. En lo pertinente, señala la citada comunicación:

“La prestación del servicio ha sido ampliamente satisfactorio (sic) para el alumnado, de acuerdo a sus posibilidades económicas y a sus gustos y deseos alimenticios, es garantía la higiene; por otra parte la señora María lgnacia Ariza de Querubín se ha distinguido como una gran colaboradora con el plantel”.

Dicha comunicación, que aparece suscrita por el licenciado Julio Arévalo Cortés como rector del Instituto Nacional de Cultura Popular y por el señor Guillermo Enrique Guevara como pagador del mismo, no hace cosa distinta de corroborar que para esa fecha —oct. 16/98— y con plena sujeción a los términos del contrato 134, el mismo había sido objeto de renovación automática en los términos previstos en la cláusula quinta del mismo, cuyo tenor es suficientemente claro.

En otras palabras, la condición de la cual pendía la obligación de renovar automáticamente el contrato, se verificó dentro del término previsto en el mismo; fue positiva en todo sentido para quien estaba llamada a beneficiarse de ella; y el hecho que permite verificar el acaecimiento de tal condición, aparece en el plenario verificado por la parte demandada a través de quienes eran competentes para ello, de manera que el contrato de se prorrogó automáticamente.

Que la prórroga automática de la cual fue objeto el contrato haya quedado vertida en el documento del 19 de febrero de 1999 es cosa que carece de interés para la suerte del proceso, puesto que el contrato 134 debía entenderse prorrogado desde el 16 de octubre de 1998, fecha en la cual los resultados de la evaluación sobre el desempeño de la señora Ariza de Querubín consolidaron ese derecho en cabeza de la demandante.

Bajo tales condiciones, procede el tribunal a analizar la conducta asumida en desarrollo del contrato por la parte demandada, con base en las consideraciones siguientes.

Sea lo primero poner en evidencia que por medio de oficio del 11 de febrero de 1999, suscrito por el licenciado Arévalo Cortés, este le informó a la señora Ariza la decisión del consejo directivo del Instituto Nacional de Cultura Popular, adoptada el 13 de noviembre de 1998, en el sentido de adjudicar la tienda escolar de esa institución al señor Hernando García Carrero.

Otra comunicación, que obra a folio 11 del cuaderno de pruebas, trata sobre una decisión adoptada días después por el consejo directivo del plantel, para informar sobre los resultados de la evaluación hecha a la señora Ariza, comunicándole que la misma había sido favorable.

No es explicable para el tribunal que el licenciado Arévalo Cortés, como vocero natural del consejo directivo del plantel, siendo el consejo el interventor del contrato, no conociera las consecuencias de la evaluación a que se sometió a la señora Ariza, de cara a la prórroga del contrato.

Pero si lo anterior fuera poco, la conducta asumida por la entidad convocada, se revela a todas luces contra derecho en la comunicación del 1º de junio de 1999 (cdno. pbas., fls. 14 y 15), en la que se le da a entender a la convocante que por haberse suscrito la reforma del contrato el 19 de febrero de 1999, la rectoría del plantel había cobrado autonomía para adjudicar el contrato a otra persona.

Esa autonomía solo existía, para el futuro, con base en la Resolución 219 del 3 de febrero de 1999; pero no era aplicable al contrato ya celebrado entre el Distrito Capital de Bogotá y la demandante.

Nótese entonces que el Instituto reconoció haber adjudicado el contrato al señor Hernando García Carrero el 13 de noviembre de 1998 (punto 1 de la comunicación del 1º de junio de 1999 del rector Hernando López Gómez a María L. Ariza), época para la cual esa atribución no estaba en cabeza del consejo directivo del Instituto Nacional de Cultura Popular.

Y no lo estaba por la simple e incontestable razón según la cual para el 13 de noviembre de 1998, dos realidades desmienten la posición de la parte demandada: de una parte, que los resultados de la evaluación implicaban el derecho de la señora Ariza para que el contrato le fuera renovado, se reitera, por haberse verificado la condición de la cual dependía la expectativa que al amparo de la cláusula quinta del contrato 134 ella abrigaba. Y, de otra parte, como se indicó, que la Resolución 219 no podía tener ni tiene efectos retroactivos, tal como lo plantean los llamados en garantía en su defensa.

Esta verificación del tribunal ya la había advertido, con total claridad por lo demás, el jefe de la oficina de asesoría jurídica de la Secretaría Distrital de Educación, doctor Jorge Alberto Bohórquez Castro, mediante comunicación del 18 de marzo de 1998 dirigida al rector del Instituto Nacional de Cultura Popular, que la propia parte demandada aportó al tribunal y obra, entre otros, a folios 102 y 103 de cuaderno de pruebas.

De la mencionada comunicación el tribunal destaca lo que a continuación se transcribe para total claridad:

“1. En primer lugar los contratos suscritos en el año de 1997 o 1998, a los cuales se les realizó la evaluación del servicio y el resultado fue (sic) satisfactorio el contrato se prórroga automáticamente para el año lectivo de 1999.

“2. En segundo lugar para los contratos en los cuales la evaluación no fue (sic) satisfactoria se da aplicación a la Resolución 219 del 3 de febrero de 1999, ... por medio de las cuales se les asignó a los consejos directivos y rector ordenador del gasto de cada uno de los establecimientos educativos la competencia en cuestión.

“Como en el caso que nos ocupa se realizó la evaluación por parte del consejo directivo y esta (sic) resultó satisfactoria, según consta en el oficio RCD-077-98 de fecha 16 de octubre de 1998 radicado en el Cadel bajo el 6096 firmado por usted y el pagador del establecimiento el contrato se prorrogó para el año de 1999 ...”.

“De la situación vale la pena destacar que usted mismo informó sobre la prórroga del contrato en cuestión por lo que ha debido abstenerse de contratar otra persona para el manejo de la tienda escolar desconociendo las directrices establecidas en la Resolución 219 del 3 de febrero de 1999” (las negrillas son del tribunal).

No son necesarias consideraciones adicionales dirigidas a esclarecer lo sucedido en desarrollo del contrato debatido en el proceso, pues el conjunto de las hasta aquí expuestas ha llevado al tribunal a la certeza de estar en presencia de un caso de incumplimiento de la parte contratante en perjuicio de la contratista, como en efecto así será declarado en la parte resolutiva de este laudo.

De acuerdo con las consideraciones precedentes, el tribunal accederá a las pretensiones primera y segunda de la demanda relativas a la declaratoria de existencia del contrato 134 de 1998 y de su reforma del 19 de febrero de 1999 y declarará que el mismo fue incumplido por el Distrito Capital de Bogotá.

Sobre la pretensión tercera de la demanda, por medio de la cual se solicita que se declare resuelto el contrato debatido en el proceso, el tribunal considera que esta solicitud implícita de que las cosas vuelvan a su estado anterior, lo cual resulta improcedente frente a un contrato de tracto sucesivo cuyas obligaciones se fueron agotando en el decurso del tiempo.

No obstante lo anterior, como es deber del juez interpretar adecuadamente la demanda, en la medida en que la petición de que se trata indudablemente versa sobre la declaratoria judicial de terminación del contrato debatido en el proceso, así será declarado en la parte resolutiva de esta providencia.

Cuarto: Sobre los perjuicios invocados por la parte actora en la demanda y su reforma

La pretensión cuarta de la demanda, tal y como fue reformada en tiempo por la parte actora, persigue que se condene a la parte demandada al pago de perjuicios derivados del incumplimiento del contrato debatido en el proceso.

Para una mayor claridad del siguiente análisis, el tribunal se ocupará en forma separada de todas y cada una de las mencionadas pretensiones indemnizatorias así:

El daño emergente

En el literal “a” de la pretensión cuarta de la demanda la parte convocante solicitó que se condenara a la convocada al pago de la suma de $ 500.000 o la que resultare demostrada en el proceso, “por concepto de daño emergente ocasionado por la pérdida (sic) de productos alimenticios que figuran dentro de la tienda escolar ...”.

Sobre esa suma y según lo expresado en el literal “b” de la demanda, la parte actora solicitó que la demandada fuera condenada al pago de intereses bancarios corrientes a la máxima tasa autorizada por la ley, más la corrección monetaria desde la fecha de la prórroga del contrato y hasta el pago efectivo de la suma debida.

La suma invocada en la petición que se analiza fue mencionada en la demanda, pero sin embargo la cuantía así expresada quedó huérfana de prueba en el proceso.

En efecto, la parte actora se limitó a expresar la estimación mínima del daño emergente, pero no probó debidamente lo solicitado.

Ni de las pruebas aportadas junto con la demanda ni del propio dictamen pericial es posible deducir que la parte demandante sufrió perjuicios por concepto de daño emergente.

Además, el perito Héctor Triana fue explícito en manifestar que, aún habiendo inspeccionado la tienda escolar, le resultaba imposible comprometer su responsabilidad profesional en el señalamiento suma alguna por concepto de daño emergente.

El lucro cesante

En la demanda, la parte convocante reclama en su favor la suma de $ 30.000.000 o aquella que resultare probada en el proceso y fuere determinada por medio de prueba pericial, por concepto de lucro cesante consistente en las ganancias dejadas de percibir en un año de operación de la tienda escolar por parte de la señora Ariza de Querubín.

La parte demandante solicitó que la suma que llegare a ser probada por tal concepto, sea cancelada junto con los intereses bancarios corrientes a la máxima tasa legal autorizada y la respectiva corrección monetaria desde la fecha en que se dio la prórroga del contrato 134 hasta cuando el pago se haga efectivo.

En el artículo 1614 del Código Civil está definido el concepto de lucro cesante como “... la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.

La petición de la prueba hace clara referencia a la posibilidad de la cual se vio privada la señora Ariza de Querubín para percibir ganancias por un año de labores al frente de la tienda escolar del Instituto Nacional de Cultura Popular.

Dos precisiones son de interés para desatar el punto.

En primer lugar, del contrato 134, así como de su fallida reforma del 19 de febrero de 1999, de se deduce con toda nitidez que la arrendataria habría gozado del derecho de explotar el espacio recibido en arrendamiento durante el año escolar 1999 y que a la luz del propio texto de la reforma (cláusula cuarta de la misma que modificaba la cláusula quinta del contrato original), la prórroga acordada operaría “por el período de las actividades académicas del año lectivo de 1999, oportunidad en la que el arrendatario deberá hacer entrega del bien dado en arrendamiento al rector ordenador o director de la institución educativa”(5).

De otra parte, una segunda precisión que se estima pertinente, consiste en la indemnización proveniente de la pérdida de la oportunidad por la vía del lucro cesante, punto en el cual la jurisprudencia y la doctrina son unánimes.

Estudiada la solicitud del dictamen pericial, se observa que el apoderado de la señora Ariza, con miras a la estimación del lucro cesante, pidió que el auxiliar de la justicia lo tasara con fundamento en las ventas que en un año pudiere tener un establecimiento de similares características a la tienda escolar de la demandante.

El tribunal advierte que tanto la petición como la práctica de la prueba por parte del doctor Héctor Triana son ajustadas a derecho, por encontrar que es perfectamente viable para el perito plantear conclusiones con base en su propia percepción del punto que es preciso evaluar —una tienda escolar en este caso— así como en la evaluación de cosas o situaciones que ofrezcan alguna analogía con lo que es materia del dictamen.

Igualmente concluye el tribunal que la pérdida de oportunidad ciertamente constituye una fuente de perjuicio indemnizable y lo es por la vía del lucro cesante, que es el expediente previsto en la ley para resarcir la ganancia o provecho que se deja de reportar como consecuencia de cualquiera de los eventos previstos en el artículo 1614 del Código Civil.

De las consideraciones precedentes se deduce que es procedente acceder a la condena solicitada, y que para su cuantificación se apreciará el dictamen pericial en ejercicio del postulado de la sana crítica como criterio orientador del juez, en relación con las pruebas del proceso.

En el peritazgo se habla de 220 días de escolaridad por año, lo que equivaldría a 44 semanas lectivas, cálculo que el tribunal estima excesivo, ya que el artículo 58 del Decreto 1860 de 1994, que reglamenta el 85 de la Ley 115 de 1994, a la letra señala:

“En la educación básica y media, cada grado se cursará en dos períodos lectivos semestrales que comprenden cada uno veinte semanas lectivas como mínimo, independientemente de las semanas calendario que deban emplearse para tal efecto”.

El tribunal concretará la condena teniendo en cuenta las 40 semanas lectivas que componen el año escolar y no las semanas calendario que se hayan necesitado para desarrollarlas en el período de 1999, puesto que la tienda escolar solo funcionaba en los días de actividad académica.

Lo anterior significa que independientemente de los períodos en los cuales se hubiera verificado la actividad académica propia del Instituto Nacional de Cultura Popular durante 1999, la condena a imponer se basará en los 10 meses durante los cuales necesariamente habría de atender la tienda escolar conforme al desarrollo de las actividades académicas del plantel en que se hallaba ubicada.

Según la ampliación del dictamen pericial, realizada por el doctor Héctor Triana conforme le fue ordenado por el tribunal a manera de prueba oficiosa, el total mensual estimado como ganancia para el operador de la tienda escolar, es decir la suma de $ 721.772 pesos, será la base sobre la cual se tasará el lucro cesante que por pérdida de oportunidad acusó la señora Ariza de Querubín.

Esto significa que se debe condenar al Distrito Capital al pago de la suma de $ 7.217.720 a título de lucro cesante.

Los intereses y la corrección monetaria solicitados sobre el monto del valor del lucro cesante

Procede a continuación el tribunal a resolver ese punto, con fundamento en las consideraciones siguientes.

La parte actora solicitó, según se ha mencionado en varias oportunidades, que respecto de las condenas que se impongan a la demandada se calculen intereses a la máxima tasa legal autorizada junto con la respectiva corrección monetaria.

Tal pretensión, como la entiende el tribunal en el sentido de que la parte demandante solicita el pago del valor del lucro cesante incrementado con el de los intereses a la máxima tasa legal autorizada más la corrección monetaria.

El artículo 4º, numeral 8º, de la Ley 80 de 1993 de no estipularse dispone que “en caso de no haberse pactado intereses moratorios se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado”.

La antedicha norma encuentra desarrollo legal en el Decreto 679 de 1994 en cuyo artículo 1º se encuentran descritos los parámetros para el cálculo de tales intereses.

El tribunal tendrá en cuenta para tasar los intereses reclamados y el artículo 1º la transcrita disposición legal del Decreto 679 de 1994 que el cálculo tendrá como fecha inicial aquella en la cual se han debido producir las ganancias dejadas de reportar por la señora Ariza de Querubín y como fecha final la del presente laudo arbitral.

El siguiente cuadro ilustra la aplicación en el presente caso del mandato de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 679 de 1994.

Ganancia proyectadaMes inicialValor histórico actualizadoInterés legal civil (12%)Total mensual
$ 771.772Febrero 1999$ 979.463$ 242.155$ 1.221.618
$ 771.772Marzo 1999$ 967.276$ 229.284$ 1.196.560
$ 771.772Abril 1999$ 955.484$ 217.065$ 1.172.549
$ 771.772Mayo 1999$ 943.297$ 204.683$ 1.147.980
$ 771.772Junio 1999$ 931.505$ 192.936$ 1.124.441
$ 771.772Agosto 1999$ 907.133$ 169.398$ 1.076.531
$ 771.772Septiembre 1999$ 895.339$ 158.365$ 1.053.704
$ 771.772Octubre 1999$ 883.153$ 147.208$ 1.030.361
$ 771.772Noviembre 1999$ 871.360$ 136.648$ 1.008.008
$ 771.772Diciembre 1999$ 859.174$ 125.981$ 985.155
Totales $ 9.193.184$ 1.823.723$ 11.016.907

En consecuencia, se condenará a la parte demandada a pagar a la parte actora, la cantidad de tres millones doscientos noventa y nueve mil ciento ochenta y siete pesos ($ 3.299.187) por concepto de intereses moratorios y actualizaciones hechas conforme a la ley sobre la suma determinada como lucro cesante.

Cabe aclarar finalmente, que por encontrarse las tasas aplicadas contenidas en normas de alcance nacional, la parte actora se encontraba liberada de proveer a su prueba en el expediente.

La cláusula penal pecuniaria como fuente de indemnización en el presente caso

Solicitó igualmente la parte actora que la parte demandada fuera condenada en el valor a que asciende la cláusula penal pecuniaria estipulada en la cláusula octava del contrato 134 y que el tribunal transcribe para mejor claridad de sus consideraciones al respecto:

“En caso de incumplimiento total de las obligaciones contraídas por el arrendatario o de la declaratoria de caducidad del contrato, el mismo pagará al Distrito, Secretaría de Educación, una suma equivalente al 10% del valor del contrato, como sanción penal pecuniaria, valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y de la declaratoria de caducidad del contrato. Tanto las multas como la pena pecuniaria que legaren a ordenarse en cuantía que consulte la gravedad del incumplimiento, se realizarán mediante resolución motivada de la autoridad competente”.

Sin abundar en mayores razonamientos sobre este particular, el tribunal no accederá a esta petición contenida en la demanda, en consideración al propio texto de la cláusula, que es inequívoco cuando señala que la sanción allí establecida se contrae a dos eventos exactamente determinados cuales son, de una parte, el incumplimiento de sus obligaciones por parte del contratista arrendatario y, de otra parte, la declaratoria de caducidad del contrato.

Ninguno de esos eventos puede aplicarse analógicamente al incumplimiento de la administración, que es aquel invocado por la parte demandante como fundamento de hecho de sus pretensiones y que el tribunal ha encontrado probado en la forma como se ha señalado precedentemente.

En otras palabras, para el tribunal es clara la improcedencia de la condena solicitada en la medida en que la situación de hecho que la haría conducente —incumplimiento del contratista o resolución de caducidad del contrato— es muy diferente de la debatida y probada en el proceso.

Bastan las anteriores consideraciones para concluir que se debe denegar la petición que se analiza.

La petición para que se condene a la parte demandada al pago de intereses moratorios con posterioridad a la ejecutoria del laudo.

La parte demandante solicita, en la corrección de la demanda, que si no se cancelan las cantidades correspondientes a las condenas que pretenden el término de los cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo “se reconozca intereses moratorios comerciales a la tasa máxima autorizada por la ley”.

El tribunal considera que la condena a pagar estos intereses, aunque no tiene por fundamentos los hechos expuestos como fundamento de la acción, es una consecuencia directa de la sentencia condenatoria.

Además, como la legislación especial que regula al Tribunal de Arbitramento nada dispone sobre el pago de estos intereses, para resolver es menester aplicar el artículo 336 del Código de Procedimiento Civil en armonía con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tanto porque aquella disposición expresa y específicamente se refiere a esta como porque se trata de una controversia contractual, relativa a un contrato celebrado por el Distrito Capital de Bogotá con fundamento en la Ley 80 de 1993.

En consecuencia, según el artículo 336 del Código de Procedimiento Civil, hasta seis meses después de la ejecutoria el laudo, el Distrito Capital de Bogotá puede pagar el valor de la condena sin que sea ejecutado. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 177, inciso 5º, del Código Contencioso Administrativo, durante el mismo lapso indicado, las cantidades líquidas correspondientes a la condena “devengarán intereses comerciales y moratorios después de este término”.

En consecuencia, en la sentencia el tribunal dispondrá que la suma correspondiente al valor de la condena devengará interés comerciales durante los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y moratorios después de este plazo.

En todo lo demás debe denegarse esta petición de la demanda.

Quinto: Sobre las objeciones por error grave formuladas contra el dictamen pericial decretado y practicado en el proceso

La parte convocante al proceso solicitó el decreto y práctica de un dictamen pericial que le fue encomendado al doctor Héctor Triana Penagos, quien una vez tomó posesión en legal forma y participó en la inspección judicial que se verificó en el Instituto Nacional de Cultura Popular el 24 de julio de 2000, rindió su experticio, el cual fue puesto a disposición de los sujetos procesales de conformidad con las normas legales pertinentes.

Sobre el contenido del dictamen pericial, son pertinentes los siguientes comentarios preliminares.

Con relación a la primera pregunta del cuestionario, relativa a la tasación del daño emergente, el auxiliar de la justicia fue explícito en manifestar que la tienda inspeccionada en la diligencia que tuvo lugar el 24 de julio de 2000 la encontró saqueada, aseveración que se ajusta plenamente a la verdad como quiera que los integrantes del tribunal así lo pudieron verificar en la misma fecha que el perito hizo tal verificación.

Señaló posteriormente el doctor Triana Penagos, que en la tienda encontró documentos de pedido de comestibles por valor de $ 1.305.368, no obstante fue explícito en señalar que no es posible determinar el valor del lucro cesante y que, por lo mismo, no es posible determinar intereses ni corrección monetaria, cuyo cálculo solicitó el apoderado de la parte demandante en la primera parte de la petición de la prueba (lits. “a” y “b” de la petición).

Para el cálculo del lucro cesante, en los términos en que fue solicitada la prueba, el auxiliar de la justicia en efecto ofreció algunos guarismos tomados en establecimientos de similares condiciones, todos los cuales serán examinados por el tribunal.

La petición de la prueba pericial, que se repite fue formulada por la parte actora, tenía por fin la tasación de los perjuicios presuntamente irrogados a la señora Ariza de Querubín, como consecuencia de las circunstancias bajo las cuales se produjo la terminación del contrato 134 de 1998, que es el debatido en el proceso.

A tal efecto, la solicitud de la prueba se orientaba a la cuantificación del daño emergente, que el apoderado judicial de la convocante lo hizo consistir en el valor de los comestibles que se encontraran “actualmente” en la tienda escolar que funcionaba en el espacio arrendado a la señora Ariza de Querubín.

Igualmente solicitó el apoderado de la actora, que la pericia concretara el lucro cesante, entendido este como el valor generado en un año por las ventas que pudiere registrar “una tienda escolar de similares características a la detentada” por la señora demandante en el presente proceso.

En ambos casos, es decir, frente al daño emergente como al lucro cesante, solicitó la actora que se calcularan intereses “a la tasa máxima legal autorizada y la corrección monetaria desde el día de la prórroga del contrato de arrendamiento y hasta que el pago se verifique”(6).

El dictamen fue objetado por error grave por parte de la apoderada judicial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como por los dos llamados en garantía al proceso, objeciones que fueron presentadas en la oportunidad legal pertinente.

La objeción por error grave formulada por la apoderada judicial de la Alcaldía Mayor de Bogotá se contrae a que el perito ignoró las circunstancias particulares tanto del Instituto Nacional de Cultura Popular como de la tienda escolar que dentro de él administraba la señora Ariza de Querubín.

Igualmente fundó su objeción frente al cálculo del lucro cesante contenido en el experticio, en el hecho de acuerdo con el cual el perito estimó el período escolar correspondiente al año lectivo de 1999 en 220 días, lo que no corresponde a la realidad en el caso del Instituto Nacional de Cultura Popular.

Por cuanto guarda relación con el primer fundamento de la objeción por error grave contra el dictamen pericial formulada por la apoderada judicial de la parte convocada, el tribunal no encuentra que en el proceso se haya probado que el Instituto Nacional de Cultura Popular operara bajo especiales o excepcionales condiciones, hechos que tampoco pueden deducirse de las pruebas invocadas por la objetante para demostrar la veracidad de su tacha.

De otra parte y si se mira la forma como la prueba pericial fue solicitada, decretada y practicada, se verá que para calcular el lucro cesante reclamado por la parte actora, esta solicitó que se tuviera en cuenta el desempeño de una tienda escolar de similares características a la que operaba en el Instituto Nacional de Cultura Popular.

Bajo tales circunstancias el auxiliar de la justicia hizo lo que le fue pedido, de donde no puede deducirse que cometió un yerro capaz de hacer prosperar la objeción propuesta, puesto que como medio de prueba que es, el dictamen deberá ser apreciado por el juez, quien determina su mérito probatorio. Ya se indicó que el tribunal estima fundado ante aspectos del dictamen pericial.

Con respecto al segundo de los fundamentos de la objeción, esto es, que el cálculo del lucro cesante se basó en un número equivocado de días de duración del año lectivo escolar, el tribunal no encuentra que esa deficiencia, de haberse presentado, sea capaz de viciar las conclusiones a las cuales arribó el perito.

Nótese que si bien el perito expuso un cálculo global por año lectivo escolar para tasar el monto del lucro cesante, no es menos cierto que su cálculo también lo expresó en una cantidad de dinero por día con base en la cual el tribunal bien puede hacer los ajustes que considere pertinentes en el evento de resultar probado que el número de días de una año lectivo escolar no es de 220 sino uno inferior o superior. Antes se ha indicado que, para los efectos de la prórroga del contrato, su duración es menor.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se denegará en la sentencia la objeción por error grave propuesta por la apoderada judicial de la alcaldía contra el dictamen pericial del doctor Héctor Triana Penagos.

El apoderado judicial del licenciado Julio Arévalo Cortés también objetó por error grave el dictamen rendido por el mencionado perito. Los fundamentos de su objeción son, en síntesis, los siguientes:

— El error grave consiste en la imposibilidad en que se encontraba el perito para calcular el lucro cesante ante la imposibilidad de calcular el daño emergente.

— Los cálculos hechos por el perito para rendir su dictamen carecen de soporte procesal. Agrega que el perito erró en su dictamen al dar respuesta a una pregunta que desconocía la hermenéutica jurídica.

El primer término, según los artículos 1614 del Código Civil, aplicables al caso conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, el daño emergente y el lucro cesante se diferencian claramente, hasta el punto que, de acuerdo con las mencionadas disposiciones, mientras aquel consiste en “el perjuicio o pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente”, este es “la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplídola imperfectamente o retardado su cumplimiento”.

En consecuencia, en este caso, como se ha indicado, bien podía suceder realmente aconteció, desde el punto de vista fáctico, que no existe daño emergente pero sí lucro cesante, consistente en las ganancias dejadas de percibir por la demandante a causa del incumplimiento del contrato por parte del Distrito Capital de Bogotá.

Además, el dictamen pericial se solicitó y rindió mediante la evaluación que hizo el perito del rendimiento de un establecimiento similar al de la demandante, con el objeto de calcular, a este respecto, las ganancias dejadas de percibir desde el incumplimiento del contrato hasta el vencimiento del término de la prórroga. Como se expuso anteriormente, el tribunal encuentra razonables y no errados los fundamentos de hecho del dictamen pericial.

En consecuencia, tampoco es fundada esta objeción por error grave al dictamen pericial, por lo mismo, también debe declararse infundada en la sentencia.

Sexto: Consideraciones atinentes a los llamamientos en garantía propuestos por la Secretaría Distrital de Educación frente a los señores Julio Arévalo Cortés y Hernando López Gómez.

El Distrito Capital de Bogotá pidió que sean llamados en garantía los licenciados Julio Arévalo Cortés y Hernando López Gómez, quienes, en su orden, desempeñaron el cargo de rector del Instituto Nacional de Cultura Popular, por considerar que, al tomar algunas medidas, como la celebración del contrato con el señor Hernando García, la comunicación de ella a la señora María lgnacia Ariza de Querubín para que entendiera terminando el contrato de arrendamiento que celebró con el Distrito de Bogotá o impedirle a esta ingresar al lugar de trabajo, perjuicios causados, cuyo pago se pretende mediante este proceso.

El llamamiento en garantía, según el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, consiste en que la persona que “tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviera que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.

En el caso sub judice, habiéndose demostrado la responsabilidad contractual del Distrito Capital de Bogotá por incumplimiento del contrato de arrendamiento y la obligación de pagarle perjuicios a la parte demandante por concepto de lucro cesante, el llamamiento en garantía del mencionado Distrito tiene por objeto que las personas citadas al proceso en tal condición sean condenadas a pagar el valor de la indemnización.

Sin embargo, la parte demandante no demostró en el proceso la obligación de las personas llamadas en garantía de pagar el valor de la indemnización que debe ser satisfecha por el Distrito de Bogotá a la parte demandante.

Por el contrario, las personas llamadas en garantía del Distrito Capital de Bogotá, cuando ejercieron el cargo de rector del Instituto Nacional de Cultura Popular, obraron como empleados de la misma entidad y, como tales, directamente comprometieron su responsabilidad. Esto significa que no tienen el carácter de terceros que, según el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, por ley o contrato, deban cubrir o pagar el valor de la indemnización que corresponde al Distrito Capital de Bogotá, sino de empleados de esta entidad que, como tales, pueden comprometer su directa responsabilidad contractual o extracontractual. En este caso comprometer la responsabilidad contractual del Distrito Capital de Bogotá.

En consecuencia, cuando el consejo directivo del Instituto Nacional de Cultura Popular, en reunión del 13 de noviembre de 1998, resolvió adjudicar un contrato al señor Hernando García, no obstante que estaba vigente sobre el mismo objeto el contrato que el Distrito Capital de Bogotá celebró con la señora María lgnacia Ariza de Querubín el cual, según su cláusula 5ª, era prorrogable por otro año lectivo, como en efecto se prorrogó desde diciembre de 1998, obró como entidad administrativa del Distrito Capital de Bogotá e ilegalmente comprometió su responsabilidad contractual.

Lo propio sucedió con el licenciado Julio Arévalo Cortés quien, como rector del Instituto Nacional de Cultura Popular, el 11 de febrero de 1999 celebró el contrato de arrendamiento con el señor Hernando García, no obstante que desde diciembre de 1998 se había prorrogado el que había celebrado, con el mismo objeto, el Distrito Capital de Bogotá y la señora María lgnacia Ariza de Querubín.

El licenciado Hernando López Gómez entró a ejercer las funciones de rector del Instituto Nacional de Cultura Popular el 21 de abril de 1999, cuando ya el rector del mismo plantel, en ese entonces el licenciado Julio Arévalo Cortés, ilegalmente había celebrado el referido contrato con Hernando García.

Sin embargo, cuando el 1º de junio de 1999 el licenciado López Gómez envió una carta a la señora María lgnacia Ariza de Querubín para comunicarle que el 11 de febrero del mismo año se había celebrado el contrato de arrendamiento con Hernando García sobre el mismo objeto de su contrato y solicitarle, por lo mismo, la restitución del inmueble para darle cumplimiento, obró como empleado del Distrito Capital de Bogotá y en forma ilegal comprometió su responsabilidad porque desconoció que el contrato celebrado entre esta entidad y la señora María lgnacia Ariza de Querubín estaba vigente porque se prorrogó en diciembre de 1998 y fue modificado por las contratantes el 19 de febrero de 1999.

Además, los licenciados Julio Arévalo Cortés y Hernando López Gómez, cuando ejercieron el cargo de rector del Instituto Nacional de Cultura Popular y obraron como tales en la forma indicada, hacían parte del personal docente de la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá.

De manera que el contrato celebrado entre el Distrito de Bogotá y la señora María lgnacia Ariza de Querubín, a pesar de su prórroga y de sur forma, fue incumplido por el Distrito Capital de Bogotá y no se ha demostrado en el proceso que las personas que, como terceros, fueron llamados en garantía, deban cancelar el valor de la indemnización que, por concepto de lucro cesante, el Distrito Capital de Bogotá debe pagarle a la demandante María Ignacia Ariza de Querubín.

En consecuencia, procede absolver a las personas llamadas en garantía por el Distrito Capital de Bogotá.

Séptimo: Sobre las excepciones contenidas en la contestación a la demanda

Definida como quedó anteriormente la relación jurídico sustancial debatida en el proceso entre la parte demandada y las personas a quienes esta llamó en garantía, restaría al tribunal pronunciarse sobre las excepciones propuestas al contestar oportunamente la demanda por parte del Distrito Capital.

Sin embargo, según el escrito respectivo, que obra a folios 57 a 60 del cuaderno principal, el tribunal encuentra que la parte demandada no propuso excepciones de mérito tendientes a enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no habrá lugar a pronunciamiento alguno sobre ese particular, como tales tenían una exclusiva relación jurídica con la parte demandada.

Por lo demás, no sobra advertir que los llamados en garantía, si bien coadyuvaron la defensa propuesta por la Alcaldía Mayor, en rigor, tenían una relación por resolver con esa parte del proceso y no con la parte demandante.

CAPÍTULO SEXTO

Costas y agencias en derecho

Costas

Como el tribunal accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, razón por la cual, dando cumplimiento al mandato del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, se condenará a la parte demandada al reconocimiento y pago del sesenta por ciento (60%) de las que se causaron en el curso del proceso, con arreglo a la liquidación que a continuación se presenta, que se hace sin perjuicio de la condena que, de acuerdo con el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998, se impondrá a la parte demandada al estar probado que fue la parte demandante la que asumió la totalidad de los gastos del proceso y de los honorarios de sus integrantes.

La liquidación de las costas del proceso comprende lo siguiente: se condenará al Distrito Capital - Secretaría de Educación a pagar a la señora María Ignacia Ariza de Querubín la suma de dos millones cien mil pesos ($ 2.100.000) correspondientes al sesenta por ciento (60%) de los gastos del proceso y de los honorarios de los integrantes del tribunal, según fueron decretados mediante auto 1, proferido en audiencia que tuvo lugar el 4 de noviembre de 1999, más el sesenta por ciento (60%) de los honorarios fijados al perito Héctor Triana Penagos, por valor de $ 300.000, los cuales fueron cancelados al auxiliar de la justicia por la parte actora, todo lo cual equivale al monto de $ 2.400.000.

Lo anterior, se reitera, sin perjuicio de la condena que se impondrá a la parte demandada, para que, junto con los intereses comerciales a la máxima tasa autorizada por la ley, reembolse a la demandante por la cantidad de gastos y honorarios del proceso que conforme a la ley ha debido cancelar al árbitro único diez días hábiles después de la audiencia de instalación del tribunal. A tal efecto, a continuación se liquida dicho reembolso y sus intereses.

Agencias en derecho

Se estiman en la cantidad de $ 1.000.000 y se imponen al Distrito Capital - Secretaría Distrital de Educación.

Total de costas y agencias en derecho

Conforme a las liquidaciones que preceden, el tribunal las cuantifica en la cantidad de $ 3.400.000.

La liquidación del reembolso de los gastos no pagados oportunamente por la parte demandada al tribunal y que fueron asumidos por la demandante

El tribunal accederá a lo solicitado por la parte actora, en conformidad con el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998, en el sentido de ordenar a la demandada que reembolse a la demandante el valor de los gastos y honorarios del proceso que esta pagó por aquella, incrementado en los intereses a la máxima tasa legal autorizada según se expone a continuación.

Así las cosas, sobre la cantidad de un millón setecientos cincuenta mil pesos ($ 1.750.000) que era de cargo de la parte demandada para asumir los costos y gastos del proceso, a continuación el tribunal tasará intereses de mora a la máxima tasa autorizada por la ley, incluida en el siguiente cuadro que contiene el cálculo de los mismos con estricta sujeción a las tasas contenidas en las resoluciones que al efecto ha expedido la (*)Superintendencia Bancaria:

Valor reembolsoPeríodo resoluciónTasaValor intereses
$ 1.750.00019 nov./992 dic./9936.19%$ 22.557
 3 dic./993 ene./200034.20%$ 50.832
 4 ene./20001º feb./200031.89%$ 42.811
 2 feb/20001º mar./200026.09%$ 35.025
 2 mar./20003 abr./200026.51%$ 40.673
 4 abr./20002 may./200026.42%$ 35.468
 3 may./20001º jun./200027.12%$ 37.708
 2 jun./20004 jul./200028.65%$ 43.956
 5 jul./20001º ago./200029.76%$ 38.525
 2 ago./20001º sep./200030.96%$ 44.532
 2 sep./20002 oct./200033.93%$ 48.803
 3 oct./20001º nov./200035.64%$ 49.554
 2 nov./20001º dic./200036.75%$ 51.098
 2 dic./20002 ene./200136.87%$ 54.800
 3 ene./20011 feb./200137.59%$ 52.266
 2 feb./20011 mar./200138.28%$ 49.554
 2 mar./200121 mar./200138.35%$ 34.844
Totales   $ 733.006

En consecuencia, se condenará a la parte demandada a pagar a la demandante la suma de dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil seis pesos ($ 2.483.006) correspondientes a los gastos y honorarios del proceso no pagados por el Distrito Capital - Secretaría Distrital de Educación a la señora María Ignacia Ariza de Querubín en forma oportuna, más los intereses a la máxima tasa autorizada por la ley, según quedó explicado.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir en derecho, las diferencias presentadas entre la señora María Ignacia Ariza de Querubín, parte convocante, y el Distrito Capital de Bogotá —Secretaría de Educación— parte demandada, así como los señores Julio Arévalo Cortés y Hernando López Gómez, llamados en garantía al proceso por la parte demandada, con ocasión del contrato de arrendamiento 134 de 1998, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar que entre el Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Educación como parte contratante, y la señora María Ignacia Ariza de Querubín, como contratista, se celebró el contrato de arrendamiento 134 de 1998, que el mismo fue prorrogado automáticamente y reformado por las partes el 19 de febrero de 1999.

2. Declarar, con fundamento en las consideraciones precedentes, que el antedicho contrato fue incumplido por la parte contratante, con perjuicio para la parte contratista.

3. Declarar que el contrato de arrendamiento 134 de 1998 terminó y no pudo ser ejecutada su prórroga en el año lectivo de 1999 por causas imputables a la parte demandada en el proceso.

4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar al Distrito Capital de Bogotá —Secretaría de Educación— a pagar a la señora María lgnacia Ariza de Querubín, la suma de siete millones setecientos diecisiete mil setecientos veinte pesos ($ 7.717.720) por concepto de lucro cesante e intereses por la suma de tres millones doscientos noventa y nueve mil ciento ochenta y siete pesos ($ 3.299.187), según la liquidación contenida en la parte motiva de esta providencia.

5. Por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, niéganse las objeciones por error grave formuladas contra el dictamen pericial practicado por el doctor Héctor Triana Penagos.

6. Absuélvese a los señores Julio Arévalo Cortés y Hernando López Gómez, llamados en garantía al proceso por el Distrito Capital de Bogotá —Secretaría de Educación— de toda responsabilidad por los hechos que motivan las condenas impuestas a la parte demandada en el proceso.

7. Se condena al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Educación a que, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de la presente providencia, pague a la señora María Ignacia Ariza de Querubín la suma de tres millones cuatrocientos mil pesos ($ 3.400.000) para cubrir el valor de las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho, en que resultó condenada, de acuerdo con la parte motiva de la presente providencia.

8. Se condena al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Educación, a que, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de la presente providencia, pague a la señora María Ignacia Ariza de Querubín la suma de un millón setecientos cincuenta mil pesos ($ 1.750.000) para rembolsar los gastos del proceso que de conformidad con el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998 le corresponde hacer más intereses moratorios de que trata la disposición legal mencionada por valor de setecientos treinta y tres mil seis pesos ($ 733.006).

9. La parte demandada pagará a la parte demandante sobre el valor de la condena que se le impone en el numeral cuarto por concepto de perjuicios, hasta cuando el pago se efectúe, intereses comerciales durante el término de seis meses, contados desde el siguiente día hábil al de la ejecutoria de este laudo, y moratorios después del vencimiento de este plazo.

10. Deniéganse las demás peticiones de la demanda.

11. En firme el laudo, el árbitro único procederá a protocolizar el expediente en una notaría del círculo de esta ciudad.

12. Protocolizado el laudo y liquidadas la totalidad de la cuentas del proceso, si hubiere algún remanente de gastos, este será reintegrado por iguales partes a la convocante y a la convocada.

13. Del presente laudo arbitral, expídanse sendas copias auténticas con constancia de mérito ejecutivo en los casos en que haya lugar con destino a las partes del proceso así como al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Notifíquese y cúmplase.

Leído como fue el presente laudo arbitral, se dio por terminada la audiencia, previa firma de las personas que tomaron parte en ella.

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