Laudo Arbitral

Medios Informáticos y Publicaciones, MIP Ltda.,

v.

Adminsitración Cooperativa Regional de Colombia, Coinco

Julio 18 de 2000

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil (2000)

Árbitro único: Héctor J. Romero Díaz.

Procede el tribunal, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del dieciocho (18) de julio de dos mil (2000), día y hora señalados por auto de seis (6) de julio del presente año, a dictar el laudo que en derecho corresponda en el proceso arbitral promovido por Medios Informática y Publicaciones, MIP Ltda., v. Administración Cooperativa Interregional de Colombia, Coinco Ltda.

1. Antecedentes

La Sociedad Medios Informática y Publicaciones Ltda., MIP Ltda., citó a la Sociedad Administración Cooperativa Interregional de Colombia, Coinco Ltda., para que mediante el trámite del proceso arbitral se hicieran las declaraciones y condenas a que se alude a continuación.

2. Pretensiones

1. Que la Empresa Administración Cooperativa Interregional de Colombia, Coinco Ltda., pague a Medios Informática y Publicaciones, MIP Ltda., la suma equivalente a $ 17.179.332.82, más los intereses moratorios sobre esta suma a la mayor tasa vigente. Así mismo, que se condene a Coinco Ltda., a pagar a MIP Ltda., los perjuicios sufridos en virtud del incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 342 de 1997, en relación con los proyectos 1007, 55 y 423. Finalmente, que se condene en costas a la convocada Coinco Ltda.

3. Hechos

Los supuestos fácticos base de las peticiones se compendian así:

3.1. Que entre Coinco Ltda., y MIP Ltda., se celebró el contrato 342 de 1997, el 17 de julio del mismo año, por valor de $ 133.583.129.

3.2. Que el objeto de dicho contrato fue la venta que MIP Ltda., hizo a Coinco Ltda., de unos equipos de sistemas para el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Engativá.

3.3. Que la forma de pago fue la siguiente, el 40% a la legalización de los documentos par (sic) su ejecución, lo cual efectivamente se hizo el 31 de julio de 1997, por valor de $ 50.185.800. Quedó pendiente el saldo del 60%, que se haría efectivo a la entrega de las actas parciales del contrato.

3.4. Que, en resumen, Coinco Ltda., debe a MIP Ltda., en razón de los proyectos 1007, 55 y 423, la suma de $ 17.179.332.82.

3.5. Igualmente, solicitó la convocante la práctica de medidas cautelares contra su convocada, medidas que oportunamente fueron negadas, por improcedentes, providencia contra la cual no se interpuso recurso alguno.

En cuanto a pruebas, la convocante “relacionó” las siguientes:

Contrato 342 de 17 de julio de 1997, comprobante de egreso 010938 de 31 de julio de 1997, facturas 3836, 3837, 3783, comunicación de 27 de noviembre de 1997 del doctor Francisco A. Valencia a Coinco Ltda.; comunicación de 30 de julio de 1998 del doctor Francisco A. Valencia a Coinco Ltda.

De igual manera, como prueba testimonial (sic), pidió interrogatorio de parte al representante legal de Coinco Ltda.

4. El proceso

4.1. La solicitud de arbitramento fue presentada al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 10 de noviembre de 1998 y admitida para su trámite, por esta entidad el 17 del mismo mes.

4.2. Sin embargo, este tribunal solo se pudo instalar el 9 de noviembre de 1999 y su primera audiencia de trámite se realizó el 9 de marzo de 2000, fecha desde la cual comenzó a correr el término de seis meses fijado por la ley para proferir el respectivo laudo (fls. 129 y ss., cdno. ppal.).

4.3. Los inconvenientes para que el tribunal no se instalara prontamente se debieron, fundamentalmente, a la sistemática inasistencia y solicitud de aplazamiento de las audiencias, especialmente por parte de Coinco Ltda.

4.4. Es importante anotar que la sociedad convocada, Coinco Ltda., a pesar de haber sido legalmente notificada, no asistió a la audiencia de conciliación convocada por el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio (fl. 22, cdno. 1), tampoco contestó ni hizo pronunciamiento alguno frente a la demanda que en su contra presentó la convocante. Más aún, después de haber solicitado en diversas oportunidades aplazamiento de las múltiples fechas señaladas para la audiencia de instalación del tribunal, a esta diligencia no concurrió legalmente la convocada, en virtud de que el poder otorgado a un profesional del derecho, al parecer suscrito por el representante legal de Coinco Ltda., (fl. 108 cdno. ppal.), carecía de la presentación personal que exige la ley, por lo cual no se le reconoció personería para actuar, (art. 65 inc. 2º, en concordancia con el 84 del CPC).

4.5. Pruebas

4.5.1. A pesar de que en la demanda no se hizo solicitud alguna en el sentido de que se tuvieran como tales, el tribunal decretó como pruebas, entre otras, las relacionadas por la Sociedad MIP Ltda., en su escrito inicial, (fl. 134, cdno. ppal.), a saber:

Contrato escrito 342/97, celebrado entre Coinco Ltda., y MIP Ltda., (fls. 1 a 13 del cdno. de pruebas); comprobante de egreso 010938 de 31 de julio de 1997 (fl. 14); las facturas 3836, 3837, 3783 (fls. 15, 20 y 24); comunicación de 27 de noviembre de 1997 de MIP Ltda., a Coinco Ltda., en la cual la primera le informa a la segunda que le adeuda más de $ 17.000.000 en razón de los proyectos 1007; 423 y 55, que forman parte del contrato 342/97 (fl. 26); comunicación de 30 de julio de 1998, también de MIP Ltda., a Coinco Ltda., requiriéndoles nuevamente para el pago de la deuda más los intereses (fl. 27); cuenta de cobro por $ 34.673.278 de 14 de octubre de 1997 de Coinco Ltda., a MIP Ltda. (fl. 16); comunicación de MIP Ltda., a Coinco Ltda., en la cual se hace referencia al “contrato” (sic) 1007/96 y se le informa que se le envían los siguientes documentos: acta de recibo del proyecto 1007 de 1º de septiembre de 1997; remisión 0901-1 (fl. 18); remisión 0821-1; acta de recibo de 10 de septiembre de 1997; acta de recibo de 14 de octubre de 1997, proyecto 1007 y factura 3836 (fl. 17); a folio 18 obra la remisión 0901-1, según la cual MIP, hace entrega a la Alcaldía de Engativá del proyecto 1007. En el mismo documento existe una nota según la cual “se deja constancia que queda pendiente el Kit opcional de CD ROM”. Igualmente, que se fijó cita para el viernes 10 de octubre a las 11:00 a.m., “para configurar y funcionamiento equipos”; a folio 19 obra el comprobante de egreso 012501 girado a MIP Ltda., por $ 16.121.485; a folio 21 aparece una cuenta de cobro de Coinco Ltda., a MIP Ltda., por el saldo del 60% del proyecto 55 en relación con el contrato 342/97 por $ 3.870.202; a folio 22 aparece la remisión 1017-2 del proyecto 55 con sello de recibido, sin observación alguna; a folio 23 obra remisión de 3 de septiembre de 1997 en la cual se lee que se envían documentos del proyecto 423, remisión 0819-1 y certificado CHS Colombia, de MIP Ltda., a Coinco Ltda.; a folio 0819-1 aparece la remisión 0819-1 de 19 de agosto de 1997, de los proyectos 423; 494 y 631 con firma de recibido de Coinco. Finalmente, obran los certificados de existencia y representación legal de Coinco Ltda., cuyo Representante Legal es José Policarpo Reuto Manosalva (fl. 69 cdno. ppal. 1) y de MIP Ltda., cuyo representante legal es Francisco Antonio Valencia (fl. 30 vto cdno. de pruebas).

4.5.2. Además, el tribunal dispuso la práctica de interrogatorio de parte que debía responder el representante legal de Coinco Ltda. (fl. 134 cdno. ppal.), no obstante la impropiedad en que se incurrió en la demanda al indicarlo como declaración de carácter testimonial. Para esta prueba, en su oportunidad se señalo fecha y hora. Empero, no concurrieron ni el apoderado de la parte convocante MIP Ltda., quien debía interrogar, como tampoco el representante legal de Coinco Ltda., quien debía responder el interrogatorio, tal como consta en el expediente (fl. 143 cdno. ppal.).

4.6. Concluida la etapa probatoria o de instrucción del proceso, el tribunal, en cumplimiento del artículo 154 del Decreto 1818 de 1998, dispuso oír a las partes en alegatos de conclusión para lo cual señaló como fecha el 25 de abril del presente año, a las diez de la mañana (10:00 a.m.).

A la hora indicada, el tribunal se instaló (fl. 149, cdno. ppal.). La parte convocante MIP Ltda., se presentó a la audiencia a las 10:25 a.m., el árbitro dispuso oírla, en razón de lo cual la apoderada sustituía, por espacio de 5 minutos, dio lectura a un escrito en el cual expresa que las pretensiones tienen cabida por cuanto han quedado evacuadas todas (sic) las pruebas decretadas por el tribunal, ha quedado demostrado el incumplimiento de la convocada, el contrato produce los efectos del artículo 1602 y siguientes, del Código Civil, el incumplimiento de Coinco Ltda., hace recaer a la convocada en la obligación de pagar intereses moratorios; además debe condenársele al pago de las costas de la presente agencia (sic). Pidió que como la convocante pagó los honorarios que correspondían a la convocada, dentro de la condena en costas se le condene al reembolso de estos, más los intereses de mora.

La sociedad convocada Coinco Ltda., no se presentó a la audiencia de alegatos ni allegó escrito alguno en tal sentido.

En la misma audiencia se señaló el 1º de junio de 2000 a las 10:00 a.m., para proferir el laudo arbitral. Sin embargo, en esta fecha, el tribunal, para mejor proveer y en aras de dictar un fallo ajustado a la realidad dispuso, de oficio, que se allegaran algunos documentos, tal como obra en el expediente y señaló el seis (6) de julio a las 10:00 a.m., del presente año como nueva fecha para proferir el laudo. Llegados este día y hora, en razón de que no existía en el expediente prueba alguna que demostrara haberse pagado el impuesto de timbre del contrato 342/97 que dio origen a este proceso, ordenó el tribunal dar cumplimiento a las disposiciones de carácter tributario, en concreto a los artículos 543 del Decreto 624 de 1989 y 43 de la Ley 6ª de 1992, sin lo cual no es viable tener como prueba el documento que contiene el mencionado contrato.

5. Consideraciones del tribunal de arbitramento

En virtud de que no existe causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y los presupuestos procesales concurren a plenitud, es preciso proferir laudo, en derecho, que resuelva el asunto de fondo.

5.1. Pretende la actora MIP Ltda., que se condene a la demandada Coinco Ltda., a pagar $ 17.179.332.82, más intereses moratorios, como consecuencia del incumplimiento en que, al decir de la primera, incurrió la segunda, en las obligaciones nacidas del contrato escrito 342 de 1997, que como se advirtió, obra en el expediente. Así las cosas, sea lo primero anotar que la eventual responsabilidad en que hubiera podido incurrir la demandada tuvo su origen en el incumplimiento de un contrato, esto es, se trata de una responsabilidad civil concreta, aplicable a los negocios comerciales, por reenvío que en tal sentido hace el artículo 822 del Código de Comercio. Se trata de una responsabilidad jurídica concreta, para algunos llamada contractual, en virtud de que el daño que se afirma se ha ocasionado, proviene, según la actora, del incumplimiento de las obligaciones surgidas de un negocio jurídico. En otros términos la responsabilidad u obligación, de reparar tiene como causa la insatisfacción de una obligación preexistente: El no pago del precio completo por parte de Coinco Ltda., según se afirma, conforme al contrato de compraventa mencionado.

5.1.1. Elementos estructurales de la responsabilidad concreta

En este orden de ideas, para dilucidar con claridad el asunto puesto a consideración de este tribunal, es preciso comenzar por señalar que para que tenga lugar o se presente responsabilidad concreta, es indispensable que concurran los elementos estructurales que la conforman, a saber: En primer lugar es necesario que exista una obligación adquirida con antelación a su incumplimiento y surgida de un negocio jurídico. La responsabilidad, pues, “se genera durante la ejecución o desarrollo del vínculo jurídico que se manifiesta en el incumplimiento de una prestación”. Y, coherentemente, la obligación así nacida debe aparecer demostrada o probada y, en principio, la carga probatoria, cuando de responsabilidad concreta se trata, “corresponde al demandante o víctima del perjuicio, en aplicación del artículo 1757 del Código Civil”, según el cual, “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta, en concordancia con el primer inciso del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil” (cfr., Responsabilidad civil general y del notario, de nuestra autoría. Librería del Profesional, 2000, pág. 23).

De otro lado, también es elemento de la responsabilidad concreta el factor de imputación, que en materia concreta o contractual es: la culpa, que para el caso sub judice es la leve, conforme a la triclasificación que sobre este elemento hace el artículo 63 del Código Civil. Y esto, en virtud de que el artículo 1604 de la misma obra establece que se responde hasta la culpa leve cuando el contrato reporta beneficios para ambas partes —acreedor y deudor— como sucede en un contrato de compraventa, que es precisamente el negocio celebrado entre las partes en contienda en este proceso. “Por lo demás, en la responsabilidad concreta, en principio, la carga de la prueba de la culpa o mejor la causal de exoneración compete al deudor, es decir, se presume la culpa, por lo menos en las obligaciones de resultado, como es la que adquiere el vendedor, quien debe entregar y tradir(sic) la cosa vendida; y el comprador quien, forzosamente, ha de pagar el precio convenido, no solo hacer lo posible por cancelarlo. En otros términos, en casos como este, no tiene aplicación el principio general de Derecho Probatorio, consagrado en el citado artículo 1757 del Código Civil, según el cual onus probandi incumbit actori; reus excipiendi fit actor.

“Por su parte. Valencia Zea señala:

“... en lo que se relaciona con el Código Civil y con las legislaciones modernas, la culpa del deudor se realiza automáticamente por el hecho de no cumplir su obligación ... el deudor no es responsable del incumplimiento cuando se debe a una imposibilidad absoluta, vale decir, a fuerza mayor o caso fortuito; pero en todos los demás casos responde del incumplimiento.

“... la noción de culpa contractual (especialmente culpa del deudor) solo puede configurarse en la forma expresada, es decir, como el hecho de incumplir o cumplir tardíamente.

“Lo anterior es la perfecta aplicación del artículo 1602 del Código Civil, conforme al cual, toda obligación contraída conforme a la ley obliga a las partes, dicho de otra manera, las obligaciones se contraen para cumplirse” (ob. cit., pág. 25).

Sobre este aspecto tiene dicho la Corte Suprema que “... el incumplimiento de una obligación es un hecho antijurídico que por sí mismo entraña una culpa del deudor (Cas. civ. 13, dic./62).

El anterior criterio jurisprudencial ha sido unánime y reiterado, cuando se trata de obligaciones de resultado.

Pues bien, se desciende al asunto que ahora ocupa la atención del tribunal, para analizar si en el expediente se encuentran acreditados los requisitos a que se ha aludido en este numeral.

En este orden de ideas, se allegó el escrito que contiene los términos del contrato celebrado entre la demandante MIP Ltda., y Coinco Ltda. Basta para ello observar el documento que recoge el contrato de compraventa entre las partes (fls. 1 al 13 del cdno. de pruebas), según el cual, la primera se obligó para con la segunda a venderle los equipos que se relacionan, conforme aparece a los folios 1 a 11 del cuaderno de pruebas. Coinco Ltda., como contraprestación o pago de los equipos, se obligó a pagar a MIP la suma de $ 133.583.129.

De otra parte, afirma la primera que de la suma anterior, Coinco Ltda., le quedó debiendo $ 17.179.332.82.

Cuando de responsabilidad concreta se trata, conforme a lo discurrido en esta providencia, si el asunto que se debate gira en tomo a un contrato de compraventa, acreditada la obligación de pagar el precio, al vendedor le basta afirmar que la obligación de pagar fue incumplida por el deudor —comprador—. Esta negación indefinida está exenta de demostración, pues, de un lado, conforme a lo expuesto, como se trata de una obligación concreta de resultado, tanto la causal de extinción de la misma, como el factor de imputación, competen al deudor. Además, al comprador demandado deudor, se le presume la culpa, dado, que en este caso no tiene aplicación el postulado de Derecho Probatorio según el cual al actor corresponde la carga probatoria, por tratarse de una obligación contractual y de resultado. Luego, está aprobado el segundo requisito: la culpa.

A lo anterior se agrega la clarísima preceptiva de que la prueba del pago corresponde al deudor. Así, basta la aseveración del actor de que no se ha pagado —negación indefinida— para tener por probado el incumplimiento de la Sociedad demandada.

5.1.2. Legitimación activa para demandar la resolución o el cumplimiento del contrato

Pese a lo anterior cabe advertir que, cuando del ejercicio de la acción consagrada en el artículo 1546 del Código Civil se trata, como ocurre en este caso, en donde se ha demandado el cumplimiento de la obligación forzada en razón del incumplimiento de la demandada, no basta con que se den las exigencias analizadas en el numeral anterior, sino además, se requieren otros supuestos o requisitos legales concurrentes de cuyo análisis se ocupa a continuación esta providencia.

El artículo 1546 del Código Civil consagra la acción de resolución de los contratos bilaterales, como la compraventa, en los cuales existen obligaciones recíprocas, cuando hay incumplimiento de las mismas. Esta norma faculta al contratante que haya cumplido o se haya allanado a cumplir, para demandar a su contraparte incumplida, a su arbitrio, la resolución del contrato o el cumplimiento forzado del negocio, en ambos casos, con indemnización de perjuicios.

En virtud del principio según el cual “quien puede lo más, puede lo menos”, la opción que otorga el artículo 1546 del Código Civil, procede tanto en el caso de incumplimiento total, como en el caso de incumplimiento parcial relevante, como cuando se ha dejado de pagar una parte del precio, como, según la demanda, ha ocurrido en el caso sub lite.

Empero, conforme a los artículos 1546 del Código Civil —norma general en materia civil o al 1930— norma especial para la compraventa; o el 870 norma general para los contratos mercantiles o el 925, norma especial para la compraventa comercial, la demanda de resolución o de cumplimiento, no procede sino en la medida que uno de los contratantes haya cumplido íntegramente con las obligaciones negociales o se haya allanado (estado listo) a cumplirlas en la forma, plazo y condiciones pactadas. Solo en este caso estará legitimado para demandar a su contraparte en el contrato, cuando esta no ha cumplido oportunamente con lo pactado y en la forma acordada. Si quien demanda tampoco ha cumplido, la parte demandada puede proponer con éxito la excepción de contrato no cumplido —exceptío non adimpleti contractos— consagrada en el artículo 1609 del Código Civil, en virtud de que ambos contratantes se encontrarían en mora. Lo anterior es lo mismo que afirmar, a contrario sensu, si el demandante no ha cumplido sus obligaciones, el demandado no está en mora de cumplir las suyas.

En suma, en un contrato bilateral, como el que ha dado origen a la presente litis, está legitimada para pedir la resolución o el cumplimiento del negocio, con indemnización de perjuicios, la parte que ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones, contra la que no ha cumplido las suyas.

Sobre el particular, ha dicho la jurisprudencia que “El Código Civil es afirmativo y contundente en ubicar el fenómeno de la resolubilidad o del cumplimiento del contrato en cabeza de la parte que ha estado puntual para atender las prestaciones a su cargo ...

Se cierra, por tanto, el camino para resolver un contrato bilateral o para exigir su cumplimiento si se está frente a una situación sustancial definida de desatención recíproca y simultánea ...

Si los prometientes se apartan de ese designio contractual no les será permitido acudir al artículo 1546 si se trata de un negocio civil o al artículo 1870 del Código de Comercio, si mercantil ...”. (resaltado fuera de texto. CSJ, Casación Civil, 16 de julio de 1985, magistrado ponente José Alejandro Bonivento Fernández).

Como se ve, para que el demandante adquiera legitimación sustancial, es decir, “no cierre el camino” para demandar resolución o cumplimiento, ha de cumplir con la carga probatoria de demostrar que dio cumplimiento a sus obligaciones, o que se allanó a cumplirlas, es este requisito esencial para poder demandar con base en el incumplimiento de su contraparte, conforme al artículo 1546 del Código Civil. Si el actor no demuestra que cumplió, carece de legitimación para probar que su demandado incumplió, dado que si el demandante no ha cumplido sus obligaciones, hasta el momento en que el otro incumplió, la obligación de este está en suspenso. Lo anterior encuentra fundamento no solo en el artículo 1546 del Código Civil, sino el 1757 de la misma obra y el 177 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que cuando el actor afirma haber cumplido con sus obligaciones, está haciendo una afirmación definida, luego debe dar cumplimiento a las normas recientemente citadas, según las cuales “ Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.

Así, el demandante, para estar legitimado, o sea pretender la resolución o cumplimiento, con perjuicios, con base en el incumplimiento de su contraparte, demandado, ha de acreditar el primero que dio cumplimiento a las obligaciones adquiridas a través del contrato o negocio jurídico.

Expuestas las cosas de la manera como han quedado consignadas, no queda duda que la ley limitó el ejercicio de las acciones consagradas en el artículo 1546 del Código Civil al previo cumplimiento y prueba por el actor de haber cumplido o estado dispuesto a cumplir con sus obligaciones. Este aserto, fluye, sin la menor dubitación, del aludido artículo 1546 al consagrar la resolución, solo para el “caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado”.

Luego, se reitera, el ejercicio de la acción de resolución o cumplimiento supone que quien la pretenda o intente, pruebe en el proceso haber cumplido o estado listo a cumplir, esto último, en caso de que no le hubiere sido posible cumplir solo. Dicho de otra manera, no basta para tener legitimación o para usar estas acciones, con que el demandado haya incumplido, sino que además, compete al demandante acreditar su cumplimiento, conforme a fundamentales principios de derecho probatorio (C.C., arts. 1757; CPC, 177).

Sobre el particular tiene establecido la Jurisprudencia de la Corte Suprema que solo puede pedir la resolución del contrato quien haya cumplido, “si el demandante de la resolución de un contrato se halla en mora de cumplir alguno de los compromisos que del pacto surgieron para él, carece de derecho para obtenerla, puesto que precisamente la ley autoriza el ejercicio de esta acción resolutoria a la parte que ha cumplido contra el contratante moroso” (se resalta. CSJ, Cas. civ., ago. 12/74).

En otra ocasión, expresó la misma corporación que es presupuesto esencial para impetrar la acción resolutoria, el cumplimiento de las obligaciones por parte del actor. En efecto, dijo la Corte: “... al fijar el verdadero sentido y alcance del artículo 1546 del Código Civil, en más de un centenar de fallos ha sostenido que constituyen presupuestos indispensables, para el buen suceso de la acción resolutoria emanada de la condición resolutoria tácita, los siguientes: ... b) que quien promueva la acción haya cumplido con sus obligaciones o que haya estado dispuesto a cumplirlas ...

“... el titular de la acción resolutoria indefectiblemente lo es el contratante cumplido o que se ha allanado a cumplir con las obligaciones que le corresponden ... La acción resolutoria contractual requiere para su viabilidad y procedencia ... que el demandante haya cumplido los deberes que le impone la convención o cuando menos que se haya allanado a cumplirlos en la forma y tiempo debidos” (se resalta. Cas. Civ. ene. 27/81).

Descendiendo al asunto sub examine, es preciso entonces, en primer lugar, ver cuáles eran las obligaciones que tenían las partes, especialmente el demandante; y, en segundo lugar, verificar si la misma sociedad actora MIP Ltda., acreditó o probó que cumplió con todas sus obligaciones hasta el momento en que su demandada Coinco Ltda., incumplió. Ahora, si las obligaciones eran de cumplimiento simultáneo, la actora ha debido demostrar que se allanó, es decir, estuvo lista a cumplir las que le correspondían. De no aparecer probado en el expediente ni lo primero ni lo segundo, la firma demandante o convocante carecería de legitimación sustancial, en virtud de que faltaría un presupuesto axiológico de la pretensión, predicable, como se dijo, tanto para la resolución como para el cumplimiento.

Para llegar a una conclusión jurídicamente acertada, es esencial verificar en el contrato las obligaciones que la firma demandante MIP Ltda., tenía que cumplir antes de que sobreviniera el incumplimiento en el pago alegado por parte de Coinco Ltda. Así mismo, se habrá de constatar si la actora probó el cumplimiento de sus obligaciones para efectos de la legitimación aludida.

Obligaciones de la sociedad contratista

Fluye del contrato 342/97, celebrado el 17 de julio de 1997, entre las sociedades demandante y demandada en este proceso, que la contratista MIP Ltda., —demandante, vendió— a pesar de haberse expresado impropiamente que se “comprometía a vender”, unos equipos de sistemas para el Fondo de Desarrollo Local de Engativá (fl. 1, cdno. de pruebas). En la cláusula segunda del contrato se especificaron los equipos, discriminados en los proyectos números 1007, 423, 704, 55, 071, 165, 251, 494, 631, 682 y 798.

En la cláusula tercera se estableció que el valor del contrato era la suma de $ 133.583.129, que se pagaría así (cláusula cuarta): El 40% a la legalización de los documentos para su ejecución y, el saldo, a la entrega de actas parciales del contrato en el Almacén del Fondo de Desarrollo Local de Engativá, previo visto bueno de la persona designada por Coinco Ltda., y presentación de la respectiva cuenta de cobro.

El contratista, esto es, MIP Ltda., se obligó a entregar los elementos objeto del contrato dentro del término de 30 días contados a partir del recibo del anticipo.

Además de la entrega de los equipos referidos y de las obligaciones propias de la naturaleza del contrato (C.C., arts. 1501 y 1603), la contratista MIP Ltda., en la cláusula novena del contrato, se comprometió para con Coinco Ltda., a otorgar las siguientes garantías: Diferente a la garantía mínima presunta, que deberá constituir a favor de Coinco Ltda., y/o Fondo de Desarrollo Local de Engativá, en una compañía de seguros legalmente constituida en el país, dentro de los tres días siguientes a la firma del contrato, que cubra los siguientes riesgos: De cumplimiento; de buen manejo y correcta inversión del anticipo de calidad.

Se obligó además la contratista MIP Ltda., (cláusula décima primera del contrato) a: “... garantizar la calidad de los elementos de acuerdo con los artículos 11, 12, y 13 del estatuto del consumidor, aportar licencias de todos los software y copias de las licencias de importación y/o certificación de la importación de todos los equipos objeto del presente contrato ...”. (fl. 12, cdno. de pruebas).

Es oportuno recordar que el saldo del 60% que Coinco Ltda., debía pagar a MIP Ltda., se haría “a la entrega de actas parciales del presente contrato”. Este pago quedó sometido además, al desembolso que realizara el Fondo de Desarrollo Local de Engativá de acuerdo con el convenio 008/96 (interno de Coinco Ltda., 419/96).

Luego de traer a colación las obligaciones contractuales adquiridas por la Sociedad Contratista y convocante de este tribunal, MIP Ltda., se procede a verificar si estas debían cumplirse antes del pago del saldo restante (60%) por parte de la Sociedad Contratante Coinco Ltda.

Se reitera, que conforme a la cláusula sexta del contrato, la Sociedad contratista MIP Ltda., tenía treinta (30) días a partir del recibo del anticipo, es decir, a partir del 31 de julio de 1997, (fl. 14 cdno. de pruebas) para entregar los elementos objeto del contrato. Y, el pago del 60% se haría contra la entrega de las actas parciales de cumplimiento del mismo.

De este modo, acorde con la cláusula novena del contrato 342/97 la contratista MIP Ltda., debía prestar todas las garantías mucho antes de la oportunidad señalada para exigir el pago, pues, se acordó que las primeras se constituirían dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato, suscrito el 17 de julio de 1997.

Conforme a lo expuesto, respecto a la clase de responsabilidad en este proceso, correspondía la carga de probar el cumplimiento de sus obligaciones a la parte actora, MIP Ltda., antes del incumplimiento de la convocada Coinco Ltda.

No obstante, fluye sin la menor dubitación, como verdad procesal inconcusa(sic), que existió desinterés absoluto en la práctica de la prueba pedida por MIP Ltda., convocante del tribunal, a lo cual se agrega que no se solicitó prueba alguna para demostrar que la misma cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato atrás mencionadas. Tampoco se allegó la propuesta presentada por la firma contratista, parte integral del contrato, conforme a la cláusula octava del mismo.

No acreditó MIP Ltda., —demandante—, si cumplió la cita el 10 de octubre de 1997 a las 11:00 a.m., para configurar y poner en funcionamiento los equipos a que se refiere la remisión 0901-1 que obra en el expediente; tampoco si se hizo entrega del kit opcional de CD ROM que quedó pendiente, como consta en la misma remisión (fl. 18, cdno. de pruebas).

De otra parte, no se allegaron al expediente todas las actas de entrega de los proyectos a que alude el contrato. En efecto, obran solo las de los proyectos 1007 (fl. 18 cdno. pruebas); 55 (fl. 22 cdno. pruebas); 423, 494 y 631 (fl. 25 cdno. pruebas). Faltaron las de los proyectos 704, 071, 165, 251, 682 y 798. Tampoco aparece demostrado que se haya hecho entrega de las licencias de software y de los certificados de importación.

Lo dicho hubiera sido suficiente para colegir que la sociedad convocante o demandante MIP Ltda., no estaba legitimada para demandar el cumplimiento del contrato 342/97 celebrado con Coinco Ltda., del que da cuenta esta providencia y, consecuentemente, que la actora tampoco podía demandar perjuicio alguno de su demandada.

No obstante, el tribunal, en aras de indagar la verdad real y con el objeto de proferir una decisión acorde con el derecho objetivo, haciendo uso de las facultades que le otorgan los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, decretó de oficio las pruebas a que se refiere el auto de 1º de junio de 2000, esto es, si MIP Ltda., dio cumplimiento a las obligaciones de entregar los equipos de sistema para el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, en relación con los proyectos 1007, 423, 704, 55, 071, 165, 251, 494, 631, 682 y 798; si MIP Ltda., constituyó las garantías de cumplimiento, buen manejo y correcta inversión del anticipo y de calidad; si conforme a los artículos 11, 12 y 13 del estatuto del consumidor garantizó la calidad de los elementos a que se refieren los proyectos mencionados; si entregó al Fondo de Desarrollo Local de Engativá las licencias de todos los Software y copias de las licencias de importación y/o certificación de la importación de todos los equipos objeto del contrato; si cumplió la cita del 10 de octubre de 1997 a las 11:00 a.m., para configurar y poner en funcionamiento los equipos a que se refiere la remisión 0901-1 y si hizo entrega del Kit opcional de CD-ROM que quedó pendiente; si entregó los elementos a que se refieren los proyectos 704, 071, 165, 251, 682 y 798. Se dispuso igualmente que MIP Ltda., allegara la propuesta y los demás documentos que se hubieren cruzado para dar cumplimiento al contrato (acta 7, fls. 152,153 y 154).

El Fondo de Desarrollo Local de Engativá no informó si MIP Ltda., dio cabal cumplimiento a las obligaciones de entregar los equipos, en desarrollo del contrato 342/97; tampoco si se constituyeron las garantías de cumplimiento, buen manejo y correcta inversión del anticipo y de calidad; tampoco si conforme al estatuto del consumidor se garantizó la calidad de los elementos a que se refiere el contrato; tampoco si MIP Ltda., entregó al Fondo Local de Engativá las licencias de todos los software y copias de licencias de importación y/o certificados de importación, conforme a las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993. Tampoco se respondió a los numerales 5º y 6º del decreto de pruebas de oficio (fl. 153) en el sentido de si MIP Ltda., cumplió la cita el 10 de octubre de 1997 a las 11:00 a.m., para configurar y poner en funcionamiento los equipos a que se refiere la remisión 0901-1 y si hizo entrega del kit opcional de CD-ROM que quedó pendiente (fl. 18 cdno. de pruebas) y si se entregaron los elementos a que se refieren los proyectos 704, 071, 165, 251, 682, 798 a que alude el contrato 342/97.

Sin embargo, la actora MIP Ltda., aportó el 7 de junio de 2000, conforme se dispuso en el mismo auto del 1º del mismo mes (fl. 153, in fine) las siguientes pruebas: Cotización de equipos y suministros (propuesta) de 7 de julio de 1997 de MIP Ltda., a Coinco Ltda., en 24 folios.

A folio 73, 74, 75, y 76 del expediente, aparecen algunas cartas de recomendación o referencias expedidas para MIP Ltda., y/o certificados de importación de los equipos.

Se allegó (fl. 91) la póliza 6056487 expedida el 24 de julio de 1997, para garantizar el cumplimiento y buen manejo del anticipo; a folio 92 obra la póliza 6056489 que garantiza la calidad de los equipos, en ambas el beneficiario es Coinco Ltda. Estas garantías fueron otorgadas por el término convenido, no obstante, no aparece prueba de su entrega a la parte beneficiaria.

Aparecen en el expediente, allegadas en razón de la prueba oficiosa, las actas de entrega de todos los proyectos a que se refiere el contrato 342/97.

Significa lo anterior, que si bien es cierto el Fondo de Desarrollo Local de Engativá no informó al tribunal si MIP Ltda., había dado cumplimiento a la obligación de entregar los proyectos a que se refiere el numeral 1º del decreto de pruebas de oficio (fl. 153), con los anexos aportados, queda demostrada esta obligación.

A folio 78 aparece una comunicación de CHS importaciones, dirigida a MIP Ltda., donde se expresa remitir algunos documentos de importación —fotocopias la mayoría ilegibles—.

En efecto, obran a folio 79 a 90, pero en ninguna de tales copias aparece que hayan sido recibidas por el Fondo Local de Engativá o por Coinco Ltda., razón por la cual, sin duda alguna, fluye que no se probó en el proceso que se hayan entregado al Fondo de Desarrollo Local de Engativá, las licencias y/o certificados de importación de los equipos.

Algunos documentos (fls. 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 72) fueron aportados en idioma extranjero —inglés—, por lo cual no pueden ser apreciados como prueba, en virtud de lo dispuesto por el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, como asunto que reviste trascendencia definitiva en la decisión que habrá de tomarse en este proceso, desde el punto de vista probatorio, es el que tiene que ver con el valor demostrativo del contrato que dio origen a las obligaciones y a la responsabilidad surgida de su incumplimiento, en concreto es el aspecto que alude al pago del impuesto. Tiene este que aparecer acreditado de manera fehaciente, en forma legal, de lo contrario le está prohibido al juzgador y, en general, a cualquier funcionario público, dar valor demostrativo al documento que, conforme a normas fiscales, esté sujeto al pago de impuesto, mientras no se demuestre la cancelación del mismo. Así lo dispone el artículo 543 del Decreto 624 de 1989, modificado por el artículo 43 de la Ley 6ª de 1992 y el Decreto 2587 de 1999.

Pues bien, como en el asunto sub judice, a pesar del esfuerzo realizado por el tribunal (auto de jul. 6/2000) para que se allegara la prueba de haberse pagado el impuesto de timbre, esta no se aportó al proceso, dado que los documentos que obran a folios 160 a 169 del cuaderno principal, allegados en razón de un segundo decreto de pruebas de oficio, no sirven, en lo más mínimo, para demostrar el cumplimiento de la obligación tributaria, dado que no provienen del acreedor —Administración de Impuestos Nacionales— ni de consignación en banco alguno autorizado para recibir dicho pago, carece de todo valor demostrativo el escrito que contiene el contrato 342/97, que obra a folios 1 a 13 del cuaderno de pruebas 1.

En efecto, a folio 163 del cuaderno principal obra fotocopia del comprobante de egreso 010938 de 31 de julio de 1997, allegada como consecuencia de la prueba de oficio, en ella aparece que Coinco Ltda., dedujo a MIP Ltda., como impuesto de timbre del contrato origen de este proceso, la suma de $ 575.789. Nótese que este documento ya se encontraba en el expediente (fl. 14 cdno. de pruebas). Se allegaron, igualmente, dos fotocopias de declaración de IVA de MIP Ltda., y cuatro fotocopias de relación contable, sin firma alguna, según se afirma, de la misma parte actora.

Empero, ninguno de los documentos anteriores sirve para acreditar el pago de los impuestos, que fue precisamente lo que ordenó este tribunal en auto de 6 de julio (fl. 158), cuando dispuso que se allegara al proceso “el recibo oficial correspondiente que demuestre el pago del mencionado impuesto. Y, el pago, para que sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo o a la persona autorizada para recibir por él, conforme a la ley, con mucha mayor razón si se trata de pago de impuestos al Estado. Al contrario, el pago hecho a persona no legitimada carece de valor y, por lo mismo, el deudor continúa obligado a satisfacerlo, desde luego, sin perjuicio del derecho de repetición (C.C., arts. 1634 y ss.).

Conforme a lo anterior, no puede darse por demostrado el negocio jurídico que se afirma fue incumplido por la sociedad demandada. La carencia de este otro presupuesto, unida a las demás falencias precedentemente analizadas, conduce necesariamente a negar las peticiones de la demanda y, desde luego, a hacer las restantes declaraciones consecuenciales, como en efecto se hará.

En mérito de lo expuesto, el suscrito árbitro designado para dirimir las controversias surgidas entre Medios Informática y Publicaciones MIP Ltda., como demandante, y Administración Cooperativa Interregional de Colombia Coinco Ltda., administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Negar las peticiones de la demanda presentada por medios informática y Publicaciones MIP Ltda., contra Administración Cooperativa Interregional de Colombia Coinco Ltda., en relación con el contrato 342/97, suscrito entre ellas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Condenar en costas y perjuicios a la demandante Medios Informática y Publicaciones MIP Ltda. Liquídense. Ténganse en cuenta para estos efectos los gastos y honorarios pendientes de reembolso por parte de Coinco Ltda., a MIP Ltda., conforme al artículo 144 del Decreto 1818 de 1998. Háganse las compensaciones a que hubiere lugar.

3. Por secretaría, remítase copia del presente laudo a la Procuraduría General de la Nación y entréguese copias auténticas del mismo a las partes o sus apoderados.

4. Una vez ejecutoriado el presente laudo, procédase a la protocolización del expediente completo en una notaría del círculo de esta ciudad. Cumplido lo anterior, devuélvase a la parte que consignó, el saldo de la partida destinada para gastos de funcionamiento y protocolización, si fuere el caso.

Notifíquese y cúmplase.

Terminada la lectura de las partes relevantes de la parte motiva de este laudo, así como toda su parte resolutiva, en audiencia, quedan las partes notificadas en la misma. Se levanta la sesión.

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