Tribunal de Arbitramento

Mina Canales Limitada

v.

Interamerican Coal N.V. y C.I. Exportadora Interamerican Coal Colombia S.A.

Septiembre 9 de 2008

LAUDO ARBITRAL

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil ocho (2008).

El Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir en derecho las controversias jurídicas suscitadas entre MINA CANALES LIMITADA e INTERAMERICAN COAL N.V. y C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., profiere el presente laudo arbitral después de haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales previstas en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, la Ley 446 de 1998 y en el Código de Procedimiento Civil, con lo cual decide el conflicto planteado en la demanda, la contestación y las correspondientes réplicas.

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES

1. Partes y representantes.

La parte convocante en el presente proceso está constituida por la sociedad MINA CANALES LIMITADA. Se encuentra legalmente representada por EFRAÍN TRIANA NOVA, condición que consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, obrante a folios 14 a 15 del Cuaderno Principal Nº 1. Su apoderado judicial es el Doctor JAIRO GÓMEZ AFANADOR, a quien se le reconoció personería para actuar en el presente proceso, de conformidad con el poder obrante a folio 13 del mismo cuaderno principal.

La parte convocada está compuesta por:

La sociedad INTERAMERICAN COAL N.V. Se encuentra legalmente representada por la sociedad INTER AMERICAN COAL HOLDING N.V. sociedad que a su vez está está representada por el señor Adrianus Gerardus Theodorus Antonius Gommers, Vicepresidente - Director, condición que consta en el registro mercantil de la empresa, expedido por la Cámara de Comercio e Industria de Aruba, documentos que obran a folios 56 a 70 del Cuaderno Principal Nº 1. Su apoderada judicial es la doctora LILIANA CORAL BARAHONA, a quien se le reconoció personería para actuar en el presente proceso, de conformidad con el poder obrante a folio 150 del Cuaderno Principal Nº 1.

La sociedad C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. Se encuentra legalmente representada por el señor Adrianus Gerardus Theodorus Antonius Gommers, condición que consta en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. Su apoderada judicial es la doctora LILIANA CORAL BARAHONA, a quien se le reconoció personería para actuar en el presente proceso, de conformidad con el poder obrante a folio 221 del Cuaderno Principal Nº 1.

2. El pacto arbitral.

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra contenido en la cláusula 21 del denominado “Contrato Confidencial Internacional de Suministro de Carbón Nº 48-2005 Buenaventura” suscrito el 21 de diciembre de 2004, documento obrante a folios 1 a 14 del Cuaderno de Pruebas Nº 1. La cláusula compromisoria en cita es del siguiente tenor:

“CLÁUSULA 21. - CLÁUSULA COMPROMISORIA.

Las partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relación con este contrato, incluyendo, pero sin limitarse a las que se deriven de su celebración, cumplimiento o terminación, que no pueda ser resuelta amigablemente entre ellas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la solicitud cursada por escrito por una de las partes a la otra, se someterá a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, que estará compuesto por tres (3) árbitros, que funcionará en la ciudad de Bogotá en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá a cuyas reglas, además, deberá sujetarse y fallará en derecho. Los árbitros serán designados de común acuerdo por las partes y en caso de no existir consenso en el nombramiento, delegan expresamente la facultad de designar los árbitros en el mencionado Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá”. (Folio 7 del Cuaderno de Pruebas Nº 1).

3. Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros y etapa introductoria del proceso.

La integración del Tribunal de Arbitramento convocado, se desarrolló de la siguiente manera:

La demanda fue presentada junto con todos sus anexos el día 17 de agosto de 2006 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que en desarrollo de las disposiciones procesales correspondientes y del pacto arbitral invitó a las partes a la reunión de designación de árbitros, la cual se llevó a cabo el 28 de agosto de 2006, sin la concurrencia de la sociedad Interamerican Coal N.V., única parte convocada en ese momento.

La anterior circunstancia llevó a que la parte convocante solicitara la fijación de una nueva fecha para surtir la designación de común acuerdo. Adicionalmente solicitó que en caso de no ser posible lo anterior, se procediera a la designación mediante sorteo público, tal como consta en el pacto arbitral. El Centro de Arbitraje fijó el 4 de septiembre de 2006 a las 8:00 a.m. para la realización de la nueva audiencia, oportunidad en la que nuevamente no asistió la parte convocada Interamerican Coal N.V. En consecuencia, por solicitud de la parte convocante, la designación se hizo mediante sorteo público, recayendo en los doctores JULIO BENETTI SALGAR, ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO y LUIS FERNANDO LÓPEZ ROCA, como árbitros principales, y en los doctores JORGE SANTOS BALLESTEROS, MARÍA CLARA MICHELNSEN SOTO y JORGE IVÁN VILLEGAS MONTOYA, como suplentes. Los doctores JULIO BENETTI SALGAR y LUIS FERNANDO LÓPEZ ROCA, aceptaron su designación en la debida oportunidad, en tanto que no se obtuvo pronunciamiento del doctor Enrique Gaviria Liévano. Por lo anterior, se procedió a informar al doctor JORGE SANTOS BALLESTEROS, primer suplente, quien aceptó su designación en la debida oportunidad.

El 11 de octubre de 2006 la sociedad Interamerican Coal N.V. radicó una comunicación suscrita por el señor Adrianus T. Gommers, en la que manifestó que la compañía a su cargo no tenía ninguna diferencia con MINA CANALES LTDA., no obstante “sus reiterados incumplimientos en las entregas que debió realizar, durante varios meses, de acuerdo con el contrato de suministro celebrado (…)”.

Agregó que “Por esta razón, nos vemos obligados a darlo por terminado de conformidad con los términos establecidos en el artículo 977 del Código de Comercio”, y expresó que “Por esta razón, aunque agradecemos la invitación nos abstendremos de asistir a cualquier trámite arbitral iniciado por esta causa” (Cuaderno Principal Nº 1, folio 49).

El 23 de noviembre de 2006 tuvo lugar la audiencia de instalación del Tribunal, en la que, mediante Auto Nº 1 (Acta Nº 1), este se declaró legalmente instalado, designó como Presidente al doctor Jorge Santos Ballesteros y como Secretaria a la doctora Gabriela Monroy Torres, fijó como lugar de funcionamiento y sede de la Secretaría el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y reconoció personería al apoderado de la parte convocante. Adicionalmente inadmitió la demanda arbitral por no haber indicado el valor patrimonial de las pretensiones ni la cuantía y concedió a la parte convocante un término de 5 días hábiles para que procediera a subsanarla, so pena de rechazo (Cuaderno Principal Nº 1, folios 86 a 88).

El día 27 de noviembre de 2006, la parte convocante presentó un escrito en el que subsanó los defectos de la demanda (Cuaderno Principal Nº 1, folio 89).

Mediante Auto Nº 2, (Acta Nº 2) de fecha 5 de diciembre de 2006 el Tribunal admitió la demanda y ordenó notificar de tal auto a la parte convocada Interamerican Coal N.V., junto con el correspondiente traslado de la demanda y de sus anexos (Cuaderno Principal Nº 1, folios 90 y 91).

El día 14 de diciembre de 2006, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 315 del C.P.C., se radicó ante la empresa Servientrega – entidad autorizada para realizar notificaciones- una comunicación para ser enviada a la parte convocada Interamerican Coal N.V., mediante la que se le indicó que debía comparecer a la sede del Tribunal Arbitral con el fin de notificarse personalmente del Auto Nº 2 proferido el 5 de diciembre de 2006. Tal comunicación fue entregada en la carrera 13 Nº 93-19 de esta ciudad, el día 15 de diciembre de 2006, según lo certificó la empresa de mensajería (Cuaderno Principal Nº 1, folios 92 a 95).

El día 26 de diciembre de 2006, se recibió una comunicación de la sociedad INTERAMERICAN COAL N.V. suscrita por el señor Adrianus T. Gommers, en la que manifiesta que, en respuesta a la comunicación que le invita a notificarse del auto Nº 2 “durante la vigencia del contrato la compañía a mi cargo no tuvo ninguna clase de diferencia con la empresa MINA CANALES LTDA, tal como se indicó en la múltiple correspondencia que sostuvimos entre las partes, a pesar de los reiterados incumplimientos en las entregas que debió realizar, durante varios meses, de conformidad con el contrato de suministro celebrado entre nosotros. Por esta razón, para evitar trámites judiciales como el que aquí se presenta y obrando de muy buena fe nos vimos obligados a darlo por terminado en su momento, según los términos establecidos en el artículo 977 del Código de Comercio”. Agrega que “Por esta razón, aunque agradecemos la invitación, nos abstendremos de asistir a cualquier trámite arbitral iniciado por esta causa” (Cuaderno Principal Nº 1, folio 96).

Transcurrido el plazo otorgado en la comunicación enviada el día 14 de diciembre de 2006, la parte convocada INTERAMERICAN COAL N.V. no concurrió a notificarse. En consecuencia, al tenor de lo previsto en los artículos 315 numeral 3 y 320 del C.P.C., el día 29 de enero de 2007, por Secretaría se procedió a realizar la notificación por aviso prevista en el artículo 320 del C.P.C. mediante el envío correspondiente a la carrera 13 Nº 93-19 de esta ciudad, aviso que según la certificación de la oficina de correo (folio 114 del cuaderno principal Nº 1) fue recibido el 30 de enero de 2007, con lo cual la notificación quedó surtida el 1 de febrero de 2007. Transcurrido el término del traslado, no se recibió escrito alguno de la parte convocada.

Mediante Auto Nº 3 de fecha marzo 5 de 2007, el Tribunal fijó el día 16 de marzo de 2007, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, providencia que fue notificada por Estado (Cuaderno Principal Nº 1, folios 131 a 135).

El día 16 de marzo de 2007 se llevó a cabo la audiencia de conciliación que, debido a la inasistencia de la parte convocada debió declararse fracasada. En la misma fecha, mediante Auto Nº 5 el Tribunal fijó el monto de honorarios y gastos del Trámite arbitral, suma que fue oportunamente pagada en su totalidad por la parte convocante (Cuaderno Principal Nº 1, folios 136 a 140).

El 4 de mayo de 2007 la parte convocada INTERAMERICAN COAL N.V., actuando mediante apoderado, presentó una solicitud de nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, para lo cual invocó la causal prevista en el numeral 8 del artículo 140 del C.P.C., bajo el argumento de que la sociedad convocada no tiene negocios permanentes en Colombia, ni tiene dirección para notificación judicial en el país, razón por la cual la notificación practicada había sido indebida (Cuaderno Principal Nº 1, folios 151 a 152).

Mediante Auto Nº 9 (Acta Nº 8), previo traslado a la parte convocante, el Tribunal decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda y ordenó la notificación a la parte convocada INTERAMERICAN COAL N.V. (Cuaderno Principal Nº 1, folios 160 a 163). La notificación personal del auto admisorio de la demanda arbitral se surtió el 17 de mayo de 2007.

El 31 de mayo 2007, en oportunidad para ello, la sociedad convocada INTERAMERICAN COAL N.V. contestó la demanda arbitral, con expresa oposición a las pretensiones e interposición de excepciones de mérito (Cuaderno Principal Nº 1, folios 164 a 177).

El 4 de junio de 2007 mediante fijación en lista se corrió traslado a la parte convocante de las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda. El correspondiente pronunciamiento de la parte convocante se presentó el 12 de junio de 2007 (Cuaderno Principal Nº 1, folios 178 y 183 a 186).

El 21 de junio de 2007 la parte convocante presentó un escrito de reforma de la demanda arbitral en el que incluyó a la sociedad C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. como convocada adicional y modificó las pretensiones, los hechos y las pruebas solicitadas (Cuaderno Principal Nº 1, folios 194 a 198).

La reforma de la demanda fue admitida mediante Auto Nº 11 (Acta Nº 11) proferido el 27 de junio de 2007, el cual fue notificado a las dos sociedades convocadas en esa misma oportunidad (Cuaderno Principal Nº 1, folios 211 a 215)

El 4 de julio de 2007, en oportunidad para ello, la sociedad convocada INTERAMERICAN COAL N.V. contestó la reforma de la demanda con expresa oposición a las pretensiones e interposición de excepciones de mérito (Cuaderno Principal Nº 1, folios 216 a 220).

El 12 de julio de 2007, dentro del término de ley, la sociedad convocada C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. contestó la reforma de la demanda e igualmente se opuso a las pretensiones y formuló excepciones de mérito (Cuaderno Principal Nº 1, folios 236 a 260).

De las excepciones formuladas se corrió traslado a la parte convocante, quien en oportunidad para ello se pronunció solicitando la práctica de pruebas adicionales (Cuaderno Principal Nº 1, folios 233 a 235 y 263 a 269).

El día 15 de agosto de 2007 (Acta Nº 12), se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual se declaró fracasada por no haberse logrado acuerdo entre las partes. Adicionalmente se fijó la suma correspondiente a gastos y honorarios del Tribunal, suma que en un 50 por ciento ya había sido pagada por la parte convocante y cuyo 50 por ciento restante fue pagado por la parte convocada dentro de la oportunidad legal. Lo anterior llevó a que el Tribunal devolviera a la parte convocante el 50 por ciento sobrante proveniente del primer pago que esta había realizado en fecha previa a la declaratoria de nulidad a que se ha hecho referencia anteriormente. (Cuaderno Principal Nº 1, folios 270 a 276).

4. Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y alegaciones finales.

4.1. El día 13 de septiembre de 2007 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite (Folios 280 a 295 del Cuaderno Principal Nº 1), en la que, luego de dar lectura al pacto arbitral y a las cuestiones sometidas a arbitraje, el Tribunal, mediante auto Nº 17, asumió competencia para tramitar y decidir el litigio sometido a su conocimiento, providencia que cobró ejecutoria y firmeza. Por tal razón, en esa misma audiencia, siguiendo el trámite previsto en la Ley, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes en la demanda, la demanda reformada, en la contestación, en las correspondientes réplicas y demás oportunidades consagradas por el ordenamiento procesal, las cuales se practicaron de la siguiente manera:

4.1.1. El día 10 de octubre de 2007 se recibieron las declaraciones de parte de los señores ADRIANUS GERARDUS THEODORUS ANTONIUS GOMMERS y EFRAÍN TRIANA NOVA. Adicionalmente se recibieron testimonios de los señores FLOR BEATRIZ GARCÍA BRUCE y JAIRO LÓPEZ.

Las transcripciones de tales declaraciones fueron entregadas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente (Folios 359 a 370 y 373 a 397 del Cuaderno de Pruebas Nº 2), luego de haber sido puestas en conocimiento de las partes en virtud de lo previsto por el artículo 109 del C. de P.C.

4.1.2. El día 26 de octubre de 2007 se recibió de la señora MARÍA TERESA LARA la traducción al castellano que le fue encomendada por el Tribunal, de la cual se corrió traslado a las partes de conformidad con el artículo 238 del C. de P.C. (Folios 1 a 307 del Cuaderno de Pruebas Nº 2).

4.1.3. Para verificar hechos que son materia de controversia en el presente proceso, con fundamento en el artículo 180 del C.P.C., de oficio, el Tribunal, decretó la práctica de los testimonios de los señores JORGE GONZÁLEZ y del representante legal de la firma BSI INSPECTORATE COLOMBIA LIMITADA, los cuales fueron practicados el día 5 de diciembre de 2007. Las transcripciones de tales declaraciones fueron entregadas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente (Folios 401 a 415 de Cuaderno de Pruebas Nº 2), luego de haber sido puestas en conocimiento de las partes en virtud de lo previsto por el artículo 109 del C. de P.C.

4.1.4. Se libraron los siguientes oficios:

• Al MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, para que certificara las exportaciones de carbón efectuadas por Interamerican Coal N.V. y C.I. Exportadora Interamerican Coal Colombia S.A. durante los años 2005 y 2006. La respectiva respuesta obra a folio 360 del Cuaderno Principal Nº 1.

• A la DIAN para que remitiera las declaraciones de exportación de carbón presentadas por Interamerican Coal N.V. y C.I. Exportadora Interamerican Coal Colombia S.A. durante los años 2005 y 2006. La respectiva respuesta obra a folio 360 del Cuaderno Principal Nº 1. y 371 a 372 del Cuaderno de Pruebas Nº 2.

• Al MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, para que certificara si el precio internacional del carbón está dado con base en el precio del carbón exportado al Perú, para los meses enero a diciembre de 2005. La respectiva respuesta obra a folio 387 a 390 del Cuaderno Principal Nº 1.

4.1.5. Por otro lado, el Tribunal, en desarrollo de las facultades previstas en el artículo 180 del C.P.C., de oficio, decretó un dictamen pericial contable, el cual fue rendido por el doctor EDUARDO JIMÉNEZ RAMÍREZ. De dicho dictamen pericial se corrió traslado a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 238 del C. de P.C. Estando dentro del término del traslado, la parte convocante solicitó aclaraciones y complementaciones al mismo, y el Tribunal de oficio decretó algunas preguntas adicionales para que fueran absueltas por el señor perito, las cuales fueron rendidas en tiempo y obran en el expediente (Folios 448 a 490 del Cuaderno de Pruebas Nº 2). Dentro del término del traslado el anterior dictamen fue objetado por la parte convocante por error grave.

4.2. Mediante Auto Nº 28 (Acta Nº 20) de fecha 5 de febrero de 2008, el Tribunal señaló fecha y hora para la audiencia de alegaciones, por encontrar que todas las pruebas decretadas por iniciativa de las partes y de oficio por el Tribunal fueron practicadas en forma oportuna. En tal oportunidad las partes alegaron de conclusión en forma oral y los resúmenes escritos de sus alegaciones obran a folios 406 a 438 del Cuaderno Principal Nº 1 del expediente. En esa misma oportunidad, el Tribunal fijó fecha para la audiencia de lectura del presente laudo arbitral, actuación esta postergada ante la necesidad de evacuar las diligencias de pruebas decretadas por iniciativa oficiosa de los árbitros en los términos que dan cuenta los autos Nº 30 proferido con fecha 15 de abril de 2008 y 32 proferido el 11 de julio de 2008 (folios 439 a 440 y 470 a 471 del Cuaderno Principal Nº 1 del expediente).

5. Término de duración del proceso.

El término de duración del presente proceso por mandato del artículo 103 del Decreto 2651 de 1991 es de seis meses, como quiera que las partes no pactaron nada distinto al respecto, y su cómputo inicia a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, esto es, el día 13 de septiembre de 2007. A dicho término, por mandato de la norma en mención, deben adicionarse los siguientes días durante los cuales el proceso estuvo suspendido por solicitud expresa de las partes:

Auto que la decretóFechas que comprende la suspensiónDías hábiles suspendidos
Auto Nº 22 (Fl. 328 C. Principal Nº 1)Octubre 11 a octubre 25 de 2007 (ambas fechas inclusive)10
Auto Nº 24 (Fl. 364 C. Principal Nº 1)Noviembre 23 a diciembre 4 de 2007 (ambas fechas inclusive)8
Auto Nº 26 (Fl. 384 C. Principal Nº 1)Diciembre 6 de 2007 a enero 15 de 2008 (ambas fechas inclusive)26
Auto Nº 28 (Fl. 402 C. Principal Nº 1)Febrero 6 a marzo 4 de 2008 (ambas fechas inclusive)20
Auto Nº 29 (Fl. 404 C. Principal Nº 1)Marzo 6 a abril 14 de 2008 (ambas fechas inclusive)25
Auto Nº 31 (Fl. 460 C. Principal Nº 1)Abril 25 a mayo 29 de 2008 (ambas fechas inclusive)22
Auto Nº 34 (Fl. 6 C. Principal Nº 2)Julio 19 a agosto 30 de 2008 (ambas fechas inclusive)28
TOTAL 139

En consecuencia, al sumarle 139 días hábiles durante los cuales el proceso ha estado suspendido, el término se extiende hasta el 8 de octubre de 2008.

Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro del término consagrado en la ley.

CAPÍTULO SEGUNDO

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

1. Las pretensiones de la demanda.

Mediante sus escritos de demanda y reforma de la demanda, la parte convocante formuló las siguientes pretensiones:

PRETENSIONES CONTENIDAS EN LA DEMANDA:

“PRIMERA. Que INTERAMERICAN COAL N.V. incumplió el Contrato Confidencial Internacional de Suministro de Carbón Nro. 48-2005 BUENAVENTURA, al rebajar su precio unilateralmente, abstenerse de efectuar los pedidos determinados en la Cláusula 5 del contrato, de 4.000 y 6.000 toneladas para 2005 y 2006 respectivamente y en la inobservancia de los plazos establecidos para la cancelación del préstamos (sic) otorgado por la suma de $ 53.000.000. (Cláusula 16, Anexos 3 y 4 del contrato).

“SEGUNDA. Que como consecuencia del anterior incumplimiento, INTERAMERICAN COAL N.V. debe indemnizar al señor MINA CANALES LTDA. en las sumas que determine ese Tribunal de Arbitramento, debidamente indexadas, por concepto de perjuicios materiales y morales y asumir los costos que genere este proceso”.

PRETENSIONES CONTENIDAS EN LA REFORMA DE LA DEMANDA

“PRIMERA. Que C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., también incumplió el CONTRATO CONFIDENCIAL INTERNACIONAL DE SUMINISTRO DE CARBÓN NRO. 48-2005 BUENAVENTURA, al rebajar su precio unilateralmente, abstenerse de efectuar los pedidos determinados en la Cláusula 5 del contrato, de 4.000 y 6.000 toneladas para 2006 y 2006 respectivamente y en la inobservancia de los plazos establecidos para la cancelación del préstamo otorgado por la suma de $53.000.000. (Cláusula 16, Anexos 3 y 4 del contrato)”.

“SEGUNDA: Que como consecuencia del anterior incumplimiento, los demandados INTERAMERICAN COAL N.V. y C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., deben indemnizar a MINA CANALES LTDA. en las sumas que determine ese Tribunal de Arbitramento, debidamente indexadas, por concepto de perjuicios y asumir los costos que genere este proceso”.

2. Los hechos de la demanda.

Los hechos que sustentan las pretensiones transcritas son los siguientes:

1. Mediante la CLÁUSULA 5. OBJETO del contrato (Ver anexo 3), nuestro poderdante en su condición de "SUMINISTRADOR se compromete incondicional e irrevocablemente a que durante los años 2005 y 2006 suministrará a título de venta a EL RECIBIDOR una cantidad mínima de carbón de 4.000 y 6.000 tms. +/- 15% anuales RESPECTIVAMENTE con entregas mensuales mínimas de carbón de 500 tms +/- 15% las cuales deberán ser entregadas a EL RECIBIDOR por EL SUMINISTRADOR puesto en camión o volqueta en el patio de EL SUMINISTRADOR.", a un precio básico de CIENTO VEINTE MIL PESOS ($ 120.000) tonelada sobre la base de un 10% de cenizas (Cláusula 12).

2. Hasta el 29 de junio de 2005 el contrato se cumplió a través de las entregas pactadas y de los pedidos verbales que para cada mes formulaba la señora FLOR BEATRIZ GARCÍA BRUCE Representante Legal de C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., designada como EXPORTADOR por parte del RECIBIDOR en el contrato cuyo incumplimiento se demanda.

3. El 29 de junio de 2005 mediante el OTROSÍ Nº 01 y por exigencia de ADRIANUS G. GOMMERS como representante legal de C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. y de FLOR BEATRIZ GARCÍA BRUCE, igualmente representante legal de la misma compañía, se modificaron las CLÁUSULAS 1, 2, 4, 12, 13,14 y 16 del contrato (Anexo 4), cuyo objetivo fundamental era reducir el precio a cien mil ($100.000) pesos la tonelada.

Nótese que este documento está firmado por el señor ADRIANUS G. GOMERS como representante legal de C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., entidad a la cual el no representa.

4. Mediante FAX de agosto 1º. de 2005 ADRIANUS G. GOMMERS comunica a nuestro procurado que "SE DETERMINA QUE A PARTIR DEL DÍA O1 DE AGOSTO DE 2.005 EL PRECIO BÁSICO DEL CARBÓN PUESTO EN EL CENTRO DE ACOPIO DE EL RECIBIDOR ES DE COLP $ 95.000.00/ TM" Anexo 5).

5. Mediante Fax de 25 de septiembre de 2005, FLOR BEATRIZ GARCÍA BRUCE Gerente de C.I. Exportadora Interamerican Coal Colombia S.A. comunica a MINA CANALES que:

"Debido a la baja del precio del mercado internacional de carbón nos vemos obligados a una reducción de precios, para mantener nuestras exportaciones de carbón.

A partir del 26 de octubre de 2005, el precio Básico del carbón puesto en el patio de Rabanal el centro de acopio de EL RECIBIDOR es de COLP $ 65.000.00/ tm. por las siguientes 400 tm ... " (Anexo 6).

6. Tres días después, el 28 de septiembre de 2005, FLOR BEATRIZ GARCÍA BRUCE Gerente de C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A." informa vía fax a MINA CANALES, que “A partir del 26 de septiembre de 2005, el precio Básico del Carbón puesto en el patio de Rabanal el centro de acopio de EL RECIBIDOR es de Colp $75.000,00/tm. por las siguientes 400 tm." (Anexo 7).

Obsérvese que con esta comunicación del 28 de septiembre FLOR BEATRIZ GARCÍA BRUCE modificó el contrato inicialmente firmado sin facultades para ello, rebajando el precio a partir del 26 de septiembre, es decir dos días antes y como en el anterior, reduciendo la cantidad a suministrar en cien (100) toneladas para ese mes.

También debe notarse que la comunicación del 25 de septiembre hace referencia al precio del carbón a partir del 26 de octubre y que la posterior, de fecha 28 de septiembre, se refiere al precio a partir del 26 de septiembre de 2005.

7. De conformidad con la Cláusula 16 del contrato y de los anexos 3 y 4 del mismo, INTERAMERICAN COAL N.V. efectuó un préstamo al SUMINISTRADOR por cincuenta y tres ($ 53.000.000) millones de pesos (Ver Anexo 3) que debía cubrirse en doce (12) cuotas correspondientes a cada uno de los meses siguientes al otorgamiento del crédito.

No obstante lo pactado, INTERAMERICAN COAL, en el mes de septiembre de 2005, cuando faltaban siete (7) cuotas para la cancelación total del préstamo, le descontó de la facturación de venta de carbón y sin ninguna explicación dieciocho millones ($18.000.000) de pesos y en los meses de octubre y noviembre, el saldo del préstamo.

8. El 30 de marzo de 2006 en representación de MINA CANALES LTDA. solicitamos de INTERAMERICAN COAL N.V. el cumplimiento del contrato en cuanto hace relación al reajuste del precio, la formulación de pedidos y el reconocimiento de los perjuicios causados por el cobro anticipado del préstamo otorgado, que originó la quiebra de MINA CANALES y el tener que asumir procesos laborales con las personas que estaban a su servicio (Anexo 8).

En este mismo documento relacionamos de manera detallada el daño emergente y el lucro cesante reflejado en la contabilidad de la empresa y solicitamos una reunión para concertar sobre el particular.

9. El 3 de abril de 2006 y para complementar el escrito anterior acompañamos el certificado de la Cámara de Comercio de MINA CANALES (Anexo 9).

10. Ante el silencio de INTERAMERICAN COAL N.V., el 31 de mayo reiteramos la posibilidad de una reunión para concertar las diferencias existentes (Anexo 10).

11. El 13 de junio INTERAMERICAN COAL N.V. en comunicación dirigida al señor EFRAÍN TRIANA NOVA, representante legal de MINA CANALES LTDA. Asegura que:

“1. el contrato no se ha incumplido en ningún momento por parte de INTERAMERICAN COAL N.V. En efecto, las disposiciones estipuladas allí se deben de cumplir de conformidad a como se encuentra establecido. Según se señala en la Cláusula quinta del acuerdo, el suministro no se efectúa mediante requisición de pedidos por parte de EL RECIBIDOR, sino directamente a través de entregas puestas en camión o volqueta en el patio de EL SUMINISTRADOR (...).

2. ... Es una lástima que las condiciones del mercado internacional hayan afectado de manera directa este contrato, por cuanto los precios han estado muy por debajo de las expectativas con las cuales se celebró, razón por la cual se debió modificar el valor del contrato original. Sin embargo las correspondientes modificaciones dejan en claro que si el precio internacional del mineral aumenta, se revisará el precio para su correspondiente modificación al alza.

3. Respecto del tercer punto de oficio mencionado, le manifiesto que estoy abierto para tratar este asunto y, de esta manera, tomar todas aquellas decisiones que le convengan mas a las partes para continuar así con nuestros

negocios" (Anexo 11).

12. El 16 de julio hicimos entrega en C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. de copia de la comunicación remitida por fax a Aruba al señor ADRIANUS G. TH. A GOMMERS respecto de su comunicación de junio 13 ya citada, para demostrar una vez más el incumplimiento del contrato y la causación de perjuicios a nuestro procurado con el sistema dilatorio para asumir el asunto.

13. El 9 de agosto ADRIANUS GOMMERS en comunicación a nuestro poderdante, precisa lo siguiente:

“1. Es cierto que la usanza durante el desarrollo del contrato fue la indicación de la cantidad a entregar por parte del RECIBIDOR, lo cual claramente no es una obligación del contrato, pues esto no se encuentra establecido en el convenio. Sin embargo, el contrato de suministro se debe cumplir de conformidad con las cláusulas establecidas en él y la prestación se debe realizar de la misma manera, lo cual manifiestamente, no ha sucedido. Por lo tanto, no se puede alegar ninguna clase de incumplimiento de nuestra parte.

2. Se debe recordar que de conformidad con lo establecido por nosotros en el contrato se establece que las entregas se deben realizar estrictamente en el lugar establecido con el, es decir, el patio El Rabanal. Por esa razón, en el convenio sé establece que cualquier clase de cambio en el sitio debe ser informado oportunamente por escrito, cláusula que en ningún momento ha sido modificada.

3. En nuestro oficio del 13 de junio quedó claro que estamos abiertos a negociar el precio de la tonelada de carbón establecido en los otrosíes correspondientes a nuestro contrato inicial, dentro de condiciones de equidad y de acuerdo con el precio internacional del carbón. En efecto, la fijación del precio es una situación negocial que debemos discutir directamente con usted por cuanto el contrato de suministro está vigente y debe ser cumplido a cabalidad" (Anexo 13).

Las afirmaciones del señor GOMMERS en este punto no corresponden a la verdad ni a lo que el había manifestado en su comunicación del pasado 13 de junio en donde dice que de acuerdo con la Cláusula quinta "el suministro no se efectúa mediante requisición de pedidos por parte de EL RECIBIDOR, sino directamente a través de entregas puestas en camión o volqueta en el patio de EL SUMINISTRADOR", o sea de MINA CANALES.

14. La información suministrada por el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR sobre las exportaciones realizadas por C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. a Perú para el año 2005, el precio del carbón nunca descendió del precio vigente al momento de celebración del contrato (Anexo 14).

3. La contestación de la demanda.

Según se relató en el capítulo de antecedentes, INTERAMERICAN COAL N.V. dio oportuna contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones, aceptando algunos hechos y negando otros. Adicionalmente formuló las excepciones de mérito que denominó “falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia de la obligación, no existe contrato bilateral entre las partes, error en el quantum de la demanda e improcedencia de los perjuicios reclamados”.

De su lado INTERAMERICAN COAL N.V. y C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. dieron oportuna contestación a la reforma de la demanda, oponiéndose a las pretensiones y a las consideraciones hechas por el apoderado de la parte convocante. La sociedad convocada C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. formuló las siguientes excepciones:

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA.

2. INEXISTENCIA EN LA OBLIGACIÓN.

3. NO EXISTE CONTRATO BILATERAL ENTRE LAS PARTES.

4. ERROR EN LA ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA.

5. IMPROCEDENCIA DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

6. EXCEPCIONES DE OFICIO.

CAPÍTULO TERCERO

PRESUPUESTOS PROCESALES Y FUNDAMENTOS DEL LAUDO

Síguese del recuento efectuado en los apartes precedentes que la relación procesal existente en el caso presente se constituyó regularmente y que en el desenvolvimiento de la misma no se configura defecto alguno que imponga darle aplicación al Art. 145 del C de P.C. Por lo anterior, hay lugar a decidir sobre el mérito de la controversia sometida a arbitraje por las sociedades convocante y convocadas, y para tal fin son conducentes las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El contrato de suministro.

El 21 de diciembre de 2004 se suscribió el “Contrato Confidencial Internacional de Suministro de Carbón Nº 48-2005 Buenaventura”. Fueron partes en este contrato EL SUMINISTRADOR (cláusula 2ª) conformado por LUIS ALFREDO PEDRAZA RUIZ y EFRAÍN TRIANA NOVA, este último también como “representante legal”, con oficinas en la Vereda Estancia Contento de Lenguazaque, por una parte; y por la otra EL RECIBIDOR (cláusula 1ª) constituido por la firma INTERAMERICAN COAL N.V., cuyas oficinas están ubicadas en L. G. Smith Boulevard 90 Oranjestad, Aruba, Antillas Holandesas, representado por ADRIANUS G. GOMMERS. Suscribe también el contrato EL EXPORTADOR (cláusula 4ª) que lo es la sociedad C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., con domicilio en Bogotá, Colombia y en cuyo nombre firma el contrato FLOR BEATRIZ GARCÍA BRUCE. No obstante el documento advierte que la relación contractual se establece únicamente entre EL RECIBIDOR –INTERAMERICAN COAL N.V.- y EL SUMINISTRADOR, -los señores PEDRAZA RUIZ y TRIANA NOVA- (cláusula 3ª); y que “no existe ningún tipo de relación contractual y/o legal entre EL SUMINISTRADOR y EL EXPORTADOR“, por cuanto este “actúa única y exclusivamente como un canal de flujo de información y/o fondos” (cláusula 4ª). El contrato consistió (cláusula 5ª) en el suministro por parte de EL SUMINISTRADOR a EL RECIBIDOR de una cantidad mínima de carbón de 4.000 y 6.000 toneladas métricas durante los años 2005 y 2006, el cual sería entregado puesto en camión o volqueta en el patio de EL SUMINISTRADOR; no obstante EL SUMINISTRADOR, conforme a la cláusula 6ª, debería proveer el transporte desde Lenguazaque hasta el patio de EL RECIBIDOR en El Rabanal.

En la misma cláusula 6ª se prevé el incremento del suministro, siempre y cuando EL SUMINISTRADOR tenga capacidad para ello, pero para este efecto EL RECIBIDOR informará por escrito al SUMINISTRADOR con un mes de anticipación de dicho incremento.

Cada camión deberá ser pesado con la carga al entrar al patio de descargue y luego después del descargue (cláusula 7ª) e inspeccionado por EL SUMINISTRADOR antes de ser cargado (cláusula 8ª). La cláusula 9ª habla del control de calidad que sería realizado por un laboratorio independiente, certificado internacionalmente para análisis de carbón y se regula lo relacionado con las muestras para este efecto.

En la cláusula 10ª se establecen las calidades que debe tener el carbón suministrado; y en la cláusula 11ª se regula la información que EL SUMINISTRADOR debe dar sobre los envíos.

El precio se estableció en $120.000 pesos la tonelada, (cláusula 12), puesto en el centro de acopio de EL SUMINISTRADOR sobre la base de un 10% en cenizas, precio que se ajustaría con los premios y/o penalidades establecidas en la cláusula 13, en la cual también se convino que EL RECIBIDOR tiene derecho a suspender las entregas en caso de que el carbón resulte por debajo de los parámetros de calidad y hasta que EL SUMINISTRADOR rectifique esta situación.

La forma de pago está regulada en la cláusula 14, conforme a la cual EL RECIBIDOR elabora una liquidación ajustada con premios y penalidades y EL SUMINISTRADOR formula cada 15 días la factura de acuerdo a dicha liquidación, la cual será cancelada dentro de los 6 días siguientes a la fecha de su recibo.

En las cláusulas 15 y 16 se regula una financiación que EL RECIBIDOR está dispuesto a hacer al SUMINISTRADOR para permitirle la expansión de su producción, según los detalles que se establecen en los anexos 2 y 4 del contrato. La cláusula 17 se refiere a las direcciones de las partes para las comunicaciones; en la cláusula 18 se establece la confidencialidad del contrato; en la cláusula 19 se dice que EL SUMINISTRADOR asume sin excepciones las obligaciones laborales de su personal; y en la cláusula 20 se establece que EL SUMINISTRADOR debe mantener en excelentes condiciones de operabilidad sus instalaciones y garantizar que tiene las licencias y permisos necesarios para la producción.

La cláusula compromisoria está pactada como cláusula 21 y en la cláusula 22 las partes declaran que tienen las autorizaciones necesarias para suscribir el contrato en la fecha indicada.

El contrato fue modificado con el “Otrosí Nº 01” suscrito el 29 de junio de 2005 en la forma siguiente:

Se modifica EL RECIBIDOR, por lo cual INTERAMERICAN COAL N. V. es sustituida por la C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. (cláusula 1ª), aunque suscribe el Otrosí en nombre de esta compañía el mismo ADRIANUS G. GOMMERS como representante legal.

También se modifica la cláusula 2ª en cuanto EL SUMINISTRADOR es ahora la sociedad MINA CANALES LTDA. en lugar de los señores PEDRAZA RUIZ y TRIANA NOVA (cláusula 2ª), aunque el Otrosí es suscrito por el mismo EFRAÍN TRIANA como representante legal. En cambio EL EXPORTADOR sigue siendo la C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., representada por la señora FLOR BEATRIZ GARCÍA BRUCE (cláusula 4ª).

Se modifican también la cláusula 12 para reducir el precio a $ 100.000 pesos tonelada métrica y establecer que como el mercado internacional presenta variaciones, mensualmente se revisará el precio para ajustarlo al nivel del precio internacional; la cláusula 13 sobre premios y penalidades es adicionada con un ajuste por azufre; y también la cláusula 14 sobre la forma de pago en la cual se varían los valores de las deducciones y se amplía a 14 días el término para el pago. Finalmente se modifica la cláusula 16 en cuanto las direcciones de las partes para el envío de correspondencia.

Finaliza el Otrosí con la advertencia de que “todas las demás estipulaciones del contrato original y Otrosí, se mantienen vigentes”.

Advierte el Tribunal que en el contrato o en su modificación no se estipula cláusula penal o sanción alguna para penalizar eventuales incumplimientos de las obligaciones convencionales.

Ahora, no se discute la validez del contrato o alguna de sus cláusulas ni encuentra el Tribunal motivo para dudar de ello, como tampoco sobre su naturaleza jurídica, ni ninguno de estos aspectos tiene incidencia en el laudo, por lo cual el Tribunal no se ocupa de estos temas, porque parte de la base de que está en presencia de un contrato válidamente celebrado.

2. Las partes en el contrato.

Por el contrario, cuestión fundamental dentro de este proceso es la determinación de las partes en el contrato, especialmente porque este punto se relaciona con la legitimación en causa de las partes en el proceso, y porque la demandada considera que INTERAMERICAN COAL N.V. no tiene relación jurídica alguna con MINA CANALES LTDA. en atención a que la sociedad extranjera, aunque suscribió el contrato de suministro, no hizo lo propio con el Otrosí porque fue desplazada por C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A.

Sobre este aspecto el Tribunal considera que aun cuando la prueba documental no es suficientemente explícita, no cabe duda alguna de que en el presente caso se trata de un solo contrato y de unas mismas partes.

En efecto, aun cuando a partir del Otrosí hay un cambio de las partes, esta sustitución no es lo suficientemente importante como para entender que unas fueron las partes del contrato y otras diferentes las que suscriben el Otrosí, de lo cual pudiera concluirse que se trata de partes distintas y por ende de contratos diferentes.

Al respecto cabe precisar que si bien es un hecho cierto que MINA CANALES LTDA. no tenía existencia legal en el momento en que se suscribió el contrato de suministro el 21 de diciembre de 2004, lo que vino a ocurrir solamente el 11 de febrero de 2005, son las mismas personas las que en esencia desarrollan el contrato, ya que esta sociedad es de responsabilidad limitada, es decir es una sociedad de las llamadas “de personas” y tiene como socios, precisamente y no por azar, a LUIS ALFREDO TRIANA y EFRAÍN PEDRAZA RUIZ que son también quienes suscribieron el contrato del 21 de diciembre de 2004, siendo EFRAÍN TRIANA su representante legal en calidad de Gerente.

De otro lado en el encabezamiento del Otrosí se habla de que el contrato del 21 de diciembre fue suscrito “entre INTERAMERICAN COAL N. V. ARUBA y MINA CANALES LTDA”, de donde se desprende que las partes fueron conscientes de que MINA CANALES LTDA. ya estaba involucrada en el contrato.

Además, en el interrogatorio de parte el señor TRIANA dice que la sociedad MINA CANALES LTDA. se constituyó por insinuación de la C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., lo que se corrobora con el lapso tan breve que transcurre entre la firma del contrato el 21 de diciembre de 2004 y el 11 de febrero del año siguiente en que se constituye MINA CANALES LTDA., y permite inferir que la intención de las partes fue que EL SUMINISTRADOR estuviere organizado como una persona jurídica, lo que no pudo lograrse antes por la premura con que se celebró el contrato y la época de tránsito de un año a otro que implica una cierta recesión en las actividades económicas. El mismo señor Triana afirma que a partir de su constitución, MINA CANALES LTDA. empezó a facturar a INTERAMERICAN COAL N. V., o sea a ejecutar el contrato con el beneplácito de su contraparte.

Porque no existe prueba en el expediente de que INTERAMERICAN COAL N.V. hubiera rechazado la participación de MINA CANALES LTDA. en el contrato en el período comprendido entre el 11 de febrero de 2005 fecha en que se constituyó esta última sociedad y el 29 de junio de 2005 cuando se suscribió el Otrosí, de manera que es legítimo concluir que en el momento en que se constituyó MINA CANALES LTDA. las partes entendieron que esta sociedad sustituía a los señores TRIANA y PEDRAZA como SUMINISTRADOR del Carbón durante un período que, por otra parte, resultó ser aquel en que de la mejor manera se desarrolló el contrato.

Dentro de este mismo orden de ideas, la señora FLOR BEATRIZ GARCÍA BRUCE en el cuestionario que contestó ante el Tribunal explica que la modificación del contrato se hizo para que “las cosas quedaran como deberían quedar”, dando a entender claramente que el objetivo del Otrosí, entre otros, era el de que MINA CANALES LTDA. asumiera la función de SUMINISTRADOR dentro del contrato (pág. 12), aunque, según su decir, a ella le era indiferente si el carbón lo suministraba una persona natural o una persona jurídica (pág. 14). Además explica que el contrato en realidad estaba siendo ejecutado por C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. por lo cual el Otrosí no fue firmado por INTERAMERICAN COAL N. V.

En la misma forma en relación con la otra parte, la sustitución de la INTERAMERICAN COAL N.V. por la C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. en el Otrosí del contrato no tiene mayor significación porque INTERAMERICAN COAL N.V. continuó interviniendo en su ejecución y asumiendo la representación del contrato como puede verse en las cartas del 13 de junio y 9 de agosto de 2006 (folios 36 a 37 y 42 a 43 del Cuaderno de Pruebas Nº 1) y particularmente en las relacionadas con la terminación del contrato del 23 y 30 de agosto de 2006 (folios 119 y 120 del Cuaderno de Pruebas Nº 1), suscritas por la sociedad extranjera y que no se explicarían si no fuera porque INTERAMERICAN COAL N.V. entiende que no se desprendió totalmente del contrato cuando se suscribió el Otrosí el 29 de junio de 2007, y que subsistían sus relaciones con MINA CANALES LTDA., así como con sus socios a pesar de su desvinculación del contrato, la cual entonces fue meramente formal.

En el mismo sentido deben interpretarse las comunicaciones dirigidas por el señor ADRIANUS G. GOMMERS en nombre de INTERAMERICAN COAL N.V. a este proceso con fechas 9 de octubre y 19 diciembre de 2006 (folios 49 y 96 del Cuaderno Principal Nº 1), donde acepta que hubo un contrato entre su compañía y MINA CANALES LTDA.

Así, pues, el Tribunal concluye que la conducta de las partes modificó los términos del contrato en el sentido de que se vinculó a MINA CANALES LTDA. en lugar de los señores TRIANA y PEDRAZA como una de las partes; y que INTERAMERICAN COAL N.V. y C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. conformaron indistintamente la otra parte del contrato, aunado lo anterior al hecho de que estas compañías conforman un grupo empresarial en el cual la sociedad extranjera es la controlante. Obsérvese que las personas naturales son las mismas tanto en el contrato como en el Otrosí y la correspondencia cruzada entre ellos; y que el señor GOMMERS es representante legal de las dos compañías demandadas. Todo lo anterior explica su actuación indiscriminada en la ejecución y terminación del contrato.

Es que los contratos pueden ser modificados no solo de manera expresa y por escrito como se establece en este caso, sino también por el proceder de las partes, teniendo en cuenta que su ejecución debe hacerse de buena fe (Código de Comercio, artículo 871); y que el suministro no está sometido a solemnidad alguna para su celebración o para su modificación.

Por último, en cuanto a la afirmación que dentro del proceso hizo la apoderada de la parte convocada respecto a que MINA CANALES LTDA. por no haber suscrito el contrato original no le es aplicable la cláusula compromisoria, basta repetir como en su oportunidad lo sostuvo el Tribunal, que en el Otrosí del 29 de junio de 2005 se dispuso que todas las demás estipulaciones del contrato original no modificadas expresamente se mantienen vigentes, lo cual implica que MINA CANALES LTDA. al suscribir este otro Otrosí está adhiriendo a la cláusula compromisoria por referencia, dado que esta cláusula está incluida en el contrato del 21 de diciembre y que ella se adopta en el referido Otrosí del 29 de junio de 2007.

Como resumen de todo lo expuesto el Tribunal concluye que está debidamente establecida la personería sustantiva de las partes en este proceso.

Por consiguiente, la primera excepción denominada “falta de legitimación en la causa por activa” no está llamada a prosperar.

De la misma manera tampoco prospera la segunda excepción, “inexistencia de la obligación”, porque como se ha demostrado, el contrato es uno solo y las compañías demandadas conforman una sola parte en dicho contrato.

Finalmente, por existir esa relación contractual, no es posible afirmar, como se hace en la tercera excepción que “no existe contrato bilateral entre las partes”, razón por la cual esta excepción también se rechaza.

3. Los incumplimientos alegados y las defensas.

3.1. La rebaja del precio pactado.

El primero de los incumplimientos alegados tiene relación con las modificaciones operadas al precio pactado en el contrato inicial, y después en el correspondiente “Otrosí”, y con rebajas adicionales comunicadas por parte de EL RECIBIDOR a EL SUMINISTRADOR. En el contrato inicial el precio era de $ 120.000 tonelada métrica, y con la modificación dicho precio descendió a $ 100.000. Adicionalmente, en dicho “Otrosí” -como se ha anotado anteriormente- el precio quedó sujeto, en cada mes, a las fluctuaciones del mercado internacional, fueran estas hacia arriba o hacia abajo.

Para el Tribunal, como se expresó en acápite anterior, no existe discusión acerca de la validez del “Otrosí” pues al expediente no se ha allegado ninguna prueba que le permita concluir en sentido contrario. En tal virtud, puede afirmarse que el precio aplicable a partir de dicha modificación contractual era de $ 100.000 tonelada métrica, salvo que, en un mes determinado, en el mercado internacional la cotización del carbón obligara a reconocer un precio diferente. En este punto debe analizarse si los cambios en la cotización internacional del carbón implicaban una modificación automática del precio, o su variación pasaba por un previo acuerdo de las partes.

El texto de la cláusula respectiva, modificada por el llamado “Otrosí”, es el siguiente:

“CLÁUSULA 12: PRECIO BÁSICO

(...)

“Como el mercado internacional presenta tendencias sustanciales para arriba/abajo mensualmente como máximo se revisará el precio básico para ser ajustado hasta el nivel de precio del mercado internacional en proporción a la calidad, para mantener las exportaciones de carbón”.

Como se observa, la intención de las partes fue apartarse de un precio fijo –como el pactado en el contrato inicial- hacia un precio variable en función de la cotización internacional del carbón. La cláusula resultaba equitativa pues el precio podía modificarse hacia abajo pero también hacia arriba. En tal sentido puede afirmarse que el precio mensual del contrato de suministro pactado, sobre una base de $ 100.000 tonelada métrica, se modificaba en forma automática y de manera mensual según la cotización internacional del carbón materia del suministro. El Tribunal entiende que en las reuniones que se hacían entre las partes, el precio que se reconocía estaba afectado por dicha cotización.

En comunicaciones de fechas agosto 1º de 2005 (folio 15 del Cuaderno de Pruebas Nº 1), 25 de septiembre de 2005 (folio 16 del Cuaderno de Pruebas Nº 1) y 28 de septiembre de 2005 (folio 17 del Cuaderno de Pruebas Nº 1), EL RECIBIDOR informa a EL SUMINISTRADOR que el precio del carbón objeto de suministro ha descendido a las sumas de $ 95.000, $ 65.000 y $ 75.000 tonelada métrica, respectivamente, en razón a las variaciones de precio del mercado internacional. Estos precios, aunque son comunicados por una de las partes, corresponden presuntamente a una aplicación de la cláusula contractual antes explicada y, en principio, no constituyen una rebaja caprichosa y unilateral de EL RECIBIDOR. Es del caso precisar que sobre estas comunicaciones unilaterales de EL RECIBIDOR no se allegó al expediente prueba ninguna en el sentido de que EL SUMINISTRADOR hubiera expresado su inconformidad con dichos precios. Solamente en el libelo de demanda y en el interrogatorio de parte del señor EFRAÍN TRIANA se da cuenta de su falta de acuerdo con el precio informado, y con los respectivos pagos liquidados sobre esta base, a partir fundamentalmente del hecho según el cual los envíos de carbón que a Perú hizo EL RECIBIDOR nunca descendieron de los $ 100.000 tonelada métrica durante dicho período de tiempo.

Para el Tribunal la carga de la prueba sobre el incumplimiento del contrato en punto al precio pactado corresponde a quien lo alega. EL SUMINISTRADOR ha probado que el precio aplicable al contrato era el previsto en el “Otrosí”, es decir, $ 100.000 por tonelada métrica, pero también es cierto que dicho precio podía modificarse si en un período mensual la cotización internacional del carbón era diferente.

A partir de los meses de agosto y septiembre (folios 122, 123 y 124 del Cuaderno de Pruebas Nº 1), el precio aplicable fue inferior a dichos $ 100.000, aparentemente por variaciones del precio internacional, pero sobre esta situación, que debería haber sido discutida en caso de no ser exacta, se insiste en que EL SUMINISTRADOR guardó silencio y siguió ejecutando el contrato.

Por lo demás, en el presente proceso EL SUMINISTRADOR no ha probado que las modificaciones al precio derivadas de las variaciones en la cotización internacional del carbón, y que tuvieron aplicación en el presente contrato de suministro, no hayan sido correctas. En efecto, de las pruebas recaudadas provenientes del Ministerio de Comercio Exterior y de la DIAN no se evidencia en modo alguno que el precio contractualmente aplicable hubiera sido diferente del reconocido a EL SUMINISTRADOR por parte de EL RECIBIDOR.

En suma para el Tribunal no resulta admisible la pretensión de la actora en el sentido de que, al liquidarse el contrato sobre un precio inferior al pactado en el otrosí, lisa y llanamente, se presentó una modificación unilateral por parte de EL RECIBIDOR. No solamente no obra en el expediente prueba de la inconformidad de la convocante con las rebajas operadas, sino que a lo largo del plenario tampoco se ha acreditado que tales precios fueran inexactos. Simplemente se ha acreditado lo correspondiente a los precios de las exportaciones a Perú, que no constituyen, por razones obvias, el precio internacional del carbón.

3.2. La abstención de efectuar pedidos y la terminación del contrato.

Uno de los principales incumplimientos demandados consiste en que las sociedades convocadas dejaron de efectuar los pedidos a que estaban obligadas, esto es, se les acusa de “abstenerse de efectuar los pedidos determinados en la Cláusula 5 del contrato, de 4.000 y 6.000 toneladas para 2005 y 2006 respectivamente”.

A este cargo, las convocadas responden con el texto de la cláusula 12 del contrato, a cuyo tenor, según las convocadas, la carga de la obligación de entregar el carbón correspondía a EL SUMINISTRADOR y a nadie más que a él, sin que pudiera mutarse esa obligación en un deber, por parte de INTERAMERICAN, de solicitar el correspondiente carbón.

De la lectura de las cláusulas 5, 6 y 12 del contrato suscrito, principalmente, puede afirmarse que era EL SUMINISTRADOR quien debía hacer las entregas de carbón en el patio de su propiedad, aunque le correspondía proveer el transporte desde Lenguazaque hasta el patio de EL RECIBIDOR en El Rabanal, como ya se ha visto. Esta circunstancia supondría que en el evento en que EL SUMINISTRADOR no acreditara las entregas en el lugar y tiempo acordados, ello supondría un incumplimiento del contrato por parte suya, que enervaría cualquier incumplimiento a este respecto en cabeza de EL RECIBIDOR. Sin embargo, obra en el expediente información sobre la forma como las partes dieron cumplimiento al contrato de manera diferente a lo específicamente pactado, por lo cual resulta necesario determinar el alcance final de las obligaciones de las partes en lo que en este aspecto dice relación.

En comunicación de fecha agosto 9 de 2006 (Folios 42 y 43 del Cuaderno de Pruebas Nº 1) EL RECIBIDOR expresa que “1. Es cierto que la usanza durante el desarrollo del contrato fue la indicación de la cantidad a entregar por parte del RECIBIDOR, lo cual claramente no es una obligación del contrato, pues esto no se encuentra establecido en el convenio”. Por su parte, en las declaraciones rendidas por la señora Flor Beatriz García Bruce (folio 331 del Cuaderno de Pruebas Nº 2) y por Jairo López (folios 366 del Cuaderno de Pruebas Nº 2) se advierte que el procedimiento que las partes en el contrato instrumentaron para ejecutarlo era, en lo sustancial, el siguiente: cada mes, EL RECIBIDOR informaba verbalmente la cantidad y precio del carbón que requería recibir, y en una reunión que se hacía a instancia suya y en sus oficinas, las partes revisaban la cantidad y calidad del carbón entregado, los premios o penalidades del caso, y se acordaba el monto de la factura final que EL SUMINISTRADOR debería enviar para su pago en los plazos previstos en el contrato, todo ello por lo demás en desarrollo de lo previsto en la cláusula 14 del contrato. De esta manera el contrato tuvo cumplimiento desde su firma hasta el momento en que EL RECIBIDOR dejó de solicitar el carbón, conforme era su obligación, más allá de lo ocurrido en agosto de 2006 cuando EL RECIBIDOR afirma dar por terminado el contrato por incumplimiento. En dichas reuniones las partes expresaban sus diferencias y opiniones, y, más allá de si lo acordado resultaba equitativo o no, lo que ha quedado demostrado es que, una vez determinado el monto de la respectiva factura, la misma era emitida y posteriormente pagada en los términos ya descritos.

El Tribunal observa que al actuar de la manera antes indicada las partes introdujeron, de común acuerdo, una modificación a la forma como EL SUMINISTRADOR debía cumplir con su obligación de entrega, en el sentido de que la misma efectivamente estaba sujeta al requerimiento previo por parte de EL RECIBIDOR. Por supuesto que las cantidades que se debían suministrar de carbón pactadas en la cláusula quinta del contrato inicialmente pactado fueron igualmente modificadas.

Esta conclusión se impone a partir de lo previsto en los artículos 1602, 1603, 1618 y 1622 del C.C. y 824 y 871 del C. de Co. En efecto, aunque prima facie los contratos deben cumplirse de conformidad con el texto escrito acordado, el derecho no puede negar los efectos derivados de las modificaciones introducidas por la voluntad de las partes de un contrato, cuando tal modificación no esté prohibida por la ley, como en el presente caso en el cual estamos frente a un contrato consensual. En consecuencia, no podría aceptarse el argumento de una de las partes en el sentido en que, pese a la forma como las partes lo han ejecutado voluntariamente en forma posterior a su celebración, debe estarse únicamente al texto escrito del contrato. El Tribunal estima que en tal caso, de aceptar esta tesis se estaría premiando una actitud contraria al principio de buena fe que proscribe ir en contra de los actos propios.

El Tribunal estima que si las partes, en su actuar, establecieron un procedimiento de ejecución del contrato del cual razonablemente EL SUMINISTRADOR entendió que debería esperar la correspondiente requisición del carbón por parte de EL RECIBIDOR, para efectuar la entrega, no resultaría admisible recurrir al texto inicial del contrato para, sobre esa base, sostener la ausencia de dicha obligación por parte de EL RECIBIDOR –además de un incumplimiento correlativo por parte de EL SUMINISTRADOR- pues esta conclusión se fundamentaría en un desconocimiento del principio de buena fe con el cual deben ser celebrados y ejecutados los contratos.

Y es que cuando EL RECIBIDOR propuso o aceptó esta forma de proceder, creó en EL SUMINISTRADOR la convicción, fundada en la buena fe, de que este último obraría bien si esperaba la correspondiente requisición del carbón por parte de EL RECIBIDOR. Al obrar de esta manera, el Tribunal estima que las partes modificaron lo pactado inicialmente en el sentido de que correspondía a EL RECIBIDOR solicitar el carbón respectivo, solicitud que debería hacerse mensualmente por las cantidades requeridas.

De esta manera el Tribunal concluye que existía para EL RECIBIDOR una obligación no pactada en el contrato escrito, consistente en hacer los requerimientos de carbón de la cual dependía la obligación de EL SUMINISTRADOR de realizar las entregas respectivas.

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que la modificación contractual operada llegara al extremo de mutar la modalidad del contrato de suministro a una en la que era potestativo de EL RECIBIDOR hacer o no el requerimiento. La modificación introducida por las partes simplemente significaba que a la entrega debería preceder un requerimiento, pero no que dicho requerimiento fuera potestativo de EL RECIBIDOR. El Tribunal entiende que esta forma de actuar obedece a la mecánica operativa del contrato sobre la cual depusieron la señora Flor Beatriz García Bruce y el señor Efraín Triana. Del acervo probatorio se deduce que mientras las dos partes no dispusieran lo pertinente, esto es, la disponibilidad efectiva de la persona que recibía el carbón y la que revisaba su calidad para de esta manera coordinar el suministro, la entrega en la práctica no podía hacerse de manera unilateral –o contra la voluntad de EL RECIBIDOR- por parte de EL SUMINISTRADOR. Todo se hacía de manera coordinada. En ese orden de ideas no resultaba extraño que el proceso se iniciara con un requerimiento por parte de EL RECIBIDOR.

Cuando en el mes de enero del año 2006 EL RECIBIDOR deja de efectuar los requerimientos de carbón, y cuando posteriormente da por terminado el contrato alegando incumplimiento de EL SUMINISTRADOR, desconoció una obligación que le imponía el deber de hacer los pedidos hasta el mes de diciembre de dicho año. En tal sentido el Tribunal declarará dicho incumplimiento contractual a cargo de las convocadas.

3.3. El desconocimiento de los plazos en el préstamo otorgado.

La convocante sostiene, igualmente, que EL RECIBIDOR le otorgó un préstamo de $53.000.000 a un plazo de 12 meses, con amortizaciones mensuales, no obstante lo cual, de manera ilegal, en septiembre de 2006, faltando varios meses para que se cumpliera el plazo otorgado, EL RECIBIDOR le descontó, de las facturas que debería haberle pagado, una suma superior a los $ 17.000.000. Este hecho es aceptado por la convocada en la contestación de la demanda, aunque ella lo atribuye “a un acuerdo verbal de las partes”, acuerdo que la convocante –al descorrer el traslado desconoce completamente.

En el expediente se encuentra acreditada plenamente la existencia del préstamo, de sus fechas de amortización y de los plazos otorgados. De acuerdo con el Anexo Nº 4 del Contrato Inicial, el deudor contaba con la posibilidad de hacer amortizaciones, adicionales a las que efectivamente hizo, durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005 y enero, febrero, marzo y abril de 2006. En el contrato de mutuo no había sido pactada una cláusula aceleratoria del plazo en caso de incumplimiento, en el supuesto de que la misma hubiera podido ser pactada. La afirmación hecha por la convocada en el sentido de que hubo un acuerdo para compensar los pagos por carbón con el crédito no ha podido ser probada en el proceso, y, antes por el contrario, la convocante denuncia como incumplimiento tal conducta por parte de EL RECIBIDOR.

Para el Tribunal, por lo demás, no aparece dentro del acervo probatorio nada que le haga pensar que el supuesto acuerdo invocado por EL RECIBIDOR realmente haya tenido ocurrencia, entre otras razones porque no es para nada extraño que EL SUMINISTRADOR, si supuestamente no estaba en condiciones económicas de cumplir el contrato cabalmente –como lo alega la convocada- necesitara del plazo otorgado para pagar el préstamo. Desde luego que no escapa al Tribunal el interés de EL RECIBIDOR en compensar o “cruzar” las deudas ante tal situación, pero ello no es suficiente en derecho para desconocer los plazos otorgados.

En el contrato de mutuo el plazo otorgado no puede ser desconocido por el acreedor de manera unilateral, salvo que exista, como en el ejemplo de la cláusula aceleratoria, una potestad para no respetarlo, la cual no se observa en el presente caso.

Por lo anterior, el Tribunal declarará el incumplimiento contractual por parte de las convocadas por cuanto no respetaron el plazo otorgado a la deudora en el contrato de préstamo celebrado, y, en tal virtud, la privaron de la rentabilidad correspondiente a los dineros cobrados en forma anticipada y por los períodos respectivos. Desde luego que para estos efectos se tendrá en cuenta que, en caso contrario, es decir, de haberse respetado los plazos en su integridad, la convocante habría tenido que pagar un interés equivalente al 8% anual, mes vencido.

4. La responsabilidad contractual deprecada.

4.1. Alcance de esta responsabilidad.

En las declaraciones y condenas solicitadas por la sociedad demandante, según el texto de la reforma de la demanda, se pretende que como consecuencia del incumplimiento del contrato confidencial internacional de suministro de carbón No 48 – 2005 Buenaventura, por parte de las sociedades demandadas INTERAMERICAN COAL N.V. y C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., estas sociedades deben “indemnizar a MINA CANALES LTDA. en las sumas que determine ese Tribunal de Arbitramento debidamente indexadas, por concepto de perjuicios y asumir los costos que genere este proceso”.

Al ocuparse el Tribunal del desarrollo y ejecución del contrato aludido, concluyó que las sociedades demandadas tuvieron un comportamiento contractual inadecuado al haber terminado unilateralmente a partir de enero de 2006 y sin explicación alguna en ese momento, el pedido de carbón que le hacían a la demandante, dado que la vigencia del suministro de carbón se extendía hasta el 31 de diciembre de 2006.

Igualmente ha establecido el Tribunal que las sociedades convocadas sin razón legal o contractual alguna desconocieron los plazos que inicialmente le habían otorgado a la parte demandante para amortizar el préstamo concedido por CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($ 53.000.000.oo).

Así las cosas, los otros incumplimientos alegados por MINA CANALES LTDA., e impetrados a las sociedades demandadas consistentes en haber rebajado el precio del carbón unilateralmente, haberse abstenido de efectuar los pedidos determinados en la cláusula 5 del contrato de 4.000 y 6.000 toneladas para 2005 y 2006 respectivamente y en estas cantidades, dada la modificación del contrato inicialmente acordado, no tuvieron soporte alguno por las razones que en su momento expuso el Tribunal.

Por consiguiente, y dados los incumplimientos acreditados, el alcance de la responsabilidad contractual que podría surgir a cargo de las sociedades demandadas se circunscribiría a los perjuicios que debidamente demostrados pudo haber sufrido la sociedad demandante como consecuencia de la terminación unilateral del contrato de suministro de carbón por parte de las sociedades demandadas y al daño sufrido por MINA CANALES LTDA., derivado del desconocimiento de los plazos inicialmente otorgados por aquellas para la amortización del préstamo por $ 53.000.000.00.

Así las cosas, otros perjuicios solicitados por los demandantes en la demanda, y sobre los cuales han insistido, relacionados con los valores dejados de pagar por toneladas sobre las recibidas durante el año 2005 por la rebaja arbitraria del precio del carbón, utilidades dejadas de percibir sobre la cantidad pactada y no recibida para el año 2005 y las utilidades dejadas de percibir sobre 3.500 toneladas pactadas hasta la fecha para el año 2006, escapan del alcance y extensión de los incumplimientos mencionados es decir, la terminación unilateral injustificada del contrato y el desconocimiento de los plazos otorgados para la amortización del préstamo por $53.000.000.00, perjuicios además a los que se refiere expresamente para cuantificarlos el escrito del apoderado de los demandantes visible a folio 89 del expediente. Desde luego que la sola mención de unas cifras así estén acompañadas de alguna certificación de un contador acerca de su supuesta ocurrencia, ni por asomo pueden soslayar o suplir la carga probatoria que tiene todo demandante de perjuicios de acreditar plenamente la existencia y monto de los perjuicios que reclama de la administración de justicia.

A este respecto recuerda el Tribunal que ha sido constante la posición tanto de la doctrina y jurisprudencia nacionales como foráneas la de considerar que el perjuicio o daño material ya sea en la modalidad de daño emergente o lucro cesante, para que sea indemnizable, debe ser real y cierto, aunque futuro, siempre y cuando sea consecuencia, en este último caso, de situaciones presentes que se consoliden en su desarrollo. La carga de su prueba corresponde en todos los eventos al demandante, salvo situaciones excepcionales como el contemplado en el artículo 1617 numeral segundo (“el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo”) y el evento de cláusula penal indicado en el artículo 1599 del Código Civil (“habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio”), situaciones estas en las que se presume el daño y por consiguiente su valoración, sin que quepa la prueba en contrario. En términos generales puede decirse que el incumplimiento contractual, no releva al demandante de probar el perjuicio, porque el solo incumplimiento no hace presumirlo.

En este sentido ha dicho la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia colombiana que “para que un perjuicio sea objeto de reparación económica tiene que ser directo y cierto: lo primero, porque solo corresponde indemnizar el daño que se presenta como consecuencia inmediata de la culpa; y lo segundo, porque si no aparece como real y efectivamente causado, sino apenas como posibilidad de producirse, no entra en el concepto jurídico de daño indemnizable” (Cas. Civ. 10 de agosto de 1976. GJ 2393. Pág. 320). Allí mismo indicó que, “ de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, a quien demanda judicialmente la indemnización del perjuicio que ha sufrido le incumbe demostrar, en todo caso, el daño cuya reparación depreca y su cuantía, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse más allá del detrimento patrimonial sufrido por la víctima”.

Por consiguiente, en materia contractual, el solo incumplimiento de la obligación derivada del vínculo negocial no hace surgir la obligación indemnizatoria, pues en este evento le corresponde al acreedor contractual demostrar la ocurrencia del hecho culposo del deudor, el perjuicio ocasionado y la relación causal entre uno y otro, salvo los eventos ya indicados contemplados en los artículos 1617 numeral segundo y 1599 del Código Civil. Al respecto se ha pronunciado así la Sala Civil de aquella corporación: “Para que proceda la reparación de perjuicios por el incumplimiento contractual, es preciso, según lo reitera la doctrina de la Corte, que se demuestre el daño del acreedor y la relación causal entre este y la culpa del deudor. No basta por lo tanto que se pruebe la inejecución del contrato para que automáticamente surja la obligación de resarcir perjuicios, salvo en las obligaciones dinerarias (Art. 1617 C.C). Necesario es, entonces, comoquiera que el incumplimiento contractual solo hace presumir la culpa y esta es independiente del daño, que se demuestre plenamente este último como una consecuencia de aquella para que la condena por perjuicios pueda darse. Y como el incumplimiento de una obligación no irroga siempre perjuicios al acreedor y casos hay en los que incluso le proporciona beneficios, obvio es concluir que el perjuicio no es un efecto forzoso del incumplimiento, ni una presunción de él. Por eso, como regla general, quien demanda la indemnización de perjuicios debe demostrar que se le causaron, tal como se deduce de los artículos 1617 y 1599 del Código Civil, relativos a la mora en el cumplimiento de una obligación dineraria y al pago de una obligación con cláusula penal, respectivamente, que, de manera excepcional, consagran dos casos en que esa presunción es posible, ratificando de paso el fundamento de la regla general” (Cas Civ. 12 de diciembre de 1989. S-478 no publicada).

4.2. La objeción por error grave propuesta por los demandantes contra el dictamen pericial.

Debe ocuparse el Tribunal previamente al análisis de los eventuales perjuicios sufridos por los demandantes a raíz de la terminación unilateral del contrato materia de este proceso de la objeción por error grave que en momento oportuno presentó la parte demandante contra el dictamen pericial contable decretado de oficio por el Tribunal y rendido por el Doctor Eduardo Jiménez Ramírez.

Antes de abordar en concreto las razones de la objeción, recuerda el Tribunal que tal como lo dispone el numeral 6 del art. 238 del C. de P.C., “la objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen”, por lo que es del caso proveer lo pertinente dentro del presente laudo.

A modo de consideraciones generales predicable de toda objeción, y que constituyen reiteradas directrices acerca de los requisitos para declarar la existencia del error grave en un dictamen pericial, el Tribunal pone de presente que el error grave, así lo dispone el numeral 4 del art. 238 del C. de P.C., implica que el mismo “haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos” o que “se haya originado en estas”, lo que significa que el error debe ser de tal entidad o tener la característica de ir contra la naturaleza de las cosas o la esencia de sus atribuciones.

Por consiguiente el desacuerdo con los fundamentos del dictamen o las conclusiones de un perito, no constituye por sí solo razón plausible para admitir la censura por error, pues es necesario la evidencia de una abierta pugna de lo sostenido por el experto con la realidad, además de que el análisis de la experticia debe hacerse de manera integral, es decir junto con sus complementaciones y aclaraciones.

Por supuesto que la prueba pericial tiene como finalidad ayudar a formar el criterio del juez respecto de ciertos puntos que se controvierten dentro de un debate judicial, pero que no tiene carácter imperativo para la decisión a tomar, pues del análisis y crítica de la respectiva experticia sacará el juez sus conclusiones, que bien pueden apartarse de las del perito, sin que esa circunstancia conlleve que aquel haya incurrido en error grave, pues no se puede perder de vista que la decisión final, basada en el análisis de los elementos probatorios y crítica de ellos, corresponde exclusivamente al juez.

De otro lado el dictamen pericial, como todo medio de prueba, está destinado a ser analizado por el juez, de modo que así la ley autorice al perito para efectos de consultar el expediente y los documentos que estime necesarios, no extiende sus atribuciones a la valoración y crítica de esos documentos u otros medios probatorios por ser esta conducta, se reitera, del exclusivo ámbito del juez.

Por lo demás se impone afirmar que no es susceptible de ser calificado como error grave el silencio del perito sobre determinados aspectos, lo cual puede dar lugar a criticar la labor como de deficiente o incompleta, más no de errada, por sustracción de materia(1).

Dadas estas directrices procede el Tribunal a decidir las objeciones por error grave que en este caso se han presentado por la parte demandante respecto del dictamen pericial presentado por el Doctor Eduardo Jiménez Ramírez.

Ante todo conviene puntualizar que una vez rendido el dictamen pericial por el perito contable designado, la parte demandante solicitó unas aclaraciones y complementaciones, que en su sentir constituyen omisiones, tendientes a que se incluyeran los ingresos percibidos por la sociedad demandante derivados del contrato de suministro de carbón tantas veces mencionado durante los meses de enero y febrero de 2005, dado que la vigencia del acuerdo contractual iba del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2006.

A esta petición respondió el perito indicando que, “de conformidad con los registros contables de Mina Canales Ltda. para los meses de enero y febrero de 2005, no aparecen registrados ingresos correspondientes al “Contrato Confidencial Internacional de Suministro de Carbón No 48 – 2005 – Buenaventura” y su otrosí Nº 1.

De la misma manera se solicitó por la parte demandante que se incluyeran los gastos incurridos por MINA CANALES, derivados de la ejecución del contrato, en los meses de enero y febrero de 2005.

La respuesta del perito a este respecto es igualmente concluyente: “de acuerdo con la contabilidad de Mina Canales Limitada, no aparecen registrados gastos durante los meses de enero y febrero de 2005”.

En otra solicitud de aclaraciones, la parte demandante señala que en relación con ingresos obtenidos y gastos incurridos por la sociedad Mina Canales por razón de suministro de carbón a otras entidades o personas diferentes de las sociedades demandadas igualmente deben incluirse los que corresponden a los meses de enero y febrero de 2006, omitidos por el perito.

El perito, al ratificar el contenido de su experticia, indica que “durante los meses de enero y febrero de 2006, no aparecen registrados ingresos por suministro de carbón a otras entidades o personas distintos de las convocadas. Por lo tanto no hubo ninguna omisión en el dictamen pericial presentado el 3 de junio de 2008”. En idéntico sentido señala el perito que tampoco aparecen gastos por el mismo suministro de carbón en el mes de febrero de 2006.

Acerca de otra petición de la parte demandante sobre inclusión de costos de mano de obra, costos indirectos y compras, como gastos, el perito precisa que “desde el punto de vista contable el concepto de gasto es distinto al concepto de costo”. Se detiene en la diferencia existente entre ambos conceptos para concluir que no hubo omisión de acuerdo con el cuestionario presentado. Por supuesto que tanto costos como gastos fueron complementados por el perito a petición del Tribunal, según más adelante se expondrá.

En relación con la determinación de la pérdida o utilidad sufrida u obtenida por Mina Canales durante toda la vigencia pactado del contrato de suministro de carbón objeto del trámite, la parte demandante acota que el perito se limitó a los meses de marzo a diciembre de 2005 y febrero de 2006, “omitiendo enero y febrero de 2005 y enero y marzo de 2006”. Al respecto el perito manifiesta igualmente que no aparecen registros contables de esos períodos.

Así las cosas no encuentra el Tribunal que prospere la objeción por error grave contra el dictamen pericial propuesta por la parte demandante pues lo que esta última considera como omisiones no existen dado que el peritaje se centró como ha debido hacerse en la contabilidad y registros contables de Mina Canales según la solicitud de la prueba de oficio decretada por el Tribunal.

Por lo expuesto, y por encontrar el Tribunal suficiente y veraz el dictamen pericial rendido, procederá a considerarlo para efectos de analizar si de acuerdo con lo expuesto la parte demandante sufrió algún daño o perjuicio derivado de la conducta de las sociedades demandadas.

4.3. Análisis de la determinación de los perjuicios por la terminación unilateral del contrato de suministro de carbón.

Al quedar circunscrito uno de los ámbitos de la responsabilidad contractual de las sociedades demandadas a los eventuales perjuicios que hubiera sufrido la parte demandante por la terminación unilateral del contrato de suministro de carbón, contrato que, se recuerda, se extendía hasta el 31 de diciembre de 2006, el Tribunal estimó necesaria la rendición de un dictamen pericial que diera cuenta detallada de la ejecución económica del contrato durante su desarrollo y la incidencia que la terminación del mismo pudo producir en el patrimonio de la parte demandante.

Al respecto precisa el Tribunal que a tono con el postulado reparatorio que orienta la responsabilidad civil, el daño para que sea resarcible debe ser cierto en su existencia y contenido, por lo que no puede basarse en conjeturas o probabilidades de obtención de ventajas ni menos puede fundarse en quimeras o especulaciones acerca de hipotéticas utilidades dejadas de percibir.

Por supuesto que, de acuerdo con ese postulado, la responsabilidad civil consiste en poner en cuanto sea posible a una persona en la situación que tendría de no haber mediado el acontecimiento dañoso, teniendo en cuenta que entre la situación actual del perjudicado y la que tendría de no haberse presentado aquel hecho, para que se configure el perjuicio material o patrimonial, debe haber una diferencia referida naturalmente a la situación concreta del damnificado, mediante la apreciación económica de las utilidades o ganancias dejadas de percibir, como consecuencia del hecho ilícito específico atribuido al responsable.

Puesto en esta tarea, el Tribunal observa que, según el dictamen pericial rendido, (página séptima del mismo, folio 455 del Cuaderno de Pruebas Nº 2), de acuerdo con los registros contables y la contabilidad llevada por la sociedad Mina Canales Limitada, los ingresos mensuales percibidos por esta sociedad desde su constitución y durante el desarrollo del contrato denominado “Contrato Confidencial Internacional de Suministro de Carbón No 45 – 2005 – Buenaventura” ascendió a $ 238.348.277.oo.

Por su parte, según el dictamen, (página 21 de las complementaciones, folio 485 del Cuaderno de pruebas Nº 2), con base en la contabilidad de MINA CANALES LTDA., los costos, compras y gastos mensuales en que incurrió esta sociedad desde su constitución y durante toda la vigencia pactada del contrato mencionado ascendió a $ 258.815.712.oo. Lo anterior significa que la sociedad tuvo una pérdida por la ejecución del mencionado contrato de $ 20.467.435.oo.

De otro lado, de acuerdo con el dictamen pericial, (página 9 del dictamen, folio 457 del Cuaderno de Pruebas Nº 2), los ingresos obtenidos por la sociedad Mina Canales Limitada, por suministro de carbón a otras entidades o personas distintas de las sociedades demandadas a partir de enero de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha hasta la cual se extendía la vigencia del contrato, ascendieron a $ 201.189.169.oo.

Los costos, compras y gastos mensuales en que incurrió la sociedad Mina Canales Limitada en el suministro de carbón a otras entidades o personas distintas de las demandadas, a partir de enero de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2006, ascendieron a $ 241.421.066.00. (Página 26 de las complementaciones del dictamen, folio 490 del Cuaderno de Pruebas Nº 2). Lo que significa que tampoco con el suministro de carbón a esas otras entidades, una vez terminado el contrato con las sociedades demandadas, MINA CANALES obtuvo utilidades.

Con estas cifras se demuestra que la operación económica de suministro de carbón por la sociedad MINA CANALES LIMITADA, tanto dentro del período de la ejecución del contrato suscrito con las demandadas como con posterioridad a su terminación, en el suministro a otras entidades, no fue favorable, ni tuvo resultados positivos, sin que se evidencie que dicha situación sea imputable o se haya agravado por la terminación unilateral del contrato por parte de las sociedades demandadas, y sin que se compruebe, tampoco, una relación causal adecuada entre uno y otro evento. Muy por el contrario, el Tribunal concluye que la sociedad MINA CANALES, según reflejan tanto su contabilidad y soportes contables, como su comportamiento pasivo en la ejecución del contrato, no fue diligente en el análisis y repercusiones económicas que el suministro de carbón le acarreaba, ni planteó nunca a las sociedades demandadas una revisión de los términos del contrato. Lo que queda demostrado entonces es que el suministro de carbón por MINA CANALES LIMITADA no fue una operación económica que hubiera sido debidamente ponderada ni analizada con suficientes elementos de juicio para haber evitado esas pérdidas recurrentes que se reflejan en la contabilidad oficial de la empresa.

Puestas en este punto las cosas el Tribunal encuentra que no hay daño resarcible derivado de la terminación unilateral del contrato de suministro de carbón por parte de las sociedades demandantes.

4.4. Análisis de la determinación de los perjuicios por el desconocimiento de los plazos inicialmente otorgados para la amortización del préstamo por $ 53.000.000.00.

A continuación se observan las amortizaciones a que estaba obligada la convocante y lo que, de acuerdo con lo arrimado al expediente, realmente ocurrió:

Crédito: $ 53.0000.000

Plazo: 12 meses

Abril de 2005

Tasa 8% mes vencido

Plan de Amortización

Mes NºPrincipalCapitalInteresesSaldoCuota K + i
0$ 53.000.000$ 0$ 353.333$ 53.353.333$ 0
1$ 53.353.333$ 4.446.111$ 355.689$ 48.907.22$ 4.801.800
2$ 48.907.222$ 4.446.111$ 326.048$ 44.461.111$ 4.772.159
3$ 44.461.111$ 4.446.111$ 296.407$ 40.015.0004.742.519
4$ 40.015.000$ 4.446.111$ 266.767$ 35.568.8894.712.878
5$ 35.568.889$ 4.446.111$ 237.126$ 31.122.778$ 4.683.237
6$ 31.122.778$ 4.446.111$ 207.485$ 26.676.667$ 4.653.596
7$ 26.676.667$ 4.446.111$ 177.844$ 22.230.556$ 4.623.956
8$ 22.230.556$ 4.446.111$ 148.204$ 17.784.444$ 4.594.315
9$ 17.784.444$ 4.446.111$ 118.563$ 13.338.333$ 4.564.674
10$ 13.338.333 $ 4.446.111$ 88.922$ 8.829.222$ 4.535.033
11$ 8.829.222$ 4.446.111$ 59.281$ 4.446.111$ 4.505.393
12$ 4.446.111$ 4.446.111$ 29.641$ 0$ 4.475.752

Cómo se cumplió efectivamente el contrato.

Mes NºPresupuestadoPagadoSaldo EfectivoSaldo Presupuestado
Abril$ 0$ 0$ 53.353.333$ 53.353.333
Mayo$ 4.801.800$ 4.801.800$ 48.907.22$ 48.907.22
Junio$ 4.772.159$ 4.772.159$ 44.461.111$ 44.461.111
Julio$ 4.742.519$ 0$ 44.461.111$ 40.015.000
Agosto$ 4.712.878$ 9.396.065$ 35.065.046$ 35.568.889
Septiembre$ 4.683.237$ 17.716.260$ 17.348.786$ 31.122.778
Octubre$ 4.653.596$ 5.209.343$ 12.139.443$ 26.676.667
Noviembre$ 4.623.956$ 8.032.000$ 4.107.443$ 22.230.556
Diciembre$ 4.594.315  $ 17.784.444
Enero$ 4.564.674  $ 13.338.333
Febrero$ 4.535.033  $ 8.829.222
Marzo$ 4.505.393  $ 4.446.111
Abril$ 4.475.752  $ 0

Con base en lo anterior el Tribunal declarará el incumplimiento solicitado en punto al desconocimiento del plazo pactado en el préstamo otorgado, incumplimiento que privó a la convocante de la rentabilidad que le hubiera reportado haber podido pagar las cuotas del préstamo en las fechas acordadas, la última de las cuales vencía en abril del año siguiente (2006). La convocante, no está por demás precisarlo, no probó ni acreditó en forma fehaciente ningún perjuicio [adicional] que las convocadas le hubieran irrogado como consecuencia de no haber respetado el plazo pactado.

El Tribunal estima del caso advertir que, en el presente caso, las convocadas no debían una suma cierta de dinero a una fecha determinada, sino que, al desconocer el plazo previsto para la amortización del crédito otorgado a la convocante le ocasionaron un perjuicio a esta correspondiente a la rentabilidad que los dineros descontados anticipadamente podrían haber producido en cabeza de la convocante y no le produjeron. En tal sentido no hay lugar a aplicar tasa de mora alguna, ya que se trata de una indemnización puramente compensatoria. Como ya se ha dicho, a este efecto también se tendrá en consideración que los recursos cuyo pago se anticipó correspondían a un préstamo que generaba, a cargo de la convocante, una tasa de interés del 8% anual, mes vencido, y que, como es apenas natural, no tuvo que volver a ser pagada por la Convocante.

En la medida que, como ha quedado establecido, la convocante no acreditó de manera alguna la cuantía del perjuicio, pues no probó durante el trámite del proceso las actividades que le hubieran podido representar una renta con la disposición de los recursos descontados anticipadamente, y que por las razones expresadas no hay lugar a aplicar una tasa de mora, el Tribunal estima que, para lograr una reparación integral del daño en la medida de lo posible, el perjuicio ha de calcularse sobre la base de una tasa como la DTF, pues entiende que la convocante perfectamente hubiera podido obtener, de los dineros tomados en forma anticipada por EL RECIBIDOR, cuando menos una rentabilidad equivalente a la de un certificado de depósito a término en una institución financiera autorizada.

Las sumas resultantes de esta privación de rentabilidad ascienden a la suma de $ 473.819,52, según la tabla siguiente:

(sic).

En el evento en que la condena que habrá de imponerse no sea cumplida por los demandados dentro del plazo que para el efecto fijará el Tribunal, se reconocerán intereses de mora, que serán decretados con efectos posteriores al proferimiento del laudo dado que en este asunto, a la indemnización resultante, que por supuesto se traduce en una suma líquida de pagar de dinero, se ha llegado por razón de un proceso declarativo de responsabilidad contractual por desconocimiento por parte de las convocadas de los plazos otorgados para la amortización del pagaré. En otros términos, los intereses de mora se reconocerían solo a partir del plazo señalado en la sentencia, como una consecuencia obvia de la índole dineraria de la condena.

Esta condena se hará en forma solidaria conforme lo indica el artículo 825 del Código de Comercio Civil y 2344 del Código Civil.

5. Sobre resolución de excepciones.

Para enervar las pretensiones elevadas en la demanda, las sociedades demandadas propusieron excepciones de mérito que denominaron, por parte de INTERAMERICAN COAL N.V. “falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia de la obligación, no existe contrato bilateral entre las partes, error en el quantum de la demanda e improcedencia de los perjuicios reclamados”, y por parte de C.I. INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A, “Falta de legitimación en la causa por activa”, “Inexistencia de obligación”, “No existe contrato bilateral entre las partes”, “Error en la estimación de la cuantía”, “Improcedencia de los perjuicios reclamados”, y “Excepciones de oficio”.

Como concluyó el Tribunal en su momento, la personería sustantiva de las partes en este proceso quedó debidamente establecida por lo que la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por activa”, propuesta por las demandadas, no está llamada a prosperar.

De la misma manera tampoco prospera la segunda excepción propuesta denominada, “inexistencia de la obligación”, porque como se ha demostrado el contrato es uno solo y las compañías demandadas conforman una sola parte en dicho contrato.

Finalmente, por existir esa relación contractual, no es posible afirmar, como se hace en la tercera excepción que “no existe contrato bilateral entre las partes”, razón por la cual esta excepción también se rechaza.

En cuanto a la excepción denominada “error en el quantum de la demanda” o “error en la estimación de la cuantía”, no se trata de un medio de defensa tendiente a enervar las pretensiones elevadas, razón por la cual se rechaza por el Tribunal.

Ahora bien, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, si el juez considera “que no están presentes los elementos propios de la pretensión del demandante” en este supuesto, “se hace innecesario abordar el estudio de las excepciones del demandado”, (sentencia 195 de 1995).

Bajo esta óptica el Tribunal no encuentra razones para abordar la excepción denominada “Improcedencia de los perjuicios reclamados” porque, de un lado, las pretensiones reparatorias elevadas por los demandantes no encontraron ni el sustento ni la acreditación que permitirían pasar del umbral que ameritaría el análisis de las defensas que enervarían su prosperidad, por los motivos expuestos en precedencia, y porque, de otro lado, el Tribunal, en cuanto al incumplimiento de las sociedades demandadas relacionado con el desconocimiento de los plazos inicialmente otorgados para la amortización del préstamo por $53.000.000.00, al hacer el análisis del daño sufrido por MINA CANALES LTDA encontró que es procedente el reconocimiento de la pérdida de la rentabilidad que le hubiera reportado haber podido pagar las cuotas del préstamo en las fechas acordadas.

CAPÍTULO CUARTO

LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las agencias en derecho, definidas como “los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso” (Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, art. 2º).

Por cuanto en el presente caso prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda hay lugar a efectuar condena parcial en costas, dando con ello aplicación a lo previsto en el numeral 6 del Artículo 392 del C. de P.C. que establece: “En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.

Con fundamento en lo anterior, estima el Tribunal que las sociedades convocadas, por partes iguales, deben soportar el 70% de las costas del proceso en los siguientes términos, tomando en consideración que dentro de las oportunidades previstas en la Ley cada parte sufragó el monto de gastos que le correspondía tal como consta en el Acta Nº 13 correspondiente a la audiencia celebrada el 13 de septiembre de 2007 (folios 270 a 279 del Cuaderno Principal Nº 1).

1. Honorarios de los Árbitros y la Secretaria, y Gastos del Tribunal.

Honorarios de los Árbitros$ 11.700.000.oo
IVA 16% aplicable a los honorarios de dos árbitros$ 1.872.000.oo
Honorarios de la Secretaria$ 1.950.000.oo
IVA 16%$ 312.000.oo
Gastos de Funcionamiento y Administración Cámara de Comercio de Bogotá$ 1.300.000.oo
IVA 16%$ 208.000.oo
Protocolización, registro y gastos$ 1.200.000.oo
Total$ 18.542.000.oo
30% a cargo de la parte convocante$ 5.562.600.oo
35% a cargo de Interamerican Coal N.V.:$ 6.489.700.oo
35% a cargo de CI Exportadora Interamerican Coal Colombia S.A.$ 6.489.700.oo
50 % pagado por cada parte:$ 9.271.000.oo
Reembolso a favor de la parte convocante y a cargo de las sociedades convocadas en proporciones iguales:$ 3.708.400.oo

2. Honorarios del perito Eduardo Jiménez Ramírez

Honorarios del Perito$ 4.000.000.oo
IVA 16%$ 640.000.oo
Total$ 4.640.000.oo
30 % a cargo de la parte convocante:$ 1.392.000.oo
35% a cargo de Interamerican Coal NV$ 1.624.000.oo
35% a cargo de CI Exportadora Interamerican Coal Colombia S.A.$ 1.624.000.oo
50% pagado por cada parte$ 2.320.000.oo
Reembolso a favor de la parte convocante y a cargo de las sociedades convocadas en proporciones iguales:$ 928.000.oo

3. Agencias en derecho

El Tribunal fija el valor de las agencias en derecho tomando como parámetro la tarifa señalada para un árbitro, en la suma de:$ 3.900.000.oo
35% a cargo de Interamerican Coal NV$ 1.365.000.oo
35% a cargo de CI Exportadora Interamerican Coal Colombia S.A.$ 1.365.000.oo
Total a favor de la parte convocante y a cargo de las sociedades convocadas, en proporciones iguales:$ 2.730.000.oo
70% de costas y agencias en derecho a favor de la convocante y a cargo de las sociedades convocadas en proporciones iguales:$ 7.366.400.oo

Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida “Protocolización, registro y otros”, se ordenará su devolución si a ello hubiera lugar. En el evento de que la suma disponible a la fecha no resulte suficiente para cubrir los gastos de protocolización del expediente, que debe ordenarse en el laudo, el valor faltante deberá ser sufragado en las proporciones indicadas en este capítulo.

DECISIÓN:

Por las razones expuestas en las consideraciones precedentes, el Tribunal de Arbitramento conformado para resolver en derecho las controversias suscitadas entre MINA CANALES LIMITADA e INTERAMERICAN COAL N.V. y C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., con el voto unánime de sus miembros, administrando justicia por autoridad de la ley y en cumplimiento de la misión encomendada por las partes para tal fin,

RESUELVE:

Primero. Desestimar por falta de fundamento las objeciones que por error grave en contra el dictamen elaborado por el perito Eduardo Jiménez Ramírez formuló la parte demandante. En consecuencia, de conformidad con los artículos 239, 388 y 389 del C de PC, el perito tiene derecho a hacer suyos los honorarios fijados en auto de fecha 17 de julio de 2008.

Por Secretaría, hágase entrega de la suma correspondiente que se encuentra depositada a órdenes del Presidente del Tribunal por tal concepto, previas las constancias de recibo.

Segundo. Declarar infundadas las defensas que bajo la forma de excepciones de mérito formularon las sociedades demandadas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Declarar que INTERAMERICAN COAL N.V. y C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., en los términos señalados en la parte expositiva de esta providencia, incumplieron el Contrato Confidencial Internacional de Suministro de Carbón Nº 48-2005 Buenaventura de fecha 21 de diciembre de 2004 y su Otrosí Nº 01 suscrito el 29 de junio de 2005 por haber terminado unilateralmente el contrato de suministro de carbón.

Cuarto. Desestimar por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia las pretensiones reparatorias derivadas del incumplimiento mencionado en el anterior numeral.

Quinto. Declarar que INTERAMERICAN COAL N.V. y C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A., en los términos señalados en la parte expositiva de esta providencia, son responsables solidariamente frente a la sociedad MINA CANALES LTDA por el desconocimiento de los plazos inicialmente otorgados para la amortización del préstamo por $ 53.000.000.00.

Sexto. Como consecuencia de la declaración precedente, condenar solidariamente a INTERAMERICAN COAL N.V. y C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. a pagarle a MINA CANALES LIMITADA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este laudo la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 473.819,52), más los intereses comerciales de mora causados a partir del vencimiento de aquel término y hasta que el pago total se verifique.

Séptimo. Desestimar por falta de fundamento las restantes pretensiones de incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato Confidencial Internacional de Suministro de Carbón Nº 48- 2005 Buenaventura de fecha 21 de diciembre de 2004 y su Otrosí Nº 01 suscrito el 29 de junio de 2005 imputadas a las sociedades demandadas, así como las restantes pretensiones consecuenciales de condena, contenidas en la demanda y en la reforma de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Octavo. Condenar a INTERAMERICAN COAL N.V. a pagarle a MINA CANALES LIMITADA, la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 3.683.200) por concepto de costas y agencias en derecho de acuerdo con la liquidación contenida en la parte motiva de este laudo.

Noveno. Condenar a C.I. EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. a pagarle a MINA CANALES LIMITADA, la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($3.683.200) por concepto de costas y agencias en derecho de acuerdo con la liquidación contenida en la parte motiva de este laudo.

Décimo. Ordenar que en la oportunidad de ley, se protocolice este expediente en una notaría del Círculo de Bogotá y se rinda por el Presidente la cuenta razonada a las partes de lo depositado para gastos de funcionamiento y protocolización. En caso de que el rubro previsto para protocolización no sea suficiente, deberán las partes pagar la suma que sea necesaria al efecto.

Décimo Primero. Ordenar la devolución a las partes de las sumas no utilizadas de la partida “Protocolización, registro y otros”, si a ello hubiere lugar, según la liquidación final de gastos.

Décimo Segundo. Declarar causado el saldo final de honorarios de los árbitros y de la secretaria. El Presidente efectuará los pagos correspondientes.

Décimo Tercero. Ordenar la expedición de copias auténticas de este Laudo, con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Jorge Santos Ballesteros, árbitro presidente—Julio Benetti Salgar, árbitro—Luis Fernando López Roca, árbitro. 

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