Laudo Arbitral

Óscar Jaramillo Botero

v.

Manufacturas de Cuero La Corona S.A.

Febrero 1º de 2000

Santafé de Bogotá, 1º de febrero de 2000.

Habiéndose cumplido el trámite señalado en la ley y habiendo igualmente el tribunal declarado su competencia, se procede a dictar el laudo que dirime las diferencias surgidas entre las sociedades Óscar Jaramillo Botero y Manufacturas de Cuero La Corona S.A., así:

1. Antecedentes del proceso

1.1. El 2 de mayo de 1997, entre el señor Óscar Jaramillo Botero de una parte y la sociedad Manufacturas de Cuero La Corona S.A. de la otra, se celebró un contrato denominado de “prestación de servicios independientes”.

1.2. En la cláusula séptima de ese contrato se estipuló:

“Séptima. Cualquier diferencia sobre la interpretación, aplicación, ejecución, desarrollo o terminación de este contrato, será definida obligatoriamente en forma inapelable por un tribunal de arbitramento que deberá constituirse en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., conforme a la ley civil”.

1.3. El 15 de diciembre de 1998, el señor Óscar Jaramillo Botero, por medio de su apoderado José Fernando Escobar Escobar, presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, solicitud para convocar un Tribunal de Arbitramento que dirimiera las controversias surgidas con ocasión del contrato denominado de “prestación de servicios independientes” celebrado con la sociedad Manufacturas de Cuero La Corona S.A.

1.4. El 22 de diciembre de 1998, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá admitió la solicitud presentada por el señor Óscar Jaramillo Botero y procedió a correr el traslado respectivo de la demanda según lo prescrito por el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil.

1.5. El 8 de febrero de 1999, la sociedad Manufacturas de Cuero La Corona S.A., por medio de su apoderado José Felipe Pérez Cabrera, dio contestación a la demanda.

1.6. Una vez contestada la demanda, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio corrió traslado de ese escrito, ante el cual el apoderado de la demandante guardó silencio.

1.7. El 8 de marzo de 1999, la Cámara de Comercio de Bogotá fijó como fecha para audiencia de conciliación, el 30 del mismo mes y año, a las 10:00 a.m. la cual fue aplazada y tuvo lugar finalmente el 8 de abril de 1999.

1.8. En desarrollo de la audiencia de conciliación las partes no llegaron a acuerdo alguno. Por esa razón se continúo con el trámite prearbitral para lo cual, el 9 de junio de 1999, la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, fijó las 10:00 a.m. del 22 de junio de 1999 como hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de instalación del tribunal.

2. La demanda.

2.1. Hechos aducidos en la demanda.

La síntesis de los hechos en que se fundamenta la demanda es la siguiente:

Primero. El 2 de mayo de 1997, el señor Óscar Jaramillo Botero celebró con la sociedad Manufacturas de Cuero La Corona S.A. un contrato denominado de “prestación de servicios independientes”.

Segundo. Dicho contrato tenía por objeto que el señor Óscar Jaramillo Botero, “prestara sus servicios en forma autónoma, no subordinada e independiente, en el cargo de director nacional de ventas, a la sociedad Manufacturas de Cuero La Corona S.A., a nivel nacional, realizando las siguientes actividades: a) La venta de los productos de La Corona de acuerdo con los muestrarios o catálogos que La Corona le suministre; b) Toma de pedidos de los clientes; c) Investigación comercial de los clientes; d) Activación de los cobros; e) Atención de reclamos; f) Atención de devoluciones por lista de precios establecidos por La Corona y que son incorporados en este contrato”.

Tercero. Por su parte, y como contraprestación de lo anterior, la sociedad Manufacturas de Cuero La Corona S.A. se obligó para con el demandante a pagarle “la comisión establecida en la cláusula segunda” del contrato, y a pagarle además, por la venta empresarial “una comisión del 8% por venta neta, sin incluir IVA, fletes e impuestos”.

Cuarto. El 30 de abril de 1998 se dio por terminado el contrato sin que, al decir del apoderado del demandante, durante su vigencia o a su terminación, le hubieran sido liquidadas o pagadas al señor Óscar Jaramillo Botero, las comisiones por venta empresarial pactadas.

Quinto. Por tal razón, el 9 de julio de 1998, el demandante dirigió comunicación a Manufacturas de Cuero La Corona en la que solicitaba dicho pago, sin que obtuviera respuesta.

Sexto. El 5 de agosto del mismo año, el señor Óscar Jaramillo Botero dirigió nueva comunicación a Manufacturas de Cuero La Corona S.A. frente a la cual, al decir del apoderado del demandante, la convocada reconoció la existencia de las ventas empresariales y las comisiones por estas generadas.

Séptimo. En el contrato se incluyó una cláusula compromisoria, cuyo texto es el siguiente:

“Séptima. Cualquier diferencia sobre la interpretación, aplicación, ejecución, desarrollo o terminación de este contrato, será definida obligatoriamente en forma inapelable por un Tribunal de Arbitramento que deberá constituirse en la ciudad de Santafé de Bogotá. D.C., conforme a la ley civil”.

2.2. Pretensiones de la demanda.

El demandante solicita, en síntesis, lo siguiente:

Primero. Que se declare que Manufacturas de Cuero La Corona S.A. es civilmente responsable ante Óscar Jaramillo Botero, por el incumplimiento del contrato de prestación de servicios independientes celebrado entre las partes el 2 de mayo de 1997.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a Manufacturas de Cuero La Corona S.A. a pagarle a Óscar Jaramillo Botero, el valor de la comisión, equivalente al 8% de las ventas empresariales, facturadas por Manufacturas de Cuero La Corona, durante la vigencia del contrato celebrado con Óscar Jaramillo Botero.

Tercero. Que se condene a Manufacturas de Cuero La Corona S.A. a pagar sobre la suma anterior, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y los intereses moratorios desde la fecha en que ha debido hacerse el pago y hasta cuando se haga efectivo.

Cuarto. Que se condene a la demandada a pagar las costas del proceso.

3. Contestación de la demanda.

3.1. Respecto de los hechos.

El apoderado de la demandante al contestar la demanda, aceptó algunos hechos como ciertos y rechazó otros.

3.2. Excepciones de mérito.

Con la contestación de la demanda propuso la excepción denominada “inexistencia del derecho pretendido por el actor” y la genérica.

4. Desarrollo del proceso arbitral.

4.1. Instalación.

El 22 de junio de 1999 tuvo lugar la audiencia de instalación del tribunal de arbitramento. Evacuada esa diligencia, las partes consignaron oportunamente lo que les correspondió por gastos y honorarios.

La primera de audiencia de trámite se llevó a cabo el 18 de agosto de 1999, a las 9:00 a.m.

4.2. Las pruebas.

Mediante auto 4 de fecha 18 de agosto de 1999 el tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes, las cuales fueron practicadas de la siguiente manera:

El 24 de agosto de 1999 se llevó a cabo el interrogatorio de parte del doctor José Fernando Cuartas, representante legal de la sociedad Manufacturas de Cuero La Corona S.A. y del señor Óscar Jaramillo Botero.

Igualmente en esa fecha se dio posesión al perito Luis María Guijo Roa y se recepcionaron los testimonios de los señores Israel Espejo, Pablo Emilio Garzón y Belisario Velásquez Restrepo.

El 26 de agosto de 1999 se realizó la diligencia de inspección judicial con intervención de perito y exhibición de documentos a las instalaciones de Manufacturas de Cuero La Corona S.A.

Finalmente, se recibió oportunamente el dictamen pericial decretado mediante auto 5, ante el cual, el 15 de septiembre de 1999 el apoderado de la demandante presentó objeción por error grave, objeción que será resuelta en esta providencia, como lo dispone la ley.

Una vez concluido el período probatorio y practicada la totalidad de las pruebas solicitadas y decretadas, procedió el tribunal a escuchar los alegatos de conclusión presentados por los apoderados de las partes, en audiencia que tuvo lugar el 3 de diciembre de 1999.

5. Consideraciones del tribunal.

5.1. Competencia.

En la primera audiencia de trámite, el tribunal se declaró competente mediante providencia que se encuentra ejecutoriada, confirmando que la controversia planteada es susceptible de transacción, que las partes son plenamente capaces y están habilitadas para transigir.

El trámite a que se hace referencia no presenta inconvenientes o defectos para que el tribunal pueda pronunciarse sobre el fondo de la controversia, para lo cual se encuentra en término, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, habida cuenta que la primera audiencia de trámite tuvo lugar el 18 de agosto de 1999.

El tribunal a su turno, fue debidamente integrado e instalado y los emolumentos fijados en el acta de instalación fueron oportunamente pagados por las partes en su totalidad.

Finalmente, no existen excepciones previas por resolver.

Por todo lo anterior, se reitera, el tribunal es competente para conocer y resolver la controversia que se le plantea.

5.2. Presupuestos procesales.

La relación jurídico procesal en este caso se trabó en forma legal y con el cumplimiento de los requisitos legales.

En efecto, las partes del proceso no plantearon discusión sobre su capacidad para actuar como tales y entre ellas existe acuerdo pleno sobre la naturaleza jurídica del contrato que da origen al proceso, tal y como puede inferirse de los hechos segundo y tercero de la demanda, aceptados como ciertos en la contestación de la misma.

Tampoco existe discusión alguna sobre la conformación de este tribunal ni sobre la validez de la cláusula compromisoria, tema sobre el cual ninguna de las partes efectuó reparo alguno en el momento legal oportuno, esto es, al celebrarse la primera audiencia de trámite en la cual este tribunal asumió la competencia para conocer del proceso.

Encontrándose pues los elementos materiales útiles y necesarios para la adopción de un fallo, este tribunal procede a resolver el litigio planteado.

5.3. El objeto de la controversia.

Solicita el demandante, señor Óscar Jaramillo Botero, que se declare incumplido el contrato de prestación de servicios celebrado por él con Manufacturas de Cuero La Corona S.A.

Consecuencialmente solicita se declare que por virtud de ese incumplimiento se condene a la demandada al pago de las comisiones que —al decir del actor— se le adeudan y adicionalmente, se actualicen esas sumas de dinero.

Manufacturas de Cuero La Corona sostiene, por el contrario, que el actor no tiene el derecho que reclama y por ende las pretensiones de la demanda no pueden prosperar.

5.4. Análisis probatorio.

Procede entonces este tribunal, para efectos de resolver la controversia, a efectuar un análisis de las pruebas recaudadas, teniendo presente que la prueba de las ventas empresariales (sic) contrato correspondía al actor, según lo estipulan las más elementales reglas del derecho probatorio.

Es claro que la discusión en torno al tema del incumplimiento radica en aquello que las partes denominaron “ventas empresariales”. Por ello resulta menester que el tribunal establezca claramente en qué consisten esas ventas empresariales y luego proceda a determinar si el demandante tenía derecho al pago de comisiones por esas ventas o si por el contrario, jamás existió esa obligación para la demandada.

a) Las ventas empresariales.

En primer lugar, del texto del contrato no puede establecerse aquello que las partes entendieron por “ventas empresariales”. En ese documento se hace referencia a tales ventas en la cláusula octava sin que las partes hayan definido ni determinado el alcance o el entendimiento que se le daba a ese tipo de operaciones.

Por el contrario, en la contestación de la demanda, al referirse el apoderado de la convocada al hecho 5 del libelo manifiesta que aquellas ventas se refieren a “la actividad o práctica comercial de la demandada ... que se hace a las distintas empresas del país para el cumplimiento de la obligación de suministro de calzado a sus trabajadores”.

Esa definición dada en la contestación de la demanda no fue discutida por el actor dentro del término legal de traslado de las excepciones y muy por el contrario coincide con lo manifestado en el interrogatorio de parte respondido por el señor Óscar Jaramillo, quien manifestó en torno al tema “...nos fuimos a trabajar directamente la venta a las empresas para que estas empresas cumplieran con la ley dotando de calzado a sus trabajadores”.

Adicionalmente, el representante legal de la sociedad convocada ilustró de igual forma al tribunal, aclarando que la idea de las ventas empresariales consistía en “...promover la venta de línea industrial o línea de vestir en empresas o institutos…” y servía “...para dotaciones de las empresas a sus empleados...”.

Pues bien, queda claro para este tribunal que la venta empresarial la entendieron las partes del contrato como aquella en la cual la demandada vendía calzado a las empresas para que ellas dotaran, en cumplimiento de sus obligaciones laborales, a sus empleados.

b) Las ventas empresariales frente al contrato del señor Óscar Jaramillo Botero.

Debe destacarse en primer término, que el tema de ventas empresariales fue objeto de cláusula contractual expresa diferente a aquella en la cual se estipuló el pago de las comisiones. El contrato, en la cláusula 8ª prevé que “Por la venta empresarial se cancelará una comisión el 8% por venta neta, sin incluir IVA, fletes e impuestos (sic), que será pagada al recaudo”.

Esta disposición demuestra que las partes quisieron dar a las ventas empresariales un tratamiento diferente a aquel que existía para las demás ventas, pero además es prueba fehaciente de que Manufacturas de Cuero La Corona se obligó a pagar al actor, una comisión en el caso de que este efectuará alguna de las que se han denominado ventas empresariales.

A pesar de lo anterior, el representante legal de la convocada al ser preguntado por qué había pactado comisión por venta empresarial en el contrato celebrado con el actor, manifestó “debo admitir ahí que pudo haber sido un error de la empresa, ese es un formato de computador y alguien dice llenarle el formato y lo firma, pero en el diario acontecer de la empresa uno puede revisar que las cláusulas del contrato son de uno bastante viejo. Yo personalmente nunca tuve la precaución de hacerlo, alguien lo hizo para alguien (sic) y se quedó en el computador y cuando llega alguien lo va firmando”.

No puede este tribunal aceptar esa manifestación hecha por el representante legal de la demandada, pretendiendo desconocer la citada cláusula octava del contrato, puesto que no solamente La Corona prestó su consentimiento sobre el texto íntegro de la convención al suscribirla, sino que no puede argumentar conductas tan negligentes como firmar un contrato sin revisarlo o tener un mismo formato que se va imprimiendo sin ningún cuidado ni revisión, en la medida que se va requiriendo. Se trata de una conducta inapropiada de la sociedad demandada que no puede ser invocada en su beneficio, puesto que la ley prohíbe la alegación de la propia culpa como medio de defensa.

De la lectura e interpretación del texto del contrato, resulta claro que este consagra la obligación para la convocada de pagar al vendedor las comisiones derivadas del pago de las ventas empresariales realizadas por él, y no como lo solicita el demandante “por el monto total de las ventas empresariales hechas por La Corona”.

Lo que corresponde entonces ahora es determinar si el actor efectuó ventas empresariales, para tener derecho a la comisión pactada o si por el contrario, jamás las realizó y por ende jamás se causaron esas comisiones.

c) Las ventas realizadas por el demandante.

Para el estudio de las ventas realizadas por el demandante se acudió a un dictamen pericial que fue objetado por la parte actora.

Teniendo en cuenta que por expresa disposición legal la objeción al dictamen pericial debe ser resuelta en el laudo y que ello es necesario hacerlo antes de darle el valor probatorio a ese experticio, procede el tribunal en este punto, a resolver la objeción propuesta por el apoderado del actor, para poder así determinar si el dictamen pericial puede o no ser tenido en cuenta como sustento de la decisión final.

• La objeción al dictamen pericial.

Se fundamenta el ataque del actor en el hecho que “el perito excluye unas reconocidas y evidentes ventas empresariales”. Para el objetante, las ventas relacionadas con empresas como Jubalai, Adpostal, Servientrega, Banco de Crédito, Laboratorios Arbitel, Electrificadora del Huila, Velandia y Junca Asociados, Federación Nacional de Cafeteros y Jorge Troncoso fueron excluidas por el perito de las denominadas empresariales, a pesar de que en el expediente, al decir del apoderado del demandante, reposan documentos y declaraciones que demuestran que sí lo son.

Como pruebas de esa objeción el apoderado demandante invoca únicamente unos documentos y unas declaraciones, elementos probatorios que fueron tenidos en cuenta por este tribunal. Sin embargo, en este punto debe manifestarse que el actor solicitó en su alegato de conclusión, la elaboración de un nuevo dictamen pericial como fundamento de su objeción.

Pese a lo anterior, el tribunal no podía decretar esa prueba, por cuanto ella fue solicitada extemporáneamente, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, la solicitud de pruebas que sustentan la objeción a un dictamen pericial, debe hacerse dentro del término legal del traslado del mismo.

Pues bien, con base en los documentos aportados al proceso y aquellos que fueron objeto de inspección judicial en las instalaciones de la demandada, el tribunal pudo establecer lo siguiente:

— El negocio efectuado con Adpostal fue el fruto de una licitación y por tanto no se trata de una gestión realizada por el actor sino de un negocio directo en el cual la demandada participó en concurso con otras sociedades y del cual salió beneficiada. Sobre este particular la cláusula segunda del contrato es clara al darle al tema de las ventas por licitación, un tratamiento distinto al de las ventas empresariales.

— Las ventas efectuadas a Servientrega constituyeron un simple canje de servicios por lo cual no se generó un ingreso efectivo para la empresa y por ende no hubo lugar a comisión.

— Los negocios con el Banco de Crédito, Laboratorios Artibel, Electrificadora del Huila y Federación Nacional de Cafeteros, fueron negocios en los cuales no se incluyó el 10% adicional del cual se derivaban las comisiones para los vendedores, por tratarse de operaciones con un régimen de descuento especial.

— Finalmente, en lo que se refiere a Velandia Junca y asociados, Jubalai y el señor Jorge Troncoso Troncoso, se ha podido establecer que se trata de comerciantes que comparaban para revender y que por ende tampoco pueden calificarse como clientes empresariales.

Por todo lo anterior, para el tribunal resulta infundada la objeción por error grave presentada en contra del dictamen pericial y por ello esa objeción no está llamada a prosperar.

• El dictamen pericial.

Una vez establecida la validez probatoria del dictamen pericial, el tribunal puede establecer, con base en esa prueba, lo siguiente:

— El señor Óscar Jaramillo Botero, no efectuó de manera directa y personal, ventas empresariales, ni recaudos procedentes de las mismas.

— Las ventas empresariales fueron realizadas por el señor Israel Espejo, circunstancia que por lo demás se encuentra ratificada en las diversas declaraciones que fueron recibidas en el proceso.

— Dentro del esfuerzo probatorio a su cargo, el señor Óscar Jaramillo Botero no demostró la realización efectiva de ventas empresariales entre el 2 de mayo de 1997 y el 30 de abril de 1998.

Con fundamento en lo anterior, el tribunal ha podido establecer que, de acuerdo con el contrato celebrado entre las partes de este proceso, si bien el señor Óscar Jaramillo Botero habría tenido derecho al pago de comisiones por ventas empresariales, estas no se causaron pues no realizó las citadas ventas y por tanto no fueron “efectivamente facturadas” al tenor del clausulado del contrato.

La cláusula octava del contrato, tal y como ella se encuentra redactada y aceptada por las partes, conllevaba necesariamente a que el actor tuviera derecho al pago de las comisiones generadas por ventas empresariales efectuadas por él mismo. No puede inferirse o deducirse de esa estipulación contractual que allí se incluían las comisiones generadas por ventas realizadas por otros vendedores pues, además de que ello no se estipuló expresamente, los documentos contables demuestran que La Corona sí pagó esas comisiones, pero lo hizo a quien realizó las ventas, esto es, al señor Israel Espejo. Aceptar que el actor tenía también derecho a esas comisiones llevaría al tribunal a concluir, erradamente, que la demandada estaba en la obligación de pagar una doble comisión por el producido de esas ventas.

Lo anterior encuentra fundamento adicional en el texto de la cláusula sexta del contrato, de acuerdo con la cual el demandante no podía “hacerse sustituir total o parcialmente en el cumplimiento de sus obligaciones, sino con previa, expresa y escrita autorización de la sociedad contratante...”. La interpretación que el convocante quiere dar al tema de las ventas empresariales implicaría que el señor Israel Espejo ejecutó parte del contrato a nombre del actor, circunstancia que contraviene la citada cláusula y que además carece de sustento probatorio.

Así las cosas, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

d) Las excepciones propuestas por la demandada

Argumenta como medios de defensa la sociedad convocada la excepción genérica y la denominada “inexistencia del derecho pretendido por el actor”.

Como ya quedó dicho anteriormente, el señor Jaramillo Botero habría tenido derecho al pago de comisiones por ventas empresariales, siempre y cuando hubiere efectuado tales ventas. Sin embargo, como ello nunca fue así, la inexistencia del derecho pretendido por el actor se encuentra probada y así se resolverá en la parte final de esta providencia.

6. Costas.

Teniendo en cuenta que las pretensiones de incumplimiento y las pretensiones indemnizatorias no habrán de prosperar, el tribunal no accederá a condenar en costas a la parte demandada.

Por otra parte, aunque la parte demandante no sacará avante sus pretensiones, estima el tribunal que no deberá imponérsele la condena en costas. Se toma esta decisión en razón de la seriedad de la conducta asumida por la parte actora a lo largo de este proceso. En otros términos, tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en sentencia de febrero 18 de 1999 (proceso 10765), para la condena en costas se exige una valoración de la conducta procesal de las partes, y en el presente caso aquella asumida por el demandante fue seria, leal, y ajustada a derecho.

7. Parte resolutiva.

Por lo expuesto, el tribunal de arbitramento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Denegar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Declarar que el señor Óscar Jaramillo Botero no tiene derecho al pago de las comisiones por ventas empresariales, por cuanto el actor no realizó ninguna de tales ventas.

3. Declarar probada la excepción denominada inexistencia del derecho pretendido por el actor.

4. Abstenerse de condenar en costas a las partes.

5. Protocolícese el expediente en una de las notarías del Círculo de Santafé de Bogotá.

_______________________________