Tribunal de Arbitramento

Química Vulcano S.A., Alberto Quijano Duque, José Gabriel Saaibi Serrano

v.

Con Rotadyne Latin America LLC y Esperanza Medina

Junio 5 de 2008

LAUDO ARBITRAL

Bogotá, D.C., cinco (05) de junio de dos mil ocho (2008).

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso promovido por QUÍMICA VULCANO S.A., ALBERTO QUIJANO DUQUE y JOSÉ GABRIEL SAAIBI SERRANO contra ROTADYNE LATIN AMERICA LLC y ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA DE CONVOCATORIA.

Obrando como apoderado especial debidamente constituido de la sociedad comercial QUÍMICA VULCANO S.A., de ALBERTO QUIJANO DUQUE y de JOSÉ GABRIEL SAAIBI SERRANO, el 28 de febrero de 2007, el doctor MARIO JARAMILLO, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, mediante demanda en forma, la constitución de un Tribunal de Arbitramento para que dirimiera las diferencias que se presentaron entre sus representados y ROTADYNE LATIN AMERICA LLC y ESPERANZA MEDINA.

2. DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS.

De conformidad con lo convenido por las partes en el pacto arbitral, el día 6 de marzo de 2007 se llevó a cabo, mediante la modalidad de sorteo público, la designación de los árbitros, nombrando para esos efectos a los doctores HERNANDO GALINDO CUBIDES, ADRIANA POLANÍA POLANÍA Y FERNANDO MONTOYA MATEUS.

3. LA INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL.

Como da cuenta el acta 1, el día 11 de abril de 2007, se celebró la audiencia de instalación del Tribunal, por lo que se hicieron presentes los doctores HERNANDO GALINDO CUBIDES, ADRIANA POLANÍA POLANÍA Y FERNANDO MONTOYA MATEUS. Como Presidente del Tribunal se designó al doctor HERNANDO GALINDO CUBIDES, quien a su vez designó como Secretario al doctor MARIO POSADA GARCÍA-PEÑA, quien sería notificado posteriormente. También asistieron en representación de QUÍMICA VULCANO S.A. la doctora MARTHA CONSUELO ZULUAGA BUITRAGO actuando como Representante Legal y el doctor MARIO JARAMILLO MEJÍA en su condición de apoderado judicial. En representación de los convocados, no asistió ninguna persona. Así mismo, El doctor CARLOS HUMBERTO MAYORCA ESCOBAR asistió en representación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio con el fin de realizar la entrega del expediente y las actuaciones surtidas hasta el momento, y actuó en esa diligencia como secretario ad-hoc.

Como consta en el acta 2 del 25 de abril de 2007, se llevó a cabo otra audiencia a la que asistieron los señores árbitros y el doctor POSADA GARCÍA-PEÑA -quién aceptó la honrosa designación como secretario de este Tribunal de Arbitramento.

Así mismo se hicieron presentes la doctora MARTHA CONSUELO ZULUAGA BUITRAGO actuando como representante legal de Química Vulcano S.A. y el doctor MARIO JARAMILLO MEJÍA en su condición de apoderado judicial de los convocantes. En representación de los convocados no asistió ninguna persona. Mediante auto 1 contenido en esta acta, el Tribunal consideró aplicable a la controversia el procedimiento legal, de conformidad con lo pactado por las partes en la cláusula arbitral. A continuación, mediante auto 2 el Tribunal fijó los gastos de funcionamiento y administración y los honorarios de los árbitros y del secretario.

El día 30 de mayo de 2007, se adelantó una nueva sesión dentro de este trámite arbitral, en la que se hicieron presentes los señores árbitros y el secretario del Tribunal. También se hicieron presentes por la parte convocante el doctor MARIO JARAMILLO MEJÍA en su condición de apoderado judicial y por la parte convocada, los apoderados JORGE CARREÑO JIMÉNEZ como principal y ENRIQUE ARANGUREN LAURENS como suplente. Mediante auto 1 de esa misma fecha, contenido en el acta 3, el Tribunal resolvió corregir los errores de tipografía contenidos en el auto 2 de fecha 25 de abril de 2007, en cuanto a precisar que el Tribunal sería conformado por tres (3) árbitros, y rechazar por improcedentes las inquietudes expuestas por el apoderado de la señora Esperanza Medina Marmolejo en escrito radicado por Secretaría el 10 de mayo de 2007, respecto a la convocatoria al Tribunal de Arbitramento: la empresa citada es Rotadyne Colombia S.A. y no Rotadyne Latin America LLC, debiendo haber sido convocada esta última y respecto de la consignación de gastos procesales, debido a que fueron presentadas por fuera de la oportunidad procesal prevista para ello. Así mismo, mediante auto 2 de fecha 30 de mayo el Tribunal decidió admitir la solicitud de convocatoria, previo análisis de ella y teniendo en cuenta lo ordenado por el fallo de la Honorable Corte Constitucional C-1038/02 y los artículos 121 de la Ley 446/98 y 141 del Decreto 1818/98. Por lo anterior, notificó en estrados a los apoderados de las convocadas de la admisión de la demanda, reconoció personería a todos los apoderados y fijó como sede de la Secretaría del Tribunal, la oficina del DR. POSADA GARCÍA-PEÑA, ubicada en la diagonal 68 Nº 11A-38 de Bogotá.

En el acta 4 del 25 de junio de 2007, se plasmó la celebración de una nueva sesión dentro del presente trámite arbitral, a la cual asistieron los señores árbitros y el secretario. A continuación, este último informó de la radicación de los escritos de contestación de la demanda el día 14 de junio de 2007, por lo que el Tribunal resolvió fijar en lista dichos escritos y señalar como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, el día 9 de julio de 2007.

El día 9 de julio de 2007, se llevó a cabo la audiencia de conciliación con la presencia de los apoderados de ambas partes, así como de los señores MANUEL ALBERTO QUIJANO DUQUE actuando en nombre propio y como representante legal de QUÍMICA VULCANO S.A., JOSÉ GABRIEL SAAIBI SERRANO actuando en nombre propio y la señora ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO actuando en nombre propio. En dicha diligencia, el secretario informó acerca de la radicación por parte del apoderado de la convocante de un escrito descorriendo traslado de la contestación de la demanda y solicitando unas pruebas adicionales. Acto seguido, los representantes de las partes expusieron sus posiciones sin lograr llegar a un acuerdo conciliatorio, por lo que el Tribunal declaró fracasada la audiencia de conciliación y entró a fijar como fecha para adelantar la primera audiencia de trámite, el día 23 de julio de 2007.

Como se había ordenado en auto de fecha 9 de julio de 2007, se adelantó otra sesión dentro del presente trámite arbitral, pero no para lo que había sido convocada, por cuanto el apoderado de los convocantes presentó escrito de reforma de la demanda el día 19 de julio de 2007, por lo que se hizo necesario posponer las actuaciones programadas, resolver sobre la admisión del escrito de la reforma de la demanda y ordenar su traslado.

Posteriormente, como consta en el acta 7 se reunieron los señores árbitros, el señor secretario, los apoderados de las partes, el representante legal de Química Vulcano S.A. y la señora Medina Marmolejo. Al comenzar la audiencia, el secretario informó sobre la radicación del escrito de contestación de la reforma de demanda el día 30 de julio de 2007, del traslado del mismo mediante lista fijada el 8 de agosto de 2007. A continuación, el Tribunal profirió un auto adicionando proporcionalmente la suma decretada para gastos y honorarios del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 del Decreto 1818 de 1998.

4. EL TRÁMITE ARBITRAL.

La primera audiencia de trámite, citada para el 10 de septiembre de 2007, se desarrolló así:

Acta 8. En primer lugar, el Secretario informó que la parte convocante consignó dentro del término legal lo correspondiente a ella y la parte convocada lo correspondiente a los gastos y honorarios adicionales decretados por el Tribunal. Así mismo, informó sobre la presentación de dos escritos por parte del apoderado de los convocantes, solicitando la imposición de una multa al representante legal de la sociedad convocada y que su inasistencia se tuviera como indicio grave en contra de las pretensiones de esa parte.

A continuación, el Presidente del Tribunal ordenó dar lectura a la cláusula compromisoria que dio origen a este Tribunal; pacta da en el contrato de “JOINT VENTURE”, celebrado entre QUÍMICA VULCANO S.A., ALBERTO QUIJANO DUQUE y JOSÉ GABRIEL SAAIBI por “la parte Colombiana” y ROTADYNE LATIN AMERICA LLC por “la parte inversionista” suscrito el día 16 de marzo de 1998.

Después se le concedió la palabra al apoderado de los convocantes, para que de manera sucinta informara al tribunal sobre las pretensiones formuladas e igualmente para que hiciera una estimación razonada de la cuantía del litigio. Posteriormente, el Presidente del Tribunal concedió la palabra al apoderado de la parte demandada, quien manifestó que se oponía a las pretensiones, y propuso las excepciones de:

• Imposibilidad de discutir el comportamiento de Esperanza Medina al interior de la parte Colombiana.

• Imposibilidad de discutir temas relacionados con la sociedad Rotadyne de Colombia S.A.

• Cumplimiento de sus obligaciones por parte de Esperanza Medina Marmolejo.

• Falta de fundamento para demandar.

• Cumplimiento de sus obligaciones por parte de Rotadyne Latin America LLC.

• Contrato no cumplido.

A continuación, se profirió el auto 1 donde el Tribunal resolvió declarar su plena competencia, y mediante auto 2 dispuso tener como pruebas solicitadas en la demanda las siguientes:

• Los documentos anexados a la demanda numerales 1º al 36 del capítulo de pruebas, con excepción del documento enumerado como 7, dado que el mismo no fue aportado como prueba, con el valor que les atribuye la ley.

• Los testimonios de los señores ORLANDO CAMARGO, ÉDGAR ROMERO TOVAR, CARLOS ALBERTO ALFONSO, JORGE LUIS CHALELA MANTILLA y EDUARDO OVIEDO MORENO,

• El interrogatorio de parte, de ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO, así como el interrogatorio de parte del representante legal de Rotadyne Latin America LLC o quien haga sus veces.

• Oficiar a Rotadyne de Colombia S.A., con el fin de que se sirviera allegar el acta 13 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha septiembre 14 de 2005, acta 9 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha octubre 4 de 2001, acta 12 de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha abril 20 de 2005, Acta de la Asamblea Extraordinaria de fecha septiembre 14 de 2005, Acta de la Asamblea General de Accionistas Nº 14 celebrada el 27 de marzo de 2006 y el Acta de la Asamblea General de Accionistas Nº 15 celebrada el 30 de marzo de 2006. Así mismo oficiar a la sociedad Rotadyne Latin America LLC, con el fin de indicar quiénes son sus gerentes y representantes legales.

Adicionalmente, la parte convocante solicitó en el escrito que descorrió el traslado de la contestación de la demanda, se tuvieran como pruebas las siguientes:

• Los documentos aportados con el escrito radicado el 5 de julio de 2007, con el valor que les atribuye la ley.

• Los testimonios de JOSÉ ANTONIO SAMPER BUITRAGO, FERNANDO GARCÍA BALCÁZAR, CARLOS ALBERTO ZEA PATIÑO, HERNANDO DARÍO RESTREPO y JESÚS ANTONIO MELO.

• Oficiar a la Superintendencia de Sociedades, con el fin de que se sirva allegar copia del informe de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A., de marzo 28 de 2007, emitido por las delegadas Andrea Carolina Munar y Evangelina Otero Crespo.

• Oficiar a la Superintendencia de Sociedades Oficina de Conciliación y Arbitramento, con el fin de que se sirvan allegar copia de la constancia emitida el 5 de junio de 2007 dentro del expediente 57621.

• Oficiar a Tikal Internacional S.A., con el fin de que se sirva certificar (i) la facturación, si la hubiere, que se ha realizado entre dicha firma y Rotadyne de Colombia S.A., y así mismo certifique (ii) quiénes eran los socios de dicha sociedad durante el 01 de enero de 2005 y hasta la fecha.

• Oficiar a Rotadyne de Colombia S.A., con el fin de que se sirva certificar (i) el número de clientes a quienes vende en la ciudad de Bogotá a fecha 5 de julio de 2007; (ii) el porcentaje de exportaciones con respecto a las ventas en Colombia durante los últimos 5 años; (iii) estudios de mercado que se hayan realizado acerca del número de impresores totales en la ciudad de Bogotá; y, (iv) valorización de los mercados potenciales tanto en Colombia como en otros países.

• Oficiar a la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de que se sirva expedir un listado y una certificación acerca del número de empresas actuales en el sector de artes gráficas relacionadas con la impresión litográfica registradas en la ciudad de Bogotá.

Allí mismo, se aceptó la solicitud de desistimiento del testimonio del señor STEPHEN MELGARD, presentada por el señor apoderado de la parte convocante.

Las pruebas que el Tribunal dispuso tener como tales, que el apoderado de los convocantes solicitó adicionalmente con el escrito de reforma de la demanda, fueron los documentos aportados con este, radicado el 19 de julio de 2007, con el valor que la ley les atribuye.

Por su parte, el apoderado de los convocados solicitó que se tuvieran como pruebas, y así lo dispuso el Tribunal:

• Los documentos anexados a la contestación de la demanda;

• Los testimonios de ORLANDO MONTAÑO RODRÍGUEZ, ANGÉLICA TORRES MONTOYA, SERGIO DURÁN SOLORZANO, CARLOS ANDRÉS PÉREZ y ALBERTO QUIJANO DUQUE.

• El Interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad Química Vulcano S.A., así como el del señor JOSÉ GABRIEL SAAIBI SERRANO.

• Oficiar a la Cámara de Comercio, con el fin de que se sirva informar sobre (i) la existencia del grupo empresarial Química Vulcano, la inscripción del mismo en los términos del artículo 30 de la Ley 222 de 1995 y los miembros que lo conforman. Así mismo, informe si (ii) la sociedad Rotadyne de Colombia S.A. forma parte del grupo empresarial Química Vulcano y en caso afirmativo si está inscrita como subordinada en la matrícula de la sociedad matriz.

El tribunal a continuación dispuso tener como pruebas comunes solicitadas por las dos partes las siguientes:

• La práctica de una inspección pericial, realizada por un perito economista con experiencia empresarial, con el fin de dar respuesta al cuestionario que presentaron las partes en la oportunidad legal, adicionado al cuestionario que fue presentado por el apoderado de la parte convocante en su escrito de la reforma de la demanda (folios 240 y siguientes), así como lo solicitado por la parte demandada en el escrito de contestación de la reforma de la demanda.

• Los testimonios de MARCO ANTONIO GARZÓN y JHONS CARLOS CAMARGO.

• La práctica de una inspección judicial con exhibición de documentos de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A., con el fin de verificar el libro de actas de asamblea y junta directiva de Rotadyne de Colombia S.A.

Por último, el presidente del Tribunal concedió la palabra al apoderado de la parte convocante, quien desistió de la solicitud de interrogatorio de parte del representante legal de Rotadyne Latin America LLC.

Como consta en el acta 9 de fecha 19 de septiembre de 2007, se reunió nuevamente el Tribunal sin la presencia de las partes, con el fin de subsanar algunas incorrecciones detectadas en el cronograma de pruebas fijado mediante auto 2 de fecha 10 de septiembre de 2007.

De conformidad con el cronograma de pruebas, el día 1 de octubre de 2007 se llevo a cabo, como quedó plasmado en el acta Nº 10, la posesión del señor perito WILSON CASTELLANOS PEDRAZA, la exhibición de documentos por parte de Rotadyne de Colombia S.A., el interrogatorio de parte de la señora ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO y del señor JOSÉ GABRIEL SAAIBI SERRANO, así como la recepción del testimonio del señor MARCO ANTONIO GARZÓN MOSCOSO.

Programada para el 3 de octubre de 2007, como consta en el acta 11, se llevó a cabo otra audiencia de pruebas, donde se adelantó la práctica del interrogatorio de parte al señor ALBERTO QUIJANO DUQUE, como representante legal de la sociedad QUÍMICA VULCANO S.A., y como persona natural posteriormente. Así mismo, se recibieron los testimonios de los señores JHONS CARLOS CAMARGO LEÓN, ORLANDO CAMARGO PÉREZ y ÉDGAR ALFONSO ROMERO RODRÍGUEZ.

En el acta 12 del día 5 de octubre de 2007, se plasmó una nueva sesión dentro del trámite arbitral, donde mediante auto 1 el Tribunal aceptó el desistimiento de los testimonios de CARLOS ALBERTO ALFONSO y HERNÁN DARÍO RESTREPO, y modificó la hora de citación para el testigo JESÚS ANTONIO MELO. A continuación se procedió a recibir el testimonio de los señores JORGE LUIS CHALELA MANTILLA, EDUARDO OVIEDO MORENO y JOSÉ ANTONIO SAMPER BUITRAGO.

En audiencia celebrada el 22 de octubre de 2007, como consta en el acta 13, se dio continuación a la etapa probatoria. Para iniciar, el Secretario informó que el día 16 de octubre de 2007 recibió la respuesta de la Superintendencia de Sociedades al oficio enviado por el Tribunal el 4 de octubre del mismo año, y que el oficio enviado ese mismo día a la sociedad Rotadyne Latin America LLC, a la dirección referenciada por la convocante en los Estados Unidos, fue devuelto por dirección errada. Acto seguido se recibieron los testimonios de FERNANDO GARCÍA BALCÁZAR, CARLOS ADOLFO ZEA PATIÑO y JESÚS ANTONIO MELO PRADA.

El acta 14, contiene el desarrollo de una nueva audiencia en la etapa probatoria, en la que mediante auto 1, el Tribunal aceptó el desistimiento del testimonio de CARLOS ANDRÉS PÉREZ RAMÍREZ, y a continuación procedió a recepcionar los testimonios de ORLANDO MONTAÑO RODRÍGUEZ y de ANGÉLICA TORRES MONTOYA. En este punto, el Tribunal profirió el auto 2 aceptando el desistimiento del testimonio de SERGIO DURÁN SOLORZANO, y decretando la suspensión del proceso entre el 30 de octubre y el 15 de noviembre de 2007, por solicitud de los apoderados de las partes.

El día 26 de octubre del año 2007, se llevó a cabo la audiencia contenida en el acta 15, en la que el Secretario informó sobre la renuncia por motivos de fuerza mayor del Dr. WILSON CASTELLANOS PEDRAZA al cargo de perito. Así mismo, informó sobre la radicación dentro del término legal, de un escrito descorriendo el traslado ordenado mediante auto 2 de fecha 24 de octubre de 2007, refiriéndose a los documentos aportados por el testigo JESÚS ANTONIO MELO. A continuación, el Tribunal profirió el auto 1 aceptando la renuncia del Dr. Castellanos Pedraza, al cargo de perito y designando al Dr. JUAN CARLOS SUÁREZ CHÁVEZ.

Mediante acta 16 del 29 de octubre de 2007, se plasmó el desarrollo de otra audiencia a la que asistieron los señores árbitros, el señor Secretario, la Dra. LINA MARÍA JARAMILLO MORENO como apoderada sustituta de la parte demandante y el Dr. ENRIQUE ARANGUREN LAURENS como apoderado suplente de los demandados. En primer lugar se dio trámite a la posesión del Dr. SUÁREZ CHÁVEZ como perito, y posteriormente, mediante auto 1 se fijaron los gastos de la pericia.

El 16 de noviembre de 2007, se adelantó otra sesión del trámite arbitral, que inició con el informe del señor Secretario sobre la recepción de las respuestas a los oficios enviados por el Tribunal a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Superintendencia de Sociedades, así como el dictamen pericial encargado al Dr. JUAN CARLOS SUÁREZ CHÁVEZ. A continuación, el Tribunal profirió el auto 1, en el que se tuvo por reanudado el proceso a partir de esa fecha y se corrió traslado común a las partes del experticio pericial, en los términos del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se fijaron los honorarios del perito y se incorporaron al expediente los documentos señalados en el informe secretarial. De todo lo anterior da constancia el acta 17.

En el acta 18 de fecha 19 de diciembre de 2007, quedó constancia de una nueva audiencia, en la que el señor Secretario informó que dentro el término legal se radicó por parte del apoderado de los demandantes, solicitud de complementación y aclaración al dictamen pericial, y se recibió confirmación del pago de honorarios al perito a cargo de ambas partes. De igual forma, se informó sobre la recepción de las respuestas a los oficios enviados por el Tribunal a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la sociedad Rotadyne de Colombia S.A. En relación con el informe secretarial, el Tribunal profirió el auto 1 dando un término de 10 días hábiles al perito, para pronunciarse respecto de la solicitud de aclaración y complementación del dictamen, y ordenando poner a disposición de las partes las transcripciones de los interrogatorios de parte y de los testimonios, de conformidad con lo señalado en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil.

Como consta en el acta 19 del 16 de enero de 2008, el Tribunal se reunió y escuchó el informe del señor Secretario, donde anunció que la solicitud de complementación y aclaración del dictamen pericial se le entregó al perito, conforme lo ordenado en el auto de fecha 19 de diciembre de 2007, y este a su vez radicó dentro del término legal, su informe de aclaración y complementación. En este punto el tribunal ordenó correr traslado común a las partes del escrito de complementación y aclaración del dictamen pericial, de conformidad con el numeral 4º del artículo 238 del CPC.

El día 8 de febrero de 2008, como consta en el acta 20, se llevó a cabo otra audiencia en la que en primer lugar se escuchó al señor Secretario comunicar que el apoderado de los demandantes radicó dentro del término legal, un recurso de reposición contra el auto 1 de fecha 16 de enero de 2008. Para resolver el recurso se expidió el auto 1, indicando que claramente el artículo 238 del CPC es el que regula el trámite de traslado de las aclaraciones y complementaciones presentadas por el señor perito y las actuaciones que las partes podrían adelantar en caso de inconformidad. Por lo anterior, el Tribunal resolvió negar el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de los demandantes, y solicitar de oficio al señor perito, para ilustración del Tribunal, recalcular las respuestas formuladas a las preguntas 9 y 10, teniendo en cuenta las certificaciones expedidas por la empresa Rotadyne de Colombia S.A. con fechas 1º y 16 de octubre de 2007. Así mismo, se ordenó al perito hacer el recálculo del VPN de las utilidades proyectadas para los años 2006 a 2018.

En el acta 21, quedó plasmada la audiencia celebrada el 7 de marzo de 2008 en las instalaciones de la Secretaría, en la que se fijó como fecha para llevar a cabo otra sesión para resolver lo que en derecho hubiera lugar, el día 13 de marzo de 2008, en las oficinas del Presidente del Tribunal, Dr. HERNANDO GALINDO CUBIDES.

Mediante acta 22 de fecha 13 de marzo de 2008, se incluyó el desarrollo de una nueva audiencia, en la que el señor Secretario informó que el día 6 de marzo se recibieron las transcripciones restantes de los testimonios rendidos dentro de este proceso arbitral, por lo que el Tribunal profirió el auto 1 ordenando poner a disposición de las partes las mencionadas transcripciones, fijando como fecha para la audiencia de alegatos el día viernes 11 de abril de 2008 y ordenando la suspensión del término del proceso arbitral desde el día 18 de marzo hasta el 10 de abril de 2008, en atención a la solicitud conjunta de las partes.

En el acta 23 se refleja la celebración de la audiencia de alegatos, a la cual asistieron los doctores HERNANDO GALINDO CUBIDES Presidente del Tribunal, ADRIANA POLANÍA POLANÍA, y FERNANDO MONTOYA MATEUS, árbitros del Tribunal, y MARIO POSADA GARCÍA-PEÑA, quien actuó como Secretario. También se hicieron presentes por la parte convocada, el apoderado JORGE CARREÑO JIMÉNEZ y por la parte convocante asistió el doctor MARIO JARAMILLO MEJÍA en su condición de apoderado judicial, así como el señor MANUEL ALBERTO QUIJANO DUQUE.

Antes de iniciar la audiencia, fue presentado por el Secretario del Tribunal un informe donde se comunicó que se habían allegado al expediente poderes debidamente otorgados de los señores Alberto Quijano Duque y Esperanza Medina Marmolejo. Que vía correo electrónico, el representante legal de Rotadyne LLC remitió una comunicación anunciando que un poder ratificando las facultades de su apoderado, adicionado a la posibilidad de solicitar prórroga del término del Tribunal, sería remitido al Tribunal. Así mismo, el señor José Gabriel Saaibi Serrano remitió un poder ratificando las facultades de su apoderado, adicionando la posibilidad de solicitar prórroga del término del Tribunal. A continuación, el Tribunal profirió el auto 1 dando por reanudado el término del proceso. Posteriormente, concedió la palabra al doctor JARAMILLO MEJÍA, para que en forma sucinta comunicara oralmente sus alegatos, que también están contenidos en un memorial que entregó por Secretaría. A continuación, se le concedió la palabra al doctor CARREÑO JIMÉNEZ, quien en forma breve comunicó sus alegatos y aportó un escrito que los contiene. Acto seguido, mediante auto 2 del 11 de abril de 2008, se señaló como fecha para llevar a cabo la audiencia en la cual se profiere el laudo, el jueves 22 de mayo de 2008, a las 8:30 a.m. en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el mismo auto, y por solicitud conjunta de las partes, el tribunal suspendió el término del proceso desde el día 12 de abril de 2008, hasta el día 21 de mayo de 2008 inclusive.

5. NOTIFICACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Como se mencionó anteriormente, el apoderado de las convocadas se notificó de la demanda en estrados en la audiencia de fecha 30 de mayo de 2007, como consta en el Auto Nº 2 de la misma fecha, contenido en el acta 3.

Los escritos de contestación de la demanda, fueron radicados por el apoderado de ROTADYNE LATIN AMERICA LLC y ESPERANZA MEDINA en el despacho del Secretario del Tribunal el día 14 de junio de 2007.

6. LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN.

Tal como quedó descrito en los puntos anteriores, las partes no lograron llegar a un acuerdo, a pesar que el Tribunal propuso que las partes intercambiaran por escrito las cifras esperadas por cada una. Las expectativas de una y otra se distanciaron bastante cuando los convocantes señalaron un monto mínimo para conciliar a lo que la parte convocada manifestó que esa cifra se alejaba bastante de sus posibilidades.

Por lo anterior, el Tribunal debió reconocer el fracaso de la etapa de conciliación.

7. TÉRMINO DEL PROCESO.

En la cláusula compromisoria que dio origen al Tribunal no se encuentra fijado el término de duración del mismo, motivo por el cual es aplicable el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, que modificó el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, recogida en el artículo 126 del Decreto 1818 de 1998, normas de acuerdo con las cuales, ante el silencio de las partes, aquel es de seis meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. En el presente proceso, esta se celebró el día 10 de septiembre de 2007, pero el término del proceso se ha suspendido en varias ocasiones por solicitud conjunta de las partes (las suspensiones del término del proceso, decretadas por el Tribunal fueron: Del 30 de octubre al 15 de noviembre de 2007; del 18 de marzo al 10 de abril de 2008; del 12 de abril al 21 de mayo de 2008), como se ha mencionado en las correspondientes actas. Adicionalmente y también de forma conjunta los apoderados de las partes debidamente facultados para ello —de conformidad con los poderes especiales que obran en el expediente— solicitaron prorrogar el término del proceso por un mes. Se encuentra entonces el Tribunal dentro del término legal para proferir el presente laudo.

8. PRESUPUESTOS PROCESALES.

Los presupuestos procesales de competencia, capacidad para ser partes y para comparecer en juicio y demanda en forma se encuentran claramente reunidos en el presente proceso, no apareciendo tampoco ninguna causal de nulidad capaz de invalidar lo actuado.

CAPÍTULO II

CONTROVERSIAS SOMETIDAS AL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL

1. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

La demanda contenida en la solicitud de convocatoria del proceso arbitral contiene las siguientes pretensiones:

“Primera. Que se declare la existencia y validez del Contrato ““JOINT VENTURE”” (en adelante “El Contrato”) celebrado el 16 de marzo de 1998 entre Química Vulcano Ltda., Alberto Quijano Duque, José Gabriel Saaibi Serrano, Esperanza Medina y Rotadyne Latin America LLC.

Segunda. Que se declare que El Contrato fue suscrito por una parte, entre un grupo Colombiano compuesto de antiguos accionistas de Gomacol Ltda. actuando en grupo y llamados en El Contrato “La parte Colombiana” compuesta por Química Vulcano Ltda. (hoy Química Vulcano S.A.), Alberto Quijano Duque, Esperanza Medina Marmolejo, José Gabriel Saaibi Serrano, y de otro lado, Rotadyne Latin America LLC, quien se denominaba en El Contrato “El Inversionista” (en adelante “El Inversionista” o “el Inversionista”).

Tercera. Que se declare la existencia y validez del contrato de sociedad denominada Rotadyne de Colombia S.A. constituida por escritura pública número 458 del 16 de marzo de 1998 de la Notaría 16 de Bogotá.

Cuarta. Que se declare que el contrato de sociedad fue suscrito por Química Vulcano Ltda. (hoy Química Vulcano S.A.), Alberto Quijano Duque, Esperanza Medina Marmolejo, José Gabriel Saaibi Serrano y Rotadyne Latin America LLC.

Quinta: Que se declare que Esperanza Medina Marmolejo incumplió El Contrato a partir del 14 de septiembre de 2005.

Sexta. Que se declare que Rotadyne Latin America LLC incumplió El Contrato a partir del 14 de septiembre de 2005.

Séptima. Que por dicho incumplimiento de El Contrato por parte de Esperanza Medina Marmolejo y Rotadyne Latin America LLC se declare la resolución del mismo.

Octava. Que por razón del incumplimiento de El Contrato que menoscaba y afecta la relación existente entre las partes que a su vez son los únicos socios de Rotadyne de Colombia S.A, se declare a esta sociedad en estado de disolución y liquidación por cuanto ha dejado de existir ánimo societario que permita la tranquila y productiva ejecución de los negocios de la sociedad.

Novena. Que como consecuencia de las decisiones anteriores se pide u ordene a la Superintendencia de Sociedades nombrar la persona que actúe como liquidador de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A.

Décima. Que se condene por razón del incumplimiento y/o resolución de El Contrato y/o por la declaratoria de disolución y liquidación de Rotadyne de Colombia S.A. a Esperanza Medina Marmolejo y Rotadyne Latin America LLC a pagar, solidaria y mancomunadamente dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del Laudo que ponga fin a el proceso a Química Vulcano S.A. (en adelante “Química Vulcano”), Alberto Quijano Duque y José Gabriel Saaibi Serrano por daños y perjuicios la suma que los peritos designados por el Tribunal de Arbitramento establezcan más los intereses de mora que se causen, suma debidamente actualizada a la fecha en que se haga efectivamente el pago, en las siguientes proporciones que corresponden a la participación de cada uno en la Parte Colombiana demandante: Química Vulcano S.A., 95.71 %, Alberto Quijano 2.86% y José Gabriel Saaibi, 1.43%.

Undécima. Que se condene a Esperanza Medina y Rotadyne Latin America LLC al pago de los perjuicios morales a Alberto Quijano Duque y José Gabriel Saaibi Serrano ocasionados por el incumplimiento de El Contrato.

Duodécima. Que se condene a Esperanza Medina Marmolejo y a Rotadyne Latin America LLC al pago de las costas y gastos que se liquiden por parte del Tribunal de Arbitramento”.

2. LAS EXCEPCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA PROPUESTOS POR EL APODERADO DE LA SEÑORA ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO COMO PARTE CONVOCADA EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

“2.1. Excepción de Imposibilidad de Discutir el Comportamiento de Esperanza Medina al Interior de la Parte Colombiana.

La demanda sostiene que Esperanza Medina, quien formaba parte de la PARTE COLOMBIANA en el contrato de “JOINT VENTURE”, incumplió con sus obligaciones contractuales por haber votado en determinada manera.

Es importante aclarar que los demandantes son también integrantes de la denominada PARTE COLOMBIANA del contrato de “JOINT VENTURE”, de modo que al alegar un incumplimiento del contrato están queriendo decir que ellos como PARTE COLOMBIANA incumplieron el contrato.

Si se trata de un incumplimiento de los acuerdos que regulen la relación entre los miembros de la PARTE COLOMBIANA, no podría resolverse la controversia allí generada mediante este trámite arbitral, por cuanto la cláusula compromisoria le otorga competencia al Tribunal únicamente para resolver los conflictos que con ocasión del contrato de “JOINT VENTURE” puedan presentarse entre LA PARTE COLOMBIANA Y EL INVERSIONISTA.

2.2. Excepción de Imposibilidad de Discutir Temas Relacionados con la Sociedad Rotadyne de Colombia S.A.

La cláusula compromisoria invocada para instalar el presente Tribunal de Arbitramento se limita a las divergencias entre las partes con respecto a la ejecución, cumplimiento, terminación y consecuencias del contrato de “JOINT VENTURE”. De modo que no podrían tramitarse en este proceso asuntos relacionados con la sociedad ROTADYNE DE COLOMBIA S.A. por cuanto el Tribunal de Arbitramento no es competente para conocerlos.

2.3. Excepción de Cumplimiento de sus Obligaciones por Parte de Esperanza Medina Marmolejo.

La señora ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO ha cumplido y cumplió con todas las obligaciones que le correspondían como gerente de la sociedad, pero esas obligaciones no están sometidas al conocimiento del Tribunal de Arbitramento.

La señora ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO cumplió con todas las obligaciones y además ejerció los derechos que el contrato de sociedad para La constitución de ROTADYNE DE COLOMBIA S.A. como accionista. [sic]

La señora ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO no asumió ninguna obligación, en el contrato de “JOINT VENTURE” con los demás miembros de la denominada PARTE COLOMBIANA en ese contrato.

2.4. Excepción de Falta de Fundamento para Demandar.

En la medida que los hechos relacionados en la demanda no son ciertos, las pretensiones carecen de fundamento”.

3. LAS EXCEPCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA PROPUESTOS POR EL APODERADO DE LA SOCIEDAD ROTADYNE LATIN AMERICA LLC COMO PARTE CONVOCADA EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

“3.1. Excepción de Cumplimiento de sus Obligaciones por Parte de Rotadyne Latin America LLC.

La sociedad ROTADYNE LATIN AMERICA LLC. ha cumplido y cumplió todas las obligaciones que asumió en el contrato de “JOINT VENTURE” de frente a la parte Colombiana, con las modificaciones que los mismos interesados le introdujeron con el transcurso del tiempo.

La sociedad ROTADYNE LATIN AMERICA LLC. ha cumplido y cumplió con todas las obligaciones y ejerció todos los derechos que le correspondían como accionista de la sociedad ROTADYNE DE COLOMBIA S.A., sin contrariar sus compromisos en el “JOINT VENTURE”.

3.2. Excepción de Falta de Fundamento para Demandar.

En la medida que los hechos relacionados en la demanda no son ciertos, las pretensiones carecen de fundamento.

3.3. Excepción de Contrato No Cumplido.

La PARTE COLOMBIANA se obligó en el contrato de “JOINT VENTURE” a abstenerse de realizar negocios o participar en actividades que estuvieran en franca competencia con las actividades de la sociedad ROTADYNE DE COLOMBIA S.A. o con las de la PARTE INVERSIONISTA.

Unos miembros de la PARTE COLOMBIANA, que no todos y por ello no se presenta una demanda de reconvención, la sociedad QUÍMICA VULCANO S.A. y el señor ALBERTO QUIJANO DUQUE usaron las instalaciones de la sociedad ROTADYNE DE COLOMBIA S.A. para la fabricación y venta de productos en franca competencia con esa sociedad y con la PARTE INVERSIONISTA del contrato de “JOINT VENTURE”.

Ese incumplimiento flagrante y expreso de algunos miembros de la PARTE COLOMBIANA, que no se han suspendido en la medida que el precio de las ventas ilegítimas no ha sido pagado, impide a la PARTE COLOMBIANA pretender el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la PARTE INVERSIONISTA, en los términos del artículo 1.609 del C.C.”.

CAPÍTULO III

POSICIONES DE LAS PARTES

1. DE LA PARTE CONVOCANTE.

Como fundamentos de hecho de las pretensiones de la demanda, QUÍMICA VULCANO S.A., ALBERTO QUIJANO DUQUE y JOSÉ GABRIEL SAAIBI SERRANO propusieron los siguientes:

• HECHOS

1. Rotation Dynamics Corporation o Rotation Corp., es una empresa constituida en los Estados Unidos de América conforme con las leyes del Estado de Delaware, con domicilio principal en el 15 Salt Creek Lake, Hindsdale, Illinois, USA, propietaria de la marca ROTADYNE, cuyo objeto principal es la fabricación de rodillos de caucho, de amplio prestigio internacional, con un reconocido know how técnico y comercial.

2. Rotadyne Latin America LLC es una sociedad constituida en el Estado de Delaware (Estados Unidos de América), filial de Rotation Corp., encargada de los negocios de esta en Centro y Sur América exceptuando México, como consta en el acuerdo de operación suscrito el 12 de febrero de 1998, cláusula 2.2, el cual se anexa a esta demanda.

3. Los rodillos de caucho son elementos utilizados por infinidad de industrias, pero en especial, por la industria de imprenta en todos sus órdenes.

4. Química Vulcano es una empresa Colombiana constituida mediante escritura pública 1838 del 22 de noviembre de 1983 de la notaría 25 de Bogotá, que utiliza personal netamente Colombiano para su operación y cuyo principal objeto social es la representación comercial de firmas nacionales o internacionales, la importación, distribución y venta de productos nacionales o extranjeros, la prestación de servicios de asesoría a cualquier tipo de empresas en actividades relacionadas con el comercio en general, la producción, distribución, compra, venta, importación y exportación de toda clase de productos en cuya elaboración se utilicen como materia prima el caucho natural o sintético y/o materiales plásticos o sintéticos, y presta servicios de reencauche de artículos, repuestos o implementos para diferentes usos industriales.

5. Alberto Quijano Duque, principal accionista de Química Vulcano y representante legal, socio y promotor de Rotadyne de Colombia S.A., es Ingeniero Químico, graduado en la Universidad Industrial de Santander, con estudios en Ciencia de Polímeros en la Universidad de Akron, USA, fundador de varias empresas dedicadas a la industria del caucho y del plástico y miembro importante de la industria del caucho en Colombia, habiendo sido Presidente del Grupo Cauchero Colombiano.

Ha sido fundador y promotor de Química Vulcano, Gomacol, Colsintéticos Ltda., Prodequim Ltda., Industrias Plásticas Orión S.A., Productora Akron Ltda., Rotadyne de Colombia S.A. y varias más empresas del ramo.

6. José Gabriel Saaibi Serrano, socio de Rotadyne de Colombia S.A., es un destacado ingeniero egresado de la Universidad Industrial de Santander, con una gran experiencia en la industria, ex catedrático universitario que de tiempo atrás ha sido socio e inversionista importante del grupo empresarial Química Vulcano, habiendo sido Gomacol una de sus empresas integrantes.

7. Esperanza Medina Marmolejo, socia de Rotadyne de Colombia S.A., había sido funcionaria de Química Vulcano durante algún tiempo, merecedora de toda la confianza y aprecio de los socios, y por ello se le confió para el proyecto de consecución de la tecnología y elaboración de rodillos de caucho en Colombia, que formara parte de los proyectos de inversión de Química Vulcano hacia 1995 en adelante. De este proyecto nació Gomacol Ltda.

8. Rotadyne Corp. había estado interesada, desde tiempo atrás, en los negocios de América Latina y para eso constituyó a Rotadyne Latin America LLC pero, aún con ello, su debilidad era evidente en los países andinos por su falta de presencia directa y la necesidad de este mercado por tener servicio local de reencauche.

9. Química Vulcano, por su parte, a través de su filial Gomacol Ltda., realizó inversiones en investigación, tecnología, equipos y puesta en marcha de la fábrica cuyos objetivos principales eran producir los mejores recubrimientos de caucho para rodillos utilizados en múltiples industrias, no solo las de impresión, prestar el mejor servicio posible generando ideas y tecnologías tan solo para este fin y ganar un conocimiento profundo del mercado colombiano, pero con miras a exportar al resto de países del área andina. Sus productos y recubrimientos de caucho se adaptaron bien a las necesidades del mercado.

10. Gomacol Ltda., hoy en día Gomacol en Liquidación, (en adelante “Gomacol”), es una sociedad constituida mediante escritura Pública 4165 del 21 de noviembre de 1995 de la Notaría 45 de Santafé de Bogotá, con un capital de $5.000.000, disuelta y en liquidación desde 1999 como consta en el Certificado de Cámara de Comercio que se anexa, siendo sus actuales socios las siguientes personas: Química Vulcano Ltda. 72%, Esperanza Medina Marmolejo, socia industrial, que desempeñaba las funciones de gerente y Representante Legal de la Sociedad con el 20%. Rafael Eduardo Camargo, Herbert William Díaz, Nancy Stella Soto y Ciro Ernesto Mendoza, con el 2% de participación cada uno.

11. En 1997 Rotadyne Corp. contactó a Gomacol Ltda. y específicamente al Dr. Alberto Quijano Duque, representante legal y mayor accionista de Química Vulcano, máximo accionista de Gomacol, para ver la posibilidad de hacer una asociación de empresas dadas las fortalezas indiscutibles de ambas, y de ello resultó una invitación al Dr. Alberto Quijano por parte del señor Stephen C. Melgard, en ese entonces Presidente de Rotadyne Corp., para que conociera la organización Rotadyne en los Estados Unidos de América. Al final de esa visita se acordó la asociación de las dos partes y las condiciones de la misma.

12. Los intereses de las partes eran evidentes. De un lado Rotadyne Corp. estaba interesada en vender sus materias primas en Colombia y en particular posicionar su marca y valorizar su red internacional con esta nueva adquisición. Rotadyne Corp. reconoció además que el conocimiento técnico, el desarrollo del mercado por parte de Gomacol y el que esta última contara con los equipos modernos y especializados para el proceso, únicos en el área andina, le ahorraban un camino importante a Rotadyne Corp., para penetrar en este mercado. De otro lado, los socios de Gomacol Ltda. aceptaron que la nueva empresa que se llegare a conformar conocería mejor los procesos de manufactura de rodillos de caucho y ganaría una imagen en el mercado que sería una ventaja competitiva contundente para continuar ganando participación nacional y poder acceder al mercado de los países andinos vecinos.

13. Los socios de Gomacol Ltda. y también los de Química Vulcano Ltda. (Alberto Quijano Duque y José Gabriel Saaibi Serrano) aceptaron con júbilo y de forma unánime la posibilidad de aportar sus intereses, equipos, capital y experiencia a la nueva empresa y de esta forma, junto con Esperanza Medina Marmolejo, se autodenominaron “La Parte Colombiana” en la que se conformaría con Rotadyne Corp. [sic] Las participaciones accionarias que tenían en Gomacol se convirtieron proporcionalmente en las de la nueva empresa incluyendo la participación de la señora Medina Marmolejo, que a pesar de haber tenido la suya el carácter de socia industrial cuando se constituyó Gomacol, por tratarse de una persona que en ese momento gozaba de la plena confianza de los demás socios Colombianos participantes, se permitió fuera capitalista.

14. A principios de 1998, y por iniciativa de Rotadyne Latin America LLC, que a su vez había sido constituida en febrero de ese mismo año, su Gerente, el Sr. Steve Melgard, y la llamada Parte Colombiana, consideraron necesario hacer una serie de acuerdos para contemplar situaciones y concesiones recíprocas que rigieran durante la vigencia de la nueva sociedad, acuerdos legales, y por encima todo de buena fe, que fueron consagrados en el contrato llamado por ellos de ““JOINT VENTURE””, suscrito el 16 de marzo de 1998, misma fecha de constitución de la nueva sociedad, firmado en la oficina del abogado Dr. Jorge Luis Chalela Mantilla, contrato que se ha llamado a lo largo de este petitorio como El Contrato, y que ha sido respetado y citado permanentemente por las partes para guiar aspectos estratégicos del ejercicio de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A. Como ejemplo de tal reconocimiento, véase el correo electrónico de Julio 12 de 2005, el cual hace parte de la documental de esta demanda, cuando expresamente, y ante unas divergencias por razón de una fabricación de rodillos, el señor Peter Booth, Gerente también de Rotadyne Latin America LLC, llama al acatamiento de El Contrato, como al efecto expresa: “Sin embargo Esperanza me comentó que te entregó planos de la Speedmaster 52 y esa si está en el Programa de Press Ready de Rotadyne y configura una violación al JV agreement ...”. (el subrayado es mío). De esta forma se aprecia claramente cómo El Contrato es de uso y forzoso cumplimiento por las partes firmantes durante todo el tiempo que mantuvieran relaciones comerciales y así lo firmaron y entendieron expresamente ellas.

15. El Contrato fue celebrado entre las personas allí intervinientes, todas plenamente capaces. El Contrato genera obligaciones recíprocas entre ellas, lo que le da el carácter de bilateral. Esto significa que para su firma y celebración hubo una concurrencia de voluntades que formó el consentimiento en el momento de la celebración del mismo, esto es, el acuerdo de voluntades. Además, tanto el móvil o motivo que llevó a su celebración y las prestaciones allí contenidas son plenamente protegidas por la ley Colombiana en virtud del principio de la “Autonomía de la Voluntad”, principio universal rector del derecho privado.

16. Como tema de los acuerdos para la constitución de la nueva sociedad se convino que “Las referencias y marcas de los productos serán las mismas que se usan internacionalmente por el Inversionista”. De esta forma la empresa funcionaría con materia prima enviada desde la planta productora de Rotadyne Corp. en Chicago, usando la formulación secreta de Rotadyne Corp., y además se utilizarían estrictamente los procedimientos y tecnología de producción que El Inversionista exigiera, como consta en la cláusula Cuarta de El Contrato y en el Punto 3 del contrato de Know How, Manufactura y Mercadeo que Rotadyne de Colombia S.A. y Rotation Dynamics Corporation firmaron en su momento, contrato que hoy en día ya no está vigente.

17. Con El Contrato, el llamado Inversionista (Rotadyne Latin America LLC), garantiza algunos aspectos de los cuales quería tener control especial, tales como montos máximos autorizados de inversión, veto a gerentes nombrados por la Junta Directiva de la empresa, y otros con los que quería obtener una serie de prerrogativas a pesar de su participación minoritaria en la futura sociedad. Para tal efecto se pacta ron también en El Contrato reglas atinentes a temas como el pago de regalías y su monto, que el Inversionista no podría acceder a una participación mayor del 49% de las acciones de la nueva sociedad, el uso y manejo de marcas, el área geográfica de negocios, acuerdos de agenciamiento y de no competencia con productos similares a los que se producirían, endeudamientos máximos, metodología para futuros repartos de utilidades, etc.

18) En la cláusula Octava de El Contrato, El Inversionista otorga el derecho a la llamada Parte Colombiana, (Química Vulcano, Manuel Alberto Quijano Duque, José Gabriel Saaibi y Esperanza Medina Marmolejo), para nombrar a la mayoría de miembros en la Junta Directiva de la empresa, esto es, tres miembros de cinco. De esta forma, La Parte Colombiana, controlaría los aspectos críticos y estratégicos de la futura empresa, como su conformación presupuestal, su estrategia de ventas, la estructuración del gasto, de los costos, de los precios de venta, de las políticas de importación y en especial las de exportación, fin primordial de la empresa naciente.

19. Otro asunto estipulado en El Contrato, fue el mecanismo de futuras resoluciones de conflictos entre las partes, como ya se anotó en los comienzos de esta demanda arbitral.

20. La idea e intención de los contratantes al celebrar El Contrato no fue otra distinta y así claramente lo señalan, que regular la situación comercial entre sí de la Parte Colombiana y El Inversionista durante toda la vida de relaciones comerciales entre ellos, pues ante terceros todo iba a través de la nueva sociedad, y así quedó plasmado en los Considerandos de El Contrato, que es la causa, móvil o motivo que llevó a la firma de El Contrato. Tan es así que a El Contrato se le asignó de manera expresa una duración de 20 años, es decir, hasta el 16 de marzo de 2018 y se redactó de manera tal que sobreviviera a la constitución de Rotadyne de Colombia, como así lo estipularon las partes en la cláusula Décima Segunda del mismo. Lo anterior ratifica y reitera que El Contrato tiene identidad propia, no se trata de una promesa de contrato de sociedad pues además de lo dicho, no cumple las condiciones del artículo 1611 del Código Civil, y también expresamente se le da una duración que excede en un todo la fecha de constitución de la sociedad, que entre otras cosas lo fue el mismo día del celebración de El Contrato.

21. Este acuerdo privado, a más de lo antes indicado, balancearía las posibles desventajas en que se encontrarían las dos partes firmantes durante la vida de la sociedad. Por un lado, la desventaja del Inversionista que surgía del mismo hecho de ser socio minoritario y por otro, menguaría los problemas de manejo dados por la distancia y la diferencia de idiosincrasia con los demás socios.

La Parte Colombiana, por su lado, buscaba estar cohesionada ante la fortaleza que implicaba asociarse con alguien (El Inversionista) que detentaría entre otros y como se dijo, el control del suministro del material para fabricar, la tecnología para producir y las marcas para vender. Quebrar el balance que da El Contrato significaría graves consecuencias para el equilibrio social.

22. Estos acuerdos previos y de carácter permanente, muy propios de cualquier empresa que nace y que en la práctica de los negocios a nivel internacional se les denominan “JOINT VENTUREs” o Acuerdos de Riesgo Conjunto, son originarios del derecho anglosajón y hoy en día de uso común y amplia aceptación en la legislación de todos los países, que como Colombia, por sus riquezas naturales y generación de empleo, son atractivos al capital foráneo, plasman la forma cómo los asociados deberán comportarse entre sí para nivelar las diferencias que puedan existir entre capitales nacionales y extranjeros, en cuanto a la administración, tecnología y el conocimiento del mercado de otros países más desarrollados entre otros.

23. El contrato de ““JOINT VENTURE”” en general, contiene acuerdos privados de los asociados que si bien no trascienden a ser obligatorios frente a terceros, salvo casos expresamente contemplados en la ley, son de uso ordinario entre las partes firmantes en situaciones de constitución de grupos empresariales y consolidación de los mismos, procesos de fusión y escisión de empresas, y todos aquellos que surgen de alianzas estratégicas como es el caso de Rotadyne Latin America LLC y “La Parte Colombiana”.

24. Llama la atención que nuestra legislación nunca ha sido ajena a los mismos acuerdos privados que son desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad. Hoy en día, todos los procesos señalados en el hecho anterior, son producto de la internacionalización de la industria y de la economía y desarrollo de la globalización industrial tan en boga en los finales del siglo XX. Sin embargo, esos acuerdos privados se admiten en la ley Colombiana aún desde tiempo atrás, siendo un ejemplo típico la norma contenida en nuestro código civil cuyo origen viene de la Francia Napoleónica, tomado su articulado por don Andrés Bello para la República chilena, luego seguida en el siglo XIX por el Estado Soberano de Cundinamarca en la Colombia federal, que hoy se mantiene para todo el país, y que es el primer inciso del artículo 1766 cuyo tenor literal dispone: “Las escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros”.

25. El Contrato cumple todas las condiciones de la ley Colombiana y por eso es amparado por la misma. El Contrato es un acto que contiene obligaciones de hacer y no hacer por los firmantes, es bilateral pues la partes se obligan recíprocamente, oneroso, por cuanto tiene por objeto la utilidad de los contratantes, conmutativo, pues cada parte se obliga a hacer y no hacer cosas equivalentes a lo que las otras partes deben hacer o no hacer, principal, en cuanto que subsiste por sí mismo, y consensual en cuanto que se perfecciona con el acuerdo de voluntades. Es decir, El Contrato participa de todas y cada una de las características que los artículos 1494 y ss. del Código Civil y 822 y ss. del Código de Comercio regulan en el tema contractual.

26. Con la firma del contrato de ““JOINT VENTURE”” se celebró otro adicional que ya fue necesario mencionar, el contrato “Manufactoring and Marketing Know How” License Agreement, entre Rotadyne de Colombia S.A. y Rotation Dynamics Corp. por el cual aquella se convertía en Agente de esta y se adoptaban compromisos adicionales.

27. Para cumplir con uno de los objetivos de El Contrato, el mismo día en que este se firmó, se constituyó la sociedad Rotadyne de Colombia S.A., (en adelante “Rotadyne de Colombia”), a través de la escritura pública 458 del 16 de marzo de 1998 de la Notaría 16 de Bogotá, cuyo certificado de Existencia y Representación se anexa a esta demanda.

28. A la fecha de constitución de la sociedad Rotadyne de Colombia los socios de la misma fueron los siguientes:

Química Vulcano Ltda.50%
Rotadyne Latin America LLC40%
Esperanza Medina Marmolejo8%
José Gabriel Saaibi Serrano1%
Alberto Quijano Duque1%

29. Se nombró desde el inicio de las operaciones como gerente y representante legal, con la anuencia del Inversionista, a uno de los miembros de La Parte Colombiana, la señora Esperanza Medina Marmolejo, quien era la gerente de Gomacol en esa época, nombrándose como suplente del gerente a Alberto Quijano Duque, mayor accionista de Química Vulcano y creador e impulsador de esta alianza estratégica.

La Junta directiva de la sociedad, una vez constituida, quedó conformada de la siguiente manera:

PRINCIPALES SUPLENTES
Pedro BoothJaime Sánchez
Stephen Christian MelgardGaylord Fill
José Gabriel Saaibi SerranoGabriel Acevedo
Esperanza Medina MarmolejoHernán Darío Restrepo
Manuel Alberto QuijanoJorge Luis Chalela

Se advierte al Tribunal que El Inversionista, en cumplimiento de El Contrato, aportó a dicha Junta a los dos primeros renglones enunciados y la parte Colombiana a los tres siguientes.

En El Contrato se pactó expresamente en su Cláusula Octava, y así quedó plasmado en los estatutos sociales, que las decisiones de la junta se tomarían por mayoría y solo podría deliberar y decidir con la totalidad de sus miembros (la negrilla es mía).

Esta composición de la Junta Directiva, que seguía fielmente los derroteros del acuerdo de las partes, se mantuvo hasta marzo de 2006 cuando fue totalmente cambiada, sin participación de la Parte Colombiana.

30. En 1999, hubo una reordenación de los socios por virtud de una capitalización forzosa en donde la Parte Colombiana, sin embargo, mantuvo su mayoría accionaria. La cesión de participación se hizo de tal forma calculada para que El Inversionista no ganara un poder mayoritario y se continuara cumpliendo con El Contrato. La nueva composición quedó así, destacándose que la Parte Colombiana mantuvo su mayoría:

Rotadyne Latin America LLC49.48%
Química Vulcano Ltda.41.65%
Esperanza Medina Marmolejo7.01%
José Gabriel Saaibi Serrano0.62%
Alberto Quijano Duque1.24%

31. La ganancia de participación de mercado en Colombia fue muy rápida y contundente con esta alianza en el sector de los grandes impresores Colombianos por su innegable mejor calidad y tales impresores estuvieron dispuestos a pagar los precios exigidos por la nueva empresa (precios a su vez exigidos por el Inversionista), a pesar de tratarse de precios mucho mayores que los manejados hasta ese momento por el mercado Colombiano. En ese sector del mercado la participación llegó hasta un 80%, pero los sectores de medianos y pequeños impresores y en especial el de los mercados externos se empezaron a rezagar fuertemente.

Con el pasar del tiempo El Inversionista fue reconsiderando la conveniencia de El Contrato pues por un lado pudo apreciar que no existía mala fe ni malos manejos por de [sic] “La Parte Colombiana” en la administración y de otro, la mayoría concedida en la Junta Directiva de la empresa le hacía perder dominio en las decisiones estratégicas de la nueva compañía.

32. Durante todo el tiempo de operación de Rotadyne de Colombia, el Inversionista evadió la realización de Juntas Directivas formales. El Inversionista mantenía la teoría de que la reunión simple de socios, sin importar su carácter, era suficiente, como consta extensivamente en la discusión que se dio en la Asamblea Extraordinaria de septiembre 14 de 2005, acta 13, cuya copia se agrega en esta demanda, en el aparte 7, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, en donde es evidente la confusión que se presentaba entre Asambleas de Socios realizadas y posibles Juntas Directivas, así como la confusión de sus funciones.

33. Esta posición errónea se resume muy bien en el correo electrónico de Junio 14 de 2005, como consta en la documental que se aporta a esta demanda, en donde Peter Booth dice “Nos reunimos hace poco para la asamblea anual, pero quisiera creer que también fue reunión de Junta Directiva”. Error intencional o no, olvidaba el hecho que los mecanismos de quórum, citación y las atribuciones de la Junta Directiva de la empresa eran totalmente diferentes a los de la Asamblea de Accionistas.

34. Fue frecuente también que se confundiera el nombramiento del señor Alberto Quijano Duque como Presidente que fue de varias Asambleas, asimilándolo con el de Presidente de la Junta Directiva. El señor Quijano Duque, recibía una compensación mensual por las labores realizadas de apoyo a la gerencia, labores que también fueron entendidas erróneamente y por asociación con las de Presidente de una Junta Directiva.

35. El Inversionista creía que la presencia de un Presidente podía sustituir la realización de Juntas Directivas como consta cuando el señor Peter Booth representante de Rotadyne Latin America LLC y accionista en la planta mexicana de Rotadyne dice en el Acta de la misma Asamblea de septiembre 14 de 2005, y como prueba de la informalidad con que se manejaba administrativamente la sociedad, “que aunque él vive igual situación en México, por lo menos debe tratar de estar enterado y que al estar enterado no se vuelve tan necesario recurrir a los instrumentos legales para que avance la compañía”. Se entiende que los “instrumentos legales” a que se refiere son en efecto las realizaciones de Juntas Directivas. El cargo de Presidente de Junta Directiva que supuestamente ostentaba el señor Quijano nunca pudo existir puesto que no hubo votación para su nombramiento en el seno de Junta alguna como tampoco existieron decisiones básicas de Junta Directiva, como por ejemplo, el darse su propio reglamento.

36. En el acta 13 de septiembre 14 de 2005 de la Asamblea de Accionistas, expresa en el punto 7 la Gerente de la sociedad que “... las reuniones de Junta Directiva efectivamente se han llevado a cabo de lo cual dan fe las actas existentes, muchas de las cuales han sido firmadas por los accionistas existentes, incluyendo el Dr. Quijano”. Como lo dice a continuación el señor Quijano, nunca se hicieron reuniones formales de Junta Directiva, eran Asambleas de Accionistas o reuniones de socios que se querían asimilar a Asambleas de Accionistas. Al respecto, tenga en cuenta el Tribunal, el concepto del Doctor Carlos Alberto Alfonso Orjuela, que hace parte de la documental de esta demanda, quién revisó por parte de Química Vulcano, Alberto Quijano y José Gabriel Saaibi, la parte legal de Rotadyne de Colombia, en vísperas de la Asamblea de marzo 27 de 2006, y que al respecto menciona que:

“LIBRO DE JUNTA DIRECTIVA. Existe el libro debidamente foliado con registro ante la Cámara de Comercio, al revisar el mismo se encuentra que este no está llevado correctamente conforme a los señalamientos del artículo 195 del C. Co. y el Decreto 2649 de 1993, esto por cuanto en el primer folio hábil señalado con el número 3 se encuentra registrada una acta de JUNTA GENERAL DE SOCIOS, identificada con el número (6) este órgano directivo no está señalado en los estatutos de la compañía, pero al hacer una lectura de su contenido se puede establecer que se trata de una asamblea de accionistas, esta acta se encuentra registrada más no firmada por quién la presidió. Seguidamente se encuentra otras actas, señaladas como junta de socios y otras como asamblea de accionistas, en el mismo libro se encuentran varios folios en blanco, sin que estén anulados, posterior a estos se registran dos actas al folio 24 y 25 de febrero de 2003 como actas de la JUNTA DIRECTIVA, que se refieren al nombramiento del Representante legal suplente, pero que tampoco cumplen con los señalamientos y disposiciones estatutarias, como la del quórum, ya que para efectos de realizar una reunión de junta directiva, se debe cumplir con los estatutos que señalo que para cualquier decisión de la junta deben estar presente sus cinco miembros, las actas unas tienen firma otras no.

En conclusión el libro de actas de JUNTA DIRECTIVA, no está bien llevado de acuerdo a los estatutos y las normas de comercio. De otra parte se debe señalar que la sociedad estatutariamente estableció una Junta Directiva y le asignó unas funciones en el capítulo IV, las cuales son de obligatorio cumplimiento porque así lo establecen las normas comerciales. Desde la creación de la sociedad, la junta no se ha reunido para cumplir sus labores o por lo menos no están registradas en el libro de actas, al revisar el libro, no hay una sola que indique que la junta haya convocado una asamblea de accionistas, no hay una sola que indique que la junta estudió los estados financieros y balances, inventarios, aprobación de presupuestos, aprobación de celebración de contratos, aprobación de gastos, señalamiento de políticas de gestión empresarial”.

37. Es de resaltar que durante los primeros años de operación, el Inversionista estaba haciendo la transferencia de tecnología y de conocimiento, temas acordados y necesarios para el arranque de la operación, por ello La Parte Colombiana accedió a que él tomara decisiones que de otra forma le hubiera correspondido tomar a la Junta Directiva de la empresa. Sin embargo, cuando los socios Colombianos trataron de protestar y reclamar reuniones formales de Junta Directiva y allí poder tomar urgentes decisiones usando sus mayorías, el Inversionista adujo distintas excusas, tal y como consta en el Acta 9 correspondiente a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de octubre de 2001, cuya copia se agrega en esta demanda, y convocada de forma perentoria por Química Vulcano para hacer cumplir las funciones estatutarias y legales de la Junta Directiva. Según consta en esa Acta el Sr. Steve Melgard expresó “... las dificultades que tiene una empresa tomando decisiones por consenso en una Junta Directiva”, sin embargo prometió que ellos harían un esfuerzo porque se empezaran a realizar, promesa que nunca cumplió. Ante esos bloqueos a La Parte Colombiana, esta siguió insistiendo, como consta también en el Acta 12 correspondiente a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de abril 20 de 2005 cuya copia se agrega en esta demanda, pero su capacidad de exigencia se veía totalmente disminuida por el enorme dominio de El Inversionista en el manejo de la operación. Todo lo anterior fue un grave indicio de que El Inversionista estaba incumpliendo El Contrato y que definitivamente no tendría mayor intención de respetado en el futuro.

38. En el Acta 13 de la Asamblea Extraordinaria de septiembre 14 de 2005, cuya copia se agrega en esta demanda como se ha dicho, la gerente de la empresa, señora Medina Marmolejo, presentó una decisión de la Asamblea General Ordinaria de febrero 4 de 2001 que dice: “El gerente tendrá a partir de este año la autonomía en el funcionamiento general de la compañía, contratación de personal, adjudicación de recursos para el funcionamiento normal, políticas comerciales, cumplimiento de los presupuestos, teniendo que reportar al Licenciado Carlos Lastra los correspondientes informes contables, además del reporte a Rotadyne. A su vez aprueba la contratación de personal que el gerente considera necesaria para el buen funcionamiento de la compañía”. En pocas palabras la gerente, por supuesta decisión de la Asamblea ordinaria de accionistas, asumiría las funciones de la Junta Directiva, acto totalmente ilegal pues es claro, como lo expresa en la misma Acta 13 el socio Manuel Alberto Quijano Duque en estos términos: “para que la Asamblea hubiera dado esas atribuciones, tendría que haber decretado una reforma de estatutos en la que se pasaran funciones de la Junta Directiva a Esperanza Medina”. Así también recordó Quijano que “según el artículo 19 de los estatutos en su aparte j) dentro de las funciones de la Asamblea no se incluyen las que correspondan a otro órgano de la sociedad y que la Asamblea no puede ceder o atribuir funciones que no le competan”. Finalmente el señor Quijano rechazó esa decisión la cual no recordaba, y dijo que estaba en línea solo con los intereses del Inversionista y obviamente fuera de algún otro contexto. De todas maneras una persona no puede atribuirse por ley ni ejercerlas frente a terceros, funciones de una Junta Directiva.

39. Se resalta a lo expresado en el punto anterior que la supuesta atribución que se invoca por la gerente debía ser supervisada únicamente con el reporte por Carlos Lastra quién es el auditor en México de El Inversionista y el control único de su parte, lo que querría decir palabras más palabras menos, que la Junta Directiva quedaría sin funciones, lo que no parece lógico, y en manos de El Inversionista, y esa no era la filosofía de El Contrato frente a la Junta Directiva. Al contrario, El Contrato es claro en cuanto que la mayoría decisoria de la Junta Directiva es para la Parte Colombiana por tener tres de sus cinco miembros.

40. El Inversionista exigió desde el principio de las operaciones de Rotadyne de Colombia., que los precios de venta de los rodillos a los clientes fueran fijados de acuerdo con su política internacional y en contra de lo estipulado por el Contrato y por los estatutos de la sociedad pues esta es función exclusiva de la Junta Directiva, aspecto que nunca fue negociado ni incluido en los acuerdos originales. Para fijar los precios, hoy por hoy, se ha utilizado siempre una máquina llamada “el Tandy”, tal como lo reconoce la gerente de la empresa, que contiene un programa (software) que solo es conocido por el Inversionista y que arroja el precio de un rodillo de acuerdo con sus dimensiones. Es decir, el funcionario de la empresa que haga la venta, simplemente toma el pedido y le pone el precio que diga la máquina. De esta forma, la capacidad de manejar la posición en el mercado, la rentabilidad de la compañía y el manejo de los costos, funciones exclusivas de la Junta Directiva, fueron desviadas en la práctica con esta y otras exigencias que se detallan en seguida.

41. Ante la ausencia de celebraciones de Juntas Directivas, la gerente de la empresa de unos años para acá, la demandada Esperanza Medina, se ha tomado la atribución de hacer promociones y fijar descuentos sobre los precios que arroja el “software” mencionado, lo que ha afectado la rentabilidad, atribución exclusiva de la Junta Directiva de la sociedad, como así se pactó en El Contrato en la cláusula Octava, punto g), y como lo manda también los estatutos de la sociedad en su artículo 25 literal m). Mal hace una gerente dar descuentos sobre las ventas cuando no tiene tal atribución.

42. El bloqueo a la realización de Juntas Directivas por El Inversionista, tuvo como efecto inmediato que la gerente, aquí demandada, usurpara sus funciones sin que nadie pudiera reclamárselo pues solo la misma Junta, por ser quién la nomina, es quien puede exigirle su cumplimiento y removerla de su cargo.

43. Otro aspecto que ha impedido una posible administración de la empresa por parte de la Junta Directiva es el hecho ya mencionado que obliga a Rotadyne de Colombia a producir rodillos con la marca Rotadyne, como se dijo anteriormente, y por lo tanto, la materia prima debe corresponder exacta mente a la usada por Rotadyne Corp. en el mundo entero. La composición de la fórmula de caucho utilizada es secreta, propiedad exclusiva de Rotadyne Corp., y su fabricación local está prohibida por El Inversionista. Esta restricción le significa a Rotadyne de Colombia una serie de dificultades de inventario e implica un control adicional de El Inversionista en la sociedad. A pesar de lo anterior, en los últimos años, la empresa pudo fabricar una muy pequeña proporción de sus ventas usando la fórmula de la antigua Gomacol Ltda. que funciona perfectamente. Sin embargo esto último no es bien visto por parte de El Inversionista quien además exige, basado en El Contrato, que dichos productos no sean entregados con la marca Rotadyne.

44. También la manipulación del costo de la formulación mencionada es otra acción indebida por parte de El Inversionista, pues Rotadyne Corp., exige a la operación Colombiana que compre al precio que ella decida la materia prima y alega las obligaciones emanadas del ““JOINT VENTURE”” para que ello sea así. Existen varias filiales de Rotadyne en el mundo que produce su propio compuesto. La operación Colombiana estaría en capacidad de producir dicho compuesto si conociera su composición. Al no existir una Junta Directiva actuante, y que por sus funciones directas se encargue de ello, nadie puede oponerse a la política de compra y precio de la materia prima que impone el Inversionista.

45. En el mercado externo la señora Medina Marmolejo en compañía de El Inversionista nombraron agentes, función exclusiva de la Junta Directiva de la empresa como consta en la Cláusula Octava de El Contrato, punto g) antes transcrita, y de ello ha habido resultados muy pobres o nulos.

46. Química Vulcano comenzó a notar cómo las metas originales de la compañía no se cumplían, los mercados externos se desatendían o se atendían mal y desganadamente por la gerencia a cargo de la señora Medina Marmolejo, quien infortunadamente atendía más a los intereses de El Inversionista que a los de la empresa en general, pese a que se le había dado toda la confianza para el manejo de la empresa desde tiempo atrás. Finalmente esa confianza depositada fue mal utilizada perjudicando la empresa y a los intereses de los accionistas de la Parte Colombiana, a la cual ella pertenece.

47. También Química Vulcano y otros socios de “La parte Colombiana” exigían de la señora Medina Marmolejo una mayor participación de la empresa en el mercado Colombiano pues la empresa se había conformado en vender solo a los clientes que al Inversionista le interesaba atender como lo eran las grandes empresas del mercado, pero no deseaba estar presente en el resto del mercado conformado por cientos de impresores pequeños. Este tema se tornó álgido pues Química Vulcano y sus socios consideraban que se estaba despreciando a una mayoría importante del mercado y que la función social de la empresa se estaba desconociendo, entregando la tecnología de sus productos solamente a un sector elitista del mercado, decisión que exclusivamente debería ser tomada por la Junta Directiva de la sociedad según cláusula Octava, párrafo segundo, punto c) de El Contrato, contentiva de sus funciones. Con estas quejas, la relación de negocios y personal entre los socios de “La Parte Colombiana” se tornaba afectada muy negativamente, situación que finalmente llevó a la señora Medina Marmolejo a apegarse aún más a los intereses de El Inversionista, más fáciles de atender, pero eso sí, incumpliendo el compromiso suyo adquirido con la firma de El Contrato.

48. Ante la presión de Química Vulcano para que los rodillos pequeños se le ofrecieran al mercado, la Asamblea Ordinaria de abril de 2005 de Rotadyne de Colombia S.A., cuya copia hace parte de la documental de esta demanda, con la presencia del Representante autorizado de Rotadyne Latin America LLC, quien es su Gerente, señor Peter Booth, decidió por unanimidad en el aparte i), que si Química Vulcano S.A. consideraba importante atender ese mercado, lo hiciera con fabricación propia definiendo además unos tamaños máximos de producción y atención del mercado. Química Vulcano S.A. a través de su empresa filial, Advance Rubber de Colombia S. A, y debidamente autorizado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas en la que participó Rotadyne Latin America LLC como se dijo en el punto anterior, decidió realizar el montaje respectivo, pero el mismo fue interrumpido por el nuevo Presidente de Rotadyne Corp., señor Tom Gilson, quien de manera muy grosera alegó violación del contrato de ““JOINT VENTURE””, a pesar que su representante, señor Peter Booth, así lo había aprobado y permitido en la Asamblea citada. Química Vulcano decidió unilateralmente, pese a ser una autorización legal y unánime de Asamblea, clausurar el proyecto como acto de buena fe y de apego a El Contrato, y sin importar, que aunque en el mismo proyecto ya había invertido una suma considerable de dinero, y nunca vendió a través de sus filiales ni directamente, una sola unidad como consta en la Certificación de fecha octubre 17 de 2006 y que se aporta a esta demanda, del Sr. Eduardo Oviedo Moreno, Contador Público Titulado (TP 9747 - T) y quién durante la época del montaje de dicha planta, ejercía el cargo de Director del Departamento de Contabilidad de Química Vulcano S.A. el cual todavía ejerce, y de la empresa Advance Rubber de Colombia S.A.

49. Durante el año 2003 el Sr. Steve Melgard se retiró de Rotadyne Corp. y con ello todo el renglón en Junta Directiva correspondiente a El Inversionista (Melgard-Fill) desapareció pues el Sr. Gaylord Fill había dejado de trabajar para esa organización mucho antes que Melgard. La no sustitución de estos miembros por El Inversionista se volvió la herramienta final para que pudiera evadir durante tres años más su compromiso de permitir la realización de Juntas Directivas con mayoría Colombiana, pues recuérdese que la Junta Directiva de Rotadyne de Colombia solo puede sesionar con la totalidad de sus 5 (cinco) miembros y los designados por El Inversionista nunca estaban disponibles por lo que la Junta no podía reunirse. El Inversionista solo vendría a aceptar la sustitución de los dos miembros que nunca asistían, hasta marzo de 2006 cuando unilateralmente decidió nombrar su propia Junta sin consultar ni tener en cuenta a la Parte Colombiana, antes más bien, con la oposición de ella, en un abierto acto ya de pasar por encima e incumplir El Contrato.

50. Con la salida del Sr. Melgard, gestor original de la construcción y firma de El Contrato y la entrada a Rotadyne Corp. de un nuevo Presidente, señor Tom Gilson, Rotadyne Latin America LLC cambió total y radicalmente su actitud hacia El Contrato, desconociéndolo de plano, como ha sido su posición desde ese momento.

51. Deseoso definitivamente de quitar de en medio a la Parte Colombiana, El Inversionista (49,48% de acciones) buscó atraer a la señora Medina Marmolejo, poseedora esta del 7,01 % de las acciones de la empresa en ese momento, para lograr la mayoría accionaria decisoria en la Asamblea de Accionistas de Rotadyne de Colombia y así definitivamente bloquear y hacer nugatorios los acuerdos pacta dos en el “JOINT VENTURE”, como se ve de manera clara en la carta de mayo 3 de 2006, enviada electrónicamente el lunes 8 de mayo de 2006, la que en su parte pertinente anota:

“Como ya lo destacamos, el “JOINT VENTURE” —con fundamento en el cual usted quiere poner en movimiento el particular mecanismo de solución de conflictos que en él se pactó—, tiene dos partes, una, constituida por la sociedad Rotadyne Latin America LLC. únicamente, y que se la denominó El Inversionista, y otra, integrada por Química Vulcano S.A., Alberto Quijano Duque, José Gabriel Saaibi Serrano y Esperanza Medina, que se identificó como la Parte Colombiana. Así, pues, las facultades que se consagraron en el “JOINT VENTURE”, solo puede ejercitarlas cada parte; y, en relación con la denominada Parte Colombiana, su ejercicio no podría hacerse independientemente, por uno, o algunos de sus integrantes, sino por todos, máxime si lo que se pretende es un derecho consagrado de manera indivisa a favor de todos los integrantes de la Parte Colombiana, y no en forma individual para cada uno en particular, como quiera que el pretendido derecho en torno al cual usted plantea la controversia, fue el consagrado a favor de la Parte Colombiana para designar tres de los cinco miembros de la Junta Directiva de la sociedad, a cuya constitución se comprometieron las partes en ese mismo contrato de asociación”.

52. Más equivocado no podían estar El Inversionista y su nueva aliada pues El Contrato es ley para los partes firmantes, entre ellos El Inversionista y Esperanza Medina, y a su vez la Parte Colombiana no deja de existir como comunidad que toma decisiones porque uno de sus integrantes deje de pertenecerle o no esté de acuerdo con sus políticas. Obsérvese que en una comunidad las decisiones se toman por mayoría y si la señora Medina Marmolejo no quiere o no está de acuerdo con lo que se va a decidir, se impone la decisión comunitaria mayor, a la cual ella debe plegarse so pena de incumplir El Contrato como al efecto ha sucedido. La Parte Colombiana en El Contrato es una comunidad y las decisiones de la misma se toman por mayoría de sus integrantes.

53. Percibiendo la posición de El Inversionista cada vez más evidente en contra de los acuerdos pacta dos en El Contrato, los miembros mayoritarios de la Parte Colombiana, Química Vulcano y Alberto Quijano, propusieron desde la Asamblea General de abril de 2005, según Acta 12 que se aporta con la documental de esta demanda, que se nombrara perentoriamente la conformación de una Junta Directiva que pudiera actuar, pues la de la época no funcionaba por cuanto los designados por El Inversionista no actuaban por no ser ya parte de ese grupo económico como se dijo, ante lo cual El Inversionista en los meses subsiguientes respondió que era su intención conformarla, como así consta en los correos electrónicos dirigidos a Alberto Quijano por Peter Booth, representante legal de El Inversionista, de fechas 27 de mayo de 2005, 14 de junio de 2005, 16 de junio de 2005 y 27 de junio de 2005 que se aportan con esta demanda, pero que a la postre terminaron en nada tales promesas y en un cambio de argumento por parte de El Inversionista alegando un posible incumplimiento de la Parte Colombiana en el tema ya mencionado de la manufactura de rodillos pequeños que había sido previamente aprobado unánimemente por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de abril 20 de 2005 y que jamás se manufacturaron.

54. Todo lo anterior llegó a una situación extrema cuando el Presidente de Rotadyne Corp., señor Tom Gilson, en una visita a Colombia en agosto de 2005, se atrevió a insultar gravemente y expulsar físicamente de las instalaciones de Rotadyne de Colombia a Alberto Quijano Duque, socio mayoritario y representante legal de Química Vulcano, quienes conjuntamente conforman la mayor participación accionaria de la Parte Colombiana, y quien originalmente fue el promotor en Colombia de la actividad productora de rodillos de caucho que originaría Rotadyne de Colombia S.A. Este hecho más las anteriores actitudes de El Inversionista deterioraron grave y definitivamente la relación entre los socios de Rotadyne de Colombia, o “animosocietatis”, y a partir de ese momento no habría más comunicación directa entre Tom Gilson, Presidente de Rotadyne Corp. y representante legal de Rotadyne Latin America LLC y Alberto Quijano, presidente y principal accionista de Química Vulcano, las dos mayores partes accionarias de la nueva sociedad.

55. Debido a lo dicho, y ahora buscando abiertamente se les respetaran sus derechos emanados de El Contrato, la parte Colombiana a través de su miembro mayoritario, Química Vulcano S.A., solicitó insistentemente la realización de una Asamblea Extraordinaria a la Gerente de la sociedad como se desprende del correo electrónico de 18 de agosto de 2005 dirigido a los socios de Rotadyne de Colombia, que se aporta con esta demanda, la cual se llevó finalmente a cabo el 14 de septiembre de 2005.

56. Los principales temas de dicha Asamblea eran el reemplazo del Revisor Fiscal de la empresa, que en concepto del socio mayoritario de la Parte Colombiana, no había acatado los delineamientos legales y estatutarios de la empresa, y por el otro, la conformación final y perentoria de la Junta Directiva, sustituyendo los ausentes permanentes y creando así la oportunidad de ejercer su capacidad pacta da de control.

Los miembros mayoritarios de La Parte Colombiana, Química Vulcano, Alberto Quijano y José Gabriel Saaibi, confiaban que El Inversionista respetara lo pactado en el Contrato para así poder nombrar tres nuevos miembros por su lado y que El Inversionista nombrara dos más del suyo que le correspondían, y así la Junta sesionara, como consta en el punto 7 del Acta 13 de esa Asamblea, en el tema NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, cuya copia se aporta a esta demanda, pero fue grande su sorpresa pues el señor Peter Booth, declaró que “Rotadyne Latin America LLC no se encuentra interesada en cambiar la estructura de la Junta Directiva”, (a pesar que esta no funciona porque los nombrados por El Inversionista no aparecen nunca, anoto). A su vez, la señora Esperanza Medina, manifestó “... su desacuerdo con la plancha de candidatos presentada por el doctor Quijano, ya que en ella se podía leer claramente que ella era el único miembro que estaba siendo cambiado... “ (Las negrillas son mías).

57. Las anteriores declaraciones de parte de Booth y Medina, fueron producidas olvidando que por El Contrato se había pactado que La Parte Colombiana tendría el derecho a nombrar tres (3) de sus miembros y el Inversionista no podía oponerse a ello so pena de incumplir El Contrato.

Por tal razón, y ante dicha conducta, el señor Alberto Quijano leyó una declaración la cual consta en el acta 13 de septiembre 14 de 2005 que aquí se anexa, en el punto 7 párrafo 11 donde exigía al Inversionista, “... su cumplimiento de los acuerdos consagrados en el Contrato de “JOINT VENTURE””.

Y agregaba que: “el bloqueo de los derechos de Química Vulcano Ltda. y de sus socios sería declarado un incumplimiento sujeto al reclamo eventual de perjuicios y que se constituía en sí en una actitud liquidatoria forzada por el inversionista”.

También consta en el acta mencionada, que: “Así también se dijo que para resolver este hecho se debía recurrir al procedimiento contemplado en la Cláusula 14 del Contrato nombrando en un principio unos amigables componedores o eventualmente un tribunal de arbitramento donde se dirima la situación”. En ese momento (septiembre 14 de 2005) se materializó el total incumplimiento tanto de El Inversionista como de Esperanza Medina a El Contrato por cuanto su actitud haría imposible cambiar los miembros de la Junta Directiva, como así lo quería la parte Colombiana en su derecho, y se nombraran nuevos miembros por parte del Inversionista para que la Junta pudiera operar.

58. Previamente a la realización de la Asamblea indicada en el hecho anterior, se pidió a la señora Medina Marmolejo para que participara votando la conformación de la plancha que sería presentada por la Parte Colombiana en dicha Asamblea, como era su deber según El Contrato por ser integrante de la parte Colombiana, pero su negativa fue contundente como consta en el correo electrónico de septiembre 5 de 2005 en respuesta al correo de septiembre 2 anterior que se adjunta, lo cual aclaró definitivamente que se había conformado un grupo entre la señora Medina Marmolejo y El Inversionista para bloquear cualquier iniciativa de los miembros restantes de la Parte Colombiana. Con esta actitud se destruía de forma ya abierta y definitiva el balance entre socios que era el objetivo básico del acuerdo previo contenido en El Contrato.

59. Llamo la atención del Tribunal que en el Punto 7 ya citado de la Asamblea de septiembre de 2005, se observa la votación en bloque de El Inversionista y Esperanza Medina, que así sí hacen mayoría decisoria, rechazando el nombramiento de nueva Junta directiva, según el siguiente cuadro de votación que me permito transcribir:

AccionistaAcciones%Voto
Química Vulcano Ltda.20241.65Afirmativo
Rotadyne Latin America LLC24049.48Negativo
Esperanza Medina347.01Negativo
José Gabriel Saabai30.62Afirmativo
Manuel Alberto Quijano61.24Afirmativo
Total4851 100% 

De ahí en adelante, El Inversionista y la señora Medina Marmolejo siempre se pusieron en contra de la Parte Colombiana en El Contrato y manteniendo su decisión de votar conjuntamente las propuestas.

60. Por la negativa de Medina Marmolejo y de El Inversionista a respetar la conformación de la Junta Directiva, los miembros restantes de La Parte Colombiana perdieron su capacidad de administración en la empresa. Inclusive, a tales miembros se les impidió la entrada a la empresa y la información entregada para fines de revisión con miras a la Asamblea anual de accionistas fue recortada físicamente para que no pudieran enterarse del funcionamiento interno de la compañía, como consta en el Reporte de Visita de la firma Asesorías Romero y Tovar Ltda., del 23 de marzo de 2006 en su Nota al Activo, reporte que se aporta como prueba a esta demanda.

61. Durante la Asamblea Extraordinaria ya citada de septiembre de 2005, se planteó la posibilidad de que El Inversionista adquiriera las acciones de los socios de La Parte Colombiana naturalmente excluyendo la señora Medina Marmolejo. Se discutieron mecanismos para tal fin y se acordó realizar en últimas una valorización formal de la empresa por cada una de las Partes. La Parte Colombiana contrató los servicios de Incorbank S.A quien envió su resultado el 18 de noviembre de 2005, estudio que se anexa a la documental de esta demanda, concluyendo un valor mínimo (pesimista) de Col$ 2.224''778.000 y un máximo de Col$ 3.193''928.000, los cuales arrojaban un valor promedio para el total de la empresa de Col$ 2.624''881.000, que a una tasa de Col$ 2.293 por dólar, arrojaban USD$ 1''144.736, lo que significaba para el 43,51%, la participación de La Parte Colombiana en conflicto, USD$ 498.000, suma que fue presentada al Inversionista en carta de noviembre 18 de 2005.

62. El Inversionista no ofrecería su propia valorización sino hasta el día de la Asamblea Extraordinaria de marzo 27 de 2006 cuando presentó un concepto de la firma Crowe Chizek and Company LLC, que se anexa a la documentación de la presente demanda, y que llegaba a un valor 65% menor al calculado en Colombia por Incorbank, argumentado[sic], entre otras cosas en su numeral 2º, literal A, que de acuerdo a su traducción oficial que se adjunta expresa lo siguiente: “Se basó en una participación minoritaria, no comerciable de 43,5% sostenida por el socio “JOINT VENTURE” de RLA, es justo aplicar una deducción por falta de comerciabilidad o falta de control”. Se aclara que esta última razón de ausencia de control, se debe al propio incumplimiento de El Inversionista y de la señora Medina Marmolejo a El Contrato, al impedir la realización y conformación de la Junta Directiva en donde la Parte Colombiana debería ser mayoritaria según El Contrato, al impedir la realización y conformación de la Junta Directiva en donde la Parte Colombiana debería ser mayoritaria según El Contrato. [sic]

63. Viéndose en total minoría y desventaja, sin el respaldo de El Contrato por la violación abierta del mismo por parte de El Inversionista y de Esperanza Medina Marmolejo, y a sabiendas que Esperanza Medina se plegaba a dicho Inversionista, los restantes miembros de La Parte Colombiana citaron según los requisitos estatutarios, la Asamblea Extraordinaria el 27 de marzo de 2006, y allí expresaron su rechazo por lo que estaba sucediendo y su decisión de retirarse de la administración renunciando a los cargos que a nombre personal tenían en la Junta Directiva, esperando una última instancia en que El Inversionista respetara sus acuerdos contractuales y llamara a los socios de La Parte Colombiana a dar su plancha de nuevos miembros para conformar la nueva Junta Directiva que se nombraría en la Asamblea de Accionistas del 30 de marzo de 2006.

64. Fue en la reunión de marzo de 27 de 2006, donde El Inversionista por primera vez expresó su intención por liquidar la sociedad para forzar una salida de los socios restantes de La parte Colombiana y quedarse ilegítimamente con todo el negocio. Dice el Sr. Peter Booth, como consta en el Acta 14 que se adjunta con esta demanda: “que hay un bloqueo de la sociedad como consecuencia de la desavenencia de los accionistas, que se refleja en la imposibilidad del normal funcionamiento de la sociedad, por lo que debería procederse a la disolución”. Los miembros de La Parte Colombiana, naturalmente con excepción de Esperanza Medina, no estuvieron de acuerdo con esta posición y trataron de desvirtuarla con varios argumentos por considerarla en ese momento un argumento más de parte de El Inversionista para salirse de sus acuerdos y así manejar el negocio sin depender de un contrato ni de socios adicionales.

65. Finalmente en la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2006 pudieron la señora Medina Marmolejo y El Inversionista nombrar una nueva Junta Directiva sin tener en cuenta los acuerdos previamente establecidos en El Contrato, o sea sin solicitar a la Parte Colombiana la nominación de los miembros que le corresponden, como consta en el Acta 15 de marzo 30 de 2006. Nunca se consultó a la Parte Colombiana si iba o no a usar de su derecho en tal Asamblea, e inclusive se puede observar con la copia del Acta respectiva, la cual me permito adjuntar, que tanto Química Vulcano, como José Gabriel Saaibi y Alberto Quijano votaron en contra de la plancha presentada por El Inversionista y Esperanza Medina para Junta Directiva y rechazando el texto de la misma Acta, lo que ha debido respetarse por El Inversionista a las luces de El Contrato y no nombrarse nuevos integrantes de la Junta.

66. La nueva Junta Directiva nombrada íntegramente y a la fuerza por El Inversionista en contra de de lo estipulado en El Contrato, muestra muy bien el desdén que tiene el propio Inversionista por este órgano de administración, pues quienes la conforma actualmente son personas, en su gran mayoría, ajenas al mundo industrial o administrativo y desde luego muy ajenos al negocio del caucho, que requiere de gente especializada para su manejo. Esto es un irrespeto y un abuso a los socios Colombianos, ahora sin ninguna capacidad de control u opinión, fundadores en su momento de toda la idea del proyecto Rotadyne en Colombia y que ahora ven desesperados cómo la compañía cayó totalmente en manos de El Inversionista, quien la maneja a su total antojo con el apoyo accionario de Esperanza Medina.

67. La Parte Colombiana intentó realizar un nuevo acuerdo de conformación de una plancha para ser presentada en una futura Asamblea, pero la señora Medina Marmolejo respondió de nuevo de forma tajante y contundente a través de carta de Julio 25 de 2006 con las siguientes palabras: “ ... la norma del “JOINT VENTURE” que celebramos con Rotadyne Latin America LLC, en cuanto a la integración de la Junta Directiva, es abiertamente ilegal; como quiera que con ella se deroga la disposición del Código de Comercio que de manera imperativa obliga a que sea por el sistema de cociente electoral que se integren los órganos colegiados en las sociedades. Además, los estatutos de la sociedad, que fueron adoptados con posterioridad a la celebración del “JOINT VENTURE”, acogieron como mecanismo para integrar la Junta Directiva, el que por leyera obligatorio establecer: el del cociente electoral”. Error craso desde luego, pues una cosa son los acuerdos privados suscritos entre los socios y contenidos en El Contrato, a lo estipulado por los estatutos sociales. Los acuerdos privados son acuerdos de voluntades, expresas [sic] y libremente manifestadas, para hacer una votación en este o determinado sentido. Son pactos firmados libremente por lo que en ellos participan y no es cosa distinta a señalar la forma como se van a orientar los votos en una Asamblea o Junta Directiva de una sociedad para balancear la actitud de cada socio. Desde luego, solo obligan a quienes los firman, no a terceros, salvo el caso excepcional de la Ley 222 de 1995, pero de ninguna forma son contratos o acuerdos privados que no sean exigibles ante la ley Colombiana. Inclusive, el accionista firmante que los desconozca raya en la mala fe contractual pues entonces para qué los firma si piensa que son ilegales, y violándose de esta manera el artículo 871 del Código de Comercio.

68. Una vez más se resalta que fomentar El Inversionista que la Parte Colombiana se desmembrara y aceptar las votaciones individuales de la señora Medina Marmolejo al su favor para así lograr las mayorías estatutarias necesarias para poder decidir e ir en contra de El Contrato nombrando la nueva Junta Directiva de su lado y evitando la conformación de una que cumpliera con lo pactado, propició destruir el equilibrio del acuerdo original y se permitió de esta manera que un accionista pequeño, la señora Medina Marmolejo en connivencia con El Inversionista, pueda decidir y controlar el total de la sociedad, a su antojo.

69. Los miembros restantes de La Parte Colombiana procedieron como lo manda El Contrato a contactar a El Inversionista en varias oportunidades, oficialmente vía correo certificado y por diversos métodos para cumplir con la etapa del Amigable Componedor contemplada en El Contrato. A cambio, se recibieron comunicaciones de Rotadyne Latin America y sus apoderados reafirmando su posición de desconocer El Contrato vigente, como se comprueba en respuesta a la solicitud de Amigable Composición enviada el 21 de abril de 2006 y respondida por El Inversionista el 3 de mayo de igual año:

“En relación con la sociedad Rotadyne Colombia S.A., el “JOINT VENTURE” que celebraron las partes llamadas El Inversionista y la Parte Colombiana fue una verdadera promesa de contrato de sociedad, y cuando las partes la constituyeron se agotó en ese punto ese contrato de asociación”.

Y terminan:

“Por consiguiente, la aplicación de la regla establecida en el “JOINT VENTURE”, que en nuestra opinión quedó sustituida por el artículo 18 de los estatutos de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A., no puede ser objeto de transacción, y, por lo tanto, una diferencia sobre esta materia, como es la que usted plantea, no es susceptible de amigable composición ni de arbitramento”.

De igual forma se siguió el mismo procedimiento requiriendo a la señora Esperanza Medina Marmolejo, con correo electrónico de octubre 25 de 2006 que se anexa, para que nombrara el Amigable Componedor que le corresponde de acuerdo con El Contrato. Esta solicitud no tuvo respuesta oportuna, por lo que se entendió en su momento que no hubo interés en hacerlo, lo que se desprende no solo de este silencio, sino de otras manifestaciones posteriores, como por ejemplo, la comunicación de julio 25 de 2006 que se anexa con esta demanda, donde se desestima la validez y alcance de El Contrato. Todo lo cual quedó plenamente corroborado como se precisa en el hecho 71 posterior de esta demanda.

Con esto quedó cerrada esta instancia de forma tan tajante por parte de El Inversionista.

70. Nada más absurdo el argumento planteado por parte de El Inversionista en cuanto que alega que El Contrato es una promesa de Contrato. Como ya dije, son dos figuras completamente distintas, pues la promesa debe cumplir los requisitos del artículo 1611 del Código Civil a más, se reitera, que tan era la intención de las partes que el “JOINT VENTURE” caminara de la mano de la sociedad, que es la misma la fecha de El Contrato y la de la constitución de la nueva sociedad. Si El Contrato fuera a ser reemplazado por los estatutos de la sociedad, para qué se celebraba aquel si el mismo día se iba a constituir Rotadyne de Colombia?

Con esa actitud El Inversionista está confundiendo los estatutos de la sociedad con El Contrato. El Contrato no los viola para nada ni es eso lo que busca, es simplemente un acuerdo entre los socios de una sociedad, y entre ellos únicamente, para votar en tal o cual sentido. Lo anterior se hace evidente con la carta de noviembre 1º de 2006 que se aporta con esta demanda y que contiene la tardía respuesta que da la demandada Esperanza Medina Marmolejo a las comunicaciones en que se le invita a nombrar el Amigable Componedor para solucionar los conflictos presentados entre socios y releva aún más la falta de buena fe en la ejecución del Contrato y la tergiversación que se hace del contrato de sociedad.

72. Por todas estos incumplimientos de los demandados, los aquí demandantes han sufrido como mínimo, los perjuicios estimados a 31 de agosto de 2006 sobre la base de la pretensión de disolver la sociedad, que constan en el anexo de esta demanda según cálculo elaborado por el perito Marco Antonio Garzón Moscoso de 20 de septiembre de 2006, y que corresponden a los siguientes factores a tener en cuenta:

a) El valor de las acciones de un accionista en una empresa depende en buena medida de su capacidad de participación en la toma de decisiones en una sociedad.

b) El contrato de ““JOINT VENTURE”” está construido por dos bloques indivisibles para garantizar que La Parte Colombiana no se fraccione y con esto El Inversionista no lograra las mayorías decisorias propias de su condición minoritaria y además se asegure con esto la capacidad de la Parte Colombiana para tomar las decisiones estratégicas de la empresa en el seno de su Junta Directiva.

c) La no realización de Juntas Directivas, aparte de haber forzado una actitud ilegal, fue desde mucho antes que el incumplimiento que aquí se declara, un abuso y una burla al Contrato construido de buena fe por las partes.

d) Al perder sus prerrogativas contenidas en El Contrato, las acciones del resto de accionistas de La Parte Colombiana perdieron toda su capacidad de manejo administrativo, en tal magnitud, que sus miembros ni siquiera pueden hoy entrar a la empresa y se les impide saber a qué clientes la empresa ha vendido o con qué clientes hay cuentas por cobrar.

e) El Inversionista evade una posible salida económica a toda esta situación, al desconocer el verdadero valor de las acciones de los señores ALBERTO QUIJANO DUQUE, JOSÉ GABRIEL SAAIBI SERRANO, y de la sociedad QUÍMICA VULCANO S.A., la cual asciende a un 43.51% del total de la empresa. Los dos estudios contratados por dichos accionistas con firmas independientes, Incorbank S.A y Dr. Marco Garzón, arrojaron un valor muy similar, que en promedio está alrededor de USD$ 460.000 (si no se pidiera la disolución de la sociedad), mientras que El Inversionista presenta el estudio de Crowe Chizek and Company LLC, que arroja tan solo un valor de USD$ 175.000 para los demandantes, basado este en un simple concepto mediante tablas de supuestos generales sin proyecciones serias y que no contemplan las circunstancias reales de la empresa, su mercado, y su potencial de crecimiento, además sesgado por el mismo concepto de la imposibilidad de control esgrimida por El Inversionista.

f) Hay que recordar que si El Contrato de ““JOINT VENTURE”” fuera respetado y cumplido como debe ser, los derechos allí contenidos de la Parte Colombiana podrían pasar a ser usufructuados por cualquier cesionario de dicho contrato de acuerdo a la cláusula Décima Séptima de El Contrato y con ello podría existir la posibilidad de venta de estos derechos a terceros.

g) Tenga además en cuenta el Tribunal, que de acuerdo con el dictamen pericial del doctor Marco Antonio Garzón, el daño sufrido por los demandantes por causa de los demandados, no consiste solamente en la pérdida de valor de sus acciones, sino en “la retención” de toda la inversión original en manos de quién maneja y controla hoy por hoy la empresa.

h) Con esto finalmente se aprecia que el verdadero móvil para incumplir El Contrato por parte de los demandados, no era más que forzar la compra del resto de la empresa a un valor ridículo pues los demandados sabían que nadie más en estas circunstancias podría comprar este tipo de inversión y que las acciones sin El Contrato exigible perderían prácticamente su valor.

l) El Inversionista con estas maniobras se apodera de un negocio que es líder en un mercado creciente y que él mismo ha mantenido estos años en estado de subdesarrollo pues sabe ahora que tiene un potencial muchísimo mayor no solo en mercados externos prácticamente inexplorados, sino en otros sectores de la industria de la impresión y en otras industrias que deliberadamente no se quisieron atender.

j) Por todos estos hechos los colombianos demandantes estiman que se ha atentado directamente contra su patrimonio y buena fe y por lo tanto se ha perdido totalmente el ánimo de hacer negocios con El Inversionista y con la socia Colombiana Esperanza Medina que se prestó para tan funestos manejos.

k) Los miembros restantes de La llamada Parte Colombiana en El Contrato solicitan se declare oficialmente el incumplimiento del mismo a partir de la fecha donde se hizo evidente e irrefutable, o sea la de la Asamblea Extraordinaria de septiembre 14 de 2005, donde se dejó expresa constancia de dicho incumplimiento y de las consecuencias que ello acarrearía al Inversionista y Esperanza Medina.

l) Mantener una empresa donde los libros de actas, si existen son irregulares, sus órganos de administración y control no funcionan y donde fundamentalmente el “societatis” se perdió, tendrá que liquidarse con el posterior daño emergente y el lucro cesante que esto ocasionará a los miembros restantes de la Parte Colombiana víctimas de un complot para envilecer el valor patrimonial de sus acciones.

m) La empresa que por muchos años gestaron quienes fueron sus verdaderos fundadores, esta hoy servida para ser arrebatada por personas que nunca participaron en el ánimo de la que sería una gran empresa y que hoy esta abocada a su disolución.

73. Las personas naturales aquí demandantes han sufrido el perjuicio moral consecuencia del incumplimiento de El contrato porque han visto perturbada su actividad empresarial, en tal forma, que les ha quitado la confianza necesaria para emprender nuevos negocios, lo que se ha reflejado también en sus relaciones interpersonales de familia al perder su ánimo pues este desasosiego en sus negocios conlleva siempre situaciones de conflicto.

74. Todo acto en la vida de los negocios que pone en peligro el futuro de un conglomerado como lo es en el presente caso, genera un perjuicio moral que debe ser tasado por el juez de conformidad con las normas que rigen la actividad de las conductas punibles y que puede llegar hasta 1000 salarios mínimos mensuales, tasados en forma individual para cada uno de los demandantes.

75. Es indudable que generar toda la actividad para la creación de una sociedad en donde se pone no solo el interés económico, sino el concepto emocional para sacarla adelante y ver frustrado esto por acciones torticeras, de quienes quieren lucrarse en forma gratuita del esfuerzo ajeno, constituye, no solo un daño material, sino un daño social repudiable que afecta la propia dignidad de quienes lo padecen. Esto se acrecienta cuando quienes han contribuido al desarrollo de una idea empresarial miran el certificado de la Cámara de Comercio de su empresa y encuentran que ella es dirigida y administrada por unos verdaderos extraños, quienes además no cuentan con ningún conocimiento sobre la actividad que allí se debe desarrollar”.

Posteriormente y en oportunidad legal para hacerlo, el apoderado de la parte convocante, presentó un escrito de corrección de la demanda en los siguientes términos:

“1. Excluyo del petitum las pretensiones Octava y Novena.

2. Modifico la petición décima del petitum, la cual quedará así:

Que como consecuencia del incumplimiento contractual. Se condene a los demandados Rotadyne Latinoamérica LLC y a Esperanza Medina Marmolejo a pagar en forma solidaria dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral a favor de Química Vulcano S.A. (en adelante Química Vulcano) en un 95.71%; Alberto Quijano Duque en un 2.86%; y José Gabriel Saaibi Serrano en un 1.43% la suma que pericialmente o por cualquier otro medio probatorio se establezca más su correspondiente indexación.

3. Modifico el hecho 72 de la demanda así:

72. Por el incumplimiento del contrato, los aquí demandantes han sufrido perjuicios económicos. Para tasar su monto naturaleza se realizaron dos estudios uno con la empresa lncorbank S.A. y el segundo con el perito Dr. Marco Antonio Garzón Moscoso. Se anexan dictamen original del Dr. Garzón Moscoso v su revisión de julio 9 de 2007. De ellos se desprenden las siguientes conclusiones:

a) El valor de las acciones de un accionista depende en gran medida de su capacidad de participación en la toma de decisiones en una sociedad.

b) El contrato de Joint Venture estaba construido por dos bloques indivisibles para garantizar que la parte Colombiana no se fraccionara con esto el inversionista no lograra las mayorías decisorias de una forma impropia. El contrato con esto otorgaba, sin otra condición, la capacidad de la parte Colombiana para tomar las decisiones estratégicas de la empresa en el seno de su junta directiva.

c) La no realización de juntas directivas, forzada por la evasión del inversionista para realizarlas y por la no sustitución de miembros de un renglón completo que a él le correspondía nombrar para conformada debidamente, y que sin ellos era imposible sesionar, aparte de haber forzado una actitud ilegal, restringió totalmente la capacidad de los demandantes de participar, dirigir, generar utilidad, desarrollar los negocios de la empresa y en fin obtener la justa rentabilidad de su inversión.

d) El paquete de acciones de los demandantes perdió su comerciabilidad, pues nadie está dispuesto a invertir en una empresa donde su poder de manejo, opinión y control está limitado por el poder y control que detentan los demás accionistas. Pero además de esto, la participación ahora fraccionada de la señora Esperanza Medina Marmolejo, resulta en la práctica controlante ya que como lo predijo el contrato si no actúa en bloque, termina decidiendo con uno de los otros bloques accionarios a su antojo inadmisible para cualquiera.

e) Hay que recordar que si el contrato fuera respetado y cumplido como debe ser, los derechos allí contenidos de la parte Colombiana podrían pasar a ser usufructuados por cualquier cesionario de dicho contrato de acuerdo a la cláusula décima séptima y con ellos podría existir la posibilidad de venta de las acciones a terceros.

f) El inversionista ha intentado desde la asamblea general de accionistas de marzo 27 de 2006, la liquidación de la empresa, con el objeto de desatarse de el contrato y dar como resultado de la liquidación un valor de reintegro accionario disminuido por este evento, en un acto de evidente mala fe comercial, de donde sacarla provecho ilimitado en la medida en que seguiría con el mismo negocio en la misma área de ventas.

g) Con el pretexto de cumplir con una oferta por el paquete accionario, el inversionista presentó a los aquí demandantes un estudio realizado por la firma Crowe Chizek And Company LLC, prueba documental Nº 28 de esta demanda. En él se concluye que las acciones correspondientes han perdido al menos el 40% de su valor por no tener control y no ser mercadeables. El mismo inversionista se atreve a decir que PCH que su propio incumplimiento, las acciones de los aquí demandantes han perdido casi la mitad de su valor. El estudio usa tablas que no son aplicables al mercado Colombiano y llega finalmente a un valor de USD$ 175.000.00, frente a los resultados de las valoraciones realizadas por los demandantes que en promedio arrojaron un valor de USD $ 460.000.00. Este demérito reconocido por el propio inversionista es prueba irrefutable de daños mínimos económicos que enfrentan los demandantes.

h) Los demandantes solicitan se declare oficialmente el incumplimiento de el contrato a partir de la fecha donde se hizo evidente e irrefutable, o sea durante la asamblea extraordinaria de septiembre 14 de 2005, donde se dejo expresa constancia de dicho incumplimiento y de las consecuencias que ello acarrearía al inversionista y a la señora Medina Marmolejo.

i) Para efectos de cálculo y por disponibilidad de cifras oficiales financieras de la empresa, se tomó como momento financiero de incumplimiento, el 31 de diciembre de 2005.

j) A. pesar del demérito que reconocen los demandados citado en el literal g anterior, el daño emergente obedece en realidad a la pérdida de negociabilidad de las acciones. En su concepto pericial el Dr. Garzón Moscoso asegura que el DAÑO EMERGENTE asciende al total del valor del paquete accionario en poder de los demandantes, valorizado bajo el supuesto de negocio en marcha, a diciembre 31 de 2005: $ 907.860.000.00, más el valor patrimonial de la empresa según libros a esa fecha (descontando ajustes integrales por inflación), el cual arroja una cifra definitiva para el daño emergente de $ 461.920.000.00. La proyección mencionada se calculó tan solo con cifras históricas y sin considerar otros factores intangibles que pueden influir sensiblemente en el valor anterior.

k) De otra parte, se estimó el lucro cesante como la pérdida de oportunidad de usufructuar sus acciones por parte de los demandados hasta el año 2018, vencimiento del plazo pactado para el ente social, y período durante el cual los demandados si disfrutarán del desarrollo social. De acuerdo al dictamen pericial realizado por el Dr. Marco Garzón M., a diciembre 31 de 2005, el valor del lucro cesante a valor presente neto asciende a $ 325.746.000.00.

1. La parte Colombiana resulta siendo la única víctima de los perjuicios que indudablemente acarrea la actitud de los convocados, quienes manejan la empresa a su acomodo, con miras a deducir el mayor provecho económico del envilecimiento del valor de sus acciones, lo que con posterioridad determinaría la liquidación de la empresa situaciones estas que solo irán en perjuicio de la Parte Colombiana, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante.

m) Los demandantes estiman que se ha atentado directamente contra su patrimonio y buena fe y responsabilizan a los demandados, por las consecuencias de todo tipo que ello pueda acarrear distintos en naturaleza y consecuencias a los aquí planteados”.

2. DE LA PARTE CONVOCADA.

Frente a los anteriores hechos, el apoderado de la señora ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO se pronunció así:

“A LOS HECHOS.

Contemplados en el punto Tercero del escrito, tenemos:

3.1. Es cierto.

3.2. Es cierto.

3.3. Es cierto pero irrelevante para el proceso.

3.4. Es cierto en cuanto así lo establezcan su objeto social.

3.5. Que se pruebe aun cuando resulta irrelevante para el proceso la trayectoria del señor Quijano.

3.6. Que se pruebe. es irrelevante para el proceso la trayectoria del señor Saaibi pero no lo es y por tanto deberá probarse, que existe un Grupo Empresarial Denominado Química Vulcano.

3.7. Es cierto en cuanto a que es socia de Rotadyne De Colombia S.A.

No Es cierto que hubiera sido funcionaria de Química Vulcano, lo que además resulta ser irrelevante para el proceso.

3.8. ROTADYNE CORP. NO ES PARTE DEL PROCESO. Su necesidad de tener presencia permanente en Colombia provino de la solicitud de sus clientes.

3.9. Que se pruebe que es irrelevante para el proceso la relación entre QUÍMICA VULCANO S.A. y GOMACOL LTDA., toda vez que GOMACOL LTDA. no es parte del Contrato de “JOINT VENTURE”.

3.10. Que se pruebe es irrelevante para el proceso, toda vez que Gomacol Ltda. no es parte del contrato de “JOINT VENTURE”.

3.11. Es cierto en cuanto que existía un ánimo de asociarse.

3.12. NO ES UN HECHO SINO UNA OPINIÓN, pero debe advertirse que la opinión de los socios de GAMACOL no se tuvo en cuenta. COMO OPINIÓN DEBERA PROBARSE.

3.13. Es irrelevante para el proceso la relación existente entre GOMACOL LTDA. Y QUÍMICA VULCANO S.A., ASÍ como la relación y los acuerdos entre los socios de estas dos sociedades de existir deberá probarse.

3.14. Es cierto en cuanto a la existencia del Contrato de “JOINT VENTURE”.

También es cierto y deberá tener alcance de confesión el incumplimiento de la sociedad QUÍMICA VULCANO y del Señor Manuel Alberto Quijano Duque a los acuerdos Del “JOINT VENTURE” relacionados con la Competencia Desleal.

3.15. DÉCIMO QUINTO: es cierto en cuanto las características del contrato, pero debe precisarse que solo dos partes intervinieron en el: la parte Colombiana compuesta por cuatro personas distintas e independientes entre ellas y la [sic] parte inversionista.

Deberá tenerse como confesión la calificación de bilateral del contrato, distinta de la multilateral que se referiría a la eistencai [sic] de más de dos partes.

3.16. Es cierto en cuanto así lo establece el contrato de “JOINT VENTURE”.

3.17. Es cierto en cuanto así lo establece el documento escrito.

3.18. No es cierto.

Si bien la cláusula octava del contrato de “JOINT VENTURE” establece de manera expresa que de los cinco miembros de junta directiva de la sociedad, tres debían ser nombrados por la parte Colombiana y dos por el inversionista, no es cierto que Rotadyne Latin America LLC le hubiera dado a la parte Colombiana el derecho de nombrar a la mayoría de los miembros de la junta directiva de la sociedad con la que se cumplió el “JOINT VENTURE” [sic], por cuanto que un socio, solo, no tenía la facultad para hacerlo.

Dada la composición accionaria que tendría la sociedad, y de acuerdo con el sistema de cuociente electoral establecido para la elección de miembros de la junta directiva, la parte Colombiana tendría siempre los votos suficientes para elegir tres de los cinco miembros de la junta, mientras que el inversionista nunca podría elegir más de dos de los miembros de la junta directiva.

3.16. Es cierto en cuanto así lo establece el Contrato de “JOINT VENTURE”. [sic]

3.17. Es cierto en cuanto así lo establece el documento escrito. [sic]

3.18. No es cierto. [sic]

Si bien la cláusula octava del contrato de “JOINT VENTURE” establece de manera expresa que de los cinco miembros de junta directiva de la sociedad, tres debían ser nombrados por la parte Colombiana y dos por el inversionista, no es cierto que Rotadyne Latin America LLC le hubiera dado a la parte Colombiana el derecho de nombrar a la mayoría de los miembros de la junta directiva de la sociedad con la que se cumplió el “JOINT VENTURE”, por cuanto que un socio, solo, no tenía la facultad para hacerlo. [sic]

Dada la composición accionaria que tendría la sociedad, y de acuerdo con el sistema de cuociente electoral establecido para la elección de miembros de la junta directiva, la parte Colombiana tendría siempre los votos suficientes para elegir tres de los cinco miembros de la junta, mientras que el inversionista nunca podría elegir más de dos de los miembros de la junta directiva. [sic]

Este punto 3.18 parece que esta repetido en su totalidad.

De modo que el acuerdo pactado en la cláusula octava del contrato de “JOINT VENTURE” tiene plena efectividad en la sociedad de acuerdo con el sistema de cuociente electoral para elegir a los miembros de la junta directiva.

No es cierto que la parte Colombiana tuviera necesariamente el control autónomo e independiente de lo que denomina en este hecho aspectos críticos y estratégicos.

Por último, el acuerdo como quedó planteado resulta ser inocuo habida cuenta que al exigir para deliberar la presencia de todos los miembros de la junta directiva, confirió a los ausentes derecho de veto, por una parte y por otra dejo sin efecto el pacto de mayorías, en el estatuto social, cuando sometió también las decisiones a la presencia [sic] de todos los miembros.

3.19. Es cierto pero teniendo como partes a la Colombiana y a la inversionista.

3.20. No es cierto.

La intención del contrato fue la de regular las situaciones originadas entre las partes con ocasión única y exclusivamente del contrato de “JOINT VENTURE” y no con ocasión de cualquier relación comercial.

El contrato de sociedad es un desarrollo del de “JOINT VENTURE” y un medio para su ejecución de manera que en lo que lo contradiga constituye una modificación del acuerdo inicial.

3.21. No es cierto y además constituye una simple opinión.

El objeto del contrato de “JOINT VENTURE” es aquel que se establece expresamente en el texto del contrato, y no el de balancear las posibles desventajas en que se encontrarían las dos partes en la sociedad.

Las desventajas o ventajas que se menciona en este hecho son simples apreciaciones subjetivas.

3.22. Es completamente irrelevante. El contrato de “JOINT VENTURE” es absolutamente innominado en Colombia.

3.23. No es un hecho sino una opinión sobre los contratos de “JOINT VENTURE” en general que desconoce por ejemplo su característica más importante cual es la de distribuir entre los contratantes los ingresos de los negocios conjuntos y no las utilidades de manera que cada parte asume sus propio [sic] riesgos.

3.24. No es un hecho sino una opinión irrelevante para el caso, que por lo demás desconoce las disposiciones del código de comercio [sic] en materia de sociedades que son las que resultan aplicables.

3.25. Es cierto, en cuanto el contrato reúne las características que menciona.

3.26. Es cierto, en cuanto se celebró el mencionado contrato pero incompleto como hecho.

El contrato lo celebran Rotadyne Corp., que no es parte del Contrato de “JOINT VENTURE”, y Rotadyne de Colombia S.A. que tampoco lo es.

Este contrato genero otro de Management Agreement de fecha 16 de julio de 1998 con la firma por Rotadyne De Colombia S.A. del señor Alberto Quijano Duque como Presidente de la sociedad.

Por virtud de este contrato, completamente independiente y diferente del contrato de “JOINT VENTURE”, Rotadyne De Colombia S.A. se comprometió a que Rotadyne Corp. tendría la administración de la sociedad, estipulación que fue aceptada válidamente por Rotadyne De Colombia S.A. y especialmente por el señor Quijano Duque en su condición de Presidente de la sociedad, que manifestó su consentimiento en este sentido e impuso su firma en el mismo documento.

3.27. Es cierto y lo que quedó pacta do [sic] en la escritura de constitución [sic] corresponde a la forma como las partes entendieron y quisieron [sic] desarrollar el “JOINT VENTURE”, modificándolo en lo que fuere necesario.

3.28. Es cierto.

3.29. Es cierto en cuanto a los nombramientos.

Por tratarse del primer nombramiento los miembros de junta directiva fueron designados directamente en la constitución y no en una asamblea general de accionistas como habría de hacerse en adelante, de la forma establecida por los estatutos.

3.30. Es cierto en cuanto se capitalizó. No es cierto en cuanto que la capitalización hubiera sido forzosa si es que ese calificativo indica que no hubo oportunidad para los accionistas disentir.

La capitalización fue decidida y ordenada por la asamblea y la atendió y cumplió la parte inversionista.

Con la modificación a la composición accionaria, se modificó el contrato de “JOINT VENTURE” al establecer porcentajes de participación diferentes a los consagrados en el mencionado contrato y diferentes manejos de las mayorías para los accionistas individualmente [sic] considerados [sic].

3.31. QUE SE PRUEBE NO ES CIERTO que EL INVERSIONISTA hubiera reconsiderado la conveniencia del contrato de “JOINT VENTURE”, y no son ciertas las conclusiones que supone había sacado EL INVERSIONISTA.

3.32. No es cierto sino que además es imposible ya que el inversionista no podía evadir la realización de juntas directivas, toda vez que era minoría tanto en la junta directiva como en la asamblea, y el representante legal era integrante de la parte Colombiana.

Que la parte Colombiana hubiera dejado de usar los mecanismos legales y estatutarios que se había reservado para ejercer sus mayorías no quiere [sic] decir que la parte inversionista hubiera incumplido, además de existir una abierta [sic] y evidente contradicción con el hecho anterior.

Al respecto es importante señalar que el artículo 24 de los estatutos de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A. establece que la junta deberá reunirse por solicitud del representante legal, que fue nombrado por la parte Colombiana y además es miembro de la parte Colombiana, o por solicitud de dos de los miembros de la junta directiva, y como es sabido la parte Colombiana tenía y tuvo a tres (3) de sus miembros en la junta directiva.

Entonces, la decisión de realizar juntas directivas no dependía de ninguna manera de Rotadyne Latin America LLC, sino que por el contrario, la parte Colombiana tenía la capacidad de convocar a la junta las veces que lo considerara necesario.

3.33. NO ES CIERTO Solo se cita un aparte de un correo electrónico del cual no se puede concluir, como lo pretende hacer el demandante, que EL INVERSIONISTA estuviera evitando realizar Juntas Directivas.

Como se mencionó en el hecho anterior, EL INVERSIONISTA no tenía el poder para determinar las convocatorias a Junta Directiva por cuanto era minoría en la Junta y en la Asamblea, y el representante legal era integrante de la PARTE COLOMBIANA.

Las apreciaciones jurídicas que contiene el hecho tampoco son acertadas en la medida que solo las funciones legalmente asignadas a la junta directiva le corresponden. Las facultades estatutarias pueden ser cumplidas por la asamblea, órgano de grado superior y aun impuestas a la junta directiva y al gerente por todos los socios o por la mayoría de ellos.

3.34. No es un hecho pero además resulta irrelevante. El propio señor Quijano Duque suscribió documentos como presidente.

3.35. No es cierto que el inversionista creyera que la presencia de un presidente pudiera sustituir la realización de juntas directivas.

No podrían los demandantes determinar qué era lo que creía el inversionista.

No es cierto que del aparte del acta que se pretende citar se pueda concluir que Peter Booth quería evitar la realización de juntas directivas, además de no estar el como persona obligado por el “JOINT VENTURE”.

3.36. Es cierto que según el acta que se cita se llevaron a cabo reuniones de junta directiva. Que las actas hayan estado o no adecuadamente llevadas es responsabilidad de quien las preside.

3.37. No es cierto que se hubiera evitado la celebración de reuniones de junta directiva.

La opinión expresada por el señor Steve Melgard no es mas que una opinión válida respecto de la dificultad que supone el hecho de que las decisiones de la junta directiva deban ser adoptadas por unanimidad, y no implica de ninguna manera una decisión de abstenerse de participar de las juntas directivas y mucho menos un bloqueo para la reunión de la junta.

Lo antitécnico del acuerdo de los accionistas, endurecido en los estatutos sociales debió haberse resuelto en el seno de la asamblea donde la parte Colombiana tenía mayoría, lo que simplemente no ocurrió.

No es cierto ni es posible que el inversionista estuviera incumpliendo el contrato ni existe indicio alguno de que su intención fuera la de incumplir.

3.38. ES CIERTO en cuanto las declaraciones que se citan constan en el acta mencionada. No es cierto que no correspondieran a decisiones validamente [sic] adoptadas por la asamblea de accioncitas [sic], ni tiene importancia que el convocante Quijano Duque no las recordara en la medida que el acta que las contiene se encuentra suscrita por el.

De haber inconformidad con el contenido del acta o con las decisiones adoptadas la acción correspondiente hubeora [sic] sido la de su impugnación la cual, a la fecha, por el transcurso del tiempo se encuentra definitiva e irremediablemente caducada.

3.39. No es un hecho sino una suposición. Lo cierto en este punto es que los accionistas adoptaron válida y voluntariamente esa determinación de manera que, si todos concurrieron y aceptaron, modificaron el “JOINT VENTURE” de común acuerdo.

3.40. La estrategia de precios internacionales, en objetivo, es la que corresponde a una empresa que fabrica, manufactura y vende productos internacionales con marca internacional y no es fruto de imposición sino de la razón que los precios se calculen de acuerdo a cada producto y no a variables exógenas a ellos. Las políticas comerciales que incluyen los descuentos y las fijaciones de precios quedaron a discreción de la gerente de la sociedad por decisión de la asamblea en los términos del acta de 4 de febrero de 2002.

3.41. No es cierto. La gerente no se ha tomado ninguna atribución. Ha cumplido el encargo que le hiciera la asamblea en la reunión del 4 de febrero de 2002.

Debe distinguirse de las actuaciones de la señora ESPERANZA MEDINA como representante legal, como socia de la sociedad y como integrante de la PARTE COLOMBIANA en el contrato de “JOINT VENTURE”.

Los cuestionamientos que se le pretendan hacer por su gestión como representante legal de la sociedad no podrían presentarse en este proceso por cuanto nada tiene que ver con el contrato de “JOINT VENTURE”, estando además autorizadas por la asamblea de accionistas a la que concurrieron todos los suscriptores del “JOINT VENTURE”.

Las controversias que se originen con la señora MEDINA por su conducta como socio de la sociedad ROTADYNE DE COLOMBIA S.A. deben tramitarse en un proceso arbitral diferente, de acuerdo con la cláusula compromisoria establecida en el contrato de sociedad.

Los conflictos que surjan entre los integrantes de la PARTE COLOMBIANA, son completamente ajenos al contrato de “JOINT VENTURE”, y la cláusula compromisoria que le otorga competencia al Tribunal de Arbitramento solamente se refiere a las controversias surgidas entre las dos partes contratantes, es decir, entre la PARTE COLOMBIANA Y EL INVERSIONISTA.

3.42. No es cierto y supone además un desconocimiento absoluto de la ley comercial en materia de sociedades, como en general lo suponen todos los hechos de la demanda.

No es la junta directiva de las sociedades, en su conjunto, la única que puede tomar acciones contra los administradores, directores o gerentes, ni incumplimiento contractual la no asistencia de miembros de la junta directiva a las reuniones a que se les hubiere citado, menos cuando no fueren socios de la sociedad o suscriptores del denominado contrato de “JOINT VENTURE”.

Lo que se ha expresado, desde el punto de vista técnico, es que los acuerdos en torno a las mayorías decisorias en la junta directiva cuando se exige para deliberar la presencia de todos sus miembros, resultan inocuos y por ello la ley no lo tiene previsto de ese modo.

3.43. No es cierto y cosntituye[sic] solo una apreciación objeteiva[sic] que habrá de probarse. Es cierto en cuanto así lo establece el contrato expresamente.

La parte Colombiana como lo reconoce en el hecho, con carácter de confesión incumplió el contrato de “JOINT VENTURE” al producir, con la antigua fórmula de la sociedad Gomacol Ltda., en abierta competencia con la propia sociedad y con sus accionistas llo[sic] que le impide reclamar cumplimiento.

3.44. No es cierto.

Rotadyne Corp. no es parte del contrato de “JOINT VENTURE” ni es accionista de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A.

No es cierto que la junta directiva pueda modificar el contrato de “JOINT VENTURE”.

Rotadyne vende la materia prima igual a todas las Rotadyne y argentina paso la prueba con sus mezclas, lo que importa es mínimo, la mezcla de Goma col no la paso ni siquiera [sic] en el primer intento por los componentes y el estilo de mezcla del que disponíamos.

3.45. No es cierto. Habrá de probarse teniendo en cuenta el hecho notorio de haberse cambiado las políticas comerciales en Venezuela por la posición de su presidente.

3.46. No es cierto que los mercados externos se desatendieran o se atendieran mal. Apenas si constituye la opinión de los convocantes.

3.47. No es cierto que se desatendiera una parte del mercado. Apenas si constituye la opinión de los convocantes.

Las discusiones entre los miembros de la parte Colombiana no involucran a Rotadyne Latin America LLC, y no tienen ninguna relación con el contrato de “JOINT VENTURE”.

No es cierto que Esperanza Medina hubiera incumplido con el contrato o algún compromiso con la parte Colombiana, de la que forma parte. No se menciona tampoco cual es el compromiso que fue incumplido o el aparte del contrato incumplido por Esperanza Medina.

3.48. No es cierto que se hubiera autorizado a Química Vulcano a atender un mercado determinado con fabricación propia en competencia con la sociedad Rotadyne de Colombia S.A.

Existió si un abuso de parte de Química Vulcano S.A. y del señor Quijano Duque que implicó además una manifiesta infracción al contrato de “JOINT VENTURE” sobre ese particular al involucrar en esa fabricación productos prohibidos.

No es cierto que no hubiera vendido productos.

Química Vulcano S.A. vendió los productos que fabricó en las instalaciones de Rotadyne de Colombia S.A., y no ha pagado aun por el uso de la fábrica.

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ESTOS RODILLOS INICIÓ EN ENERO DE 2005, EXISTE EL ACTA ELABORADA POR EL SEÑOR QUIJANO SOBRE “ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO” EN LA QUE RELACIONA A

1. ADVANCE RUBBER DE COLOMBIA S.A.

2. TIKAL INTERNACIONAL S.A.

3. ROTADYNE DE COLOMBIA

3.49. Es cierto que se retiró el señor Melgard.

Sin embargo, los estatutos de la sociedad, con los que se desarrolló el contrato de “JOINT VENTURE”, lo modificaron en el sentido de establecen[sic] que el nombramiento de los miembros de la junta directiva quedara, como lo define la ley, a discreción de la asamblea general de accionistas en un proceso de elección por cuociente electoral, en el entendido que ese[sic] forma de elección garantizaba la presencia de tres miembros propuestos por la parte Colombiana y de solo dos por la parte inversionista, de las listas que cada una de esas partes propusiera a la asamblea dada su capacidad de votar.

Que la asamblea no se hubiere convocado para efectos de excluir algunos miembros de la junta directiva o que en la reuniones ordinarias de la asamblea no se hubiere decidido reemplazar a los miembros que no estuvieren cumpliendo con sus obligaciones, no es sino un abandono del derecho de quienes hubieran tenido interés en ello, de la parte Colombiana y no un incumplimiento de la parte inversionista que cumplió con su obligación de no tener más de dos miembros en la junta directiva.

No es cierto que el inversionista hubiera nombrado su propia junta directiva, por cuanto de acuerdo con el sistema de cuociente y residuo su participación accionaria solo le permitía nombrar un máximo de dos miembros.

Fue la asamblea la que designó a los miembros de la junta directiva, de conformidad con los estatutos que desarrollaron el contrato de “JOINT VENTURE”.

En efecto, desde el día anterior a la fecha prevista en la convocatoria para la asamblea en que se nombró a los miembros de la junta directiva, el representante de la sociedad Química Vulcano S.A. solicitó una asamblea extraordinaria para entregar las renuncias de todos los integrantes de la junta.

Al día siguiente, en la asamblea ordinaria, no se propuso ninguna lista o plancha por parte de accionistas distintos de la parte inversionista.

Como en el caso anterior no hubo incumplimiento de obligaciones de parte de la parte inversionista sino abandono de sus derechos por la parte Colombiana.

3.50. No es cierto. Rotadyne Latin America Llc nunca ha desconocido el contrato.

3.51. No es cierto que existiera una alianza entre el inversionista y un integrante de la parte Colombiana. La señora Esperanza Medina Marmolejo actúa y actuó según sus propios principios, valores y criterios técnicos y comerciales y nunca estuvo ni podrá estar obligada a decidir de un modo diferente.

Notará el Tribunal de que manera no eiste[sic] ni existió obligación de los integrantes de la parte Colombiana de votar en un solo sentido o en bloque o de actuar entre ellos sin autonomía.

No es cierto que del correo electrónico que se cita pueda inferirse que existía un acuerdo para conseguir las mayorías en la asamblea de accionistas de Rotadyne de Colombia S.A. ya que a ese punto ni siquiera se hace referencia en el.

El correo lo que si establece, y respecto de lo cual habrá de pronunciarse expresamente el Tribunal, es que la parte Colombiana debe actuar en conjunto y no cada uno de ellos de forma individual.

3.52. No es un hecho sino apenas una apreciación jurídica un poco fuera de contexto. Definitivamente en la parte Colombiana no hay comunidad ni podría haberla, habida cuenta que las acciones de cada uno de sus integrantes le pertenecen individualmente y en el contrato de “JOINT VENTURE” ninguna propiedad se puso en común. Las normas aplicables a la parte Colombiana en su funcionamiento son unas distitnas [sic], pero que definitivamente no están en el contrato de “JOINT VENTURE” y por lo tanto sobre las cuales no podrá pronunciarse el tribunal.

Las decisiones de la parte Colombiana se rigen por sus propias reglas. El contrato lo suscriben dos partes independientes y determinadas. Las controversias que se presenten al interior de la parte Colombiana no tiene por qué afectar el contrato, ni pueden involucrar a Rotadine Llc [sic].

3.53. No es cierto por ser mayoría en la asamblea la parte Colombiana tenía la facultad de nombrar miembros de junta directiva, y la posibilidad de convocar en cualquier momento a una asamblea extraordinaria para decidir los nombramientos, sin necesidad de que dicha convocatoria tuviera que ser autorizada por Rotadyne Latin America LLC.

3.54. No es cierto que el señor Quijano Duque hubiera sido agredido y menos aún expulsado físicamente.

Rotadyne Corp., no es parte en este proceso.

3.55. Es cierto que se celebró la asamblea. Este hecho desvirtúa las anteriores afirmaciones de la demanda en el sentido de que no había sido posible convocar a la asamblea ni convocar a la junta directiva, por cuanto Química Vulcano S.A. pudo convocar a una asamblea extraordinaria.

3.56. No es cierto sino en lo trascrito aun cuando la demanda se limita a transcribir nuevamente apartes del acta, sacándolos de contexto y haciéndolos perder su sentido original.

La señora Medina Marmolejo tenía pleno derecho de votar según su propio criterio y conveniencia por no tener la obligación de hacerlo de otra manera y Rotadyne Latin America LLC tenía también el drecho[sic] de expresar su opinión y votarla, hasta donde sus votos se lo permitieran.

Que la parte Colombiana no estuviera de acuerdo, como no lo estaba, en el sentido de la votación no es responsabilidad ni de la señora Medina Marmolejo ni de Rotadyne Latin America LLC.

Rotadyne LLC simplemente manifestó su opinión al respecto, pero como se ha dicho, la parte Colombiana tenía la capacidad de nombrar los miembros de junta directiva, de haber estado de acuerdo.

3.57. No es cierto que se estuviera violando lo establecido por el “JOINT VENTURE”.

Simplemente no votó por la plancha postulada, en ejercicio de sus derechos como socio, sin que con ello estuviera privando a la parte Colombiana de mantener los tres miembros de junta directiva que estaban en capacidad de nombrar de acuerdo a su capacidad accionaria.

3.58. No es cierto el alcance del correo electrónico.

3.59. No es cierto. Lo que se nota es que la parte Colombiana no voto en bloque y que el voto de la señora Medina Marmolejo fue en igual sentido que el de la parte inversionista, pero cada parte con causas distintas, las mismas expresadas en la propia acta.

El hecho de formar parte de la parte Colombiana en el contrato no obligaba a la señora Esperanza Medina a votar de determinada manera en la asamblea de accionistas de la sociedad, por cuanto así no lo establece el contrato, y no existe ningún compromiso entre los integrantes de la parte Colombiana que condicione o comprometa el sentido de su voto ni sus principios hasta votar en contra de ella misma.

Las controversias generadas entre los integrantes de la parte Colombiana, como la que se plantea en este hecho no puede ser discutida mediante el trámite arbitral que se adelanta.

No es cierto que existiera un acuerdo de oposición entre el inversionista y la señora Medina.

Es importante tener presente que el contrato de “JOINT VENTURE” y el contrato de sociedad son distintos e independientes.

Ninguna cláusula del contrato obliga al inversionista a votar de determinada manera las decisiones en la asamblea de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A.

El contrato de “JOINT VENTURE” no se refiere el modo en que las partes deben votar las decisiones de la asamblea de socios al interior de la sociedad constituida.

Si uno de los integrantes de la parte Colombiana vota de determinada manera una decisión en la asamblea, no podría responsabilizarse por esa decisión a la sociedad Rotadyne Latin America LLC.

3.60. No es cierto que la información suministrada fuera insuficiente o estuviera recortada para esconder el funcionamiento interno de la sociedad.

No es cierto que el inversionista y la señora Medina se hubieran negado a respetar la conformación de la junta directiva.

No es cierto que se le hubiera restringido la entrada a alguno de los socios de la sociedad.

3.61. Es cierto que algunos integrantes de la parte Colombiana presentaron las referidas valoraciones parcializadas de la sociedad.

3.62. Es cierto que existe una valoración seria e independiente de la sociedad, que fue realizada a petición de Rotadyne LLC y también es cierto que el sentido del voto de la señora Medina Marmolejo determinaba en ese momento, como lo determina hoy, el norte de la empresa. Lo que no es cierto es que el voto de la señora Medina Marmolejo hubiera alguna vez estado comprometido con la denominada parte Colombiana o con la denominada parte inversionista.

3.63. No es cierto que el contrato se hubiera violado por parte de Rotadyne [sic] LLC

Es cierto que los socios mencionados convocaron a una asamblea extraordinaria.

Con ello se desvirtúan nuevamente todas sus afirmaciones anteriores en las que reclamaban que no era posible reunir a la junta directiva ni a la asamblea, cuando lo cierto es que, como lo confiesan en este hecho, la parte Colombiana contaba con la participación accionaria suficiente para convocar a la asamblea y desde allí adoptar las decisiones necesarias, y en particular las relacionadas con la junta directiva.

Es cierto que los socios mencionados expresaron su decisión de retirarse de la administración.

3.64. No es cierto que el inversionista quisiera quedarse ilegítimamente con todo el negocio.

En desarrollo de sus derechos como accionista, y ante el comportamiento de los socios representados o controlados por el señor Quijano, Rotadyne Latin America LLC propuso que se liquidara la sociedad.

3.65. No es cierto que el nombramiento de la nueva junta directiva no hubiera tenido en cuenta los acuerdos previamente establecidos en el contrato.

Que los accionistas miembros de la parte Colombiana no hubieran ejercido su derecho a presentar una palncha [sic] y no hubieran votado todos en el mismo sentido no implica incumllmiento [sic] de ninguna naturaleza.

Hecho, la parte Colombiana contaba con la participación accionaria suficiente para convocar a la asamblea y desde allí adoptar las decisiones necesarias, y en particular las relacionadas con la junta directiva. [Sic]

Es cierto que los socios mencionados expresaron su decisión de retirarse de la administración. [Sic]

Rotadyne Latin America LLC simplemente cumplió con lo dispuesto en el contrato de “JOINT VENTURE” por cuanto su participación accionaria en la sociedad solo le permitía conseguir dos miembros de junta directiva, de acuerdo con el sistema de cuociente y residuo.

Sucede que la asamblea en cumplimiento de sus funciones decide nombrar nuevos miembros de junta directiva. El inversionista postula su lista de candidatos y vota por ella, sabiendo que su participación en la sociedad solo le permite conseguir dos miembros de junta directiva.

La parte Colombiana no presentó una lista por la cual votar, renunciando a ejercer su derecho de nombrar a tres de los miembros de la junta directiva.

3.66. No es cierto que la junta directiva hubiera sido nombrada a la fuerza por el inversionista se nombró exacta mente de acuerdo con los estatutos respetando el contrato de “JOINT VENTURE”. El inversionista nombró solo dos de los miembros de la junta directiva, el nombramiento de los miembros restantes se debió a la conducta asumida por la parte Colombiana manifestada por sus integrantes de modo independiente.

No es un hecho la descalificación subjetiva que presenta la demanda de los miembros de la junta directiva.

3.67. Es cierto en cuanto Esperanza Medina no compartía la plancha propuesta por los demás integrantes de la parte Colombiana:

No es cierto que la señora Medina estuviera obligada a votar de una forma determinada, por cuanto ello no se encuentra establecido en el contrato de “JOINT VENTURE”.

Por tratarse de una controversia entre miembros de la parte Colombiana, no puede ser discutida en este proceso que solo involucra las controversias surgidas entre la parte Colombiana y el inversionista con ocasión del contrato de “JOINT VENTURE”.

Rotadyne LLC no conoce ni tiene por qué conocer las controversias que se presenten entre los miembros de la parte Colombiana. Rotadyne Latin America no conoce ni tiene por qué conocer las controversias que se presenten entre los integrantes de la parte Colombiana [sic] y siempre ha respetado tanto el contrato de “JOINT VENTURE” como los estatutos de la sociedad.

3.68. No es cierto que el inversionista hubiera fomentado los conflictos al interior de la parte Colombiana. El conflicto se presento por [sic] el abuso de la sociedad Química Vulcano S.A. y el señor Quijano Duque de las autorizaciones de la asamblea para fabricar productos distintos de los autorizados.

Las decisiones adoptadas por la señora Esperanza Medina eran completamente autónomas, y Rotadyne Latin America LLC al igual que los demás socios debían aceptarlas.

No era una facultad de Rotadyne Latin America LLC. La de aceptar o no las votaciones que válidamente efectuaba Esperanza Medina en la asamblea. No podría haber asumido una conducta diferente a la de respetar sus decisiones como un socio más.

3.69. No es cierto que se haya desconocido el contrato de “JOINT VENTURE”.

Es cierto que se realizaron las gestiones tendientes a convocar a una amigable composición.

3.70. No es un hecho sino una pregunta.

3.71. No es cierto para el momento en que se suscribió el contrato, ninguno de los contratantes tenía la calidad de socio, ni existía si quiera la sociedad, de manera que no puede entenderse como un acuerdo entre socios.

En lo que tiene que ver con el nombramiento de los miembros de la junta directiva se dispuso que Rotadyne Latin America LLC nombrar solo dos de ellos y se implementó en los estatutos de la sociedad de acuerdo con el sistema de cociente electoral que regiría este tipo de decisiones al interior de la asamblea, su participación accionaria solo le permitiría nombrar autónomamente a dos de los miembros de la junta directiva.

3.72. No es cierto que los demandantes hubieran sufrido perjuicios.

De ninguna manera puede dársele validez a un peritaje completamente parcializado, frente al que no se tuvo la oportunidad de controvertirlo.

Literal a. Es una opinión

Literal b. Del contrato no se desprende que exista ningún acuerdo entre los miembros de la parte Colombiana. Si bien el contrato de “JOINT VENTURE” lo suscriben dos partes, lo que suceda al interior de una de las partes no tiene por qué afectar a la otra parte o al contrato.

Literal c. La no realización de juntas directivas no solo no se ha demostrado, sino que además tanto su convocatoria como su efectiva realización eran responsabilidad de la parte Colombiana que contaba con la participación societaria suficiente para, entre otras facultades, poder nombrar al representante legal, convocar a una asamblea extraordinaria, realizar las reformas que considerara pertinente y decidir sobre las convocatorias de la junta directiva.

Literal d. Es una sociedad anónima y no limitada, de manera que la consulta de los libros y demás documentos solo pueden hacerse en los términos y condiciones que establece la ley.

Las acciones de los miembros de la parte Colombiana no perdieron nunca su capacidad de manejo administrativo, ni sufrieron ninguna limitación. Simplemente sus derechos se ajustan a los derechos conferidos a los accionistas en las sociedades anónimas.

Literal f. Es una opinión. El contrato de “JOINT VENTURE” ha sido respetado y cumplido en todo momento tanto por Esperanza Medina como por Rotadyne Latin America LLC.

Literal g. El dictamen al que se refiere no tiene ninguna validez.

Literal h. Ni Rotadyne Latin America LLC ni Esperanza Medina incumplieron el contrato, y tampoco están interesadas en adquirir las acciones de los demandantes.

Literal i. Son suposiciones completamente irreales. El inversionista no se ha apoderado de ningún negocio.

Literal j. No es un hecho para el proceso.

Literal k. Es una pretensión y no un hecho.

Literal l. Es un una opinión.

Literal m. No es un hecho.

3.73. No es cierto y habrá de probarse. Los perjuicios que hayan podido sufrir corresponden exclusivamente al propio comportamiento de cada uno de ellos en relación con el contrato de “JOINT VENTURE” y con el contrato de sociedad.

La sociedad constituye una persona jurídica diferente a la de sus socios, de manera que la actividad empresarial de los socios es independiente a la de la sociedad, lo que se hace aun más evidente en las sociedades anónimas.

Que se pruebe que los demandantes hoy en día no tienen confianza en si mismos.

3.74. No es un hecho.

3.75. No es un hecho. Pero además, los miembros de la junta directiva que aparecen en los certificados de la cámara de comercio fueron los que el comportamiento de los convocantes permitió que se nombraran”.

2.1. Frente a los hechos de la demanda, el apoderado de ROTADYNE LATIN AMERICA LLC como parte convocada se pronunció así:

“A LOS HECHOS.

Contemplados en el punto Tercero del escrito, tenemos:

3.1. Es cierto

3.2. Es cierto.

3.3. Es cierto pero irrelevante para el proceso.

3.4. Es cierto en cuanto así lo establezcan [sic] su objeto social.

3.5. Que se pruebe aun cuando resulta irrelevante para el proceso la trayectoria del señor Quijano.

3.6. Que se pruebe. Es irrelevante para el proceso la trayectoria del señor Saaibi pero no lo es y por tanto deberá probarse, que existe un grupo empresarial denominado Química Vulcano.

3.7. Es cierto en cuanto a que es socia de Rotadyne de Colombia S.A.

No es cierto que hubiera sido funcionaria de Química Vulcano, lo que además resulta ser irrelevante para el proceso.

3.8. Rotadyne Corp. no es parte del proceso. Su necesidad de tener presencia permanente en Colombia provino de la solicitud de sus clientes.

3.9. Que se pruebe es irrelevante para el proceso la relación entre Química Vulcano S.A. y Gomacol Ltda., toda vez que Gomacol Ltda. no es parte del contrato de “JOINT VENTURE”.

3.10. Que se pruebe. Es irrelevante para el proceso, toda vez que Gomacol Ltda. no es parte del contrato de “JOINT VENTURE”.

3.11. Es cierto en cuanto que existía un ánimo de asociarse.

3.12. No es un hecho sino una opinión, pero debe advertirse que la opinión de los socios de Gamacol [sic] no se tuvo en cuenta. Como opinión deberá probarse.

3.13. Es irrelevante para el proceso la relación existente entre Gomacol Ltda y Química Vulcano S.A., así como la relación y los acuerdos entre los socios de estas dos sociedades. De existir deberá probarse.

3.14. Es cierto en cuanto a la existencia del contrato de “JOINT VENTURE”.

También es cierto y deberá tener alcance de confesión.

El incumplimiento de la sociedad Química Vulcano y del señor Manuel Alberto Quijano Duque a los acuerdos del contrato de “JOINT VENTURE” relacionados con la competencia desleal.

3.15. Décimo quinto: Es cierto en cuanto las características del contrato, pero debe precisarse que solo dos partes intervinieron en el la parte Colombiana compuesta por cuatro personas distintas e independientes entre ellas y la parte inversionista.

Deberá tenerse como confesión la calificación de bilateral del contrato, distinta de la multilateral que se referiría a la eistencai[sic] de mas de dos partes.

3.16. Es cierto en cuanto así lo establece el contrato de “JOINT VENTURE”.

3.17. Es cierto en cuanto así lo establece el documento escrito.

3.18. No es cierto.

Si bien la cláusula octava del contrato de “JOINT VENTURE” establece de manera expresa que de los cinco miembros de junta directiva de la sociedad, tres debían ser nombrados por la parte Colombiana y dos por el inversionista, no es cierto que Rotadyne Latin Amercia llc [sic] le hubiera dado a la parte Colombiana el derecho de nombrar a la mayoría de los miembros de la junta directiva de la sociedad con la que se cumplió el contrato de “JOINT VNTURE” [sic], por cuanto que un socio, solo, no tenía la facultad para hacerlo.

Dada la composición accionaria que tendría la sociedad, y de acuerdo con el sistema de cuociente electoral establecido para la elección de miembros de la junta directiva, la parte Colombiana tendría siempre los votos suficientes para elegir tres de los cinco miembros de la junta, mientras que el inversionista nunca podría elegir más de dos de los miembros de la junta directiva.

De modo que el acuerdo pactado en la cláusula octava del contrato de “JOINT VENTURE” tiene plena efectividad en la sociedad de acuerdo con el sistema de cuociente electoral para elegir a los miembros de la junta directiva.

No es cierto que la parte Colombiana tuviera necesariamente el control autónomo e independiente de lo que denomina en este hecho aspectos críticos y estratégicos.

Por último, el acuerdo como quedó planteado resulta ser inocuo habida cuenta que al exigir para deliberar la presencia de todos los miembros de la junta directiva, confirió a los ausentes derecho de veto, por una parte y por otra dejo sin efecto el pacto de mayorías, en el estatuto social, cuando sometió también las decisiones a la presencai [sic] de todos los miembros.

3.19. Es cierto pero teniendo como partes a la Colombiana y a la inversionista.

3.20. No es cierto.

La intención del contrato fue la de regular las situaciones originadas entre las partes con ocasión única y exclusivamente del contrato de “JOINT VENTURE” y no con ocasión de cualquier relación comercial.

El contrato de sociedad es un desarrollo del de “JOINT VENTURE” y un medio para su ejecución de manera que en lo que lo contradiga constituye una modificación del acuerdo inicial.

3.21. No es cierto y además constituye una simple opinión.

El objeto del contrato de “JOINT VENTURE” es aquel que se establece expresamente en el texto del contrato, y no el de balancear las posibles desventajas en que se encontrarían las dos partes en la sociedad.

Las desventajas o ventajas que se menciona en este hecho son simples apreciaciones subjetivas.

3.22. Es completamente irrelevante. El contrato de “JOINT VENTURE” es absolutamente innominado en Colombia.

3.23. No es un hecho sino una opinión sobre los contratos de “JOINT VENTURE” en general que desconoce por ejemplo su característica mas importante cual es la de distribuir entre los contratantes los ingresos de los negocios conjuntos y no las utilidades de manera que cada parte asume sus propio[sic] riesgos.

3.24. No es un hecho sino una opinión irrelevante para el caso, que por lo demás desconoce las disposiciones del código de coemrcio[sic] en materia de sociedades que son las que resultan aplicables.

3.25. Es cierto, en cuanto el contrato reúne las características que menciona.

3.26. Es cierto, en cuanto se celebró el mencionado contrato pero incompleto como hecho.

El contrato lo celebran Rotadyne Corp., que no es parte del contrato de “JOINT VENTURE”, y Rotadyne de Colombia S.S. que tampoco lo es.

Este contrato genero otro de MANAGEMENT AGREEMENT de fecha 16 de julio de 1998 con la firma por ROTADYNE DE COLOMBIA S.A. del señor ALBERTO QUIJANO DUQUE como Presidente de la sociedad.

Por virtud de este contrato, completamente independiente y diferente del contrato de “JOINT VENTURE”, ROTADYNE DE COLOMBIA S.A. se comprometió a que ROTADYNE CORP. tendría la administración de la sociedad, estipulación que fue aceptada válidamente por ROTADYNE DE COLOMBIA S.A. y especialmente por el señor QUIJANO DUQUE en su condición de Presidente de la sociedad, que manifestó su consentimiento en este sentido e impuso su firma en el mismo documento.

3.27. Es cierto y lo que quedopacta do[sic] en la escritura de cosntitucion[sic] corresponde a la forma como las partes entendieron yquisieron[sic] desarrollar el contrato de “JOINT VENTURE”, modificándolo en lo que fuere necesario.

3.28. Es cierto

3.29. Es cierto en cuanto a los nombramientos

Por tratarse del primer nombramiento los miembros de junta directiva fueron designados directamente en la constitución y no en una asamblea general de accionistas como habría de hacerse en adelante, de la forma establecida por los estatutos.

3.30. Es cierto en cuanto se capitalizó.

No es cierto en cuanto que la capitalización hubiera sido forzosa si es que ese calificativo indica que no hubo oportunidad para los accionistas de disentir.

La capitalización fue decidida y ordenada por la asamblea y la atendió y cumplió la parte inversionista.

Con la modificación a la composición accionaria, se modificó el contrato de “JOINT VENTURE” al establecer porcentajes de participación diferentes a los consagrados en el mencionado contrato y diferentes manejos de las mayorías para los accionistas individualemnte[sic] considerados[sic].

3.31. Que se pruebe. No es cierto que el inversionista hubiera reconsiderado la conveniencia del contrato de “JOINT VENTURE”, y no son ciertas las conclusiones que supone había sacado el inversionista.

3.32. No es cierto sino que además es imposible ya que el inversionista no podía evadir la realización de juntas directivas, toda vez que era minoría tanto en la junta directiva como en la asamblea, y el representante legal era integrante de la parte Colombiana.

Que la parte Colombiana hubiera dejado de usar los mecanismos legales y estatutarios que se había reservado para ejercer sus mayorías no queire[sic] decir que la parte inversionista hubiera incumplido, además de existir una evierta[sic] y evidente contradicción con el hecho anterior.

Al respecto es importante señalar que el artículo 24 de los estatutos de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A. establece que la junta deberá reunirse por solicitud del representante legal, que fue nombrado por la parte Colombiana y además es miembro de la parte Colombiana, o por solicitud de dos de los miembros de la junta directiva, y como es sabido la parte Colombiana tenía y tuvo a tres (3) de sus miembros en la junta directiva.

Entonces, la decisión de realizar juntas directivas no dependía de ninguna manera de Rotadyne Latin America Llc, sino que por el contrario, la parte Colombiana tenía la capacidad de convocar a la junta las veces que lo considerara necesario.

3.33. No es cierto solo se cita un aparte de un correo electrónico del cual no se puede concluir, como lo pretende hacer el demandante, que el inversionista estuviera evitando realizar juntas directivas.

Como se mencionó en el hecho anterior, el inversionista no tenía el poder para determinar las convocatorias a junta directiva por cuanto era minoría en la junta y en la asamblea, y el representante legal era integrante de la parte Colombiana.

Las apreciaciones jurídicas que contiene el hecho tampoco son acertadas en la medida que solo las funciones legalmente asignadas a la junta directiva le corresponden. Las facultades estatutarias pueden ser cumplidas por la asamblea, órgano de grado superior y aun impuestas a la junta directiva y al gerente por todos los socios o por la mayoría de ellos.

3.34. No es un hecho pero además resulta irrelevante. el propio señor Quijano Duque suscribió documentos como presidente.

3.35. No es cierto que el inversionista creyera que la presencia de un presidente pudiera sustituir la realización de juntas directivas.

No podrían los demandantes determinar qué era lo que creía el inversionista

No es cierto que del aparte del acta que se pretende citar se pueda concluir que Peter Booth quería evitar la realización de juntas directivas, además de no estar el como persona obligado por el contrato de “JOINT VENTURE”.

3.36. Es cierto que según el acta que se cita se llevaron a cabo reuniones de junta directiva. Que las actas hayan estado o no adecuadamente llevadas es responsabilidad de quien las preside.

3.37. No es cierto que se hubiera evitado la celebración de reuniones de junta directiva.

La opinión expresada por el señor Steve Melgard no es más que una opinión válida respecto de la dificultad que supone el hecho de que las decisiones de la junta directiva deban ser adoptadas por unanimidad, y no implica de ninguna manera una decisión de abstenerse de participar de las juntas directivas y mucho menos un bloqueo para la reunión de la junta.

Lo antitécnico del acuerdo de los accionistas, endurecido en los estatutos sociales debió haberse resuelto en el seno de la asamblea donde la parte Colombiana tenía mayoría, lo que simplemente no ocurrió.

No es cierto ni es posible que el inversionista estuviera incumpliendo el contrato ni existe indicio alguno de que su intención fuera la de incumplir.

3.38. Es cierto en cuanto las declaraciones que se citan constan en el acta mencionada.

No es cierto que no correspondieran a decisiones válidamente adoptadas por la asamblea de accionsitas[sic], ni tiene importancia que el convocante Quijano Duque no las recordara en la medida que el acta que las contiene se encuentra suscrita por el.

De haber inconformidad con el contenido del acta o con las decisiones adoptadas la acción correspondiente hubeora[sic] sido la de su impugnación la cual, a la fecha, por el transcurso del tiempo se encuentra definitiva e irremediablemente caducada.

3.39. No es un hecho sino una suposición. Lo cierto en este punto es que los accionistas adoptaron válida y voluntariamente esa determinación de manera que, si todos concurrieron y aceptaron, modificaron el contrato de “JOINT VENTURE” de común acuerdo.

3.40. La estrategia de precios internacionales, en objetivo, es la que corresponde a una empresa que fabrica, manufactura y vende productos internacionales con marca internacional y no es fruto de imposición sino de la razón que los precios se calculen de acuerdo a cada producto y no a variables exógenas a ellos. Las políticas comerciales que incluyen los descuentos y las fijaciones de precios quedaron a discreción de la gerente de la sociedad por decisión de la asamblea en los términos del acta de 4 de febrero de 2002.

3.41. No es cierto. la gerente no se ha tomado ninguna atribución. Ha cumplido el encargo que le hiciera la asamblea en la reunión del 4 de febrero de 2002.

Debe distinguirse de las actuaciones de la señora Esperanza Medina como representante legal, como socia de la sociedad y como integrante de la parte Colombiana en el contrato de “JOINT VENTURE”.

Los cuestionamientos que se le pretendan hacer por su gestión como representante legal de la sociedad no podrían presentarse en este proceso por cuanto nada tiene que ver con el contrato de “JOINT VENTURE”, estando además autorizadas por la asamblea de accionistas a la que concurrieron todos los suscriptores del contrato de “JOINT VENTURE”.

Las controversias que se originen con la señora Medina por su conducta como socio de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A. deben tramitarse en un proceso arbitral diferente, de acuerdo con la cláusula compromisoria establecida en el contrato de sociedad.

Los conflictos que surjan entre los integrantes de la parte Colombiana, son completamente ajenos al contrato de “JOINT VENTURE”, y la cláusula compromisoria que le otorga competencia al tribunal de arbitramento solamente se refiere a las controversias surgidas entre las dos partes contratantes, es decir, entre la parte Colombiana y el inversionista.

3.42. No es cierto y supone además un desconocimiento absoluto de la ley comercial en materia de sociedades, como en general lo suponen todos los hechos de la demanda.

No es la junta directiva de las sociedades, en su conjunto, la única que puede tomar acciones contra los administradores, directores o gerentes, ni incumplimiento contractual la no asistencia de miembros de la junta directiva a las reuniones a que se les hubiere citado, menos cuando no fueren socios de la sociedad o suscriptores del denominado contrato de “JOINT VENTURE”.

Lo que se ha expresado, desde el punto de vista técnico, es que los acuerdos en torno a las mayorías decisorias en la junta directiva cuando se exige para deliberar la presencia de todos sus miembros, resultan inocuos y por ello la ley no lo tiene previsto de ese modo.

3.43. No es cierto y constituye solo una apreciación objeteiva[sic] que habrá de probarse. Es cierto en cuanto así lo establece el contrato expresamente.

La parte Colombiana como lo reconoce en el hecho, con carácter de confesión incumplió el contrato de “JOINT VENTURE” al producir, con la antigua fórmula de la sociedad Gomacol Ltda., en abierta competencia con la propia sociedad y con sus accionistas llo[sic] que le impide reclamar cumplimiento.

3.44. No es cierto.

ROTADINE CORP. no es parte del contrato de “JOINT VENTURE” ni es accionista de la sociedad ROTADINE DE COLOMBIA S.A.

No es cierto que la junta directiva pueda modificar el contrato de “JOINT VENTURE”.

Rotadyne vende la materia prima igual a todas las Rotadyne y argentina paso la prueba con sus mezclas, lo que importa es mínimo, la mezcla de Gomacol no la paso nisiquiera[sic] en el primer intento por los componentes y el estilo de mezcla del que disponíamos.

3.45. No es cierto. Habrá de probarse teniendo en cuenta el hecho notorio de haberse cambiado las políticas comerciales en Venezuela por la posición de su presidente.

3.46. No es cierto que los mercados externos se desatendieran o se atendieran mal. Apenas si constituye la opinión de los convocantes.

3.47. No es cierto que se desatendiera una parte del mercado. Apenas si constituye la opinión de los convocantes.

Las discusiones entre los miembros de la parte Colombiana no involucran a Rotadyne Latin America Llc, y no tienen ninguna relación con el contrato de “JOINT VENTURE”.

No es cierto que Esperanza Medina hubiera incumplido con el contrato o algún compromiso con la parte Colombiana, de la que forma parte. No se menciona tampoco cual es el compromiso que fue incumplido o el aparte del contrato incumplido por Esperanza Medina.

3.48. No es cierto que se hubiera autorizado a Química Vulcano a atender un mercado determinado con fabricación propia en competencia con la sociedad Rotadyne de Colombia S.A.

Existió sí un abuso de parte de Química Vulcano S.A. y del señor Quijano Duque que implicó además una manifiesta infracción al contrato de “JOINT VENTURE” sobre ese particular al involucrar en esa fabricación productos prohibidos.

No es cierto que no hubiera vendido productos

Química Vulcano S.A. vendió los productos que fabricó en las instalaciones de Rotadyne de Colombia S.A., y no ha pagado aun por el uso de la fábrica.

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ESTOS RODILLOS INICIÓ EN ENERO DE 2005, EXISTE EL ACTA ELABORADA POR EL SEÑOR QUIJANO SOBRE “ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO” EN LA QUE RELACIONA A :

1. ADVANCE RUBBER DE COLOMBIA S.A.

2. TIKAL INTERNACIONAL S.A.

3. ROTADYNE DE COLOMBIA

3.49. Es cierto que se retiró el señor Melgard

Sin embargo, los estatutos de la sociedad, con los que se desarrolló el contrato de “JOINT VENTURE”, lo modificaron en el sentido de establecen[sic] que el nombramiento de los miembros de la junta directiva quedara, como lo define la ley, a discreción de la asamblea general de accionistas en un proceso de elección por cuociente electoral, en el entendido que ese forma de elección garantizaba la presencia de tres miembros propuestos por la parte Colombiana y de solo dos por la parte inversionista, de las listas que cada una de esas partes propusiera a la asamblea dada su capacidad de votar.

Que la asamblea no se hubiere convocado para efectos de excluir algunos miembros de la junta directiva o que en las reuniones ordinarias de la asamblea no se hubiere decidido reemplazar a los miembros que no estuvieren cumpliendo con sus obligaciones, no es sino un abandono del derecho de quienes hubieran tenido interés en ello, de la parte Colombiana y no un incumplimiento de la parte inversionista que cumplió con su obligación de no tener más de dos miembros en la junta directiva.

No es cierto que el inversionista hubiera nombrado su propia junta directiva, por cuanto de acuerdo con el sistema de cuociente y residuo su participación accionaria solo le permitía nombrar un máximo de dos miembros.

Fue la asamblea la que designó a los miembros de la junta directiva, de conformidad con los estatutos que desarrollaron el contrato de “JOINT VENTURE”.

En efecto, desde el día anterior a la fecha prevista en la convocatoria para la asamblea en que se nombró a los miembros de la junta directiva, el representante de la Sociedad Química Vulcano S.A. solicitó una asamblea extraordinaria para entregar las renuncias de todos los integrantes de la junta.

Al día siguiente, en la asamblea ordinaria, no se propuso ninguna lista o plancha por parte de accionistas distintos de la parte inversionista.

Como en el caso anterior no hubo incumplimiento de obligaciones de parte de la parte inversionista sino abandono de sus derechos por la parte Colombiana.

3.50. No es cierto. Rotadyne Latin America Llc nunca ha desconocido el contrato.

3.51. No es cierto que existiera una alianza entre el inversionista y un integrante de la parte Colombiana. La señora Esperanza Medina Marmolejo actúa y actuó según sus propios principios, valores y criterios técnicos y comerciales y nunca estuvo ni podrá estar obligada a decidir de un modo diferente.

Notará el Tribunal de que manera no eiste[sic] ni existió obligación de los integrantes de la parte Colombiana de votar en un solo sentido o en bloque o de actuar entre ellos sin autonomía.

No es cierto que del correo electrónico que se cita pueda inferirse que existía un acuerdo para conseguir las mayorías en la asamblea de accionistas de Rotadyne de Colombia S.A. ya que a ese punto ni siquiera se hace referencia en el.

El correo lo que si establece, y respecto de lo cual habrá de pronunciarse expresamente el tribunal, es que la parte Colombiana debe actuar en conjunto y no cada uno de ellos de forma individual.

3.52. No es un hecho sino apenas una apreciación jurídica un poco fuera de contexto. Definitivamente en la parte Colombiana no hay comunidad ni podría haberla, habida cuenta que las acciones de cada uno de sus integrantes le pertenecen individualmente y en el contrato de “JOINT VENTURE” ninguna propiedad se puso en común.

Las normas aplicables a la parte Colombiana en su funcionamiento son unas distintas, pero que definitivamente no están en el contrato de “JOINT VENTURE” y por lo tanto sobre las cuales no podrá pronunciarse el tribunal.

Las decisiones de la parte Colombiana se rigen por sus propias reglas —el contrato lo suscriben dos partes independientes y determinadas— las controversias que se presenten al interior de la parte Colombiana no tiene por qué afectar el contrato, ni pueden involucrar a Rotadine Llc.

3.53. No es cierto.

Por ser mayoría en la asamblea la parte Colombiana tenía la facultad de nombrar miembros de junta directiva, y la posibilidad de convocar en cualquier momento a una asamblea extraordinaria para decidir los nombramientos, sin necesidad de que dicha convocatoria tuviera que ser autorizada por Rotadyne Latin Amercia Llc.

3.54. No es cierto que el señor Quijano Duque hubiera sido agredido y menos aún expulsado físicamente.

Rotadyne Corp. es parte en este proceso.

3.55. Es cierto que se celebró la asamblea.

Este hecho desvirtúa las anteriores afirmaciones de la demanda en el sentido de que no había sido posible convocar a la asamblea ni convocar a la junta directiva, por cuanto Química Vulcano S.A. pudo convocar a una asamblea extraordinaria.

3.56. No es cierto sino en lo trascrito aun cuando la demanda se limita a transcribir nuevamente apartes del acta, sacándolos de contexto y haciéndolos perder su sentido original.

La señora Medina Marmolejo tenía pleno derecho de votar según su propio criterio y conveniencia por no tener la obligación de hacerlo de otra manera y Rotadyne Latin America Llc tenía también el drecho[sic] de expresar su opinión y votarla, hasta donde sus votos se lo permitieran.

Que la parte Colombiana no estuviera de acuerdo, como no lo estaba, en el sentido de la votación no es responsabilidad ni de la señora Medina Marmolejo no[sic] de Rotadyne Latin America Llc.

Rotadyne Llc simplemente manifestó su opinión al respecto, pero como se ha dicho, la parte Colombiana tenía la capacidad de nombrar los miembros de junta directiva, de haber estado de acuerdo.

3.57. No es cierto que se estuviera violando lo establecido por el “JOINT VENTURE”.

Simplemente no votó por la plancha postulada, en ejercicio de sus derechos como socio, sin que con ello estuviera privando a la parte Colombiana de mantener los tres miembros de junta directiva que estaban en capacidad de nombrar de acuerdo a su capacidad accionaria.

3.58. No es cierto el alcance del correo electrónico.

3.59. No es cierto. Lo que se nota es que la parte Colombiana no voto en bloque y que el voto de la señora Medina Marmolejo fue en igual sentido que el de la parte inversionista, pero cada parte con causas distintas, las mismas expresadas en la propia acta.

El hecho de formar parte de la parte Colombiana en el contrato no obligaba a la señora Esperanza Medina a votar de determinada manera en la asamblea de accionistas de la sociedad, por cuanto así no lo establece el contrato, y no existe ningún compromiso entre los integrantes de la parte Colombiana que condicione o comprometa el sentido de su voto ni sus principios hasta votar en contra de ella misma.

Las controversias generadas entre los integrantes de la parte Colombiana, como la que se plantea en este hecho no puede ser discutida mediante el trámite arbitral que se adelanta.

No es cierto que existiera un acuerdo de oposición entre el inversionista y la señora Medina.

Es importante tener presente que el contrato de “JOINT VENTURE” y el contrato de sociedad son distintos e independientes.

Ninguna cláusula del contrato obliga al inversionista a votar de determinada manera las decisiones en la asamblea de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A.

El contrato de “JOINT VENTURE” no se refiere el modo en que las partes deben votar las decisiones de la asamblea de socios al interior de la sociedad constituida.

Si uno de los integrantes de la parte Colombiana vota de determinada manera una decisión en la asamblea, no podría responsabilizarse por esa decisión a la sociedad Rotadyne Latin America Llc.

3.60. No es cierto que la información suministrada fuera insuficiente o estuviera recortada para esconder el funcionamiento interno de la sociedad.

No es cierto que el inversionista y la señora Medina se hubieran negado a respetar la conformación de la junta directiva.

No es cierto que se le hubiera restringido la entrada a alguno de los socios de la sociedad.

3.61. Es cierto que algunos integrantes de la parte Colombiana presentaron las referidas valoraciones parcializadas de la sociedad.

3.62. Es cierto que existe una valoración seria e independiente de la sociedad, que fue realizada a petición de Rotadyne Llc.

Es cierto que el sentido del voto de la señora Medina Marolejo[sic] determinaba en ese momento, como lo determina hoy, el norte de la empresa. Lo que no es cierto es que el voto de la señora Medina Marmolejo hubiera alguna vez estado comprometido con la denominada parte Colombiana o con la denominada parte inversionista.

3.63. No es cierto que el contrato se hubiera violado por parte de Rodadyne[sic] Llc.

Es cierto que los socios mencionados convocaron a una asamblea extraordinaria.

Con ello se desvirtúan nuevamente todas sus afirmaciones anteriores en las que reclamaban que no era posible reunir a la junta directiva ni a la asamblea, cuando lo cierto es que, como lo confiesan en este hecho, la parte Colombiana contaba con la participación accionaria suficiente para convocar a la asamblea y desde allí adoptar las decisiones necesarias, y en particular las relacionadas con la junta directiva.

Es cierto que los socios mencionados expresaron su decisión de retirarse de la administración.

3.64. No es cierto que el inversionista quisiera quedarse ilegítimamente con todo el negocio.

En desarrollo de sus derechos como accionista, y ante el comportamiento de los socios representados o controlados por el señor Quijano, Rotadyne Latin America Llc propuso que se liquidara la sociedad.

3.65. No es cierto que el nombramiento de la nueva junta directiva no hubiera tenido en cuenta los acuerdos previamente establecidos en el contrato.

Que los accionistas miembros de la parte Colombiana no hubieran ejercido su derecho a presentar una palncha[sic] y no hubieran votado todos en el mismo sentido no implica incumllmiento[sic] de ninguna naturaleza.

Rotadyne Latin America Llc simplemente cumplió con lo dispuesto en el contrato de “JOINT VENTURE” por cuanto su participación accionaria en la sociedad solo le permitía conseguir dos miembros de junta directiva, de acuerdo con el sistema de cuociente y residuo.

Sucede que la asamblea en cumplimiento de sus funciones decide nombrar nuevos miembros de junta directiva. el inversionista postula su lista de candidatos y vota por ella, sabiendo que su participación en la sociedad solo le permite conseguir dos miembros de junta directiva.

La parte Colombiana no presentó una lista por la cual votar, renunciando a ejercer su derecho de nombrar a tres de los miembros de la junta directiva.

3.66. No es cierto que la junta directiva hubiera sido nombrada a la fuerza por el inversionista.

Se nombró exacta mente de acuerdo con los estatutos respetando el contrato de “JOINT VENTURE”.

El inversionista nombró solo dos de los miembros de la junta directiva, el nombramiento de los miembros restantes se debió a la conducta asumida por la parte Colombiana manifestada por sus integrantes de modo independiente.

No es un hecho la descalificación subjetiva que presenta la demanda de los miembros de la junta directiva.

3.67. Es cierto en cuanto Esperanza Medina no compartía la plancha propuesta por los demás integrantes de la parte Colombiana:

No es cierto que la señora Medina estuviera obligada a votar de una forma determinada, por cuanto ello no se encuentra establecido en el contrato de “JOINT VENTURE”.

Por tratarse de una controversia entre miembros de la parte Colombiana, no puede ser discutida en este proceso que solo involucra las controversias surgidas entre la parte Colombiana y el inversionista con ocasión del contrato de “JOINT VENTURE”.

Rotadyne Latin America Llc no conoce ni tiene por qué conocer las controversias que se presenten entre los miembros de la parte Colombiana[sic]. Rotadyne Latin America no conoce ni tiene por qué conocer las controversias que se presenten entre los integrantes de la parte Colombiana y siempre ha respetado tanto el contrato de “JOINT VENTURE” como los estatutos de la sociedad.

3.68. No es cierto que el inversionista hubiera fomentado los conflictos al interior de la parte Colombiana. el conflicto sepresentopor[sic] el abuso de la sociedad Química Vulcano S.A. y el señor Quijano Duque de las autorizaciones de la asamblea para fabricar productos distintos de los autorizados.

Las decisiones adoptadas por la señora Esperanza Medina eran completamente autónomas, y Rotadyne Latin America Llc al igual que los demás socios debían aceptarlas.

No era una facultad de Rotadyne Latin America Llc la de aceptar o no las votaciones que válidamente efectuaba Esperanza Medina en la asamblea.

No podría haber asumido una conducta diferente a la de respetar sus decisiones como un socio más.

3.69. No es cierto que se haya desconocido el contrato de “JOINT VENTURE”.

Es cierto que se realizaron las gestiones tendientes a convocar a una amigable composición.

3.70. No es un hecho sino una pregunta.

3.71. No es cierto para el momento en que se suscribió el contrato, ninguno de los contratantes tenía la calidad de socio, ni existía si quiera la sociedad, de manera que no puede entenderse como un acuerdo entre socios.

En lo que tiene que ver con el nombramiento de los miembros de la junta directiva se dispuso que Rotadyne Latin America Llc nombrar[sic] solo dos de ellos y se implemento en los estatutos de la sociedad de acuerdo con el sistema de cociente electoral que regiría este tipo de decisiones al interior de la asamblea, su participación accionaria solo le permitiría nombrar autónomamente a dos de los miembros de la junta directiva.

3.72. No es cierto que los demandantes hubieran sufrido perjuicios.

De ninguna manera puede dársele validez a un peritaje completamente parcializado, frente al que no se tuvo la oportunidad de controvertirlo.

literal a. Es una opinión

literal b. Del contrato no se desprende que exista ningún acuerdo entre los miembros de la parte Colombiana. si bien el contrato de “JOINT VENTURE” lo suscriben dos partes, lo que suceda al interior de una de las partes no tiene por qué afectar a la otra parte o al contrato.

literal c. La no realización de juntas directivas no solo no se ha demostrado, sino que además tanto su convocatoria como su efectiva realización eran responsabilidad de la parte Colombiana que contaba con la participación societaria suficiente para, entre otras facultades, poder nombrar al representante legal, convocar a una asamblea extraordinaria, realizar las reformas que considerara pertinente y decidir sobre las convocatorias de la junta directiva.

literal d. Es una sociedad anónima y no limitada, de manera que la consulta de los libros y demás documentos solo pueden hacerse en los términos y condiciones que establece la ley.

Las acciones de los miembros de la parte Colombiana no perdieron nunca su capacidad de manejo administrativo, ni sufrieron ninguna limitación, simplemente sus derechos se ajustan a los derechos conferidos a los accionistas en las sociedades anónimas.

literal f. Es una opinión. el contrato de “JOINT VENTURE” ha sido respetado y cumplido en todo momento tanto por Esperanza Medina como por Rotadyne Latin America Llc.

literal g. El dictamen al que se refiere no tiene ninguna validez.

literal h. Ni Rotadyne Latin America Llc ni Esperanza Medina incumplieron el contrato, y tampoco están interesadas en adquirir las acciones de los demandantes.

literal i. Son suposiciones completamente irreales, el inversionista no se ha apoderado de ningún negocio.

literal j. No es un hecho para el proceso.

literal k. Es una pretensión y no un hecho.

literal l. Es un una opinión.

literal m. No es un hecho.

3.73. No es cierto y habrá de probarse. Los perjuicios que hayan podido sufrir corresponden[sic] exclusivamente al propio comportamiento de cada uno de ellos en relación con el contrato de “JOINT VENTURE” y con el contrato de sociedad.

La sociedad constituye una persona jurídica diferente a la de sus socios, de manera que la actividad empresarial de los socios es independiente a la de la sociedad, lo que se hace aun más evidente en las sociedades anónimas.

Que se pruebe que los demandantes hoy en día no tienen confianza en si mismos.

3.74. No es un hecho

3.75. No es un hecho. Pero además, los miembros de la junta directiva que aparecen en los certificados de la cámara de comercio fueron los que el comportamiento de los convocantes permitió que se nombraran”.

Posteriormente y en oportunidad legal para hacerlo, el apoderado de la parte convocada, presentó un escrito de contestación a la corrección de la demanda en los siguientes términos:

“TERCERO: HECHOS QUE SE TIENE[sic] POR CONFESADOS CON INDEPENDENCIA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN PRODUCIDO.

3.1. Respecto de los hechos confesados en la formulación de la pretensión 8 de la demanda que fue excluida.

Con la exclusión de la pretensión se impide al Tribunal de Arbitramento que se pronuncie sobre la disolución de la sociedad ROTADYNE DE COLOMBIA S.A.

Sin embargo, al formular la anterior pretensión, se afirmó de manera clara y expresa que no existe ánimo societario, uno de los elementos esenciales para la existencia del contrato social, tal y como lo transcribo a continuación:

“... ha dejado de existir ánimo societario que permita la tranquila y productiva ejecución de los negocios de la sociedad”.

De manera que si bien es posible que la demanda se modifique y no se pretenda ahora la declaración de la disolución de la sociedad, no por ello deja de tener efecto la confesión que se produjo al formular la pretensión, la falta de ánimo societario e incluir en ella el hecho antes mencionado, que resulta fundamental para el proceso, y que no pudo haberse excluido con la exclusión de la pretensión, por tratarse de un hecho confesado y no de la pretensión como tal.

3.2. Respecto de los hechos confesados en el hecho 72 de la demanda, que fue modificado.

Con la presentación de la demanda este hecho expresamente establecía que los perjuicios que se reclamaban con la demanda estaban referidos únicamente a la pretensión de disolver la sociedad, lo que debe entenderse como confesión en la medida en que limita los perjuicios reclamados a solo aquellos que se determinen como consecuencia de la pretensión.

También se confesó en ese hecho que los perjuicios que se reclamaban y sobre los cuales había elaborado el cálculo el perito Marco Antonio Garzón, estaban referidos a la pretensión de disolver la sociedad.

Por lo anterior, y no obstante haber modificado el hecho número 72, no puede desconocerse que con la demanda se confesó que tanto los perjuicios como el peritaje elaborado por Marco Antonio Garzón en el cual pretende fundamentarlos, se encuentra única y exclusivamente referidos a la pretensión de disolución de la sociedad.

3.2.1. Hechos confesados en el literal J del hecho 72 de la demanda que fue modificado.

De manera clara y expresa los demandantes confiesan que han perdido el ánimo societario, lo que se tiene sin ninguna duda como confesión para el proceso.

Literalmente, los demandantes estiman que “se ha perdido totalmente el ánimo de hacer negocios con El Inversionista y con la socia Colombiana”.

Esta situación entonces se tiene por confesada desde la presentación de la demanda. El haber modificado el anterior hecho modificándolo por otro solo produce el efecto de haber excluido como fundamento de sus pretensiones el hecho retirado, sin que por ello pierda la calidad de confesión que se ha señalado.

3.2.2. Hechos confesados en el literal L del hecho 72 de la demanda que fue modificado.

Nuevamente los demandantes confesaron que se ha perdido el ánimo para hacer negocios al interior de la sociedad ROTADYNE DE COLOMBIA S.A., y nuevamente confesaron también que los perjuicios que reclaman están fundamentados en la pretensión de liquidar la sociedad.

Expresamente dicen no querer mantener una empresa donde “el ánimo societati se perdió” y ello debe tenerse por confesado dentro del proceso, independientemente que con posterioridad hayan decidido retirar este literal de la demanda, porque como se explicó con anterioridad, la única consecuencia de la modificación es que las pretensiones de la demanda ya no podrán fundarse en los hechos que fueron modificados.

A su vez, y lo que resulta ser muy importante como confesión pues involucra el tema de los perjuicios que se reclaman y de las pruebas que pretender justificarlos, es que nuevamente confesaron que la liquidación de la sociedad es lo que supone que se generen los perjuicios conformados por el daño emergente y el lucro cesante que se reclaman.

TERCERO: RESPECTO DE LOS NUEVOS HECHOS.

2.72. NO ES CIERTO QUE SE HUBIERA INCUMPLIDO EL CONTRATO DE “JOINT VENTURE” Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO NO ES CIERTO NI POSIBLE QUE HUBIERAN SUFRIDO PERJUICIOS.

Los dictámenes periciales que se adjuntan fueron solicitados por los demandantes, y de ninguna manera podría dársele validez a unos peritajes completamente parcializados, frente al que no se tuvo la oportunidad de controvertirlo.

Lo único que puede derivarse de la presentación de los mencionados peritajes, son las irregularidades y contradicciones que se presentan con la demanda, de manera que antes que servir de medio de prueba en el proceso para sostener los hechos presentados, constituyen un indicio en contra de la demanda y de lo alejados que se encuentran de la verdad los hechos que la sustentan.

Es importante resaltar que respecto del dictamen efectuado por el señor Marco Antonio Garzón Moscoso el 20 de septiembre de 2006 los demandantes dijeron primero que en él constaban los perjuicios que se derivarían de la pretensión de disolver la sociedad, pero ahora sostienen que el mencionado dictamen, se refiere realmente a los perjuicios que se derivarían por el supuesto incumplimiento contractual que alegan.

A su vez, las conclusiones que según ellos se extraen del dictamen pericial, no pueden ser unas, con unas, pretensiones y hechos de la demanda y otras con otras pretensiones y hechos modificados sin producir como efecto, el que de una vez resaltamos, que el pretendido dictamen pierda toda seriedad credibilidad.

A continuación me pronunciaré respecto de los hechos que pretender derivar de las conclusiones que dicen se derivar de los cuestionados dictámenes periciales, sin que ello quiera decir que se agota ahora la oportunidad de contradecirlos.

Literal a. Es una opinión. Cualquiera de las participaciones en la sociedad que asegure el control de la misma puede valer un poco más que las otras, pero ninguna, en si misma tiene ese valor objetivo.

Nunca las participaciones en la sociedad, minoritarias de frente al todo, han tenido en si mismas mayor valor por razón del control posible y esto máxime cuando NO EXISTE NINGUNA CONVENCIÓN O ACUERDO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA DENOMIANDA[sic] PARTE COLOMBIANA SOBRE LE[sic] MODO DE CUMLIR[sic] SU PARTICIPACIÓN EN EL DENOMINADO “JOINT VENTURE”.

Literal b. Es cierto en cuanto a la existencia de dos bloques en ese contrato, pero definitivamente no lo es en cuanto a que el bloque denominado PARTE COLOMBIANA fuera indivisible.

Del contrato no se desprende que exista ningún acuerdo entre los miembros de la PARTE COLOMBIANA. Si bien el contrato de “JOINT VENTURE” lo suscriben dos partes, lo que suceda al interior de una de las partes no tiene por qué afectar a la otra parte o al contrato.

En ningún aparte del contrato, ni expresa ni tácitamente se establece que las partes se hubieran constituido con la finalidad de que no se fraccionaran.

Si se fraccionó o no una de las partes del contrato no puede ser objeto de discusión del presente proceso, y en todo caso es una situación que debe resolverse exclusivamente entre los integrantes de esa PARTE.

Literal c. NO ES CIERTO

La no realización de Juntas Directivas no solo no se ha demostrado, sino que además tanto su convocatoria como su efectiva realización eran responsabilidad de la PARTE COLOMBIANA que contaba con la participación societaria suficiente para, entre otras facultades, poder nombrar al representante legal, convocar a una asamblea extraordinaria, realizar las reformas que considerara pertinente y decidir sobre las convocatorias de la Junta Directiva.

La falta de técnica en las previsiones del acuerdo, cuando se asegura una mayoría en la nominación de las Juntas Directivas, pero se someten esas Juntas Directivas a la presencia de todos sus miembros no es un hecho pueda imputarse a una sola de las partes.

Literal d. NO ES CIERTO

Las acciones de los miembros de la PARTE COLOMBIANA no perdieron nunca su comerciabilidad ni sufrieron ninguna limitación. Simplemente sus derechos se ajustan a los derechos conferidos a los accionistas en las sociedades anónimas, en los porcentajes de su participación.

Como se ha dicho en repetidas oportunidades y se reiterará las veces que sea necesario, la discusión sobre si los integrantes de la PARTE COLOMBIANA actúan de manera conjunta o fraccionada no puede darse en este escenario, por cuanto la cláusula compromisoria no se refiere a los conflictos que se presenten entre los integrantes de una de las partes, y frente a ello la sociedad ROTADYNE LATINAMERICA LLC es completamente ajena.

El contrato no dijo ni predijo que si Esperanza Medina Marmolejo no actuaba en bloque terminaría decidiendo con uno de los otros bloques accionarios.

Ni si quiera se establece qué se debe entender por actuar en bloque, y muchos menos quién decide cual es la posición del bloque o cómo se define la decisión del bloque, de manera que todos estos asuntos, completamente ajenos al contrato de “JOINT VENTURE”, tendrían que discutirse únicamente entre los integrantes de la PARTE COLOMBIANA, Y en un proceso diferente.

Literal e. Es una opinión. El contrato de “JOINT VENTURE” ha sido respetado y cumplido en todo momento tanto por ESPERANZA MEDINA como por ROTADYNE LATIN AMERICA LLC

Literal f. Es cierto en cuanto que se propuso, no lo es en cuanto a la finalidad ni el espíritu con el que se propuso.

La falta de ánimo societario, que de un modo tan evidente y de manifiesta mala fe para el proceso ha tratado de ser ocultada por los convocantes, que era un hecho confesado y ahora pretenden que no lo fuera ni hubiera existido, basta para explicar la propuesta de liquidación de la sociedad.

Los restantes elementos del hecho son apenas suposiciones sin sentido, las que deben interpretarse de acuerdo con el comportamiento procesal consistente en desistir de la disolución y liquidación de la sociedad cuando se ha pedido en la demanda inicial y luego, al conocerse la contestación se ha variado.

“comportamiento comercial y jurídico tan correcto”

Nunca se ha actuado con mala fe. La decisión de liquidar la sociedad le corresponde a sus socios y no a uno solo de ellos.

La propuesta de liquidar la sociedad surgió como consecuencia del comportamiento asumido por los ahora convocantes, y el bloqueo que se presenta al interior de la sociedad, es solo el resultado de las normas que pusieron las pares en su acuerdo y desde luego de aquellas que simplemente no pusieron.

No es cierto que EL INVERSIONISTA hubiera tenido la intención de desatarse del contrato de “JOINT VENTURE” que además ha cumplido y respetado en todo momento.

Literal g. NO ES CIERTO QUE CON EL ESTUDIO PRESENTADO PARA LA OFERTA DE COMPRA SE RECONOZCA UN PERJUICIO A LOS DEMANDANTES

La sociedad ROTADYNE LATIN AMERICA LLC nunca ha dicho que haya incumplido el contrato y que por su incumplimiento las acciones de los demandantes hayan perdido su valor, como lo pretenden hacer entender en este hecho los demandantes.

El estudio presentado fue hecho por una empresa seria, imparcial, y con el ánimo de valorar de manera real la sociedad. No puede compararse con los denominados dictámenes periciales que han solicitado los demandantes, y que como puede verse incluyen cifras enormes que no corresponden a la realidad y que no tiene en cuenta la intención de los demandantes de liquidar la sociedad por haber perdido el ánimo societario, tal y como se encuentra confesado en este proceso.

Literal h. NO ES UN HECHO SINO UNA PRETENSIÓN:

Ni ROTADYNE LATIN AMERICA LLC ni ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO han incumplido el contrato de “JOINT VENTURE”.

Literal i. NO ES CIERTO QUE SE HUBIERA PRESENTADO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ROTADYNE LATIN AMERICA LLC o ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO.

Literal j. NO ES CIERTO.

Ni la sociedad RODATYDE[sic] LATIN AMERICA LLC ni ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO han reconocido un demérito o algún perjuicio que le hubiera causado con algún comportamiento suyo a los demandantes.

El denominado dictamen pericial del señor Garzón, que tantas veces cita la demanda y que no tiene ninguna validez para el proceso, se cita nuevamente para decir que se ha presentado un daño emergente, sin explicar cual es su causa o de que manera se pudo causar.

Vale la pena recordar que se tiene por confesado por los demandantes en el proceso que el dictamen del señor Garzón estaba referido únicamente a la pretensión de disolución de la sociedad, que fue retirada de la demanda.

Literal k. NO ES CIERTO.

Los demandantes no han perdido la capacidad de usufructuar sus acciones, ni esta se ha visto limitada o modificada. En todo caso cualquier decisión al respecto habría de adoptarla el máximo órgano social de la sociedad ROTADYNE DE COLOMBIA S.A., que no es parte del proceso.

Nuevamente se cita el dictamen del señor Garzón, que como ya se ha dicho en repetidas oportunidades, y tal y como lo han confesado los demandantes, estaba referido únicamente a la pretensión de disolución de la sociedad, que fue retirada de la demanda.

Literal l. NO ES CIERTO

En este hecho los demandantes afirman, lo que se debe tener como confesión, que los perjuicios que reclaman están referidos a lo que ellos consideran el manejo que le han dado a la sociedad, en su calidad de socios, los demandados.

En primer lugar, no es cierto que ROTADYNE LATIN AMERICA LLC o ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO hayan tenido el manejo exclusivo de la sociedad, toda vez que participan de las decisiones sociales exclusivamente en el porcentaje correspondiente a su participación en la sociedad, y las decisiones que hayan adoptado en ejercicio de los derechos que les confieren las acciones de las que son titulares no han generado ningún perjuicio ni para la sociedad ni para los demás socios.

No obstante lo anterior, no podría discutirse el comportamiento de los socios de la sociedad ROTADYNE DE COLOMBIA S.A. mediante el presente trámite arbitral, toda vez que dicha situación no se encuentra contemplada en la cláusula compromisoria, y la discusión resulta completamente ajena al contrato de “JOINT VENTURE”.

Literal m. NO ES UN HECHO.

La estimación que se menciona no está referida a ningún hecho o situación.

Ni la sociedad ROTADYNE LATIN AMERICA LLC ni ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO han atentado contra el patrimonio y la buena fe de los demandantes.

CUARTO: PRETENSIONES MODIFICADAS.

3.1. Exclusión de la pretensión contenida en el numeral 8º de la demanda.

Por tratarse de una pretensión respecto de la cual ya se constituyó la relación procesal, y los demandados se allanaron parcialmente, dicha exclusión no será posible por estar consolidada entre las partes.

De todas maneras y adicionalmente, deberá examinarse bajo las normas propias del desistimiento.

3.2. Exclusión de la pretensión contenida en el numeral 9º de la demanda.

Por tratarse de una pretensión respecto de la cual ya se constituyó la relación procesal, y los demandados se allanaron parcialmente, dicha exclusión no será posible por estar consolidada entre las partes.

De todas maneras y adicionalmente, deberá examinarse bajo las normas propias del desistimiento.

3.10. Modificación de la pretensión contenida en el numeral 10 de la demanda.

ME OPONGO.

No se presentó ni se ha presentado ningún incumplimiento contractual por parte de la sociedad ROTADYNE LATIN AMERICA LLC ni por parte de la señora ESPERANZA [sic] MEDINA MARMOLEJO”.

CAPÍTULO IV

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Ha sido cuidadoso este Tribunal, al momento de determinar el ámbito de la competencia que se deriva de la cláusula compromisoria invocada por la parte convocante, declarándose plenamente competente para conocer de este proceso en razón a que las actuaciones adelantadas se han surtido conforme a la ley y a la Jurisprudencia. Para su análisis se considera como relevante la cláusula compromisoria invocada para dar inicio al proceso y contenida en el CONTRATO DE “JOINT VENTURE” suscrito por las partes del día 16 de marzo de 1998. El texto de la cláusula compromisoria textualmente dice:

“DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. En caso de divergencia entre las partes con respecto a la ejecución, cumplimiento, terminación y consecuencias de este contrato, las partes nombrarán cada uno dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha que se presente la divergencia, un amigable componedor para que llegue a un acuerdo amigable sobre la materia de la divergencia. Si no hay acuerdo dentro de los treinta (30) días siguientes, el asunto será dirimido por un Tribunal de Arbitramento.

El Tribunal de Arbitramento estará compuesto por tres (3) árbitros elegidos por el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Fe de Bogotá. El Tribunal decidirá en derecho, no podrá conciliar pretensiones opuestas, y observará los procedimientos descritos en la ley. Los costos serán de cuenta de la parte vencida” ( el subrayado es nuestro).

La cláusula se refiere solamente a las divergencias del mencionado CONTRATO DE “JOINT VENTURE” y no a las posibles controversias que puedan surgir de los diversos aspectos y contratos suscritos por las partes en desarrollo de EL CONTRATO. Pese a que EL CONTRATO menciona la existencia de otros contratos entre las mismas partes y con los mismos objetivos, como el contrato de la sociedad anónima Rotadyne Colombia S.A.; el contrato de Know How, Manufactura y Mercadeo y un contrato de agencia con representación, cada uno de ellos contiene formas de solución de controversias propias e independientes de el CONTRATO, circunstancia que confirma la voluntad de las partes delimitar el ámbito de competencia de los eventuales tribunales a constituir.

En consecuencia este Tribunal solo se pronunciará sobre las pretensiones y excepciones presentadas por las partes que se relacionen directamente con los efectos jurídicos surgidos del CONTRATO DE “JOINT VENTURE”. No corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre pretensiones o solicitudes relacionadas con cualesquiera de los otros actos jurídicos celebrados por las partes y/o de las alegadas pruebas que como la confesión y/o de las alegadas pruebas, que como la confesión sobre aspectos atinentes a la existencia o terminación de dichos actos o contratos respecto de los cuales la cláusula compromisoria que le da competencia al tribunal, no produce efectos.

CAPÍTULO V

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Para el Tribunal se encuentran reunidos los presupuestos procesales y no advierte ocurrencia de causal alguna que permita invalidar parte o la totalidad de lo actuado, por lo cual procede a resolver el litigio sometido a su decisión, debido a las siguientes consideraciones:

1. INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA.

El Tribunal ha estudiado la demanda presentada por QUÍMICA VULCANO S.A., ALBERTO QUIJANO DUQUE y JOSÉ GABRIEL SAAIBI, encontrándola totalmente ajustada a derecho por cumplir los requisitos formales establecidos en los artículos 75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

2. REFORMA DE LA DEMANDA.

Teniendo como base el criterio expresado anteriormente sobre el ámbito de competencia de este tribunal, consideramos importante mencionar algunos aspectos relacionados con la reforma a la demanda presentada, por la parte actora dentro del término legal.

Expresamente señala el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989 que: “Después de notificado a todos los demandados el auto admisorio de la demanda, esta podrá reformarse por una vez, conforme a las siguientes reglas:

1. En los procesos de conocimiento, antes de resolver sobre las excepciones previas que no requiera prácticas de pruebas, o antes de la notificación del auto que las decrete. Cuando dichas excepciones no se propongan, la reforma podrá hacerse antes de la notificación del auto que señale la fecha para la audiencia de que trata el art. 101; en caso de que esta no proceda, antes de notificarse el auto que decrete las pruebas del proceso.

En los procesos ejecutivos, la reforma podrá hacerse a más tardar en los tres días siguientes al vencimiento del término para proponer excepciones.

2. Solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ella se fundamenten, así como también cuando, en aquella, se piden nuevas pruebas. Las demás aclaraciones o correcciones podrán hacerse las veces que se quiera en las oportunidades y términos de que trata el numeral anterior.

No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas, ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, pero si prescindir de alguna de ellas o incluir nuevas.

3. Para la reforma no es necesario reproducir la demanda. Con todo, si el juez lo considera conveniente, podrá ordenar que se presente debidamente integrada en un solo escrito, en el término de tres días; si no se hiciere la reforma se tendrá por no presentada.

4. En todos los casos de la reforma o de la demanda integrada se correrá traslado al demandado o a su apoderado mediante auto que se notificará por estado, por la mitad del término señalado para el de la demanda y se dará aplicación a la parte final del inciso segundo del art. 87. Si se incluyen nuevos demandados, la notificación se hará a estos como se dispone para el auto admisorio de la demanda.

5. Dentro del nuevo traslado el demandado podrá ejercitar las mismas facultades que durante el inicial, salvo lo dispuesto en el inciso tercero del numeral 2º del artículo 99 respecto de las excepciones previas”.

De manera que es válido reformar la demanda dentro de los criterios anteriormente expresados por la ley, los cuales se dieron íntegramente en este caso.

3. NATURALEZA DE LA RELACIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES.

Como quiera que al Tribunal Arbitral han sido sometidas las diferencias surgidas entre las partes con ocasión de un contrato de ““JOINT VENTURE””, el cual contiene la cláusula compromisoria que le ha dado competencia a este Tribunal, pero dicho contrato no entiende regular íntegramente todas las relaciones de las partes en conflicto para el propósito que tuvieron en mente, sino que ellas igualmente se han estructurado en un contrato de sociedad cuya celebración había sido prevista en el primero, es menester analizar en primer lugar la relación entre esos dos contratos y en un segundo lugar el alcance de sus estipulaciones, para lo cual resulta indispensable interpretarlas de conformidad con las reglas de la hermenéutica jurídica.

Según los antecedentes que dieron lugar al presente laudo y que se mencionaron anteriormente, es indiscutible que existe un vínculo jurídico entre el contrato de ““JOINT VENTURE”” y el contrato que dio origen a la constitución de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A. En efecto, nos encontramos frente al fenómeno que Enneccerus califica como “unión de contratos” o que Christian Larroumet denomina “conjuntos contractuales” o “contratos interdependientes” constitutivos de los llamados “contratos coligados”, dentro de la terminología empleada por Giorgianni. Estos contratos coligados pueden ser básicamente de tres clases: unión meramente externa de contratos, unión alternativa de contratos y unión con dependencia bilateral o unilateral.

Nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia ha puesto en relieve la existencia de dicho fenómeno en fallo del 25 de septiembre del 2007, con ponencia del Honorable Magistrado Carlos Ignacio Jaramillo. En efecto, cuando alude a la “utilización de un sinnúmero de contratos complejos, o de convenciones atípicas o de fenómenos como el conocido con el rótulo de ''conexidad contractual'', sin perjuicio del empleo de diversas denominaciones que expresan simétrica idea vinculatoria (contratos conexos; cadena de contratos; coligados; grupo de contratos; redes contractuales, lato sensu; etc.)”. Continúa el fallo diciendo que: “Esta realidad insoslayable del mundo actual exige que el derecho -en sentido amplio- comprenda, explique y delinee las reglas a que deben someterse cierto tipo de negociaciones privadas o públicas, precisamente, con el confesado propósito de ofrecer seguridad jurídica a quienes intervienen en ese tráfico de capitales, bienes y servicios, cada vez mayor, más intrincado y, sí se quiere, sofisticado e intercomunicado, así como para favorecer el desarrollo económico y, claro está, un orden justo inscrito en la apellidada ''justicia contractual'', norte de legisladores, jueces e intérpretes, en general”. Y luego agrega: “Desde esta perspectiva, por vía de elocuente demostración de su vigencia, desarrollo y dinámica, es menester registrar un cambio relevante, como quiera que en consideración al surgimiento y ulterior posicionamiento de los llamados contratos conexos, ya no puede examinarse el contrato de modo aislado o individual, como otrora se hacía, por cuanto es menester hacerlo en función de la señalada articulación o conexidad, tan en boga en la actualidad. Ello explica, en tal virtud, que el lente con arreglo al cual se escrutaba el entramado contractual, hoy sea diverso, en atención a esta particular fenomenología, precursora de vasos comunicantes, redes y tejidos entre diversos tipos negociales, cada vez más —y más— intercomunicados”.

Si bien el fenómeno de la coligación no puede ser presentado como novedoso o propio de la modernidad, como quiera que al menos desde la época de las grandes codificaciones europeas de comienzos del siglo XIX, de alguna manera siempre ha existido, lo cierto es que el momento actual, para algunos el de las comunicaciones, para otros el de la tecnología, no solo ha determinado el surgimiento de nuevos tipos contractuales, nuevas adaptaciones de los tipos existentes y, por supuesto un incremento cualitativo y cuantitativo de la coligación. En efecto, los denominados contratos accesorios (artículo 1499 del C.C.), tales como la hipoteca (arts. 2432 y s.s. del C.C.), la prenda (arts. 2409 y s.s. del C.C.), la anticresis (arts. 2458 y s.s. del C.C.) y la fianza (arts. 2361 y s.s. del C.C.) implican necesariamente la conexidad, conexión o coligación de varios contratos, en esos casos con un objeto preciso, el de garantizar el cumplimiento de un contrato que se considera principal. De manera más reciente la doctrina primero y luego la jurisprudencia, comenzando por las italianas, han reconocido otros casos de coligación, como la que existe entre los denominados “contratos marco” o “contratos cuadro”, destinados ellos a regular otras relaciones singulares entre las partes. Es así como una convención o un pacto colectivo incide incluso retrospectivamente en los contratos individuales de trabajo, o un acuerdo concordatario, liquidatorio, o de reestructuración, en los contratos que individualmente había celebrado un empresa. Errado resulta creer, en el campo negocial, que lo que no haya sido dotado expresamente de una disciplina legal no existe para el derecho. Los hechos siempre superan a las leyes. La ley (por ser estática y no dinámica) siempre estará a la saga de la realidad negociar. Cuántas figuras contractuales que no gozan del pergamino de su tipificación legal, cuentan en cambio con el favor de los particulares a la hora de escoger el mecanismo negocial a través del cual harán acto de disposición de sus intereses patrimoniales? Los individuos, las más de las veces, al disponer de sus intereses privados, no paran mientes en precisar si el instrumento contractual por ellos escogido se encuentra o no disciplinado en el catálogo legal; corresponde al operador jurídico, al abogado, al juez, y en general, al jurista que lo haya de estudiar, completar su contenido con lo que por naturaleza le corresponda e interpretarlo de manera que pueda producir efectos ajustados a la ley.

Sin embargo, concretándonos estrictamente al fenómeno de la coligación contractual, como lo indica la Honorable Corte en el mencionado fallo: “Determinadas operaciones económicas, a menudo requieren que sean celebrados varios contratos sucesivos, imbricados o estrechamente vinculados, de los cuales por lo general hay uno que es contrato eje y otros que son contratos subordinados o dependientes”. Luego, rescatando y resaltando la necesidad de proteger la voluntad de las partes acorde con el fin o los fines que ellas se hayan propuesto afirma: “Desde un ángulo funcional, amén que realista, el fenómeno materia de análisis, revela que, en procura de la realización de una operación económica, los interesados celebran diversos contratos, de manera que solo el conjunto de ellos y, más concretamente, su cabal ejecución, los conduce a la consecución del objetivo que persiguen. Por ello acuden a la pluralidad negocial, como quiera que dicho objetivo, en sí mismo, no siempre pueden obtenerlo a través de la realización de un solo tipo negocial. De ahí que, lato sensu, se aluda a la expresión ''operación económica'', sin duda de carácter más omnicomprensiva, a la vez que desprovista de alcances puramente jurídicos, ya que es una locución ante todo descriptiva”.

En el litigio que nos ocupa se presenta sin lugar a dudas la llamada unión con dependencia bilateral o recíproca de contratos, como quiera que al analizar el contenido de la cláusula compromisoria en el ““JOINT VENTURE””, objeto de discrepancia entre las partes convocantes y convocadas, y el mencionado contrato de sociedad nos encontramos en presencia de dos (2) contratos completos exteriormente pero con referencia o reenvío recíproco, habiéndose tácitamente convenido que los dos contratos existan y desaparezcan el uno con el otro. Particularmente la causa del contrato de sociedad que dio lugar a la formación de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A. la encontramos en el llamado ““JOINT VENTURE””. Lo anterior como consecuencia de las características de las relaciones económicas que median entre las prestaciones y de la voluntad de los propios interesados, así como de la causa impulsiva y determinante en su celebración, sin que por ello cada uno de dichos contratos deje de estar sujeto a la disciplina del tipo contractual al que pertenezca. Cierto, cada uno de esos contratos puede ser considerado como la causa de la celebración del otro. “Más precisamente, se trata para las partes en esos contratos de realizar una operación económica que supone la celebración de contratos no necesariamente entre las mismas personas, sino también entre personas diferentes, una de las cuales es parte en los dos contratos”(1).

Posteriormente, ahondando en el análisis del fenómeno de la coligación, la Honorable Corte aborda el tema de las subespecies y el de los efectos de la conexidad contractual. Evitando caer en la tentación del absolutismo de la autonomía de la voluntad, acude a la teoría de la causa para explicar cómo puede darse el caso de pluralidad contractual pero con unidad negocial y al respecto, en alguno de sus apartes expresa: “Ahora bien, la causa de cada uno de los contratos coligados o conexos en particular, no puede confundirse con la del negocio, en definitiva, perseguido por los interesados, analizado como una operación jurídica, en sentido amplio. Esta última, de un lado, se ubica por fuera de los contratos mismos que, como eslabones, integran la cadena que sirve a ese propósito final y, de otro, opera como el faro que, a la distancia, guía la ejecución de todos los actos necesarios para la obtención de la meta, de suerte tal que la finalidad o propósito general podrá ser otro al de los acuerdos o tipos negociales, en concreto, vale decir a los que se agrupan, articulan o se comunican, sin perder por ello su autonomía tipológica o sustantiva. Entender lo contrario, impondría colegir que en todos los supuestos en que la conexidad contractual campea, se estaría siempre en presencia de una única causa -la realización de la operación económica- y, por lo mismo, de un solo negocio jurídico, independientemente de la forma que tuviere, lo que significaría, per se, negar la ocurrencia del fenómeno contractual en cuestión”.

Por eso bien se ha dicho que “Es necesario observar que el coligamento funcional comporta la unidad del interés globalmente perseguido, lo cual no excluye que tal interés sea realizado a través de contratos diversos, que se caracterizan por un interés inmediato, autónomamente identificable, que es instrumental o parcial respecto al interés unitario perseguido mediante el conjunto de contratos. En los contratos coligados debe por tanto identificarse la causa parcial de cada uno de los contratos y la comprensiva de la operación”.

Nótese cómo la Honorable Corte reconoce que cada uno de los contratos coligados tiene su propia causa, de la misma manera que posee independencia externa e interna en todos sus elementos, pero al mismo tiempo ve una causa supracontractual que se superpone al conjunto de contratos coligados, que es al mismo tiempo la fuente de la coligación y el motivo determinante de todos los contratos que la conforman. No otro es el sentido cuando afirma: “desconocer la existencia de un motivo supracontractual, esto es, un móvil que, en general, sirve de apoyo a la celebración de la operación económica, in complexu, el examen de la causa que permita establecer la pluralidad de contratos, deberá efectuarse en el interior de ellos. Se trata de comprobar si todos responden a una sola causa o a distintas, que los ligan entre sí. En la primera hipótesis, únicamente podrá reconocerse la existencia de un solo negocio jurídico, no habiendo lugar a hablar de conexidad contractual; en la segunda, la conclusión será distinta: existen diversos contratos autónomos, pero con un vínculo relevante de dependencia, ora recíproca —interdependencia, unos con otros—, ora unilateral —unos de otros—”.

Por ello, para el Tribunal es claro que los contratos de ““JOINT VENTURE”” y el de sociedad tienen un vínculo muy estrecho, pues entre esos contratos ha existido una dependencia recíproca incuestionable. La sociedad ha sido para sus socios la forma idónea de realizar el contrato de ““JOINT VENTURE””, el que por sí solo no habría bastado al logro de los fines por ellas perseguidos y, este último, no solo fue el punto de partida de las relaciones entre todas las partes, sino que sus efectos alcanzan al de sociedad, convirtiéndose en un pacto entre socios destinado a indicar la forma en que debía operar la sociedad. La finalidad perseguida tanto por la denominada parte Colombiana” como la de “el inversionista” era la de lograr, a través del ““JOINT VENTURE”” como también del contrato de sociedad que dio origen a Rotadyne de Colombia S.A. la fabricación en Colombia de rodillos para impresoras y posicionarse en el mercado Colombiano como la empresa más importante del sector. Por ende, para el Tribunal es claro también que ello imponía a todas y cada una de las personas naturales socias de Rotadyne de Colombia S.A., pero sobretodo componentes de la citada “parte Colombiana” en el ““JOINT VENTURE”” una determinada forma de actuar para el logro de esa finalidad perseguida por todos al que la Honorable Corte califica de “motivo supracontractual” y del que ya se ha dado cuenta en párrafos anteriores. Es precisamente ese modo de actuar el que determinará el cumplimiento o no de los compromisos contractuales de la parte convocada, que el Tribunal indagará más adelante.

Ese es particularmente el caso de los convocantes y de los convocados, que, no obstante las variaciones que implicó el contrato de sociedad, resultan siendo parte tanto en el denominado ““JOINT VENTURE”” como en el contrato de sociedad; en el primero agrupadas como “parte Colombiana” y en el segundo de manera separada, básicamente a efectos de poder funcionar como sociedad anónima. En consecuencia, las obligaciones de estos para con aquellos y cuyo incumplimiento se les reprocha surgieron de ambas convenciones y por ende la responsabilidad resultante se debe analizar a la luz de las mismas convenciones.

4. EL CONTRATO DE ““JOINT VENTURE””.

En el tráfico jurídico se practican diversas modalidades de contratos de colaboración empresarial, dentro de los cuales es utilizado con frecuencia el ““JOINT VENTURE”” que también podría ser denominado consorcio. En los últimos lustros tanto el mercado empresarial europeo como el latinoamericano, y qué no decir en la academia, en la doctrina y en algún grado en la jurisprudencia, se ha visto influenciado y fascinado por un conjunto de instituciones Contractuales, muchas de ellas originadas en el sistema jurídico de la common law y, luego, perfeccionadas en el laboratorio negocial norteamericano. Por moda, por esnobismo o como efecto de la globalización, la estandarización mundial de las técnicas contractuales es una realidad de nuestros días y el sueño o anhelo de muchos, concretado en las denominadas “leyes uniformes” que buscan homogenizar el comercio internacional.

Dentro de este conjunto, un lugar especial, por méritos propios, han ganado el l easing, el “JOINT VENTURE” y el factoring.

Comúnmente se entiende por ““JOINT VENTURE”” la asociación de dos o más personas para realizar una empresa aislada que implica un determinado riesgo “venture”, que en forma conjunta persiguen un beneficio, pero sin que ello implique la creación o constitución de una sociedad o corporación o persona jurídica alguna, y para lo cual se aportan derechos de propiedad, dinero o títulos de diversa índole, trabajo, conocimiento etc. En el ““JOINT VENTURE”” cada miembro actúa en su propio nombre y como representante de los demás miembros, y por eso la promesa de uno equivale a la de todos (habría una pseudo representación). Lo ejecutado por un miembro se entiende ejecutado por todos y se presume autorizado para realizar actividades propias del ““JOINT VENTURE””.

El ““JOINT VENTURE”” es definido como el Contrato por el cual un conjunto de sujetos de derecho realizan aportes de las más diversas especies, que no implicarán la pérdida de la identidad e individualidad como persona jurídica o empresa, para la realización de un negocio común, pudiendo ser este desde la creación de bienes hasta la prestación de servicios, que se desarrollará durante un lapso de tiempo limitado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.

El contrato de ““JOINT VENTURE”” o contrato a riesgo compartido (como también se le denomina), es una modalidad de contrato de colaboración empresarial que une a dos o más personas para desarrollar un específico proyecto de negocios de carácter comercial con el propósito de generar utilidades, pero asumiendo conjuntamente los riesgos que le son propios. Dicho de otra manera, es un acuerdo de voluntades por el cual un número plural de sujetos pone a disposición de un proyecto particular y concreto (la causa del contrato), sus recursos en dinero, en bienes de capital, en tecnología, en tiempo y en experiencia, con la obligación de compartir riesgos, y las ganancias o las pérdidas proporcionalmente al aporte, respondiendo solidariamente frente a terceros.

Todos los participantes en el acuerdo asumen las pérdidas en la proporción convenida y sus obligaciones se encuentran limitadas a las obligaciones del propio ““JOINT VENTURE””.

Es preciso tener presente que el ““JOINT VENTURE””, está particularmente encaminado a generar efectos dentro del proyecto conjunto, es decir dentro del negocio o la actividad determinada, encaminada a la obtención del correspondiente beneficio comercial, pero no comprende todos los negocios o actividades económicas de los miembros participantes. Por fuera del marco de la actividad comprendida dentro del ““JOINT VENTURE”” cada participante conserva su autonomía y por ende continuará desarrollando dicha actividad u objeto social, sin que por el ““JOINT VENTURE”” se entienda afectada o modificada.

El objetivo de un ““JOINT VENTURE”” puede ser muy variado, desde la producción de bienes o la prestación de servicios, hasta la penetración de nuevos mercados o el apoyo mutuo en diferentes eslabones de la cadena de fabricación de un producto. El contrato se ejecutará durante un tiempo limitado, que será el estrictamente necesario para la obtención de la finalidad que con él se persigue.

Para la consecución del objetivo común a todos los participantes, estos se comprometen a hacer los aportes necesarios, los cuales, como se dijo, son de diversa índole; pueden consistir en materia prima, capital, tecnología, conocimiento del mercado, ventas y canales de distribución, pro témpore de personal calificado, financiamiento o productos, o, lo que es lo mismo: capital, recursos o el simple know-how. Dicha alianza no implicará la pérdida de la identidad e individualidad como persona jurídica o restricciones a la actividad de las personas naturales que lo integran.

En el ámbito de una economía globalizada, las alianzas estratégicas de riesgos compartidos, son uno de los instrumentos más idóneos para buscar la expansión de mercados a nivel nacional e internacional, con la activa participación de compañías locales y multinacionales, compartiendo los ya mencionados riesgos, los recursos, las ventajas comparativas, con el propósito de incrementar la competitividad estratégica dentro de una relación en la cual todos los participantes ganan.

Con el ““JOINT VENTURE”” se logra agilizar la ejecución de proyectos, gracias a su carácter consensual, es decir, debido a la simplificación de formalidades para su celebración y a la no exigencia como requisito para su conformación de un modelo societario. Con el ““JOINT VENTURE”” se unen esfuerzos de empresarios que juntos (joint), cuentan con ventajas comparativas que individualmente no tienen y que aportan en función del cumplimiento de una actividad específica y comportan una adecuada disposición de medios afines o complementarios, de manera tal que el desarrollo de la actividad conjunta resulte eficiente en términos de costo-beneficio, de tiempo, de inversión tecnológica y, por supuesto, de rentabilidad. Con las distintas modalidades del ““JOINT VENTURE”” es posible lograr objetivos que una Empresa no lograría por si misma. Se erigen en consecuencia en medios para distribuir riesgos, costos y utilidades o pérdidas en función de lo que cada integrante este más capacitado y mejor adaptado para aportar. Desde ese punto de vista es un medio óptimo para vincular a inversionistas extranjeros, para estimular la iniciativa privada en proyectos de alcance público o colectivo, para fomentar esquemas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, aplicables a la producción de bienes y servicios públicos o privados y al desarrollo de proyectos que requieran la intervención de varias disciplinas o áreas científicas o tecnológicas y/o que requieran la participación concomitante de la iniciativa pública y privada simultáneamente.

El ““JOINT VENTURE”” también se ha venido convirtiendo en un mecanismo para la transferencia e intercambio de tecnologías y así mismo, en el desarrollo de aplicaciones innovadoras, en el ámbito de las comunicaciones, el desarrollo de complejos proyectos de infraestructura física y la exploración y explotación de hidrocarburos. No por casualidad la Ley 80 de 1993 o Estatuto de Contratación Estatal, ha promovido modalidades de asociación o “JOINT VENTURE” con el objeto de facilitar la participación de los oferentes con el cumplimiento de las especificaciones y exigencias establecidas en los pliegos de condiciones, especialmente las de carácter técnico, a través de las figuras tales como la Unión Temporal, el Consorcio, o la Sociedad Futura, posibilitando instrumentos generadores de alianzas estratégicas entre empresas del sector privado y del sector público para la celebración de contratos estatales.

Para el Tribunal es claro, como se dijo en párrafos anteriores, que entre el contrato de ““JOINT VENTURE”” y el contrato de sociedad que dio origen a Rotadyne de Colombia S.A. existe una coligación bilateral o recíproca. Es preciso en este punto recordar que según la cláusula segunda del primero: “sociedad se denominará Rotadyne de Colombia S.A. (en adelante la “NUEVA SOCIEDAD”) y sus estatutos hacen parte del presente contrato como anexo 1” (subrayado fuera de texto).

La coligación entre ambas figuras contractuales, durante el curso del arbitramento no fue desmentida por nadie, bien por el contrario, ella fue corroborada por el testigo Chalela, quien en su declaración afirmó entre otras cosas, que la filosofía del contrato no era otra distinta de la que todos tenían que votar unidos, en un mismo sentido; todos los que componen una parte, tienen que ponerse de acuerdo (folio 593, cuaderno de pruebas Nº 2).

5. DEL CONTRATO DE “JOINT VENTURE” OBJETO DEL LITIGIO.

Con las anteriores precisiones procederá este Tribunal a realizar el análisis de las características del contrato denominado de “JOINT VENTURE”, que constituye el acto jurídico básico, objeto del litigio presentado por las partes, que complementado con el contrato social celebrado entre las mismas partes, nos permitirán interpretar la ejecución y desarrollo del contrato de “JOINT VENTURE”.

Se observa el ánimo asociativo de las partes, reflejado en el contrato de ““JOINT VENTURE””, por medio del cual acordaron poner en común sus recursos para realizar una actividad comercial consistente en “por medio de la asociación que aquí se constituye, una participación en el mercado de la zona, juntando de un lado, la experiencia comercial de EL INVERSIONISTA a través del uso de la maca ROTADYNE, el capital de la misma, y por otro lado, aprovechando de LA PARTE COLOMBIANA la inversión realizada en equipos, el entrenamiento de su personal, la penetración ya alcanzada en el mercado local, así como la investigación realizada y los desarrollos técnicos”(2). Con esa clara intención, estos comerciantes crearon un proyecto en el que cada uno aportaba sus fortalezas para la explotación de un negocio de mutuo beneficio, a cambio de ceder un porcentaje de sus utilidades. Al INVERSIONISTA la asociación le proporcionaba facilidades para acceder a nuevos mercados; mientras a la PARTE COLOMBIANA se le presentaba la posibilidad de acceder a una tecnología y conocimientos útiles en la zona. También se desprende del mencionado contrato que tanto EL INVERSIONISTA como la PARTE COLOMBIANA eran conscientes del riesgo asumido al emprender el proyecto pues advierten expresamente en el clausulado de contrato que “Ambos reconocen que el negocio que aquí se contempla implica riesgos comerciales y que su éxito dependerá sustancialmente de la capacidad de ellas en la ejecución de las tareas que se asignan en este acuerdo”(3). El contrato celebrado reúne las típicas características de ese tipo de contratos, a saber la búsqueda de una utilidad común, la duración determinada en el tiempo (veinte años), la gestión conjunta de la empresa por parte de los asociados (estipulaciones cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima primera) y el control por las empresas y persona físicas que le crearon.

El Contrato igualmente contiene los acuerdos en torno a la estructura a través de la cual los empresarios concibieron desarrollar la empresa de producción y comercialización de los productos ROTADYNE, por medio de un conjunto de contratos que, señalados en el denominado Contrato son, la constitución y funcionamiento de una sociedad anónima denominada Rotadyne Colombia S.A.(4), contrato de Know How, Manufactura y Mercadeo entre Rotadyne de Colombia S.A. y EL INVERSIONISTA(5) y el contrato de agencia con representación entre EL INVERSIONISTA Y Rotadyne de Colombia S.A.(6). Dentro de los actos jurídicos acordados también está la disolución y liquidación de la sociedad GOMACOL LTDA.(7). Al decir de nuestra Corte Suprema en cada uno de estos contratos puede llegar a identificarse la denominada causa parcial, pero no es la interpretación de cada uno de ellos, la que permitirá a este Tribunal dilucidar la verdadera naturaleza de la obligaciones contraídas por las partes al celebrar el contrato de asociación que es el que se analiza.

De las disposiciones contenidas en el contrato y con el fin de analizar su entorno y filosofía es importante resaltar los siguientes aspectos.

1. Los aportes de los asociados fueron definidos en términos generales en la estipulación primera contentiva del objeto del contrato en los términos anteriormente referidos, según los cuales LA PARTE COLOMBIANA contribuye con la inversión realizada en equipos, el entrenamiento de su personal, la penetración ya alcanzada en el mercado local, la investigación realizada y los desarrollos técnicos, en tanto que EL INVERSIONISTA aporta la reconocida marca ROTADYNE y el know how técnico y comercial de mas de 90 años de experiencia, dentro del típico esquema de “JOINT VENTURE”. Las participaciones fueron también determinadas en la estipulación segunda al decir que la PARTE COLOMBIANA tendrá el 60% de la participación y EL INVERSIONISTA el 40% restante, como efectivamente se reflejó en la sociedad anónima posteriormente constituida. En la estipulación tercera se describe la composición del capital social de ROTADYNE y se advierte que el capital “se realiza tanto en equipos como en capital de la manera como figura en el anexo 2 de este contrato”. Finalmente el acuerdo tiene una disposición especial relacionada con la participación del inversionista en el sentido de que EL INVERSIONISTA podrá adquirir hasta el 49% de la sociedad cuando lo desee.

2. El esquema de reparto de utilidades y beneficios previsto en la estipulación Décima, sujeta el reparto de utilidades y beneficios al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en la sociedad que se acordó crear por medio de EL CONTRATO. Esta es una de las pocas disposiciones de todo el contrato en la que se hace referencia a los integrantes y no a las partes – INVERSIONISTA y PARTE COLOMBIANA-. Dos previsiones más en torno a este tema se encuentran en la estipulación mencionada, la primera consiste en el compromiso de no distribuir utilidades y de reinvertirlas en la sociedad como reserva destinada al capital de trabajo y compra de equipos, durante los tres primeros años que la operación de la sociedad produzca utilidades. La segunda previsión sujeta la distribución de utilidades a que estén plenamente satisfechos los requerimientos del capital de trabajo.

3. El grupo de disposiciones que tienen por objeto regular las conductas que deben observar las partes con miras a garantizar la confidencialidad y no competencia de las partes entre sí, con ocasión de la información y conocimientos que habrán de adquirir al poner en marcha el proyecto a desarrollar. Estos deberes están contenidos en las estipulaciones, décima primera y vigésima primera.

4. La dirección y control de la asociación refleja cómo cada parte en el CONTRATO asumió unas responsabilidades específicas y cada una de ellas igualmente determinó el control que tendría sobre las funciones que consideraban como estratégicas. Para ello tomaron en cuenta los aportes y fortalezas de las partes al momento de celebrar el contrato, expresamente señalados en los denominados “Considerandos” y a los que nos hemos referido in extenso a lo largo de este capítulo. Estas definiciones podemos clasificarlas en tres grandes grupos así, los órganos de administración, el proceso de toma de decisiones y la toma de decisiones claves. i. Los órganos de administración señalados por el CONTRATO para la sociedad son el Gerente y su suplente(8) nombrados por la Junta Directiva y la misma Junta Directiva compuesta por cinco miembros principales con sus respectivos suplentes(9), tres de ellos nombrados por LA PARTE COLOMBIANA y dos, designados por EL INVERSIONISTA. Aunque no se menciona de manera expresa, el otro órgano social, es desde luego la Asamblea General de Accionistas ii. La toma de decisiones se encomienda a la Junta Directiva señalando expresamente a este órgano unas funciones y atribuciones que constan desde luego en los estatutos sociales y algunas más aparecen en EL CONTRATO. Tanto los estatutos sociales como EL CONTRATO fijaron que el quórum deliberatorio y decisorio de la junta directiva es de la totalidad de sus miembros. El proceso de toma de decisiones claves fue previsto en dos vías, el denominado derecho de veto de EL INVERSIONISTA —control negativo— y la necesidad del voto favorable por ciertos actos —control positivo—, por parte de los miembros de la junta directiva de EL INVERSIONISTA. El derecho de veto es otorgado exclusivamente a EL INVERSIONISTA ejercido por sus dos miembros de junta directiva(10), y finalmente el derecho de información e inspección financiera en cualquier momento(11).

6. DE LOS HECHOS.

De los hechos presentados por la parte convocante y contestados en término legal por la parte convocada, a la luz de las pruebas presentadas podemos afirmar que Rotadyne Latin America LLC estaba interesada en participar del mercado de los países andinos y que LA PARTE COLOMBIANA contaba con inversiones e investigación, tecnología, equipos y personal capacitado que constituían aportes importantes para los fines y objetivos del INVERSIONISTA, partiendo con LA PARTE COLOMBIANA el interés de participar en el mercado de la Región Andina.

Rotadyne contactó al doctor Alberto Quijano Duque, representante legal y mayor accionista de Química Vulcano, máximo accionista de Gomacol, para estudiar la asociarse aprovechando las fortalezas de cada uno, junto con los intereses comunes. Después de los contactos empresariales correspondientes acordaron los término de la asociación que quedaron reflejados en el contrato suscrito el día 16 de marzo de 1998. Los intereses y objetivos de la asociación aparecen expresamente contenidos en el capítulo de “considerandos” del CONTRATO.

Ninguna de las partes ataca la eficacia y validez del contrato por cuanto fue celebrado entre las personas allí intervinientes, todas plenamente capaces. “El contrato es un acto que contiene obligaciones de hacer y no hacer por los firmantes, es bilateral, las partes se obligan recíprocamente, oneroso por cuanto por objeto la utilidad de contratantes, conmutativo, pues cada parte se obliga a hacer y no hacer cosas equivalentes a lo que las otras partes deben hacer o no hacer, principal, en cuanto que subsiste por sí mismo, y consensual porque se perfecciona con el acuerdo de voluntades.

Aquellos aspectos referentes a su interpretación y sus efectos es donde se centran los conflictos presentados por las partes ante el Tribunal. Las diferencias de interpretación que se desprenden de las piezas procesales son entre otras, la definición misma de quienes son partes del contrato de “JOINT VENTURE”; (quienes suscribieron el contrato o solamente las denominadas PARTE COLOMBIANA y EL INVERSIONISTA); la interpretación entre objeto y alcance de las denominadas cláusulas de control, el efecto de la capitalización de la sociedad en el contrato de “JOINT VENTURE” y las relaciones jurídicas entre los dos contratos, el de sociedad y el de “JOINT VENTURE”. Diferencias todas que se pueden sintetizar en el cumplimiento o no de los compromisos relacionados con la dirección y control de “JOINT VENTURE”.

Ahora bien, es indispensable interpretar las disposiciones de las partes en dos de los contratos celebrados (el de “JOINT VENTURE” y el de sociedad) a fin de culminar el proceso intelectual de su integración, esto es de completar su contenido mediante la adición de aquello que por su naturaleza les pertenece y así, poder determinar el régimen de responsabilidad aplicable. Para realizar esta tarea, este Tribunal procederá a interpretar “el sentido jurídicamente relevante (cas. agosto 27/71 y julio 5/83), el alcance de su contenido (cas. diciembre 10/99, Exp. 5277) y la identificación de los fines perseguidos con su celebración para imprimirle eficacia final (cas. febrero 18/03. Exp. 6806)” CSJ, Sala de Casación Civil, 2001-0691501.

La interpretación permite precisar la intención de las partes a todo lo largo de la gestación y ejecución del contrato, por lo que el Tribunal se atendrá más a ella y a lo globalmente contenido por los interesados que al tenor literal de cualquiera de las estipulaciones convenidas, siguiendo el mandato en tal sentido del Artículo 1618 del Código Civil. Entonces, pese a la claridad literal o textual del contrato, es necesario investigar en su real entorno y en el marco circunstancial de los contratantes, la denominada “recíproca intención de las partes” sobre la interpretación de un contrato cuando, en nuestro caso las partes lo interpretan de manera diferente, ha dicho la Corte Suprema de Justicia…” Cuando las partes una o ambas, le atribuyen un significado divergente, no siendo admisible al hermeneuta restringirse al sentido natural u obvio de las palabras a la interpretación gramatical o exegética, al escrito del acto dispositivo documental o documentado “por claro que sea el tenor literal del contrato” (cas. civ. agosto 1/02, Exp. 6907), ni “encerrarse en el examen exclusivo del texto del contrato…” (cas. civ. junio 3/46, LX, 656).

Naturalmente la claridad del articulado o su significación lingüística, no exceptúa el deber de precisar la finalidad común convergente de las partes, pues la particular relevancia dinámica de la hermenéutica del negocio jurídico, se explica ante la imposibilidad pragmática de prever toda contingencia, el significado disímil de la tecnología, lenguaje o redacción y no se reduce a hipótesis de ambigüedad, insuficiencia, disfunción u oscuridad, siendo pertinente en todo caso de disparidad, divergencia o diferencia respecto de su entendimiento recíproco (cas. civ. de 1 de agosto/02 Exp. 6907)”(12).

7. ALCANCE DE LA ESTRUCTURA DEL CONTRATO DE “JOINT VENTURE”.

Premisa fundamental para el análisis del CONTRATO, de manera que podamos determinar la real causa del “JOINT VENTURE”, pactado por las partes, es el carácter profesional, en la industria, de todos los partícipes en la operación. Ello nos permite afirmar de todos al decir F. Le Tourneau, es “Maestro de su ética, él [profesional] conoce los riesgos y peligros, mientras que el adquirente, pobre y profano, no ve sino la apariencia de las cosas”(13), en consecuencia todas las estipulaciones del contrato, obedecen a una clara manifestación de intereses y obligaciones de las partes que no responden al azar o a su inexperiencia y que es su deber cumplir, razón por la cual no son de recibo para este Tribunal las manifestaciones de Esperanza Medina en el sentido de no interpretar las obligaciones legales a su cargo, los compromisos reflejados en las estipulaciones del CONTRATO en el que ella es mencionada de manera expresada en el enunciado y que después firma.

Es claro que para el INVERSIONISTA las áreas cruciales del contrato eran i. Las del personal encargado de gerenciar la nueva sociedad; ii. Las del personal técnico encargado de la implementación y desarrollo de la tecnología a traspasar por Rotadyne a la nueva sociedad, y iii. Los aspectos relacionados con la administración financiera del contrato, en todas las operaciones que excedieran la cuantía de U$ 20.000, minuciosamente previstos(14). Definición que coincide con los “considerandos” del contrato, en el sentido de que “a su vez -el inversionista- tenga participación directa en el manejo de la empresa que comercialice y produzca los productos Rotadyne en la zona”(15).

Estas estipulaciones claramente reconocen al INVERSIONISTA prerrogativas no acordes a su participación minoritaria en la futura sociedad.

La expresa definición de las prerrogativas de el INVERSIONISTA, nos lleva a afirmar a contrario sensu, que se entiende que salvo aquellos aspectos en los que específicamente se reservó control positivo o negativo a favor del INVERSIONISTA, existía la facultad y responsabilidad de la PARTE COLOMBIANA de liderar y ejecutar la gestión. Podemos sostener que la responsabilidad en la conducción de la nueva sociedad correspondía a la PARTE COLOMBIANA, con las limitaciones y controles de carácter negativo o positivo que expresamente se reservaba para sí el INVERSIONISTA en desarrollo de un sistema de control dividido, en el cual, ambas partes participan de las definiciones estratégicas de la empresa; EL INVERSIONISTA ejercerá control dominante sobre la inversión financiera y la producción y a la PARTE COLOMBIANA le correspondería el control dominante sobre los aspectos restantes, tales como marketing, distribución y ventas en la zona, explotando de esta manera sus fortalezas y aportando su conocimiento del mercado y de la zona en beneficio del “JOINT VENTURE”.

No corresponde este sistema de dirección y control del “JOINT VENTURE”, a la titularidad patrimonial de las partes, que no puede calificarse de compartida, pues la distribución fue prevista en un 40/60 y no en un 50/50 como correspondería a las facultades de las partes. La distribución de la titularidad de la propiedad de “JOINT VENTURE”, en el caso objeto de esta decisión confirma la intención de que las mayorías estuvieran en cabeza de la denomina PARTE COLOMBIANA, quien en el momento de la constitución, en grupo, quedó como titular del 60% y en consecuencia con la clara posibilidad de que solamente con sus votos se podían adoptar las decisiones relacionadas con la gestión de la empresa. Esta mayoría estatutaria y legal limitada en el texto del CONTRATO por los ya mencionados poderes de veto y de aprobación en cabeza del INVERSIONISTA, confirma la voluntad contractual de nivelar y limitar los amplios poderes de administración otorgados a la denominada PARTE COLOMBIANA.

La voluntad de las partes de generar mecanismo de equilibrio entre ellas, coincide con el testimonio de Jorge Luis Chalela, quien expresó: “eso es un compromiso que tienen todas de votar en un determinado sentido para que la una no le lleve ventaja a la otra, esa es la razón de ser del documento, si hay una parte como en el caso de la Colombiana que no (sic) entiendo que la doctora Medina esta en desacuerdo con Química debería haberse ido, es decir, lo que no debe hacer en ningún momento es plegarse para el otro lado, irse por otro lado creo que es el problema que esta ocurriendo, esa no es la filosofía del contrato, para eso no se hizo este contrato” (folio 594 cuaderno de pruebas Nº 2).

“Digamos dentro del contrato social lo que fue la sociedad se nombraron 5 socios, cuando se dice parte Colombiana del contrato de “JOINT VENTURE”, quiere decir para distinguir un grupo del otro, un grupo entre otras cosas que como le digo se integró así y repito, se integró así es porque se resolvió montar una sociedad por acciones, es más en que la parte de este lado se acuerda votar de acuerdo o (sic) Química Vulcano y el inversionista de la otra forma, pero desde luego en los estatutos sociales pues no puede presentarse así, la Cámara de Comercio es la primera que nos devuelve la escritura además, como lo digo esto no es un invento mío sino es una, así funcionan todos los tipos de… hoy en día en que se hace y son pacta dos absolutamente válidos y si no me comprometo a votar determinada forma, en una sociedad y llegó el momento en que no estoy de acuerdo pues hombre yo tengo que salir, yo tengo que apartarme porque estoy rompiendo el equilibrio entre las dos partes que por aporte de capital no se da, pero que refleja el equilibrio entre la parte económica con la parte digamos… conocimiento del mercado, estudios en fin, no se (sic) si esa era su pregunta” (folio 595 cuaderno de pruebas Nº 2).

Cabe preguntarse si el CONTRATO se habría suscrito de haberse sabido que el voto de uno de los integrantes de la denominada PARTE COLOMBIANA apoyaría con su porcentaje las posturas de EL INVERSIONISTA, permitiéndole con esta actitud modificar los esquemas de dirección y control del proyecto acordados en el contrato?

La respuesta en nuestro concepto es negativa, no podría interpretarse de otra manera el hecho de que, en la fecha de suscripción del “JOINT VENTURE” y de la constitución de la sociedad ROTADYNE COLOMBIA S.A. se le diera a Rotadyne Latin America prerrogativas y beneficios que no correspondían a su porcentaje accionario 40%. Es más, aún después de la polémica capitalización forzosa, la distribución accionaria mantuvo la mayoría porcentual de la denominada PARTE COLOMBIANA y con un milimétrico cálculo para evitar las mayorías de EL INVERSIONISTA y cumplir con la disposición de no exceder el 49% de la sociedad —estipulación décima quinta—.

Todos estos argumentos nos permiten deducir claramente que los diferentes hechos presentados a lo largo de este proceso implican un incumplimiento de las obligaciones contenidas en el CONTRATO, al ser desconocidas por los convocados las estipulaciones de dirección y control en detrimento de la parte convocante y en un claro desconocimiento del alcance del contrato por ellos celebrado.

Una vez definidos los principales alcances de las disposiciones del CONTRATO, debe este Tribunal definir su ámbito de eficacia , esto es, si se extiende a las personas entre quienes se firmó ( integrantes) obligándolos a los pactado en él, con las consecuencias legales correspondientes o, si sus efectos se circunscriben a dos partes una constituida por una persona jurídica – ROTADYNE LATIN AMERICA LLC- y otra por un grupo determinado de personas naturales, bajo el común denominador de PARTE COLOMBIANA. Múltiples calificaciones en este sentido se encuentran a lo largo del expediente, calificándolo de bilateral, multilateral y en general señalando que son dos partes quienes intervienen en él, LA PARTE COLOMBIANA compuesta por personas naturales e independientes y EL INVERSIONISTA, integrado por Rotadyne Latin America LLC, Posiciones estas que llevan a afirmar que “las obligaciones y derechos de la PARTE COLOMBIANA y sus miembros entre si, no afectan las obligaciones y derechos de la PARTE COLOMBIANA frente al INVERSIONISTA. La consecuencia obvia de esta afirmación es la presunción de la existencia de acuerdos adicionales que definan y regulen las obligaciones y derechos de la PARTE COLOMBIANA de cuya existencia no aparece prueba en el expediente y que aún en el evento de que existiese, no estaría dentro del ámbito de competencia del presente proceso.

No comparte el Tribunal en su totalidad los argumentos presentados a lo largo del proceso sobre las características del contrato de ““JOINT VENTURE””, que para todos los efectos legales es un contrato, atípico, innominado, oneroso, pudiendo ser conmutativo o aleatorio, multilateral y, si se quiere asociativo o colectivo; consensual, principal, pero sobretodo es un contrato de colaboración empresarial. Este rasgo, junto con el de multilateral o asociativo, le imprimen un carácter que interesa de manera especial. En efecto, respecto de los contratos colectivos el profesor Fernando Hinestrosa nos enseña:

8. “NEGOCIOS COLECTIVOS.

El acto colectivo, complejo o Gesamtakt, es un negocio unilateral que por la solidaridad establecida entre las varias personas que lo celebran, es acto mancomunado, en el sentido de que no se procura a través suyo una obligación recíproca, la creación de nexos entre varios intervinientes, sino de adoptar una posición frente a terceros en el problema que afecta por parejo a todos los interesados, concurran o no a la deliberación.

El acto colectivo vincula a todos los que se hallen en las circunstancias que mueven a quienes lo adoptan, ata por igual a quienes asisten a su celebración, como a los que se hallan ausentes, a los que votaron afirmativamente a la decisión mayoritaria, como a los que se opusieron a ella, salvo que la ley o el estatuto que así se desarrolla y aplica contenga reglas diferentes, permitiendo una especie de derecho de veto que impone la unanimidad.

Si se piensa en las reuniones de asamblea de accionistas, de juntas directivas, asociados, de comités, de juntas copartícipes en propiedad horizontal, de tutores o albaceas conjuntos, se orienta este estudio para comprobar cómo cada uno de los intervinientes posee un interés propio o ajeno de la misma calidad y con orientación parecida al de los restantes, y cómo ninguno trata de adquirir poderes y deberes de los demás, sino apenas de asumir un punto de vista, adoptar una decisión que encause actividades posteriores que competen a todo el grupo.

En oportunidades basta alcanzar la sola mayoría de los asistentes, en otras la mayoría de los interesados, en otras la unanimidad, ley, estatutos y reglamentos contienen normas para el caso, siendo lo fundamental aquí el que la decisión vincula a todos los que participan del mismo interés y el que esa decisión no engendra en rigor obligaciones, sino que constituye simplemente una base para actos ulteriores.

La asamblea de accionista de sociedad anónima decide la conversión de la persona en sociedad limitada, los varios tutores acuerdan pedir la venta de un bien del pupilo, los varios albaceas el pago de una deuda, en todos estos casos aparecen con nitidez los rasgos esenciales del acto colectivo que aquí se procura destacar”(16).

El contrato de ““JOINT VENTURE””, dado su carácter de negocio colectivo y contrato de colaboración, descarta la contraposición de intereses o “sinalagma”, propio de los contratos bilaterales, en donde la causa de la prestación de cada una de las partes, es precisamente la prestación a cargo de la otra parte. Es por ello que los contratos bilaterales tienen, en caso de incumplimiento por una de las partes, consecuencias específicas en el plano jurídico, como son la resolución del contrato o condición resolutoria tácita del artículo 1546 del Código Civil o aún la expectio non adimpleti contractus o excepción de contrato no cumplido del artículo 1609 del mismo código, por no mencionar sino algunas. Por lo demás, en lo que atañe a la excepción de contrato no cumplido, además de ser un mecanismo propio de los contratos bilaterales, es requisito de la misma que la prestación a cargo de quien la invoca no pueda ser ejecutada hasta tanto la otra parte en el contrato no cumpla la que a ella corresponde, bien porque así lo pacta ron los contratantes o bien porque ello se desprende del orden lógico de las cosas. De igual forma y, por ello mismo, la excepción de contrato no cumplido tiene como efecto suspender la ejecución del contrato, hasta tanto la otra parte no cumpla con sus obligaciones, lo que a su vez implica que quien la invoca reconozca de alguna manera su estado de inejecución del contrato. No es pertinente invocar la excepción de contrato no cumplido en el contrato de ““JOINT VENTURE””, dadas sus características antes mencionadas, por lo que el Tribunal habrá de despachar desfavorablemente la excepción de contrato no cumplido propuesta por las convocadas. Si la parte convocada quería prevalerse de incumplimientos de la convocante, tales unos supuesto actos de competencia desleal que por lo demás no quedaron establecidos en las presentes controversias, el mecanismo idóneo para alegarlos era presentar ante el Tribunal una demanda de reconvención.

El ““JOINT VENTURE”” impone fundamentalmente a las partes obligaciones de dar o de hacer, pero las asumidas por una de las partes no son condición de las asumidas por la otra u otras; dicho de otra manera, las obligaciones no se contraponen, como las de vendedor y comprador, sino que se superponen o se enderezan en el mismo sentido, todo ello para el logro del fin que las partes se han propuesto y que se expresa en el contrato o que resulta de sus estipulaciones.

Si ese es el caso, cabe preguntarse cómo se incumple positivamente un contrato de ““JOINT VENTURE””? La respuesta no puede ser otra que cuando alguna de las partes no realiza o suspende la realización de las actividades que le correspondía realizar, o no despliega la conducta, o aún no aporta aquello a lo que se comprometió; dicho de otra manera, cuando de manera general su comportamiento no contribuye o, peor aún, obstaculiza el logro de la finalidad que con la celebración del contrato los contratantes se propusieron inicialmente.

En el caso del contrato de ““JOINT VENTURE”” que ha suscitado las controversias que le corresponde dirimir a este Tribunal, es preciso interpretar la circunstancia del reagrupamiento de quienes concurrieron a su celebración en dos “partes”: la denominada “parte Colombiana” y la denominada “el inversionista”. La primera es una parte contractual colectiva, conformada por tres (3) personas naturales y una persona jurídica La segunda es una parte contractual individual integrada por la sociedad Rotadyne Latin America LLC de responsabilidad limitada, constituida con arreglo a las leyes de los Estados Unidos de América. Las razones del reagrupamiento de las partes en el contrato de ““JOINT VENTURE”” se encuentran en él expresadas en los “Considerandos” que a bien tuvieron en incluir. No obstante y en razón a lo dicho en párrafos anteriores, ello no implica en manera alguna que entre la “parte Colombiana” y “el inversionista” exista contraposición de intereses a la manera de los contratos sinalagmáticos. En efecto, los intereses de la “parte Colombiana” y de “el inversionista” son los mismos, esto es el que se expresa en el mismo contrato, especialmente en su “estipulación primera” que dice: “El objeto del presente contrato es ganar, por medio de la asociación que aquí se constituye, una participación de mercado en la zona, juntando de un lado la experiencia comercial de EL INVERSIONISTA a través del uso de la marca Rotadyne, el capital de la misma, y por otro lado aprovechando de LA PARTE COLOMBIANA la inversión realizada en equipos, el entrenamiento de su personal, la penetración ya alcanzada en el mercado local, así como la investigación realizada y los desarrollos técnicos”. Por ende, cualquier comportamiento o conducta de alguna de las “partes” o de alguno de los intervinientes que obstaculice o impida el logro de dicho propósito, comprometerá su responsabilidad frente a las demás partes o intervinientes en el contrato. Si ello es cierto respecto de todas y cada una de las partes o de los intervinientes en el contrato, es aún más cierto en lo que respecta a las relaciones internas entre los miembros de la parte colectiva, esto es, la denominada “parte Colombiana”, los cuales, sin lugar a dudas, por lo menos entre ellos, debían actuar de consuno, a una sola voz. No se concibe cómo, los miembros de la “parte Colombiana” podrían actuar individualmente frente a “el inversionista”, no obstante no existir con él, tampoco, se reitera, contraposición de intereses. En otras palabras, si la uniformidad era la regla en el ““JOINT VENTURE””, la unanimidad era indiscutible a la hora de actuar entre los miembros de la “parte Colombiana”. Lo anterior, además, quedó establecido en la declaración del testigo Chalela cuando interrogado a ese respecto por uno de los árbitros expresó: “SR. CHALELA: “Entonces digamos que el nombre de la parte Colombiana se… socios locales y el inversionista desde luego la persona que venía, pero el contrato fue firmado por cinco personas , los que iban a participar en la operación aunque en el fondo la filosofía de todo era un negocio que se hacía entre Química Vulcano y Rotadyne Latin America. 24” Folio 591 Cuaderno de pruebas 2.

El propósito de las partes en el ““JOINT VENTURE”” expresado en su estipulación primera, podría no haberse realizado por circunstancias de diversa índole ajenas a las partes y nada habría ocurrido; las empresas suelen fracasar en sus propósitos. Pero si el fracaso obedece a comportamientos de alguna de las partes o de los intervinientes, que posiblemente serían legítimos dentro del marco o a la luz de otras convenciones, o aún actuando individualmente, de cara a los fines del ““JOINT VENTURE”” dichas partes o intervinientes debían conducirse de otra manera a fin de no atentar ni contra los fines del contrato, ni, por ello mismo, contra los intereses o los derechos de las demás partes o intervinientes en el acuerdo. Posiblemente, se dirá, la dinámica de funcionamiento del ““JOINT VENTURE”” tal como quedó establecida en el contenido del contrato no es la más adecuada a efectos del desenvolvimiento de la empresa que con él se constituyó, pero indiscutiblemente ese fue el querer de las partes y esa es la naturaleza del ““JOINT VENTURE””, a lo cual en virtud del principio pacta sunt servandase encuentran obligadas tanto las partes como el Tribunal. La atipicidad legal del contrato de ““JOINT VENTURE”” en derecho Colombiano no lo priva de validez como quiera que nuestro Código Civil le imprime eficacia a toda declaración de voluntad que reúna los requisitos del artículo 1502, pero no es menos cierto que esa eficacia queda igualmente condicionada al respeto de todas las disposiciones generales que rigen las obligaciones y los contratos establecidas en las leyes y en los códigos en vigor.

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien el comportamiento de las convocadas podría calificarse de legítimo y ajustado a derecho con base en los estatutos de Rotadyne de Colombia S.A., como en efecto esgrimió el abogado de las convocadas, no es menos cierto que ese mismo comportamiento tiene otra connotación diferente de cara al contrato de ““JOINT VENTURE”” objeto de las presentes controversias. A lo anterior es preciso agregar, como en efecto lo ha expresado el Tribunal en otros apartes de este laudo, que el comportamiento de las convocadas no puede ser analizado frente a los estatutos o el contrato social de Rotadyne de Colombia S.A. comoquiera que la cláusula compromisoria que le da competencia es aquella contenida en el contrato de ““JOINT VENTURE””. No podría entonces a un mismo tiempo negarse la competencia del Tribunal para conocer de controversias surgidas con ocasión del contrato de sociedad que dio origen a Rotadyne de Colombia S.A. y justificar alguna de las partes su accionar con arreglo a dicho contrato, o la otra alegar violación de esas mismas disposiciones.

Por tal motivo, entiende el Tribunal que los incumplimientos pretendidos, se predican de los convocados respecto del Contrato de “JOINT VENTURE” suscrito el 16 de marzo de 1998 y frente a la totalidad de los suscriptores del contrato. De esta manera desecha este Tribunal el argumento esgrimido por los convocados, según el cual en desarrollo de una interpretación literal del CONTRATO la ausencia de disposición expresa que obligara a Esperanza Medina a votar en el mismo sentido que Química Vulcano, la eximía de su obligación de votar en conjunto con la denominada PARTE COLOMBIANA.

9. DE LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Pese a que el objeto de decisión sometido a conocimiento de este Tribunal, claramente definido en el capítulo de competencia de esta laudo está constituido por el CONTRATO DE “JOINT VENTURE”, no pasa desapercibido que un grupo importante de las definiciones que sobre dirección y control se adoptaron en el “JOINT VENTURE” no fueron incluidas en el contrato social por medio del cual se instrumentalizó el CONTRATO, dando lugar a la sociedad ROTADYNE COLOMBIA S.A.

Si bien es cierto que nuestra legislación comercial prescribe que el funcionamiento de la sociedad está regulado en los estatutos sociales debidamente otorgados en la escritura pública y que esta contiene los múltiples acuerdos de los socios, el caso de ROTADYNE DE COLOMBIA S.A., también es un hecho evidente que en los contratos de “JOINT VENTURE”, los asociados en este tipo de proyectos realizan actos complementarios, que en la mayoría de los casos pueden ir mas allá del mismo contenido del estatuto social, todo ello fundado en el principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, según los cuales los individuos pueden utilizar contratos no tipificados en forma expresa por la ley, siempre y cuando no contraríen normas de orden público o las buenas costumbres. Estas disposiciones permiten el desarrollo y eventual articulación del denominado “JOINT VENTURE” y han sido reconocidos por la doctrina bajo el título de pactos extraestatutarios y como principio general, solo obligan a quienes los suscriben, típico ejemplo lo constituye en nuestro sistema legal el artículo 70 de la Ley 222 de 1995. En cuanto a su eficacia dado su carácter reservado entre los asociados que lo suscriben, no serán oponibles a terceros. Por lo tanto su eficacia queda limitada a las partes entre quienes se firmó, teniendo entre ellos fuerza de ley y obligando a lo pactado así como a todas las consecuencias que se deriven del mismo.

La existencia y validez simultánea de los contratos coligados en este caso se confirma por el hecho de que los contratos fueron celebrados el mismo 16 de marzo de 1998 y por la propia regulación de la estipulación Décima Primera al señalar que… “Es convenido entre las partes que la sociedad observará las reglas que se contengan en los estatutos y en la ley, así como las contenidas en este contrato y en especial las siguiente:…” (el subrayado es nuestro), en un acto que expresamente reconoce las normas de derecho aplicables a la relación jurídico-contractuales entre las partes.

La misma naturaleza de la relación de los contratos y la prelación indicada en la estipulación Décima Primera, impide dentro de la sana hermenéutica jurídica otorgar a la reforma de los estatutos de ROTADYNE COLOMBIA S.A. la virtud de modificar el contrato de manera válida, en los términos y condiciones previstos en la estipulación Décima Sexta del CONTRATO(17).

10. DEL INCUMPLIMIENTO.

De lo anteriormente expuesto, las obligaciones adquiridas por el contrato eran generales para todos sus integrantes frente a los demás, como medio para alcanzar el objetivo conjunto que los llevó a asociarse. El cumplimiento por parte de todos alcanzaría los objetivos de la asociación, el incumplimiento por parte de uno solo, pondría en grave riesgo el cumplimiento del CONTRATO respecto de todos sus integrantes. No se requiere para tal incumplimiento, el consenso de voluntades dirigidas de manera concertada a modificar las decisiones relacionadas con el desarrollo del CONTRATO, basta que de manera inesperada uno o más de los intervinientes, como en el caso objeto de esta decisión se aparte de la conducta esperada de buena fe por las otras partes del contrato.

En efecto, el artículo 1603 del Código Civil prescribe: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”(18). Rica ha sido la jurisprudencia sobre esta norma de la cual nos permitimos resaltar por su pertinencia que “La tendencia prevaleciente por largo tiempo de práctica asimilación de la buena fe en la ejecución de las obligaciones (buena fe activa) a la buena fe posesoria (pasiva, presunta), ha sido sustituida, en buena hora, por la autonomía de aquella, con exigencia de comportamiento diligente, advertido, pundonoroso, y la consiguiente carga probatoria sobre el sujeto que ha de comportarse así”(19). Para evaluar si un sujeto determinado actuó o no de buena fe, ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia, resulta imperativo examinar la conducta por él desplegada, pero de manera integral, o sea en conjunto, dado que es posible que su comportamiento primigenio, en estrictez, se ciña a los cánones del principio rector en cita y ulteriormente varíe en forma apreciable y hasta sorpresiva, generándose así su inequívoco rompimiento […]”(20).

De gran utilidad es en nuestro caso el análisis de Emilio Betti sobre “debe entenderse el principio de la buena fe que rige el cumplimiento de las obligaciones? Como ya hemos dicho, la buena fe somete a control, por entero, el comportamiento de las partes; no solo de una de ellas, sino también de la otra, en sus recíprocas relaciones, tanto en cuanto que también la otra parte debe encontrar satisfecha una expectativa propia. Lo que es evidente en las relaciones contractuales con prestaciones recíprocas, pero que no deja de hacerse sentir la exigencia de reciprocidad en las relaciones de otro tipo. La buena fe se podría caracterizar como un criterio de conducta que se funda sobre la fidelidad del vínculo contractual y sobre el compromiso de satisfacer la legítima expectativa de la otra parte: un compromiso en poner todos los recursos propios al servicio del interés de la otra parte en la medida exigida por el tipo de relación obligatoria de que se trate; compromiso en satisfacer íntegramente el interés de la parte acreedora a la prestación”(21).

Pues bien, estos principios “empeño de cooperación”, “espíritu de lealtad”, “actividad de cooperación” y “respeto recíproco entre los contrayentes” son los que no caracterizan las actuaciones de los convocados en este proceso, al momento de modificar el sistema de mayorías y de dirección y control de la asociación, frustrando con su conducta las legítimas aspiraciones de la parte convocante.

Analizando el comportamiento de las convocadas, como corresponde, esto es, exclusivamente a la luz del contrato de ““JOINT VENTURE””, como en efecto lo hace el Tribunal en otros apartes de este laudo, es claro que frente a esas disposiciones, los comportamientos endilgados a las convocadas, probados en este litigio y de que da cuenta este laudo, obstaculizaron el desenvolvimiento normal de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A. Si las convocadas pudieron haber creído fundadamente que su comportamiento, por estar ajustado a los estatutos de Rotadyne de Colombia S.A. y a las normas del Código del Código de Comercio que regulan la materia societaria, estaba libre de todo reproche, no es menos cierto que abusando de sus derechos allí establecidos, faltaron a la buena fe frente a los deberes que les imponía el contrato de ““JOINT VENTURE””. En efecto, la actitud desdén de las convocadas frente al contrato de ““JOINT VENTURE”” quedó establecida en todas las instancias de los presentes debates y alegaciones olvidando con ello el expreso mandato del artículo 1603 del Código Civil.

Como corolario del anterior principio, las convocadas, no obstante los estatutos sociales de Rotadyne de Colombia autorizárselos, debieron con base en las obligaciones que resultaban del ““JOINT VENTURE”” poner todos los medios a su alcance para el logro de la finalidad perseguida con arreglo a la “estipulación primera” de ese contrato y, en el caso de que el resultado esperado no pudiere ser alcanzado o no llenara las expectativas iniciales de todas las partes, buscar o propiciar la terminación total de las relaciones entre las partes, y ello aún las resultantes de todos los contratos celebrados entre ellas, comenzando por el propio ““JOINT VENTURE”” y las demás convenciones que de él se desprenden.

El incumplimiento de los convocados queda debidamente probado en los diferentes medios de prueba legalmente surtidos en el proceso en relación con el frustrado funcionamiento de los órganos sociales como la Junta Directiva, el sistema de toma de decisiones y el sistema de toma de decisiones especiales y control.

Los hechos demuestran que Esperanza Medina como miembro de la PARTE COLOMBIANA, y pese a su participación minoritaria en la titularidad de la propiedad del proyecto, en ejercicio de su derecho de accionista, adquirió y ejerció la opción de decidir con su voto las mayorías , para todas las decisiones de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A. en un claro incumplimiento de sus obligaciones contractuales y con la tácita aquiescencia de EL INVERSIONISTA. Queda también probado como en ejercicio de este derecho, Esperanza Medina modificó el sistema de mayorías previsible a la luz de los acuerdos celebrados, contenidos tanto en el CONTRATO DE “JOINT VENTURE” como en los estatutos sociales de ROTADYNE DE COLOMBIA S.A.

Es un hecho que en virtud del “JOINT VENTURE” los convocados debían comportarse de cierta manera que no acataron y que la naturaleza misma del “JOINT VENTURE” impone. Que a pesar de las facultades que el “JOINT VENTURE” le confirió a Rotadyne Latin America, como las de veto y aprobación de ciertas decisiones, ellos, en lugar de ejercerlas, torpedearon por otras vías el funcionamiento de Rotadyne de Colombia, hasta el punto de que ni siquiera han colaborado para disolverla, mucho menos para que funcione como se previó en el “JOINT VENTURE”, escudándose en la estricta aplicación de la ley societaria, para impedir que la PARTE COLOMBIANA designe como miembros de la inoperante Junta Directiva a sus representantes.

Estos hechos quedan claramente demostrados en la asamblea extraordinaria del 14 de septiembre de 2005, que la parte convocante señala como el momento en el que explícitamente se incumplen las obligaciones. Consta en el acta que la discusión se dividió en dos momentos, en primer lugar se analizó la composición de la Junta por parte de los representantes del INVERSIONISTA. Este momento se refleja al decir del acta: “Enseguida el Dr. Quijano pidió que se dejara constancia sobre la disponibilidad de parte de los miembros de la junta directiva de Rotadyne Latin America LLC para participar en las reuniones de junta directiva, sin importar su periodicidad e insistió en el deseo de la Parte Colombiana de cambiar sus representantes en la junta directiva”(22). De donde se concluye claramente que dos pretensiones orientaban la acción de Alberto Quijano Duque, la primera la de garantizar el funcionamiento de la junta directiva y la segunda la de cambiar los representantes de la PARTE COLOMBIANA.

El desarrollo de la solicitud de Alberto Quijano, según el propio texto del acta fue que, Claudia Caballero retomó la palabra para informar a la Asamblea General de Accionistas, que en este estado de las cosas, la decisión que le competía era la de si los accionistas estaban de acuerdo en cambiar la conformación actual de la Junta Directiva y solamente en el evento de un voto afirmativo al respecto, deberían someterse a consideración las diversas candidaturas que existieran y en dado caso cumplir con los términos del Acuerdo de “JOINT VENTURE” entre las partes Colombiana e inversionista. 39(sic) El resultado de la votación de esta decisión fue la negativa a modificar la integración de la Junta Directiva, incluyendo la negativa de modificar los integrantes de la Parte Colombiana, expresamente solicitada por Alberto Quijano e irónicamente negada por una mayoría integrada por el voto del INVERSIONISTA y el de ESPERANZA MEDINA M. integrante de la denominada PARTE COLOMBIANA. Consta en el acta la discusión de los integrantes de la PARTE COLOMBIANA sobre el tema, que culmina cuando “La asesora de RLA explica que si no es decisión de la Asamblea la Junta no se puede cambiar”(23).

Otro momento que es importante resaltar en relación con la Junta Directiva, es durante la asamblea del 30 de marzo de 2006, en la cual el Presidente de la asamblea presentó a consideración de este cuerpo una lista para modificar la integración de la Junta Directiva. La plancha presentada no incluía a ningún miembro de la PARTE COLOMBIANA. La plancha fue elegida según consta en el acta : “Sometida que fue la anterior propuesta, esta fue aprobada por más de la mayoría absoluta de los accionistas, pues votaron por su aprobación Rotadyne Latinoamérica LLC, con 240 votos, y la accionista Esperanza Medina, representada por el doctor Julio Benetti Salgar, con 34 votos. La sociedad Química Vulcano S.A. y el accionista señor Manuel Alberto Quijano, manifestaron su negativa a aprobar dicha propuesta, con 202 votos, la primera, y 6, el segundo, e indicaron que su voto es negativo”. El acto jurídico de nombramiento de la Junta implica desconocer el contrato de “JOINT VENTURE”, al no respetar las cláusulas tantas veces referidas sobre dirección y control del proyecto, al omitir el cumplimiento de obligaciones que a la luz del CONTRATO son de su naturaleza. Esta acta también confirma que EL INVERSIONISTA detenta el poder mayoritario tanto en la asamblea como en la Junta Directiva. El mismo patrón de mayorías se da en otras actas como la del 28 de marzo de 2007(24).

Sobre el tema de mayorías en el interrogatorio de parte Esperanza Medina declaró:

“DR. MONTOYA: Entonces eso nos lleva la respuesta es que, no siempre el mismo sentido que Rotadyne hubo algún acto que usted hubiera votado en sentido contrario al Rotadyne?

SRA. MEDINA: No, no ha habido sino dos asambleas, y las dos asambleas.

Es que si ustedes ven en las actas, las actas lo único que tienen son que en el 2005 cuando se da el rompe supuestamente de la parte Colombiana por no estar de acuerdo en hacer un producto de mala calidad para la compañía, las únicas votaciones son, en septiembre 14 por cambiar la junta directiva en la que la plancha que presentaban no llevaban minuta, todo igual menos minuta y por cambio de revisor fiscal porque estábamos en septiembre y se iba a acabar el año y si habían tantos problemas como decía, yo también considere que era mejor que estuviera el revisor fiscal hasta el final, se cerrara el año y presentara el siguiente informe de la asamblea.

Ahí Rotadyne Latin America también voto porque estuviera el revisor fiscal, porque no querían tener problemas, pidieron un informe y adicionalmente, votaron también porque no hubiera cambio en la junta directiva, proponiendo que se hiciera unas juntas que quería el doctor Quijano cada 15 días, le propusieron que una vez al mes reuniones no presenciales, utilizáramos la video conferencia y bueno existieron miles de formas que no se dieron, esa es la de septiembre del 2005 y luego en el 2006 legaron todos y renunciaron a la junta, yo había convocado para la asamblea con 15 días de anticipación y apareció una convocatoria para asamblea extraordinaria un día antes de la ordinaria y en esa asamblea llegaron y todos renunciaron en bloque, que se hacía pues al otro día nombrar una junta directiva porque nos quedamos sin junta directiva y sin subgerente porque todos renunciaron.

Entonces esas son las votaciones que si he estado de acuerdo, pero que tiene un fundamento para estar de acuerdo”(25).

En relación con la inoperancia de la junta directiva hay varias pruebas, entre las que podemos citar en primer lugar el interrogatorio de parte rendido por Esperanza Medina, quien al ser preguntada sobre la junta directiva contestó:

“DR. JARAMILLO: Diga como es cierto sí o no, que usted en su condición de gerente de Rotadyne de Colombia S.A., desde el año 2003 no realizó la correspondiente citación de juntas directivas de dicha empresa?

SRA. MEDINA: No se realizaron porque cuando nosotros desde que comenzamos la compañía hacíamos en un solo viaje que ellos venían hacíamos junta directiva y asamblea, se tenía la precaución de hacer dos actas que a final eran muy desordenadas tengo reconocer y adicionalmente, en el 2003 ya el señor Melgard le dio un infarto y él pertenecía a la junta directiva, pero antes del 2003 en el 2002 o 2001, se había nombrado al señor Carlos ________(*)__ en una de las actas de la asamblea para que reemplazara al señor Melgard eso no se llevó nunca a la Cámara de Comercio, se quedó así, pero él hubiera podido reemplazar al señor Melgard, pero lo que si le puedo asegurar al Tribunal y al doctor Jaramillo es que nosotros todos los años hicimos una reunión en la que la asamblea daba instrucciones a la gerencia de la compañía, la asamblea se reunía definía una cantidad de políticas, se mostraban los estados financieros, hacían comentarios sobre los estados financieros, pedían informes posteriores, el doctor Quijano manifestaba su inconformidad con la compañía, en otras ocasiones ofrecía las acciones de Rotadyne que las ha ofrecido desde el año 2000, la compañía nació en el 98 y en el 2000 ya estaba ofreciendo las acciones y siempre estuvimos todos los socios en representación de Peter Booth, o en representación del señor Melgard siempre asistimos todos los socios y si las actas están mal o están sin firmar sí yo soy responsable de eso pero también somos responsables todos los accionistas, como accionistas porque las actas volaban por e-mail de un lado a otro y hasta el año siguientes era que se leía el acta anterior para que la aprobarán y así está en las actas escritas, que se aprueba la siguiente acta al otro año pero mientras tanto había muchas comunicaciones, y todos los años estuvimos todos presentes; ahora el doctor Quijano era presidente de la junta directiva y yo no tengo una sola carta en la que me dijera citemos a junta directiva nunca, entonces como que era presidente de la junta directiva y presidente de la compañía daba directrices en la compañía y nunca pidió una junta directiva entonces yo siento que todos como accionistas somos responsables y yo como gerente también”(26).

Esperanza Medina, sostuvo en la Asamblea de 14 de septiembre de 2005, que sí se han llevado a cabo las reuniones de Junta Directiva y que las Actas aparecen firmadas por el Doctor Quijano. Está probado que el libro de Actas existe bajo ese título debidamente registrado en la Cámara de Comercio; que la Junta Directiva tenía que reunirse por lo menos una vez al año en Bogotá o en el sitio que sus miembros acordaran, según lo señalado en la Cláusula Octava del Contrato, por lo que si el “JOINT VENTURE” se firmó el 16 de marzo del 1998, a la fecha de la convocatoria de este Tribunal, deberían existir por lo menos ocho (8) Actas de Junta Directiva. Analizado el contenido de las actas registradas en este libro se comprueba que corresponden a reuniones de la asamblea bajo el nombre de Junta General de Socios y que aparecen solamente dos actas de Junta Directiva, ( folios 24 y 25 de febrero de 2003) relacionadas al nombramiento del representante legal.

Otras pruebas sobre la inexistencia de un sistema compartido de control con participación de la PARTE COLOMBIANA, por el no funcionamiento de la Junta Directiva se pueden deducir de diversos hechos, como:

a) En la asamblea general realizada el día 4 de febrero de 2002, se le dieron a la Gerente General los siguientes poderes:

“El Gerente tendrá a partir de este año la autonomía en el funcionamiento general de la compañía, contratación de personal, adjudicación de recursos para el funcionamiento normal políticas comerciales, cumplimiento de los presupuestos, teniendo en que reportar al Licenciado Carlos Lastra los correspondientes informes contables, además del reporte de Rotadyne”(27).

b) En relación con las facultades de control de precios atribuida a la Junta Directiva, en la asamblea del 4 de febrero de 2002 se advierte: “La Gerente aclara y recuerda que los precios del revestimiento de los rodillos se calculan a través del programa TANDY…(28).

Consta en diversas piezas probatorias las reiteradas solicitudes de Alberto Quijano ante la asamblea general de accionistas para que la Junta Directiva opere y cumpla las funciones a ella asignadas (Acta de la asamblea ordinaria del 20 de abril de 2005(29) y de las asambleas extraordinarias del 5 de octubre de 2001(30) y del 14 de septiembre de 2005(31), correos electrónicos de 12 y 26 de mayo y 13 y 15 de junio de 2005 dirigido a Peter Booth por Alberto Quijano(32)) El Doctor Quijano, propuso reuniones cada trimestre (ver acta 9), luego cada quince (15) días (ver acta 13), pero sus requerimientos no fueron atendidos ni por Esperanza Medina ni por el Inversionista, situación que sin duda, por falta de conformación de la Junta, la parte Colombiana perdió la capacidad de administración, no obstante tener una participación del 60% (Cláusula Segunda del Contrato).

Es de anotar que el señor Melgard estuvo de acuerdo, al finalizar octubre del 2001, que se celebraran reuniones de Junta Directiva con cierta frecuencia, pero el Inversionista encontró pretextos para que no se llevaran a cabo, expresando cosas como “vamos a darle solución”; “o la reunión de Asamblea es igual a la de Junta”; “o que se podían hacer reuniones bajo video conferencia (e-mailes de Peter Booth de mayo y junio del 2005)”

El socio y representante legal de Química Vulcano llego incluso a realizar convocatorias a asambleas extraordinarias, según consta en el Acta Nº 9 de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 5 de octubre de 2001. “Reunión solicitada por el accionista Química Vulcano…”(33).

Encuentra el Tribunal que lo que la parte Colombiana exigía, era que se cumpliera con la obligación de efectuar reuniones de Junta Directiva para que este órgano social se ocupara de sus propias funciones, señaladas específicamente en la Cláusula Octava del Contrato y así poder, la parte Colombiana, como mayoritaria, tener la administración de la Sociedad, lo que nunca logró por la posición de Esperanza Medina, que siempre obró de acuerdo con el Inversionista, como ha quedado demostrado.

De lo dicho, podemos concluir que la señora Medina no atendió las solicitudes de la parte Colombiana para que se celebraran reuniones de junta directiva, de conformidad con lo pactado en la Cláusula OCTAVA del “JOINT VENTURE”, como tampoco lo hizo el INVERSIONISTA presentando diferentes disculpas para no llevar a cabo las reuniones, entre ellas la dificultad existente de tomar decisiones por consenso en una Junta Directiva, tal como consta en las Actas de Asambleas Nos. 9 de octubre 4 del 2009 y 12 de abril 20 de 2005, que obran en el expediente y en esta última Acta se advierte, así como en los correos electrónicos de mayo 27 del 2005 y 14, 16 y 27 de junio del 2006, la promesa del Inversionista de conformar, por su parte, la Junta Directiva, con dos miembros actuantes.

Al no reunirse la Junta Directiva, no se implementaron las reglas de funcionamiento, ni se ejercieron las atribuciones, ni se determinaron las políticas a seguir, desatendiéndose así lo previsto en la Cláusula Octava del “JOINT VENTURE”.

En el acta 16 de Asamblea, reunión celebrada el 28 de marzo del 2007 y a la que asistieron, además de los Accionistas, dos (2) delegadas de la Superintendencia de Sociedades, consta la protesta de la parte Colombiana por no habérsele permitido el derecho de inspección de todos los documentos y ante esta denuncia, Esperanza Medina afirmó que existía competencia desleal de Química Vulcano y que por eso ella había tomado la decisión de no dar a conocer la lista de proveedores y clientes y esta razón no la encuentra el Tribunal como válida, para limitar el derecho de inspección, demostrándose más bien con tal proceder la desconfianza a la parte Colombiana de la que Esperanza Medina es integrante.

Finalmente comparte y acoge el Tribunal la afirmación del apoderado de los convocados, en el sentido de distinguir las actuaciones de la señora ESPERANZA MEDINA como representante legal, como socia de la sociedad y como integrante de la PARTE COLOMBIANA en el contrato de “JOINT VENTURE”. En concordancia y desarrollo de lo expuesto en reiteradas oportunidades sobre competencia, el Tribunal se ha concentrado en el estudio del alcance y efectos del CONTRATO DE “JOINT VENTURE” y en consecuencia es solo desde esta perspectiva que se analiza y valora la conducta de la señora ESPERANZA MEDINA M.

11. DE LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES – CONTRATO NO CUMPLIDO.

1. El Tribunal procede a continuación a analizar cada una de las pretensiones y las excepciones propuestas, para establecer de qué manera habrá de decidir sobre ellas, en razón a todas las circunstancias que se han señalado en la relación jurídica procesal.

11.1. PRETENSIONES DECLARATIVAS.

Dice la Pretensión Primera: Que se declare la existencia y validez del Contrato ““JOINT VENTURE”” (en adelante “El Contrato”) celebrado el 16 de marzo de 1998 entre Química Vulcano Ltda., Alberto Quijano Duque, José Gabriel Saaibi Serrano, Esperanza Medina y Rotadyne Latin America LLC.

Respuesta: El Tribunal considera que es del caso acceder a esta pretensión, por cuanto es una prueba documental allegada al proceso, presentada por la parte convocante y aceptada por la parte convocada al contestar la demanda, sin ninguna observación. Más aun, en el alegato de conclusión (Pág. 31) afirma “El contrato de “JOINT VENTURE” se celebró entre las partes perfectamente determinadas y sobre ello no puede existir ninguna discusión, habida cuenta que en su propio texto así se expresa”. Por lo tanto se tiene como válido el contrato denominado ““JOINT VENTURE”” celebrado entre Química Vulcano Ltda., Alberto Quijano Duque, José Gabriel Saaibi Serrano, Esperanza Medina y Rotadyne Latin America LLC., el día 16 de marzo de 1998.

Dice la Pretensión Segunda: Que se declare que El Contrato fue suscrito por una parte, entre un grupo Colombiano compuesto de antiguos accionistas de Gomacol Ltda., actuando en grupo y llamados en El Contrato “La parte Colombiana” compuesta por Química Vulcano Ltda. (Hoy Química Vulcano S.A.), Alberto Quijano Duque, Esperanza Medina Marmolejo, José Gabriel Saaibi Serrano, y de otro lado, Rotadyne Latin America LLC, quien se denominaba en El contrato “El Inversionista” (en adelante “El Inversionista” o “el Inversionista”).

Respuesta: Para resolver esta pretensión, basta con tener en cuenta la propia redacción del contrato ““JOINT VENTURE””, que indica sin equívocos que el mismo fue suscrito entre dos partes así: una compuesta por Química Vulcano Ltda., (hoy Química Vulcano S.A.), Alberto Quijano Duque, Esperanza Medina M y José Gabriel Saaibi Serrano, denominados PARTE COLOMBIANA; y otra por Rotadyne Latin America LLC, llamada El Inversionista. Al respecto no hubo ninguna controversia y por consiguiente se despacha favorablemente esta pretensión. Desconocer esta realidad sería tanto como modificar el contrato o mejor, no tener en cuenta la intención manifiesta.

Dice la Pretensión Tercera: Que se declare la existencia y validez del contrato de sociedad denominada Rotadyne de Colombia S.A. constituida por escritura pública 458 del 16 de marzo de 1998 de la Notaría 16 de Bogotá.

Respuesta: Respecto a esta pretensión el Tribunal, teniendo en cuenta los documentos anexados al proceso como son la Escritura de Constitución de la Sociedad Rotadyne de Colombia S.A. y el Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre la existencia y representación legal de dicha Sociedad, no puede menos que atenerse a ellos, pero en cuanto a su validez, no es un asunto que le atañe a este Tribunal por lo que Rotadyne de Colombia S.A. no es parte en el proceso.

Dice la Pretensión Cuarta: Que se declare que el contrato de sociedad fue suscrito por Química Vulcano Ltda. (Hoy Química Vulcano S.A.), Alberto Quijano Duque, Esperanza Medina Marmolejo, José Gabriel Saaibi y Rotadyne Latin America LLC.

Respuesta: El mismo comentario de la pretensión anterior es válido para esta, toda vez que el Tribunal no puede ocuparse de hechos que no le competen, so pena de estarse extralimitando en sus funciones. La Cláusula Décima Cuarta del contrato de “JOINT VENTURE” se pactó para resolver las divergencias que se presentaran entre las partes y solo entre ellas. Se repite que Rotadyne de Colombia S.A. es un tercero que no es parte en este proceso.

Dice la Pretensión Quinta: Que se declare que Esperanza Medina Marmolejo incumplió el Contrato a partir del 14 de septiembre de 2005.

Respuesta: Analizada la prueba documental y testimonial, el Tribunal encuentra que Esperanza Medina Marmolejo, integrante de la parte Colombiana, incumplió las obligaciones que había adquirido como tal en el Contrato de “JOINT VENTURE”, como se ha explicado a lo largo de este laudo, incumplimiento que quedó plasmado en el acta 13 de 14 de septiembre del 2005, reunión en la que costa entre otras cosas, que no solo no estuvo interesada en cambiar la estructura de la Junta Directiva, sino que procedió a votar en el mismo sentido en que lo hizo el Inversionista con el propósito de obtenerse así una mayoría absoluta, desconociendo lo estipulado en el Contrato de “JOINT VENTURE”.

Dice la Pretensión Sexta: Que se declare que Rotadyne Latin America LLC incumplió El Contrato a partir del 14 de septiembre de 2005.

Respuesta: Analizada la prueba documental y testimonial, el Tribunal encuentra que Rotadyne Latin America LLC, denominada parte Inversionista, incumplió las obligaciones que había adquirido como tal en el Contrato de “JOINT VENTURE”, como se ha explicado a lo largo de este laudo, incumplimiento que quedó plasmado en el acta 13 de 14 de septiembre del 2005, reunión en la que costa entre otras cosas, que no solo no estuvo interesada en cambiar la estructura de la Junta Directiva, sino que procedió a votar en el mismo sentido en que lo hizo Esperanza Medina con el propósito de obtenerse así una mayoría absoluta, desconociendo lo estipulado en el Contrato de “JOINT VENTURE”.

Dice la Pretensión Séptima: Que por dicho incumplimiento de El Contrato por parte de Esperanza Medina Marmolejo y Rotadyne Latin America LLC se declare la resolución del mismo.

Respuesta: Que ante los incumplimientos en que incurrieron Esperanza Medina y Rotadyne Latin America LLC y ante la imposibilidad de continuar con el Contrato, este Tribunal despacha favorablemente esta pretensión y en consecuencia declara la terminación del Contrato de “JOINT VENTURE” a partir de la fecha del presente laudo.

Dice la Pretensión Octava: Que por razón del incumplimiento de El Contrato que menoscaba y afecta la relación entre las partes que a su vez son los únicos socios de Rotadyne de Colombia S.A., se declare a esta sociedad en estado de disolución y liquidación por cuanto ha dejado de existir ánimo societario que permita la tranquila y productiva ejecución de los negocios de la sociedad.

Respuesta: Esta pretensión fue excluida al modificar la demanda y por lo tanto no hay pronunciamiento.

Dice la Pretensión Novena: Que como consecuencia de las decisiones anteriores se pide u ordene a la Superintendencia de Sociedades nombrar la persona que actúe como liquidador de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A.

Respuesta: Esta pretensión fue excluida al modificar la demanda y por lo tanto no hay pronunciamiento.

11.2. PRETENSIONES DE CONDENA.

Dice la Pretensión Décima: Originalmente se presentó esta pretensión en los siguientes términos “Que se condene por razón del incumplimiento y/o resolución de El Contrato y/o por la declaratoria de disolución y liquidación de Rotadyne de Colombia S.A. a Esperanza Medina Marmolejo y Rotadyne Latin America LLC a pagar, solidaria y mancomunadamente dentro de los cinco (5) primeros días siguientes a la ejecutoria del laudo que ponga fin al proceso a Química Vulcano S.A. (en adelante “Química Vulcano”), Alberto Quijano Duque y José Gabriel Saaibi Serrano por daños y perjuicios la suma que los peritos designados por el Tribunal de Arbitramento establezcan, más los intereses de mora que se causen, suma debidamente actualizada a la fecha en que se haga efectivamente el pago, en las siguientes proporciones que corresponden a la participación de cada uno en la Parte Colombiana demandante: Química Vulcano S.A., 95.71%, Alberto Quijano Duque 2.86% y José Gabriel Saaibi, 1.43%”.

El apoderado de la convocante, con la reforma de la demanda, modificó esta pretensión quedando la misma del siguiente tenor: “Que como consecuencia del incumplimiento contractual. Se condene a los demandados Rotadyne Latinoamérica LLC y a Esperanza Medina Marmolejo… a pagar en forma solidaria dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral a favor de Química Vulcano S.A. (en adelante Química Vulcano) en un 95.71% Alberto Quijano Duque en un 2.86%; y José Gabriel Saaibi Serrano en un 1.43% la suma que pericialmente o por cualquier otro medio probatorio se establezca más su correspondiente indexación”.

Respuesta: Después del examen que se ha hecho de toda la parte probatoria y llegándose a la conclusión de que los convocados incumplieron el Contrato, se procede a la condena de daños y perjuicios, teniendo en cuenta las cifras señaladas por el perito designado dentro de este proceso, tal y como se aprecia en la parte resolutiva.

Dice la Pretensión Undécima: Que se condene a Esperanza Medina y Rotadyne Latin America LLC al pago de los perjuicios morales a Alberto Quijano Duque y José Gabriel Saaibi Serrano ocasionados por el incumplimiento de El Contrato.

Respuesta: El daño moral es la afectación de algunos aspectos íntimos, angustiantes, que afectan el derecho a un buen nombre, a su “Good Will” o a algunos bienes no tangibles pero que innegablemente hacen parte del patrimonio de una persona. Como a lo largo de este proceso no quedó demostrado ningún perjuicio moral, esta pretensión se despacha desfavorablemente.

Dice la Pretensión Duodécima: Que se condene a Esperanza Medina Marmolejo y a Rotadyne Latin America LLC al pago de las costas y gastos que se liquiden por parte del Tribunal de Arbitramento.

Respuesta: Respecto a este punto, el Tribunal decidirá al final del laudo, en acápite aparte.

11.3. EXCEPCIONES AL CONTESTAR LA DEMANDA Y LA REFORMA DE LA MISMA.

No siendo más las pretensiones de la demanda y de su reforma, a continuación el Tribunal se ocupa de las excepciones presentadas en la contestación de la demanda por el Apoderado de la señora Esperanza Medina y de la Sociedad Rotadyne Latin America LLC, como parte convocada, excepciones que denominó así:

Las propuestas como Apoderado de la señora Esperanza Medina Marmolejo:

1. EXCEPCIÓN DE IMPOSIBILIDAD DE DISCUTIR EL COMPORTAMIENTO DE ESPERANZA MEDINA AL INTERIOR DE LA PARTE COLOMBIANA.

2. EXCEPCIÓN DE IMPOSIBILIDAD DE DISCUTIR TEMAS RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD ROTADYNE DE COLOMBIA S.A.

3. EXCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES POR PARTE DE ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO.

4. EXCEPCIÓN DE FALTA DE FUNDAMENTO PARA DEMANDAR.

Las propuestas como Apoderado de Rotadyne Latin America LLC:

1. EXCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES POR PARTE DE ROTADYNE LATIN AMERICA LLC.

2. EXCEPCIÓN DE FALTA DE FUNDAMENTO PARA DEMANDAR.

3. EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO.

El Tribunal al analizar el Contrato de “JOINT VENTURE”, su naturaleza, el vínculo jurídico existente con el Contrato de Sociedad, o la unión de Contratos o Contratos Coligados, la interpretación de los mismos, su estructura, tuvo en cuenta lo expuesto por las partes, así como los diferentes medios de prueba y las excepciones presentadas y sobre estas últimas estima que no se hace necesario profundizar en su examen, en razón a que cada una de ellas ha sido resuelta a través de lo expresado en los diferentes acápites y solo para una mejor comprensión se hace un resumen de la siguiente manera y en el mismo orden.

EXCEPCIONES DE ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO.

1. El comportamiento de la señora Esperanza Medina como integrante de la parte Colombiana, desde luego, que sí puede discutirse dentro del Contrato de “JOINT VENTURE” sometido a la decisión de este Tribunal y es solo desde esta perspectiva que se ha estudiado su conducta, para decidir si acató o no lo estipulado en el contrato y lo que la naturaleza del mismo impone. Por consiguiente, esta excepción se despacha desfavorablemente.

2. El Tribunal está en un todo de acuerdo con el apoderado de los convocados en el sentido de que no pueden tramitarse en este proceso asuntos relacionados con la Sociedad Rotadyne de Colombia S.A. Es que no se tiene competencia para conocerlos y por ello no se han analizado. La excepción es válida.

3. Por lo anotado en el punto anterior, el Tribunal no entra a juzgar si Esperanza Medina cumplió con sus deberes como Gerente de la Sociedad y si atendió las obligaciones a su cargo. Examinado su proceder como integrante de la parte Colombiana y de acuerdo a lo que se pactó en el “JOINT VENTURE”, no cabe duda que Esperanza Median no solo no colaboró para alcanzar los propósitos de la asociación, sino que se plegó a las decisiones del Inversionista, en consecuencia, la excepción tampoco tiene una decisión favorable.

4. Esta es una excepción genérica que no prospera en el arbitramento, pues para el Tribunal no es procedente que se plantee la “falta de fundamento para demandar” sin sustentarse la excepción en hechos o razones determinados. Si por alguna circunstancia hubiese algún pronunciamiento al respecto, el Tribunal estaría resolviendo temas no sujetos a su discusión, lo cual le está vedado por disposición legal.

EXCEPCIONES DE ROTADYNE LATIN AMERICA LLC.

1. Se ha acreditado que Rotadyne Latin America LLC, no permitió que se celebraran reuniones de Junta Directiva, contrariando así los compromisos adquiridos en el “JOINT VENTURE” y en razón de su incumplimiento, la excepción se resuelve desfavorablemente.

2. Esta es una excepción genérica que no prospera en el arbitramento, pues para el Tribunal no es procedente que se plantee la “falta de fundamento para demandar” sin sustentarse la excepción en hechos o razones determinados. Si por alguna circunstancia hubiese algún pronunciamiento al respecto, el Tribunal estaría resolviendo temas no sujetos a su discusión, lo cual le está vedado por disposición legal.

3. No se probó el incumplimiento flagrante y expreso como lo anota el apoderado de los convocados, de alguno de los miembros de la parte Colombiana y en el supuesto que se hubiere presentado, no fue por ello que Esperanza Medina y Rotadyne Latin America LLC dejaron de cumplir en la forma y tiempo debidos; luego la exceptio non adimpleti contractus, no es pertinente.

A propósito de la afirmación de que miembros de la parte Colombiana usaran las instalaciones de Rotadyne de Colombia para la fabricación y venta de productos en abierta competencia con la sociedad, transgrediendo lo acordado en el “JOINT VENTURE” y que por lo mismo no puede pretender la parte Colombiana que la parte Inversionista cumpla con sus obligaciones, el Tribunal estima pertinente manifestar que cuando las obligaciones constituyen prestaciones, cabe la exceptio non adimpleti contractus, la que solo se puede proponer bajo el principio de la buena fe y en el caso de que el excepcionante no esté obligado a ejecutar de inmediato sus obligaciones de conformidad con lo estipulado en el Contrato o en la naturaleza del mismo. Rotadyne Latin America LLC tenía el compromiso de cumplir y realizar en primer lugar todo lo estipulado en el “JOINT VENTURE” y si la parte Colombiana eventualmente incurrió en competencia desleal el Inversionista podía haber solicitado la resolución del Contrato o su cumplimiento con indemnización de perjuicios, pero no proponer esta excepción, que tiene por finalidad el que cada uno de los contratantes pueda negarse a ejecutar su prestación mientras no reciba la respectiva contraprestación. Por tanto, se despacha desfavorablemente.

No sobra mencionar que en el Acta de Asamblea de 20 de abril del 2005 consta la autorización dada a Química Vulcano para fabricar rodillos y en un correo electrónico, el señor Peter Booth le expresa al Doctor Quijano su preocupación porque entiende que la idea era fabricar rodillos pequeños que a Rotadyne de Colombia no le interesaba, pero que Esperanza Medina le ha comentado que entregó los planos de la Speed Master 52 y eso si está en el programa de Press Ready de Rotadyne y configura una violación al “JOINT VENTURE” agreement. Tal afirmación no fue acreditada, mientras que en el expediente si figura una certificación expedida por el señor Eduardo Oviedo Moreno, contador público, cuyo valor probatorio no ha sido debatido en el proceso y que en su parte pertinente dice:

“En las pruebas del equipo se fabricaron únicamente 24 rodillos pequeños, los cuales se encuentran en el almacén de inventarios. Ninguna de las Compañías efectuó transacción comercial alguna de rodillos desde la fecha de montaje (21 de junio del 2005), a la fecha de la presente certificación(34).

CAPÍTULO VI

CONDENA POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Solicita la parte convocante en su demanda, como pretensión de condena, que no es modificada en la reforma lo siguiente:

“Que se condene por razón del incumplimiento y/o resolución de El Contrato y/o por la declaratoria de disolución y liquidación de Rotadyne de Colombia S.A. a Esperanza Medina Marmolejo y Rotadyne Latin America LLC a pagar, solidaria y mancomunadamente dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del Laudo que ponga fin al proceso que Química Vulcano S.A. (en adelante “Química Vulcano”, Alberto Quijano Duque y José Gabriel Saaibi Serrano por daños y perjuicios la suma que los peritos designados por el Tribunal de Arbitramento establezcan más los intereses de mora que se causen, suma debidamente actualizada a la fecha en que se haga efectivamente el pago, en las siguientes proporciones que corresponden a la participación de cada uno en la Parte Colombiana demandante: Química Vulcano S.A., 95.71%, Alberto Quijano 2.86% y José Gabriel Saaibi, 1.43%”.

El incumplimiento de los Demandados ha quedado demostrado frente al Contrato de “JOINT VENTURE” suscrito y así lo reconocerá el Tribunal en la parte resolutiva de la presente decisión Arbitral. En tal sentido procede la solicitud de condena, para lo cual el Tribunal se basará en el experticio presentado por el señor perito designado. En sus conclusiones, el señor perito determina, frente a dos preguntas concretas sobre el valor de la participación de la parte Colombiana en la sociedad Rotadiyne de Colombia S.A., lo siguiente:

Como negocio en marcha

Valor de la sociedad:$ 1.748.021.167,00
Valor de la parte Colombiana (43,51%):$ 760.564.010,00

Ante un posible liquidación

Valor de la sociedad:$ 625.945.664,00
Valor de la parte Colombiana (43,51%):$ 272.348.958,00

Como bien lo señala la parte convocante en su escrito de alegatos de conclusión, los daños y perjuicios para este caso se presentan por el valor que pierde la parte demandante en el momento en que ocurre el incumplimiento del contrato de “JOINT VENTURE” por parte de la parte demandada. “Dicho valor de pérdida inmediata se da por la imposibilidad de comercializar o vender su participación dentro del negocio…”.

Tomando las cifras presentadas por el perito, el valor que pierde la parte demandante es de $ 488.215.052,00, que se obtiene de restar del valor de la participación de la parte Colombiana dentro de la sociedad como negocio en marcha ($ 760.564.010,00), el valor de la participación de la parte Colombiana ante un estado de liquidación ($ 272.348.958,00), esto es, a raíz del incumplimiento de la parte demandada.

Para el Tribunal es este valor de $ 488.215.052.00 el daño y perjuicio sufrido por la parte Colombiana demandante en la presente controversia. Teniendo, como lo tiene, el Tribunal el total convencimiento de que este valor debe corresponder a la condena solicitada por la demandante, así lo señalará en la parte resolutiva del presente laudo arbitral. Dicha suma deberá ser cancelada dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del presente laudo, momento a partir del cual, ante un eventual incumplimiento en el pago, se causarán los respectivos intereses de mora. Igualmente se deberán respetar las siguientes proporciones, que se señalan a continuación:

AcreedorPorcentajeMonto adeudado
Química Vulcano S.A.95,71%$ 467.270.626,26
Alberto Quijano Duque2,86%$ 13.962.950,49
José Gabriel Saaibi Serrano1,43%$ 6.981.475,25
TOTAL $ 488.215.052,00

Considera el Tribunal oportuno hacer unas breves reflexiones relacionada con la solidaridad que se decretará en la parte resolutiva de este laudo ya que cuando se presenta la complejidad subjetiva de la obligación la regla general, en nuestro ordenamiento jurídico, es la que la obligación sea satisfecha a cada acreedor o por cada deudor en proporción a su parte o cuota en él. El artículo 1568 del Código Civil, conforme al cual, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda y cada uno de los acreedores, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Principio reiterado por el artículo 1583, que expresa que si la obligación no es solidaria el acreedor solo puede exigir su cuota a cada deudor, excepto en los casos contemplados en dicho artículo.

Mas por excepción de las disposiciones legales transcritas, la obligación subjetivamente compleja puede ser pagada en su totalidad a uno cualquiera de los acreedores o exigida de igual forma a uno cualquiera de los deudores. Esta especial circunstancia deriva de la indivisibilidad del objeto o de la disposición de la ley, del testador o de las partes, que imponen que un objeto divisible no pueda ser pagado o exigido por cuotas o partes, sino que cada deudor esté obligado al pago total de la deuda o cada acreedor pueda exigir la misma en su integridad, son las obligaciones solidarias.

Para el caso objeto de esta decisión, se tiene, entonces, que la solidaridad es una modalidad de las obligaciones plurisubjetivas y de objeto divisible, que implica excepción al principio general de ser simplemente conjuntas las que tienen tales sujetos y objeto. Son, pues, solidarias las obligaciones ''que aunque tengan un objeto divisible, dan a cada acreedor el derecho de exigir o imponen a cada deudor la obligación de pagar la totalidad'', como las define Eugéne Gaudement con gran sencillez y concisión. O, para usar la expresión propia de nuestra ley: ''pero en virtud de la convención, el testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley'' (artículo 1568 del Código Civil, incisos 2º), como ocurre en el presente caso.

En relación con el daño moral reclamado por la parte demandante en el escrito de demanda, así como el lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir hasta la finalización del contrato de “JOINT VENTURE” –manifestado en los alegatos de conclusión presentados por la convocante, el Tribunal encuentra que tales solicitudes son improcedentes: Los daños morales alegados no fueron probados durante el decurso del proceso.

Por su parte, la reclamación del lucro cesante está ligada al desarrollo del contrato social de Rotadyne de Colombia S.A., sobre el cual el Tribunal no se pronunció por carecer de competencia. Además, como este Tribunal no puede hacer manifestación alguna sobre el desarrollo de Rotadyne de Colombia S.A., parte de la base de que la parte Colombiana demandante continuará con su participación –con un menor valor por el incumplimiento reconocido-, pero con los derechos societarios que se derivan de tal contrato social. Así, la demandante tiene derecho a percibir utilidades o a recibir en un eventual proceso de liquidación el valor correspondiente a su participación en el capital social e, incluso, dicho contrato de sociedad, también prevé mecanismos de resolución de conflictos que surgen de su individual naturaleza. Y, en gracia de discusión, si se hubiese tenido competencia para decir sobre cuestiones derivadas del desarrollo del contrato, el daño alegado como lucro cesante es incierto, por lo menos hasta la fecha. En tal sentido, mal haría el Tribunal en reconocer como daño o perjuicio, una situación que no reúne los requisitos legales que definen su existencia: el perjuicio debió ser cierto, y en el caso del lucro cesante alegado este no lo es, como tampoco quedó probado que fuese un daño directo o inmediato; tanto así que para el ejercicio contable del año 2007, la parte demandante tuvo acceso a las utilidades correspondientes a su participación.

CAPÍTULO VII

LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN

Conforme a lo dispuesto por los artículos 392 y 393 de CPC, en concordancia con el artículo 154 del Decreto 1818/98 (texto del artículo 33 del Decreto 2279/89), considerando que en su parte sustancial la demanda prospera casi en su totalidad y en atención a la significativa cuantía de las pretensiones de condena, se condenará a la parte convocada, esto es a ROTADYNE LATIN AMERICA LLC y ESPERANZA MEDINA MARMOLEJO a rembolsar el 90% de las costas y expensas procesales en que incurrió la convocante, esto es QUÍMICA VULCANO LTDA., ALBERTO QUIJANO DUQUE y JOSÉ GABRIEL SAAIBI SERRANO, señalándose como agencias en derecho la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($ 8.393.330.oo) que habrá de tenerse en cuenta en la liquidación que a renglón seguido se efectúa:

ConceptoMonto
Honorarios por árbitro sin IVA$ 8.393.330,00
Honorarios totales de los árbitros con IVA$ 29.208.788,00
Honorarios para el secretario con IVA$ 4.868.131,00
Gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje y Conciliación con IVA$ 2.485.493,00
Protocolización, registro y otros$ 1.953.990,00
Total gastos y honorarios$ 38.516.402,00
Total gastos cada parte$ 19.258.201.oo
Honorarios del señor Perito$6.000.000.oo
Total gastos parte demandante más honorarios del Perito$ 25.258.201.oo
90% del total gastos cada parte$ 22.732.381,00
Agencias en derecho$ 8.393.330.oo
Total adeudado por las convocadas a los convocantes$ 31.125.711.oo

CAPÍTULO VIII

ASPECTOS ADICIONALES

COSAS POR DECIDIR Y SITUACIONES NUEVAS.

Considera el Tribunal necesario referirse al punto que el demandante ha llamado “Cosas por decidir y Situaciones Nuevas” en su escrito de alegatos de conclusión. En él se hace referencia al memorial presentado por medio del cual se solicita la imposición de una sanción por la no comparecencia del representante legal de una de las demandadas, Rotadyne Latin America LLC, como una cosa por decidir.

En el presente procedimiento, la audiencia de conciliación se adelantó el 9 de julio de 2007 (acta 5), con la presencia de la parte demandante integrada por los señores Alberto Quijano Duque, actuando como representante legal de Química Vulcano y a nombre propio, y José Gabriel Saabi Serrano. Estuvo presente igualmente su apoderado judicial. Por la parte convocada asistieron la Señora Esperanza Medina Marmolejo y su apoderado especial, quien llevó la representación de Rotadyne Latin America LLC.

Valga recordar en este momento que en la mencionada audiencia se manifestó que los costos de desplazamiento para la presencia del representante legal de Rotadyne Latin America deberían ser sufragados en su totalidad por la parte demandante; adicionalmente el Tribunal contempló el segundo inciso del parágrafo segundo del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil que a la letra dice:

“Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda comparecer en la nueva fecha, o de que se encuentra domiciliada en el exterior, esta se celebrará con su apoderado, quien tendrá facultad para conciliar, admitir hechos y desistir”.

Si bien no se dio una segunda citación para adelantar la audiencia de conciliación, se tuvo en cuenta la circunstancia de que el apoderado de Rotadyne LLC se encuentra domiciliado en el exterior y, como tal, podría ser representado por su apoderado legalmente reconocido dentro del proceso, si se aplazaba la audiencia de conciliación. Para garantizar la diligencia en la actuación, se adelantó la audiencia en presencia del apoderado especial de Rotadyne Latin America LLC, habida cuenta además de la determinación legal en cuanto a la representación de personas jurídicas extranjeras que el artículo 48 del mismo estatuto procesal contempla(35). Dado que el Doctor Enrique Aranguren Laurens tenía capacidad para representar a Rotadyne Latin America LLC, no encuentra el Tribunal viable imponer al representante legal de Rotadyne Latin America LLC multa por su no concurrencia a la audiencia de conciliación celebrada el 9 de julio de 2007, máxime cuando el numeral tercero del parágrafo segundo del artículo 101 contempla como excepción para la imposición de multa, la posibilidad de celebrar la susodicha audiencia en presencia del apoderado judicial.

En cuanto a la situación nueva, encuentra el Tribunal que ella atañe al desenvolvimiento de la sociedad Rotadyne de Colombia S.A., reflejado en un contrato de uso de marca y tecnología celebrado entre los accionistas. Como se explicó ampliamente en los capítulos precedentes, el Tribunal no es competente para conocer de estos menesteres, más aún cuando lo que se debate es la liquidación misma de la sociedad. En tal sentido, sobre este respecto el Tribunal no se pronunciará por ausencia de competencia para ello.

CAPÍTULO IX

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto el Tribunal de Arbitramento para dirimir en derecho las diferencias existentes entre Química Vulcano S.A., Alberto Quijano Duque y José Gabriel Saaibi Serrano, parte convocante y Rotadyne Latin America LLC y Esperanza Medina Marmolejo, parte convocada, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la existencia y validez del Contrato de ““JOINT VENTURE”” celebrado el 16 de marzo de 1998 entre Química Vulcano, Alberto Quijano Duque, José Gabriel Saaibi Serrano, Esperanza Medina Marmolejo y Rotadyne Latin America LLC.

SEGUNDO: Declarar que el Contrato fue suscrito, por una parte, entre un grupo Colombiano, llamado en El Contrato “la parte Colombiana”, compuesto por Química Vulcano Ltda. (Hoy Química Vulcano S.A.), Alberto Quijano Duque, Esperanza Medina Marmolejo y José Gabriel Saaibi Serrano; y por otra parte, Rotadyne Latin America LLC, que se denominó “el Inversionista”.

TERCERO: Declarar que el Tribunal no es competente para conocer acerca de las pretensiones tercera y cuarta del escrito de demanda.

CUARTO: Declarar que Esperanza Medina Marmolejo incumplió el contrato de ““JOINT VENTURE”” a partir del 14 de septiembre de 2005.

QUINTO: Declarar que Rotadyne Latin America LLC incumplió el contrato de ““JOINT VENTURE”” a partir del 14 de septiembre de 2005.

SEXTO: Declarar la terminación del Contrato de ““JOINT VENTURE””, por incumplimiento del mismo por parte de Esperanza Medina Marmolejo y Rotadyne Latin America LLC.

SÉPTIMO: Condenar por razón del incumplimiento y terminación del contrato de ““JOINT VENTURE”” a Esperanza Medina Marmolejo y a Rotadyne Latin America LLC a pagar, solidaria y mancomunadamente dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de este laudo, por daños y perjuicios, la suma de Cuatrocientos Ochenta y Ocho Millones Doscientos Quince Mil Cincuenta y Dos Pesos, ($ 488.215.052.oo), así: a Química Vulcano S.A. el 95.71% de dicha suma, o sea $ 467.270.626,26; a Alberto Quijano Duque, el 2.86% es decir $ 13.962.950,49; y a José Gabriel Saaibi Serrano, el 1.43% que equivale a $ 6.981.475,25.

OCTAVO: Desestimar el pago de perjuicios morales por parte de Esperanza Medina Marmolejo y Rotadyne Latin America LLC a Alberto Quijano Duque y José Gabriel Saaibi Serrano.

NOVENO: Condenar, solidariamente, en costas y agencias en derecho a Esperanza Medina y Rotadyne Latin America LLC, en un porcentaje del 90% del total de las costas y expensas procesales en que incurrieron los Convocantes, o sea en la suma de Treinta y un millones ciento veinticinco mil setecientos once ($ 31.125.711.oo), cantidad que debe ser pagada en esta Ciudad de Bogotá dentro de los cinco (5) días siguientes de la ejecutoria de esta providencia, a favor de los convocantes así: a Química Vulcano S.A. el 95.71% del total de dicha suma ($ 29.790.418,oo); a Alberto Quijano Duque el 2.86% ($ 890.195,oo) y a José Gabriel Saaibi Serrano el 1.43% ($ 495.098,oo).

DÉCIMO: Expedir copias auténticas del presente laudo con destino a cada una de las partes, al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación.

DÉCIMO PRIMERO: Ordenar la protocolización del presente laudo por el Presidente del Tribunal, en una Notaría del Círculo de Bogotá, quien además liquidará las cuentas del proceso, las cuales serán remitidas a las partes.

Notifíquese y cúmplase.

Hernando Galindo Cubides, presidente—Adriana Polanía Polanía, árbitro—Fernando Montoya Mateus, árbitro. 

Mario Posada García-Peña, secretario. 

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