Laudo Arbitral

Rafael De Urbina Gaviria

v.

Banco de Colombia, Bancolombia

Diciembre 7 de 2001

Laudo arbitral

CAPÍTULO I

Trámite prearbitral

1. Solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento

Mediante escrito presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el día 24 de octubre de 2000, el abogado Manuel De Urbina Gaviria, actuando en nombre y representación de Rafael De Urbina Gaviria, presentó solicitud de convocatoria de tribunal arbitral con el propósito de que este resolviera las disputas surgidas entre su mandante y el Banco de Colombia, Bancolombia.

2. El pacto arbitral

La solicitud de convocatoria tuvo fundamento en la cláusula compromisoria contenida en el “contrato de servicios profesionales de abogado”, celebrado entre el demandante, Rafael De Urbina Gaviria y el demandado Banco de Colombia, Bancolombia, en el mes de mayo de 1991. Dicho contrato dispone en su numeral 4º:

“Cláusula compromisoria: Toda disputa que genere la aplicación de este contrato, incluyendo toda controversia en materia de honorarios, se someterá a un único árbitro designado por la Cámara de Comercio más cercana al lugar de la competencia territorial del proceso, para decisión en derecho”.

3. Demanda y contestación

Presentada la solicitud arriba referida y modificada la demanda en cuanto a las declaraciones y condenas, según escrito recibido el 16 de noviembre de 2000, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la admitió mediante auto de noviembre 28 de 2000 y en la misma providencia ordenó correr traslado de la solicitud a la parte demandada.

Notificada la demanda el 28 de diciembre de 2000, Bancolombia dio contestación a la misma mediante escrito presentado el día 9 de enero de 2001.

Oportunamente se surtió el trámite previsto en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil.

4. Audiencia de conciliación

El 13 de febrero de 2001 se llevó a cabo audiencia de conciliación ante el funcionario competente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; en ella estuvieron presentes las partes y sus apoderados pero se hizo evidente la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio.

5. Nombramiento de árbitro

Mediante auto de febrero 22 de 2001 el centro de arbitraje y conciliación comunicó a las partes respecto del nombramiento del doctor Rafael Gómez Rodríguez, en calidad de árbitro único.

6. Audiencia de instalación

En audiencia llevada a cabo el 16 de marzo de 2001, el tribunal se declaró legalmente instalado y procedió a señalar las sumas correspondientes a honorarios del árbitro único, honorarios del secretario, gastos de funcionamiento y administración del centro de arbitraje y otros gastos. Las partes fueron notificadas en estrados.

7. Consignación de honorarios y gastos del tribunal

Dentro de la oportunidad legal cada un de las partes procedió a consignar ante el árbitro único la proporción correspondiente de honorarios y gastos señalada por el tribunal de conformidad con lo dispuesto en la ley; por esta razón, el tribunal señaló, mediante auto 2 de abril 5 de 2001, fecha para llevar a cabo la primera audiencia de trámite.

CAPÍTULO II

Trámite arbitral

1. La primera audiencia de trámite

En audiencia llevada a cabo el día 26 de abril de 2001, de la cual da cuenta el acta 3 de la fecha, el tribunal procedió a resolver, primero respecto de su propia competencia para conocer del presente asunto y, segundo, respecto de las pruebas pedidas por las partes.

En relación con la competencia del tribunal, mediante auto 3 de la fecha resolvió: “Sin perjuicio de lo que se resuelva en el laudo, declararse competente para conocer y decidir en derecho las controversias surgidas entre Rafael De Urbina Gaviria y el Banco de Colombia, Bancolombia, determinadas en el escrito de la demanda formulada por la parte convocante”.

En contra de la citada providencia interpuso recurso de reposición el señor apoderado de la parte demandada, recurso este que fue resuelto desfavorablemente y la providencia confirmada.

En relación con las pruebas pedidas por las partes el tribunal, mediante auto 5 de abril 26, decretó la práctica de aquellas que consideró pertinentes y dispuso sobre algunos oficios de manera oficiosa. En contra de este auto no se interpuso ningún recurso.

2. La etapa probatoria

De conformidad con lo dispuesto por el tribunal en auto 5 de abril 26 de 2001, los oficios y despachos ordenados fueron librados y la respuesta a los mismos se recibió y agregó al expediente informando de manera oportuna a las partes. Los testimonios e interrogatorios de parte decretados fueron recepcionados y las transcripciones respectivas se pusieron en conocimiento de las partes para los efectos legales. Los dictámenes periciales decretados se practicaron y la contradicción de los mismos tuvo lugar en su oportunidad. Con este propósito se llevaron a cabo quince (15) audiencias de trámite de las cuales dan cuenta las actas respectivas.

3. La audiencia de conciliación

Con el propósito de intentar un arreglo conciliatorio dentro del proceso, el tribunal citó a las partes con sus respectivos apoderados a una audiencia de conciliación el día 2 de noviembre de 2001. La audiencia se llevó a cabo con la participación de los citados pero la conciliación no tuvo resultados positivos como consecuencia de la gran distancia existente entre las posiciones de las partes.

4. La audiencia de alegatos

El día 27 de noviembre se llevo a cabo la audiencia de alegatos dentro de la cual las partes tuvieron la oportunidad de exponer sus posiciones respecto del presente proceso arbitral. Ambas partes hicieron entrega de escritos conteniendo sus alegaciones.

CAPÍTULO III

Síntesis del proceso

1. La demanda

El abogado Rafael De Urbina Gaviria, representado judicialmente en este proceso por el abogado Manuel De Urbina Gaviria, presentó demanda en contra del Banco de Colombia, Bancolombia.

1.1. Hechos en que se fundamenta: A manera de extracto y con el propósito de servir como parte integrante del presente laudo, los principales hechos en que se fundamenta la demanda son los siguientes:

1.1.1. Rafael De Urbina prestó sus servicios como abogado externo de Bancolombia desde el segundo semestre del año 1988. Entre los servicios prestados se encontraban los de cobro de cartera, estudio de títulos y asesoría jurídica en otros aspectos.

1.1.2. Entre los años 1986 y 1990, bajo la vicepresidencia jurídica del doctor Eduardo Cifuentes, el banco confió al demandante el manejo de asuntos de considerable importancia.

1.1.3. En el año 1991, como consecuencia de la salida del doctor Cifuentes Muñoz y la consecuente designación del doctor Maximiliano Echeverry, el banco concretó las gestiones asignadas al demandante Rafael De Urbina a la de cobro de cartera judicial.

1.1.4. En desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales, el demandante actuó en calidad de apoderado judicial, en los siguientes procesos ejecutivos: (En la demanda el demandante efectúa una pormenorizada narración de hechos relativos a cada proceso, los cuales este tribunal habrá de considerar pero omitirá transcribirlos en el laudo).

A. Proceso ejecutivo contra sociedad Vías de Colombia Limitada Viacol Ltda., y otros. La demanda en este proceso se presentó el 5 de agosto de 1993 y su trámite correspondió al Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá.

B. Proceso ejecutivo contra Fabio Henao Mejía y Guillermo Benavides Hermina. La demanda en este proceso se presentó el 7 de noviembre de 1987 y su trámite correspondió al Juzgado 7 Civil del Circuito de Bogotá.

C. Proceso ejecutivo contra Servicios de Asesoría Técnica Seatec Ltda., Édgar Polo Florez y otros. La demanda en este proceso se presentó el 26 de enero de 1989 y su trámite correspondió al Juzgado 14 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.

D. Proceso ejecutivo contra Alujar Limitada y otros. La demanda en este proceso debió ser presentada en el mes de junio de 1993 (el demandante no indica la fecha exacta) y su trámite correspondió al Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá.

E. Proceso ejecutivo contra Nasser Lezca y Cía. Ltda., Rafael De Urbina se hizo cargo de este proceso desde agosto de 1994, fecha en que aceptó la sustitución del poder de otro abogado a petición del Banco de Colombia. El proceso se adelantaba ante el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá.

F. Proceso ejecutivo mixto contra Aceites Ricamesa Ltda. y otros. La demanda en este proceso debió presentarse en abril de 1994 (el demandante no precisa la fecha) y el proceso correspondió al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

G. Proceso ejecutivo contra Carlos Enrique González Escobar. Este proceso se inició en agosto de 1994 (el demandante no precisa la fecha de presentación de la demanda) y correspondió al Juzgado 16 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.

H. Proceso ejecutivo mixto contra Aceros y Eléctricos Limitada “Aseltec Ltda.”, y otros. La demanda en este proceso fue presentada el 27 de enero de 1995 y su trámite correspondió al Juzgado 31 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.

1.1.5. En el año 1973 el demandante Rafael De Urbina abrió una cuenta corriente en la oficina del Centro Internacional del Banco de Colombia y desde esa fecha hasta el año 1996 mantuvo relaciones cordiales con dicha entidad, en calidad de cuenta-corrientista y tarjeta-habiente al que se le concedían constantes sobregiros y se le otorgaban créditos por diferentes valores. Las buenas relaciones de esa oficina con el demandante se hicieron extensibles a su señora esposa María Victoria Gálvis y a la sociedad Ingraf Ltda.

1.1.6. Rafael De Urbina, directamente o en asocio con su cónyuge, adquirió tres créditos hipotecarios, dos con la Corporación Colmena y uno con la Corporación Las Villas, con el objeto de financiar la compra de dos oficinas y un apartamento. (El demandante omite indicar la fecha de adquisición de los créditos y el monto original de estos).

1.1.7. Rafael De Urbina es cliente de la tarjeta de crédito Diners Club, hoy Banco Superior, desde el año 1974.

1.1.8. Entre 1973 y 1995 el demandante, Rafael De Urbina, nunca estuvo reportado en ninguna central de riesgos del sector financiero.

1.1.9. Desde el momento en que el Banco de Colombia se negó, en el mes de octubre de 1996, a pagar a Rafael De Urbina los honorarios causados por la cobranza obtenida dentro del proceso ejecutivo contra Viacol Ltda., el demandante entró en mora en el pago de varias obligaciones con el mismo Banco de Colombia y fue reportado a la central de crédito lo cual le cerró la oportunidad de conseguir re-financiación o nuevos créditos con nuevas entidades financieras.

1.1.10. Al vencimiento de las obligaciones crediticias de Rafael De Urbina frente al Banco de Colombia, siguió, como reacción en cadena, el vencimiento de las obligaciones frente al uso de las tarjetas de crédito y el vencimiento de las obligaciones por los créditos hipotecarios. Viendo en peligro su patrimonio y ante la imposibilidad de adquirir nuevos créditos (se afirma en la demanda) Rafael De Urbina se vio forzado a vender, a un precio a todas luces desfavorables, una de las oficinas que años antes había adquirido.

1.1.11. Con el fin de normalizar los pagos al Banco de Colombia, Rafael De Urbina pignoró en favor de la entidad los honorarios que debían corresponderle por su gestión como abogado ejecutor dentro del proceso seguido contra Viacol Ltda. A pesar de la mencionada pignoración de honorarios, a juicio del demandante la pretendida compensación no fue bien imputada y el acreedor no logró liberar la totalidad de sus créditos con el Banco de Colombia.

1.1.12. Hasta la fecha el Banco de Colombia sigue haciendo figurar al demandante y a su cónyuge en la lista negra de deudores morosos de entidades financieras.

1.1.13. En diciembre de 1997 y en junio de 1998 Rafael De Urbina solicitó al Banco de Colombia nombrar nuevos abogados para efectos de sustituir el poder que le había sido conferido; ante el silencio del banco el demandante renunció a los poderes dentro de los procesos que para la fecha aún atendía a nombre del banco. Respecto de su actuación como abogado dentro de estos procesos (el demandante afirma relacionarlos en particular pero al final omite hacerlo), Rafael De Urbina no ha recibido ningún reconocimiento por concepto de honorarios.

1.2. Pretensiones del demandante: De conformidad con el escrito de reforma de la demanda presentado el 16 de noviembre de 2000 y visto a folio 67 del cuaderno principal 1, el demandante pretende que el tribunal efectúe las declaraciones y condenas que, para efectos del presente laudo, se extractan a continuación:

1.2.1. Que se declare que existió un contrato de servicios profesionales independientes de abogado entre el Banco de Colombia hoy Bancolombia —sucursal Centro Internacional— y el demandante Rafael De Urbina Gaviria.

1.2.2. Que se declare la nulidad (parcial) del arriba referido contrato, en cuanto a la cláusula tercera reguladora de los honorarios en favor del contratista.

1.2.3. Que se declare que el demandado, Bancolombia, está obligado a remunerar al demandante, Rafael De Urbina Gaviria, el trabajo realizado en los siguientes procesos:

A. Ejecutivo del Banco de Colombia contra Asesorías Técnicas Seatec Ltda., y otros, adelantado ante el Juzgado 14 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.

B. Ejecutivo del Banco de Colombia contra Alujar Limitada y otros, adelantado ante el Juzgado 14 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.

C. Ejecutivo del Banco de Colombia contra Aceites Ricamesa Ltda. y otros, adelantado ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.

D. Ejecutivo del Banco de Colombia contra Carlos Enrique González Escobar, adelantado ante el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá.

E. Ejecutivo del Banco de Colombia contra Aceros y Eléctricos Limitada “Acelec Ltda.” y otros, adelantado ante el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá.

F. Ejecutivo del Banco de Colombia contra Vías de Colombia Limitada “Viacol Ltda.” y otros, adelantado ante el Juzgado 23 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. Respecto de este último la pretensión se limita a la gestión adicional adelantada por el abogado a partir del auto de adjudicación del inmueble hipotecado.

1.2.4. Que, como consecuencia de las tres declaraciones anteriores, se profieran por el tribunal las siguientes condenas:

A. Condenar al Banco de Colombia —sucursal Centro Internacional— a pagar al demandado la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) o la suma que se determine pericialmente por concepto de honorarios profesionales como consecuencia de la gestión de cobro judicial adelantada dentro del ejecutivo del Banco de Colombia contra Aceites Ricamesa y otros, causados a partir del 12 de agosto de 1998, más los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal y la corrección monetaria, a partir de dicha fecha y hasta el día en que se realice el pago.

B. Condenar al Banco de Colombia —sucursal Centro Internacional— a pagar al demandado la suma de un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) o la suma que se determine pericialmente por concepto de honorarios profesionales como consecuencia de la gestión de cobro judicial adelantada dentro del ejecutivo del Banco de Colombia contra Carlos Enrique González Escobar, causados a partir del 12 de agosto de 1998, más los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal y la corrección monetaria, a partir de dicha fecha y hasta el día en que se realice el pago.

C. Condenar al Banco de Colombia —sucursal Centro Internacional— a pagar al demandado la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000) o la suma que se determine pericialmente por concepto de honorarios profesionales como consecuencia de la gestión de cobro judicial adelantada dentro del ejecutivo del Banco de Colombia contra Aceros y Eléctricos Limitada, “Aseltec Ltda.”, y otros, causados a partir del 12 de agosto de 1998, más los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal y la corrección monetaria, a partir de dicha fecha y hasta el día en que se realice el pago.

D. Condenar al Banco de Colombia —sucursal Centro Internacional— a pagar al demandado la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) o la suma que se determine pericialmente por concepto de honorarios profesionales como consecuencia de la gestión de cobro judicial adelantada dentro del ejecutivo del Banco de Colombia contra Seatec Ltda., y otros, causados a partir del 12 de agosto de 1998, más los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal y la corrección monetaria, a partir de dicha fecha y hasta el día en que se realice el pago.

E. Condenar al Banco de Colombia —sucursal Centro Internacional— a pagar al demandado la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000) o la suma que se determine pericialmente por concepto de honorarios profesionales como consecuencia de la gestión de cobro judicial adelantada dentro del ejecutivo del Banco de Colombia contra Alujar Limitada y otros, causados a partir del 12 de agosto de 1998, más los intereses de mora liquidados a la tasa máxima legal y la corrección monetaria, a partir de dicha fecha y hasta el día en que se realice el pago.

1.2.5. Que se declare que el contrato señalado en la pretensión primera fue incumplido por el Banco de Colombia hoy Bancolombia —sucursal Centro Internacional— en relación con los siguientes procesos:

A. Ejecutivo contra Vías de Colombia Limitada “Viacol Ltda.”, y otros adelantado ante el juzgado 23.

B. Ejecutivo contra Aceites Ricamesa y otros, adelantado ante el juzgado 26.

C. Ejecutivo contra Asesorías Técnicas Seatec Ltda., y otros adelantado ante el juzgado 14.

1.2.6. Que se declare que el anterior (sic) incumplimiento del contrato causó al demandante, Rafael De Urbina Gaviria, innumerables perjuicios.

1.2.7. Que se declare adicionalmente (sic) que el Banco de Colombia —hoy Bancolombia— sucursal Centro Internacional, también incumplió la cláusula 2.2. del contrato al no reembolsar al demandante la suma de $ 150.000 que pagó al secuestre en el mes de noviembre de 1996. Esto dentro del proceso contra Viacol.

1.2.8. Que se declare que el Banco de Colombia —hoy Bancolombia— sucursal Centro Internacional incumplió por omisión el contrato de servicios profesionales suscrito con el demandante, al abstenerse de iniciar la respectiva acción penal, cuyo objeto era el de recuperar el Equipo Bulldozer dado en garantía. Esto dentro del proceso contra Viacol.

1.2.9. Que como consecuencia de las declaraciones cuarta, quinta, sexta y séptima (1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., y 1.2.8. en este laudo), se profieran contra el Banco de Colombia —hoy Bancolombia— sucursal Centro Internacional y a favor del demandante Rafael De Urbina, las siguientes condenas:

A. En relación con el ejecutivo contra Viacol y otros:

a) Condenar a Bancolombia a pagar a Rafael De Urbina la cantidad de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) por concepto de honorarios pagados al secuestre designado por el juzgado, más los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal y la corrección monetaria a partir del 22 de noviembre de 1996;

b) Condenar a Bancolombia a pagar a Rafael De Urbina la cantidad de diez millones de pesos ($ 10.000.000) por concepto de valor de honorarios profesionales por las gestiones adicionales adelantadas después de la adjudicación del inmueble al banco;

c) Condenar a Bancolombia a pagar a Rafael De Urbina los perjuicios de todo orden, los cuales estima el demandante en la suma de trescientos millones de pesos ($ 300.000.000) o la suma que se determine pericialmente (estos perjuicios se desprenden de las razones aducidas por el demandante en la pretensión cuarta principal de la demanda, razones estas que serán consideradas por el tribunal pero que no se relacionan en este acápite por ser consideradas hechos y no pretensiones), y

d) Condenar a Bancolombia a pagar a Rafael De Urbina la suma de doce millones de pesos ($ 12.000.000) o la que se determine pericialmente, por los perjuicios causados por el Banco por su conducta omisiva al no formular el denuncio penal contra Viacol con el fin de lograr la recuperación de equipo dado en garantía y así poder obtener el recaudo total de la obligación.

B. En relación con el ejecutivo contra Jorge Mesa Ospina, Aceites Ricamesa y otros:

a) Condenar a Bancolombia apagar a Rafael De Urbina la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000) valor en que se estiman los honorarios causados como consecuencia de la omisión culposa del banco en realizar las gestiones necesarias para garantizar el recaudo total de la obligación.

C. En relación con el ejecutivo contra Seatec:

a) Condenar a Bancolombia a pagar a Rafael De Urbina la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) valor en que se estiman los honorarios causados como consecuencia de la omisión culposa del banco en realizar las gestiones necesarias para garantizar el recaudo de la totalidad de la obligación.

1.2.10. Condenar a la sociedad demandada al pago de las costas y agencias en derecho que esta acción genere.

2. Contestación de la demanda

Por intermedio del abogado José Antonio Mojica, el Banco de Colombia —Bancolombia—, en su calidad de demandado procedió a dar contestación a la demanda, mediante escrito visto a folio 96 del cuaderno principal 1.

2.1. Posición del demandado frente a los hechos: La parte demandada se pronuncia en relación con todos y cada uno de los hechos alegados y enumerados por el demandante, aceptando como ciertos muchos de ellos, negando la veracidad o el planteamiento respecto de otros y manifestando su desconocimiento respecto de aquellos hechos en que el demandante se refiere a sus relaciones con terceros.

2.2. Posición del demandado frente a las pretensiones: La parte demandada se opone a que las declaraciones y condenas pretendidas por el demandante sean despachadas favorablemente por el tribunal.

2.3. Excepciones: para fundamentar su defensa el banco demandado propuso las siguientes excepciones:

2.3.1. Cumplimiento del contrato por Bancolombia.

2.3.2. Inexistencia de nulidad relativa prescripción extintiva.

2.3.3. Inexistencia de responsabilidad de Bancolombia.

2.3.4. Improcedencia de la solicitud de mínimo vital.

2.3.5. Ejecución contractual de buena fe por Bancolombia

2.3.6. No causación de honorarios.

2.3.7. Cobro de lo no debido.

2.3.8. Enriquecimiento sin causa.

2.3.9. Genérica conforme al artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.

3. Acervo probatorio estimado por el tribunal

3.1. Pruebas documentales: El material probatorio de tipo documental recibido dentro de este proceso lo constituyen los documentos aportados por el demandante como anexo de su demanda y las respuestas dadas a los oficios librados por el tribunal conforme a lo dispuesto en auto 5 de abril 26 de 2001. De conformidad con lo anterior se relaciona a continuación el siguiente material:

3.1.1. Prueba documental relacionada con el contrato de servicios profesionales de abogado celebrado entre el demandante y el banco demandado (fls. 1 a 12, cdno. de pbas. 1).

3.1.2. Informes sobre negocios a cargo presentados por Rafael De Urbina a Bancolombia y cruce de correspondencia relativo a las diferencias surgidas entre las partes con ocasión de la renuncia del abogado (fls. 13 a 55, cdno. de pbas. 1).

3.1.3. Documentación relativa al proceso ejecutivo seguido por el banco demandado contra Viacol y otros (fls. 56 a 238, cdno. de pbas. 1).

3.1.4. Documentación relativa al proceso ejecutivo seguido por el banco demandado contra Fabio Mejía Henao y otro (fls. 239 a 269, cdno. de pbas. 1).

3.1.5. Documentación relativa al proceso ejecutivo seguido por el banco demandado contra Seatec Ltda., y otros (fls. 270 a 304, cdno. de pbas. 1).

3.1.6. Documentación relativa al proceso ejecutivo seguido por el banco demandado contra Alujar Ltda., y otros (fls. 305 a 340, cdno. de pbas. 1).

3.1.7. Documentación relativa al proceso ejecutivo seguido por Bancolombia contra Aceites Ricamesa y otros (fls. 341 a 484 y fls. 607 a 627, cdno. de pbas. 1).

3.1.8. Documentación relativa al proceso ejecutivo seguido por el banco demandado contra Carlos Enrique González (fls. 484 a 509 y fls. 603 a 605, cdno. de pbas. 1).

3.1.9. Documentación relativa al proceso ejecutivo seguido por el banco demandado contra Acelec Ltda., y otros (fls. 510 a 596, cdno de pbas. 1).

3.1.10. Documentación relativa al proceso ejecutivo seguido por Bancolombia contra Nasser Lezca (fls. 597 a 602, cdno. de pbas. 1).

3.1.11. Tercera copia de la escritura pública 1562 de julio 8 de 1997, mediante la cual Rafael De Urbina Gaviria y otra venden un inmueble a Luis Álvaro Castillo.

3.1.12. Documentación varia aparentemente relacionada con trabajos efectuados por el doctor Rafael De Urbina al Banco de Colombia antes de 1990 (fls. 651 a 695, cdno. de pbas. 1).

3.1.13. Documentos recibidos en respuesta al oficio 1 de mayo 8 de 2001, dirigido por el tribunal a la Corporación Colmena (fls. 258 a 253, cdno. ppal. 1).

3.1.14. Documentos recibidos en respuesta al oficio 2 de mayo 8, dirigido por el tribunal a la Corporación Ahorramás (hoy AV Villas) (fls. 445 a 456, cdno. ppal. 2).

3.1.15. Documentos recibidos en respuesta al oficio 3 de mayo 8, dirigido por el tribunal al Banco de Colombia (fls. 298 a 300, cdno. ppal. 1).

3.1.16. Documentos recibidos en respuesta al oficio 4 de mayo 8, dirigido por el tribunal al Banco Superior (fls. 1 a 255, cdno. ppal. 2).

3.1.17. Información recibida en respuesta al oficio 5 de mayo 8 de 2001, dirigido por el tribunal a la Asociación Bancaria (Cifin) (fls. 241 a 243 y 337 a 341, cdno. ppal. 1).

3.1.18. Información recibida en respuesta al oficio 6 de mayo 8 de 2001, dirigido por el tribunal a Covinoc (fls. 218 y 284, cdno. ppal. 1).

3.1.19. Fotocopias recibidas en respuesta al oficio 7 de mayo 8 de 2001, dirigido por el tribunal al Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá (fls. 398 a 431, cdno. ppal. 2).

3.1.20. Fotocopias recibidas en respuesta al oficio 8 de mayo 8 de 2001, dirigido por el tribunal al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá (fls. 282 a 336, cdno. ppal. 2).

3.1.21. Información recibida en respuesta al oficio 9 de mayo 8 de 2001, dirigido por el tribunal al Banco de Colombia (departamento de contabilidad) (fl. 396, cdno. ppal. 1).

3.1.22. Información recibida en respuesta al oficio 10 de julio 9 de 2001, dirigido por el tribunal al Banco de Colombia (vicepresidencia jurídica) (fls. 285 a 294, cdno. ppal. 1).

3.2. Prueba testimonial: de conformidad con lo solicitado por las partes, el tribunal decretó y recibió las declaraciones de los siguientes testigos: Maximiliano Echeverri (fls. 1 a 8, cdno. de pbas. 2); Manuel Rubén García (fls. 9 a 12, cdno. de pbas. 2); Martha Coral (fls. 13 a 22 cdno. de pbas. 2), Mauricio Agudelo (fls. 23 a 29, cdno. de pbas. 2) y Ruth Jara Ussa (fls. 157 a 162, cdno. de pbas. 2). Para el tribunal no fue posible recibir la declaración de Lida Marcela Escobar por cuanto la testigo ya no estaba trabajando en el Banco de Colombia y la parte interesada en la prueba manifestó desconocer su paradero actual (fl. 173, cdno. ppal. 1). Todas las declaraciones de los testigos fueron transcritas y las versiones puestas a disposición de las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil. En relación con el testigo Eduardo Cifuentes Muñoz el tribunal procedió de conformidad con lo previsto en el artículo 222 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia recibió la declaración del doctor Cifuentes por escrito mediante documento que obra a folio 406 del cuaderno principal 1.

3.3. Interrogatorios de parte: el tribunal arbitral recibió los interrogatorios de parte absueltos por el demandante Rafael De Urbina Gaviria y por la representante legal del banco demandado, Sol Beatriz Jaramillo Tamayo. Las respectivas versiones fueron transcritas y puestas a disposición de las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil (fls. 30 a 45, cdno. de pbas. 2).

3.4. Prueba pericial: A solicitud de la parte demandante y con la finalidad de “establecer perjuicios”, el tribunal decretó la práctica de dos dictámenes periciales así:

3.4.1. Un dictamen pericial para determinar honorarios, a efectos de lo cual se nombró a los abogados René Betancur y Laureano Rosero (fls. 167 y 208, cdno. ppal. 1). Los señores peritos tomaron posesión del cargo en audiencia llevada a cabo el día 5 de junio de 2001. El dictamen fue presentado el día 12 de julio de 2001 y aclarado a solicitud de parte mediante escrito presentado el día 10 de agosto siguiente (fls. 76 a 103 y 148 a 155, cdno. de pbas. 2). Mediante escrito presentado el día 17 de agosto de 2001 la parte demandante objetó por error grave el dictamen pericial, pero el tribunal después de correr traslado de la solicitud decidió, mediante auto 15 de agosto 31 de 2001, abstenerse de darle trámite por cuanto la respectiva petición no reunía los requisitos legales (fl. 400, cdno. ppal. 1).

3.4.2. Un dictamen pericial para “establecer perjuicios de orden financiero”, a efectos de lo cual el tribunal, a falta de acuerdo de las partes, nombró a las doctoras Ana Matilde Cepeda (contador público) y Esperanza Ortiz (economista). (fls. 168 y 208, cdno. ppal. 1). Las peritos tomaron posesión del cargo en audiencia llevada a cabo el día 5 de junio de 2001; el dictamen pericial respectivo fue entregado al tribunal el día 26 de julio de 2001 y el escrito de aclaraciones y complementaciones solicitadas por las partes fue entregado el día 30 de agosto siguiente (fls. 105 a 144 y fls. 171 a 214, cdno. de pbas. 2). Este dictamen pericial también fue objetado por error grave por la parte demandante, la objeción fue tramitada por el tribunal y como prueba se decretó y practicó un nuevo dictamen pericial. Los encargados de este dictamen fueron los contadores públicos Édgar Fernando Nieto y Carmen Rosa Cortes, quienes presentaron su trabajo al tribunal el día 9 de octubre y las aclaraciones y complementaciones respectivas el día 29 del mismo mes (fls. 251 a 269 cdno. de pbas. 2). La objeción a este dictamen habrá de resolverse más adelante dentro del presente laudo.

4. Alegaciones de las partes

Durante la audiencia de alegatos, los apoderados hicieron un corto uso de la palabra y manifestaron al tribunal remitirse a las alegaciones escritas que en la misma fecha entregaron. De dichos escritos resulta pertinente resaltar algunos aspectos para efectos del presente laudo.

4.1. Alegatos de la parte demandante: El demandante presenta sus alegatos reiterando una a una las pretensiones de la demanda. En relación con la pretendida nulidad del contrato, el demandante efectúa una enumeración de lo que denomina “argumentos de orden jurídico” entre los cuales encontramos: la afirmación del demandante en el sentido de que el contrato suscrito por el abogado es un contrato de adhesión en el cual el contratista es la parte débil; el artículo 13 de nuestra Constitución Política; el artículo 25 de la Constitución Política; y el artículo 53 de la Constitución Política. Más adelante el demandante se refiere a las peticiones condenatorias consecuenciales de la declaración de nulidad y al respecto efectúa un análisis crítico de la labor desempeñada por los peritos abogados. Igualmente el demandante efectúa un análisis crítico de la labor desempeñada por los peritos encargados de adelantar la valoración o estimación de los denominados “perjuicios de orden financiero” pretendidos por el demandante como consecuencia de la declaración de incumplimiento del banco demandado en el pago de los honorarios correspondientes al proceso de Viacol. Estos y todos los demás argumentos esgrimidos por el demandante dentro de su alegato habrán de ser tenidos en cuenta por el juzgador en las consideraciones del presente laudo.

4.2. Alegatos de la parte demandada: Por su parte Bancolombia presenta unos alegatos más esquemáticos y concretos, efectuando un análisis de cada una de las pretensiones del demandante, reiterando el planteamiento de las excepciones por él oportunamente propuestas y efectuando un análisis probatorio que lo llevan a concluir lo siguiente: (i) Que no existe ningún vicio que afecte la validez del contrato de prestación de servicios celebrado entre el demandante y el banco demandado; (ii) Que la solicitud de nulidad es extemporánea, al haber transcurrido el cuatrienio contemplado por la ley para el efecto; (iii) Que el banco no incumplió el contrato de prestación de servicios, pagando conforme a lo pactado, es decir en la medida que se contabilizara el recaudo, los honorarios causados a favor del actor. Que la supuesta negligencia de funcionarios del banco, se desvirtúa con la misma declaración del Dr. Rafael De Urbina, quien por su especial condición conoce los lapsos que pueden pasar para una adjudicación; (iv) Que no se incluyeron, en la liquidación adicional hecha por el juzgado, las costas judiciales supuestamente debidas, conforme al procedimiento pactado en el contrato; (v) El adelantar denuncias penales contra los clientes del banco, no es una prestación debida al apoderado conforme al contrato, por lo que no se puede pretender un incumplimiento con base en el mismo; y por último, (vi) Que como no se verificaron los supuestos de hecho que sirven de sustento de las pretensiones principales no están llamadas a prosperar las consecuenciales.

5. Presupuestos procesales y materiales

De acuerdo con todo lo analizado hasta este punto respecto del trámite del presente proceso arbitral, el tribunal encuentra que se hallan reunidos los presupuestos procesales y materiales, que le permiten proceder a dictar laudo de mérito, en derecho, en los términos que se consignan a continuación:

CAPÍTULO IV

Consideraciones del tribunal

Con el fin de acometer el estudio del proceso arriba sintetizado, el tribunal procederá a analizar uno a uno los temas implicados en las pretensiones declarativas de la demanda y con base en lo allí decidido determinará si hay lugar o no a estudiar las pretensiones consecuenciales. Finalmente el tribunal acometerá el estudio de las excepciones propuestas por la parte demandada y se pronunciará, como es su deber, respecto de la objeción al dictamen pericial rendido por las peritos Ortiz y Cepeda.

1. Contrato de servicios profesionales de abogado

1.1. Existencia del contrato

La pretensión primera de la demanda, vista a folio 68 del cuaderno principal 1, tiende, básicamente, a que el tribunal declare la existencia de un contrato de servicios profesionales abogado, entre el demandante y el demandado.

De manera antitécnica, en cuanto atenta en contra del requisito de claridad de las pretensiones exigido en el numeral 5º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, el demandante adiciona una serie de hechos y/o condiciones a su pretensión declaratoria tales como: que, el mencionado contrato fue suscrito inicialmente el segundo semestre de 1980 y posteriormente modificado varias veces; que luego fue sustituido por el contrato suscrito el 21 de mayo de 1991 y luego fue modificado parcialmente en enero 12 de 1995 y en mayo 29 de 1998; y que el mencionado contrato fue adherido por el demandante con un propósito inicial que también cambió con el paso de los años.

Probado resulta para este tribunal, que las partes suscribieron un documento denominado “contrato de servicios profesionales de abogado”, que obra a folio 2 del cuaderno de pruebas 1 y que dicho documento además de regular las relaciones entre el banco demandado y el abogado demandante, contiene en su cláusula cuarta la cláusula compromisoria en que fundamenta su competencia el presente tribunal.

Respecto de la existencia de ese contrato y las modificaciones posteriores no existe divergencia entre las partes. El mismo demandado lo aceptó tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión (fl. 97 cdnos. ppal. 1 y fl. 477 cdno. ppal. 2). Distinta es la conclusión respecto de la existencia de un contrato o relación jurídica anterior al 21 de mayo de 1991 y respecto de la concepción sobre la naturaleza misma del contrato celebrado.

1.2. Relación jurídica anterior al 21 de mayo de 1991

Para este tribunal es claro que, independientemente de la existencia o no de un contrato de servicios profesionales de abogados entre demandante y demandado con anterioridad a la fecha 21 de mayo de 1991 y de lo que al respecto se haya probado dentro del proceso, esta relación por ningún motivo está cubierta por la cláusula compromisoria pactada entre las partes el 21 de mayo de 1991 y por consiguiente no es de su competencia pronunciarse al respecto.

1.3. Naturaleza jurídica del contrato

Bien sabemos que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Es el acuerdo de voluntades cuya finalidad consiste en generar obligaciones.

El contrato en cuestión es bilateral, principal, consensual, y regula la relación entre el banco convocado y el abogado convocante, que en el medio en el cual actúa se denomina “abogado externo” y quien se dedica a la recuperación de la cartera morosa del banco. Las condiciones bajo las cuales debe desarrollar la labor el abogado externo las tiene preestablecidas el banco, lo cual ha llevado al demandante a decir, erróneamente, que se trata de un contrato en el cual no se le permitió discutir ninguna de las cláusulas, como si esto fuera lesivo a sus derechos.

Debe tenerse en cuenta que en derecho el consentimiento se define como el acuerdo de dos o más voluntades sobre un mismo objeto jurídico y que uno de los principales aspectos o aplicación de la voluntad es la libertad contractual, que es la que tiene los particulares para celebrar los contratos que les plazcan. En general, en materia contractual la ley reglamenta las relaciones jurídicas, como lo habrían hecho las mismas partes. Por consiguiente, las normas legales solo se aplican en el silencio de estas, que pueden sujetarse a ellas o sustituirlas por otras reglas de su elección, con el único límite de respetar el orden público y las buenas costumbres.

En el “Vocabulario Jurídico” de Capitant, se nos indica que contrato de adhesión es la “Expresión con la cual se designan ciertos contratos cuyas cláusulas esenciales son fijadas anticipadamente por una de las partes, para todas las personas que traten con ellas, como por ejemplo las pólizas de seguros ...”(1).

No comparte por lo tanto el tribunal el criterio del convocante, quien encuentra en el contrato que suscribió libremente, para prestar sus servicios como abogado independiente con el banco, un acuerdo que vulnera sus derechos a punto de requerir a su favor la protección del estado por encontrarse en condiciones de debilidad manifiesta ante la institución que requirió sus servicios para la defensa de sus intereses, en un acto de confianza absoluto.

Además cabe observar que no aparecen en los documentos, testimonios o declaraciones, ninguno de los factores que vician el consentimiento.

Analiza brevemente el tribunal el aspecto según el cual hay discrepancia entre las partes sobre el momento en el cual el abogado independiente y hoy demandante, tiene derecho a recibir el honorario pactado. Para el efecto, conviene establecer si la obligación que adquirió el abogado independiente, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios profesionales, es de las llamadas de medio o de resultado y ver su diferencia.

Así, afirma Suescún Melo que la distinción obedece a una teoría de Demogue, según la cual “en las obligaciones de resultado, como su denominación lo indica, el deudor está obligado a cumplir un propósito especifico o a llegar a un resultado dado, el cual garantiza, de manera que no le basta al obligado tomar las medidas enderezadas al lograr el resultado, sino que efectivamente debe lograrlo. En las obligaciones de medio lo que se exige del deudor es que obre con diligencia y acuciosidad y emplee los medios a su disposición para alcanzar también un resultado, pero en este caso sin garantizarlo, por cuanto dicho resultado excede lo que el acreedor podría razonablemente exigir al deudor”(2).

La estructura del contrato así como el objeto del mismo, llevan al tribunal a concluir que la obligación pactada es de resultado, vale de decir, de recaudar el dinero adeudado o recibir los bienes del deudor que lo reemplacen y solo cuando aquel o estos ingresen al patrimonio del banco, se habrá obtenido el resultado propuesto y se hace exigible el pago por la labor adelantada.

2. Nulidad parcial del contrato

La tacha de un acto público o privado que la ley priva de validez y de eficacia jurídica por adolecer de vicios o defectos constituye una nulidad. Las nulidades son siempre taxativas de manera que deben estar expresamente consagradas en la ley.

De las razones, que no causales, expuestas por el demandante para solicitar declaratoria de nulidad de la cláusula tercera del contrato de servicios profesionales de abogado, deduce el tribunal, que la nulidad alegada es relativa, ya que presuntamente atenta contra los intereses individuales de una de las partes. De ellas trata el artículo 1743 del Código Civil, el cual también nos informa que esta clase de nulidades se sanean por el lapso del tiempo ¿y cuál es ese intervalo durante el cual se puede alegar la nulidad y pedir la rescisión? Nos lo indica el artículo 1750 del estatuto civil así: “El plazo para pedir la rescisión durara cuatro años. Este cuatrienio se contara en el caso de violencia, desde el día en que esta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato”.

Como quiera que en el caso de autos el contrato se celebró en el año 1991, a la fecha de la presentación de la demanda, 24 de octubre de 2000 se encuentra suficientemente saneada la cláusula objeto de censura, la cual no se modificó en las posteriores renovaciones del contrato. Lo anterior exime al tribunal de profundizar sobre el tema.

Conservando la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado toda su eficacia, no surge obligación alguna para el bando de remunerar al demandante en los procesos en los cuales actúo como apoderado pero no se obtuvo ningún recaudo hasta el momento en que el mismo puso fin a su actuación, mediante renuncia del poder.

No podrán prosperar entonces las pretensiones declarativas segunda y tercera de la demanda, numeradas como 1.2.2. y 1.2.3 en el capítulo tercero de este laudo y por consiguiente tampoco se accederá a las pretensiones condenatorias consecuenciales numeradas del 1 al 5 en la demanda y recogidas en el numeral 1.2.4 del capítulo tercero de este laudo.

3. Incumplimiento del contrato por parte del demandado

Procede ahora el tribunal a examinar el posible incumplimiento del banco dentro del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado en relación con los siguientes procesos ejecutivos mixtos. Para esto se examinará su conducta en cada uno de ellos así:

3.1. Vías de Colombia Viacol, Juzgado 23 Civil del Circuito

Endilga el convocante al banco, en cabeza de algunos de sus funcionarios, un descuido en sus labores que ocasiona la pérdida de los documentos mediante los cuales se registraría a nombre del banco la diligencia del remate del inmueble de propiedad de uno de los demandados. Cuando con nuevos documentos se pretendió el registro, la DIAN había registrado un embargo sobre dicho inmueble, situación irregular ya que había sido rematado el bien y por lo tanto había salido del patrimonio del deudor de la DIAN lo cual impedía que el embargo se formalizara, lo anterior implicó una actuación del abogado independiente con el fin de que se cancelara el embargo oficial y así poder registrar la diligencia de remate. Lo anterior se logró en un término cercano al año.

Cabe preguntar ahora ¿de qué tiempo disponía el banco para registrar la diligencia de remate? La respuesta nos la da el mismo abogado doctor Rafael De Urbina en el interrogatorio que atendió a instancia del banco; dos meses, además es termino legal (fl. 33, cdno. de pbas. 2). De este término solo habían transcurrido 20 días desde el momento en el cual los documentos fueron entregados al banco, por lo tanto, desaparece el cargo de descuido, abandono que pretende señalar el convocante en los funcionarios del banco. Así mismo, se extraña el convocante de que el pago de los honorarios correspondientes a este proceso solo se cancelarán tiempo después cuando finalmente se pudo registrar la diligencia de remate y contabilizar el banco en su patrimonio el inmueble rematado. Esa era la forma pactada en el contrato y el banco simplemente cumplió lo establecido. Pagó cuando realmente se realizó la contabilización del remate.

Pretende el convocante el pago de un honorario equivalente a $ 10.000.000 millones de pesos por su actuación a partir del momento de registro del embargo de la DIAN y hasta tanto se logro el registro de la diligencia de remate. Por considerarlas diligencias adicionales. Sin embargo, a la luz de sus obligaciones pactadas están, casualmente, las de adelantar todas las diligencias necesarias para conseguir el objeto del contrato en cuanto a la actividad del abogado, es decir, la anotación en la contabilidad del banco de los recobros obtenidos sobre la cartera morosa bien sean ellos dineros en efectivo o bienes muebles o inmuebles.

El reintegro solicitado por el abogado independiente, respecto al valor $ 150.000 pagado al secuestre no se ha podido realizar por cuanto faltan detalles de justificación del desembolso, que prevé el contrato, a su cargo, en la cláusula 2.2.

La declaratoria de incumplimiento por omisión que solicita el convocante respecto a la actitud del banco de no adelantar acción penal para recuperar un equipo Buldozer, no tiene asidero en el contrato suscrito entre las partes. Es potestativo para el convocado iniciar o no esta clase de acciones en los procesos en los cuales es parte. Lógico es concluir que nada ha incumplido a este respecto.

3.2. Jorge Ernesto Mesa Ospina, Aceite Ricamesa, Juzgado 26 Civil del Circuito

Al igual que el caso anterior, el convocante pretende obtener una declaratoria de incumplimiento por omisión, al no otorgarle el banco poder, para intentar una acción de tutela, siendo así que contractualmente no estaba obligado a ello. Por lo tanto también debe concluirse que no cabe hablar de incumplimiento del contrato en esta oportunidad.

El poder para obtener el embargo del 50% del inmueble de propiedad de Elsy Garay ha debido ser solicitado por el abogado independiente cuando recibió el negocio para entablar la demanda, pues el estudio del mismo le ha debido permitir observar la falta de uno de los demandados en su texto. No sobra advertir que esta sí era de las obligaciones a su cargo, según la cláusula 2.1 del contrato.

El no otorgamiento de un poder para iniciar una acción por la vía ordinaria no cabe dentro de la órbita de las obligaciones contractuales del banco.

3.3. Seatec Ltda. Juzgado 14 Civil del Circuito.

En esta oportunidad también se intenta la declaratoria del incumplimiento por omisión de una obligación extracontractual, a cargo del banco referente a adelantar una acción penal que como ya se dijo en anterior caso similar, no da lugar al pretendido incumplimiento del banco.

No habiéndose demostrado en el proceso arbitral el incumplimiento del banco en cuanto al contrato suscrito con el demandante, no procede la declaratoria del incumplimiento del mismo y consecuencialmente no hay lugar a decretar condenas por perjuicios vinculadas a este.

4. Excepciones propuestas por la parte demandada

Según quedo mencionado en la parte inicial de esta providencia el convocado propuso ocho excepciones de mérito más la genérica.

El tribunal entra a analizar las dos primeras que están llamadas a prosperar. Las restantes están ligadas a las indicadas anteriormente y por lo tanto su análisis individualizado se considera innecesario.

4.1. Cumplimiento del contrato por Bancolombia

De acuerdo con lo expresado a lo largo de las consideraciones anteriores el banco cumplió a cabalidad el contrato de prestación de servicios profesionales de abogado suscrito con el convocante. Una a una fueron desvirtuadas las argumentaciones del mismo para concluir que no hubo incumplimiento por parte del banco y en gracia de la economía procesal el tribunal se abstiene de reproducir nuevamente los argumentos esgrimidos. Prospera esta excepción.

4.2. Inexistencia de nulidad relativa, prescripción extintiva

El tribunal encontró demostrado que el tiempo establecido en el artículo 1750 del Código Civil se había cumplido en el caso de autos y por lo tanto saneaba la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado. Prospera esta excepción.

5. Objeción por error grave presentada en contra dictamen de las peritos Esperanza Ortiz y Matilde Cepeda

Atendiendo la objeción por error grave presentada por el convocante contra el dictamen pericial “se decretó uno nuevo, como prueba con el fin de determinar si existió o no el error grave endilgado por el demandante en la práctica del dictamen pericial objetado”. Este último trabajo pericial fue motivo de aclaración de oficio ya petición de parte y la conclusión final es: a) por una parte no se tuvo en cuenta en el inicial una certificación sobre intereses que llegó al tribunal con posterioridad al momento en el cual el experticio fue rendido, y b) no se tuvieron en cuenta intereses referentes a un sobre giro, por lo cuanto dicho ítem no fue solicitado en la prueba pericial de la demanda.

Así las cosas, no se materializa el error grave sobre las circunstancias concretas indicadas por el objetante, falta de apreciación de documentos existentes en el expediente.

6. Costas

Habida consideración de que solo prosperó parcialmente una de las pretensiones de la demanda el tribunal condenará al demandante Rafael De Urbina Gaviria, al pago del 90% de las costas según la siguiente liquidación:

i) Costos del tribunal de conformidad con lo previsto en el acta de instalación, pagados por el Banco de Colombia, Bancolombia $ 5.200.000

ii) Agencias en derecho, que el tribunal determina $ 3.000.000

Total costas $ 8.200.000

Proporción correspondiente al demandante (90%) $ 7.380.000

CAPÍTULO V

Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento instalado para dirimir las controversias surgidas entre Rafael De Urbina Gaviria y Banco de Colombia, Bancolombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar que entre el demandante Rafael De Urbina Gaviria y el demandado Banco de Colombia, Bancolombia, existió un contrato de servicios profesionales de abogado, suscrito el 21 de mayo de 1991.

2. Declararse inhibido para pronunciarse respecto de cualquier relación jurídica existente entre demandante y demandado con anterioridad al 21 de mayo de 1991, por no estar, dichas relaciones, cubiertas por la cláusula compromisoria que sirve de base al presente tribunal arbitral.

3. No acceder a la pretensión declarativa segunda de la demanda, tendiente a la declaración de nulidad parcial del mencionado contrato de servicios profesionales de abogado.

4. No acceder a la pretensión declarativa tercera de la demanda, tendiente a la declaración de existencia de una obligación de remuneración a cargo del banco demandado y en favor del demandante.

5. No acceder a las pretensiones condenatorias consecuenciales, numeradas del 1 al 5 en la demanda y recogidas en el numeral 1.2.4., del capítulo tercero de este laudo.

6. No acceder a las pretensiones declarativas cuarta, quinta, sexta y séptima de la demanda, tendientes todas ellas a la declaración de incumplimiento del contrato por parte de Bancolombia.

7. No acceder a ninguna de las pretensiones condenatorias consecuenciales de las declarativas de incumplimiento.

8. Declarar probadas las excepciones de mérito denominadas por el demandandado: “cumplimiento del contrato por Bancolombia” y “inexistencia de nulidad relativa prescripción extintiva”.

9. Declarar no probada la objeción por error grave presentada respecto del dictamen pericial rendido por las peritos Esperanza Ortiz y Matilde Cepeda.

10. Condenar a la parte demandante, Rafael De Urbina Gaviria, a pagar en favor de la parte demandada, Banco de Colombia, Bancolombia, el valor de las costas y agencias en derecho por valor de siete millones trescientos ochenta mil pesos ($ 7.380.000).

11. Ordenar que por secretaría se entregue a las partes y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, copia auténtica del presente laudo.

12. Una vez terminada la actuación el árbitro único procederá a protocolizar el expediente en una notaría del círculo de Bogotá.

El presente laudo arbitral queda notificado a las partes en estrados.

Cúmplase.

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