Laudo Arbitral

Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. Gregorio Cajiao Roa

v.

Servicio Aéreo a Territorios Nacionales Satena

Noviembre 17 de 1993

Acta 17

Audiencia de fallo

En la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993), a las dos y treinta (2:30) de la tarde, se reúnen en la sede del tribunal los doctores Adelaida Ángel Zea, quien preside, Gaspar Caballero Sierra y María Cristina Morales de Barrios, árbitros y el suscrito secretario, Jairo Enrique García Olaya, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de fallo convocada mediante providencia de 15 de octubre del presente año. Se hicieron presentes las apoderadas judiciales de las partes doctoras Martha Cecilia Cajiao Cortés y Patricia Lozano Triviño.

Abierta la audiencia, la presidenta autoriza al secretario para dar lectura al laudo que pone fin al proceso el cual se pronuncia en derecho y es acordado por unanimidad por los árbitros.

Laudo Arbitral

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993).

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral seguido de una parte por la sociedad Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. y por el señor Gregorio Cajiao Roa, y de la otra, por Servicio Aéreo a Territorios Nacionales “Satena”.

A. Antecedentes

1. El compromiso. El 24 de agosto de 1992, las apoderadas de las partes suscribieron el siguiente compromiso.

“De una parte Martha Cecilia Cajiao Cortés, mayor de edad, identificada como aparece al pie de su firma, quien obra como apoderada de Gregorio Cajiao Roa, mayor de edad domiciliado en Puerto Asís (Putumayo) y de Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. con domicilio social en Puerto Asís (Putumayo), cuyo representante legal es el señor Gregorio Cajiao Roa, de otra parte Patricia Lozano Triviño, quien obra como apoderada de la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, con domicilio en Santafé de Bogotá y representada legalmente por el mayor general Luis Ángel Díaz Díaz, hemos convenido en la celebración del presente contrato de compromiso, el que se desarrollará conforme a lo previsto en los decretos 2279 de 1989, 2651 de 1991, Ley 23 de 1991 y demás normas que lo modifiquen o complementen y cuyo objeto es que las diferencias surgidas entre las citadas partes por razón de la existencia, interpretación, desarrollo y alcances y terminación y efectos de dicha terminación relativos a los contratos de agencia comercial, celebrados entre Gregorio Cajiao Roa y Satena y entre esta última y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., sean resueltas por un Tribunal de Arbitramento designado por la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva su centro de arbitraje y conciliación mercantiles.

Dicho tribunal estará integrado por tres (3) árbitros que decidirán en derecho y sesionarán en el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Celebrado en Santafé de Bogotá, D.C., en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992).

2. Conforme con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 2651 de 1991, las partes demandantes solicitaron la convocatoria del tribunal al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que admitió la demanda presentada, corrió traslado de ella a Servicio Aéreo a Territorios Nacionales Satena, quien le dio contestación oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones y formulando excepciones previas y de mérito.

3. En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 16 del Decreto 2651 de 1991, las partes y sus apoderadas acudieron a la audiencia de conciliación citada por el centro de arbitraje, la cual fracasó al no existir ánimo conciliatorio sobre la controversias de las partes, quedando agotado el trámite inicial del presente proceso arbitral.

4. La junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, designó como árbitros para integrar el tribunal que debe dirimir las controversias entre Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. y Gregorio Cajiao Roa contra Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, por virtud de la relación de agencia comercial existente entre las partes, a las doctoras Adelaida Ángel Zea, y María Cristina Morales de Barrios y al doctor Gaspar Caballero Sierra a quienes se les informó el nombramiento mediante comunicación de 22 de febrero de 1993.

5. Los árbitros respondieron oportunamente sobre la aceptación de sus cargos, y en cumplimiento al artículo 17 del Decreto 2651 de 1991, el director del centro de arbitraje fijó la fecha del 18 de marzo de 1993 para la instalación del tribunal.

Fue designada como presidenta la doctora Adelaida Ángel Zea y como secretario el doctor Jairo E. García Olaya, quien aceptó el cargo y tomó posesión del mismo el 27 de abril del mismo año (acta 3).

6. El tribunal fijó su sede para el desarrollo del proceso arbitral en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicado en la carrera 9ª 16-21 piso 4º, de esta ciudad; señaló las sumas para honorarios y gastos de funcionamiento conforme con las tarifas fijadas por aquella. La providencia de instalación del tribunal fue recurrida por la apoderada de los demandantes, quien solicitó al tribunal aplicar las sanciones legales por la no asistencia del representante legal de Satena a la audiencia de conciliación celebrada durante el trámite inicial.

7. Mediante auto de 16 de marzo de 1993 dictado en audiencia, el tribunal confirmó la instalación del mismo, por las razones contenidas en el acta dos (2) del proceso, y el 14 de mayo del mismo año asumió competencia para conocer y fallar en derecho las pretensiones formuladas por Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. y Gregorio Cajiao Roa contenidas en su demanda, contra Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena.

8. Propuesta para ser fallada como previa, Satena se opuso a las pretensiones de la demandante con la excepción de transacción, la cual será resuelta en este laudo, según lo dispuesto en audiencia de 26 de marzo del presente año. El proceso se desarrolló en dieciséis (16) sesiones, en las cuales se practicaron las pruebas solicitadas por las partes y las decretadas de oficio por el tribunal. Las partes alegaron de conclusión y el tribunal procede entonces a examinar y decidir las controversias planteadas.

B. Presupuestos procesales

Antes de entrar a decidir sobre el fondo de la acción se hace necesario establecer si en el presente caso se reúnen a cabalidad los presupuestos procesales, o sea, los requisitos indispensables para la válida formación del proceso y poder así proferirse un laudo de mérito.

En este orden de ideas, este Tribunal de Arbitramento tiene competencia para decidir por cuanto las partes en este proceso: Gregorio Cajiao Roa, como persona natural, y la sociedad Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. y Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, celebraron con fecha 24 de agosto de 1992, el contrato de compromiso, según el texto atrás transcrito.

Tanto los demandantes como la demandada tienen capacidad para ser partes. Por un lado, Gregorio Cajiao Roa es una persona natural plenamente capaz, y la sociedad Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. es una sociedad comercial debidamente constituida. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales es una empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, creada por la Ley 80 de 1968. Dichas partes que tienen capacidad para comparecer a este proceso se hicieron representar mediante sus respectivos apoderados, los cuales fueron debidamente reconocidos como tales.

Aunque la demanda reúne los requisitos establecidos en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, es importante para el tribunal destacar la acumulación de pretensiones en ella formulada.

C. Acumulación de pretensiones

Aspecto primordial por elucidar en el presente proceso arbitral es el referente a si se dan los supuestos básicos para una correcta acumulación de pretensiones de varios demandantes, como quiera que las personas que concurren al proceso como demandantes, según el libelo inicial, lo son la persona jurídica “Representaciones Cajiao y Cortés Ltda.” y Gregorio Cajiao Roa.

El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil señala que también podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquellas provengan de la misma causa o versen sobre el mismo objeto, o se hallen en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de una misma prueba, aunque sea diferente el interés de unos y otros. Si bien en el presente caso los contratos que vincularon a uno y otro demandante con la persona demandada Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena” son distintos, empero en uno de los hechos de la demanda (1.6) se hace la afirmación de que esta última exigió a sus agentes comerciales “la constitución en persona jurídicas rompiendo el vínculo contractual”. Por el petitum de la demanda bien puede decirse que las diferentes reclamaciones versan sobre el mismo objeto y también que los demandantes deben servirse específicamente de unas mismas pruebas, por lo que resulta claro que no existe una indebida acumulación de pretensiones de varios demandantes y en tal orden y por este respecto se encuentra bien establecida la relación jurídico procesal.

D. La excepción de transacción

Procede ahora el tribunal a decidir la excepción de transacción propuesta por Satena. Aunque fue presentada como previa, el tribunal mediante providencia de 14 de mayo de 1993 determinó que su análisis y fallo los haría en el laudo arbitral, debido a que también fue formulada por los demandantes como pretensión principal. La excepción que se analiza a continuación fue planteada en los siguientes términos:

Transacción

“1. El artículo 2469 del Código Civil contempla la transacción como aquel contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.

“2. En virtud del contrato de transacción, la controversia de allí en adelante carece de objeto, porque ya no hay materia para un fallo, y de fin porque lo que se persigue en el juicio y la sentencia ya está conseguido. Las partes se han hecho justicia a sí mismas, directa y privadamente en ejercicio de su libertad. (Cas. de 14 diciembre 119954, (sic) LXXXIX, 267)”.

“3. En uso de la libertad de las personas de abandonar intereses en beneficio común, en busca de paz, Satena y el señor Gregorio Cajiao Roa celebraron un contrato de transacción extrajudicial con fecha 3 de septiembre de 1976”.

“4. El documento así suscrito es suficiente para que se pruebe la excepción de transacción”.

Corresponde entrar a confrontar el acta que se adjuntó al proceso y que serviría de respaldo probatorio a las alegaciones de las partes, con las normas que regulan los elementos y efectos de este negocio jurídico en el régimen vigente para adoptar la decisión correspondiente”.

1. Transacción en el sistema jurídico colombiano

El artículo 2469 del Código Civil define la transacción como “un contrato en el que cada una de las partes termina extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. Este concepto se complementa por la vía negativa, con la previsión del inciso segundo de la misma norma que reza: “No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa”.

De estas previsiones surgen y así lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, unos elementos básicos de la transacción:

“a) La existencia actual o futura de discrepancia entre las partes acerca de un derecho;

b) Su voluntad e intención manifestada de ponerle fin sin la intervención de la justicia del Estado; y

c) La reciprocidad de concesiones que con tal fin se hacen. De aquí que para resumir las calidades que deben presentar los derechos sobre los cuales recae la transacción se emplee la fórmula res litigios et dubia” (Sent. feb. 22/71).

De esta manera solo en tanto en cuanto haya concreción en el o los litigios presentes o eventuales, podría hablarse de transacción y, por lo tanto, predicar respecto de ellos efectos de cosa juzgada en última instancia que consagra el artículo 2483 del Código Civil. De la misma manera, para que pueda hablarse de transacción es fundamental que haya concesiones recíprocas, además de la intención de poner fin a un litigio sin intervención de la justicia.

En cuanto a la reciprocidad de las renuncias o concesiones, debe tenerse presente que ellas deben consistir, por lo menos, en que el deudor acepte deber una prestación, o la cumpla según el caso, y el acreedor renuncie a hacerla efectiva ante la jurisdicción. Al respecto afirma Eduardo J. Couture, en su obra Fundamentos del Derecho Procesal Civil:

“Transacción: Examinada desde el punto de vista estrictamente procesal, la transacción es una doble renuncia o desistimiento; el actor desiste de su pretensión y el demandado renuncia a su derecho a obtener una sentencia; este acto dispositivo procesal corresponde a un contrato análogo de derecho material en el cual ambas partes haciéndose recíprocas concesiones dirimen su conflicto mediante autocomposición. Así entendida, la transacción no es, como se dice habitualmente, un subrogado de la cosa juzgada, sino una doble renuncia a la cosa juzgada” (Depalma, Buenos Aires, 3ª ed. Reimpresión, pág. 207).

En el mismo sentido se pronuncia Jaime Azula Camacho en su Manual de derecho procesal, Teoría del Proceso, al analizar la diferencias entre la transacción y otras figuras jurídicas.

2. El acta de transacción extrajudicial de 3 de septiembre de 1976

De la confrontación del acta que adjuntaron como prueba las partes con el ordenamiento jurídico se llega a las siguientes conclusiones.

2.1. Si bien por medio de ese documento las partes establecieron que el motivo de la transacción era “... precaver en lo futuro reclamaciones, litigios o cualesquiera otros actos de índole civil, laboral, comercial o similar ...” y le dieron el efecto de que a su presentación cualquier autoridad de cualquier índole lo tuviera como “excepción previa”, al definir la materia de la transacción se apartaron de los elementos constitutivos de este negocio jurídico.

En efecto, tal como está redactada la cláusula tercera del documento denominado acta de transacción extrajudicial, no aparece que ninguna de las partes deba prestación alguna a la otra, ni que haya renuncia a reclamar una pretensión concreta frente a las autoridades judiciales.

2.2. Lo anterior conduce necesariamente a rechazar la solicitud de nulidad que formula la señora apoderada de la actora con respecto a este convenio y, simultáneamente, a declarar que no prospera la excepción de transacción propuesta por Satena. Lo primero, por cuanto no es cierto que el acto jurídico denominado transacción extrajudicial que suscribieran servicio de aeronavegación a Territorios Nacionales Satena y don Gregorio Cajiao Roa el 3 de septiembre de 1976, carezca de causa o haya tenido objeto ilícito.

Al contrario, en el mismo documento las partes declaran que el motivo que las llevó a celebrar el negocio jurídico en mención era el de precaver “reclamaciones, litigios o cualesquiera otros actos de índole civil, laboral, comercial o similar, inspirados siempre en los principios de las nobles relaciones que animan a las personas por el simple hecho de seras(sic)”. Además, aparece probado en el proceso, y se afirma en el mismo documento, que las partes habían dado por concluidas las relaciones jurídicas existentes entre ellas desde 1969, lo cual constituye también la causa o motivo que indujo al negocio jurídico que las partes llamaron transacción, causa esta que por lo demás no puede considerarse como contraria al ordenamiento jurídico, toda vez que no se trataba de relaciones jurídicas cuya terminación fuera prohibida por normas de orden público. De otra parte, no aparece probado que el móvil último de Satena haya estado en contravía con la buena fe y el ordenamiento jurídico. Tampoco afirmarse que el objeto de este documento contraría la ley, las buenas costumbres o el orden público.

2.3. Pero rechazar la solicitud de nulidad propuesta por la actora para la transacción no conlleva que pueda aceptarse la excepción previa propuesta por la señora apoderada de Satena, toda vez que el negocio jurídico que le sirve de respaldo carece, como ya ha quedado dicho, de los elementos esenciales de la transacción y, por contera, de los efectos que la ley asigna a esta clase de convenciones.

2.4. Ahora bien, el documento que se adjuntó al proceso es indudablemente un acuerdo de voluntades que tiene efecto probatorio invaluable dentro del proceso por cuanto muestra cómo las partes dieron por terminadas de común acuerdo sus relaciones previas y se declararon satisfechas de los resultados obtenidos a lo largo de ellas y en la etapa de liquidación.

En consecuencia, puede entenderse de este documento que en virtud de él las partes dieron aplicación al artículo 15 del Código Civil que consagra la posibilidad de que los particulares renuncien a derechos que les asistan, siempre y cuando tal renuncia no esté prohibida por la ley. En este caso, los efectos del negocio jurídico analizado fueron los de terminación voluntaria del contrato entre Satena y Gregorio Cajiao Roa. Por tanto, no prospera la excepción de transacción formulada por la parte demandante. De la misma manera, los argumentos anteriores servirán para despachar la pretensión principal de los demandantes, señalada con el número 2.4.

E. Objeción al dictamen pericial

La apoderada de Satena, en memorial de 26 de agosto de 1993, manifestó al tribunal su propósito de objetar el dictamen pericial por error grave y solicitar aclaración; y por memorial presentado el 20 de septiembre del mismo año, objetó su ampliación y complementación. Conforme con el artículo 113 de la Ley 23 de 1991, es el laudo la oportunidad legal para resolver las objeciones formuladas, las cuales se analizan en el orden presentado. En el primer memorial, la apoderada no diferencia entre la base de la objeción y las solicitudes de aclaración en los siete puntos planteados, además de que no precisa los errores graves que adolece el dictamen (CPC, art. 238, num. 5). Sin embargo, el tribunal analiza los puntos por ella planteados.

En el primero, la apoderada manifiesta que los peritos no explican la razón de a actualización de las cifras correspondientes al valor de la inversión patrimonial; además, observa que dejaron de tenerse en cuenta diversos conceptos, que ella señala, para obtener la valoración solicitada.

Con relación al punto tercero del dictamen, la apoderada califica como errónea la apreciación denominada “importancia y volumen de los negocios promovidos por la agencia”, ya que manifiesta que el volumen de ventas no puede calcularse aisladamente, sino “en conjunto con los ingresos generales de Satena; está de acuerdo con la forma como los peritos cuantificaron el Good Will, ya que, afirma, debe evaluarse con base en información contable de la agencia.

Los señalados como cuarto y quinto en los puntos del memorial que se analiza, comprenden unas evidentes solicitudes de aclaración a los peritos. Con respecto a los numerados 6 y 7, que se relacionan con el punto segundo y el punto H de la ampliación del cuestionario, manifiesta que se trata de puntos en derecho, los cuales son discutidos en el proceso.

En el memorial de 20 de septiembre, la objetante nuevamente reafirma la existencia de error grave frente a la ampliación y complementación del dictamen referido especialmente al punto H del cuestionario cuya respuesta se basa únicamente en información suministrada por la apoderada de los demandantes. Al igual que en el memorial anterior en ninguno de los apartes de las denominadas objeciones, se señala el error grave, el cual de acuerdo con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil debe haber sido “... determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos ...”. Como se observa, la mayoría de los puntos de inconformidad presentados tienen que ver con la evaluación realizada por los peritos para determinar la pretendida “indemnización equitativa fijada por peritos, como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato” ... y con la fijación del valor de la indemnización, para el cual “... se tendrá en cuenta la extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato”. (C. Co., art. 1324).

Considera el tribunal:

La objetante, tal como quedó consignado anteriormente, repara en varios aspectos, sin señalar concretamente en qué consisten los errores fundamento de su objeción. La ley procesal se encarga de indicar el marco del error grave, bajo la consideración de que no se trata de divergencias o discrepancias con los conceptos de los expertos; el error grave debe quedar comprendido en el campo de la evidencia, de la notoriedad, de lo ostensible o manifiesto en la equivocación de los peritos. Además, debe ser perceptible por la razón de cualquier persona que actúe con mediano criterio lógico. No encuentra el tribunal en las observaciones hechas por la señora apoderada de Satena que se den los elementos anotados, a pesar de que si encuentra deficiencia en sus resultados; esta, porque tal como ellos mismos lo afirman, Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. no suministró ningún dato contable para fundamentar los elementos que integran este tipo de indemnización. Por su parte, la misma apoderada de los demandantes en su alegato de conclusión, confirma tal hecho al manifestar al tribunal la inexistencia de balances de la sociedad, correspondientes a los últimos cinco años, a pesar de ser prescripción legal para el comerciante su conservación cuando menos por diez años, contados desde el cierre de los libros y papeles o de la fecha del último asiento, documento o comprobante (C. Co., art. 60). Sin embargo, ese defecto del dictamen no puede ser atribuido a la labor de los peritos, ya que ellos se remitieron a lo existente para emitir sus conceptos. Corresponde al tribunal apreciarlos para determinar si son suficientes para acreditar el valor de la indemnización solicitada.

Lo relativo a los métodos empleados para calcular el valor de la inversión patrimonial de la agencia, lo mismo que la importancia de esta y la cuantificación del good will, no son más que discrepancias de la apoderada con los peritos basados en la técnica por ellos empleada, circunstancia que no puede descalificar el dictamen; es misión del juez analizar los fundamentos y conclusiones del experticio pudiendo acogerse o apartarse de ellos, en la medida de las facultades que le otorgan los principios de la sana crítica. Por lo anterior, no prospera la objeción por error grave planteada por Satena sobre los puntos analizados.

Tampoco pueden reputarse como error grave las respuestas que involucran consideraciones jurídicas ya que ellas no alteran el contenido del dictamen ni contrarían la naturaleza del mismo en los aspectos que verdaderamente interesan al tribunal. Una opinión, aun soportada en razonamientos jurídicos no puede enmarcarse en la noción del error grave, por más que desborde cualquier análisis crítico. Será labor del tribunal acoger o no los criterios que los expertos tuvieron en cuenta para las diversas evaluaciones, las cuales no son otras que las respuestas a las solicitudes de la parte actora en la petición de la prueba, y cuyo resultado se basa en los datos que la misma peticionaria les suministró y en otros por ellos conseguidos.

En resumen, no observa el tribunal ningún error grave en el dictamen técnico y por lo tanto desestima las objeciones formuladas por la apoderada de Satena.

F. Consideraciones generales del tribunal

En algunas de las pretensiones principales de la demanda se impetran declaraciones tales como que la cláusula octava del contrato celebrado el 16 de diciembre de 1972 es absolutamente nula, como también absolutamente nula “por falta de causa y objeto ilícito” (sic) la transacción judicial y también absolutamente nulos por causa ilícita y fuerza moral (sic) los contratos celebrados entre Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. y Satena a partir del 3 de septiembre de 1976. Dentro de las peticiones subsidiarias se pide que como consecuencia de la declaración de nulidad de la pretensión 2.4. “al demostrarse la ausencia de causa y objeto ilícito (sic) de la transacción, se ordene que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de su celebración; y además, se pretende que las cláusulas adicionales al contrato 015 de septiembre de 1976 “son ineficaces o carentes de valor porque pecan contra la buena fe que debió predecirla (sic) o generadores de enriquecimiento sin causa por atentar contra el equilibrio financiero de las partes en virtud de lo dispuesto en los artículos 871 y 872 del Código de Comercio”; que la cláusula quinta del contrato 129 es “ineficaz o carente de valor”; que el otrosí del contrato de agencia comercial 129 “es ineficaz o carente de valor” que la cláusula sexta del contrato de agencia comercial 129 “es ineficaz o carente de valor”; y que la cláusula cuarta del contrato de agencia comercial 129 en su parte final “es ineficaz”.

Todas estas expresiones atinentes a carencia de valor o falta de validez, ausencia de buena fe como presupuesto de ineficacia o enriquecimiento sin causa requieren previamente de unas precisiones conceptuales que faciliten el estudio y decisión pertinentes sobre cada una de las respectivas peticiones, así:

1. Carencia de valor: Esta expresión de suyo tiene la connotación de la falta o privación de valor, que en última instancia significa falta de fuerza o firmeza del acto jurídico del cual se trate lo cual lleva al anlisis de la eficacia y validez de los negocios jurídicos.

Un negocio jurídico es eficaz cuando quienes lo celebran gozan de legitimación negocial, esto es, tienen capacidad o idoneidad para disponer o administrar el derecho subjetivo o relación jurídica que integra el contenido del negocio jurídico, y además, cumple con los requisitos de validez o sea, el negocio se ha concluido con todas las condiciones o requisitos exigidos por la ley, se ha celebrado por personas capaces de ejercer sus derechos, existe una declaración de voluntad exenta de vicios, dicha declaración de voluntad tiene un objeto posible y lícito, una causa lícita, y cumple con las formalidades y requisitos exigidos para algunos negocios. Sancionándose la falta de alguno de estos requisitos con la nulidad del negocio.

En este orden de ideas prevé el Código Civil en su artículo 1741 como causales de nulidad absoluta el objeto ilícito, la causa ilícita, la falta de capacidad absoluta, la omisión de algún requisito o formalidad. Y a su vez el Código de Comercio establece como causales de nulidad absoluta en su artículo 899 el que el negocio jurídico se haya celebrado contrariando una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa, tenga causa u objeto ilícitos o se haya celebrado por persona absolutamente incapaz.

Los vicios de un contrato pueden ser de carácter formal o externos y de fondo o internos. A su vez, los vicios externos se pueden dividir en esenciales (ad solemnitatem o ad substantian actus) esto es, formalidades esenciales para el valor y la existencia de un acto, por la propia naturaleza de este o por su gran trascendencia en las relaciones jurídicas; y no esenciales (ad probationem), que son simples requisitos no esenciales destinados a dar mayor autenticidad y fijeza al respectivo acto, con el principal objeto de facilitar su demostración y existencia.

En materia de nulidades se pueden sanear todos los vicios externos esenciales y de fondo. En efecto la Ley 50 de 1936 en su artículo 2º expresa que las nulidades absolutas con excepción del objeto o causa ilícitos, pueden sanearse bien sea por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria (20 años, C.C., art. 1742 y L. 50/36, art. 1º).

El saneamiento se produce en caso de ausencia o vicio del consentimiento por una declaración escueta de voluntad; en caso de falta de capacidad cuando desaparezca la incapacidad o cuando se autorice o asienta por el representante legal del incapaz. En cuanto a los negocios irregulares por falta de una formalidad la confirmación exige precisamente el cumplimiento de tal formalidad.

La nulidad por su parte, indica la destrucción del negocio jurídico. Si se trata de un negocio en que las obligaciones no habían sido cumplidas, la nulidad implica que las partes quedan exoneradas de su cumplimiento; pero si habían sido cumplidas, la nulidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1746 del Código Civil, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. No obstante, si existen terceros de buena fe, la nulidad no tendrá efectos retroactivos (C.C. art. 1748).

2. Ausencia de buena fe como presupuesto de ineficacia. Al respecto es pertinente precisar que la ley (C.C., art. 1741 y ss. y C. Co., art. 899 y ss.) no contemplan la ausencia de buena fe como causal de ineficacia del negocio jurídico. Lo que la ley establece (C. Co., art. 871) es que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia obliga no solo a lo pactado en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Así mismo, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraude y de todo otro vicio (C.C., art. 768). Como dijera la Corte Suprema de Justicia, por buena fe entienden los expositores la opinión o creencia en que uno está de que posee legalmente una cosa, y por mala fe el procedimiento en que falta la sinceridad y reina la malicia. “Cuestiones ambas de conciencia, en que por no aparecer generalmente de manifiesto, ninguna regla o cartabón puede establecer la legislación civil sobre ella y queda al buen criterio del juzgador definirlas en caso concreto” (Cas. 30.09- 1924, GJT. XXXII, 111).

La buena fe siempre se ha considerado como la columna fundamental de cualquier ordenamiento jurídico y es por ello que el artículo 769 del Código Civil establece que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley prevé la presunción contraria.

La Corte Suprema de Justicia repetidamente ha sostenido que la buena fe ha de considerarse como una realidad jurídica actuante y no simplemente como una intención de legalidad y una carencia de legitimidad “en forma que la cuestión predominante cuando se trate de apreciar la buena fe ha de consistir menos en el hecho psicológico de creer que en la razón de la creencia esto es, en el cómo y por qué se cree”. (G.J. XXLVIII, 465).

La buena fe contractual a que alude el artículo 871 del Código de Comercio debe entenderse como la obligación de las partes de conducirse honrada y concienzudamente en la formación y ejecución del respectivo negocio jurídico, sin atenerse necesariamente a la letra del mismo. Es por ello que la norma referida luego de señalar que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, advierte lo siguiente “en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural”.

En todo caso, la noción de la buena fe en el ámbito del derecho se presenta no solo como un postulado moral incorporado al ordenamiento jurídico como un principio general de derecho, sino como una fuente de derecho como en el caso de la posesión; una guía del intérprete; una norma de conducta rectora en el ejercicio de los derechos subjetivos y en el cumplimiento de las obligaciones, un deber jurídico, y además, una convicción razonablemente fundada en que con la conducta asumida durante la celebración y ejecución del contrato no se causa daño a la otra parte.

La obligación que el artículo 871 del Código de Comercio consagra para los contratantes de observar una determinada conducta de respeto y de lealtad, de honradez, es algo que debe cumplirse. Su inobservancia debe aparecer acreditada en el proceso, cuando se alega la ausencia de dicho principio. La Corte alguna vez aludió a la dificultad en que se encuentra el juzgador para verificar aquello. Al efecto dijo: “Si muy difícil es para cualquiera apreciar la buena o mala fe con que otro ha procedido en determinado caso, mucho más difícil y grave es para el juzgador hacer una apreciación rotunda en asunto tan delicado, que pertenece al fuero interno y desprender de ella un fallo absolutorio o condenatorio que pueda resultar injusto”. (Cas. 30 sept. 1924, XXI, 111; 16 jul. 1931, XXXIX, 185).

Si la buena fe siempre se presume, y el hecho contrario a la misma no se acredita o de alguna manera no se quebranta la referida presunción, no es dable por esta circunstancia el logro de la invalidez contractual. Así mismo la validez o invalidez de un contrato se predica únicamente para el momento de su formación o celebración. No es posible admitir invalidez posterior al momento de la formación (Renato Scognamiglio, Teoría General del Contrato, U. Externado de Colombia. Traducción al español, Bogotá, 1983, pág. 307). Como bien sostiene Jaime Alberto Arrubla Paucar) (Contratos Mercantiles. Ed. Dike, 1987, pág. 189) ”el contrato al momento de su nacimiento cumple o no cumple con el supuesto de hecho señalado en la ley y la invalidez como sanción se gesta precisamente en ese momento sin que sea dable que en un momento posterior se incurra en la disconformidad”.

La buena fe goza del favor del derecho como se ha visto y por tanto, quien alegue la mala fe debe probarla. Muy claro lo dice el artículo 835 del Código de Comercio. “Se presumirá la buena fe aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona o afirme que esta conoció o debió conocer determinados hechos, deberá probarlo”.

La buena fe como criterio de conducta en este proceso, no aparece demeritada, ya que los hechos que pudieran infirmarla en cuanto concierne a la etapa precontractual, de celebración y ejecución de los contratos de agencia comercial entre las partes contendientes, no aparecen plenamente comprobados. No puede afirmarse con contundencia que Satena haya procedido de mala fe en razón del vínculo jurídico que se examina en este proceso.

3. El enriquecimiento sin causa. Se acepta de manera uniforme, y es además una realidad innegable, que las partes en los contratos comerciales están guiadas por el propósito de obtener de esa relación contractual un beneficio económico que resultará de la diferencia que exista entre el costo de las prestaciones y obligaciones que se deben cumplir y el precio contractual que tiene derecho a percibirse.

La jurisprudencia ha definido el enriquecimiento ilícito en los siguientes términos:

“Esta doctrina que tiene en la legislación colombiana apoyos tan fundamentales como las normas contenidas en el capítulo segundo del título XXXIII del libro IV del Código Civil, pago de lo no debido y artículo 1524 de la misma obra, no puede aplicarse sino con ciertas restricciones y limitaciones que en síntesis son las siguientes y que dan el fundamento para establecer la acción de in rem verso: a) es necesario que haya habido un enriquecimiento; b) un empobrecimiento correlativo; c) es preciso que ese enriquecimiento haya sido injusto o sin causa; d) es preciso que el enriquecimiento no haya tenido otro medio para obtener satisfacción, puesto que la acción de in rem verso tiene un carácter esencialmente subsidiario; y e) por último esta acción no puede jamás ejercitarse contra una disposición imperativa de la ley” (Cas. 14.04 1937, GJT. XLV, 29).

En materia comercial que ha previsto el Código de Comercio en relación con el enriquecimiento ilícito es que “nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro” (C. Co., art. 831).

Además el enriquecimiento sin causa se presenta fuera de una relación nacida de un negocio jurídico, por lo cual mal podría considerársele como causal de nulidad o ineficacia del mismo.

4. Equilibrio financiero del contrato. Esta figura se presenta en la demanda como causal de nulidad de negocios jurídicos de derecho privado, de manera improcedente, a juicio del tribunal. En efecto, mientras en el derecho público se admite como mecanismo para compensar la desigualdad de las partes en los contratos administrativos, en derecho privado se hace innecesaria, como regla general, por cuanto el principio imperante es el de la igualdad de los intereses que representan cada uno de los intervinientes en un contrato o convención. De ahí que las figuras que propenden por la proporcionalidad de las prestaciones en los contratos conmutativos sean excepcionales en derecho civil y mercantil; es el caso de la rescisión de la venta por lesión enorme regulado por el artículo 1947 del Código Civil. Igualmente ocurre en el caso del saneamiento por evicción que regulan los artículos 1904, y 1905 del Código Civil. En este último caso, como ocurre en los contratos llamados administrativos, el efecto del desequilibrio en las prestaciones mutuas se limita a ordenar a la parte “favorecida” la compensación de aquello en que se ve disminuida la parte injustamente gravada. En materia mercantil el desequilibrio tiene como único efecto, en los términos del artículo 872 del Código de Comercio que el contrato deje de considerarse conmutativo. Pero, en ningún caso, ni en derecho público ni en derecho privado el rompimiento de la equivalencia entre las prestaciones ni en derecho privado el rompimiento de la equivalencia entre las prestaciones pactadas en un negocio jurídico afecta su validez o su eficacia.

G. Pretensiones principales

Corresponde el análisis de las peticiones de los demandantes que bajo esta denominación formulan al tribunal para su decisión, lo cual se hace en el orden propuesto:

“2.1. Se declare que Servicio Aéreo a los Territorios Nacionales desde el 16 de diciembre de 1972 hasta el 03 de octubre de 1991 desarrolló su objeto principal en Puerto Asís (Putumayo), siempre por intermedio de un solo y único agente comercial don Gregorio Cajiao Roa”.

Acudiendo al deber de interpretación de la demanda que corresponde al juez en su función de administrar justicia, el tribunal entiende que los hechos básicos sobre los cuales se estructura en ella esta pretensión son: el contrato suscrito por Gregorio Cajiao Roa con Satena el 16 de diciembre de 1972, la nulidad del contrato de transacción de 3 de septiembre de 1976 y la relación de agencia comercial que desde esa fecha, hasta el 3 de octubre de 1991, se desarrolló entre Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. con Satena, sobre la cual se alega nulidad, ineficacia, desequilibrio financiero y enriquecimiento sin causa.

Se pretende entonces que por razón de la nulidad de la transacción, el contrato de agencia comercial entre Gregorio Cajiao Roa y Satena no terminó el 3 de septiembre de 1976, sino que perduró con todas sus consecuencias jurídicas hasta el 3 de octubre de 1991, pues los sucesivos contratos entre Representaciones Cajiao y Satena fueron nulos y por tanto la relación de agencia comercial se prolongó durante quince (15) años y un mes aproximadamente, en los mismos términos del contrato suscrito con la persona natural. Para el tribunal esto no es así, ya que, si bien la transacción no nació como tal a la vida jurídica, el contrato suscrito con Gregorio Cajiao Roa, sí terminó en la misma fecha del 3 de septiembre de 1976 por acuerdo entre las partes o mutuo disenso. Tampoco puede establecerse unidad entre el contrato suscrito con la persona natural y los sucesivos suscritos con Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., en los cuales los contratantes son diferentes, a más de que no aparece en el expediente cesión alguna de la persona natural a la jurídica de los derechos y obligaciones derivados del primero, como tampoco puede verse ninguna clase de sustitución jurídica que haga pensar al tribunal que se trata del mismo contrato. Además, es evidente la voluntad de la terminación de las partes del contrato suscrito con Gregorio Cajiao Roa, por cuanto fue él mismo quien suscribió en nombre de la sociedad Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., los contratos a partir del 3 de septiembre de 1976.

A más de lo anterior tampoco el tribunal podrá acceder a esta pretensión como está planteada, ya que el objeto social de una persona jurídica, es decir la actividad dentro de su negocio, solo puede ser realizada por los órganos sociales correspondientes, conforme con los propios estatutos y con la ley. Por tanto, este tribunal no podrá declarar que el objeto principal de Satena se desarrolló en Puerto Asís, “siempre por intermedio de Gregorio Cajiao Roa”. El contrato de agencia comercial implica actividad de promoción y explotación de los bienes o servicios de la empresa agenciada, más siempre como gestión de intereses ajenos. Efectivamente, Gregorio Cajiao Roa a partir del 16 de diciembre de 1972, y hasta el 3 de septiembre de 1976 asumió las funciones de agente comercial de Satena en Puerto Asís, tales como la venta de pasajes aéreos, despacho y recibo de aviones, distribución del correo, etc. Sin embargo, el desempeño de tales actividades siempre lo realizó como una persona independiente de Satena, pues no existió una relación de carácter laboral entre ellos, sino una intermediación del agente para colaborar con las actividades de Satena en esa región, pues su objeto principal es el de servicio aéreo a los territorios nacionales, como aparece probado en el proceso. Esto, además, no presentó controversia entre las partes; el agente Gregorio Cajiao Roa fue autónomo en el desempeño de sus funciones, sin existir subordinación alguna con la empresa agenciada, y entre ellos existió una relación de agencia comercial que se finalizó el 3 de septiembre de 1976, como quedó claramente establecido. Por otra parte, el tribunal no podrá examinar el finiquito de ese contrato para ningún efecto, pues no es pretensión de la demanda.

Por todo lo anterior, el tribunal negará la pretensión principal distinguida con el numeral 2.1.

“2.2. Que el contrato suscrito entre las partes fue pactado a término indefinido”.

“2.3. Que, como consecuencia de la anterior declaración, la cláusula octava del contrato respecto a la forma de terminación que reza “no obstante las partes se reservan las facultades de terminarlo en cualquier momento, mediante aviso por escrito dado a la otra parte, con treinta días de anticipación”, es absolutamente nula, o carente de valor porque pecan (sic) contra la equidad y la buena fe que debió predecirla (sic) o generadora de enriquecimiento sin causa”.

Al igual que para despachar la pretensión anterior, el tribunal hace uso de sus facultades de interpretación, ya que la formulación de estas es indefinida y confusa. Se analizan, entendiendo que las declaraciones solicitadas se refieren al contrato de Satena con Gregorio Cajiao Roa como persona natural, y que el objeto de su prosperidad es que se declare por el tribunal la existencia de un contrato único desde 1972 hasta 1991, tema ya analizado y resuelto al negar la anterior petición.

El contrato suscrito el 16 de diciembre de 1972 entre Gregorio Cajiao Roa y Satena, finalizó el 3 de septiembre de 1976, se repite, y las partes de común acuerdo extinguieron las obligaciones recíprocas entre ellas, derivadas de esa relación terminada. Por esta razón, es inocua para el fallo, la declaración solicitada en estas pretensiones. Sin embargo, el tribunal considera con relación al término de duración de este contrato que puede deducirse la intención de las partes: Satena y Gregorio Cajiao Roa, en 1972, realizaron un contrato duradero; empero, en ningún evento puede pensarse que se trataba de una relación vitalicia o a perpetuidad, pues no debe olvidarse que la partes de consumo pueden finalizar por convención todo tipo de obligaciones (C.C., art. 1625), así como también pueden hacerlo unilateralmente, a menos que haya expresa prohibición legal, dependiendo de las estipulaciones contractuales. Es usual aquella según la cual se extingue la relación sin necesidad de expresar ni mostrar el motivo, mediante un preaviso y el pago de una suma preestablecida. En este contrato, así podían hacerlo y así lo acordaron las partes en su cláusula octava y no encuentra el tribunal hechos afirmados y mucho menos probados que conduzcan a la declaración solicitada y que configuren: nulidad, inexistencia, ineficacia o desequilibrio financiero, temas ya definidos conceptualmente por el tribunal. De otra parte, ha sido jurisprudencia constante de la Corte la de aceptar que la convención es un mecanismo idóneo para extinguir las obligaciones, en lo cual coincide con el citado artículo. Por ejemplo, en ese sentido se pronunció la Sala de Casación Civil el 18 de octubre de 1972.

“2.4. Que es absolutamente nula por falta de causa y objeto ilícito, (sic) la transacción extrajudicial suscrita entre Servicio de Aeronavegación a Territorios Nacionales, Satena, y don Gregorio Cajiao Roa, de fecha 03 de septiembre de 1976”.

Tal como fue decidido por el tribunal al estudiar la excepción de transacción propuesta por la parte demandada, el contrato denominado acta de transacción extrajudicial suscrito entre las partes el 3 de septiembre de 1976 carece de los elementos esenciales de este tipo contractual y por consiguiente no puede producir los mismos efectos previstos para él. No obstante analizado el documento pertinente aparece como una convención válidamente celebrada para extinguir una relación jurídica anterior. Esta pretensión declarativa tampoco es acogida por el tribunal.

“2.5. Que son absolutamente nulos por causa ilícita y fuerza moral los contratos celebrados entre Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. y “Satena” a partir del 3 de septiembre de 1976, y los posteriores que se suscribieron con la sociedad comercial en calidad de agente”.

Soporta la demandante la petición de la nulidad de los contratos mencionados en dos conceptos que el tribunal analiza separadamente:

Causa ilícita y fuerza moral

La causa ilícita la fundamenta en hechos que según ella están probados mediante el acta de la junta directiva de Satena 1 de 1976, las circulares de Satena de marzo 16 y abril 22 de 1976 y en las declaraciones del coronel José Rafael González Méndez y el interrogatorio de parte absuelto por don Gregorio Cajiao Roa.

Analizados los anteriores elementos probatorios en conjunto, el tribunal encuentra en ellos unas orientaciones de Satena de tipo informativo, genéricas para todos sus agentes comerciales, en las que indica los requisitos para la constitución de las sociedades con quienes contraría en lo sucesivo. La apoderada de los demandantes para probar la existencia de la causa ilícita, señala las diferencias entre el contrato con Gregorio Cajiao Roa y el de Satena con Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., intentando resaltar las condiciones desfavorables del segundo. Pero, ¿la ilicitud de la causa?. La ilegalidad del móvil que llevaba a Satena a pactar esos nuevos contratos, ¿cuál es?. Podría considerarse por el tribunal, que al haber disminución o desmejora en las condiciones de la sociedad como agente, con relación a las que la persona natural tenía en su contrato, se configura una causa ilícita”. No puede haber obligación sin una causa real y lícita, reza el artículo 1524 del Código Civil en cuyo texto se define luego el concepto así: “Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato”. Los motivos de cualquier acto jurídico pueden ser varios y de hecho lo son en la práctica; pero, basta con que uno solo de esos motivos reúna las siguientes condiciones; a) Si el acto es bilateral, que la causa sea conocida y aceptada por las partes; b) Que sea determinante, es decir que sin ese motivo, no se hubiera contratado; y c) Que sea lícita, o sea no prohibida por la ley, ni contraria a las buenas costumbres o al orden público. Para el caso en estudio, Satena informó a sus agentes, mediante los documentos mencionados por la apoderada de los demandantes, su intención de contratar con personas jurídicas, una vez finalizados los contratos con las personas naturales. ¿El motivo? (sic) “... la reestructuración total del sistema ...” (acta de la junta). ¿La opción para los agentes? Cumplir con las instrucciones dadas en las circulares dentro del término allí consignado, o no contratar nuevamente con Satena, una vez finalizado el contrato con la persona natural. Aparece así para el tribunal, demostrado el pleno conocimiento de los agentes comerciales de la nueva política de Satena sobre tales contratos; además de que en las circulares de Satena se hace relación a reuniones con ellos para ilustrarlos sobre el tema. También, es evidente su aceptación de los nuevos contratos ya que en el caso de Gregorio Cajiao Roa, este cumplió con los requisitos exigidos por Satena, pues constituyó la sociedad Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., vigente y válida para el tribunal, ante el cual no se ha demostrado lo contrario. Aunque no está clara la real causa por parte de Satena para cambiar el sistema de contratación con personas naturales a personas jurídicas (“... equivalía prácticamente a hacer un corte de cuentas total, según lo manifestado por el coronel José Rafael González Méndez), tampoco está probada su ilicitud. No existe un solo hecho que señale al tribunal un móvil ilegal o contrario a las buenas costumbres o al orden público. También los demandantes fundamentan la causa ilícita del contrato en la renuncia de las prestaciones contenidas en el artículo 1324 del Código de Comercio. Este tema que separadamente tratará el tribunal en otra parte del laudo por configurar una pretensión autónoma. Para el tribunal, esta supuesta renuncia, en caso de así calificarse, no configura elemento alguno de ilicitud en el móvil del contrato.

La fuerza moral es otra circunstancia que según la apoderada de los demandantes conlleva la nulidad de los contratos de Satena con Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. Se estructura en la presión que, según ella, existía por las condiciones de vida de Gregorio Cajiao Roa, quien requería del contrato para subsistir con su familia. No le merece al tribunal mayor análisis tal supuesto de hecho. Considerar que la necesidad del ser humano de trabajar y de contratar para obtener el sustento propio y el de su familia pueda ser tenida como una violencia o fuerza moral que ejerce el patrono o el contratante, sería aceptar que la gran mayoría de los contratos están viciados de nulidad por aquella denominada fuerza moral. Por otra parte, el estar de acuerdo con dicha tesis, sería tanto como desconocer la autonomía de la voluntad de los contratantes, lo mismo que la existencia de las prestaciones mutuas y equilibradas que deben presidir los contratos. Para el tribunal entonces, no está probado hecho alguno que lo conduzca a establecer la existencia de la fuerza moral como vicio del consentimiento ejercido por Satena sobre Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. Por lo antes expuesto, esta pretensión no está llamada a prosperar; los contratos de agencia comercial suscritos por Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. a partir del 3 de septiembre de 1976 no son nulos por causa ilícita y fuerza moral.

“2.6. Que, como consecuencia de lo anterior y de conformidad con la cláusula segunda del contrato celebrado el 16 de diciembre de 1972 entre “Satena” y don Gregorio Cajiao Roa, aquella reconoce al agente el pago del 15% de las comisiones, por lo cual se declare que Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, hizo unilateralmente una reducción a las comisiones pactadas”.

Al no prosperar la anterior pretensión principal señalada con el número 2.5. no podrá esta ser reconocida ya que su formulación hace que su suerte sea consecuencia de la anterior. Para el tribunal es clara la existencia de dos relaciones de agencia comercial diferentes. Diferentes por las partes contratantes y diferentes en el tiempo de duración de su vida jurídica. Por tanto, esta declaración solicitada, como las ya estudiadas, al orientarse al reconocimiento de la existencia de una sola relación de agencia comercial desde diciembre de 1962 hasta octubre de 1991, sin solución de continuidad, no tiene para este tribunal asidero alguno.

“2.7. Que, como consecuencia de la anterior declaración se ordene a Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, restituir a don Gregorio Cajiao Roa, la suma dejada de pagar por concepto de comisiones pactadas desde 1978 hasta 1991 así como los intereses corrientes y/o moratorios bancarios causados sobre dichas sumas, o al a mayor suma de dinero que se demuestre en el proceso”.

Al igual que las anteriores, esta pretensión se fundamenta en la existencia de un solo contrato, tema suficientemente explicado en este laudo. Por tanto, nada debe Satena a Gregorio Cajiao Roa, pues el contrato de agencia comercial que existió entre ellos finalizó el 3 de septiembre de 1976, y las prestaciones de las partes, no son tema del presente fallo.

En capítulo aparte se estudiará lo relativo a la reducción de las comisiones a partir de 1978, pues es el tema de la pretensión subsidiaria 2.14.

“2.8. Que, Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, debió liquidar y pagar a don Gregorio Cajiao Roa al terminar su carácter contractual de agente comercial, una suma equivalente a la doceava parte del promedio de las comisiones causadas a su favor, con relación a los dieciocho (18) años nueve (9) meses y diecisiete (17) días de agenciamiento comercial en Puerto Asís, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1324 inciso 1º del Código de Comercio”.

“2.9. Que, como consecuencia de lo anterior y como “Satena” no hizo este pago oportunamente, ni lo liquidó, ni lo abonó en cuenta corriente con el agente comercial, deberá pagar la suma que haya quedado comprobada en este proceso, más los intereses de mora a la tasa más alta según certificación de la (*)Superintendencia Bancaria, causados a partir del 3 de octubre de 1991”.

Estas dos pretensiones, como las anteriores, se fundamentan en el contrato único de agencia comercial que, según sostiene la apoderada de los demandantes estuvo vigente por 16 años, 9 meses y 17 días. Al no prosperar dicha tesis, como se afirmó, no podrá reconocer el tribunal las prestaciones reguladas por el artículo 1324 del Código de Comercio que se solicitan, ni los intereses.

“2.10. Que “Satena” debió liquidar y pagar al agente comercial por la abusiva terminación unilateral del contrato una indemnización retributiva de los esfuerzos del agente por acreditar en el hoy departamento del Putumayo, como quiera que era el único agente comercial de ese territorio, los servicios prestados a “Satena” durante dieciocho (18) años, nueve (9) meses y diecisiete (17) días, y los demás perjuicios comprobados y liquidados en este proceso.

2.11. Como “Satena” no hizo ese pago oportunamente, ni lo liquidó, ni lo abonó en cuenta corriente con el agente comercial, deberá hacer ese pago en cuantía pericialmente fijada con inclusión de los perjuicios moratorios provenientes de no haber hecho esa liquidación y pago a partir de la terminación sin justa causa del contrato de agencia comercial, y la mayor suma de dinero que se demuestre en este proceso”.

Deduce el tribunal, al analizar el contexto de las pretensiones principales, que las dos aquí transcritas también se refieren al agente comercial Gregorio Cajiao Roa, cuyo contrato finalizó el 3 de septiembre de 1976. Por tanto, en concordancia con lo resuelto atrás, repite nuevamente que su contrato con Satena terminó por mutuo disenso y es por tal razón improcedente la declaración aquí solicitada y por ende, la condena a Satena al pago de la denominada “indemnización retributiva”, más los denominados “perjuicios moratorios”. En consecuencia, serán desestimadas las dos pretensiones transcritas.

G. Pretensiones subsidiarias

El tribunal no encontró fundamento en ninguna de las pretensiones principales. Por tal motivo, le corresponde el estudio de las denominadas pretensiones subsidiarias, el cual realizará en el orden propuesto.

“2.12. Que como consecuencia de la declaración de nulidad contenida en la pretensión 2.4, al demostrarse la ausencia (sic) de causa y objeto ilícito de la transacción suscrita entre Satena y don Gregorio Cajiao Roa de fecha 3 de septiembre de 1976, y ante la existencia de un contrato de agencia comercial celebrado con anterioridad con don Gregorio Cajiao Roa, se ordene que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de su celebración, por lo cual “Satena” debe indemnizar a don Gregorio Cajiao Roa los esfuerzos que como agente comercial realizó para acreditar en Puerto Asís los servicios de “Satena” y, como esta no hizo ese pago oportunamente, ni lo liquidó ni lo abonó en cuenta corriente con el agente comercial deberá hacer ese pago en cuantía pericialmente fijada con inclusión de los perjuicios moratorios provenientes de no haber hecho esa liquidación y pago a partir de la terminación unilateral del contrato de agencia comercial, y la mayor suma de dinero que se demuestre en este proceso”.

El tribunal interpreta esta pretensión como una repetición de las ya despachadas, pues también se fundamenta en la teoría del contrato único; por tanto, se remite a las consideraciones allí establecidas y a las consignadas al decidir la excepción previa de transacción. Ordenar, como se solicita en la pretensión que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes del 3 de septiembre de 1976, sería aceptar la coexistencia de los dos contratos de agencia comercial de Satena en Puerto Asís: el uno con Gregorio Cajiao Roa y el otro con Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. Por tales razones, se despachará negativamente esta petición.

“2.13. Que Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, desde el 3 de septiembre de 1976 hasta el 3 de octubre de 1991, desarrolló su objeto social en Puerto Asís por intermedio de un solo y único agente comercial Representaciones Cajiao y Cortés Ltda.”.

Al igual que en el análisis de la pretensión principal 2.1, en esta el tribunal no accederá a la petición solicitada, por las mismas razones allí expuestas; es decir, Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. no desarrolló el objeto social de Satena en Puerto Asís. Lo que existió fue una relación de agencia comercial entre ellas, a partir del 3 de septiembre de 1976 hasta el 3 de octubre de 1991, término durante el cual el agente desplegó la actividad de promoción del servicio de transporte aéreo de Satena a Puerto Asís, como una gestión independiente y autónoma de la empresa agenciada, sin existir relación ninguna de subordinación o dependencia.

“2.14. Que las cláusulas adicionales al contrato 15 suscrito el 3 de septiembre de 1976, fechadas 17 de noviembre y 31 de octubre de 1978, son ineficaces o carentes de valor porque pecan contra la buena fe que debió predecirla (sic) o generadora de enriquecimiento sin causa por atentar contra el equilibrio financiero de las partes en virtud de lo dispuesto en los artículos 871 y 872 del Código de Comercio.

2.15. Que la cláusula quinta del contrato 129 suscrito entre Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. es ineficaz o carente de valor porque peca contra la buena fe que debió predecirla o generadora de enriquecimiento sin causa por atentar contra el equilibrio financiero de las partes en virtud de los artículos 871 y 872 del Código de Comercio”.

Como ya quedó expresado en las consideraciones preliminares, la ausencia de buena fe, así ella se hubiera probado, no es causal de ineficacia ni deja sin valor los negocios jurídicos; esto a la luz del Código Civil y a la luz del Código de Comercio. De otra parte, tampoco se probó en el proceso que haya habido enriquecimiento sin causa, figura jurídica esta que tampoco atenta contra la eficacia o el valor de los negocios jurídicos. En cuanto al equilibrio financiero de las partes en un contrato, este tribunal reitera que su existencia o ausencia tampoco afecta la validez de los negocios jurídicos y que para remediar la situación de desequilibrio eventual en una relación jurídica, la acción debe orientarse a la solución de la supuesta desigualdad y no a una declaración de ineficacia o de carencia de valor del acuerdo de voluntades. Esta última afirmación se ve corroborada por el texto del artículo 872 del Código de Comercio que establece que no habrá contrato conmutativo cuando la prestación de una de las partes sea irrisoria, lo que no significa que el contrato sea carente de eficacia o de valor. Se hace allí una referencia a la clasificación del tipo contractual. Todo lo anterior conduce al tribunal a negar estas pretensiones subsidiarias.

“2.16. Que el otrosí del contrato de agencia comercial 129 suscrito entre Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. de fecha 13 de mayo de 1990, con base en el cual se aumenta al 8% las comisiones del agente comercial, es ineficaz o carente de valor porque pecan (sic) contra la equidad y la buena fe que debió predecirla (sic) de conformidad con los artículos 871 y 872 del Código de Comercio”.

Como ya quedó expuesto en la parte preliminar de este laudo y en las consideraciones concernientes a las demás pretensiones, ni la falta de equidad ni la ausencia de buena fe, así esta hubiera sido probada, lo cual no sucedió en este proceso, afectan la eficacia y validez de los negocios jurídicos, por lo cual procede este tribunal a rechazar esta pretensión.

“2.17. Que como consecuencia de las pretensiones 2.14, 2.15, 2.16 y de conformidad con la cláusula cuarta del contrato 15 suscrito entre Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. aquella reconoce al agente comercial del 15% de las comisiones por lo cual se declare que Satena hizo unilateralmente una reducción a las comisiones pactadas”.

Al plantearse esta pretensión como consecuencial de las denominadas 2.14, 2.15 y 2.16, que fueron negadas por este tribunal bastaría simplemente afirmar que la consecuencia lógica de tal negativa es la negativa de esta pretensión. No obstante, es importante aclarar que en ningún momento Satena redujo unilateralmente las comisiones pactadas, porque siempre medió un acuerdo de voluntades para definir este tipo de remuneración. Por lo anterior este tribunal declara que la presente solicitud no prospera.

“2.18. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a Satena restituir a la sociedad Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., la suma dejada de pagar por concepto de comisiones pactadas desde 1978 hasta 1991 así como los intereses moratorios y/o corrientes bancarios causados sobre dichas sumas, o la mayor suma de dinero que se demuestre en el proceso”.

Al no prosperar ninguna de las pretensiones anteriores es imperativo para este tribunal negar esta solicitud cuyo contenido y planteamiento son consecuencia de las ya despachadas.

“2.19. Que la cláusula sexta del contrato de agencia comercial 129 suscrita entre “Satena” y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., es ineficaz o carente de valor porque pecan (sic) contra la equidad o buena fe que debió predecirla (sic) o en subsidio generadora de enriquecimiento sin causa por atentar contra el equilibrio financiero de las partes”.

La primera parte de la cláusula sexta a que se refiere la pretensión que se analiza incluye dentro de los factores contemplados por la cláusula quinta como remuneración de las actividades del agente la doceava parte a que hace referencia el artículo 1324, inciso 1º del Código de Comercio, en abierta contradicción con este texto legal. En efecto, la suma allí prevista se contempla como debida a la terminación del contrato y se calcula con base en los promedios de comisiones, regalías o utilidades recibidos y en el tiempo del contrato. Tal como está prevista esta obligación en el ordenamiento jurídico, su fuente radica en la ley misma y no en el acuerdo de voluntades, que en este caso carece de poder para modificar el precepto legal. Por esta razón, el tribunal declara ineficaz esta primera parte de la cláusula sexta del contrato 129. Ha sido doctrina constante de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que el derecho que consagra el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio es irrenunciable mientras no se haya “incorporado ciertamente al patrimonio del agente”, lo cual no ocurre sino a la terminación del contrato, por lo tanto, la previsión contenida en la segunda parte de la cláusula sexta del contrato 129, en virtud de la cual la actora renunció a los privilegios consagrados por los artículos 1324 y 1326 del Código de Comercio es ineficaz porque en este caso prima la voluntad del legislador sobre las partes.

“2.20. Que, como consecuencia de lo anterior, “Satena” no hizo ese pago oportunamente ni lo liquidó ni lo abonó en cuenta corriente con (sic) el agente comercial, por lo cual deberá pagar la suma que haya quedado probada en este proceso, más los intereses de mora a la tasa más alta según certificación de la (*)Superintendencia Bancaria a partir del 3 de octubre de 1991”.

La declaración del tribunal al fallar la pretensión 2.19, lo lleva a apreciar el dictamen pericial, prueba que como se dijo atrás, no adolece de error grave.

Para efectos de la cuantificación de esta petición, el tribunal toma como base la suma calculada por los peritos como comisión efectiva pagada durante los años 1989, 1990 y 1991, la cual arroja un promedio de $ 4.974.689.40, por concepto de las comisiones efectivamente pagadas. En los términos del artículo 1324 corresponde pagar una doceava parte de este promedio, o sea la suma de $ 414.557.45, por cada año de vigencia del contrato. Conforme con las consideraciones del tribunal al decidir las pretensiones anteriores, el término de duración del contrato entre Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. fue de 15 años y un mes, fracción esta que no se tiene en cuenta por cuanto la ley exige que sea año cumplido. Esta operación arroja la cifra de $ 6.218.361.75, valor que deberá pagar Satena a Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. por este concepto, y cuya condena respectiva se hará en la parte resolutiva del laudo.

Al prosperar esta pretensión, como quedó establecido, el tribunal condenará a Satena al pago de los intereses moratorios causados sobre la suma anterior. Teniendo en cuenta que la fórmula para calcular intereses moratorios elaborada por los peritos en su dictamen, no fue objetada por ninguna de las partes procesales, el tribunal la acoge, reemplazando los valores VC, por cuanto los peritos usaron un término de duración de 18 años, y T por cuanto el tribunal actualizará los intereses a la fecha del laudo lo que representa 25 meses de causación de intereses. Lo anterior arroja la suma de $ 6.807.810.22, cantidad que por este concepto deberá pagar Satena a Representaciones Cajiao y Cortés Ltda.

“2.21. Que la cláusula cuarta del contrato de agencia comercial 129 (sic) “Satena” y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. en su parte final es ineficaz como quiera que no puede estipularse que cualquiera de las partes pueda poner fin al contrato con un preaviso tal pacto está en contradicción con el artículo 1325 del Código de Comercio norma imperativa por el carácter terminante de su redacción y sus antecedentes contenidos en el Proyecto de Ley 27 de 196(sic)”.

“2.22. Que el contrato suscrito entre Satena y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. fue terminado unilateralmente por el agenciado sin justa causa”.

Para proceder a decidir esta pretensión el tribunal debe poner de presente que de acuerdo con los documentos allegados al proceso, el mencionado contrato 129 suscrito entre Satena y ... (sic) a término fijo de un año contado a partir del primero de noviembre de 1983. La misma cláusula que consagró este término previó la posibilidad de la terminación unilateral por cualquiera de las partes siempre y cuando lo dieran por finalizado antes de la fecha de su vencimiento mediante comunicación escrita enviada con un mes de anticipación. Acordaron las partes que en este último supuesto no habría lugar a indemnización ni a reclamación. Mediante acuerdos sucesivos, el último de los cuales fue suscrito para el período comprendido entre el 1º de noviembre de 1990, y el 1º de noviembre de 1991, las partes fueron prorrogando la duración del contrato 129 de 1983, repitiendo en lo esencial el contenido de la original cláusula cuarta. De esta manera consagraron dos causales de terminación de la relación negocial: una la prevista por el numeral 2º del artículo 2189 del Código Civil al cual refiere el artículo 1324 del Código de Comercio, que establece la expiración del término como causal de terminación del contrato y otra, consistente en la terminación unilateral equivalente a la revocatoria del mandato, aplicable al presente caso por remisión expresa del artículo 1325 del Código de Comercio. No obstante, en este punto debe aclarar el tribunal que si el empresario hace uso de esta facultad sin que medie una justa causa comprobada deberá pagar la indemnización a que se refiere el inciso 2º del artículo 1324 del Código de Comercio. En el caso presente, Satena hizo uso de esta facultad, pero no probó ninguna circunstancia que coincida con las previstas por el artículo 1325 del Código de Comercio como justificativas para dar por terminado unilateralmente el contrato. Por consiguiente, por mandato legal, que prima sobre la voluntad de las partes, la demandante se acreedora de la indemnización equitativa.

“2.23. Que “Satena” debió liquidar y pagar al agente comercial por la abusiva terminación unilateral del contrato, una indemnización retributiva de los esfuerzos del agente para acreditar en Puerto Asís, el objeto social de Satena durante 15 años y un mes. Como Satena no hizo este pago oportunamente, ni lo liquidó en cuenta corriente con (sic) el agente comercial deberá hacer ese pago en cuantía parcialmente fijada, con inclusión de los perjuicios moratorios provenientes de no haber hecho esa liquidación y pago a partir de la terminación sin justa causa del contrato de agencia comercial y los demás perjuicios comprobados y liquidados en el proceso”.

Respecto de esta pretensión, debe el tribunal remitirse a lo dicho para decidir las anteriores 2.21 y 2.22 argumentos a los cuales agrega: Aparece probado en el proceso que Satena terminó sin justa causa el contrato vigente con la sociedad demandante con un mes de anticipación al término de su vencimiento. Esta circunstancia daría lugar a configurar en la práctica la previsión del inciso 2º del artículo 1324 del Código de Comercio. En virtud de esta norma, Satena debería pagar al agente una indemnización equitativa fijada por peritos como retribución al esfuerzo para acreditar los servicios prestados por Satena. Ello supondría que en su dictamen los señores peritos hubieran fijado la indemnización con base en información y pruebas contables que dieran fe del esfuerzo y actividad de promoción de la compañía demandante. Ahora bien los peritos ante la ausencia de soportes contables, en esta parte del dictamen desvían su análisis hacia los resultados de la actividad de Satena, resultados estos cuya relación con el esfuerzo del agente no fue tenida en cuenta. En resumen se ha debido establecer probatoriamente el esfuerzo económico del agente para acreditar la actividad de Satena, lo cual, por la ausencia de contabilidad de la sociedad demandante, lleva al tribunal a desestimar el dictamen en este punto y a despachar negativamente esta pretensión.

“2.24. Que se condene en costas y agencias en derecho a Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena”.

El tribunal tiene en cuenta que la demanda prosperó parcialmente puesto que, de las 24 pretensiones formuladas, solamente fueron acogidas cinco por el tribunal; por esta razón, la condena en costas a Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, será del veinte por ciento (20%) de los gastos que aparecen debidamente comprobados, por razón del proceso, a favor de Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. Los costos son los siguientes:

— Honorarios y gastos, instalación tribunal$ 8.265.000
— Honorarios peritos1.400.000
— Gastos peritos1.200.000
— Indemnización tres testigos450.000
— Pasajes aéreos testigos464.740
— Notificaciones testigos13.775
— Fotocopias expedientes peritos18.000
Total$ 11.811.515
20%$ 2.362.303
Agencias en derecho$ 200.000

En mérito de lo expuesto, el tribunal de arbitramento administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar no probada la excepción de transacción propuesta por la parte demandada.

2. Declarar no probadas las objeciones al dictamen pericial formuladas por la parte demandada.

3. Negar las declaraciones y condenas contenidas bajo el acápite de pretensiones principales, distinguidas con los números 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11.

4. Declarar la ineficacia de la cláusula sexta del contrato de agencia comercial 129 suscrito entre Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

(sic)“Satena” y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

5. Condenar a Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, a pagar a Representaciones Cajiao y Cortés Ltda., las siguientes sumas:

a) Por concepto de la indemnización equitativa de que trata el inciso 2º del artículo 1324 del Código de Comercio, la cantidad de seis millones doscientos dieciocho mil trescientos sesenta y un pesos con setenta y cinco centavos ($ 6.218.361.75) y

b) Por concepto de intereses moratorios la cantidad de seis millones ochocientos siete mil ochocientos diez pesos con veintidós centavos ($ 6.807.810.22)

6. Declarar la ineficacia de la cláusula cuarta del contrato 129 suscrito entre Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. en la parte que reza: “... en este evento, no habrá lugar a reclamación ni a indemnización por alguna de las dos partes ...”.

7. Declarar que el contrato 129 suscrito entre Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, y Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. fue terminado unilateralmente por Servicio de Aeronavegación a Territorios Nacionales, “Satena”, sin justa causa.

8. Negar la declaraciones y condenas contenidas bajo el acápite de subsidiarias, distinguidas con los números 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 y 2.23, de la demanda.

9. Condenar a Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, a pagar a Representaciones Cajiao y Cortés Ltda. por concepto de costas procesales, la suma de dos millones trescientos sesenta y dos mil trescientos tres pesos ($ 2.362.303), y la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000), por concepto de agencias en derecho.

10. Expedir copias de este laudo con la constancia de su ejecutoria y remitirlas al representante legal de Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, “Satena”, y a la Procuraduría General de la Nación, para los fines del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

11. Entregar por secretaría, en la fecha, copia auténtica de este laudo a cada una de las partes.

12. Protocolizar el expediente por la presidenta del tribunal en una de las notarías del Círculo de Santafé de Bogotá.

Notifíquese.

El tribunal hace las siguientes salvedades en la transcripción:

1. En la página 25, el artículo 1324 citado es del Código de Comercio.

2. En la página 26, hay que entender la demandante es acreedora y no, se acreedora.

3. En la página 28, parte resolutiva séptimo, hay que entender que el contrato 129 fue terminado unilateralmente por Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, sin justa causa.

De la providencia anterior, quedaron notificadas en la audiencia la apoderadas de las partes.

Sin más tema para tratar, se dio por finalizada la sesión, previa firma del acta por quienes intervinieron en la actuación.