Laudo Arbitral

Ricardo Anaya

v.

Gabriel Pardo

Junio 28 de 2000

Acta 12

En la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día 28 de junio de 2000, se reunieron en la sede del tribunal ubicada en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Antonio de Irisarri Restrepo, árbitro único y la suscrita secretaria María Patricia Zuleta García, con el fin de llevar a cabo la audiencia de fallo convocada mediante providencia del 29 de mayo del año 2000. Igualmente se hizo presente el doctor Gabriel Pardo.

Abierta la audiencia, el presidente autorizó a la secretaria para dar lectura al laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho.

Laudo arbitral

Santafé de Bogotá, veintiocho (28) de junio de dos mil (2000).

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el árbitro único a dictar el laudo que finaliza el proceso arbitral seguido de una parte por Ricardo Anaya y de la otra por Gabriel Pardo.

CAPÍTULO I

Antecedentes

1. Integración del tribunal. Instalación

El día 22 de mayo de 1998, el doctor Ricardo Anaya en nombre propio, solicitó la convocatoria de este tribunal al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y presentó su demanda con el lleno de los requisitos formales, la cual fue admitida el 28 de mayo siguiente; de esta se corrió traslado a la parte demandada en los términos de los artículos 428 y concordantes del Código de Procedimiento Civil y el doctor Gabriel Pardo Otero dentro del término de traslado formuló demanda de reconvención y contestó oportunamente la demanda. La demanda de reconvención fue contestada a su vez por la parte convocante el día 16 de septiembre de 1998.

2. Pacto arbitral

El origen del proceso arbitral se encuentra en el documento suscrito entre las partes el 31 de mayo de 1976, que contiene en su cláusula vigesimaprimera, el pacto arbitral. La demanda y la reconvención de las partes expresan su voluntad de someter las controversias a la jurisdicción arbitral, a que la decisión se tome en derecho y a sustraer todo conflicto surgido de la relación contractual de la jurisdicción ordinaria y conferirlo a la arbitral:

“Vigesimaprimera arbitramento: Las diferencias que surjan entre los socios se someterán a la decisión de árbitros de acuerdo con lo dispuesto en el título III del libro VI del Código de Comercio...”.

3. Trámite inicial

Durante el trámite inicial del proceso que se adelantó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, según lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 16 del Decreto 2651 de 1991, prorrogado en su vigencia por las leyes 192 del 95, 278 del 96 y 446 del 98, ante la doctora Mónica Janier Santos se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual fracasó al no alcanzarse acuerdo alguno sobre las diferencias planteadas. Las partes acordaron designar como árbitro único al doctor Antonio De Irisarri Restrepo quien aceptó el cargo y previas las citaciones de rigor se instaló el tribunal el 4 de febrero de 1999. Durante la audiencia de instalación, se designó como secretaria a la doctora María Patricia Zuleta, quien aceptó el cargo y toma posesión en forma legal. Las partes consignaron las sumas fijadas en la audiencia de instalación para honorarios y gastos del proceso y fueron citadas para la primera audiencia de trámite.

4. Trámite arbitral

El árbitro único asumió competencia para conocer y decidir las controversias a él sometidas por las partes el 22 de abril de 1999, mediante auto dictado en la primera audiencia de trámite (acta 3). El día 3 de mayo de 1999 decretó las pruebas del proceso. El trámite se desarrolló en doce (12) sesiones, durante las cuales las partes rindieron declaraciones; se recibieron las pruebas testimoniales y se practicó una inspección judicial con exhibición de documentos. Además de la prueba documental aportada en las oportunidades iniciales, se allegaron al proceso documentos enviados por diferentes entidades, conforme con los oficios librados por el tribunal a solicitud de las partes.

Fue rendido un dictamen pericial por peritos contadores, medio probatorio sometido a la contradicción de ley, durante la cual se objetó por error grave por la parte demandada.

Los apoderados de común acuerdo desistieron de algunos testimonios, quedando finalizada la instrucción del proceso el 25 de enero de 2000 fecha en la cual se citó a las partes para la audiencia de que trata el artículo 6º del Decreto 2651 de 1991 y acto seguido si fracasare esta para oír los alegatos de conclusión. El día 15 de febrero del año 2000 las partes presentaron oralmente sus alegaciones finales y anexaron resúmenes de las mismas al expediente.

5. Término del proceso

Conforme con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, al no señalar las partes término para la duración del proceso, este es de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de trámite, pero podrá prorrogarse una o varias veces a solicitud de las partes o de sus apoderados con la facultad expresa para ello, sin que el total de las prórrogas exceda de seis (6) meses. La primera audiencia de trámite se desarrolló el 22 de abril del presente año; el término del proceso se suspendió por manifestación conjunta de las partes, debidamente facultadas para ello.

Se encuentra entonces el tribunal dentro del término legal para proferir el laudo.

6. Apoderados

Por tratarse de un arbitramento en derecho y haciendo uso de las facultades que le confiere la ley, las partes comparecieron al proceso arbitral en nombre propio, ambos abogados, según lo dispone el artículo 26 del Decreto 2279 de 1989.

7. Presupuestos procesales

Como quiera que está demostrado en el proceso la capacidad de las partes para transigir así como el hecho de haber ellas comparecido al proceso en nombre propio en su calidad de abogados, corresponde entonces proceder a examinar y decidir de fondo, las cuestiones sometidas al tribunal por no existir causal alguna que invalide lo actuado.

CAPÍTULO II

Controversias sometidas al tribunal

1. Pretensiones formuladas por Ricardo Anaya en la demanda

“A. Declarar que el doctor Gabriel del Carmen Pardo Otero no ha pagado el aporte que en el acto de constitución de la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados, Ltda.”, dijo realizar, puesto que no traspasó a la sociedad el vehículo automotor allí descrito ni el precio asignado al vehículo y, en cambio, dispuso de él en provecho propio.

B. Declarar que el doctor Gabriel del Carmen Pardo Otero no fue socio de la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados, Ltda.”, desde la fundación de la sociedad y desertó de su condición de gerente en abril de 1979 y nunca rindió cuentas de su gestión.

C. Por cuanto la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados, Ltda.”, se halla disuelta por vencimiento del término de duración previsto en el contrato social, se ordene su liquidación por los cauces señalados en el capítulo I del título XXXI del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta para ello las declaraciones precedentes y, que el único socio de la sociedad es Ricardo Anaya, a quien debe adjudicársele todo el activo social, con obligación de pagar el pasivo externo si lo hubiere.

D. Condenar en las costas del proceso arbitral al doctor Gabriel del Carmen Pardo Otero”.

2. Pretensiones formuladas en la demanda de reconvención

“A. Principales

Como pretensiones principales, respetuosamente formulo las siguientes:

1. Que se declare que la sociedad Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda., constituida por escritura pública 2175, otorgada en la Notaría 9ª, de Bogotá el 31 de mayo de 1976, se disolvió por imposibilidad sobreviniente de ejercer la empresa social a partir del 1º de mayo de 1979.

2. Que se declare que, una vez disuelta la sociedad por imposibilidad de ejercer la empresa social, el socio Ricardo Anaya se encontraba obligado conforme a la ley a pedir la declaración judicial correspondiente, cosa que no hizo.

3. Que se declare que, en lugar de pedir la declaración judicial de disolución de la sociedad, el socio Ricardo Anaya asumió en provecho propio la administración de la sociedad disuelta y en estado de liquidación, con lo cual causó daño al socio Gabriel Pardo Otero.

4. Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene al socio Ricardo Anaya a indemnizar los perjuicios que con su actitud ha causado al socio Gabriel Pardo Otero, por daño emergente y lucro cesante.

5. Que, así mismo, el tribunal de arbitramento ordene que debe procederse a la inmediata liquidación de la sociedad Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda., de conformidad con lo dispuesto por la ley.

6. Que se condene al demandado en reconvención, abogado Ricardo Anaya, a pagar las costas del proceso.

B. Subsidiarias

En subsidio de las pretensiones principales precedentes, muy comedidamente solicito al tribunal que proceda a reconocer en el laudo que al efecto profiera, las siguientes:

1. Que se declare que la sociedad Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda., constituida por escritura pública 2175, otorgada en la Notaría 9ª de Bogotá el 31 de mayo de 1976, se disolvió por vencimiento del plazo convenido en los estatutos para la duración de la sociedad.

2. Que se declare que, una vez disuelta la sociedad por vencimiento del término estipulado para su duración, el socio Ricardo Anaya, en su condición de representante legal de la compañía se encontraba obligado conforme a la ley a promover la liquidación de la sociedad, obligación que no ha cumplido.

3. Que se declare que el doctor Ricardo Anaya ha venido usando a partir de mi desvinculación como gerente de la sociedad (1º de mayo de 1979), en su exclusivo provecho personal y sin justo título, las oficinas 846, 847 y 848 del edificio ubicado en la carrera 7ª Nº 17-01 de Santafé de Bogotá, de propiedad de la sociedad, con lo cual causó daño al socio Gabriel Pardo Otero.

4. Que se declare que, en lugar de promover la liquidación de la sociedad al vencimiento del término, el socio Ricardo Anaya continuó asumiendo en provecho propio la administración de la sociedad disuelta y en estado de liquidación, con lo cual causó y continúa causando daño al socio Gabriel Pardo Otero.

5. Que, como consecuencia de las declaraciones 3 y 4 precedentes, se condene al socio Ricardo Anaya a indemnizar los perjuicios que con su conducta ha causado al socio Gabriel Pardo Otero, por daño emergente y lucro cesante.

6. Que, así mismo, el Tribunal de Arbitramento ordene que debe procederse a la inmediata liquidación de la sociedad Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda., de conformidad con lo dispuesto por la ley.

7. Que se condene al demandado en reconvención, abogado Ricardo Anaya, a pagar las costas del proceso”.

CAPÍTULO III

Consideraciones del tribunal relativas a la demanda principal y de reconvención y sus respectivas contestaciones

El tribunal encuentra debidamente demostrados los siguientes hechos básicos:

1. Que el 31 de mayo de 1976, en la Notaría Novena de Bogotá, Distrito Especial, se otorgó la escritura pública 2175, mediante la cual los doctores Ricardo Anaya Angulo y Gabriel del Carmen Pardo Otero hicieron constar que “han celebrado un contrato de sociedad civil de responsabilidad limitada que se regirá por las estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes”. Las estipulaciones más relevantes las resume así el tribunal:

a) Fueron socios fundadores los mencionados doctores Anaya Angulo y Pardo Otero, cuya responsabilidad personal quedó limitada al monto de sus respectivos aportes, de conformidad con la fijación que de los mismos se hizo en dicho instrumento.

b) La sociedad constituida giró bajo la razón social de “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.”.

c) El domicilio principal de la sociedad fue la ciudad de Bogotá, Distrito Especial.

d) La sociedad tenía por objeto la prestación de servicios inherentes a la profesión de abogado, tales como asesorías permanentes o transitorias en las diversas ramas del derecho y la asunción de procesos judiciales o administrativos por intermedio de alguno de sus socios o empleados.

e) Se dijo que el capital de la sociedad era de $ 190.000 el cual estaba dividido en 190 partes de $ 1.000 cada una, capital que los socios habían pagado íntegramente, así: el socio Pardo Otero 95 partes o cuotas por $ 95.000, mediante la aportación, por este valor, de un vehículo automotor cuyas características principales (año, modelo, marca, números de motor y de placas) se precisaron; el socio Anaya Angulo, 95 partes o cuotas por $ 95.000 mediante aporte en dinero efectivo por $ 20.000 y $ 75.000 representados en un automóvil cuyas principales características igualmente se precisaron.

f) Se estipuló (cláusula séptima) que la administración de la sociedad y el uso de la razón social que por derecho corresponde a los socios, los delegaban estos irrevocablemente en la junta general de socios (sic), en el gerente y en el subgerente y se dijo que “el gerente y demás empleados de la compañía, sean o no socios de ella, deberán firmar con la compañía contrato de prestación de servicios personales o de otra naturaleza” y se agregó que “el pago de las correspondientes remuneraciones las recibirán los dichos administradores, si fueren socios anticipadamente de su participación en las utilidades y de que la sociedad tenga o no ganancias”.

Mediante escritura pública 1332 de fecha 29 de marzo de 1977, también de la Notaría Novena de Bogotá, se aclaró la cláusula séptima de los estatutos de la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” en el sentido de precisar que el pago de las correspondientes remuneraciones las recibirán los dichos administradores, si fueren socios, independientemente de su participación en las utilidades y de que la sociedad tenga o no ganancias.

g) Se precisaron las funciones y atribuciones del gerente y se expresó que la sociedad tendría un subgerente, elegido por la junta de socios, quien además de las funciones que se le encomienden, tendría la de reemplazar al gerente “en sus faltas absolutas o temporales con las mismas atribuciones de este”.

h) Como término de duración de la sociedad se fijó el de 20 años contados a partir del 1º de mayo de 1976 y se agregó que antes de la expiración del citado término este podría ser prorrogado o terminarse a voluntad de los socios;

i) Se expresó cómo estaría constituida la junta de socios, cuáles serían sus principales atribuciones y funciones; la clase de reuniones que podría celebrar dicho órgano social y las mayorías requeridas para la adopción de sus decisiones.

j) Se reguló el procedimiento para la cesión de cuotas sociales, con remisión expresa a los artículo 363, 364 y 365 del Código de Comercio.

k) Se reguló lo concerniente a la elaboración y presentación de los balances de la sociedad y a la distribución de las utilidades sociales.

l) Se prohibió expresamente que la sociedad se constituyese en garante de obligaciones ajenas y que caucionase con sus bienes obligaciones distintas de las suyas propias.

m) Se pactó que en todo lo no previsto en el estatuto social, la sociedad se regiría por las disposiciones legales sobre sociedades de responsabilidad limitada y anónimas.

n) Se pactó cláusula compromisoria con el fin de dirimir las diferencias que surgieren entre los socios.

o) Se designó al doctor Pardo Otero como gerente de la sociedad y a doña Inés Elvira Anaya Merizalde como subgerente de la misma.

2. Tanto la escritura de constitución de la sociedad como la de aclaración del artículo 7º, de los estatutos sociales fueron oportuna y debidamente inscritas en los correspondientes libros del registro mercantil a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

3. En los mismos libros de registro, se inscribió en el mes de junio de 1977, el nombramiento del doctor Ricardo Anaya como subgerente de la sociedad, en reemplazo de doña Inés Elvira Anaya Merizalde.

4. El doctor Gabriel Pardo Otero hizo dejación de la gerencia de la sociedad a finales del mes de abril de 1979.

5. Ni el doctor Ricardo Anaya ni el doctor Pardo Otero, mientras la sociedad estuvo vigente por no haber expirado el término de su duración, cedieron las 195 cuotas o partes de interés social de que eran, cada uno, titulares.

6. Ni el doctor Ricardo Anaya ni el doctor Pardo Otero cumplieron con la formalidad administrativa de traspasar en favor de la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” los vehículos que en el acto constitutivo de la sociedad se comprometieron a aportar. Ello no obstante, en los balances de la sociedad correspondientes a los ejercicios sociales de 1976, 1977, 1978, 1979 y 1980, los vehículos figuran formando parte de los activos sociales.

7. Por escritura 1876 de 30 de junio de 1976 de la Notaría Décima de Bogotá, la sociedad “Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda.”, compró a la Compañía Colombiana de Seguros de Vida S.A., reaseguradora, las oficinas 846, 847 y 848 del Edificio “Conseguros”, ubicado en la carrera 7ª 17-01 de esta ciudad.

8. En las mencionadas oficinas funciona el despacho donde ejerce su profesión, como abogado independiente, el doctor Ricardo Anaya Angulo (inspección judicial practicada por el tribunal, fl. 242-244, cdno. ppal.).

Como el proceso registra la existencia de una demanda principal, formulada por el doctor Ricardo Anaya Angulo; una de reconvención, formulada por el doctor Gabriel Pardo Otero; las correspondientes respuestas a esas dos piezas, con las respectivas excepciones de mérito, el tribunal en orden a evacuar su labor, se referirá separadamente a cada una de esas piezas procesales. Su decisión, igualmente, se pronunciará separadamente sobre el fundamento de cada una.

I. La demanda principal

El demandante sustentó las pretensiones en los hechos que el tribunal resume a continuación, así:

1. Mediante escritura pública 2175, otorgada el 31 de mayo de 1976 en la Notaría 9ª de esta ciudad, demandante y demandado constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, con un término de duración de 20 años a partir del 1º de mayo de dicho año, cuyo objeto social era la prestación de servicios inherentes a la profesión de abogado. La sociedad así constituida lo fue bajo la denominación social de “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” y se designó como gerente de la misma al doctor Gabriel del Carmen Pardo Otero.

2. En dicha escritura se estipuló que el capital social sería la suma de ciento noventa mil pesos ($ 190.000); que estaría dividido en 190 partes de $ 1.000 cada una y se dijo que dicho capital fue íntegramente pagado por los socios, así: por el doctor Pardo Otero, la cantidad de 95 partes o cuotas, por un valor de noventa y cinco mil pesos ($ 95.000), mediante el aporte, por dicho valor, de un automóvil “Zastava” 1.300, modelo 1972, cuyas características particulares se precisaron, y por el doctor Ricardo Anaya Angulo, la cantidad de 95 partes o cuotas, por un valor de noventa y cinco mil pesos ($ 95.000), representados en un vehículo “Simca” 1.500, modelo 1966, cuyas características también se precisaron. Se expresó que en caso de liquidación de la sociedad, los socios tendrían derecho a que se les restituyese a cada uno de ellos las especies que aportaron “cada (sic) vez que se haya pagado el pasivo externo de la sociedad y que tales bienes estén en el patrimonio social en la fecha de la liquidación”.

3. El doctor Pardo Otero, en el mes de abril de 1979, decidió, motu propio, abandonar el cargo de gerente de “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” y sin haber traspasado a la sociedad el automóvil que dijo aportar para pagar su aporte social, lo negoció con un tercero y no reintegró a la sociedad el precio recibido en la negociación ni el valor por el cual dijo pagar su aporte al capital social.

4. El doctor Ricardo Anaya se hizo cargo de la administración de la sociedad ante la deserción del gerente doctor Pardo Otero y, en enero de 1982, por la suma de $ 120.000, que ingresó a la sociedad, vendió el automóvil “Simca” con que dijo pagar su aporte al capital social de “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” al momento de constituirla.

5. Antes de vencerse el término de duración de la sociedad, el doctor Anaya insistió ante el doctor Pardo que se utilizara la cláusula compromisoria pactada en el acto de constitución de la sociedad para dirimir las diferencias que entre los dos socios se habían presentado con motivo de la decisión adoptada por el doctor Pardo en el sentido de no continuar en la gerencia de la compañía “y deslindarse definitivamente del curso de la misma”, insistencia que fue inútil, llegándose finalmente al vencimiento del término de duración de la sociedad, vencimiento que implica la disolución del ente social, situación que no puede persistir indefinidamente. De allí la convocatoria de este Tribunal de Arbitramento.

Como derecho aplicable, la demanda invoca los artículos 125 a 128 del Código de Comercio y las disposiciones de la misma obra concernientes a la constitución, disolución y liquidación de la sociedad limitada y demás normas concordantes.

II. Contestación de la demanda principal

Notificado de la demanda, previo emplazamiento, el doctor Pardo Otero la contestó oponiéndose a las pretensiones; aceptó algunos hechos invocados como fundamento de la solicitud de convocatoria del presente Tribunal de Arbitramento, aclaró la mayoría, negó los restantes y respecto de otros manifestó no constarle lo en ellos afirmado y dijo estarse a los términos de los estatutos de la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.”. Igualmente formuló como excepciones de mérito las que denominó como ausencia de legitimación en la causa activa, porque los hechos invocados por el actor no conllevan los efectos jurídicos que el libelo pretende; la de contrato no cumplido, por cuanto el doctor Anaya en su demanda acepta no haber pagado el aporte del automóvil que se obligó a hacer al momento de constitución de la sociedad y la de prescripción quinquenal de la acción entre asociados. No hizo pronunciamiento sobre el derecho que el actor considera aplicable.

III. La demanda de reconvención y su respuesta

En escrito separado, el doctor Pardo formuló demanda de reconvención. En ella, se pretenden los siguientes pronunciamientos:

A. Pretensiones principales

1. Que se declare que la mencionada sociedad se disolvió, a partir del 1º de mayo de 1979, por imposibilidad sobreviniente de ejercer su objeto social.

2. Que se declare que una vez disuelta la sociedad por dicho motivo, el socio Ricardo Anaya se encontraba obligado, conforme a la ley, a pedir la declaración judicial correspondiente, cosa que no hizo.

3. Que se declare que en lugar de pedir la declaración judicial de disolución de la sociedad, el socio Ricardo Anaya asumió en provecho propio la administración de la sociedad disuelta y en estado de liquidación, con lo cual causó daño al socio Gabriel Pardo.

4. Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene al socio Ricardo Anaya a indemnizar los perjuicios que con su actitud ha causado al socio Pardo Otero por daño emergente y lucro cesante.

5. Que el tribunal ordene que debe procederse a la inmediata liquidación de la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.”, de conformidad con lo dispuesto por la ley, y

6. Que se condene al doctor Ricardo Anaya a pagar las costas del proceso.

Como pretensiones subsidiarias, la demanda de reconvención planteó las siguientes:

1.1. Que se declare que la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” se disolvió por vencimiento del término previsto para su duración.

1.2. Que se declare que una vez disuelta la sociedad por vencimiento del término estipulado para su duración, el socio Ricardo Anaya, en su condición de representante legal de la compañía, se encontraba obligado conforme a la ley a promover la liquidación de la sociedad, obligación que no ha cumplido.

1.3. Que se declare que el doctor Ricardo Anaya ha venido usando, a partir de la desvinculación del doctor Pardo Otero como gerente de la sociedad (1º de mayo de 1979), en su exclusivo provecho personal y sin justo título, las oficinas de propiedad de la sociedad, con lo cual causó daño al socio Pardo Otero.

1.4. Que se declare que, en lugar de promover la liquidación de la sociedad al vencimiento del término, el socio Ricardo Anaya continuó asumiendo en provecho propio la administración de la sociedad disuelta y en estado de liquidación, con lo cual causó y continúa causando daño al socio Pardo Otero.

1.5. Que como consecuencia de las declaraciones 1.3 y 1.4 se condene al socio Ricardo Anaya a indemnizar los perjuicios que con su conducta ha causado al socio Pardo Otero, tanto por daño emergente como por lucro cesante.

1.6. Que el tribunal ordene, así mismo, que debe procederse a la inmediata liquidación de la sociedad de conformidad con lo dispuesto por la ley, y

1.7. Que se condene al doctor Ricardo Anaya a pagar las costas del proceso.

Los hechos en que fundamentó las anteriores pretensiones, se sintetizan así:

a) El 31 de mayo de 1976, mediante escritura 2175 de la Notaría 9ª de Bogotá, los doctores Ricardo Anaya Angulo y Gabriel Pardo Otero constituyeron la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” con domicilio en Bogotá, sociedad que tendría un término de duración de 20 años contados a partir del 1º de mayo de 1976, con el objeto de prestar servicios profesionales de abogacía;

b) En el acto de constitución de la sociedad, sus dos únicos socios, declararon expresamente haber pagado los aportes convenidos para constituir la compañía;

c) El 30 de abril de 1979 el doctor Pardo Otero dejó de ser gerente de la mencionada sociedad como consecuencia de que entre los dos socios terminó toda afectio societatis y, por consiguiente, se extinguió el contrato de sociedad a términos del artículo 221 del Código de Comercio;

d) Desde el 1º de mayo de 1979 el socio Ricardo Anaya asumió la dirección y representación legal de la sociedad, en su calidad de subgerente de la misma;

e) No obstante haberse terminado la sociedad, el socio Ricardo Anaya, en vez de pedir la declaración judicial de estar la sociedad disuelta a efecto de proceder a su liquidación, no solo empezó a usufructuar indebidamente el inmueble adquirido para el ejercicio de la empresa social, sino que continuó y continúa haciéndolo después de disuelta la sociedad por vencimiento del término previsto para su duración, con lo cual el doctor Anaya ha causado al doctor Pardo serios perjuicios, pues no solo ha venido usando en provecho propio el mencionado inmueble, sino que lo ha privado de la utilidad que según el doctor Pardo habría percibido por haber desarrollado en ellas su profesión de abogado o haber arrendado la parte que le habría correspondido, y

f) El doctor Anaya, de otra parte, y desde cuando el doctor Pardo hizo dejación de la gerencia de la sociedad, ha utilizado para su propio y exclusivo provecho el inmueble de propiedad de la sociedad, privándolo de la mitad de los beneficios correspondientes al uso del mismo, de los cuales el doctor Anaya se ha apropiado indebidamente y sin justo título, causándole perjuicios.

El doctor Ricardo Anaya respondió la demanda de reconvención formulada por el doctor Pardo Otero, oponiéndose a las pretensiones tanto principales como subsidiarias por considerarlas infundadas; negó algunos hechos pero aceptó que la sociedad se disolvió por vencimiento del plazo convenido en los estatutos y como excepción alegó “carencia de parte del doctor Gabriel del Carmen Pardo Otero del derecho subjetivo autónomo de ejercer la acción de actor (contrademandante) porque también carece del derecho subjetivo sustancial de socio de la sociedad Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda.”.

CAPÍTULO IV

El contrato de sociedad y estatuto social

La sociedad mercantil se constituye de manera solemne, solemnidad que consiste en el otorgamiento de una escritura pública, al tenor de la parte inicial del artículo 110 del Código de Comercio; así, pues, dicha escritura contiene la manifestación de voluntad de conformar la sociedad y por ende el contrato social. Pero también por mandato de la misma norma, la escritura social requiere de una serie de estipulaciones sobre los distintos aspectos mencionados en los numerales 2º y siguientes del citado artículo 110, conjunto de preceptos que es lo que constituye el llamado estatuto social, es decir, las reglas que rigen la vida interna de la sociedad y muchas de sus relaciones con terceros.

El régimen legal adoptado en el Código de Comercio para la compañía de responsabilidad limitada la concibe con una estructura autónoma y en verdad sui generis frente a los otros tipos sociales. La normación de la sociedad de responsabilidad limitada es menos rígida, flexibilidad que ofrece un mayor grado de libertad para acordar estipulaciones que adapten su funcionamiento a los requerimientos de su finalidad social. Son ejemplos de ello, los siguientes: 1. La ley permite pactar en los estatutos obligaciones distintas de la aportación del capital, posibilidad no contemplada en otros tipos sociales. 2. La simplicidad de su organización se reduce a la junta de socios y a quienes administran y representan a la sociedad. 3. La representación de la sociedad y la administración de los negocios sociales corresponde a todos los socios, pero la junta de socios goza de libertad para delegar esas funciones, crear y regular el órgano de administración y el de representación, señalarles funciones, si así lo requiere el desarrollo del objeto social. 4. El órgano de fiscalización privada es simplemente facultativo. Su obligatoriedad no se justifica en sociedades de pocos socios y todos con derecho de inspección individual, en cualquier tiempo, sobre la contabilidad, los libros y en general los documentos de la compañía.

CAPÍTULO V

La administración de la sociedad de responsabilidad limitada

Todos los socios tienen derecho de intervenir en la gestión interna y externa de la sociedad, pero la voluntad social condensada en los estatutos puede delegar en la gerencia tanto la función administrativa como la representativa, conceptos no unívocos sino que se complementan inclusive cuando las calidades de representante legal y de administrador se adscriben a una misma persona.

La ley faculta a la junta de socios para delegar la administración y representación de la sociedad en el órgano llamado gerencia. Es una facultad que la ley otorga exclusivamente a la junta de socios y no a cada socio en particular. Por consiguiente, no es el querer individual de cada socio, como sí acontece en la colectiva, sino la voluntad social expresada en el órgano máximo de la compañía, la única que puede revocar la delegación, o reemplazar a la persona o personas designadas por ella para asumir la gerencia, mediante acuerdo aprobado con la mayoría indispensable para toda reforma estatutaria debidamente legalizada.

CAPÍTULO VI

El capital social de las sociedades de responsabilidad limitada

El capital se integra con la suma de las aportaciones que los socios hagan en dinero o en especies estimadas en moneda legal. No se computa el aporte de trabajo o industria porque no forma parte de aquel (C. Co., art. 137). Lo que se fija en el acto constitutivo representa el conjunto de bienes con que la sociedad inicia actividades y conforme al principio de certeza consagrado en el artículo 122 del Código de Comercio, siempre aparece determinado en una cifra precisa, la cual permanece estática mientras no se aumente o se disminuya mediante la correspondiente reforma estatutaria, aprobada y formalizada con arreglo a la ley.

Cuando se constituye la sociedad, el capital y el patrimonio sociales coinciden. Pero en la medida en que se desarrolla su objeto aunque la cifra del primero continua inalterada, el patrimonio unas veces aparece por encima y otras por debajo del capital. Tales mutaciones del patrimonio se reflejan en la contabilidad y en los estados financieros. En cambio, cualquier variación del capital está sujeta a los trámites internos y externos de toda reforma estatutaria.

En las escrituras de constitución y de aumentos de capital de las sociedades de responsabilidad limitada se especifican los valores aportados por los socios y suele aparecer la consabida frase de que “los aportes han sido íntegramente pagados”, pero si esta declaración no corresponde a la realidad se incurre en una falsedad. Además, la responsabilidad de los socios en principio circunscrita por ley al monto de los aportes, así como la responsabilidad solidaria de los socios por el valor atribuido a los aportes en especie, garantizan a terceros la efectividad del capital social.

— Funciones que desempeña el capital:

a) Inicialmente representa el grado de solvencia de la sociedad. A partir de la constitución y durante su vida activa es para los terceros que contraten con ella una cifra de garantía. Por eso la ley exige que se pague íntegramente cuando se constituye la sociedad.

b) Los aportes de capital que los socios hacen a la sociedad delimitan la responsabilidad de cada uno de ellos a menos que en los estatutos se estipule para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad con indicación de su naturaleza, cuantía, duración y modalidad (C. Co., art. 353).

c) La forma como cada socio ha contribuido a su integración determina la proporción en que participa en el reparto periódico de utilidades.

d) El fraccionamiento del capital en cuotas de igual valor nominal implica que estas representen alícuotas de aquel; y como cada una confiere derecho a un voto, permite cuantificar los que cada socio puede emitir en las reuniones del órgano máximo de la compañía.

e) Es punto de referencia para el ejercicio de algunos derechos administrativos.

CAPÍTULO VII

Consideraciones del tribunal ante las alegaciones de las partes

De conformidad con el artículo 2079 del Código Civil “La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.

Por su parte, el artículo 98 del Código de Comercio dispone que “Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.

La estirpe contractual de la sociedad, sea ella civil o comercial, es, pues, perfectamente nítida, así como es nítido que una vez constituida, la sociedad forma una nueva persona jurídica, distinta de los socios. Es esta nueva persona jurídica la que puede verse perjudicada bien por actos u omisiones de los socios, ora por actos u omisiones provenientes de terceros y la que puede ver comprometida su responsabilidad, ya respecto de los socios, ora respecto de terceros en razón de las operaciones sociales.

El Código de Comercio, a diferencia de lo que acontece con el Código Civil, no se ocupa en sentar normas o principios relativos a las obligaciones de los socios entre sí, ni regula lo concerniente a las obligaciones de los socios respecto de terceros. La regulación mercantil se preocupa más por lo concerniente a la responsabilidad de los diversos tipos de sociedad en relación con terceros por razón de las operaciones sociales, que por regular aspectos, como los mencionados, de tan señalada importancia para la vida jurídica. Ello no obstante y como lo apunta don Fernando Vélez (1) al tratar de las obligaciones de los socios entre sí, “estas pueden considerarse como de los socios para con la compañía”.

La obligación de llevar bienes al fondo social, esto es, la de hacer aportes al capital social, la contraen los asociados respecto de la sociedad. Es la sociedad la destinataria de los aportes, y, por tanto, ella es la acreedora de esa obligación, no los otros asociados. Por consiguiente, el crédito correspondiente está en cabeza de la sociedad y no en la de los demás socios.

Lo precedente significa que la única persona legitimada para reclamar contra el socio que no ha cumplido su obligación de llevar al fondo social lo que se comprometió a llevar, es la sociedad y solo la sociedad, conclusión que aparece ampliamente corroborada por el artículo 125 del Código de Comercio, precepto que regula, justamente, la situación que se presenta “cuando el aporte no se haga en la forma y época convenidas”.

En tal evento, dice la ley, “la sociedad empleará los arbitrios de indemnización señalados en el contrato”, y añade que a falta de estipulación expresa al respecto, “la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes arbitrios o recursos:

a) excluir al asociado incumplido;

b) reducir su aporte a la parte entregada o que esté dispuesto a entregar, y

c) hacer efectiva la entrega del aporte.

En todos los casos, agrega la norma, “el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses moratorios a la tasa que estén cobrando los bancos en operaciones comerciales ordinarias”.

Del análisis de los estatutos sociales de “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” ya efectuado por el tribunal en otro aparte de este laudo, no fluye que en ellos se hayan pactado arbitrios indemnizatorios especiales para el evento de incumplimiento de los socios a sus obligaciones de llevar al fondo social los aportes ofrecidos. Por consiguiente, es plena la operancia del mencionado artículo del Código de Comercio como norma supletiva de la voluntad de los contratantes, y de su claro texto fluye, a juicio del tribunal, la siguiente conclusión:

La ley no otorga al doctor Ricardo Anaya Angulo titularidad alguna para demandar al doctor Gabriel Pardo Otero por la no entrega del aporte que este se comprometió a llevar al fondo social, como tampoco la tiene el doctor Pardo para demandar al doctor Anaya por no haber entregado el suyo. Tal titularidad la asigna la ley a la sociedad que ha debido recibir los aportes y no los recibió: para el presente caso la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” representada por ellos y ninguno ejerció, como mandatario de ella, el derecho social, condonando de esta forma la mora que entre ellos hubiese podido existir.

Y como dicha sociedad no compareció al presente proceso arbitral como demandante, única calidad que habría podido conducir al tribunal a una conclusión diferente a la anteriormente expuesta, pretensiones como las contenidas en las súplicas a) y b) de la demanda principal y, en general, todas las que tengan como fundamento la mencionada falta de entrega de las aportaciones que los socios fundadores de “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” se obligaron a llevar al fondo social, no están llamadas a prosperar. Así se declarará en la parte resolutiva.

Idéntica suerte habrán de correr las pretensiones resarcitorias planteadas en la demanda de reconvención, por las razones que a continuación se expresan:

Naturaleza de la acción de responsabilidad intentada

Las fuentes que el derecho positivo colombiano reconoce a la responsabilidad civil pueden clasificarse, suscintamente, en las siguientes:

a) la responsabilidad contractual, que es la que emana del incumplimiento culposo o del cumplimiento tardío o defectuoso de una obligación asumida por un deudor en provecho de su acreedor en virtud de un contrato legalmente celebrado; b) la responsabilidad extracontractual, que es la que emana de la violación culpable del deber general de no causar daño a otras personas con las cuales no se tiene un vínculo jurídico previo; c) la responsabilidad precontractual, que es la que emana del rompimiento inopinado y culpable de los tratos previos a la celebración de un negocio jurídico entre las partes que se proponen celebrarlo; d) la responsabilidad derivada del ejercicio abusivo de un derecho conferido por las leyes o emanado de un contrato; e) la que se deriva del enriquecimiento injusto, es decir, del aumento indebido del patrimonio de una persona a expensas del correlativo empobrecimiento, también indebido, del patrimonio de otra persona, y f) la responsabilidad legal, que es aquella impuesta por la ley, en determinados casos y por circunstancias excepcionales, en favor de las víctimas de ciertos hechos o actos que el legislador considera especialmente relevantes, tales como las víctimas de atentados terroristas y otros sucesos similares (grandes desastres naturales, masacres, genocidios, etc.).

De la confrontación entre lo que viene dicho y lo pertinente de los escritos de demanda, de reconvención y sus correspondientes respuestas, para el tribunal es claro que la acción de responsabilidad intentada por el doctor Pardo en su demanda de mutua petición no tiene, ciertamente, origen en ninguno de los supuestos mencionados en las letras b) a f) del párrafo anterior. Lo encuentra, sí, en el evento del literal a) del mismo párrafo, puesto que las pretensiones que se examinan en este aparte del presente laudo se hacen derivar de la existencia de un contrato de sociedad celebrado entre las partes o, más exactamente, del supuesto incumplimiento de algunas de las obligaciones que de ese contrato surgieron entre los contendientes. Se está, pues, en presencia de una acción de responsabilidad contractual, y corresponde ahora al tribunal determinar cuáles son los elementos esenciales de dicha acción.

Elementos esenciales de la acción de responsabilidad intentada

La doctrina y la jurisprudencia nacionales concuerdan en sostener que para la configuración de una acción por responsabilidad contractual es preciso contar con la concurrencia de los siguientes requisitos:

— En primer lugar se requiere la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual haya surgido la obligación u obligaciones que se reputan violadas;

— En segundo término, ha de presentarse el incumplimiento culpable de una o más de las obligaciones emanadas del contrato. Por incumplimiento ha de entenderse no solo la falta de satisfacción de la prestación prometida, sino su satisfacción defectuosa o tardía;

— En tercer lugar, es preciso que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio, que debe ser resultante de la inejecución de la obligación, de su ejecución defectuosa o tardía.

Así, el profesor Álvaro Pérez Vives (2) expresa:

“...para exigir de una persona responsabilidad contractual, hay que demostrar la existencia de un vínculo convencional, la violación de la obligación que de él surgió (esto es la culpa del deudor) y el perjuicio que de allí se derivó al acreedor”.

En el mismo sentido, el civilista venezolano José Melich Orsini (3) expone:

“Para que exista responsabilidad contractual es necesario que la obligación violada haya sido creada por un contrato y además que el daño sufrido por el acreedor consista en la privación de la ventaja patrimonial que el contrato tendía a asegurarle”.

Para Henri Lalou, (4) la culpa contractual supone la existencia de un contrato válido entre el autor del daño y su víctima y un daño resultante de la inejecución del contrato. Y Luis Díez-Picaso (5) enseña que

“... siempre que entre las partes existe una relación contractual y el daño es consecuencia del cumplimiento defectuoso o del incumplimiento de cualquiera de los deberes contractuales que de dicha relación derivan, sean obligaciones expresamente pactadas o deberes accesorios de conducta nacidos de la buena fe o de los usos de los negocios, la responsabilidad es de carácter contractual...”.

En el caso sometido a la decisión del tribunal, este encuentra que el primero de los requisitos mencionados, esto es, la violación del vínculo obligacional emanado del contrato no se encuentra configurado, como pasa a explicarse en los párrafos que siguen.

Se afirma por parte del doctor Pardo que en la sociedad se presentó la causal de disolución establecida por el numeral 2º del artículo 218 del Código de Comercio, según el cual la sociedad comercial se disuelve por “la imposibilidad de desarrollar la empresa social…”.

A primera vista esto es cierto y como consecuencia de ello, la sociedad ha debido liquidarse.

Sin embargo, ello no se hizo. De otra parte, es preciso aclarar que para que esta causal produzca sus efectos, de acuerdo con el artículo 220 de la misma obra, es necesario que los asociados declaren disuelta la sociedad por su ocurrencia y que den cumplimiento a las formalidades exigidas para la reforma del contrato social. Y los autos demuestran que esto tampoco se hizo. No hay, en efecto, acta de la junta general de socios que dé cuenta de ello, ni existe acto notarial alguno al respecto.

El no pago de los aportes no es causal de nulidad ni de disolución de una sociedad limitada. Es preciso recordarse que, conforme al Código de Comercio, los socios responden por el valor de sus aportes y esta responsabilidad, como es lógico, permite que demostrado el no pago de los aportes, los acreedores de la sociedad persigan a los socios personalmente hasta por el valor de los aportes de cada uno. Sobre esto no hay duda ya que la situación está contemplada tanto en el artículo 125 del Código de Comercio, por vía general, como en el 355 de la misma obra sobre la sociedad limitada, en particular.

Así, una sociedad limitada puede funcionar, sin que su capital esté pagado, en todo o en parte, hasta que aparezca una causal de disolución. Ahora bien: en el momento de la liquidación, deberá tenerse en cuenta el aporte real de cada asociado o el formal, pues como queda visto, la responsabilidad del socio llega hasta ese valor.

Debe recordarse que según el artículo 125 del Código de Comercio, “cuando el aporte no se haga en la época y forma convenidas ... la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes arbitrios o recursos:

1. Excluir de la sociedad al asociado incumplido.

2. Reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar, pero si esta reducción implica disminución del capital social se aplicará lo dispuesto en el artículo 145, y

3. Hacer efectiva la entrega o pago del aporte.

En los tres casos anteriores el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses moratorios a la tasa que estén cobrando los bancos en operaciones comerciales ordinarias”.

Nada de esto se hizo y la ausencia de actuación por parte de la sociedad se explica fácilmente pues los representantes legales eran y siguen siendo los deudores morosos.

En el presente caso los socios asumieron la obligación de aportar unos vehículos y uno de ellos, además, una suma en efectivo. De la prueba recibida se desprende que ninguno de los dos socios cumplió con el aporte del vehículo. Lo mismo se desprende que el socio Anaya cumplió con la entrega del efectivo que hizo parte de su aporte, dinero que junto con otros, provenientes del ejercicio social, sirvió para adquirir el bien inmueble de propiedad de la sociedad.

Es de advertir —se repite— que de acuerdo con el artículo 135 del Código de Comercio, los asociados responden solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie.

Por otra parte, no hay lugar a duda de que la sociedad se encuentra disuelta por vencimiento del término pactado para su duración y que como consecuencia de esto, debe ser liquidada. Esta situación limita, además, el campo para la decisión del tribunal.

Tal como antes se dijo, el hecho de no pagar el aporte no constituye causal de nulidad de la sociedad y estando previsto esto en la ley, quien no lo pague, no deja de ser socio.

La afectio societatis o ánimo societario se presume cuando se constituye una sociedad, lo mismo que se presume durante su vigencia si no se ha ejecutado alguna acción tendiente a la disolución de la compañía. Además, las únicas causales de disolución aplicables a la sociedad limitada son las enumeradas en el artículo 218 del Código de Comercio, ninguna de las cuales, con excepción de la primera, se ha presentado en este asunto.

La afectio societatis o ánimo societario es, junto con el ánimo de lucro, la causa del contrato de sociedad, siendo elemento del mismo solamente en las sociedades de personas; pero la pérdida de este ánimo debe expresarse por los caminos de la ley cuando el co contratante plural o individual no se presta a legalizar la disolución. En el caso que ocupa la atención del tribunal nunca se dio el primer paso, declarar la disolución anticipada que, por ser reforma social, ha debido hacerse por escritura pública la cual necesariamente habría de ser inscrita en el registro público de comercio. No logrando esto, se abren dos caminos, el judicial para solicitar la declaratoria de la disolución o el de retiro por cesión del interés social en la forma prevista en los artículos 363, 364 y 365 del Código de Comercio. Ninguno de los socios hizo uso de estos medios y hoy, vencido el término de la sociedad, que es de inmediata aplicación para socios y terceros se ha perdido la oportunidad. La afectio societatis es elemento de contrato social para, y únicamente para, la sociedad colectiva o de hecho, pues el ser socio trae consigo responsabilidades personales y patrimoniales, que no son comunes a las sociedades limitadas y anónimas, entre las cuales solo se encuentran apenas dos diferencias: la forma de administración y la limitación en la cantidad de participantes en la limitada. Por esto algunos han denominado esta clase de sociedad como mixta.

En la sociedad de responsabilidad limitada la ley la salva de los extremos de las otras sociedades merced a la estructura sui generis que le imprime y al amplio radio de acción de la voluntad social para acordar en los estatutos reglas que la adapten a la respectiva actividad. Tal régimen legal es equidistante, pues si se le confiriera predominio al intuitus pecuniae resultaría un tipo social innecesario porque existe la anónima; y si se diera énfasis exclusivamente al intuitus personarum carecería de sentido la finalidad del legislador de crear un instrumento distinto de la colectiva, en la que también se toma en consideración las cualidades de todos y cada uno de los socios, quienes tienen derecho a intervenir en la gestión interna y externa, sin el riesgo de comprometer sus respectivos patrimonios en los negocios sociales. Esa naturaleza mixta o intermedia entre la colectiva y la anónima pone de relieve que es un tipo social adecuado para acometer actividades económicas de pequeñas y medianas dimensiones, dentro de un ámbito que restringe el acceso de extraños Mediante el derecho de preferencia en la cesión de cuotas.

Por parte alguna se encuentra prueba de que la sociedad “Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda.” hubiese perdido su vocación para “ejercer la empresa social”, o sea para desarrollar el objeto social. En esto el doctor Pardo confunde la sociedad con uno de sus socios y cree que por cuanto resolvió hacer parte de otra sociedad, la primera desapareció. Es la sociedad la que ejerce el objeto social y no sus socios ya que la sociedad es persona distinta de aquellos.

Además “la imposibilidad de desarrollar la empresa social” para que resulte decisoria, debe ser reconocida por los asociados quienes deberán dar aplicación al artículo 220 del Código de Comercio.

Está ampliamente demostrado que el doctor Pardo dejó la gerencia de la compañía sin haber sido reemplazado, hecho que autorizó al subgerente, doctor Anaya a ejercerla, tal como lo hizo.

Esto es tan claro que al liquidarse la sociedad, efectuado el pago del pasivo externo si existe, y hechas las contabilizaciones de ley, el resto deberá repartirse por partes proporcionales a los aportes.

Es de advertir que vencido el término de la sociedad, en virtud del artículo 227 del Código de Comercio, el doctor Anaya, lo mismo que el doctor Pardo, han podido adelantar la liquidación. Es también oportuno señalar que hubieran podido designar liquidador y que, fracasado ese intento, hubieran podido pedir la designación judicial del liquidador.

En el expediente no existe prueba de que el doctor Anaya hubiera obtenido provecho personal alguno en detrimento del patrimonio del doctor Pardo, por asumir la representación de la compañía y en este aparte se considera dejar en claro que de acuerdo con las dos partes la compañía se estableció para el ejercicio común de la profesión de abogado, ejercicio que, también de acuerdo con ambas partes, terminó en abril 30 de 1979. No entiende el suscrito árbitro como en ese entonces estando los dos socios de acuerdo en separarse profesionalmente, tal como lo hicieron, no procedieron a disolver y liquidar la sociedad, consecuencia lógica de la separación; no se entiende tampoco como entre las partes se produce un silencio superior a diez años el cual solo se interrumpió tres años después del vencimiento del término de la sociedad.

CAPÍTULO VIII

Excepciones de mérito

El doctor Pardo Otero propuso las siguientes:

a) Ausencia de legitimación en la causa activa;

b) La de contrato no cumplido, y

c) La de prescripción quinquenal de la acción entre asociados.

Por su parte, el doctor Anaya Angulo en el escrito de contestación a la demanda de reconvención, formuló la siguiente: “carencia del doctor Gabriel del Carmen Pardo Otero del derecho subjetivo autónomo de ejercer la acción de actor (contra demandante) porque también carece del derecho subjetivo sustancial de socio de la sociedad Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda.”.

Sobre el tema de las excepciones anteriormente relacionadas, el tribunal considera:

La doctrina y la jurisprudencia nacionales tienen aceptado que salvo las del proceso ejecutivo, las excepciones se deciden en la sentencia final. Si el demandado las ha propuesto, el juez debe examinarlas en la parte motiva y decidir sobre ellas en la parte resolutiva, siempre que se encuentren acreditados los requisitos de la pretensión, pues en caso contrario absuelve al demandado por la ausencia de cualquiera de ellos. Sobre estos puntos ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

“El estudio y decisión de las excepciones no son pertinentes, por regla general, cuando se niegan las peticiones de la demanda, negativa que muchas veces proviene de la ineficacia de la acción (pretensión)”. (G.J. XLVII, pág. 616, citada por Hernando Morales Molina, en su “Curso de derecho procesal civil, parte general, 1991, Nº 185).

Así las cosas, siendo claro que solo prosperarán la petición tercera de la demanda principal y la primera de las pretensiones subsidiarias de la demanda de reconvención, que son una misma, es decir aquella que inclusive obliga al tribunal a reconocer disuelta y en estado de liquidación la sociedad “Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda.” por vencimiento del término estipulado para su duración, considera el tribunal que no procedería hacer un análisis de los medios exceptivos propuestos, toda vez que ellas no inciden en las pretensiones que se abren paso, por ser la causal de disolución que se halla configurada, de aquellas que opera ipso jure tanto respecto de los asociados como de terceros.

Sin embargo, para no dejar dudas sobre la procedencia de alguna de las excepciones propuestas, el tribunal las estudiará a continuación, someramente.

a) Ausencia de legitimación en la causa activa: Si bien en la motivación se dijo que “La ley no otorga al doctor Ricardo Anaya Angulo titularidad alguna para demandar al doctor Gabriel Pardo Otero por la no entrega del aporte que este se comprometió a llevar al fondo social, como tampoco la tiene el doctor Pardo para demandar al doctor Anaya por no haber entregado el suyo. Tal titularidad la asigna la ley a la sociedad que ha debido recibir los aportes y no los recibió: para el presente caso la sociedad “Anaya y Pardo Abogados Asociados Ltda.” representada por ellos y ninguno ejerció, como mandatario de ella, el derecho social, condonando de esta forma la mora que entre ellos hubiese podido existir”, debe señalarse, en consideración a lo anterior, que las razones que adujo el doctor Pardo para sustentar esta excepción, además de confusas, simplemente se limitan a señalar que los hechos en que el actor apoya sus pretensiones no le otorgan efectos jurídicos cuya declaración persigue con la demanda.

Fácil es considerar que con su dicho, el doctor Pardo simplemente pretende que se desestimen globalmente las pretensiones deprecadas por el doctor Anaya, pero sin que de su exposición pueda el tribunal discernir cuál o cuáles de tales pretensiones se han deducido con la carencia de legitimación invocada.

b) Excepción de contrato no cumplido: La hace consistir el doctor Pardo en la circunstancia de que el doctor Anaya ha aceptado que él tampoco cubrió el aporte en especie del automóvil que se comprometió a aportar a la sociedad “Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda.”.

Esta excepción no está llamada a prosperar, porque como lo ha dicho y repetido el tribunal a lo largo del presente laudo, de conformidad con el artículo 125 del Código de Comercio, no es necesario el pago del aporte para la validez de la sociedad.

c) Prescripción de la acción entre asociados: Tampoco encontrará prosperidad esta excepción, porque el pago del aporte no es requisito necesario para la validez de la sociedad, como ya se apuntó, y porque el medio exceptivo estudiado tendría alguna relevancia dentro del presente proceso, si el tribunal hubiese encontrado prósperas las pretensiones de la demanda concernientes o fundadas en el hecho de no haber llevado el doctor Pardo al capital social lo que se comprometió a aportar en el acto de constitución de la compañía;

d) Excepción propuesta por el doctor Ricardo Anaya Angulo: Ya fue mencionada en otro lugar del laudo esta excepción, por lo cual no es del caso volver a transcribirla aquí.

Para decidirla, el tribunal considera:

La exclusión de un socio solo tiene lugar cuando así lo decida la junta de socios en cumplimiento de las causales señaladas por la ley, entre las cuales se encuentra la de no haberse pagado el aporte; pero, para declararla, es necesario que se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 125 del Código de Comercio, lo que en el presente asunto no sucedió. Por lo anterior, la excepción no está llamada a prosperar.

CAPÍTULO IX

La objeción por error grave al dictamen pericial

Es en el laudo donde deben resolverse las objeciones de las partes al dictamen pericial (D. 1818/98, art. 153).

En este proceso, el doctor Pardo Otero objetó por error grave el dictamen rendido por el experto contador e hizo consistir el error, en síntesis, en que el perito encontró una cifra representativa de un supuesto lucro cesante, mediante una proyección estadística de ingresos de la sociedad que se habrían podido tener pero no se tuvieron.

Para resolver sobre las objeciones, el tribunal considera:

Al examinar el trabajo del perito, el tribunal encuentra que en verdad el experto, para liquidar los ingresos de un período, utilizó ingresos hipotéticos y fórmulas de ingresos traídos a valor presente. En esta forma en realidad se establecieron cálculos probables pero no definitivos, pero de ahí no puede concluirse que ello constituya error grave, por cuanto que los dos factores que permitirían estructurar el error grave, cuales son las bases hipotéticas y la forma de proyectarlas, aritméticamente son correctas. Otra cosa es que no sirvan para pronunciar una condena, pero lo que verdadera y legalmente estructura el concepto de error grave predicado de un dictamen pericial, es que el yerro endilgado al dictamen afecte las conclusiones o se origine en estas. Si ello no acontece, el juez, al valorar la prueba hará caso omiso de las supuestas equivocaciones o errores.

Para el tribunal, las observaciones que pueden dar lugar a la objeción por error grave deben dejar claro que el dictamen tiene fundamentos equívocos de tal magnitud, que necesariamente conduzcan a conceptos erróneos y falsas conclusiones sobre la materia objeto de la prueba, es decir, que el error debe estar comprendido en el campo de una equivocación ostensible y notoria por parte del perito, y no simplemente en la discrepancia de las partes del proceso respecto de la metodología utilizada por este o en relación con sus conceptos. No prospera, por consiguiente, la objeción por error grave al dictamen pericial formulada por el doctor Gabriel Pardo Otero.

CAPÍTULO X

Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto, el suscrito árbitro único, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declárase que la sociedad “Anaya & Pardo Abogados Asociados Ltda.” se encuentra disuelta por vencimiento del término previsto para su duración y ordénase su liquidación por cualquiera de las vías señaladas al efecto por los artículos 228 y 229 del Código de Comercio, con la aclaración de que el doctor Gabriel del Carmen Pardo Otero es socio de la mencionada sociedad.

2. Deniéganse las demás súplicas de la demanda principal.

3. Deniéganse las pretensiones principales de la demanda de reconvención, así como las pretensiones subsidiarias de la misma, con excepción de la primera, en relación con la cual se dispone estarse a lo resuelto en el punto primero del presente laudo.

4. Decláranse no probadas todas las excepciones propuestas por las partes dentro del presente proceso.

5. Declárase que no prospera la tacha por error grave formulada por el doctor Gabriel Pardo Otero contra el dictamen pericial elaborado por el perito José Martín Romero Silva.

6. Sin costas a cargo de ninguna de las partes. Los honorarios del árbitro, de la secretaria, del perito, los gastos de funcionamiento y los de protocolización del expediente, todos los cuales ya fueron cancelados por las partes, los asumen ellas por mitad.

7. Por secretaría expídanse copias auténticas de esta providencia para las partes procesales.

8. Protocolícese el expediente en una de las notarías del círculo de esta ciudad.

Notifíquese.

De la providencia anterior quedaron notificadas en audiencia las partes, a quienes se hizo entrega de sendas copias del laudo arbitral.

Para constancia se firma la presente acta por quienes intervinieron en la audiencia.

________________________________________