Laudo Arbitral

Ronderos Torres & Cía. SCA

v.  

Fiduciaria Tequendama S.A.

Septiembre 6 de 2001

Acta 20

En Bogotá, a los seis (6) días del mes de septiembre del año 2001, en la rede norte del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la calle 72 7-82, piso 8º, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) se reunió el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las controversias entre Ronderos Torres & Cía. SCA y Fiduciaria Tequendama S.A.

Se encontraban presentes los árbitros, doctores Roberto Uribe Ricaurte, presidente del tribunal, María Patricia Silva Arango y Rafael Gómez Rodríguez, la doctora Anne Marie Mürrle Rojas, secretaria del tribunal; el apoderado de la parte convocada, doctor Luis Hernando Gallo Medina, respectivamente y el apoderado de la llamada en garantía, doctor Carlos Goyeneche.

En este punto de la audiencia la secretaria informó lo siguiente:

El día 5 de septiembre de 2001 se recibió una comunicación de las peritos contadoras en la que expresan que la sociedad llamada en garantía no ha cancelado el cuarenta por ciento (40%) de los honorarios fijados a su cargo por el tribunal, en providencia de fecha 2 de mayo de 2001.

En la misma fecha, se recibió de parte del apoderado de la parte convocada un documento en el que consta el reembolso a la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA de la suma de siete millones quinientos mil pesos ($ 7.500.000) por concepto de honorarios y gastos del tribunal.

A continuación, el presidente del tribunal dispuso que se diera lectura a las partes más relevantes del laudo, una vez concluida la cual, este quedó notificado en estrados.

Terminada la diligencia se firmó el acta por quienes se encontraban presentes.

CAPÍTULO I-Antecedentes

1. Solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento

Mediante escrito presentado ante el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 25 de noviembre de 1999, la sociedad Ronderos Torres & Cía. SCA, solicitó la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento para que resolviera, a través de un proceso arbitral, las pretensiones contenidas en la demanda formulada contra la Fiduciaria Tequendama S.A.

2. El pacto arbitral

En el presente caso el pacto arbitral se encuentra contenido en la cláusula vigesimocuarta del contrato de operación y/o administración de hoteles, celebrado entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y la Fiduciaria Tequendama S.A., el cual obra a folios 4 a 18 del cuaderno de pruebas 1.

En efecto, en dicha cláusula se dispone:

“Arbitramento

En caso de que las diferencias que ocurran entre las partes con motivo de la ejecución del presente contrato, no puedan ser resueltas directamente por ellas o por amigables componedores designados al efecto, serán decididas por un Tribunal de Arbitramento que resolverá en conciencia y en equidad y que será designado por la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, mediante solicitud escrita de cualquiera de las partes, en la que deberán indicarse las diferencias o cuestiones objeto de laudo”.

3. Etapa prearbitral

3.1. Trámite inicial

Tras la presentación de la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento por parte de la sociedad Ronderos Torres & Cía. SCA, el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, procedió a admitirla y a correr traslado a la parte convocada, en los términos del artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, mediante providencia de fecha 1º de diciembre de 1999, notificada en el estado 084 del 6 del mismo mes y año. En vista de la imposibilidad de notificación personal al representante legal de la convocada, se procedió al correspondiente emplazamiento.

Posteriormente, mediante escrito presentado el 5 de abril de 2000, la convocada dio contestación a la demanda a través de apoderado, quien se pronunció sobre los hechos y las pretensiones, propuso excepciones y pidió pruebas. Igualmente, en escrito separado el apoderado de la parte convocada solicitó al tribunal que “se llame en garantía a la Sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A.”.

El día 6 de abril de 2000 el apoderado de la convocada presentó al tribunal un escrito aclarando la contestación de la demanda.

Días después, la convocante mediante escrito radicado el 24 de abril del 2000, procedió a pronunciarse sobre la contestación al escrito de convocatoria del tribunal.

Luego, mediante auto de fecha 2 de mayo de 2000, el centro de arbitraje fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, el 24 de mayo siguiente.

A la audiencia de conciliación comparecieron los representantes legales de las partes y sus apoderados sin que se llegara a un acuerdo sobre la controversia.

3.2. Nombramiento de los árbitros

La junta directiva de la cámara, en reunión celebrada 18 de julio de 2000, nombró como árbitros principales a los doctores Luis Hernando Gallo Medina, Marco Gerardo Monroy Cabra y María Patricia Silva Arango, y como suplentes a los doctores Rafael Gómez Rodríguez, Roberto Uribe Ricaurte e lván Echeverri Cancino a quienes se les comunicó su designación. El doctor Gallo Medina no aceptó su nombramiento por ser el apoderado de la parte convocada, de forma que quedó integrado el tribunal por los doctores Marco Gerardo Monroy Cabra, María Patricia Silva Arango y Rafael Gómez Rodríguez.

Posteriormente, el doctor Marco Gerardo Monroy Cabra en comunicación radicada en la Cámara de Comercio el 18 de enero de 2001 y dirigida al director del centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Hernando Herrera Mercado, manifestó estar impedido para seguir actuando como árbitro, por haber sido designado como magistrado de la Corte Constitucional. En consideración a lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en la reunión de la junta directiva de la Cámara de Comercio del 7 de diciembre de 2000, se procedió a comunicar al doctor Roberto Uribe Ricaurte su designación como árbitro, quien aceptó el cargo el 8 de febrero de 2001.

3.3. Instalación del tribunal

El centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá fijó como fecha para celebrar la audiencia de instalación del tribunal el día 23 de agosto de 2000 a las tres de la tarde (3:00 p.m.).

En la fecha y hora señaladas se inició la audiencia de instalación a la cual asistieron los árbitros doctores Marco Gerardo Monroy Cabra, María Patricia Silva Arango y Rafael Gómez Rodríguez y los apoderados de las partes. En dicha audiencia el tribunal nombró como presidente al doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, quien aceptó y como secretaria, a la doctora Anne Marie Mürrle Rojas; declaró legalmente instalado el tribunal y fijó las sumas a cargo de las partes por concepto de honorarios para los árbitros y la secretaria, gastos de funcionamiento y administración a favor de la Cámara de Comercio de Bogotá y protocolización y registro y otros, para ser canceladas por las partes dentro del término legal.

3.4. Sumas a cargo de las partes

La parte convocante consignó las sumas a su cargo por concepto de honorarios y gastos del tribunal dentro del término legal y las correspondientes a la parte convocada por no haber depositado esta en su oportunidad los valores respectivos.

4. Trámite arbitral

4.1. Las partes y su representación

Las partes en el presente proceso son las siguientes:

Demandante

Es la sociedad Ronderos Torres & Cía. SCA según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que obra a folios 105 y 106 del cuaderno de pruebas 1 del expediente, se trata de una sociedad civil, constituida por escritura pública 1474 de la Notaría 11 del Círculo de Bogotá, de fecha 11 de julio de 1974, reformada en dos oportunidades, con domicilio en Bogotá, cuyos representantes legales son los socios gestores y el gerente, individual o conjuntamente. La gerente es la señora Clara Eugenia Ronderos de Torres y los socios gestores son Guillermo Ronderos Durán y María Elena Torres de Ronderos.

Demandada

Es la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A. según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 6 de octubre de 2000, que obra a folios 119 a 121 del cuaderno de pruebas 1 del expediente, se trata de una sociedad comercial, constituida por escritura pública 3847 de la Notaría 18 del Círculo de Bogotá, de fecha 9 de julio de 1992, reformada en varias oportunidades, con domicilio en Bogotá y cuya representante legal es la señora Carla Patricia Gallo Hoyos.

Llamada en garantía

Es la Sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A. según consta en el certificado sobre la existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 17 de noviembre de 2000, que obra a folios 116 a 118 del cuaderno principal 1 del expediente, se trata de una sociedad comercial, constituida por escritura pública 1842 de la Notaría 45 del Círculo de Bogotá, de fecha 17 de junio de 1994, con domicilio en Bogotá y cuyos representantes legales son: el gerente, señor José Antonio Mantilla, y sus dos suplentes, señoras Gretta Viviana Perilla Niño y Fabiola Jácome Rincón.

4.2. La demanda

4.2.1. Los hechos en los que se sustenta la demanda. En la demanda se plantearon los siguientes hechos:

“Primero. Entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y la Sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., se suscribió un contrato de operación hotelera cuyo objeto era el de administrar, a partir del 21 de junio de 1995 el Hotel Cartagena de Indias”.

“Segundo. En desarrollo de tal convenio, la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A. debía, de conformidad con el literal f) de la cláusula tercera, “tramitar y poner a disposición de la operadora, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que ella los solicite, los dineros necesarios para la adecuada administración del hotel, cuando quiera qué las gestiones de esta, tendientes a obtener los mismos, resulten infructuosas”.

“Tercero. En cumplimiento de la anterior obligación a cargo de H.J. Hoteles de Colombia S.A. dicha sociedad tramitó ante la Caja Agraria un crédito por valor de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) mcte., suma que fue desembolsada e invertida, en parte, en la dotación y operación del hotel administrado, tal como se advierte en la página cuatro de la auditoría adelantada por Peña Gutiérrez & Cía. De la misma manera adelantó contactos con diferentes entidades del sector financiero, tendientes a recaudar las sumas necesarias para la correcta operación del establecimiento hotelero, gestiones que, habiendo resultado infructuosas, compelieron a la sociedad operadora a solicitar dichas partidas, tal como estaba previsto en el contrato, a la sociedad Fiduciaria Tequendama”.

“Cuarto. Para los eventos en los cuales la fiduciaria no pudiese cumplir oportunamente con la obligación de tramitar y poner a disposición de la operadora los dineros necesarios para la adecuada administración del hotel, en completa consonancia con la naturaleza jurídica del contrato celebrado, H.J. Hoteles de Colombia S.A. debía suministrar, tomándolos de su propio patrimonio, los fondos requeridos para la administración del hotel, y para esos eventos, en la cláusula decimosegunda del mismo contrato, referente a “honorarios y compensaciones a la operadora” se previó que “los pagos de honorarios por administración y los reembolsos de gastos en que la operadora incurra como consecuencia de la adecuada prestación de los servicios objeto del presente contrato, los deberá efectuar el propietario dentro de los cinco primeros días de cada mes”.

“Quinto. Tanto los estados financieros del hotel como la auditoría que sobre los mismos adelantó la firma Peña Gutiérrez & Cía., contratada directamente por la sociedad convocada, certificaron pérdidas por valor de cuatrocientos sesenta y cinco millones setecientos tres mil ciento cuarenta y nueve pesos ($ 465.703.149) mcte. De este rubro y con la exclusiva finalidad de proveer una adecuada prestación de los servicios de operación del establecimiento administrado, H.J. Hoteles de Colombia S.A., por cuenta de la sociedad convocada, canceló, a título de gastos reembolsables, las siguientes sumas de dinero:

1. La suma de ochenta y cuatro millones quinientos diecinueve mil trescientos dieciocho pesos ($ 84.519.318) mcte. a través de Editora de Mar S.A.

2. Adicionalmente canceló a través de los comprobantes de egreso adjuntos a la presente demanda, la suma de ocho millones trescientos mil pesos ($ 8.300.000).

3. Por último quedó pendiente un saldo a favor de H.J. Hoteles de Colombia S.A., discriminado en la pagina número nueve del estudio de auditoría, bajo la cuenta llamada “cuentas por pagar a compañías vinculadas”, por valor de veintinueve millones doscientos ochenta y seis mil novecientos noventa y nueve (29.286.999) mcte.”.

“Sexto. En la cláusula decimosexta del contrato de operación se estipuló como efectos de la terminación del contrato que además de cesar desde el mismo momento de terminación del contrato todas las obligaciones a cargo y los derechos a favor de las partes contratantes, se producirán los siguientes efectos: ... 3. Las cantidades adeudadas a la operadora por cualquier concepto, (refiriéndose a honorarios y compensaciones) se harán de inmediata exigibilidad”.

“Séptimo. Como término de duración del contrato, las partes pactaron un período de diez años, sin embargo, de mutuo acuerdo, optaron por darlo por terminado el día 7 de mayo de 1997”.

“Octavo. A la fecha de presentación del presente escrito de convocatoria, la Fiduciaria Tequendama no ha cancelado suma alguna por los conceptos arriba indicados lo cual estructuró a su cargo el incumplimiento de las obligaciones descritas en los hechos cuarto y sexto del presente escrito”.

“Noveno. El 5 de noviembre de 1997, H.J. Hoteles de Colombia S.A. cedió, a título de dación en pago, en favor de Ronderos Torres & Cía. SCA, los créditos personales que resulten contra la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., como consecuencia de la liquidación del contrato de operación y/o administración hotelera”.

“Décimo. Ronderos Torres & Cía. SCA, por intermedio de su representante legal, me ha conferido poder para iniciar, tramitar y llevar hasta su culminación el presente trámite arbitral”.

4.2.2. Las pretensiones. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

“Primera. Que se procederá a notificar judicialmente al representante legal de la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., o a quien haga sus veces, de la cesión de créditos personales que, a título de dación en pago, se celebró entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y la sociedad convocante”.

“Segunda. Que se declare la obligación, a cargo de la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., de restituir las anticipaciones de dinero invertidas por H.J. Hoteles de Colombia S.A. en la operación del Hotel Cartagena de Indias, anticipaciones cuya cuantía asciende a ciento veintidós millones ciento seis mil trescientos diecisiete pesos ($ 122.106.317) mcte.”.

“ Tercera. Que se declare que sobre esas sumas de dinero, la sociedad demandada debe pagar intereses moratorios, desde el día en que se hizo exigible la anterior obligación, hasta tanto se efectúe el pago total de la misma, liquidados a las tasas de interés bancario corriente que estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, incrementados en un 50%, certificados por la (*) Superintendencia Bancaria en documento anexo a la presente, de conformidad con el artículo 884 Código de Comercio”.

“Cuarta. Que se declare el incumplimiento por parte de la sociedad demandada de la obligación contenida en el inciso último de la cláusula decimosegunda del contrato de operación y/o administración de hoteles, en concordancia con el numeral tercero de la cláusula decimosexta del mismo contrato y se le condene al pago de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) mcte., pactados en la cláusula decimoséptima, a título de penalidad líquida exigible”.

“Quinta. Que se condene a la sociedad fiduciaria al pago de las costas y gastos del arbitramento”.

4.3. Contestación de la demanda

En la contestación de la demanda el apoderado de la Fiduciaria Tequendama S.A., se opuso a todas las pretensiones y solicitó la condena en costas para la parte demandante.

En cuanto a los hechos manifestó:

“1. Es cierto que se celebró contrato de operación hotelera entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., con fecha de inicio de 21 de junio de 1995. En cuanto al objeto del contrato antes mencionado, me atengo a lo establecido en la cláusula primera del contrato de administración hotelera, advirtiendo que este contrato se hizo en desarrollo del contrato de fiducia contenido en la escritura pública 3121 otorgada en la Notaría Quince (15) del Círculo de Santafé de Bogotá del veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)”.

“2. No es cierto. Es una interpretación parcial y amañada de la cláusula contractual por parte del demandante, ya que en el literal f) de la cláusula tercera se consagra una obligación de medio a cargo de la Fiduciaria Tequendama S.A., que claramente se desprende de la simple lectura del texto final del literal de la cláusula en cuestión que se transcribe a continuación: “Queda entendido que esta es una obligación de medio, en la que el propietario pondrá todo su esfuerzo y diligencia sin que se garantice el resultado de la gestión””.

“3. No es cierto. Si bien el crédito se contrajo, por cuenta del patrimonio autónomo constituido por escritura pública 3121 antes mencionada, el crédito fue gestionado por el fideicomitente sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A., y por instrucciones que(sic) esta se destinó para el desarrollo del hotel. Si bien es cierto la obligación de Fiduciaria Tequendama S.A. era la de colaborar para la obtención de créditos, la obligación de pagos en virtud del contrato de administración hotelera correspondía exclusivamente a la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A.”.

“4. No es cierto. Es una interpretación parcial del contrato, la que no tiene en cuenta el sentido complejo de la cláusula decimosegunda ni su concordancia con las cláusulas cuarta, quinta y sexta del contrato de administración hotelera”.

“5. Me atengo a lo que se pruebe, advirtiendo que un informe de auditoría, por sí solo, no constituye prueba de alguna obligación a cargo de la Fiduciaria Tequendama S.A., más cuando la obligación de llevar la contabilidad del hotel era de la Sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A.”.

“6. Me atengo al contenido y al alcance del texto completo de la cláusula”.

“7. Es cierto”.

“8. No es cierto. Fiduciaria Tequendama S.A. no adeuda suma alguna”.

“9. No me consta, advirtiendo que hasta la fecha Fiduciaria Tequendama S.A. no ha sido notificada legalmente de ninguna cesión de créditos por parte de H.J. Hoteles de Colombia S.A.”.

No obstante llama la atención que si es cierto que existía dicha cesión de créditos, no se entiende cómo la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. el 19 de diciembre de 1997 promovió solicitud de convocatoria al Tribunal de Arbitramento para que se declarara la nulidad del contrato de administración hotelera, siendo que esta se supone ya había cedido sus derechos a la aquí convocante, circunstancia que solicito al tribunal apreciar con sumo cuidado para adoptar las medidas e investigaciones que fueren necesarias, si se encontrare que este proceder es irregular”.

“10. Me atengo a los documentos que operan dentro del proceso”.

También, el apoderado de la convocada se opuso a las pretensiones de la demanda por ser inexistente la supuesta obligación reclamada y porque la notificación de una cesión de créditos no puede ser objeto de una demanda.

De manera complementaria, afirmó que “no solamente existe falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva y no existe relación de causalidad con respecto a la obligación reclamada, sino que además siendo transmisibles las excepciones personales en virtud de la cesión de créditos, en el evento en que resultara la fiduciaria ser deudora de las sumas pretendidas, se debe tener por operada la compensación de cualquier crédito que tuviere a su cargo la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A.”.

Adicionalmente en escrito separado, el apoderado de la convocada solicitó al tribunal llamar en garantía a la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa Sol S.A., con fundamento en los siguientes argumentos:

“1. Mediante escritura pública 3121, otorgada en la Notaría Quince (15) del Círculo de Santafé de Bogotá el 24 de noviembre de 1995, la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A., como fideicomitente celebró un contrato de fiducia Mercantil con Fiduciaria Tequendama S.A. en virtud del se (sic) transfirió en fiducia un lote de terreno junto con el hotel edificado sobre dicho predio”.

“2. En desarrollo de dicho contrato de fiducia y por instrucciones del fideicomitente “Fiduciaria Tequendama S.A. suscribió con H.J. Hoteles de Colombia S.A. el contrato de administración hotelera del Hotel Bocacanoa”.

“3. De conformidad con las cláusulas del contrato de fiducia, el fideicomitente es el responsable directo por el pago de todas las sumas derivadas por el manejo y administración del inmueble y en especial por las que podrían surgir del contrato de administración hotelera”.

4.4. Primera audiencia de trámite

El día 10 de octubre de 2000 se inició la primera audiencia de trámite la cual fue suspendida a efectos de que se allegaran al expediente los siguientes documentos: Certificado de existencia y representación legal de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. vigente para la fecha del 5 de noviembre de 1997; la escritura pública de disolución y liquidación de dicha sociedad y el certificado de la cámara de comercio en el que conste que esta se encuentra disuelta y liquidada; los documentos necesarios para acreditar el pago del impuesto de timbre correspondiente al contrato en el que consta la cláusula compromisoria y al de dación en pago en el que está incorporada la cesión de créditos.

Adicionalmente, se ordenó citar a Ana Milena Cadavid Arbeláez para efectos de que compareciera a reconocer el documento de dación en pago que obra en folios 103 y 104 del cuaderno de pruebas 1.

Igualmente se solicitó al apoderado de la convocada que aportara un certificado de existencia y representación legal actualizado de la Fiduciaria Tequendama S.A.

Una vez reanudado el proceso, el día 27 de octubre de 2000, se continuó la primera audiencia de trámite, en la cual el tribunal se declaró competente para conocer el proceso. Contra esta decisión el apoderado de la Fiduciaria Tequendama S.A. interpuso recurso de reposición argumentando básicamente que: “En primer término, estima que la cesión de los créditos personales por parte de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. a favor de la sociedad convocante no involucra la cláusula compromisoria y, en segundo lugar, considera que dicha cesión hace referencia a los créditos “que llegaren a resultar como consecuencia de la liquidación del contrato de operación y/o administración hotelera”, en tanto que la cláusula compromisoria contenida en tal contrato se refiere a las diferencias que ocurran entre las partes con motivo de su ejecución, sin hacer referencia alguna a la liquidación”. De dicho recurso se corrió traslado al demandante quien en oportunidad se pronunció sobre el mismo. La decisión del tribunal fue confirmada mediante providencia de fecha 7 de noviembre de 2000, fecha en la cual se concluyó la primera audiencia de trámite.

4.5. Llamamiento en garantía

Mediante providencia del 7 de noviembre de 2000, el tribunal citó a la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa Sol S.A., por medio de su representante legal, como llamado en garantía en los términos solicitados por el apoderado de la parte demandada, conforme al artículo 57 del Código de Procedimiento Civil y ordenó la suspensión del proceso en los términos del artículo 56 del mismo ordenamiento.

La sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa Sol S.A., por intermedio de su representante legal, señor José Antonio Mantilla Zúñiga, presentó al tribunal el 27 de noviembre de 2000 un escrito respecto de la solicitud de llamamiento en garantía de la sociedad que representa, oponiéndose a las pretensiones de dicha solicitud y solicitando la práctica de algunas pruebas.

El tribunal, en auto del 7 de diciembre de 2000, ordenó comunicar al representante legal de la Sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A., que su intervención en el proceso debía realizarse a través de abogado. Contra dicho auto el apoderado de la Fiduciaria Tequendama S.A., formuló recurso de reposición solicitando “se tenga por no contestado en tiempo el llamamiento en garantía” el cual no prosperó.

Posteriormente, la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A., por intermedio de apoderado, doctor José Gabriel Salom, dentro del término legal, dio contestación al llamamiento en garantía.

Respecto de los hechos manifestó:

“Num. 1º—Es cierto que la Sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A., suscribió un encargo de fiducia mercantil según escritura 3121 otorgada en la Notaría 15 del Círculo de Bogotá el 24 de Noviembre de 1995, encargo que solamente se tramitó con el fin de constituir un patrimonio autónomo y que sirviera de garantía a posibles créditos cuya obligación por parte de la Fiduciaria Tequendama era de garantizar dichos créditos con la expedición de certificados fiduciarios”.

“Num. 2º—No es cierto que la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A. autorizara por acta en junta de fideicomiso la firma de un contrato de administración hotelera con H.J. Hoteles de Colombia”.

“Num. 3º—Si bien es cierto, que las obligaciones derivadas del contrato de fideicomiso son responsabilidad del fideicomitente, no es cierto que tengamos que responder por errores, o decisiones tomadas por la Fiduciaria Tequendama sin la autorización del fideicomitente, como es el caso de contratos de operación hotelera o endoso de obligaciones financieras que no han sido autorizadas de manera legal por la Sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A.”.

Adicionalmente argumentó que:

“Le manifiesto al Tribunal de Arbitramento que el 7 de mayo del año de 1997 H.J. Hoteles de Colombia le devolvió el hotel a la Fiduciaria Tequendama para que esta a su vez le hiciera entrega al doctor Hugo Perilla Beltrán en representación del hotel, se dejó constancia en el acta de recibido los destrozos de muebles enseres, dotación, menaje de cocina, equipos de refrigeración, equipos de piscinas, y equipos de transporte representado en busetas y un sinnúmero de daños ocasionados al hotel por quien fue su operador H.J. Hoteles de Colombia; como en ningún momento la sociedad anónima autorizó por escrito en acta de fideicomiso, ni por escritura pública a la Fiduciaria Tequendama para que suscribiera el contrato con H.J. Hoteles de Colombia, la sociedad ha tenido que iniciar un proceso por daños materiales, daños y perjuicios directamente a la fiduciaria por todos los daños ocasionados por la entidad que la Fiduciaria Tequendama decidió seleccionar para que le operara el hotel.

En muchas ocasiones el representante legal de la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A. le exigió a la Fiduciaria Tequendama que tomara una decisión con respecto a la irresponsabilidad del operador H.J. Hoteles de Colombia al no montar un departamento comercial que promoviera el hotel a nivel nacional y que veíamos que la irresponsabilidad de H.J. Hoteles frente al futuro promisorio del hotel era nulo, igualmente se le hizo saber en muchas ocasiones a la Fiduciaria Tequendama que no estábamos de acuerdo en la suscripción del contrato de la operación del hotel con la compañía H.J. Hoteles puesto que no lo habíamos autorizado y no conocimos los términos de esa contratación.

Entonces es imposible que ahora se esté llamando en garantía a la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A. por un contrato que suscribieron de manera particular la Fiduciaria Tequendama y H.J. Hoteles sin la autorización del representante legal de la sociedad o por la junta de fideicomiso”.

4.6. Pruebas

Según consta en el acta 5, que obra a folios 105 y siguientes del cuaderno principal 1 del expediente, en audiencia que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2000, el tribunal decretó las pruebas del proceso, las cuales se practicaron de la siguiente manera:

4.6.1. Interrogatorios de parte. El día 19 de abril de 2001 tuvo a lugar el interrogatorio de parte decretado para el representante legal de la sociedad demandante, Ronderos Torres & Cía. SCA al cual asistió el señor Antonio José Ronderos Torres, en su calidad de representante legal.

El interrogatorio de parte decretado para la representante legal de la sociedad convocada, señora Ruby Stella Peña Galarza, tuvo lugar los días 27 de marzo y 19 de abril de 2001.

4.6.2. Inspecciones judiciales. Se llevó a cabo la inspección judicial con intervención de peritos a la sociedad convocante el día 26 de marzo de 2001, de la cual se levantó un acta que obra a folios 171 a 178 del cuaderno principal 1 del expediente.

Respecto a la inspección judicial con intervención de peritos a la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A. se aceptó el desistimiento presentado por el apoderado de la convocada mediante auto del 26 de marzo de 2001, sin que hubiera oposición por parte del apoderado de la sociedad convocante al desistimiento.

4.6.3. Oficios. El tribunal decretó, a petición de la parte demandada, el envío de una comunicación dirigida al Tribunal Superior del Distrito Especial de Bogotá para que remitiera con destino a este proceso “copia auténtica de todo el expediente que contiene la solicitud de convocatoria y el Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento integrado por la Cámara de Comercio de Bogotá, para dirimir las controversias de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. y Fiduciaria Tequendama S.A. radicado bajo el número 0061 (10007 A)”.

Posteriormente, el apoderado de la parte convocante allegó al proceso la quinta copia de la escritura pública 02033 del 21 de julio de 1999 otorgada en la Notaría Cuarenta y Cinco de Bogotá, la cual contiene la protocolización del expediente correspondiente al Tribunal de Arbitramento convocado por H.J. Hoteles de Colombia S.A. contra Fiduciaria Tequendama S.A. así como el recurso de anulación decidido por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia de fecha 19 de abril de 1999.

En consideración a que la citada escritura contiene los documentos solicitados en el oficio decretado para el Tribunal Superior de Bogotá, el tribunal decidió prescindir del envío del oficio, según consta en el acta 10 de fecha 26 de marzo de 2001, folio 178 del cuaderno principal del expediente.

De otra parte, el tribunal oficiosamente decretó el envío de un oficio a la sociedad Editora del Mar S.A. para que remitiera con destino al proceso “copia de todos los soportes y asientos contables relacionados con los pagos certificados el 6 de octubre de 1999, de acuerdo con la certificación expedida en la misma fecha por tal sociedad ...”.

La respuesta fue enviada al tribunal con comunicación fechada 17 de mayo de 2001.

4.6.4. Documentales. Se ordenó tener como pruebas documentales los anexos de la demanda, así como la copia auténtica de la escritura pública 3121 de fecha 24 de noviembre de 1995, otorgada en la Notaría Quince del Circulo de Bogotá, allegada con el escrito de llamamiento en garantía presentado por la convocada y la escritura pública de liquidación de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. allegada al proceso por la parte demandante.

4.6.5. Dictámenes periciales. El dictamen pericial contable decretado de oficio, fue presentado al tribunal el día 27 de abril de 2001. Tanto la parte convocante como la convocada por intermedio de sus apoderados dentro del término legal solicitaron su ampliación y aclaración.

El 31 de mayo, encontrándose dentro del término legal el representante judicial de la sociedad Ronderos Torres & Cía. SCA objetó por error grave el dictamen pericial, y solicitó que como prueba de ello se decretaran las siguientes pruebas: testimonio de Miguel Ángel Martínez y un nuevo dictamen pericial, las cuales fueron decretadas por el tribunal.

La objeción al dictamen será resuelta más adelante.

4.6.6. Testimonios. El día 21 de marzo de 2001 tuvo lugar la recepción del testimonio decretado de la señora Ana Milena Cadavid Arbeláez.

4.6.7. Exhibición de documentos. El tribunal ordenó de oficio la exhibición por parte del liquidador de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A., señor Antonio José Ronderos “de los papeles de correspondencia y libros de contabilidad que posea dicha sociedad y que se relacionen con la contabilización y pago de la cesión de créditos a que se refiere la pretensión primera de la demanda”.

Dicha exhibición tuvo lugar el día 27 de marzo de 2001, en esta diligencia el señor Ronderos manifestó: “que no tiene en su poder la contabilidad de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. por haberse perdido”. Los documentos exhibidos fueron incorporados al expediente y de ellos se corrió traslado a las partes.

4.7. Audiencia de conciliación

El tribunal en audiencia de fecha 23 de julio de 2001 convocó a las partes a una audiencia de conciliación, que tendría lugar el día 3 de agosto de 2001. A dicha audiencia concurrieron las partes y sus apoderados sin que fuera posible llegar a un acuerdo.

5. Término del proceso

Por no existir término especial pactado por las partes en la cláusula compromisoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, el presente proceso arbitral tiene una duración de seis meses contados a partir de la primera audiencia de trámite, diligencia que finalizó el 7 de noviembre de 2000. En tales circunstancias el proceso de extinguiría el 7 de mayo de 2001.

Sin embargo, se presentaron las siguientes suspensiones del término del proceso:

Entre los días 15 de enero de 2001, fecha en la cual el árbitro Marco Gerardo Monroy Cabra comunicó su inhabilidad y renuncia y el 8 de febrero del mismo año, fecha en la cual el doctor Roberto Uribe Ricaurte aceptó su nombramiento como nuevo árbitro.

De otra parte, las partes solicitaron las siguientes suspensiones del proceso:

• Desde el 15 de marzo hasta el 20 de marzo de 2001.

• Desde el 28 de marzo hasta el 18 de abril de 2001.

• Desde el 20 de abril hasta el 1º de mayo de 2001.

De acuerdo con lo anterior, el término del proceso vencería el 12 de julio de 2001, sin embargo, las partes presentaron el 14 de junio de 2001, un memorial en el que, de común acuerdo, extienden la duración del proceso hasta el 28 de septiembre de 2001.

En estas condiciones, el presente laudo es proferido dentro del término legal.

CAPÍTULO II-Alegaciones de las partes

En audiencia celebrada el 10 de agosto de 2001, de conformidad con lo decidido por el tribunal oportunamente, se dio cumplimiento al artículo 154 del Decreto 1818 de 1998, oyéndose las alegaciones de las partes en intervenciones orales que fueron resumidas en escritos presentados en la misma audiencia y que obran en el expediente. En esa oportunidad se señaló fecha y hora para la audiencia de laudo.

En relación con los escritos presentados por los apoderados de las partes, su contenido se puede resumir en los términos siguientes:

1. Alegato de conclusión presentado por el apoderado de la parte convocante

El documento presentado por el apoderado de Ronderos Torres y Cía. SCA como resumen de su alegato hace referencia a cuatro temas:

• Consideraciones generales acerca del mandato no representativo.

• Consideraciones acerca de la responsabilidad patrimonial de la sociedad.

• Fiduciaria Tequendama S.A. derivada del contrato de operación y/o administración de hoteles suscrito con H.J. Hoteles de Colombia S.A.

• Cesión del crédito personal radicado en cabeza de H.J. Hoteles de Colombia S.A. y legitimación en la causa por activa.

• Existencia y exigibilidad del crédito a cargo de la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A.

En el primer punto de su escrito titulado “Consideraciones generales acerca del mandato no representativo”, el apoderado de la sociedad convocante, luego de hacer alusión a doctrina sobre el tema concluyó que el contrato de administración y/o operación hotelera es un contrato de mandato no representativo “cuya naturaleza se desprende de su espíritu y se define con meridiana precisión en la cláusula tercera literal f), de conformidad con la cual “el propietario se obliga a tramitar y a poner a disposición de la operadora, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que ella los solicite, los dineros necesarios para la adecuada administración del hotel, cuando quiera que las gestiones de esta tendientes a obtener los mismos resulten infructuosas ...”.

En el acápite sobre “Consideraciones acerca de la responsabilidad patrimonial de la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A. derivada del contrato de operación y/o administración de hoteles suscrito con H.J. Hoteles de Colombia S.A.”. el apoderado de la parte convocada concluyó que Fiduciaria Tequendama S.A. detentaba la calidad de mandante frente a H.J. Hoteles de Colombia S.A. en el contrato de administración hotelera suscrito entre ellas, de forma que la sociedad últimamente mencionada “contrató con terceros en nombre propio pero por cuenta ajena, transfirió oportunamente los resultados de su gestión a favor de su mandante y conservó para sí la posibilidad de ejercitar la acción de mandato contraria con la finalidad de obtener las restituciones a que tenía derecho en virtud del contrato ejecutado, todo ello en consideración al carácter con que la sociedad convocada compareció a suscribir el contrato antedicho y al hecho de haberse ella excedido, de manera flagrante en el ejercicio de las funciones para las cuales había sido contratada por parte de la sociedad llamada en garantía”.

En relación con la “Cesión del crédito personal radicado en cabeza de H.J. Hoteles de Colombia S.A. y legitimación en la causa por activa” el apoderado de Ronderos Torres y Cía. SCA afirmó que el documento en el cual se haya contenida fue reconocido dentro del proceso arbitral por quien lo suscribió como representante legal de H.J. Hoteles de Colombia S.A. Ana Milena Cadavid Arbeláez, cedente en dicho contrato.

Adicionalmente agregó que “Al haber encontrado el tribunal cedida a favor de la sociedad convocante la acción judicial indisolublemente ligada al crédito tuvo que haber encontrado suficientemente acreditada la cesión misma del crédito”.

Así mismo anotó que la cesión del crédito se realizó inicialmente a favor de Guillermo Ronderos Durán y María Helena Torres de Ronderos “quienes a su turno y de conformidad con el artículo 1638 del Código Civil según el cual la diputación para el pago se puede realizar “Por un simple mandato comunicado al deudor”, confirieron a la sociedad Ronderos Torres & Cía. SCA el encargo de recibir la prestación a ellos debida y adelantar su cobro ...”.

Finalmente, en punto de la “Existencia y exigibilidad del crédito a cargo de la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A.” el apoderado de Ronderos Torres y Cía. SCA manifestó que “A lo largo de la etapa probatoria del presente trámite arbitral, a través de los testimonios recibidos, mediante las certificaciones al efecto aportadas, y como resultado del análisis de los estudios de auditoría allegados al proceso para el examen de los árbitros, se ha logrado claramente establecer la existencia y la cuantía de las anticipaciones de dinero y, en general, de los desembolsos efectuados por H.J. Hoteles de Colombia S.A. para adelantar la administración del hotel de propiedad de la sociedad convocada. De la misma manera se ha resaltado el hecho según el cual de la ejecución del negocio que aquí se analiza, no se generó a favor de la sociedad operadora, contraprestación económica alguna que pudiera hacer suponer la inequidad de la reclamación que por el presente trámite se adelanta ...”.

2. Alegato de conclusión presentado por el apoderado de la parte convocada

El documento en el que se recogió el alegato se ocupa de seis temas que se titulan como sigue:

• Del documento de cesión.

• Consideraciones y apreciación de algunas pruebas.

• De los créditos cuyo pago se pretende.

• Del pago de una multa o pena por incumplimiento.

• Excepciones de fondo.

• Llamamiento en garantía realizado.

En relación con el primero de los temas titulado “Del documento de cesión”, el apoderado de la parte demandante manifestó que dicho documento se refiere a la transferencia a la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA de los créditos personales que posee H.J. Hoteles de Colombia S.A. frente a Fiduciaria Tequendama y que llegaren a resultar de la liquidación del contrato de operación y/o administración hotelera suscrito entre estas, de lo cual destaca por una parte, que no se transfirió la posición contractual de H.J. Hoteles de Colombia S.A. a Ronderos Torres y Cía. SCA y, de la otra, que la cesión se concentra a los créditos resultantes de la liquidación del contrato de operación y/o administración hotelera, que por no haberse realizado, no se sabe siquiera si existen.

Adicionalmente expresó que el comprobante de contabilidad que se presentó como soporte de la cesión de derechos adolece de inconsistencias que, a su juicio, permiten concluir que la cesión de créditos no existió pues de acuerdo con tal comprobante quienes aparecen como cedentes son los señores Guillermo Ronderos y María Helena Torres y, adicionalmente, el mencionado documento se refiere a la compra de “un pleito” y no de los derechos personales derivados del citado contrato de operación y/o administración hotelera, de forma que, en su opinión, el citado comprobante se refiere al proceso arbitral instaurado por H.J. Hoteles de Colombia S.A. y Fiduciaria Tequendama S.A. que terminó con el laudo de fecha 20 de noviembre de 1998, instaurado por H.J. Hoteles de Colombia S.A. y Fiduciaria Tequendama S.A. en el cual se desestimaron las pretensiones de la demanda.

Sobre este mismo tema anotó que “Aun cuando el documento de dación en pago o de cesión de los derechos dice que esta se hace para cancelar una deuda anterior a favor de la sociedad Ronderos Torres, resulta que de acuerdo con la inspección judicial y el dictamen de los peritos, no se encontró en la contabilidad el registro de la “supuesta” deuda que se cancelaba”, y agregó que por el contrario, lo que se demostró fue que el valor de la cesión fue cancelado con abonos posteriores a los socios cedentes.

En el segundo acápite sobre “Consideraciones y apreciación de algunas pruebas” el apoderado de Fiduciaria Tequendama S.A. se refiere al testimonio de Ana Milena Cadavid, al interrogatorio al representante legal de H.J. Hoteles de Colombia S.A. y al dictamen pericial.

En relación con el testimonio de Ana Milena Cadavid manifestó que debe “ser observado con mayor rigor y como sospechoso” y afirmó además que la testigo faltó a la verdad al señalar que habían realizado el pago de la obligación contraída con la Caja Agraria cuando dicho pago fue realizado por la sociedad Mares de Cartagena Ltda. a fin de “ilustrar” al tribunal el apoderado de la fiduciaria agregó a su escrito de alegaciones la fotocopia de la escritura pública 1718 del 5 de abril de 2001.

Por lo que hace al interrogatorio al representante legal de H.J. Hoteles de Colombia S.A. el apoderado de la parte convocada resaltó que “pone en evidencia la inexistencia y falta de veracidad de la “supuesta” dación en pago y cesión de derechos que (sic), pues el documento no corresponde ni con lo registrado en la contabilidad de la sociedad, ni con lo que su representante legal ha declarado, de donde resulta que el derecho que reclaman en este arbitramento es inexistente y lo están reclamando a sabiendas de ello”.

Con respecto al dictamen pericial, se destacaron las conclusiones de los peritos en cuanto a que “la contabilidad de la demandante no cumple con las normas legales”; “Que el comprobante que sirve de sustento a la cesión de créditos tiene falencia y además apareció suscrito con posterioridad a la diligencia de inspección judicial” y agregó que conforme a las normas legales la contabilidad de Ronderos Torres y Cía. SCA no está bien llevada “lo que implica que no puede ser tenida como prueba idónea conforme a lo dispuesto por el artículo 68 del Código de Comercio”.

A continuación se refirió a las normas que regulan la forma como debe llevarse la contabilidad para concluir que de ellas se deriva la “falta de validez probatoria de los libros y documentos presentados por la parte actora”.

En el acápite denominado “De los créditos cuyo pago se pretende”, al apoderado de Fiduciaria Tequendama S.A. se refirió a la suma de $ 122.106.317 reclamada por la demandante concluyendo, entre otras cosas que “no constan en documento auténtico o que provengan de la fiduciaria”, “no está demostrado que hayan correspondido a gastos necesarios u ocasionados en desarrollo del contrato de administración hotelera” y que su valor no coincide con “el saldo insoluto a pagar con proveedores que certifica el estudio elaborado por la firma Peña Gutiérrez y Cía.”. Adicionalmente aduce que se presentó incumplimiento de las obligaciones a cargo de H.J. Hoteles de Colombia S.A.

En relación con el numeral 4º de su escrito que denominó “Del pago de una multa o pena por incumplimiento” el apoderado de la parte convocada expresó que la pretensión a este respecto es “ilusoria” puesto que lo cedido a la sociedad demandante no fue la posición contractual en el acuerdo de operación y/o administración hotelera sino los derechos personales que se derivaran de su liquidación, la cual, como mencionó antes no se ha realizado.

Con respecto a las “Excepciones de fondo” solicitó que se declararan probadas las que denominó “De compensación” “De inexistencia de la obligación” y de “Falta de legitimación por pasiva”.

La excepción de compensación “por cualquier suma que H.J. Hoteles de Colombia hubiere quedado debiendo en desarrollo y como consecuencia de la liquidación del contrato de administración “hotelera”.

La excepción de inexistencia de la obligación fue sustentada afirmando que “no existen las obligaciones pretendidas, porque nunca han sido reales, ni nacieron a la vida jurídica, ni tiene fuerza legal para ser reclamadas”.

En cuanto a la falta de legitimación por pasiva, ella se refiere a que “la relación jurídica que hubiere podido existir, lo fue entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A., de manera que el contrato de fiducia fue un mecanismo establecido entre estas para manejarlo, siendo entendido que le verdadero dueño del hotel lo era la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A. quien en cualquier caso era la llamada a colocar el capital de trabajo y a responder por los resultados del contrato de administración hotelera”.

En relación con el “llamamiento en garantía realizado” expresó el apoderado de la sociedad convocada que “el negocio de administración hotelera se efectuó entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A., quien actuó por intermedio de su representante legal Hugo Perilla ...”.

3. Alegato de conclusión presentado por el apoderado de la parte llamada en garantía

En síntesis, el apoderado de Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A., sociedad llamada en garantía en el presente proceso arbitral se refirió a los siguientes aspectos:

• En relación con el crédito obtenido de la Caja Agraria por quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) afirmó que no es cierta la manifestación de la demandante en el sentido de que fue obtenido por H.J. Hoteles de Colombia S.A. pues fue la sociedad Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A. la que suscribió el respectivo pagaré.

• Manifestó además, que cuando su mandante se opuso al llamamiento en garantía “se refería a que la sociedad llamada en garantía no había suscrito la cláusula compromisoria y por consiguiente no tenía la obligación de hacerse parte en el proceso” y agregó que “No obstante la categórica afirmación del Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol en tal sentido, frente a la ilegalidad del llamamiento en garantía y a su improcedencia por no haber suscrito la cláusula compromisoria, sin embargo este tribunal resolvió tenerla como parte y hacerla comparecer al proceso”.

• Adicionalmente, en relación con la cesión de créditos realizada por H.J. Hoteles de Colombia S.A. a la sociedad demandante, afirmó, con base en un análisis de las pruebas aportadas al proceso, que no se realizó en el año de 1997 sino en 1998, luego de que aquella perdió el proceso arbitral instaurado en 1997.

• Finalmente agregó que los gastos por concepto del dictamen pericial a cargo de la sociedad que representa “no se pudieron haber causado” pues las peritos no revisaron la contabilidad de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. por encontrarse desaparecida.

CAPÍTULO III-Consideraciones y decisión del tribunal

1. Del laudo en conciencia y equidad

De acuerdo con la cláusula vigésima cuarta del contrato de operación y/o administración de hoteles suscrito entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., las diferencias que ocurran entre las partes por motivo de la ejecución y que no puedan ser resueltas por ellas, serán decididas “en conciencia y equidad” por un Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta es la razón del presente proceso arbitral y siendo el momento de proferir el laudo, el tribunal encuentra pertinente hacer las siguientes consideraciones sobre este particular:

En el artículo 116 de la Constitución Nacional se encuentra el respaldo legal para que los árbitros habilitados por las partes puedan proferir fallos o laudos en equidad”.

El artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, al tratar sobre el contenido de la sentencia afirma que “la motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones ...”, presentando así el soporte procedimental a los fallos de esta naturaleza.

Cabe ahora preguntar, ¿qué es la equidad? El Diccionario Básico de Términos Jurídicos de Mario Madrid Malo G., Editorial Legis 1992 la define como “La aplicación benévola del derecho, en cuya virtud se ratifica la ley positiva en algún punto donde ella es deficiente a causa de su universalidad, la equidad significa, ante todo la moderación y la liberalidad que inclinan el ánimo a un uso benevolente y humano del derecho según la clásica definición: Justitia dulciore misericordiae temperata”.

Por su parte el jurista español Manuel Ossorio y Floriat la define así “Justicia distributiva es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. Moderación en la aplicación de la ley atemperando según el criterio de justicia al rigor de la letra. Principios generales que deben guiar la facultad discrecional del juez”. (Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1979).

Lo anterior, si bien nos indica que las partes liberan al juzgador del deber de fallar en derecho, no queda este libre de todo encasillamiento ya que debe acatar las reglas procesales sobre pruebas y aplicar el principio del debido proceso, derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

En este punto resulta relevante remitirse a las consideraciones, que este tribunal comparte, sobre el alcance y características de un laudo proferido en conciencia y, en particular, a las reglas que orientan a los árbitros para proferir este tipo de providencias, contenidas en el Laudo Arbitral de fecha 20 de noviembre de 1998, proferido en el tribunal convocado por H.J. Hoteles de Colombia S.A. contra Fiduciaria Tequendama S.A., cuyo texto obra en el expediente, como parte de la escritura pública 02033 otorgada en la Notaría Cuarenta y Cinco de Bogotá, el 21 de junio de 1999.

2. Cesión de créditos personales

2.1. Personería sustantiva

La convocante, Ronderos Torres y Cía. SCA, aduce la titularidad en los derechos pretendidos, mediante transferencia que de ellos se le hizo por parte de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A., al tenor del contrato de dación en pago suscrito entre dichas sociedades, la primera como cesionaria y la segunda como cedente, de fecha 5 de noviembre de 1997, cuyo texto fue aportado con la demanda.

Como causa de dicha dación en pago se aduce la consistente en ser deudor de plazo vencido del cesionario en virtud de un contrato de mutuo celebrado entre las partes el día 5 de agosto de 1997. De forma que para efectuar el pago de dicha obligación insoluta, el cedente transfiere a título de dación en pago: “Los créditos personales que posee contra la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., y que llegaren a resultar como consecuencia de la liquidación del contrato de operación y/o administración hotelera suscrito entre el cedente y la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., sobre un establecimiento hotelero y su centro de convenciones, ubicados en la Urbanización Ciudad Bocacanoa, etapa IV, en la ciudad de Cartagena, en el sector conocido como Caserío de Las Canoas, hoy ciudad Bocacanoa ...”. El tribunal entiende que dicho acuerdo se refiere al mismo contrato de operación de administración de hoteles, acompañado con la demanda y que se encuentra protocolizado en la escritura pública 2033 de 1999 de la Notaría 45 del Círculo de Bogotá, en cuya cláusula vigésima cuarta, precisamente se pactó el arbitramento que hoy se dirime.

En el hecho 9º de la demanda se da cuenta de dicha cesión, solicitándose a su vez en la pretensión primera que se proceda a notificar a la convocada Fiduciaria Tequendama S.A., “de la cesión de créditos personales, que a título de dación en pago se celebró entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y la sociedad convocante”. La parte convocada o demandada no formuló o propuso la excepción de falta de notificación y “si el deudor no aduce la respectiva excepción, la ley interpreta su silencio en el sentido ya indicado, o sea, que este se toma como una aceptación de la transferencia del crédito y que, por lo menos bajo tal aspecto, el deudor ningún reproche tiene que dirigirle a la legitimación del cesionario”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. feb. 28/92 M.P. Héctor Marín Naranjo). La notificación quedó surtida por la litis contestatio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1962 del Código Civil.

Así las cosas, la titularidad en los derechos pretendidos por la convocante que la legitiman para incoar las peticiones de la demanda, provienen de la cesión contenida en el documento denominado dación en pago de fecha 5 de noviembre de 1997. El análisis correspondiente a los antecedentes, forma y naturaleza de dicha cesión, se precisará más adelante.

En los anteriores términos, el tribunal tiene por notificada a la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., de la cesión contenida en el contrato de dación en pago celebrado entre la Sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A., como cedente y la sociedad Ronderos Torres & Cía. SCA como cesionaria, de fecha 5 de noviembre de 1997, conforme se solicita en la pretensión primera de la demanda.

2.2. De los créditos o derechos personales

Tanto en la demanda como en el mencionado contrato de dación en pago se habla de créditos personales. El artículo 666 del Código Civil establece que: “Los derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos”.

La cesión contenida en el contrato de dación en pago se refiere a los créditos personales que llegaren a resultar de la liquidación del contrato de operación y/o administración hotelera, esto es, los créditos quirografarios a cargo de la Fiduciaria Tequendama S.A. y a favor de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia resultantes de la liquidación del mencionado contrato.

En este sentido, tal cesión está condicionada a la liquidación del contrato de operación y/o administración hotelera y es indeterminada por cuanto no identifica o particulariza los créditos cedidos. Sobre este particular más adelante el tribunal precisará sus consideraciones.

2.3. Requisitos de la cesión de créditos personales

La legislación mercantil no trata o regula la cesión de créditos o derechos personales. Los artículos 887 a 896 del Código de Comercio, regulan la cesión del contrato, en tratándose de contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva, lo que es ajeno a este debate.

El Código Civil permite la transferencia del vínculo obligatorio a título singular por acto entre vivos en el título XXV De la cesión de derechos, capítulo I de los créditos personales, artículos 1959 a 1966.

Conforme el artículo 1959 del Código Civil, subrogado por el artículo 33 de la Ley 57 1887, la cesión de un crédito a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario.

A su vez el artículo 1960 ibídem determina que la cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este. Tal notificación debe hacerse con exhibición del título que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente, conforme lo prescribe el artículo 1961 ibídem.

Al notificarse la demanda al convocado conforme lo prescrito por el artículo 1962 del Código Civil, operó la llamada aceptación tácita, que consiste: “En un hecho que la suponga como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc.”

Con todo, el tribunal en el interrogatorio absuelto por la representante legal de la convocada doctora Ruby Stella Peña Galarza, que tuvo lugar en audiencias de los días 27 de marzo y 19 de abril 2001, le exhibió y puso de presente a la absolvente el referido contrato de dación en pago, y la nota de cesión de créditos personales contenida en el mismo al tenor de lo pactado en la cláusula tercera de dicho documento.

Son requisitos de la cesión la entrega del título y la notificación al deudor (Jorge Cubides Camacho, Obligaciones. Ed. 4ª, pág. 338).

Estos requisitos considerados por algunos ad solemnitaten (Jorge Suescún Melo, Derecho Privado, Cámara de Comercio, T. I, pág. 26) y por otros ad substantiam actus (Ospina Fernández, Régimen General de las Obligaciones, Temis, pág. 302) se cumplen y perfeccionan con la entrega real y material del título justificativo del crédito que deberá llevar anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. Realizada la entrega del título, debe cumplirse con la segunda etapa del fenómeno, vinculando al deudor con la cesión mediante la notificación. (Cas., mayo 7/1941 Ll, 279, sep. 12/50, LXVlll 61).

En relación con obligaciones derivadas de contratos bilaterales la honorable Corte Suprema de Justicia en casación del 29 de mayo de 1942 LIV 114 (C.C. Jorge Ortega Torres, Temis, pág. 869) sostiene: “En principio y salvo estipulación en contrario o previa aceptación del acreedor, solo son susceptibles de cesión los derechos activos, v. gr. los créditos personales, la obligación de pagar una suma de dinero, etc. De ahí que contratos bilaterales en que las partes contraen mutuamente obligaciones y prestaciones, no pueden cederse por ninguna de ellas, salvo que el contratante cedente esté autorizado por pacto expreso de hacerla o que habiéndose solicitado el consentimiento del otro contratante deudor este lo hubiera concedido”.

Así las cosas, el tribunal considera en relación con lo dicho lo siguiente:

1. Que la cesión de los créditos personales contenida en el contrato de dación en pago de fecha 5 de noviembre de 1997 que legitimó al actor en sus pretensiones, pende de la condición suspensiva derivada de la liquidación del contrato de operación y/o administración hotelera suscrito entre la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A., y la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A.

Que tal liquidación no se encuentra acreditada en el proceso y no fue impetrada como pretensión en la demanda.

El documento denominado dación en pago condiciona en forma suspensiva la misma existencia de los créditos personales cedidos contra la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., a la liquidación del contrato de operación y/o administración hotelera, suscrito entre las partes contratantes. Conforme el artículo 1536 del Código Civil, cuando la condición es suspensiva y no se cumple, se suspende la adquisición del derecho.

2. Que la cesión de créditos personales de que trata el referido contrato de dación en pago, proviene y tiene su causa en un contrato bilateral contentivo de obligaciones mutuas y recíprocas.

3. Que tal cesión de derechos personales fue indeterminada y genérica.

4. No existe constancia o prueba que acredite entrega de título contentivo de créditos personales determinados, con anotación de traspaso entre el cedente y cesionario.

3. Las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso. Análisis

La parte convocada en la contestación de la demanda, solicitó pruebas tendientes a determinar la forma como fueron pagados los créditos objeto de la cesión, su contabilización y en general cómo ella se llevó a cabo.

En este sentido, el tribunal decretó y practicó varias pruebas que entre otros objetos, también tenía el de precisar lo solicitado por la convocada, como lo fueron el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la convocante señor Antonio José Ronderos Torres; la exhibición de documentos de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A.; la inspección judicial con intervención de peritos sobre los documentos contables de la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA; el oficio librado a la Editora del Mar S.A. y declaración del contador Miguel Ángel Martínez.

3.1. Inspección judicial a la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA

El 26 de marzo de 2001 el tribunal se trasladó a las oficinas de la sociedad convocante, donde fuimos atendidos por el contador de la sociedad señor Miguel Ángel Martínez, con el objeto de practicar la inspección a la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA. En dicha diligencia se solicitó la exhibición del documento de mutuo de fecha 5 de agosto de 1997, causa del contrato de dación en pago ya referido, frente a lo cual se manifestó que “el negocio se hizo de manera verbal por no estar sujeto a ninguna solemnidad” y, en consecuencia, no se aportó el documento solicitado. Se ordenó expedir copia de la nota de contabilidad 486/001 de fecha 31 de enero de 1998, la que fue exhibida por el contador como documento o soporte correspondiente a la tradición derivada de la cesión de créditos personales de que trata el ya varias veces referido contrato de dación en pago.

Debe anotarse que la citada nota de contabilidad de la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA detalla como concepto “compra pleito reclamación a Fiduciaria Tequendama S.A. a Guillermo, Ronderos Durán y María Elena Torres de Ronderos” y que las hojas auxiliares exhibidas dan cuenta de cómo durante los años 98, 99 y 2000 se le fue pagando el valor correspondiente a Guillermo Ronderos y a María Elena Torres de Ronderos, por parte de la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA, cuando quien cedió tales créditos personales, conforme el mencionado contrato de dación en pago, fue la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. Aparece registrada tal operación como compra a los socios - personas naturales Guillermo Ronderos Durán y María Elena Torres de Ronderos, el día 31 de enero de 1998, esto es, con posterioridad a la transferencia de los mismos créditos por parte de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A., a la misma sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA, el día 5 de noviembre de 1997. Contablemente la operación se registra como “compra pleito reclamación a Fiduciaria Tequedama S.A.” (derechos litigiosos) a las referidas personas naturales, quienes aparentemente no estaban legitimadas para transferir tales derechos, o por lo menos no existe prueba de ello. Siendo así que el contrato de dación se refiere a una tradición de créditos personales entre personas jurídicas. El mismo contador manifiesta que “dicho comprobante se elaboró con base en un documento que reposa en manos del doctor Juan Gabriel Torres, creo que está anexado al expediente ...” por lo que parece referirse al conocido contrato de dación en pago.

3.1.1. La contabilidad. Son varias las pruebas relacionadas con situaciones o actos contables, que se han presentado como tales por las partes. Sobre este particular debe considerarse lo siguiente:

Informe de auditoría realizado por la firma Peña Gutiérrez y Cía. Contabilidad de la operación y/o administración hotelera.

Esta prueba fue acompañada por la convocante y a su vez fue contratada por la sociedad convocada, por lo que tiene para el tribunal el carácter de un informe técnico.

En dicho informe de auditoría que tiene fecha 1996/1997, el tribunal resalta las siguientes conclusiones:

Página 1. Que: “Por circunstancias especiales como la salida prosaica de la compañía operadora, del propio hotel, y la suspensión sin fundamento legal y sin lógica, del departamento de contabilidad, por parte de H.J. Hoteles de Colombia S.A. ... toda la información, tanto de 1997 como de 1996 estaba dispersa y en un total desorden, es decir en un caos completo ... se perdió cantidad de papeles importantes, los cuales en forma definitiva no aparecieron, tales como los extractos bancarios y conciliaciones bancarias de 1995 y 1996, las nóminas, lo ingresos, la facturación, la cartera, o sea las facturas originales para cobrar a quienes quedaron debiendo, todo lo cual quedó dentro del hotel ...”.

Página 2. “Desorden de la contabilidad para comprobaciones ... en cuanto a las cuentas por cobrar, las facturas para su cobro no aparecieron ni en el H.J. Hoteles de Colombia, ni en el propio hotel, ni en la Fiduciaria Tequendama”.

Página 3. “El control administrativo, contable y operacional fue inadecuado ... no se ejerció una contraloría real, ni una auditoría de ingresos, probablemente por dualidad de funciones ... la cartera a diciembre 31/96 estuvo de acuerdo con la facturación y los saldos corresponden con la realidad, pero a mayo 7 de 1997. No corresponden con la realidad tomando como base la información contable ...”.

Página 4. “En 1997 algunas operaciones de ingresos, específicamente las de mayo NO se incluyeron en los estados financieros porque se quedaron en el hotel ... No se instalaron los controles internos adecuados, presentándose prominentes fallas o debilidades, tal vez, por las mismas circunstancias de iliquidez ...”.

Página 13: “Reembolso de gastos y fondos fijos. No existía control para los pagos en efectivo, se utilizó el concepto de reembolso de caja menor, pero no se cumplió con las normas mínimas de control para el manejo de este tipo de reembolso o cuentas ...

No se encontró instalado un sistema de control interno para los pagos en efectivo; ... no existía fondo fijo establecido claramente para cada departamento ... se realizaban reembolsos sin soportes; se realizaban los pagos sin el debido soporte, de tal manera que no existía una realidad que se pudiera comprobar entre los desembolsos y los gastos solicitados en reembolsos ...”.

Página 15: Auditoría de estados financieros mayo 07 de 1997. Ingresos por consignar ... Esta cuenta a pesar de que los documentos contables soporte de las transacciones se contabilizaron debidamente, no se pudo comprobar su razonabilidad debido a que la prueba de arqueo no se pudo realizar ... Caja menor: Los fondos de caja menor no reflejan la realidad de las transacciones económicas ... los rubros de caja menor recepción y caja menor A y B no se pudieron comprobar ...

Página 16: Auditoría financiera enero 1º a diciembre 31 de 1996 ... durante la auditoría a las distintas áreas de operación de esa administración, se puede establecer que los sistemas de control interno se presentaban escasos y deficientes, se presentaron casos que evidencian la falta de control. A continuación mencionamos algunos:

A pesar de haberse establecido montos fijos para las cajas menores como aparece reflejada en la contabilidad, estos montos nunca se respetaron y muchas veces se solicitaron los reembolsos por cifras mayores a las establecidas ...

Página 17: b) 1. los soportes no presentan claridad como en el caso presentado en el Comp. 0184 ...

b) 2. soportes no corresponden a la relación de egresos. EJ. Comp. 797 ...

Página 18: c) De los bancos. De las cifras presentadas en este rubro a diciembre de 1996 no se tiene forma de comprobación, por no aparecer, ni los extractos bancarios, ni las conciliaciones pertinentes ...;

d) Las cuentas por cobrar clientes: En 1996 los saldos de este rubro no se pudo comprobar su razonabilidad ya que ...

• Cuentas por cobrar —tarjeta de crédito no se pudo comprobar su razonabilidad ...

• Cuenta clientes nacionales huéspedes: ... no se pudo establecer su razonabilidad.

• Cuentas por cobrar tarjetas de crédito y cheques devueltos: ... no se ajustan a la realidad los saldos presentados en la fecha de diciembre 31 de 1996.

• Cuentas por cobrar tarjetas de crédito: no fue posible comprobar su razonabilidad, y

e) Inventarios: ... el inventario de alimentos, bebidas y otros fue abandonado por los señores Howard Johnson, por lo tanto su veracidad no se pudo comprobar.

Página 19: ... los costos y gastos sobrepasan a los ingresos brutos de operación en un 57.4%, lo cual nos indica que los gastos y costos se administraron con poca prudencia, arriesgando el éxito de la operación.

Página 21: Conclusiones ... el control interno para el giro de cheques presentó muchas deficiencias ...

4. Los traslados de fondo (sic) no tienen soportes ...

5. Comprobantes de egresos que no tienen soportes que respaldan el pago, por citar algunos: ...

6. Algunos egresos no presentan firma del beneficiario ...

Página 22:

7. Algunos egresos no eran claros en el concepto ...

8. Cheques girados a nombre de personas diferentes al pago ...

9. Algunos egresos de pago a proveedores que no tienen sus respectivas órdenes de compra ...

Las observaciones anteriores demuestran claramente la falta de control en el giro de los cheques.

Pagina 31: Obligaciones financieras ... Control interno: Existen facturas de proveedores, sin sus respectivas órdenes de compra ...

La operadora para el caso, la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A., al tenor del contrato celebrado entre las partes, se obligó a establecer y poner en funcionamiento la organización administrativa y contable del hotel (cláusula 4ª, lit. e)) y en la cláusula decimoprimera del mismo convenio, se acordó que: la operadora deberá llevar los libros contables exigidos por la legislación colombiana y por las normas operativas de recibo generalizado en el campo de la hotelería, de conformidad con el sistema uniforme de contabilidad de hoteles.

De acuerdo con esta prueba, la contabilidad relacionada con el contrato de operación y/o administración de hoteles, estaba a cargo de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. y tuvo serios inconvenientes, fallas y en algunos casos no fue llevada o sentada conforme lo ordena la ley.

3.2. Exhibición de documentos y dictamen pericial sobre la contabilidad de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A.

Estas pruebas decretadas oportunamente, no se lograron practicar con éxito, ya que conforme obra en autos el representante legal de dicha sociedad doctor Antonio José Ronderos Torres: “Manifestó que no tiene en su poder la contabilidad de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A., por haberse perdido ...”. Como justificación de ello se presentó al tribunal una comunicación del 28 de marzo de 2001 suscrita por el señor Germán Tarazona Bermúdez donde se expresa que: “La documentación contable que usted me solicitó ... se encontraba bajo la custodia de la señorita Rosaura Castro, en un depósito en el que además estaba todo el equipo mobiliario de la empresa, ... por falta de un espacio a donde guardarla había optado hace más de un año por destruirla ...”.

El artículo 60 del Código de Comercio, sobre conservación de libros y papeles de comercio dispone que: “los libros y papeles a que se refiere este capítulo deberán ser conservados cuando menos por diez años, contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento ...”. Que para este caso no ha transcurrido dicho término legal.

A su vez el inciso 2º del artículo 134 de Decreto 2649 de 1993 prescribe que: “Salvo lo dispuesto en normas especiales, los documentos que deben conservarse pueden destruirse después de veinte años contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento, documento o comprobante. No obstante cuando se garantice su reproducción por cualquier medio técnico, pueden destruirse transcurridos diez años. El liquidador de las sociedades debe conservar los libros y papeles por el término de cinco años contados a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación”. Que la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. fue liquidada mediante la escritura pública 10685 de fecha 29 de septiembre de 1998 donde el mismo Antonio José Ronderos obra como liquidador, protocolizando el acta de liquidación de fecha 15 de septiembre del mismo año. Que con relación a la pérdida de libros contables la ley dispone: artículo 135 Decreto 2649 de 1993 “El ente económico debe denunciar ante las autoridades competentes la pérdida, extravío o destrucción de sus libros y papeles. Tal circunstancia debe acreditarse en caso de exhibición de los libros, junto con la constancia de que los mismos se hallaban registrados, si fuere el caso”. Se observa, que no se han cumplido tales obligaciones legales.

Finalmente, el artículo 67 del Código de Comercio, sobre Renuencia a la exhibición establece: “Si el comerciante no presenta los libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o impide su examen, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar, si para esos hechos es admisible la confesión”.

3.3. Declaraciones de las partes y testimonios

De tales pruebas, se resalta lo siguiente:

Declaración de Ana Milena Cadavid

Esta declarante ha obrado como representante legal de la Sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A., y en tal calidad suscribió el contrato de operación y/o admnistración hotelera y el referido contrato dación en pago.

La testigo al ser interrogada sobre el por qué siguieron pagando cuentas si de hecho ya habían entregado el hotel, contestó: ... “pagamos todas las cuentas que estaban con el NIT de nosotros, fue un error de la administración, pero nosotros teníamos que pagar por la imagen, éramos una compañía en crecimiento, uno de los socios es el dueño del Universal, con todo esto no íbamos a quedar ...”.

Sobre el NIT más adelante expresó: “es un error nuestro, en vez de haber puesto el NIT de la fiduciaria, trabajamos con el NIT nuestro. Cuando cambiamos el NIT ya era muy tarde y nos tocaba pagar lo del NIT nuestro”.

Sobre las compañías vinculadas según el informe de la Sociedad Peña Gutiérrez y Cía. manifestó que no sabe a qué se refieren.

Sobre la entrega del hotel manifestó: “yo diría que la entrega del hotel fue como un acuerdo mutuo entre la fiduciaria, el señor Perilla y nosotros, los tres llegamos a un acuerdo en que ellos no iban a meter plata, ni nosotros podíamos poner más plata, y llegamos a un acuerdo”.

Sobre la contabilidad no recuerda el nombre del contador; que tal funcionario “se fue y nos dejó todo tirado “...” nunca después lo pude ubicar para que me aclarara muchas cosas. Llegaron unas cuentas, se pagaron unos huéspedes, y el se pagó su liquidación, sus prestaciones y se llevó la plata y se fue. Que dicho contador fue contratado por H.J. Hoteles.

Interrogatorio de parte de Ruby Stella Peña Galarza. Contadora y representante legal de Fiduciaria Tequendama, al ser preguntada sobre si existía algún documento donde conste la liquidación de la sociedad, la interrogada contestó “no, no lo tengo. Igualmente corrobora ante el tribunal como H.J. Hoteles de Colombia S.A. no ha presentado cuentas de cobro relacionadas con las pretensiones de la demanda, a lo cual manifiesta “no los conozco, pero tendría que revisar detalladamente la contabilidad para ver si existe dicho registro, dicho soporte pero en lo que he revisado no existe”.

Igualmente en la ampliación del interrogatorio celebrado el día 19 de abril de 2001, al ser interrogada por el doctor Uribe sobre si “por parte de la sociedad Ronderos Torres, la fiduciaria ha recibido algún requerimiento, para el pago de obligación alguna”, respondió “Directamente , que yo sepa , no ...”.

3.4. Prueba pericial - Dictamen contable

3.4.1. Dictamen inicial. Las peritos contables Ana Matilde Cepeda y Carmenza Angarita Gómez, designadas y posesionadas debidamente, rindieron su experticio oportunamente, el que fue adicionado y objetado por error grave a solicitud de la actora.

Sobre la contabilidad de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia las peritos transcriben la comunicación del mencionado Germán Tarazona Bermúdez, que se refiere a la pérdida o extravío de dichos documentos, concluyendo que por tal motivo, no puede darse cumplimiento a lo solicitado.

En cuanto se refiere a la correspondencia y libros contables de la sociedad Ronderos Torres & Cía. SCA, las peritos encuentran:

Que el original de la nota de contabilidad 486/001 del 31 de enero de 1998 encontrado por ellas difiere a la copia que reposa en el expediente, en cuanto a que esta última lleva una firma en la casilla de revisado.

En relación con notas de contabilidad solicitadas, dice el dictamen: “Llama la atención no solo la falta de firmas en la mayoría de las notas de contabilidad, la ausencia de soportes en algunos casos y las notas identificadas con un mismo número, pero con diferente hecho económico incorporado”. La ya referida nota de contabilidad 486 aparece registrada con tres números: 117, 118 y 118 (sic).

Que no se dispuso de la opinión del revisor fiscal para el año 1998.

“Los peritos no pueden ni siquiera informar a qué corresponde o de qué es imagen el registro contable indicado en la nota 486/001 de fecha 31 de enero de 1998. La pericia no contó con documentos soporte para examinar el asiento ...”.

3.4.2. Ampliación dictamen pericial. El apoderado de la convocada oportunamente solicitó en el término de traslado del dictamen su ampliación y aclaración con el fin de que se pronunciaran sobre aspectos principalmente relacionados con la mencionada nota de contabilidad 486/001 de fecha 31 de enero de 1998; asientos contables de la sociedad convocante, falta de soportes y criterios sobre las normas legales que regulan la contabilidad.

Tal aclaración y complementación fue rendida oportunamente por las peritos, y sobre la cual vale la pena resaltar:

En cuanto a la identidad de las personas que figuran en la referida nota de contabilidad, se reproduce la misma obrante al expediente. Sobre este particular el tribunal hace énfasis en que el detalle o causa de tal comprobante, al tenor literal del mismo, es o lo constituye “VR - Compra pleito reclamación a Fiduciaria Tequendama S.A. a Guillermo Ronderos Durán y María Helena Torres de Ronderos”. Las peritos al efecto también precisan el movimiento débito y crédito correspondiente, concluyendo que: “Tal registro contable no incorpora el NIT o cédula de las personas a las cuales se refiere la misma; ausencia de soporte para identificar terceros y, tercero que se refiere a la compra de un pleito, tal como ya se había puesto de presente”.

En cuanto a lo relacionado con la fotocopia de tal nota de contabilidad que reposa en el expediente firmada y su originalidad, consideran las peritos que no es de su competencia tal determinación y que corresponde al tribunal la decisión pertinente.

A continuación las mismas peritos explican las razones de sus dichos en el dictamen inicial y para el análisis de normas, como bien corresponde tan solo las transcriben ya que a ellas no corresponde su aplicación, siendo esta labor propia de tribunal.

Conviene resaltar la respuesta 11 al cuestionario, cuando las peritos dicen que “dieron cuenta de una de las notas de contabilidad, identificada como la 486/001 de enero 31 de 1998, sin soporte contable, sin encontrar el registro contable, tal y como se menciona en el expediente y que hacen referencia a los años 1997 y 1998”. Así mismo las peritos acompañaron con el dictamen inicial y su aclaración una serie de anexos, donde se resaltan las notas de contabilidad y los movimientos contables de la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA.

A su vez la parte convocada también solicitó ampliación y aclaración al mismo dictamen inicial, solicitud que fue resuelta de igual manera en forma debida y oportuna, sin que tal ampliación o adición variase fundamentalmente las conclusiones contenidas en el dictamen principal.

3.4.3. Objeción al dictamen pericial. La convocante objeta por error grave el dictamen pericial y su ampliación, básicamente por indebida interpretación de la normatividad que regula la contabilidad ya que el objetante estima que las normas no exigen la firma de los comprobantes de contabilidad; debatiendo la aportación al expediente de la referida nota de contabilidad 486, en cuanto a que la aportada originalmente al expediente no contiene rúbrica alguna y la aportada por las peritos con el dictamen sí contiene tal rúbrica en el recuadro de revisado. Que las peritos pasaron por alto las normas del Código Civil que tratan el tema relacionado con la cesión de créditos; que se omitió la presentación del dictamen del revisor fiscal correspondiente al período contable de 1998 y finalmente se “inadvirtió” la relación de pagos que como consecuencia del negocio de cesión de créditos efectuó la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA.

Considera el tribunal sobre esta objeción lo siguiente:

El objetante no precisa la naturaleza y características del error alegado, y tampoco determina o concluye su incidencia frente al contenido de la prueba con relación a las pretensiones y excepciones.

En cuanto a la gravedad del error, esta se refiere a su importancia, incidencia además de que debe ser manifiesto y protuberante, características que el tribunal no encuentra en este caso, ya que no obra de forma palmaria y explícitamente, sino que, por el contrario, pretende deducirse de la interpretación que tiene el objetante sobre la aplicación de normas legales.

Si partimos de la base de que el error en términos generales, puede ser de hecho o de derecho, se podría concluir que la manifestación del objetante respecto a la interpretación que de las normas legales sobre aspectos contables hacen las peritos, correspondería a la segunda categoría. Bien sabemos que el derecho no es materia de peritazgo. A esta prueba corresponde establecer “los hechos”, para interpretar y aplicar el derecho están los jueces.

3.4.4. Pruebas de la objeción. Como pruebas derivadas de la objeción formulada al dictamen, se solicitaron y decretaron las siguientes:

a) Nuevo dictamen pericial sobre los estados financieros de la sociedad convocante con el fin de comprobar la relación de pagos verificada como consecuencia de la cesión del crédito.

b) La declaración del señor Miguel Ángel Martínez Gutiérrez.

c) Copia del acta 031 del 23 de febrero de 1999 de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad Ronderos Torres & Cía. SCA.

3.4.4.1. Segundo dictamen pericial-Rendido como prueba de la objeción. La objetante solicitó el decreto de un nuevo dictamen pericial “sobre los estados financieros de la sociedad convocante con el fin de comprobar la relación de pagos verificada como consecuencia de la cesión del crédito”.

Al efecto el tribunal nombró a los peritos expertos en contabilidad: Édgar Fernando Nieto Sánchez y Carmen Rosa Cortés Rodríguez, quienes se posesionaron debidamente y dentro del término cumplieron con su deber, rindiendo el experticio solicitado.

Sobre esta prueba vale la pena resaltar que los peritos la estructuran, evaluando los documentos que obran en el expediente y la organización contable de la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA.

Los peritos en cuanto a la evaluación de la organización contable de la sociedad observan los siguientes aspectos:

De orden legal, que la sociedad lleva los libros contables debidamente registrados en la Cámara de Comercio; se evidencia la existencia de comprobantes de contabilidad; la sociedad dispone de registros a nivel de cuenta auxiliar y se evidenció la existencia de estados financieros desde la fecha en que se efectuó la cesión del crédito hasta su cancelación.

De orden operativo, se precisa el programa de contabilidad que posee la sociedad. En cuanto a la comprobación de los pagos derivados de la cesión del crédito, se concluye que tal operación aparece registrada como varias veces se ha mencionado en el comprobante de contabilidad 486/001 de fecha 31 de enero de1998 por valor de $ 122.106.317 con un crédito por $ 61.053.158 a Guillermo Ronderos Durán y otro a María Helena Torres de Ronderos, por $ 61.053.159. Que el pago de tal crédito se efectuó en los años 1998 y 2000, reflejado en los movimientos contables de la subcuenta “Deudas con accionistas o socios” de acuerdo con resumen que se transcribe en tal dictamen. Se explican los movimientos débito correspondientes a las disminuciones de la obligación de la sociedad para con los accionistas principalmente en cruce de saldos con cuentas por cobrar; sumas entregadas a los accionistas en efectivo; gastos efectuados por la sociedad que deben asumir los accionistas; pagos efectuados por los socios y debidos por la sociedad y comisiones y gastos debitados en la cuenta corriente de la sociedad que deberían ser asumidos por los accionistas. A su vez el dictamen explica los movimientos créditos y concluye que: Efectivamente el registro contable de la cesión se efectuó el 31 de enero de 1998 en la subcuenta - Deudas con accionistas y que durante los años 1998, 1999 y 2000 se realizan los movimientos contables para que al 31 de diciembre del 2000 el saldo de tal cuenta sea cero. Que los estados financieros reflejan tales movimientos. Vale la pena resaltar que para el caso específico de la mentada cesión de crédito los peritos señalan en que “durante la diligencia de inspección física no se encontraron adjuntos, ni se pusieron a disposición los documentos que evidencian las operaciones económicas reflejadas en los comprobantes contables elaborados mecanográficamente”.

Finalmente, conviene resaltar que para los peritos no fue posible comprobar la existencia de los documentos que soportan los asientos contables y que en algunos casos los conceptos de las transacciones no son suficientemente claros.

3.4.4.2. Testimonio de Miguel Ángel Martínez G. En audiencia del 14-06 del 2001, se recibió por parte del tribunal, el testimonio del señor Martínez, contador de la Sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA, como prueba solicitada por el objetante.

Encuentra el tribunal este testimonio sospechoso por ser el mismo Miguel Ángel Martínez contador de la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA, esto es empleado de la convocante y su declaración contenida en la audiencia del 14-06-01, es contradictoria con la rendida el 26 de marzo de 2001 en la diligencia de inspección judicial practicada a la sociedad convocante. En efecto, en tal primera diligencia se le puso de presente el contrato de dación en pago obrante al folio 103 del cuaderno de pruebas y en su testimonio posterior manifiesta desconocer tal documento, por lo que se le puso nuevamente de presente. No es claro el deponente al explicar el porque aparece registrada la mentada cesión de créditos personales como compra de pleito a Guillermo Ronderos Durán y María Helena Torres, el 31 de enero de 1998, cuando el 5 de noviembre de 1997 la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A. conforme el documento denominado contrato de dación en pago había cedido los mismos derechos a la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA.

Manifiesta que Guillermo Ronderos y María Helena de Ronderos dentro de la liquidación de la sociedad H.J. Hoteles de Colombia se hicieron responsables de todas las obligaciones y derechos de la misma. Desconoce el acta y fecha de tal liquidación y presume que tal sociedad fue liquidada antes de contabilizarse la cesión, cuando en realidad ello sucedió prácticamente 9 meses después. Que en enero de 1998 Guillermo Ronderos toma la decisión de venderle tales derechos a la sociedad Ronderos Torres, sosteniendo que en enero de 1998 ya estaba liquidada tal sociedad lo que no es cierto ya que la escritura de liquidación 10685 de la Notaría 29 tiene fecha 29-09-98.

El nuevo testimonio del contador pretende explicar también el alcance de normas legales al tribunal y a criterio de este mismo, en lugar de aclarar los hechos y actos objeto de la prueba solicitada, confunde más esta situación.

Se resalta que si el contrato de dación en pago a favor de Ronderos Torres y Cía. SCA tiene fecha del 5 de noviembre de 1997 y el comprobante de contabilidad 486 se sentó el 31 de enero de 1998 por la misma sociedad, pero por compra de pleito a Guillermo Ronderos Durán y María Helena Torres de Ronderos, en tal lapso o período de tiempo, la misma sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA debería haber registrado y sentado tal operación para haber cedido los mismos derechos a los mencionados Guillermo Ronderos y María Helena Torres, a fin de que estos últimos pudieran válidamente transferirlos.

Por un lado al tenor del contrato de dación en pago aparece la sociedad H.J. Hoteles de Colombia cediendo los derechos o créditos objeto de las pretensiones a la hoy actora y convocante la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA y por el otro tal operación aparece registrada en la contabilidad de tal sociedad como compra de pleito a Guillermo Ronderos y María Helena Torres personas naturales diferentes a la sociedad H.J. Hoteles de Colombia S.A.

3.4.5. Decisión de la objeción al dictamen pericial. Estudiada la objeción tal como fue formulada y las pruebas solicitadas por el objetante, encuentra el tribunal que las objeciones no están llamadas a prosperar, en primer término por su ineficacia frente al contenido mismo del dictamen; en segundo término, porque no lograron demostrar los hechos que presuntamente perseguían y en tercer lugar, por cuanto al estar fundadas en indebida interpretación de normas y su aplicación frente a las pretensiones y excepciones, tal análisis en derecho corresponde es al fallador cuando define la instancia mediante el fallo, en este caso el Laudo Arbitral.

En los términos anteriores y de conformidad con lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal decide la objeción formulada por la convocante contra el dictamen pericial rendido por las peritos Ana Matilde Cepeda y Carmenza Angarita, rechazando y declarando no probadas tales objeciones.

El tribunal aprecia el primer dictamen teniendo en cuenta la claridad y fundamentos del mismo, en conjunto con el segundo, ya que se complementan y adicionan en cuanto a sus argumentos y conclusiones.

4. Prueba de las pretensiones, sus fundamentos y las excepciones

Conforme se advierte al inicio del laudo, la convocante incoa pretensiones de condena y la solicitud de notificación judicial a la convocada de la cesión de créditos contenida en el documento denominado dación en pago. Sobre esta última solicitud ya se trató a cabalidad en este fallo, y no amerita análisis adicional alguno.

En relación con las pretensiones de condena, ellas se concretan a la solicitud de ordenar a cargo de la convocada la restitución de anticipaciones de dinero por $ 122.106.317, junto con sus intereses moratorios; la declaración de incumplimiento de la sociedad demandada del último inciso de la cláusula decimosegunda del contrato de operación y/o administración de hoteles, en concordancia con el numeral tercero de la cláusula 16 del mismo contrato, condenándose a la demandada a pagar la suma de doscientos millones de pesos mcte. ($ 200.000.000), a título de penalidad pactada en la cláusula 17 del mismo convenio. También requiere la condena en costas y gastos a cargo de la convocada.

Al tenor de los hechos de la demanda, la referida pretensión de $ 122.106.317 se compone de:

a) La suma de $ 84.519.318, pagados a través de la sociedad Editora del Mar S.A., conforme certificación del 6 de octubre de 1999;

b) La suma de $ 8.300.000, cancelada a través de los comprobantes de egreso adjuntos y, por último, y

c) Un saldo a favor de H.J. Hoteles de Colombia S.A., discriminado en la página 9 del informe de auditoría de la sociedad Peña Gutiérrez & Co. bajo el cargo llamado “Cuentas por pagar a compañías vinculadas”, equivalente a la suma de $ 29.286.999.

En cuanto a los dineros cancelados por la sociedad Editora del Mar S.A., encuentra el tribunal:

a) Que conforme declaración de Ana Milena Cadavid la sociedad Editora del Mar S.A. accionista de El Universal, tenía intereses en el contrato de administración hotelera ya que “éramos una compañía en crecimiento, uno de los socios es el dueño del Universal, con todo esto no íbamos a quedar ...” “... lo que hicimos fue poner una plata en una oficina de Cartagena, de Alejandro Galvis que es el dueño del Universal ...”;

b) Que Alejandro Galvis Ramírez aparece actuando en nombre y representación de la sociedad Galvis Ramírez & Cía. S.A., en el documento suscrito en Bucaramanga el 21 de abril de 1998, aportado por la convocante al proceso, donde cede a favor de Guillermo Ronderos Durán y María Helena Torres de Ronderos “la totalidad de sus derechos frente a los posibles beneficios que deriven de la reclamación legal que H.J. Hoteles de Colombia S.A., adelanta contra Fiduciaria Tequendama con ocasión de la operación del Hotel H.J. Bocacanoa en Cartagena, en Tribunal de Arbitramento que cursa ante la cámara ...”;

c) Que los pagos realizados por Editora del Mar S.A., conforme la certificación adjunta y comprobantes remitidos, se realizaron después de verificada la entrega física del hotel;

d) No se aportó al proceso cuenta de cobro alguna a cargo de la fiduciaria y a favor de H.J. Hoteles, por dichos conceptos;

e) No se acreditó que dichos desembolsos corresponden a obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato de operación hotelera suscrito entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y Fiduciaria Tequendama S.A., y

f) No se solicitó a este tribunal la liquidación del contrato de operación hotelera suscrito entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y Fiduciaria Tequendama S.A.

En cuanto atañe a la suma de ocho millones trescientos mil pesos mcte. ($ 8.300.000) cancelada “a través de los comprobantes de egreso adjuntos a la demanda “ el tribunal encuentra que:

a) El actor parece referirse a los pagos realizados al señor Javier Anaya, según comprobante de egreso 2059, por la suma de $ 5.850.000, que conforme factura de venta 0015 por la suma de $ 6.500.000 del 10 de octubre de 1997, corresponde a labores contables del primer trimestre de 1997; período abril 1º a mayo 7 de 1997 y estados financieros e información suplementaria a septiembre 30 de 1997; y los comprobantes de egreso 2030 y 2141 de H.J. Hoteles de Colombia S.A. por la suma de $ 900.000 cada uno, que contienen copia de los giros al señor Henry Hernández M. de fechas agosto 15 de 1997 y abril 24 de 1998 respectivamente;

b) Conforme declaración de Ana Milena Cadavid, el mencionado Javier Anaya era el “auditor” del hotel contratado directamente por H.J. Hoteles de Colombia S.A. y que una vez entregado el hotel: “Anaya y Anaya fue el que nos ayudó para poder pagar y los contadores”;

c) La factura de venta de Anaya Lorduy es posterior a la entrega del hotel, y se refiere en parte a estudios realizados 4 meses después de aquella;

d) Los comprobantes de egreso correspondientes a los valores girados al señor Henry Hernández, no tienen soporte alguno y en consecuencia, no se sabe a qué corresponden dichos pagos;

e) No existe prueba alguna que indique que estos pagos se intentaron cobrar a la fiduciaria, y

f) No se acreditó en el proceso que estos desembolsos correspondan a obligaciones propias de la fiduciaria como resultado del contrato de operación y/o administración de hoteles suscrito entre las partes.

Finalmente, en cuanto al saldo por $ 29.286.999 de que trata el balance a mayo 31 de 1997 del informe de Peña Gutiérrez & Co., y que responde a pasivos “Cuentas por pagar compañías vinculadas”, tales cuentas no existen en el expediente; no se sabe a qué responden, y de las llamadas “compañías vinculadas” no se reporta en el proceso prueba alguna, aún los esfuerzos encaminados por el tribunal en tal sentido.

La pretensión tendiente a la declaratoria de incumplimiento de la obligación contenida en el último inciso de la cláusula decimosegunda, en concordancia con el numeral tercero de la cláusula decimoséptima (17) del contrato de operación y/o administración de hoteles en consecuencia está llamada a no prosperar, ya que depende totalmente de la prosperidad de las anteriores peticiones y por lo tanto corre la misma suerte.

En cuanto a excepciones la convocada no las formuló o denominó expresamente como tales. En la contestación a la demanda, se opone a las pretensiones y dice que existe “falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva y no existe relación de causalidad con respecto a la obligación reclamada ...”.

En el proceso declarativo es al actor-convocante a quien corresponde la carga probatoria, y le incumbe demostrar los hechos en que funda sus peticiones para que ellas prosperen. Para este proceso arbitral, la plena existencia de los llamados por el actor “créditos personales”; su legitimidad-titularidad; su vigencia y su relación de causahabiencia con el contrato celebrado con la demandada, son presupuestos indispensables aún en tratándose de fallos y laudos en equidad, para atender positivamente las pretensiones. Ninguno de ellos se configura, motivo por el cual se denegarán las peticiones de la convocante y se le condenará en las costas y gastos del proceso.

En mérito de lo expuesto este tribunal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. En cuanto a la pretensión primera de la demanda en la que se solicitó “notificar judicialmente al representante legal de la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., o a quien haga sus veces, de la cesión de créditos personales que, a título de dación en pago, se celebró entre H.J. Hoteles de Colombia S.A. y la sociedad convocante” se tiene por notificada tal sociedad, según se expresó en las consideraciones de este laudo.

2. DENEGAR las pretensiones segunda, tercera, cuarta y quinta de la demanda que se plantearon como sigue:

“2. Que se declare la obligación, a cargo de la sociedad Fiduciaria Tequendama S.A., de restituir las anticipaciones de dinero invertidas por H.J. Hoteles de Colombia S.A. en la operación del Hotel Cartagena de Indias, anticipaciones cuya cuantía asciende a ciento veintidós millones ciento seis mil trescientos diecisiete pesos ($ 122.106.317) mcte.”.

“3. Que se declare que sobre esas sumas de dinero, la sociedad demandada debe pagar intereses moratorios, desde el día en que se hizo exigible la anterior obligación, hasta tanto se efectúe el pago total de la misma, liquidados a las tasas de interés bancario corriente que estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, incrementados en un 50%, certificados por la (*) Superintendencia Bancaria en documento anexo a la presente, de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio”.

“4. Que se declare el incumplimiento por parte de la sociedad demandada de la obligación contenida en el inciso último de la cláusula decimosegunda del contrato de operación y/o administración de hoteles, en concordancia con el numeral tercero de la cláusula decimosexta del mismo contrato y se le condene al pago de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) mcte., pactados en la cláusula decimoséptima, a título de penalidad líquida exigible”.

“5. Que se condene a la sociedad fiduciaria al pago de las costas y gastos del arbitramento”.

3. ABSOLVER a la Fiduciaria Tequendama S.A. y por ende a la sociedad llamada en garantía sociedad “Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A.” de las referidas pretensiones segunda, tercera y cuarta.

4. Declarar NO PROBADA la objeción al dictamen pericial rendido por las peritos contadoras propuesta por el apoderado de la sociedad convocante.

5. CONDENAR en las costas del proceso a la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA en los siguientes términos:

Por concepto de agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) que deberá cancelar en un setenta por ciento (70%), esto es dos millones cien mil pesos ($ 2.100.000), a la parte convocada y en un treinta por ciento (30%), esto es novecientos mil pesos ($ 900.000), a la sociedad llamada en garantía.

Por concepto de honorarios de los árbitros y de la secretaria y gastos del proceso, la suma de siete millones quinientos mil pesos ($ 7.500.000), a favor de la convocada, Fiduciaria Tequendama S.A.

Por concepto de gastos de las peritos contadoras la suma de ($ 800.000), que deberá ser pagada en un sesenta por ciento (60%) esto es la suma de cuatrocientos ochenta mil pesos ($ 480.000) a la sociedad convocada y en un cuarenta por ciento (40%) esto es la suma de trescientos veinte mil pesos ($ 320.000) a la sociedad llamada en garantía, Hotel Cartagena Bocacanoa del Sol S.A.

Por concepto de honorarios de las peritos contadoras la suma de seiscientos mil pesos ($ 600.000) que deberá ser cancelada en un sesenta por ciento (60%), esto es la suma de trescientos sesenta mil pesos ($ 360.000) a la convocada, Fiduciaria Tequendama S.A. y en un cuarenta por ciento (40%) directamente a las peritos, en vista que la sociedad llamada en garantía no canceló lo de su cargo.

Los anteriores pagos se deberán efectuar dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este Laudo Arbitral.

6. Como consecuencia de la decisión anterior, cualquier suma sobrante en poder del presidente del tribunal, para atender los gastos del proceso, será entregada a la sociedad Ronderos Torres y Cía. SCA.

7. Expedir copias auténticas del presente laudo, con destino a las partes procesales y con destino al centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

8. Protocolizar el expediente en una de las notarías de la ciudad.

El laudo anterior, quedó notificado en estrados.

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