Laudo Arbitral

Stella Miranda de Cuéllar y Susana González de Miranda, socias y liquidadoras de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada

v.

José Joaquín Miranda González

Abril 29 de 1988

Acta 8

I.Lugar, fecha y hora:

En Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1988), se reunieron en la sede del tribunal de arbitramento seguido por las señoras Stella Miranda de Cuéllar y Susana González de Miranda en su calidad de socias y liquidadoras de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, en contra del socio José Joaquín Miranda González, los doctores Alberto Tamayo Lombana, Consuelo Acuña Traslaviña y Juvenal Castillo Rincón, junto con el secretario del tribunal doctor Bernardo Afanador Plata, con el fin de proferir el fallo que habrá de poner término al presente litigio, conforme al señalamiento que para esta fecha hizo según acta número siete (7) del día tres (3) de marzo de año en curso.

Acto seguido, el presidente del tribunal, doctor Alberto Tamayo Lombana, solicitó al señor secretario que procediera a dar lectura en voz alta del siguiente laudo, conforme a lo dispuesto en los artículos 671 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 2019 del Código Comercio el que se pronuncia en derecho:

II.Antecedentes

1. Integración del tribunal

En escrito dirigido al señor juez civil del Circuito de Bogotá, que por reparto correspondió su conocimiento a la señora juez catorce, las señoras Stella Miranda de Cuéllar y Susana González de Miranda, en su calidad de socias y liquidadoras de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, mediante apoderado judicial y con base en lo dispuesto por el artículo 2013 del Código de Comercio, pidieron que se efectuara audiencia con el objeto de proceder al nombramiento de los árbitros que habrían de decidir las diferencias surgidas entre las socias y liquidadoras de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, y el socio José Joaquín Miranda González.

En audiencia celebrada el día nueve (9) de mayo de mil novecientos ochenta y seis (1986), concurrieron al juzgado, de una parte, el apoderado judicial de las socias liquidadoras arriba citadas, y la otra, el socio José Joaquín Miranda González, quienes, al no ponerse de acuerdo respecto al nombramiento de los árbitros, según constancia que obra en el expediente, el juzgado con base en los dispuesto es el artículo 2013 del Código de Comercio, inciso 4º, procedió a su nombramiento el que recayó en lo doctores Consuelo Acuña Traslaviña, Alberto Tamayo Lombana y Eduardo García Sarmiento; este último renunció y fue reemplazado por el doctor Juvenal Castillo Rincón, quienes una vez posesionados procedieron a instalar el tribunal de arbitramento y nombrar presidente y secretario; designar sede del tribunal, fijar los honorarios de sus miembros, y los gastos del mismo, todo según consta en el acta 1 de tres (3) de febrero de mil novecientos ochenta y siete (1987).

2. Cláusula compromisoria

Por escritura pública número 4854 de fecha veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos setenta y uno (1971), de la Notaría Catorce (14) de Bogotá, se constituyó la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, la que fue registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá con matrícula 000228 en la cláusula decimocuarta, se estipuló la cláusula compromisoria, del siguiente tenor:

“Las divergencias que surgieren, entre los socios o entre estos y la sociedad, durante la existencia de la sociedad o al momento de la disolución y liquidación, en razón de la interpretación y aplicación de los presentes estatutos por los cuales la sociedad se rige, serán dirimidos conforme lo dispuesto por la Ley 2ª de 1938; es decir por un tribunal de arbitramento integrado por un árbitro nombrado por cada uno de los socios o grupo de socios que sostengan una pretensión y un tercero nombrado por estos dos (2) así designados. Si no hubiere acuerdo respecto del nombramiento de uno de los árbitros o si estos no designaren el tercero, su nombramiento lo hará las Cámara de Comercio de Bogotá; a solicitud que se le haga, con indicación de los tópicos objeto de divergencia. El fallo del tribunal debidamente constituido, será inapelable”.

En la solicitud de convocatoria y designación de árbitros, el señor apoderado de las liquidadoras alegó ante la Juez Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá, que:

“En la cláusula compromisoria de la escritura de constitución de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, se pactó la Cláusula Compromisoria, (sic) con arreglo a lo que preceptuaba la Ley 2ª de 1938. Pero como bien se comprende, frente a la nueva ley comercial la constitución del tribunal debe hacerse en la forma como esta lo prevé y no de manera como se pactó en razón de que las normas procedimentales son de orden público y contra ellas no tiene validez ni produce efecto ninguna estipulación de las partes”.

El juzgado por auto de fecha de quince (15) de marzo de mil novecientos ochenta y seis (1986), aceptó la solicitud de convocatoria y señalo audiencia para la designación de árbitros, sin hacer disquisiciones relacionadas con el procedimiento a seguir para tal efecto, apoyándose en lo dispuesto en el artículo 2013, inciso 4º del Código de Comercio. Ello dio lugar a que la juez designara los árbitros que habrían de dirimir las controversias suscitadas entre los socios, la sociedad representada por sus liquidadores de una parte; y de la otra, el socio José Joaquín Miranda González.

El tribunal de arbitramento en la audiencia celebrada el día diez (10) de diciembre de mil novecientos ochenta y siete (1987), de que trata el acta 3 del expediente, al examinar su propia competencia dijo:

“De los documentos aportados al proceso arbitral y examinados en esta audiencia de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2019 del Código de Comercio, numeral 1, estos constituyen controversias susceptibles de transacción que no escapan a la competencia de la jurisdicción arbitral, cuyo laudo debe pronunciarse en derecho, según el artículo 2012 ibídem, ya que la cláusula compromisoria de que trata la escritura pública 4.854 de veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos setenta y uno (1971), guardó silencio al respecto”. Por otra parte se observa que las partes en litigio son capaces para dirimir sus diferencias mediante un Tribunal de Arbitramento.

3. Puntos sujetos a la decisión arbitral

a) “Decidir si la liquidación de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, comprende la totalidad de los bienes inmuebles de que es dueña y que figuran en las competentes oficinas de registro matriculadas a su nombre, o si, por el contrario, algunos de esos bienes deben recibir (sic) el proceso liquidatorio y en la adjudicación y distribución algún tratamiento de carácter preferencial, por haber sido enajenado a favor de la compañía por Leovigildo Miranda y Susana González de Miranda, pese a la circunstancia de que el estatuto social se convino expresamente que la liquidación se haría conforme a la ley colombiana”;

b) “Decidir si las decisiones adoptadas por la junta de socios de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, en reunión extraordinaria celebrada el 10 de febrero de 1983 cuya copia se acompaña son válidas por haber sido adoptadas con base en lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 247 del Código de Comercio, es decir, si se ciñen a lo preceptuado por dicha disposición”;

c) “Decidir si las liquidadoras deben acoger o están por el contrario, en libertad de no hacerlo, la proposición presentada por el socio Leovigildo Miranda en la reunión a la cual se ha hecho referencia relativa a la forma como deben ser hechas las adjudicaciones en los inmuebles de propiedad de la sociedad, una vez cancelado el pasivo externo, teniendo en cuenta que el acta fue aprobada por todos los asistentes, quienes representaban más del setenta por ciento (70%) del capital social”;

d) “Decidir si la liquidadoras, con base en lo acordado en acta del 10 de febrero de 1983 a que se ha hecho mención deben proceder a efectuar la distribución del remanente, y a levantar el acta de que trata el inciso 2º del artículo 247 del Código de Comercio, a hacerla aprobar en la forma prevista por el artículo 248 ibídem y a proceder, en general, en la forma prevista por dichas disposiciones”, y

e) “Que con aplicación en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil y ordinal 7º del artículo 2019 del Código de Comercio, se condene al señor José Joaquín Miranda González, persona que suscitó las diferencias que se someten a este tribunal, al pago de las costas del mismo y en especial al pago de los gastos ocasionados con su constitución y funcionamiento, las cuales serán liquidadas en el mismo laudo arbitral”.

4. Rituación del proceso

Surtida la actuación ante el juez catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá, se inició la instrucción del proceso arbitral el día tres (3) de noviembre de mil novecientos ochenta y siete (1987), según consta en el acta 1ª, fecha en la cual, se declaró legalmente instalado el tribunal de arbitramento, que habría de dirimir en derecho las diferencias sometidas a su consideración, fijó los honorarios y gastos del mismo.

Seguidamente se llevaron a cabo las notificaciones personales a las partes en litigio, y el presidente del tribunal recibió de manos de las demandantes el valor total de los honorarios y gastos del tribunal, sin que hasta el momento el demandado haya consignado la parte que a él le corresponde.

En audiencia de fecha seis (6) de diciembre de mil novecientos ochenta y siete (1987) (acta 6), el tribunal decretó las pruebas solicitadas por la parte actora, ya que la demandada no se hizo presente ni por sí ni por conducto de apoderado judicial; sin embargo, el tribunal haciendo uso de la facultad oficiosa que le conceden las normas procesales civiles, decretó de oficio interrogatorio de parte del demandado José Joaquín Miranda González, quien lo absolvió como consta en acta 5 de fecha 27 de enero de 1988.

Evacuadas las pruebas, el tribunal en audiencia llevada a cabo el día 17 de febrero del año en curso, dio por concluida la etapa probatoria y citó para audiencia de alegaciones para el día tres (3) de marzo, en la cual se oyó al apoderado de las demandantes; y en cuanto al demandado, no fue oído ya que este continuó con su negativa de no pago de la parte proporcional de los honorarios y gastos del tribunal. Concluida la audiencia de alegaciones, se citó para fallo en audiencia del día veintinueve (29) de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

III. Sinópsis del proceso arbitral

1. Mediante escritura pública 4854 del 28 de diciembre de 1971, de la Notaría Catorce (14) del Círculo de Bogotá, cuya copia fue aportada como prueba dentro del proceso se constituyó la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada “Sociedad Agropecuaria del Rodeo Limitada”, con domicilio en la ciudad de Bogotá, cuyos socios actuales, según certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, son los siguientes:

SociosCuotasValor
José Miranda González451.928451.928
Blanca Inés Miranda de Castro686.443686.443
María Stella Miranda de Cuéllar748.043748.043
Arturo Nicholls Arango70.86870.868
David Cuéllar Galves181.409181.409
Susana González de Miranda1.081.8711.081.871
Leovigildo Miranda Laverde137.235137.235
Magdalena Miranda de Nicholls641.701641.701
Totales3.999.498$ 3.999.498

2. En la escritura de constitución de la sociedad, se fijaron las bases del contrato social y de tales cabe descartar las siguientes, que no fueron reformadas por acto posterior de los socios:

a) Se fijó la duración de la sociedad en un término de diez (10) años, contados a partir de la fecha de escritura de constitución (cláusula tercera);

b) Se acordó que para liquidación del ente social, cuando llegare la oportunidad, se estaría a lo previsto en al ley colombiana (cláusula decimotercera);

c) Quedaron sometidas a la decisión de árbitros las controversias o divergencias que surgieren entre los socios, o entre estos y la sociedad, durante su existencia o al momento de su disolución y liquidación (cláusula decimocuarta), y,

d) Se dijo que el objeto principal de la sociedad sería la compra y venta de ganado vacuno, caballar, mular y ovino; cría, levante y engorde de ganado vacuno; la producción de leche y demás productos derivados; compra y venta de inmuebles (rurales y urbanos) y demás actos necesarios para la explotación agropecuaria (cláusula segunda).

3. En desarrollo del objeto social, adquirió la sociedad mediante compra efectuada a dos de sus socios, varias fincas que a la fecha se encuentran en cabeza de la sociedad, cuyas escrituras públicas se hayan inscritas en la oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, así:

Escritura:0613
Fecha de adquisición:08-03-72
Notaría:14 de Bogotá
Matrícula:050-0037537
Precio de adquisición:$ 270.000
Nombre del predio:Santa María
Ubicación:Subachoque

Escritura:4796
Fecha de adquisición:19-12-77
Notaría:14 de Bogotá
Matrícula:050-0433691
Precio de adquisición:$ 292.400
Nombre del predio:Mana Colorada
Ubicación:Madrid

Escritura:3771
Fecha de adquisición:26-09-78
Notaría:14 de Bogotá
Matrícula:050-0186958
Precio de adquisición:$ 300.000
Nombre del predio:Santa Inés – (Santa Rita)
Ubicación:Subachoque

Escritura:2137
Fecha de adquisición:30-06-76
Notaría:14 de Bogotá
Matrícula:050-0347352
Precio de adquisición:$ 350.000
Nombre del predio:El Recreo (El Lote)
Ubicación:Subachoque

Escritura:4797
Fecha de adquisición:19-12-77
Notaría:14 de Bogotá
Matrícula:050-0387023
Precio de adquisición:$ 559.000
Nombre del predio:Granada
Ubicación:Madrid

Escritura:4793
Fecha de adquisición:19-12-77
Notaría:14 de Bogotá
Matrícula:050-0387233
Precio de adquisición:$ 466.850
Nombre del predio:San Carlos
Ubicación:Madrid

Escritura:4797
Fecha de adquisición:19-12-77
Notaría:14 de Bogotá
Matrícula:050-0433690
Precio de adquisición:$ 1.052.435
Nombre del predio:Versalles
Ubicación:Madrid

Las correspondientes copias de las escrituras de adquisición de los inmuebles mencionados, fueron aportadas como prueba junto con los certificados de libertad expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá. De estos documentos se desprende, que los contratos de compraventa fueron otorgados sin cláusulas especiales, tales como: condición resolutoria, aportes social con preferente devolución a la liquidación, usufructo o cualquier otra limitación al dominio que pudiese llevar a la resolución de los contratos de compraventa o pacto especial de restitución de aportes con los bienes adquiridos por la sociedad al tiempo de su liquidación. No obstante observa el tribunal que no se acreditó si los mencionados inmuebles fueron adquiridos con base en autorizaciones especiales otorgadas al gerente, o si este se extralimitó en sus facultades.

4. La escritura de constitución de la sociedad, que contiene los estatutos sociales, según aparece en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, aportado como prueba al proceso, fue reformada por las siguientes escrituras públicas:

— Número 1912 de 10 de junio de 1976, de la Notaría 14 de Bogotá, mediante la cual se aumenta el capital social.

— Número 3070 de 10 de agosto de 1979, de la Notaría 14 de Bogotá, mediante la cual se hizo nuevo aumento el capital social.

— Número 5834 de 3 de noviembre de 1982, de la Notaría 14 de Bogotá, mediante la cual fue ratificada la escritura anterior y se aclararon algunos errores cometidos en el acta.

— Número 2454 de 4 de agosto de 1983, de la Notaría 14 de Bogotá, mediante la cual se ceden derechos sociales de Leovigildo Miranda y Susana González de Miranda a la señoras socias Blanca Inés Miranda de Castro, María Stella Miranda de Cuéllar y Magdalena Miranda de Nicholls.

5. Con fecha 28 de diciembre de 1981, la sociedad quedó disuelta por vencimiento del término de duración, y en consecuencia entró en estado de liquidación.

6. Según lo pudo establecer el tribunal, durante la vigencia de la sociedad y dentro del trámite de su liquidación, únicamente se realizaron siete (7) reuniones formales de la junta de socios, cesiones que aparecen en las actas numeradas del 1 al 7 y de las cuales, para interés de este proceso arbitral, únicamente se tendrán en cuenta la señaladas bajo los números seis (6) y siete (7).

7. En el acta número 6 de la sesión verificada del día diecinueve (19) de octubre de mil novecientos ochenta y dos (1982), con la asistencia del ciento por ciento (100%) de las cuotas en las cuales se divide el capital social, se ratificó por unanimidad el aumento de capital a la suma de tres millones novecientos noventa y nueve mil y ocho pesos ($ 3.999.498) moneda legal y se dispuso, válida y estatutariamente:

“Que la liquidación de la sociedad se hará de acuerdo con los estatutos y por la ley por quienes hoy ocupan los cargos de gerente y subgerente, señoras María Stella Miranda de Cuéllar y Susana González de Miranda, encontrándose presentes quienes aceptaron dicha decisión y designación”, y quienes, además para los efectos del artículo 230 del Código de Comercio procedieron de inmediato a rendir a la junta las cuentas de su gestión mediante la exhibición de los libros, balance y los documentos pertinentes, entre ellos un balance cortado al 31 de agosto de 1982, el cual se aprobó y se dispuso que se tomara como base para la liquidación.

“Se dispuso igualmente por la junta, que una vez reducida a escritura pública el acta correspondiente a la presente reunión se convoque a una nueva con el objeto de acordar las reglas generales que han de seguirse por los liquidadores para la liquidación”.

8. En el acta número siete (7) de la sesión verificada el día diez (10) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), con la asistencia del ochenta y ocho punto siete por ciento (88.7%) de las cuotas sociales en las cuales se encuentra dividido el capital social, se dio consideración al siguiente orden del día:

8.1. Aprobación del inventario de bienes y deudas de las sociedad para efectos de su liquidación

Puesto en consideración por las liquidadoras de la sociedad el inventario de bienes de deudas, fue aprobado por la totalidad de los asistente a la reunión, o sea por tres millones quinientos cuarenta y siete mil quinientos setenta (3.537.570)(sic) votos a favor y ninguno en contra ni en blanco. Del avalúo aprobado por el ochenta y ocho punto siete por ciento (88.7%) de las cuotas sociales en las cuales se encuentra dividido el capital social, se destacan los siguientes rubros:

Inmuebles: Un total de ciento quince millones cuatrocientos mil pesos ($ 115.400.000) (faltándole a esta discriminación la identificación de la matrícula inmobiliaria del predio rural denominado Granada, el cual, al parecer fue integrado al fundo Versalles).

Muebles: Un total de dos millones doscientos cuarenta mil pesos ($ 2.240.000).

Total de activos: Ciento diecisiete millones seiscientos cuarenta mil pesos ($ 117.640.000).

Deudas: La sociedad tenía a la mencionada fecha, incluyendo apropiación para gastos notariales e impuestos sueldos del gerente, honorarios de abogado e imprevistos de liquidación, deudas por la suma de un millón ciento ochenta y nueve mil pesos ($ 1.189.000).

8.2. Avalúo por parte de la junta de socios de los activos sociales para efectos de la liquidación de la sociedad

Los socios aprobaron, también por unanimidad de los asistentes a la mencionada reunión, el avalúo que se había fijado para los activos sociales en el inventario de liquidación, el cual resumiremos más adelante.

8.3. Pago de aportes en especie

Como nos parece de sumo interés, para efectos de este proceso arbitral, transcribimos literalmente la proposición que fue aprobada por la integridad de los asistentes a la mencionada reunión la cual dice:

“El presidente de la reunión solicitó a la junta considerar la distribución en especie de los activos sociales teniendo en cuenta lo que a cada uno corresponde en la sociedad, según su aporte, y teniendo en cuenta además, que los acreedores de la sociedad han manifestado que aceptan como deudores a los adjudicatarios y que exoneran a la sociedad, todo lo cual permite efectuar la distribución de ese modo, según lo preceptuado en el artículo 240 de Código de Comercio. Igualmente propuso que para efectos de la distribución se puedan hacer pagos parciales de los aportes con el objeto de facilitar la liquidación, pero transfiriendo a título de compraventa los bienes en especie, mediante suscripción a favor de la sociedad de títulos valores o documentos de crédito, los cuales serían los que figurarían en el acta final de liquidación y distribución en vez de los inmuebles, pues tal procedimiento permitiría una mejor evacuación de la liquidación y además permitirá ajustar los respectivos valores al capital social y a las situaciones impositivas de cada uno ...”.

8.4. Adjudicaciones

Continuando con el desarrollo de la reunión, los asistentes aprobaron también por unanimidad, que los aportes fuesen pagados adjudicando bienes a sus socios por lo que les corresponda, así:

A Susana González de Miranda, con el predio denominado “Santa María”, el cual había sido avaluado en doce millones de pesos ($ 12.000.000), y si no alcanzare, con los predios denominados “Versalles o Granada”, además, los semovientes, el equipo y la maquinaria; bienes que fueron avaluados en un total de cincuenta y cuatro millones cien mil pesos ($ 54.100.000) moneda legal.

A Blanca Inés Miranda de Castro, con el predio denominado San Carlos, avaluado en diez millones cuatrocientos mil pesos ($ 10.4000.000) moneda legal, y si no alcanzare, con derechos en el predio “Versalles o Granada”.

A María Stella Miranda de Cuéllar, con el predio denominado “El Lote” el cual se encuentra avaluado en doce millones de pesos ($ 12.000.000), y si no alcanzare con derechos en el predio “Versalles o Granada”.

A David Cuéllar Gálvez, con el predio denominado “Santa Rita”, avaluado en ocho millones de pesos ($ 8.000.000).

A María Magdalena de Nicholls y Arturo Nicholls, con derechos en el predio denominado “Versalles o Granada”.

A José Joaquín Miranda González, con el predio denominado “Mana colorada”, avaluado en veintiún millones de pesos ($ 21.000.000).

A Leovigildo Miranda Laverde, con derechos en el predio denominado “Versalles o Granada”.

No se acreditó si el inventario de liquidación y la valorización de los activos, fue hecha de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Comercio; es decir, según los métodos permitidos por la legislación fiscal.

9. Los activos a repartir descontando las sumas fijadas como pasivos de la sociedad y las apropiaciones para gastos de liquidación, teniendo en cuenta el avaluó aprobado por la mayoría de los socios, serían los siguientes:

Remate de activosMonto avalúo $Porcentajes en relación con activos a repartir
Santa María12.000.00010.30%
Mana Colorada21.000.00018.03%
Versalles o Granada52.000.00044.65%
San Carlos10.400.0008.93%
El Lote12.000.00010.30%
Santa Rita8.000.0007.2%
Semovientes, maquinaria y equipo1.051.0000.09%
Total$ 116.451.000 

10. Teniendo en cuenta el actual porcentaje de composición del capital social que tiene cada uno de los actuales socios, el avalúo de los bienes o del remanente de activos que queda para repartir entre los mismos, asciende a la suma de $ 116.451.000. En el reparto aprobado, basado en el inventario de liquidación de la sociedad, “el prorrateo” de liquidación hecho por lo socios, sería en resumen el siguiente:

Nombre socioPorcentaje de participación en el capital socialPredio o bienes adjudicadosPorcentaje adjudicado (calculado)
Susana González de Miranda27%Santa María y
Versalles y
los muebles, semovientes y enseres
10.30%
16.61%
0.09%
27.00%
Blanca Inés Miranda de Castro17%San Carlos y
Versalles
8.93%
8.07%
María Stella Miranda de Cuéllar18%El Lote y
Versalles
10.30%
7.7%
David Cuéllar Gálves4%Santa Rita7.2% (en exceso 3.2%)
José Joaquín Miranda11%Mana Colorada18.03% (en exceso 7.3%)
Leovigildo Miranda L.3%Versalles o Granada3%
Magdalena Miranda de Nicholls16%Versalles o Granada5.5%
- (10.5%)
Arturo Nicholls1%Versalles o Granada1%

11. El señor José Joaquín Miranda González guardó silencio dentro del proceso arbitral, pero fue citado por el tribunal para que en audiencia absolviera al interrogatorio de parte que formuló el presidente del tribunal, interrogatorio que aparece a folios 77 a 83 (acta 5), en el cual afirmó que hasta esa fecha no había iniciado acción alguna de impugnación de las actas de la sociedad, ni cualquier otro proceso contra ella o sus socios originados en razón del desarrollo del objeto social o por su liquidación. Pero reiteró su inconformidad por la forma de liquidación y el incumplimiento de algunos acuerdos verbales existentes entre los socios.

12. El doctor Álvaro Salcedo Flórez, como apoderado de la Sociedad Agropecuaria del Rodeo Limitada, en liquidación, y de sus liquidadoras en su oportunidad, hizo ante el tribunal varias consideraciones previas, de las cuales cabe destacar:

12.1. Que en la liquidación de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, se debe abarcar la totalidad de los bienes inmuebles de que la mencionada sociedad es dueña, sin limitación de ninguna clase.

12.2. Que el acta de la reunión de 10 de febrero de 1983 (acta 7) reúne todos los requisitos del artículo 189 del Código de Comercio y que sus decisiones son obligatorias según lo dispone el artículo 188 ibídem.

12.3. Que habiéndose reunido el 10 de febrero de 1983 un número plural de socios, que representaban más del setenta por ciento (70%) del capital social, las decisiones adoptadas son válidas y deben ser cumplidas por la liquidadoras.

13. Por tanto, los puntos sometidos a este tribunal por la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, y sus liquidadoras, señoras María Stella Miranda de Cuéllar y Susana González de Miranda son los que constituyen materia de pronunciamiento por parte de este tribunal y son los únicos sobre los cuales se ha avocado el conocimiento en este proceso.

IV. Pretensiones de las demandantes

Se han sometido a la consideración de este tribunal de arbitramento cinco pretensiones, que en su orden se pasa a estudiar y a resolver:

1. Primera pretensión

“Decidir si la liquidación de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, comprende la totalidad de los bienes inmuebles de que es dueña y que figuran en las competentes oficinas de registro matriculadas a su nombre, o si, por el contrario, algunos de esos bienes deben recibir (sic) el proceso liquidatorio y en la adjudicación y distribución algún tratamiento de carácter preferencial, por haber sido enajenados a favor de la compañía por Leovigildo Miranda y Susana González de Miranda, pese a la circunstancia de que en el estatuto social se convino expresamente que la liquidación se haría conforme a la ley colombiana”.

Se considera. Como se manifestó en los numerales III.2 y III.3, la sinópsis del proceso arbitral y tal como lo expresa el señor apoderado de las demandantes en el alegato presentado en audiencia de 3 de marzo de 1988, en las escrituras de adquisición de los inmuebles que actualmente se encuentran en el activo de la sociedad, no aparece limitación de ninguna clase a la propiedad, ni otro tipo de condición o cualquier otro pacto accesorio celebrado entre la sociedad compradora y los vendedores de los inmuebles. Tampoco existe en la escritura de constitución de la sociedad ni en sus reformas, cláusulas especiales que obliguen a dar un tratamiento diferencial a los socios o a los bienes de la sociedad.

El tribunal considera, que respecto a las escrituras de compraventa de los inmuebles, que aparecen a folios 1 a 36, 44 a 47, frente a la sociedad y a terceros no se admite prueba en contra de su tenor literal: y que contra la literalidad de las escrituras sociales otorgadas con sujeción a los artículos 110 y 113 del Código de Comercio, no se admite prueba alguna para justificar la existencia de pactos no expresados en ellas (C. Co., art. 118); y que según el artículo 247 del Código de Comercio, para la distribución del remanente entre los asociados se deberá incluir —una vez pagado el pasivo externo y hechas las apropiaciones para gastos de liquidación— la totalidad de los bienes o activos sociales que aparezcan en el inventario de la sociedad, sin dar ningún tratamiento de carácter preferencial a alguno o algunos de los socios, ni efectuar resolución de los contratos de compraventa de los inmuebles que fueron válidamente celebrados por la sociedad hace más de 9 años, y que aparecen en las escrituras públicas relacionadas en el numeral III.3 de la sinópsis de este proceso arbitral.

2. Pretensión segunda

“Decidir si las decisiones adoptadas por la junta de socios de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, en reunión extraordinaria celebrada el 10 de febrero de 1983, cuya copia se acompaña, son válidas por haber sido adoptadas con base en lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 247 del Código de Comercio, es decir, si se ciñen a lo preceptuado por dicha disposición”.

Se considera. En las escrituras sociales que contienen los estatutos de la sociedad y que rigen las relaciones entre las partes, no aparecen cláusulas diferentes respecto a la forma de hacer la liquidación del remanente de los activos sociales, a la que contiene la cláusula decimotercera de la escritura pública 4854 de 29 de diciembre de 1971 de la Notaría 14 de Bogotá, la cual dice textualmente:

“Para la liquidación de la sociedad, cuando llegare la oportunidad se estará a lo previsto en la ley colombiana”.

Las decisiones adoptadas por la junta de socios de 10 de febrero de 1983 (acta 7), respecto a la pretendida adjudicación de los remanentes de activos sociales, fueron tomadas teniendo en cuenta que los diferentes acreedores de la sociedad manifestaron que aceptaban como deudores a los adjudicatarios, y que exoneraban a la sociedad para el pago de los mismos; por otra parte se efectuaron las apropiaciones para gastos de liquidación, sin que aparezca constancia de la existencia de obligaciones condicionales o en litigio contra la sociedad, que impusieren efectuar las reservas ordenadas por el artículo 425 del Código de Comercio; por tal razón fueron adoptadas con base en lo dispuesto por el artículo 247 ibídem. Sin embargo, tal como se demuestra en el numeral I.10 de la sinópsis de este proceso arbitral, en la distribución del remanente entre los asociados, no se dio cumplimiento al artículo 248 del Código de Comercio que dispone:

“La distribución o prorrateo del remanente de los activos sociales entre los asociados se hará al tiempo para todos, si no se ha estipulado el reembolso preferencial de sus partes de interés ...”.

El término prorrateo que tiene el artículo anterior ha de entenderse como “el reparto proporcional de una cantidad entre varios que tienen un derecho común a ella(1)”. Al revisar el porcentaje de titularidad, de cuotas sociales en el capital de la sociedad aparece claramente que, según el avalúo aprobado por los mismos socios, lo remanentes de activos no quedarían debidamente prorrateados entre ellos, en proporción al capital social que tienen en la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, en liquidación, recibiendo algunos un porcentaje mayor al de su participación en el capital social y por ende, otros un porcentaje inferior, situación de reparto que no puede ser modificada validamente a menos que exista unanimidad o voto favorable de todos los socios.

3. Pretensión tercera

“Decidir si las liquidadoras deben acoger o están por el contrario, en libertad de no hacerlo, la proposición presentada por el socio Leovigildo Miranda en la reunión a la cual se ha hecho referencia relativa a la forma a como deben ser hechas las adjudicaciones en los inmuebles de propiedad de la sociedad, una vez cancelado el pasivo externo, teniendo en cuenta que el acta fue aprobada por todos los asistentes, quienes representaban más del setenta por ciento (70%) del capital social”.

Se considera. Según la proposición transcrita en el numeral III-8.3, “pago de aportes en especie”, de este laudo, el 88.7% de las cuotas sociales, aprobó que los remanentes del activo social fueren transferidos a los socios por compraventa mediante la suscripción a favor de la sociedad de títulos valores o documentos de crédito; esto determina que la liquidación de remante del activo social, no esté debidamente hecha, ya que sin lugar a dudas lo así decidido por los asociados conlleva una ficción que impide efectuar la correcta liquidación del activo social. Por tal razón, las liquidadoras no están obligadas a acoger la proposición presentada por el socio Leovigildo Miranda y aprobada por el 88.7% de las cuotas sociales, mucho menos el socio ausente puede ser obligado a adquirir su parte en el remanente social mediante contrato de compraventa.

El principio de la autonomía de la voluntad permite a las personas producir acuerdos que adquieren frente a ellas fuerza de ley, con la condición de que tales determinaciones versen sobre sus derechos disponibles y no se vea afectada por lo tanto ninguna norma imperativa, que los prohíba (arts. 1602, 15, 16 y 1509 del C.C. en armonía con el art. 822 del C. Co).

Es evidente, en consecuencia, que si el acuerdo es entre dos personas, la expresión de sus quereres ha de ser perfectamente concordante pues de lo contrario no habría verdadero encuentro de voluntades que originara esa ley obligatoria, y si se trata de un acuerdo plural de voluntades, se requiere que exista unanimidad, si la decisión que se toma no tipifica un acto de los llamados colectivos. Bien se sabe que en el acto colectivo una mayoría determinada y preestablecida puede adoptar decisiones que tienen fuerza vinculante en relación con la minoría que se abstuvo de expresarse o que lo hizo en contra. Tal técnica opera generalmente en las sociedades cuando los respectivos estatutos prevén cierta mayoría para tomar determinaciones que han de imponerse a la totalidad de los asociados.

Es claro que en el caso presente las decisiones planteadas en el diferendo arbitral —a las que hace referencia el acta 7— no encuentran respaldo en los estatutos sociales para que la mayoría del 88.7% pueda obligar al socio que no dio su visto bueno a lo pactado en tal acta. Se trata, en efecto, de una decisión extraordinaria, y extraña al giro social normal regulado en los estatutos: la que hace referencia a la doble operación de comprar los bienes inmuebles de la sociedad y pagarlos con títulos valores, para luego hacer la liquidación sobre tales instrumentos, que representarían el activo social. En el acta se expresó la conveniencia de este mecanismo. Si la voluntad unánime de todos los asociados hubiese estado de acuerdo en la adopción de tal procedimiento, es indudable que no se hubiera presentado ni siquiera el diferendo sometido a este tribunal.

Al faltar la expresión de la voluntad del socio José Joaquín Miranda González, es indiscutible que el procedimiento acordado por el 88.7% de las cuotas sociales no puede tener eficacia ni imponerse al número de cuotas que no aprobó tan excepcional procedimiento de liquidación.

Hay que concluir, por lo tanto, que la expresión de la voluntad de los titulares del 88.7% de las cuotas sociales del ente jurídico Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, no tiene fuerza obligatoria frente al resto de las cuotas y concretamente frente al socio José Joaquín Miranda González, pues se trata de una decisión excepcional, sin precedentes en los estatutos sociales, y por lo tanto no originó esa ley a que quedan sometidas las personas cuando actúan con fundamento en la institución de la autonomía de voluntad.

2.4(sic). Pretensión cuarta

“Decidir si las liquidadoras, con base en lo acordado en acta del 10 de febrero de 1983 a que se ha hecho mención, deben proceder a efectuar la distribución del remanente, y al levantar el acta de que trata el inciso 2º del artículo 247 del Código de Comercio, a hacerla aprobar en la forma prevista en el artículo 248 ibídem y a proceder, en general, en la forma prevista por dichas disposiciones”.

Se considera. Para esta pretensión caben las mismas consideraciones hechas a la pretensión anterior; por tal razón, las liquidadoras no están obligadas a efectuar la distribución del remanente en la forma acordad. Además, ningún socio pude ser obligado a “adquirir” los bienes sociales que le deberían ser entregados directamente como devolución de aportes y participación social.

5. Pretensión quinta

“Que con aplicación en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil y ordinal 7 del artículo 2019 del Código de Comercio, se condene al señor José Joaquín Miranda González, persona que suscitó las diferencias que se someten a este tribunal, al pago de las costas del mismo y en especial al pago de los gastos ocasionados con su constitución y funcionamiento, las cuales serán liquidadas en el mismo laudo arbitral”.

Se considera. La relación jurídica procesal, impone a las partes consecuencias o cargas nacidas y originadas en el proceso mismo como resultante del ejercicio del derecho de acción o de contradicción y que emanan de la ley misma, así no haya mediado solicitud.

Es de ley que en todo proceso, la parte que es vencida sea condenada a pagar en favor de la otra, las costas procesales, con excepción de la Nación, los departamentos, las intendencias, comisarías y municipios (CPC., art. 392), pero además, debe tenerse en cuenta que, en caso de prosperar parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de hacer condenas o hacerlas parcialmente.

La condenación en costas a que haya lugar por razón del presente proceso arbitral, representan verdaderas extensiones legales de la competencia del tribunal de arbitramento, siguiendo para ello el criterio establecido en la regla 7ª del artículo 2019 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

Mas el tribunal, haciendo uso de la facultad discrecional que las citadas normas le adscriben, y dadas las declaraciones que se harán en la parte resolutiva de este laudo, frente a las pretensiones que se le han formulado por quienes invocaron el arbitramento, no todas han prosperado, debe el tribunal dar aplicación al artículo 392, numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, y condenar al pago de las costas y agencias en derecho en la proporción que se indica del setenta por ciento (70%) a cargo de la parte actora; y a cargo del demandado del treinta por ciento (30%). Es entendido, que una vez en firme este laudo y efectuada definitivamente la liquidación de gastos, habrá de reintegrarse si es que queda algún remanente, a la parte que sufragó en este tribunal todos ellos.

En merito de lo expuesto, el tribunal de arbitramento procede a dictar sentencia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar que todos los bienes de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, en liquidación, que aparece en el inventario aprobado por los socios en su reunión de diez (10) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983) (acta 7), hacen parte del activo social de la compañía y por tal razón, en la liquidación de la sociedad deberán incluirse para efectos de distribuir el remanente entre los socios en proporción a su aporte al capital social.

2. Declarar que aunque la decisión de distribución del remanente del activo social aprobada en la reunión de diez (10) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983) fue adoptada de acuerdo con el artículo 247 del Código de Comercio, esta no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 248 ibídem; y por tal razón deberá efectuarse una reunión de la junta de socios que dé cumplimiento a los dos (2) artículos mencionados del mismo código y a los estatutos sociales de la Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, en liquidación.

3. Declarar infundado el proyecto de distribución de activos hecho por los socios en reunión del diez (10) de febrero del mil novecientos ochenta y tres (1983) (acta 7), ya que ella obedece a una ficción, por lo cual deberá hacerse la liquidación del remanente del activo social en la forma establecida por la ley.

4. En consecuencia, ni las liquidadoras, ni los socios de Agropecuaria El Rodeo Limitada, en liquidación, están obligados a hacer la distribución del remanente del activo social, siguiendo las directrices de la proposición presentada por el señor Leovigildo Miranda, en la reunión de diez (10) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983) (acta 7).

5. Fijar como agencias en derecho la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000).

6. Condenar al señor José Joaquín Miranda González, a pagar el treinta por ciento (30%) de las agencias en derecho y de las costas y gastos de funcionamiento de este tribunal y a las demandantes, Sociedad Agropecuaria El Rodeo Limitada, —en liquidación—, y señoras María Stella Miranda de Cuéllar y Susana González de Miranda a pagar conjuntamente el setenta por ciento (70%) de las agencias en derecho, costas y gastos de funcionamiento de este tribunal.

7. Liquidados los gastos de este tribunal una vez protocolizado el expediente en una notaría de la ciudad reintégrese el remanente a la parte que suministró la partida de gastos.

Notifíquese en esta audiencia y cúmplase.

Una vez leído el laudo anterior en su integridad por el secretario, entiéndese este notificado a las partes de conformidad con lo preceptuado en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil; no siendo otro el objeto de esta audiencia se termina y firma el acta por los que en ella han intervenido.

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