Tribunal de Arbitramento

Super Coffee S.A.

v.

Jaime Enrique González

Marzo 8 de 2010

Laudo Arbitral

Bogotá, ocho (8) de marzo de dos mil diez (2010).

Encontrándose surtidas en su totalidad las actuaciones procesales previstas en el decreto 2279 de 1989, la ley 23 de 1991 y la ley 446 de 1998 para la debida instrucción del trámite arbitral, y siendo la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia de fallo, el Tribunal de Arbitramento profiere el Laudo conclusivo del proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias surgidas entre SUPER COFFEE S.A., en adelante la convocante, de una parte y JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ, en adelante el convocado de la otra.

I. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL

1.1. El 6 de agosto de 2001, las partes suscribieron el contrato de franquicia de área, cuyo objeto consistía en la licencia al convocado para entregar a nombre de la convocante a terceros denominados clientes, a título de comodato, máquinas para preparar café para su instalación en un determinado lugar con el compromiso de utilizarlas exclusivamente con los suministros que la convocante proveyera a través del convocado según las fórmulas, técnicas y procedimientos estipulados en el contrato.

1.2. La cláusula decimosexta de dicho contrato estableció:

“DÉCIMA SEXTA – CLÁUSULA DE ARBITRAMENTO 

“16.1. Cualquier diferencia entre las partes en relación con la interpretación, cumplimiento, ejecución y liquidación del presente contrato se someterá a la decisión de un Tribunal de Arbitramento que será designado por la Cámara de Comercio de Bogotá y que se sujetará a las siguientes reglas: 

“a. El Tribunal estará integrado por uno (1) Árbitros (sic); 

“b. El Tribunal decidirá en derecho; 

“c. El Tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil que la citada Cámara de Comercio designe. 

“16.2.Todas las notificaciones con respecto al presente contrato, serán remitidas por correo certificado o por cualquier otro tipo de correo, télex o transmisión facsímil, a la otra parte a las siguientes direcciones. Las partes deberán comunicar cualquier cambio en las mismas al otro contratante, so pena de que las notificaciones se surtan en las direcciones aquí anotadas: 

16.3. EL FRANQUICIADOR cra. 30 Nº 76-28 

EL FRANCICIANTE DE ÁREA (sic) EN: Calle Real del Cabrero Nº 41-235 

Si de la interpretación judicial de este contrato una o más cláusulas del mismo resultasen inválidas o inaplicables, tal circunstancia no se extenderá a las otras cláusulas del contrato y se buscar (sic) que prevalezca la voluntad de las partes al celebrarlo. 

16.4. Los gastos que ocasione la legalización del presente contrato serán por cuenta de ambas partes por mitad”(1).

II. DESARROLLO DEL PROCESO

2.1. Con el lleno de los requisitos formales y mediante apoderado, el 11 de junio de 2009 la sociedad SUPER COFFE S.A. presentó solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con base en el contrato celebrado y en desarrollo de la cláusula compromisoria.

2.2. El 23 de junio de 2009 tuvo lugar la audiencia de designación de árbitro donde se nombró al doctor Edgar Alfredo Garzón Saboya quien, una vez notificado, aceptó oportunamente el nombramiento.

2.3. En audiencia llevada a cabo el 14 de julio de 2009, mediante Auto Nº 1, se declaró legalmente instalado el Tribunal de Arbitramento, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado de la misma a la parte convocada quien para el efecto fue notificada conforme a lo previsto en los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil.

2.4. Dentro del término de traslado de la demanda, la parte convocada guardó silencio, a pesar de haberse surtido su notificación en debida forma.

2.5. El 29 de octubre de 2009, se celebró la audiencia de conciliación, la cual se declaró fallida por la inasistencia del convocado. A continuación mediante auto Nº 4 se fijaron las sumas de honorarios y gastos de funcionamiento las cuales fueron oportunamente canceladas en su totalidad por la parte convocante.

2.6. El 26 de noviembre de 2009, se llevó a cabo a primera audiencia de trámite en la que el Tribunal, se declaró competente para conocer del trámite.A continuación, mediante auto Nº 6 el Tribunal procedió a decretar las pruebas solicitadas.

III. LAS CUESTIONES LITIGIOSAS SOMETIDAS A ARBITRAJE

3.1. LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

Las alegaciones de hecho en las que apoya sus pretensiones la convocante, bien pueden compendiarse del siguiente modo, según lo expresado en el escrito de demanda:

3.1.1. El 6 de agosto de 2001, las partes de este proceso suscribieron un contrato de franquicia de área por el término de 5 años renovable por una sola vez.

3.1.2. El objeto del contrato consistió en la licencia al convocado para entregar a nombre de la convocante a terceros denominados clientes, a título de comodato, máquinas para preparar café para su instalación en un determinado lugar con el compromiso de utilizarlas exclusivamente con los suministros que la convocante proveyera a través del convocado según las fórmulas, técnicas y procedimientos estipulados en el contrato.

3.1.3. El convocado JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ ha incumplido con todas las obligaciones pactadas en el contrato.

3.1.4. A la fecha de presentación de la demanda, el demandado adeuda a la convocante la suma de $ 5'687.984 por el no pago de los suministros.

3.2. LAS PRETENSIONES DE LA CONVOCANTE.

Las pretensiones contenidas en la solicitud de convocatoria son las siguientes:

PRETENSIONES PRINCIPALES

Primero: Que se declare la existencia del acuerdo de voluntades contenido en el contrato de franquicia de área SUPER COFFEE, suscrito entre RODRIGO ROMERO S., en su calidad de representante legal de la sociedad SUPER COFFEE S.A., domiciliada en la ciudad de Bogotá y el señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ, persona mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Cartagena. 

“Segundo: Que se declare el incumplimiento por parte del señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ, del acuerdo de voluntades contenido en el contrato de franquicia de área SUPER COFFEE, suscrito entre este y la sociedad SUPER COFFEE S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá, representada legalmente por el señor RODRIGO ROMERO S., o quien haga sus veces en el momento de la notificación, por haber incurrido en las siguientes faltas contenidas en las cláusulas del contrato a saber:  

“12.2.1 No cumple con el mínimo de compra de suministros al Franquiciador al mes (Sic). 

“Se encuentra en mora de pagar los suministros al Franquiciador. A la fecha debe $ 5.687.894 con vencimientos entre 27 y 64 días.  

“12.2.2 Ha proveído a los clientes para la preparación del café, suministros diferentes a los cobijados en el contrato (Sic). 

“12.2.7 Ha participado directamente en actividades que implican competencia con el objeto de la Franquicia (café) (Sic). 

“12.2.8 Incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato (Sic). 

“12.2.9 Ejercer actividades que implican cualquier tipo de competencia desleal (Sic). 

“Tercero: Que se decrete la liquidación, del acuerdo de voluntades contenido en el contrato de franquicia de área SUPER COFFEE, suscrito entre este (sic) y la sociedad SUPER COFFEE S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá representada Legalmente por el señor RODRIGO ROMERO S., o quien haga sus veces en el momento de la notificación. 

“Cuarto: Que se condene al señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ, al pago de la Sanción Penal (sic) contenida en la cláusula DÉCIMA TERCERA, es decir CIEN MIL PESOS ($ 100.000) por cada día de retardo en la entrega de las máquinas. 

Quinto: Que se condene al señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ al pago de la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA SIETE (sic) MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 5.687.894) por el no pago de los suministros al franquiciador.  

“Sexto: Que se condene al señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ, al pago de los intereses generados desde el mes de abril de 2009, hasta la fecha en que se efectúe el pago total de la obligación.  

“Séptimo: Que se condene en costas al señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ. 

IV. ACTUACIÓN PROCESAL Y PROBATORIA SURTIDA EN EL PROCESO

1. El 26 de noviembre de 2009, se recibió el testimonio del señor Álvaro José Restrepo Correa.

2. El 3 de diciembre de 2009, se llevó a cabo la audiencia de interrogatorio de parte del convocado la cual no pudo surtirse por su no comparecencia.

3. El 14 de diciembre de 2009, el Tribunal celebró la audiencia de calificación del cuestionario presentado en sobre cerrado por la apoderada de la convocante y contentivo del interrogatorio de parte para el demandado.

4. No habiendo más pruebas que practicar, en esa misma fecha se declaró concluido el período probatorio y se fijó como fecha para la audiencia de alegatos de conclusión, el 8 de febrero de 2010 a las 2:30 p.m.

Así pues, el trámite del proceso se desarrolló en siete (7) sesiones, sin incluir la de fallo, en el curso de las cuales, como atrás se reseñó, se practicaron todas las pruebas solicitadas cuya práctica se hizo posible, y la convocante, luego de concluida la instrucción de la causa, en la forma prevista por el Art. 154 del Decreto 1818 de 1998, hizo uso de su derecho a exponer sus conclusiones finales acerca de los argumentos de prueba obrantes en los autos, presentando así mismo el respectivo resumen escrito de su intervención.

V. TÉRMINO PARA FALLAR

De conformidad con el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, cuando las partes no señalan el término para la duración del proceso arbitral, este será de seis (6) meses contados a partir de la conclusión de la primera audiencia de trámite, “al cual se adicionarán los días que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso”.

El Tribunal se encuentra en término para fallar en atención a que la mencionada audiencia se celebró el 26 de noviembre de 2009.

VI. CONSIDERACIONES DELTRIBUNAL

5.1. PRESUPUESTOS PROCESALES.

Síguese del recuento efectuado en los apartes precedentes que la relación procesal existente en el caso presente se constituyó regularmente y que en el desenvolvimiento de la misma no se configura defecto alguno que, por tener la trascendencia legalmente requerida para invalidar en todo o en parte la actuación surtida y no haberse saneado, imponga darle aplicación al Art. 145 del C de P.C., motivos que permiten decidir el mérito de la controversia sometida a arbitraje.

5.2. LA CONTROVERSIA SOMETIDA A DECISIÓN DEL TRIBUNAL.

Corresponde en este proceso resolver sobre unas pretensiones encaminadas a la declaratoria de incumplimiento contractual por parte del convocado y a las consecuentes condenas de naturaleza económica que se derivan de aquel.

Se trata entonces de un proceso de responsabilidad contractual la cual, como es sabido, se configura cuando una de las partes en el contrato incumple sus obligaciones y con ello genera una pérdida o daño a la otra sin que medie causal de exoneración alguna.

Corresponde entonces al Tribunal entrar a analizar si se dan en este caso todos lo requisitos necesarios para la prosperidad de una declaratoria de responsabilidad.

Aparece en primer lugar acreditada la existencia de la relación negocial y de las obligaciones que surgieron de ella. En efecto a folios 1 a 8 del cuaderno de pruebas número 1, obra el contrato de franquicia de área SUPER COFFEE suscrito entre las partes del proceso, y en su cláusula tercera se enlistan las obligaciones que por virtud de ese acto jurídico adquirió el señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ.

No observa el Tribunal causal alguna de invalidez de ese negocio jurídico que imponga la necesidad de declarar oficiosamente aquellas nulidades que el Juez por Ley puede decretar, por lo cual el contrato allegado como prueba demuestra la existencia de la relación jurídica invocada como sustento de este proceso y la existencia de aquellas obligaciones que se reputan incumplidas.

Ahora bien, el no cumplimiento de las obligaciones de un contrato constituye una negación indefinida que, desde el punto de visa del derecho probatorio, traslada al contratante incumplido la carga de probar su cumplimiento, todo lo anterior de conformidad con las previsiones de los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1757 del Código Civil.

En el presente proceso, a pesar de haberse notificado personalmente la demanda al convocado, este guardó silencio absteniéndose de contestarla o de efectuar pronunciamiento expreso sobre sus hechos y pretensiones, lo cual, en aplicación de lo previsto por el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, impone al Juez la necesidad de apreciarlo como indicio grave en contra de aquel.

De otro lado, el convocado no compareció al interrogatorio de parte señalado para el día 3 de diciembre de 2009 ni presentó excusa por su inasistencia, motivo por el cual, y dado que la parte demandante allegó interrogatorio escrito antes de la fecha señalada para el efecto, el Tribunal tiene como ciertos los hechos susceptibles de confesión calificados así en la audiencia de 14 de diciembre de 2009, todo ello en aplicación del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil.

Aparecen entonces acreditados como ciertos (i) la suscripción del contrato, (ii) la aceptación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en su cláusula tercera, (iii) el incumplimiento del pago de los suministros (iv) el reconocimiento de una deuda por la suma de $ 5.687.894, (v) la notificación de terminación del contrato de franquicia remitido por la convocante, y (vi) el reconocimiento de la obligación de pagar la cláusula penal que corresponde a la décima tercera del contrato.

Se complementan los anteriores hechos con el testimonio del señor Álvaro José Restrepo Correa, quien fue subgerente comercial de la convocante y quien verificó directamente las irregularidades que se venían cometiendo por parte del convocado tales como re empacar productos, permanecer reiteradamente en mora del pago de los suministros e incumplir los mínimos de compras acordados, entre otros (ver folios 38 a 41 del cuaderno de pruebas Nº 1).

No sobra advertir que varias de las obligaciones incumplidas, resultan medulares en el contrato celebrado entre las partes, de suerte que la actuación contractual de la convocada no se puede considerar insustancial o desprovista de significación negocial sino, por el contrario, determinante y, por ello, generadora de la carga de responsabilidad que tal conducta apareja.

En consonancia con lo hasta aquí expuesto, encuentra el Tribunal acreditada no solamente la existencia del contrato y las obligaciones sino también el incumplimiento de estas últimas por parte del convocado, incumplimiento que como queda reconocido en el expediente, le ha generado un daño a la parte actora, todo lo cual impone, en consecuencia, una declaratoria de responsabilidad y conlleva la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

El monto de los perjuicios

Solicita la parte convocante tres condenas económicas a saber (i) el pago de la cláusula penal consistente en la suma de $ 100.000 por cada día de retardo en la entrega de las máquinas, (ii) el pago de la suma de $ 5.687.894 por concepto de suministros no cancelados y, (iii) el “pago de los intereses generados desde el mes de abril de 2009 hasta la fecha en que se efectúe el pago total de la obligación” (pretensión sexta de la demanda).

La primera de las condenas solicitadas corresponde a la sanción prevista en la cláusula décima tercera del contrato conforme a la cual “La mora del FRANQUICIADO DE ÁREA en la devolución de las máquinas citadas causará una pena de $ 100.000,00 por cada día de retardo en su entrega, sin perjuicio de las acciones legales a favor del FRANQUICIADOR”.

Se trata de una estipulación válida que confiere a la convocante el derecho a ese pago como consecuencia del incumplimiento que ha quedado acreditado en el expediente.

Contempla la referida cláusula que la devolución deberá efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de terminación del contrato. Obra en el expediente (folio 19 del cuaderno de pruebas número 1) comunicación de fecha 5 de mayo de 2009 en la cual la convocante da por terminado el contrato conforme a la facultad prevista en la mencionada cláusula décima tercera. Y si bien esa comunicación no tiene constancia de recibido por parte del convocado, el Tribunal en aplicación de lo previsto en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, tiene por confesada esa misma fecha como la de recibo de la misiva toda vez que ello fue objeto de pregunta expresa en el cuestionario formulado en el interrogatorio de parte (pregunta número 7).

En esos términos habrá de contarse el plazo contractual de 5 días hábiles que tenía el convocado para la devolución de la maquinaria y a partir del vencimiento de ese plazo se aplicará, hasta la fecha de este laudo, la sanción de $ 100.000 diarios prevista en el contrato.

Sobre esas bases, la liquidación es la siguiente:

• Vencimiento del plazo de 5 días hábiles: 12 de mayo de 2009.

• Número de días transcurridos desde esa fecha hasta la de este laudo: 299.

• Valor total por concepto de cláusula penal: 299 x 100.000 = $ 29.900.000

No obstante lo anterior, es claro que la sanción contractual se extiende hasta la fecha de devolución de los equipos y por lo tanto ella se seguirá causando hasta que el convocado cumpla con esa obligación. Así se registrará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por otro lado, reclama la convocante condena por valor de $ 5.687.894 correspondiente a la obligación que el señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ tiene con la convocante por el no pago de los suministros recibidos.

Esa obligación y su monto también aparecen confesadas con el interrogatorio de parte (pregunta número 6), por lo cual se accederá a proferir condena por ese valor.

Finalmente, en lo tocante con los intereses reclamados, observa el Tribunal que en la pretensión sexta de la demanda no se precisa el tipo de intereses, limitándose la convocante a solicitar “el pago de intereses”, sin precisar si ellos son moratorios o remuneratorios.

No puede el Tribunal entender que la pretensión implícitamente busque el pago de intereses moratorios por lo cual, y por tratarse de partes que tienen la calidad de comerciantes habrá de acceder al pago de esos intereses reclamados aplicando la tasa remuneratoria certificada por la Superintendencia Financiera. Ahora bien, no aparece probada en el expediente la fecha de exigibilidad de la obligación reclamada. Si bien resulta aplicable la prueba de confesión para los efectos mencionados (existencia de la obligación y monto), no acreditó la convocante la fecha en que esa obligación se hizo exigible, por lo cual el Tribunal, en aplicación de lo previsto por el numeral tercero del artículo 1608 del Código Civil, habrá de tener la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda como constitutiva de mora. A partir de esa fecha se aplicará la tasa de interés remuneratorio, certificada período a período por la mencionada Superintendencia.

Conforme a los documentos obrantes en el expediente, el aviso de notificación previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil fue entregado al convocado el 30 de septiembre de 2009, por lo cual este se entiende notificado desde el día hábil siguiente, esto es, desde el 1º de octubre de 2009, fecha desde la cual se empezará a contar los intereses solicitados por la convocante, conforme a la siguiente liquidación:

INTERESES
CAPITAL
MES
AÑO
TASA (%)
T. MES
DÍAS
INTERESES
$ 5.687.894,00
Octubre
2009
17,28%
1,44%
31
$ 84.635,86
$ 5.687.894,00
Noviembre
2009
17,28%
1,44%
30
$ 81.905,67
$ 5.687.894,00
Diciembre
2009
17,28%
1,44%
31
$ 84.635,86
$ 5.687.894,00
Enero
2010
16,14%
1,35%
31
$ 79.052,25
$ 5.687.894,00
Febrero
2010
16,14%
1,35%
28
$ 71.402,03
$ 5.687.894,00
Marzo
2010
16,14%
1,35%
8
$ 20.400,58







INTERESES





$ 422.032,25

VII. COSTAS

De conformidad con lo previsto por el numeral 1º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal condenará en costas al convocado conforme a la siguiente liquidación:

Gastos del Tribunal de arbitramento: $ 2'475.640,02
IVA:$ 364.102,40
Agencias en derecho:$ 1'200.000,00
TOTAL COSTAS Y AGENCIAS:$ 4'039.742,40

VIII. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las diferencias surgidas entre SUPER COFFEE S.A., de una parte y JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ, de la otra, administrando justicia por delegación de las partes, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: Declarar la existencia del acuerdo de voluntades contenido en el contrato de franquicia de área SUPER COFFEE, suscrito entre la sociedad SUPER COFFEE S.A. y el señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ.

Segundo: Declarar el incumplimiento por parte del señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ, del acuerdo de voluntades contenido en el contrato de franquicia de área SUPER COFFEE, suscrito entre este y la sociedad SUPER COFFEE S.A.

Tercero: Decretar la liquidación, del contrato de franquicia de área SUPER COFFEE, suscrito entre la sociedad SUPER COFFEE S.A., y el señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ.

Cuarto: Condenar al señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ, a pagar a la SOCIEDAD SUPER COFFEE S.A. la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 29'900.000) por concepto de la sanción penal contenida en la cláusula décima tercera del contrato de franquicia de área suscrito entre la sociedad SUPER COFFEE S.A., y el señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ. No obstante lo anterior, la sanción de CIEN MIL PESOS ($ 100.000) por cada día de retardo en la entrega de los equipos, se continuará causando con posterioridad a la ejecutoria de este Laudo hasta que los equipos sean restituidos a la convocante.

Quinto: Condenar al señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ a pagar a la sociedad SUPER COFFEE S.A. la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 5.687.894) por el no pago de los suministros al franquiciador.

Sexto: Condenar al señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ, a pagar a la sociedad SUPER COFFEE S.A. la suma de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 422.032,25) por concepto de intereses generados sobre la anterior suma, contabilizados desde el 1 de octubre de 2009 hasta la fecha de este laudo.

Séptimo: Condenar al señor JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ a pagar a la sociedad SUPER COFFEE S.A. la suma de CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 4'039.742,40) por concepto de costas y agencias en derecho.

Octavo: Ordenar la protocolización del expediente en una de las Notarías del Círculo de Bogotá.

Noveno: Ordenar la expedición de copias auténticas de este laudo con destino a cada una de las partes.

Esta providencia queda notificada en estrados.

Édgar Alfredo Garzón Saboyá, árbitro único.